B.IA.LEGAL

SCP 0024/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
50005-2022-101-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de incorrecta aplicación de la ley; valoración de la prueba; fundamentación, motivación y congruencia y del principio de “RETROACTIVIDAD” (sic) -lo correcto es irretroactividad-; toda vez que, el Vocal ahora demandado, en resolución de la apelación contra la resolución del a quo de imponerle medida extrema de detención preventiva, emitió el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, confirmando la determinación impugnada; determinación que avaló la aplicación retroactiva de la Ley 1443 y, pese a reconocer la inexistencia de prueba que demuestre el hecho que le fue endilgado, basándose únicamente en la declaración de la víctima, ratificó la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización, omitiendo considerar el principio de aplicación de la ley más favorable y sin pronunciarse sobre los principios de retrospectividad, favorabilidad e irretroactividad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 66 a 80 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Se llama severamente la atención a los Vocales de la referida Sala Constitucional, por no haber remitido la documentación inherente para resolver la cuestión planteada -recurso de apelación y Auto de Vista de 22 de agosto de 2022- conforme a lo establecido en le Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional; exhortar a que en posteriores actuación remitan la documentación pertinente que sirvió para resolver la problemática planteada, evitando a este Tribunal genere dilaciones innecesarias a tiempo de solicitar prueba omitida, bajo alternativa de ley.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Sobre la especial vulnerabilidad de los menores frente a influencias negativas y su especial protección
  3. III.3. La irretroactividad de la Ley
  4. III.4. Sobre los hechos denunciados y los elementos probatorios que generan convicción del acto ilegal
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Consideraciones finales

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0024/2025-S3 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50005-2022-101-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 39/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 66 a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Choqueticlla Condori contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 y 40 a 43 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo sido denunciado por la supuesta comisión del delito de violación de una menor de edad, le fueron impuestas medidas cautelares restrictivas de su derecho a la libertad sin haberse demostrado las causales que justificarían las mismas, aplicándose además la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, cuando, el hecho que se le atribuyó, hubiera sido presuntamente cometido en febrero de ese año; extremo que fue inicialmente reclamado mediante solicitud de explicación en el marco del art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, no recibió una respuesta argumentada. En esas circunstancias, el 22 del señalado mes y año, planteó recurso de apelación señalando que, no se puede aplicar la Ley 1443 porque es de 4 de julio de 2022, y el hecho data de febrero de ese año; no se aplicó el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), referente al principio de favorabilidad y retroactividad de la Ley; no existe prueba material remitida en el legajo de apelación ni considerada en la audiencia de imposición de medidas cautelares; no existe el riesgo sustancial porque no existe prueba que pueda ser considerada ni presentada de forma física o documentada que respalde la decisión judicial, denuncia, declaración de la víctima, certificado médico forense, informes policiales, tampoco se conoce el lugar donde se hubiera suscitado el hecho; no existe riesgo procesal de fuga -art. 234.7) del CPP-; el Ministerio Público no presentó el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), el certificado del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE) ni prueba que acredite ese extremo; no existe riego de obstaculización -art. 235.5) del CPP-; no se refirió sobre que persona podría existir influencia negativa, debidamente identificada, documentalmente probada; la resolución no motiva sobre la existencia del hecho y su posible participación; no existe carga probatoria alguna ni la debida fundamentación normativa. Sobre el fundamento de los agravios sufridos por la decisión del inferior, se emitió el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, a través del cual, el Vocal demandado, reconoció la viabilidad de aplicación retroactiva de la Ley 1443, sin pronunciarse sobre los principios de retrospectividad, favorabilidad e irretroactividad, también que no se remitieron pruebas documentales, emitiéndose y ratificándose una resolución sin prueba que se hubiera puesto a conocimiento de la defensa, igualmente, consideró la declaración de la supuesta víctima como sustancial, estableciendo en consecuencia la concurrencia de riesgos de fuga y obstaculización, debido a la minoridad de la víctima y con el argumento que la hermana menor de la prenombrada habría sido objeto de amenazas, aplicándose en la determinación adoptada el bloque de convencionalidad y los estándares de vulnerabilidad; sin embargo, nunca acreditó cómo fue que se arribó a tal convencimiento, concluyendo el ahora demandado que el fallo del a quo, se encontraba debidamente fundamentado incurriendo de este modo en incorrecta interpretación de la Ley 1443, al haberla empleado de forma retroactiva y sin considerar el principio de aplicación de la ley más favorable, así como la inexistencia de pruebas, incidiéndose de esta manera en la vulneración de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de incorrecta aplicación de la ley; valoración de la prueba; fundamentación, motivación y congruencia y del principio de “RETROACTIVIDAD” (sic) -lo correcto es irretroactividad-; citando al efecto los arts. 13.IV; 21.7; 22; 23.I y II, 115.II; 116.II; 117.I; 119.II; 123 y 256.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se anule el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, ordenando al demando emitir un nuevo pronunciamiento determinando su libertad.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública, el 26 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 58 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, ratificó los argumentos de su acción tutelar, reiterando que la decisión emitida en su contra, aplicó retroactivamente la Ley 1443 y se sustentó en prueba inexistente.

