B.IA.LEGAL

SCP 0023/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de febrero de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
49984-2022-100-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa y a ser oído; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, la Vocal demandada programó audiencia virtual para el 1 de agosto de igual año; no obstante, debido a que no pudo ingresar a sala virtual a la hora señalada sino cinco minutos después y que su abogado no logró acceder al link proporcionado, dicho actuado procesal fue suspendido declarándose por Auto de Vista 175/2022 de 1 de agosto, la perención para fundamentar el señalado mecanismo de impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso
  2. III.2. La designación de un defensor estatal o de oficio ante la inasistencia del abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2025-S3 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 49984-2022-100-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamente en representación sin mandato de Wilson Elías Colque Castro contra Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 24 a 25 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, en cumplimiento al Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo. Solicitó el 12 de julio de igual año, la cesación de la detención preventiva y a través de Auto Interlocutorio 443/2022 de igual data, se declaró infundado y sin lugar la misma; motivo por el que, al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) formuló recurso de apelación incidental, remitiéndose a dicho efecto el testimonio de impugnación ante el Tribunal de alzada, siendo radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento. La Vocal demandada, por decreto de 18 de julio de 2022, programó audiencia virtual -por la plataforma Cisco Webex- para el 1 de agosto del año citado, a horas 9:00, empero por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo acceder en ese horario, sino cinco minutos después, habiéndosele informado que el indicado verificativo había concluido, debido a que su abogada tampoco pudo ingresar al link proporcionado a pesar de todos los intentos que realizó; por tal situación, su defensora técnica se apersonó en las oficinas de la mencionada Sala Penal Primera con el fin de hacer conocer el inconveniente técnico suscitado y solicitar se programe nueva audiencia presencial; no obstante, dicha petición no fue considerada por la autoridad demandada con el argumento que ante su inasistencia por Auto de Vista 175/2022 de la referida fecha se declaró la “PERENCIÓN” para fundamentar el recurso de apelación incidental y se confirmó el Auto Interlocutorio 443/2022, incumpliendo de esa forma su obligación de garantizar la presencia de las partes a la audiencia; dado que, se debió considerar que se encuentra con detención preventiva, y el cumplimiento del itinerario programado para las audiencias no depende solamente de los reclusos, sino de los funcionarios de los recintos penitenciarios, más aun cuando el referido actuado procesal fue programado catorce días después de la remisión del recurso de impugnación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 175/2022, ordenando que en el plazo de veinticuatro horas se señale nuevo día y hora para la audiencia de apelación incidental, la cual deberá ser presencial a objeto de garantizar la presencia de las partes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 49 a 54, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada y representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo señaló que: a) Mediante providencia de 18 de julio de 2022, la Vocal demandada radicó la apelación incidental interpuesta, señalando audiencia para el 1 de agosto de idéntico año, a horas 9:00; por tal motivo, “…prácticamente [se] aguard[ó] este plazo que incluso esta fuera de lo que establece el Art. 51 (…) para que se pueda realizar esta audiencia, (…) que fue convocada…” (sic); debiéndose considerar que se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, donde los imputados que tienen fijadas audiencias por videoconferencia hacen fila para ingresar a la sala virtual; b) Conforme al informe de 3 del indicado mes y año, expedido por el Director del mencionado Centro Penitenciario, se acreditó que el 1 del referido mes y año ingresó a horas 9:05 a la referida audiencia, empero la misma ya había sido suspendida; c) Su abogada defensora, desde las 8:45 de la data mencionada, intentó conectarse a la sala virtual, empero no fue aceptada, en tal sentido se aproximó en forma personal a la nombrada Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro con objeto de explicar dicha situación a la Vocal demandada, siendo atendida por la Auxiliar, quien le expresó que la señalada autoridad se encontraba ocupada atendiendo otros asuntos, para en forma posterior manifestar que se declaró la perención para fundamentar el recurso de apelación incidental; d) A través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0367/2021-S4” (lo correcto es 0377/2021-S4) de 3 de agosto y 0761/2021-S2 de 8 de noviembre, se dilucidó situaciones fácticas similares a los hechos que se denuncian, en los que el Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela; toda vez que, el art. 113.II del CPP establece que la audiencia se desarrollará con la participación ininterrumpida de las partes, y en caso de incomparecencia del imputado se librará orden de aprehensión a efectos de su comparecencia. Por otra parte, si fuese el abogado defensor quien no asistiere a la misma sin causa justificada, se nombrará defensor de oficio, siendo inadmisible que se instale una audiencia sin defensa técnica, habida cuenta que