I.2.2. Informe del demandado

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe escrito presentado el 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 56 a 57 vta.; señaló que: a) El Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, dispuso la detención preventiva de Edgar Choqueticlla Condori por el delito de violación infante, niña, niño y adolescente con agravante (arts. 308 bis y 310 incs. m) y o) del CP, luego de valorar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y fundamentar los requisitos sustanciales y procesales; determinación que fue apelada por el accionante, argumentando que la Ley 1443 no debía aplicarse retroactivamente; pues, los hechos ocurrieron entre enero y febrero de 2022, antes de su vigencia; asimismo, señaló que el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, no estuvo acreditado, porque el Ministerio Público no presentó certificados del REJAP o del SIPPASE. En estas circunstancias fue emitido por el Tribunal de Alzada, el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, por el que se confirmó la detención preventiva, estableciendo que la Ley 1443 es de aplicación inmediata al ser una norma procesal y que el juez inferior actuó conforme al principio tempus regit actum (el tiempo rige el acto), concluyéndose además, que existía probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales conforme a los arts. 233, 234.7 y 235.2 del CPP; b) El impetrante de tutela manifestó que en la audiencia del 12 de agosto del señalado año, no se presentó prueba suficiente para acreditar los requisitos sustanciales y procesales exigidos para su detención preventiva, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal, añadiendo que la decisión objeto de la acción de defensa en revisión, desconoce el principio de favorabilidad establecido en el art. 123 de la CPE; pues, no se le aplicó la normativa anterior más beneficiosa, sosteniendo igualmente que el Juez a quo fundamentó la detención preventiva sobre riesgos procesales que no estaban debidamente acreditados, señalando que no se había demostrado peligro para la víctima ni la capacidad del imputado de influir negativamente en la investigación; c) La SCP “0770/2012” (no refiere fecha), determina que las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el legislador disponga lo contrario. En el presente caso, la Ley 1443 no contiene disposiciones transitorias que indiquen que su aplicación debe ser diferida, por lo que su vigencia es inmediata desde su promulgación el 4 de julio de 2022; esto significa que las modificaciones al adjetivo penal, introducidas por esta norma, se aplicaban plenamente al momento de la audiencia del 12 de agosto de idéntico año; razonamiento que responde al principio tempus regit actum, que establece que los actos procesales se rigen por la ley vigente en el momento en que se realizan; por lo que, el hecho de que el juez inferior resolviera la situación procesal del imputado con base en las modificaciones introducidas por la Ley 1443, no implica una vulneración de sus derechos constitucionales; d) Entre las modificaciones relevantes introducidas por la referida Ley 1443, se encuentra la reforma del art. 233 del CPP, que exceptúa la exigencia de fundamentación del plazo de detención preventiva en delitos de violación infante, niña, niño y adolescente, feminicidio e infanticidio. Esta disposición busca garantizar un tratamiento diferenciado para estos delitos, dada su gravedad y el alto riesgo de impunidad; en consecuencia, el Juez a quo no estaba obligado a establecer un plazo determinado para la detención preventiva del imputado, a diferencia de otros delitos donde sí se exige dicha fundamentación; no obstante, los demás requisitos para la procedencia de la detención preventiva, como la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales, se mantuvieron inalterados y fueron debidamente analizados y fundamentados por la autoridad jurisdiccional; e) La acción de libertad es un mecanismo constitucional que solo procede cuando se demuestra la vulneración de derechos fundamentales relacionados con la libertad personal; sin embargo, en el presente caso, el solicitante de tutela no logró demostrar que la resolución del inferior ni el Auto de Vista fueran arbitrarios, irrazonables o incongruentes, siendo que, conforme a la SCP 1094/2014 de 10 de junio, la interpretación de los jueces ordinarios sobre la aplicación de normas sustantivas y adjetivas, solo puede ser revisada en sede constitucional si se demuestra que se incurrió en un error manifiesto que afecte derechos fundamentales; extremos que no fueron debidamente acreditados por el impetrante de tutela que no demostró que la interpretación del principio tempus regit actum o la valoración de los riesgos procesales hubiera sido irrazonable o violatoria de sus derechos fundamentales, lo que impide la procedencia de la tutela constitucional; y, f) El art. 125 de la CPE y el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen que la acción de libertad solo procede cuando se acredita que la vida, integridad física o libertad personal del accionante están en peligro por una persecución ilegal, indebida detención o procesamiento arbitrario; presupuestos que no fueron demostrados, debido a que la detención preventiva del imputado, fue dispuesta en el marco de los requisitos establecidos por la normativa vigente y con base en una valoración razonada de los elementos probatorios presentados; por lo que, la restricción a su libertad no es arbitraria, sino que emerge de una medida procesal que busca garantizar el desarrollo adecuado de la investigación penal y la protección de la víctima, dentro del marco legal vigente, por lo que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del tercero interviniente

Gabriel Huayta, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) Potosí, en representación de la víctima menor de edad, en la audiencia de garantías, manifestó que: 1) El solicitante de tutela estuvo presente en la audiencia de medidas cautelares con su abogado defensor, habiéndose garantizado el ejercicio pleno de su derecho a la defensa; 2) En la apelación se presentaron fundamentos distintos a los planteados en la acción de libertad, generando dudas sobre la consistencia de su argumentación; 3) Conforme al ordenamiento jurídico boliviano no existe un plazo límite para presentar denuncias en casos de violencia, y no existe ninguna Sentencia Constitucional Plurinacional, ni normativa alguna, que imponga restricciones temporales en estos delitos; esto, en razón a que muchas víctimas de violencia demoran en formular sus denuncias debido al miedo, la falta de información o el temor a represalias, por lo que, el hecho de que la denuncia haya sido presentada tiempo después del presunto delito no le resta validez ni credibilidad, mereciendo la debida atención y procesamiento judicial; 4) En cuanto a la falta de fundamentación respecto a los riesgos procesales, se tienen que el mismo persiste y se encuentra debidamente acreditado, ya que el imputado mantiene vínculos con el domicilio donde residía la menor víctima; elemento que resulta clave, ya que podría facilitar la obstrucción de la investigación, la intimidación de testigos o incluso el contacto con la víctima; es por ello que, en aras de garantizar su seguridad, la víctima AA de 12 años de edad, ésta ha sido trasladada al Centro de Acogida "10 de Noviembre" de manera momentánea, mientras se desarrollan las acciones legales respectivas, correspondiendo que apliquen los precedentes constitucionales relevantes, entre ellos la SCP 0861/2018-S2 de 20 de diciembre, que establece criterios para la valoración del riesgo procesal de fuga y el peligro efectivo para la víctima en delitos de violencia; teniendo en cuenta además, que el presente caso, no solo se trata de un riesgo abstracto, sino de una situación real que amerita la detención preventiva del imputado para evitar cualquier forma de revictimización o posible daño a la menor; 5) No resulta cierta la alegación de falta de prueba; toda vez que el Ministerio Público, ofreció medios probatorios que evidencian la solidez del caso y la necesidad de mantener la detención preventiva del imputado; los cuales fueron debidamente valorados por el juez cautelar y el tribunal de apelación, quienes concluyeron que existían suficientes indicios para disponer la detención preventiva del imputado; así, entre otros documentos de probanza, se incluyó: i) Memorial de denuncia presentado por la representante de Defensorías; ii) Entrevista psicológica de la víctima, en la cual describe con precisión los hechos y señala al acusado como su agresor; iii) Certificado Médico Forense, que acredita la existencia de lesiones compatibles con abuso sexual; iv) Fotocopia del certificado de nacimiento de la víctima, que permite confirmar su identidad y su edad; v) Informe policial preliminar, elaborado por los investigadores del caso; vi) Testimonio de Magaly Vargas Gómez, quien encontró al imputado en la misma cama con la víctima, lo que refuerza la hipótesis de la acusación; y, vii) Declaraciones de otros testigos, como Paulina Roberta Ramos, así como el acta de registro del lugar del hecho; 6) Al margen de los elementos de convicción previamente detallados, se realizó la entrevista a la víctima menor de edad en Cámara Gesell, en la cual la menor brindó un testimonio detallado y coherente sobre los hechos, identificando con claridad al imputado como su agresor; atestación que fue validada por peritos especializados y se considera una prueba fundamental en el proceso; en este contexto, es preciso considerar que en Bolivia rige el principio de informalidad en casos de violencia de género y violencia infantil, consagrado en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y el Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, lo que permite flexibilizar los requisitos procesales para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas; así, el art. 193 inciso b) de la citada Ley 548, establece que el procedimiento debe evitar toda ritualidad o formalidad excesiva que pueda obstaculizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; máxime si, en el presente caso, las declaraciones de la víctima, han sido corroboradas con otros elementos de prueba, por lo que no existe justificación para desconocer su validez o minimizar la gravedad de los hechos denunciados; 7) Es crucial reconocer que la víctima ha sufrido afectaciones psicológicas severas a raíz de los hechos denunciados, lo que ha sido constatado por los especialistas que la han evaluado, habiendo desarrollado síntomas de estrés postraumático, ansiedad y un estado de retraimiento emocional, manifestándose en episodios de autismo selectivo y conductas regresivas; tal es así que en audiencia de Cámara Gesell, la menor confundió un pegamento con una golosina, lo que evidencia su estado de vulnerabilidad y necesidad urgente de tratamiento psicológico; razón por la que, la DNA, dispuso la realización de terapias especializadas para ayudarla a superar el trauma, pero su proceso de recuperación podría verse afectado si el imputado recupera su libertad; por consiguiente y dadas las circunstancias, resulta imprescindible juzgar con perspectiva de género y velar por el interés superior del niño, niña y adolescente, debiendo apicararse a dicho efecto los entendimientos jurisprudenciales contenidos en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo; y, 8) Se mantenga la detención preventiva del impetrante de tutela, considerando la gravedad de los hechos, el riesgo procesal y la necesidad de garantizar la protección de la víctima, solicitando en consecuencia, se deniegue la acción de libertad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante la Resolución 39/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 66 a 80 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) En relación a la aplicación retroactiva de la Ley 1443 de 4 de julio de 2022, esta es de cumplimiento obligatorio para todos los bolivianos y, en especial, para las autoridades jurisdiccionales; es decir, es de aplicación inmediata desde su publicación, incluso si las partes no la invocan expresamente en un proceso judicial; de ahí que los jueces tienen la obligación de observar y aplicar esta norma en todos los casos pertinentes, incluyendo las modificaciones relativas a medidas cautelares; b) La Ley 1443 no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su promulgación, como el caso analizado, que supuestamente sucedió en febrero de 2022; citándose a dicho efecto la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, que establece que, conforme al art. 123 de la CPE, la ley solo tiene efectos hacia el futuro y no es retroactiva, salvo en materia laboral o social, teniéndose ampliamente reiterado por la jurisprudencia constitucional, que el principio de irretroactividad protege la estabilidad jurídica y la confianza en la legislación vigente; empero, es necesario tener presente que el Tribunal Constitucional Plurinacional distingue entre: la norma sustantiva, que regula delitos y penas y no puede aplicarse retroactivamente; y, de otro lado, la norma adjetiva o procesal, que regula procedimientos y es aplicable de inmediato si no afecta derechos sustantivos; razonamientos que permiten concluir que la referida ley introdujo modificaciones procesales sobre medidas cautelares, que son aplicables desde el 5 de julio de 2022 sin afectar el derecho a la defensa; en tal contexto, considerando que en el caso analizado, el hecho denunciado hubiera ocurrido en febrero de 2022, la aplicación de las medidas cautelares bajo dicho precepto legal, no vulnera el principio de irretroactividad, al tratarse de normativa procesal; por lo tanto no se lesionó el derecho a la defensa; toda vez, que en la audiencia cautelar, la defensa del imputado asumió su rol conforme a la legislación vigente, y su desconocimiento sobre la misma no exime al procesado de su cumplimiento, siendo deber de jueces, abogados y ciudadanos conocer y aplicar las normas promulgadas por el Estado boliviano; c) De la actuación del Juez cautelar, se advierte que, en la Resolución de 12 de agosto de 2022, éste analizó los requisitos materiales y sustanciales para la detención preventiva del imputado por el delito de violación de infante, niña o adolescente; así, entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público se encuentran la denuncia de la DNA, la entrevista psicológica de la víctima, el certificado médico forense, testimonios y otros informes; elementos con base en los cuales determinó que existían suficientes elementos de convicción para acreditar la verosimilitud del hecho y la probable autoría del imputado; asimismo, se consideró el peligro procesal, estableciendo respecto al peligro de fuga, que el imputado representaba un riesgo para la víctima, dada su relación de autoridad y la especial vulnerabilidad de la menor; y, con referencia al peligro de obstaculización, el Juez a quo valoró la declaración de la víctima, quien refirió haber sido amenazada por el imputado; con estos elementos y sobre la duración de la detención preventiva, asimismo aplicó la Ley 1443, que impide medidas sustitutivas en casos de violación de menores; determinación respecto de la cual, la defensa argumentó que dicha ley no podía aplicarse retroactivamente, ya que los hechos habrían ocurrido antes de su vigencia; sin embargo, el Juez a cargo del control jurisdiccional, determinó que al tratarse de una norma procesal, su aplicación era inmediata; en estas circunstancias, el imputado apeló dicha decisión, misma que fue confirmada por el Vocal ahora demandado, bajo el fundamente de que la referida Ley 1443 era aplicable al momento de la audiencia de medidas cautelares y que el principio de retroactividad solo rige en normas sustantivas cuando favorecen al imputado y no en normas procesales, resaltado además, la fundamentación del inferior, respecto a los riesgos procesales y la vulnerabilidad de la víctima, declarando improcedente la apelación y confirmando la detención preventiva del imputado; d) En relación a los demás agravios, resulta necesario -sino obligatorio- señalar que la Constitución Política del Estado, establece con claridad la supremacía del ordenamiento constitucional, determinando que todas las normas y actuaciones judiciales deben ajustarse a los principios fundamentales de derechos humanos. En este sentido, el art. 410 de la Norma Suprema, reafirma la primacía de la Ley Fundamental y, en concordancia con el art. 256 de su contenido, otorga prevalencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que amplíen las garantías de las personas; así, dentro de estos instrumentos internacionales destacan la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyas disposiciones deben orientar la labor judicial en la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad; e) De otro lado, el principio de igualdad, reconocido tanto en la Constitución Política del Estado como en los tratados internacionales, no puede reducirse a una simple equiparación formal ante la ley; por el contrario, la igualdad sustantiva exige reconocer y corregir las barreras estructurales que perpetúan la discriminación. En el ámbito judicial, esto significa que los operadores de justicia deben incorporar un enfoque diferenciado que permita garantizar que las víctimas de violencia, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, reciban una protección efectiva; f) Sumado a lo anterior, el derecho internacional ha desarrollado ampliamente este concepto, estableciendo la necesidad de adoptar medidas positivas que garanticen el acceso real a la justicia; tal es así, que la Observación General 28 del Comité de Derechos Humanos, destaca la importancia de erradicar los obstáculos que limitan el ejercicio de derechos de las mujeres y otros sectores históricamente discriminados; en el caso de la niñez, la protección reforzada de sus derechos se fundamenta en el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, la explotación y el abuso sexual, asegurando que los procesos judiciales en los que estén involucrados se desarrollen con enfoque de protección; g) Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha consolidado una línea jurisprudencial que refuerza la aplicación de estos principios a través de -entre muchas otras- la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0019/2018-S2 de 28 de febrero, 0346/2018-S2 de 18 de julio y 0001/2019-S2 de 15 de enero, a través de reafirmo, que en los casos de violencia de género y delitos sexuales contra menores de edad, los jueces tienen el deber de valorar el peligro procesal bajo un enfoque diferenciado, determinándose jurisprudencialmente que no es necesario exigir pruebas materiales físicas para acreditar el peligro de fuga o la revictimización, sino que el análisis debe considerar la situación de vulnerabilidad de la víctima y la necesidad de garantizar su protección efectiva; h) En el caso en cuestión, el control jurisdiccional realizado, confirma que tanto el juez de primera instancia como el de apelación, aplicaron correctamente el marco normativo y jurisprudencial, evaluando el peligro procesal en estricto cumplimiento de los principios de protección de la niñez y la perspectiva de género y respetando los derechos fundamentales de la víctima; además de constatarse que la gestión probatoria a través del sistema digital Éforo se realizó conforme a derecho, asegurando la transparencia y legalidad del proceso; e, i) Por todo lo manifestado, no se advierte ninguna vulneración a los derechos del imputado ni una errónea interpretación de las normas aplicables, correspondiendo desestimar los agravios planteados y ratificar la obligación de los jueces de administrar justicia con enfoque de género y protección a la niñez, en cumplimiento del mandato constitucional y convencional vigente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 11 de agosto de 2022, el Ministerio Público, promovió imputación formal ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, contra Edgar Choqueticlla Condori -accionante-, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente en su forma agravada, solicitando aplicación de medida cautelar de detención preventiva del imputado (fs. 8 a 12). II.2. Mediante Acta de Audiencia Pública de Consideración de Imputación Formal y Aplicación de Medidas Cautelares de 12 de agosto de 2022; el supra mencionado Juez, dispuso imponer medida cautelar de ultima ratio de detención preventiva contra el imputado, a ser cumplida en sección separada de los detenidos con condena en el recinto penitenciario Santo Domingo de Cantumarca, “…en razón a que se encuentra vigente tanto el requisito sustancial previsto en el art. 233 núm. I como los riesgos procesales previstos en el núm. 7 del art. 234 y núm. 2 del art. 235…” (sic), todos del CPP, además de las modificaciones inserta en los arts. 231 bis. 233 y 239 de la Ley 1443, ordenando, asimismo, la emisión del correspondiente mandamiento de detención preventiva y estableciendo de igual manera, medidas de protección en favor de la víctima menor de edad. Se advierte también del documento en análisis que el imputado inicialmente solicitó complementación y enmienda respecto a la aplicación retroactiva de la citada Ley, al ser esta de promulgación posterior a la fecha del hecho atribuido; pretensión que fue respondida en el acto, estableciéndose por el juzgador que la aplicación de la referida norma resulta plenamente viable la encontrarse en vigencia al momento, además de tratarse de una caso vinculado con menores de edad y de un hecho continuado; finalmente, se evidencia que el imputado, al amparo del art. 251 del Código Adjetivo Penal, promovió oralmente recurso de apelación, en objeción de la decisión asumida por el Juez de la causa (fs. 24 a 30 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de incorrecta aplicación de la ley; valoración de la prueba; fundamentación, motivación y congruencia y del principio de “RETROACTIVIDAD” (sic) -lo correcto es irretroactividad-; toda vez que, el Vocal ahora demandado, en resolución de la apelación contra la resolución del a quo de imponerle medida extrema de detención preventiva, emitió el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, confirmando la determinación impugnada; determinación que avaló la aplicación retroactiva de la Ley 1443 y, pese a reconocer la inexistencia de prueba que demuestre el hecho que le fue endilgado, basándose únicamente en la declaración de la víctima, ratificó la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización, omitiendo considerar el principio de aplicación de la ley más favorable y sin pronunciarse sobre los principios de retrospectividad, favorabilidad e irretroactividad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; elementos dentro de los cuales, se incluyen la fundamentación y motivación, que se encuentran vinculadas directamente con las resoluciones pronunciadas por los administradores de justicia y que tiene como finalidad asegurar que la decisión a ser asumida, sea pronunciada necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste esencialmente en la sustentación de la resolución, lo que exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan; es decir, en la exposición del proceso intelectual ejecutado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, la solución propuesta al problema jurídico planteado resulta ser la correcta; esto, a partir de la correcta aplicación de la leyes y la Constitución Política del Estado y en su caso, de los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, a los hechos puestos en su conocimiento; pues solamente así, el juzgador podrá convencer a las partes sobre la solidez de su resolución. La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (las negrillas pertenecen al texto original). En coherencia con dichos entendimientos, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (Sentencia de 5 de agosto de 2008-Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), refirió que: “77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas fueron agregadas). De los entendimientos jurisprudenciales previamente citados, se puede concluir señalando que el debido proceso, reconocido como derecho fundamental en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exige que las decisiones judiciales sean justas y razonables, garantizando su apego a los principios constitucionales y evitando resoluciones arbitrarias; de ahí que la argumentación judicial se configura como un instrumento esencial en la impartición de justicia, ya que permite la justificación de las decisiones mediante dos elementos fundamentales: la premisa normativa (fundamentación) y la premisa fáctica (motivación). La fundamentación consiste en la labor argumentativa de la autoridad, basada en disposiciones legales y, cuando es necesario, en la interpretación normativa conforme a la hermenéutica constitucional. Por su parte, la motivación se refiere a la justificación de la decisión mediante la argumentación lógico-jurídica, estableciendo una coherencia entre los hechos, los medios probatorios y la normativa aplicada; por ello, cuando uno solo de estos elementos no es observado en la emisión de una decisión judicial/administrativa, la misma deviene en arbitraria y lesiona el debido proceso en sus tres ámbitos (derecho, principio y garantía).

III.2. Sobre la especial vulnerabilidad de los menores frente a influencias negativas y su especial protección

La SCP 0486/2022-S2 de 8 de junio, estableció con base en los arts. 60 de la CPE; y, 3.1 del Convenio sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificado mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990. Y las SSCC 0223/2007-R de 3 de abril y 0735/2010-R de 26 de julio, que: “…conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el art. 19 de la CADH señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

El contenido de los mandatos constitucionales precedentemente descritos, permite reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen el status de sujetos de protección constitucional reforzada, condición que conlleva -entre otros efectos- la obligación de velar por su interés superior y prevalencia en el ejercicio de sus derechos, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación (de instituciones públicas, privadas, de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas, judiciales e inclusive de la sociedad) que les concierna. En este sentido; en caso de que los derechos o intereses de las niñas, niños y adolescentes se encuentren en conflicto con los de otras personas o que de alguna manera se vean involucrados en algún conflicto, surge el deber (para quien conoce y resuelve el caso) de: i) Garantizar el desarrollo integral de los menores, procurando las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos; ii) Proteger al menor frente a riesgos prohibidos (ilegales); y, iii) Equilibrar los derechos de los niños frente al ejercicio de otros derechos de otras personas, adoptando la decisión que mejor satisfaga los derechos de las niñas, niños y adolescentes o evitando cambios desfavorables en las condiciones de los menores involucrados” (el resaltado pertenece al texto original). Tales cuidados especiales, si bien devienen del mandato expreso de normas constitucionales, encuentran su fundamento en circunstancias especiales que hacen a ciertas características de los menores de edad que deben ser tomadas en cuenta en los procesos -judiciales o de cualquier índole que les atañen-; pues, hacen a su capacidad cognitiva y volitiva disminuida. Una de esas características será desarrollada a continuación partiendo del análisis comparado de la jurisprudencia internacional que demuestra un consenso respecto a la especial vulnerabilidad de los menores frente a influencias negativas.

En tal contexto, en el caso Roper vs. Simons, la Corte Suprema de los Estados Unidos abordo la cuestión de la responsabilidad penal de los menores de edad, concluyendo que la imposición de la pena de muerte a personas que cometieron delitos graves antes de cumplir los 18 años era una violación de la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Para sustentar esta decisión, la Corte desarrollo un análisis profundo sobre las diferencias fundamentales entre menores y adultos. Concluyendo que los menores (sean infractores o victimas), además de un tratamiento diferenciado en la pena, ameritan una protección especial respecto a todos los derechos que tome en cuenta sus características y necesidades particulares, entre las cuales para este análisis resalta su mayor vulnerabilidad a la presión externa. El referido fallo afirmó: “Los jóvenes son más vulnerables o susceptibles a la presión negativa, incluyendo los pares y el entorno familiar y social. Esta falta de control sobre su propio entorno es una característica distintiva de la juventud” (sic). El criterio es compartido por la Corte IDH que en el caso Mendoza y Otros vs. Argentina, afirmó que: “Los adolescentes se encuentran en una etapa de vida en la que su personalidad aún está en formación, lo que los hace más susceptibles a influencias externas, tanto positivas como negativas. Esta condición requiere que las políticas penales y los procesos judiciales consideren su vulnerabilidad…” [Párr 134 (las negrillas nos corresponden)]. En el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, conocido como el caso de los niños de la calle”, la Corte IDH destacó la especial vulnerabilidad de los menores en situación de riesgo, enfatizando la obligación del Estado de brindar protección reforzada para garantizar sus derechos fundamentales. Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-17/2002, se señaló que los niños, debido a su desarrollo físico y mental, requieren medidas especiales de protección que consideren su vulnerabilidad y necesidades especiales. Por su parte la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Bouamar vs. Bélgica (1988); en su análisis, determinó que la falta de consideración de su vulnerabilidad constituyó un trato inhumano y degradante, señalando que: “Los menores, debido a su inmadurez y vulnerabilidad, requieren de una protección especial que tome en cuenta sus susceptibilidad a las influencias negativas del entorno. El trato de los menores en conflicto con la ley debe priorizar su bienestar y desarrollo integral” (párr.50). Los precedentes anteriormente anotados, respaldan el argumento de que los menores son particularmente vulnerables a la presión social y ambiental. Lo que además de la protección general de sus derechos, justifica particularmente la necesidad de protegerlos frente a influencias negativas que puedan surgir de los adultos que sean parte contraria durante el proceso. Este razonamiento se alinea con la realidad de que los menores suelen carecer de la autonomía necesaria para escapar de situaciones adversas o influencias negativas. Además, la inmadurez emocional y la búsqueda de aceptación puede llevarlos a participar en conductas delictivas bajo la presión de otros, sin una verdadera intensión criminal o un entendimiento pleno de las consecuencias. De ahí que el art. 61 de la CPE permite la protección conexa del derecho a la imagen de los menores de edad con su integridad psicológica y desarrollo integral.

III.3. La irretroactividad de la Ley

Respecto al principio de irretroactividad de la norma, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0334/2010-R de 15 de junio, citada por la SC 1795/2010-R de 25 de octubre, señaló lo siguiente: “El art. 33 de la CPEabrg, disponía que la ley solo tiene efecto para lo venidero; y no así retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente; es decir, uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación, así también lo ha establecido el art. 123 de la CPE. El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente. Es por ello, que el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos” (las negrillas son nuestras).

III.4. Sobre los hechos denunciados y los elementos probatorios que generan convicción del acto ilegal

La SCP 0635/2019-S2 de 1 de agosto, sostuvo que: “Conviene establecer que no obstante, a las características singulares que conciernen a la acción de libertad, particularmente el principio de informalismo que la rige; sin embargo, ésta acción tutelar no se encuentra exonerada respecto a la carga probatoria que debe cumplir la parte accionante para sustentar los hechos denunciados como vulneratorios; al respecto, debe tomarse en cuenta el contenido del art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que a tiempo de establecer los requisitos para interposición de esta acción tutelar, expresa: ‘Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren’ .

Bajo tal razonamiento; la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado, estableciendo su relación con el principio de informalismo -que rige esta acción de protección-, así la SC 0320/2010-R de 15 de junio, citada por la SCP 0298/2012 de 8 de junio, estableció que: ‘…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada”’ (las negrillas pertenecen al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

Con carácter previo corresponde precisar que, el art. 33.7 CPCo, a tiempo de establecer los requisitos para la interposición de este mecanismo de defensa, expresa: “Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento de lugar donde se encuentren”; mandamiento normativo, que implica que el accionante no puede prescindir de la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos. Sin embargo, pese a la negligencia de la parte accionante de no remitir el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, que acusa como lesivo, se advierte que dicho pronunciamiento -como el recurso de apelación que lo originó-, fueron objeto de minucioso análisis de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que hizo copia textual de las partes pertinentes de los documentos precitados al fundamentar la Resolución 39/2022 de 26 de agosto. En tal contexto, se procede al análisis de fondo en afán de evitar que en vía constitucional se dilate innecesariamente la causa, considerando la obligación de equilibrar los derechos de la víctima menor de edad (según compele la SCP 0486/2022 de 8 de junio desarrollado en el Fundamento Jurídico II.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, quien aparentemente hubiera sido vejada en cuatro oportunidades, dando origen a la denuncia de violación y el proceso penal interpuesto contra el accionante, en cuyo mérito se le impuso la medida de detención preventiva -cuya apelación y resolución es objeto de la presente acción tutelar-.

Establecido lo anterior, en el problema jurídico planteado, el impetrante de tutela, alegando la una falta de fundamentación motivación y congruencia respecto del Auto de Vista de 22 de agosto de 2022, emitido por el hoy Vocal demandado, esencialmente propone a efectos de su resolución por este Tribunal, dos problemas jurídicos: 1) Aplicación retroactiva de la Ley 1443 sin consideración de los principios de retrospectividad, favorabilidad e irretroactividad; y, 2) Deficiente valoración de la prueba; omisiones y yerros que considera se constituyen en el acto que genera una vulneración directa a su derecho a la libertad y que serán abordados de forma independiente a continuación. i) En lo referente a la aplicación retroactiva de la Ley 1443, el impetrante de tutela, denuncia ante la justicia constitucional que, pese a que efectuó el reclamo respectivo inicialmente ante el juez de la causa, así como en apelación, la última autoridad -ahora demandada-, avaló la aplicación retroactiva de dicha normativa, sin realizar un análisis sobre su compatibilidad con los principios de retrospectividad, favorabilidad e irretroactividad, omitiendo asimismo, justificar de manera suficiente la pertinencia de aplicar la indicada norma en el caso concreto, y confirmando la determinación impugnada sin considerar el principio de aplicación de la ley penal más favorable.

Sobre dicho agravio, inicialmente corresponde señalar que, en el contexto del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el principio de irretroactividad de la norma, implica que las leyes solo producen efectos a partir de su promulgación, sin afectar situaciones previas, salvo en materia social cuando se establezca expresamente o en derecho penal si beneficia al imputado (art. 123 de la CPE) y su fundamento radica en garantizar la estabilidad del ordenamiento jurídico y evitar regulaciones extemporáneas que alteren la seguridad jurídica y la confianza de las personas en la ley vigente. No obstante, este principio no impide la evolución normativa, siempre que se respeten los derechos adquiridos y la certeza jurídica.

Conviene igualmente en este punto, referirnos a la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, a través de la cual, este Tribunal analizó la relación entre la irretroactividad de la norma y su aplicación en el ámbito procesal, estableciendo inicialmente que el referido principio, implica que una ley no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo excepciones establecidas en la Constitución, como en materia penal cuando beneficia al acusado, garantizándose de este modo la seguridad jurídica y evitando que las personas sean afectadas por cambios normativos imprevisibles.

El fallo constitucional, estableció que las normas procesales, a diferencia de las normas sustantivas, no crean ni eliminan derechos, sino que regulan la forma en que estos se hacen valer en los tribunales; por esta razón, la regla general es que las normas procesales se aplican de manera inmediata a los procesos en curso, ya que facilitan la administración de justicia sin modificar derechos adquiridos, permitiendo que el sistema judicial se adapte a nuevas reglas sin quedar atado a procedimientos obsoletos; estableciéndose a partir de dichos razonamientos, un equilibrio entre la necesidad de modernización de la justicia y la seguridad jurídica de quienes están sometido a un proceso judicial, lo que garantiza que el derecho procesal evolucione sin menoscabar principios esenciales del debido proceso.

Dicho lo anterior, conforme se evidencia de la Resolución 39/2022 de 26 de agosto, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en la que, bajo el principio de inmediación, fueron transcritas partes esenciales del Auto de Vista de 22 de idénticos mes y año, proferido por el ahora demandado que, refiriéndose a la denunciada aplicación retroactiva de la Ley 1443, en el Considerando II, fundamentó su decisión sobre la no aplicación retroactiva de la Ley 1443 con base en varios principios jurídicos y disposiciones constitucionales; así, inicialmente reafirmó que el principio de irretroactividad de la ley (art. 123 de la CPE), impide la aplicación de normas penales sustantivas a hechos ocurridos antes de su vigencia, salvo que beneficien al imputado; empero, aclaró que esta regla no se extiende a las normas procesales, que se rigen por el principio tempus regit actum, según el cual la ley procesal vigente al momento de la actuación judicial es la que debe aplicarse. En este sentido, el hoy demandado señaló que la Ley 1443, introdujo cambios en el procedimiento penal, particularmente en la regulación de la detención preventiva para delitos de violación de infante, niña, niño y adolescente, feminicidio e infanticidio, siendo una de ellas la reforma del art. 233 del CPP, que exceptuó la exigencia de fundamentación del plazo de detención preventiva en estos delitos, dada su gravedad y el alto riesgo de impunidad y determinando además, que la referida Ley, al no contener disposiciones transitorias que indiquen su aplicación diferida, debía aplicarse de inmediato desde su promulgación el 4 de julio de 2022; por lo que, en la audiencia de medidas cautelares del 12 de agosto del referido año, correspondía aplicar las modificaciones introducidas por esta norma, sin que ello implique una vulneración del principio de irretroactividad.

Asimismo, el Vocal demandado, destacó que los demás requisitos para la procedencia de la detención preventiva, como la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales, fueron analizados y fundamentados por el a quo conforme al estándar exigido por la normativa procesal vigente, siendo que la valoración de la prueba, incluyó la denuncia de la víctima, el certificado médico legal y la entrevista psicológica, que acreditaban la existencia del hecho y su presunta autoría, habiéndose además tomado en cuenta los riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstaculización de la investigación, considerando la situación de vulnerabilidad de la víctima; extremos en mérito a los que el Vocal -hoy demandado-, enfatizó que la fundamentación de su decisión se basó no solo en la normativa legal aplicable, sino también en criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, arribando a la conclusión de que el análisis integral de la prueba, junto con la aplicación inmediata de la norma procesal vigente, garantizaban el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales, sin afectar las garantías constitucionales del imputado.

Los argumentos antes señalados, que cumplen ampliamente con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al estándar mínimo de contenido de una resolución judicial, pues de manera clara y sustentada, el Vocal hoy demandado, fundamentó su decisión con base en principios jurídicos y normas constitucionales aplicables al caso particular, respondiendo así al reclamo del impetrante de tutela sobre la supuesta aplicación retroactiva de la Ley 1443; tal es así, que en su análisis dejó claro que el art. 123 de la CPE, prohíbe la aplicación retroactiva de normas penales sustantivas, salvo que beneficien al imputado; sin embargo, explicó también que esta prohibición no se extiende a las normas procesales, las cuales se rigen por el principio tempus regit actum, que determina que se aplican de manera inmediata desde su entrada en vigencia; además, justificó la aplicación inmediata de la Ley 1443, al enfatizar que ésta no contenía disposiciones transitorias que pospusieran su aplicación, por lo que debía regir desde su promulgación el 4 de julio de 2022; consiguientemente, sobre la base de dichos razonamientos, determinó que en la audiencia de medidas cautelares de 12 de agosto del mismo año, correspondía aplicar la nueva normativa sin que ello implicara una vulneración de los derechos del imputado; además, analizó los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, incluyendo la denuncia de la víctima, el certificado médico legal y la entrevista psicológica, y evaluó también los riesgos procesales como la posibilidad de fuga y la obstrucción de la investigación, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima, sin haberse limitado a la aplicación de la norma, sino que también respaldó su decisión con criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Plurinacional, asegurando que su fallo estuviera enmarcado en precedentes legales establecidos. Con todo ello, se demuestra que la autoridad judicial, sí dió una respuesta al cuestionamiento planteado, ya que fundamentó de manera clara y detallada la aplicación de la Ley 1443, justificando su vigencia inmediata y garantizando el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales del imputado -hoy peticionario de tutela-.

En consecuencia, tenemos que no solamente el agravio objeto de análisis en el presente acápite fue debidamente atendido en el marco del debido proceso y cumpliendo con una debida fundamentación, motivación y congruencia, sino que además, efectuó un adecuado análisis respecto al problema de fondo sobre la argüida aplicación retroactiva de la Ley 1443, determinando con base en la jurisprudencia constitucional pertinente, que en el caso de las normas procedimentales, estas responden al principio tempus egit actum; es decir, que los actos procesales se ejecutan en el marco de las disposiciones legales vigentes al momento de su ejecución y que, tal como fue verificado por este Tribunal, el 12 de agosto de 2022, cuando fue llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo, innegablemente la Ley 1443 ya se encontraba en vigor; de ahí que sobre dicho extremo no corresponde conceder la tutela impetrada, al no ser evidente la denuncia formulada al respecto. ii) Sobre la inexistencia de prueba, alude el accionante que la resolución del tribunal de apelación incurrió en la afectación a su derecho a la libertad, dado que, a pesar de reconocer la inexistencia de pruebas que acreditaran los hechos imputados, el hoy demandado basó su decisión únicamente en la declaración de la víctima para ratificar la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización; error de motivación y fundamentación de la decisión que derivó en la confirmación arbitraria de la medida extrema de detención preventiva.

Inicialmente, es preciso recordar que conforme manifestó la DNA en su intervención en audiencia de resolución de esta acción de libertad y que no fue controvertido por el peticionante de tutela, el Ministerio Público, entre otros documentos de probanza, presentó ante el Juez a quo como al Tribunal de apelación, memorial de denuncia presentado por la representante de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí; asimismo, exhibió la entrevista psicológica de la víctima, en la cual, la menor describe con precisión los hechos y señala al acusado como su agresor; igualmente fue presentado el certificado médico forense, que acredita la existencia de lesiones compatibles con abuso sexual; adjuntándose también fotocopia del certificado de nacimiento de la víctima, que permite confirmar su identidad y su edad; de igual manera, se adjuntó el informe policial preliminar, elaborado por los investigadores del caso; además del testimonio de Magaly Vargas Gómez, quien encontró al imputado en la misma cama con la víctima, lo que refuerza la hipótesis de la acusación; y, declaraciones de otros testigos, como Paulina Roberta Ramos, así como el acta de registro del lugar del hecho; elementos de convicción a los que se añade la entrevista realizada a la víctima en Cámara Gesell, en la que la menor de edad brindó información detallada y coherente sobre los hechos, identificando con claridad al imputado como su agresor; atestación que fue validada por peritos especializados y fue considerada como prueba fundamental en el proceso.

Ahora bien, ingresando en materia, en virtud a los entendimientos jurisprudenciales establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, respecto a la protección especial de víctimas niñas y adolescentes en procesos penales; y considerando la Resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que hoy se revisa, así como del informe presentado en la audiencia de la acción de libertad por el tercero interviniente -DNA del mismo departamento-, no se incurrió en una falta de fundamentación y motivación que denote un error sustancial al valorar las pruebas presentadas que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, sí fueron puestas a consideración tanto del a quo como del hoy demandado por el Ministerio Público; y aún en el supuesto de que no todas hubieran sido exhibidas, la declaración de la víctima, especialmente al tratarse de una mujer menor de edad, constituye una prueba de alta relevancia, ciertamente fue valorada y funda probanza suficiente para sostener la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en contra del imputado.

En este punto es necesario aclarar, que si bien el art. 121 de la CPE, establece el derecho de la víctima a ser oída y también garantiza los derechos del imputado, incluyendo su derecho a la libertad personal, que solo puede ser restringido con fundamento en razones sólidas y claras, la motivación en la resolución que ratifica la detención preventiva no afecta de forma arbitraria este derecho, pues explica adecuadamente por qué se consideró que existían riesgos procesales de fuga o de obstaculización del proceso, considerando que, a partir de la declaración prestada por la menor de edad en Cámara Gesell, reforzada mediante otros elementos de convicción, entre ellos el certificado de nacimiento de la menor, se pudo determinar que el imputado era, -con un alto grado de certeza-, responsable de los hechos que se le atribuyen.

Independientemente de ello y al margen de la declaración de la víctima, ha sido advertido por este Tribunal, que no resulta evidente el alegato del impetrante de tutela respecto a que la medida extrema le fue impuesta sin que existieran pruebas suficientes, pues conforme refirió la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, durante la tramitación del proceso se contó con pruebas objetivas y verificables como el Certificado Médico Forense, que evidenció lesiones compatibles con abuso sexual; la entrevista psicológica, que detalló de manera coherente los hechos ocurridos, reafirmando la veracidad de la declaración de la víctima; asimismo, el informe policial preliminar y el testimonio de testigos entre ellos, Magaly Vargas Gómez, quien encontró al imputado en la misma cama con la víctima; elementos de convicción que a los ojos de la justicia constitucional, configuran probanzas cruciales que corroboran la acusación; es decir, que la declaración de la víctima que puede tener implicaciones emocionales y psicológicas, está respaldada por un conjunto de pruebas físicas y documentales que refuerzan su versión de los hechos; de ahí que la decisión del ahora demandado, basada en su valoración libre de las pruebas, no es deficiente ni irracional desde el punto de vista de logicidad y del debido proceso; por el contrario, de acuerdo con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, corresponde a los servidores públicos, materializar la protección especial reforzada de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, correspondiendo garantizar proteger, -y entre otros- velar por su interés superior y prevalencia en el ejercicio de sus derechos, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación, centrando la atención primordialmente en la especial vulnerabilidad de los menores frente a influencias negativas.

Es igualmente relevante para la resolución de la presente causa, tener presente la jurisprudencia constitucional referida a la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, particularmente la contenida en las SSCC 0815/2010-R y 1388/2011-R, que subrayan que en los casos de violencia de género y en aquellos que involucren a menores, el juzgador debe evaluar la gravedad de los hechos, las pruebas presentadas y las circunstancias personales de la víctima para, a partir de ello, determinar si la medida cautelar de detención preventiva es proporcional y adecuada; extremos que en el caso que nos ocupa fueron debidamente observados, derivándose la imposición de la medida de última ratio así como la decisión confirmatoria de la misma, de la compulsa de los elementos fácticos y probatorios que en su momento también fueron examinados de forma integral por el inferior; por ello, la restricción del derecho a la libertad del imputado -hoy accionante-, no puede ser vista como una transgresión a sus derechos procesales; por el contrario, dicha determinación emerge de la necesidad primordial de proteger los derechos de la víctima menor de edad, resguardándose no solo su integridad física y psicológica, sino también asegurando su derecho a obtener justicia; pues es de considerar que su agresor, resulta ser su propio tío, por lo que, de un lado, el prenombrado constituye un peligro para la víctima al contar con una relación de autoridad frente a ella; y por otra parte y añadido a ello, también fue determinado por el a quo, que el ahora peticionario de tutela, hubiera amenazado a la menor en reiteradas oportunidades de tomar represalias contra ella y su propia esposa (tía de la víctima) si contaba lo que le estaba ocurriendo; razones que resultan suficientes para determinar no solo que podrá influir negativamente sobre la menor, sino también, la concurrencia de los riesgos procesales previstos y descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP.

En este contexto y tras el análisis de los dos problemas jurídicos planteados a través de la acción de libertad que se revisa, se puede afirmar que la autoridad ahora demandada, no incurrió en ninguna irregularidad que hubiera afectado el derecho a la libertad del accionante ni los principios fundamentales del debido proceso en el marco del derecho penal y constitucional vigente; esto, en razón a que, como se tiene establecido, respecto a la no aplicación retroactiva de la Ley 1443, conforme a los principios generales del derecho penal, si bien las normas sustantivas no puede ser aplicadas de forma retroactiva; empero, las normas procesales adquieren vigor en el momento de su emisión y son de aplicación inmediata, salvo en los casos en los cuales se disponga lo contrario; por ello, siendo que el proceso penal fue instaurado en contra del impetrante de tutela el 11 de agosto de 2022, a través de imputación formal presentada por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente en su forma agravada, previsto y sancionado por los arts. 308 Bis con relación al 310.m) y o) del CP y que la Ley 1443 data de 4 de julio de igual año, su aplicación, al tratarse de una norma procesal, no incurre el omisión del principio de irretroactividad normativa previsto en el art. 123 de la CPE, al haber sido dictada con posterioridad a los hechos imputados; lo que permite advertir que el ahora demandado, actuó conforme al principio de legalidad y en resguardo de los derechos fundamentales de la víctima, sin alterar las normas del proceso penal que regían en el momento de los hechos y con base en la aplicación del enfoque interseccional a efectos de proteger el interés superior de la menor, lo que de ninguna manera puede considerarse como una afectación arbitraria al derecho de defensa ni a la libertad personal del accionante.

En segundo lugar y en lo que respecta a la valoración probatoria, se observa que, contrariamente a lo alegado por el peticionante de tutela, el hoy demandado no incurrió en una incorrecta valoración de las pruebas, habiendo basado su decisión en una adecuada ponderación de los elementos de convicción que fueron debidamente incorporados al proceso y que, en conjunto, ofrecieron una visión coherente y suficiente de los hechos; y a pesar de que la defensa del accionante argumentó que la decisión se sustentó exclusivamente en la declaración de la víctima, ese testimonio, junto con la entrevista psicológica, el certificado médico forense y las declaraciones de los testigos, conformaron un cuerpo probatorio convincente que acreditó la existencia de indicios suficientes sobre los hechos imputados; extremos que, en el contexto de la jurisprudencia constitucional sobre la protección reforzada de las víctimas, especialmente en casos de violencia de género y abuso sexual, determinaron que la credibilidad de la víctima debía ser evaluada con una perspectiva integral y no aislada.

Así la aplicación del enfoque interseccional, que se centra en la especial vulnerabilidad de las víctimas menores de edad, especialmente en delitos de violencia sexual, refuerza la necesidad de una valoración exhaustiva y adecuada de los elementos probatorios que no solo impliquen la declaración de la víctima, sino también las pruebas complementarias que permiten corroborar la versión de los hechos; por ello, el hecho de que el ahora demandado hubiera considerado los testimonios de testigos y la prueba técnica, sumado al análisis de la situación de vulnerabilidad de la víctima, demuestra que no existió una valoración deficiente ni arbitraria de la prueba, sino un análisis detallado y conforme a derecho; lo que permite afirmar que la decisión judicial objeto de esta acción de defensa, no solo se basa en una interpretación correcta del marco normativo, sino también en un análisis adecuado y proporcional de las pruebas presentadas, garantizando los derechos tanto del imputado como de la víctima; de ahí que la medida cautelar de detención preventiva, estuvo justificada por los riesgos procesales de fuga y obstaculización, conforme a la legislación penal y constitucional, y fue acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los referidos a la protección de las víctimas de violencia de género. En suma, se puede concluir que no existió una lesión al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, ni en la reclamada aplicación retroactiva de la Ley 1443, ni en la valoración probatoria, y que la decisión del hoy demandado, estuvo debidamente fundamentada en el marco de los derechos procesales y sustantivos aplicables, asegurando el respeto a los derechos del accionante y la protección de los derechos de la víctima, a partir de una ponderación efectiva de los derechos de ambos y en resguardo de los que corresponde a quien, dada su minoridad y su condición de doble vulnerabilidad por ser también mujer, exigen una atención preferente e inmediata frente a los de su agresor.

III.6. Consideraciones finales

Si bien en el presente caso y conforme se ha detallado precedentemente fue posible la resolución de la causa sin requerir la remisión de la prueba omitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; no obstante, cabe recordar que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, determinó que: “…todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional:

a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (énfasis añadido).

En la especie, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la Resolución 39/2022 de 26 de agosto, de la aludida Sala Constitucional, refiere como fundamento el recurso de impugnación y el Auto de Vista de 22 de agosto de 2022; situación de la cual, puede deducirse que los Vocales de la referida Sala Constitucional tuvieron acceso a las pruebas, porque fundamento su resolución en ellas, pero no la remitieron, inobservando el deber anteriormente descrito; razón por la cual, corresponde llamar la atención a las autoridades de la mencionada Sala que conocieron la presente acción tutelar y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumplan con la obligación prevista en dicho precedente constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2022 de 26 de agosto, cursante de fs. 66 a 80 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Se llama severamente la atención a los Vocales de la referida Sala Constitucional, por no haber remitido la documentación inherente para resolver la cuestión planteada -recurso de apelación y Auto de Vista de 22 de agosto de 2022- conforme a lo establecido en le Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional; exhortar a que en posteriores actuación remitan la documentación pertinente que sirvió para resolver la problemática planteada, evitando a este Tribunal genere dilaciones innecesarias a tiempo de solicitar prueba omitida, bajo alternativa de ley. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Opinión consultiva OC-17/2001 de 28 de agosto, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

2 Roper vs. Simmons, 543 U.S. 551 (2005)

3 Mendoza y otros vs. Argentina, Corte IDH, Sentencia de 14 de mayo de 2013, (Serie C Nº. 266)

4 Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (Fondo) Corte IDH, Sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C Nº.63, párr. 78.

5 Corte IDH Opinión Consultiva OC-17/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, 28 de agosto de 2002, Serie A Nº. 17, párr. 56.

6 Bouamar vs. Bélgica, Corte Europea de derechos Humanos, Sentencia de 29 de febrero de 1988, (Aplicación Nº9106/80)

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0024_2025-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5d946980fbb4f4c46ebff4d1db5326897914d23100d36f40caadca5ce326d9be

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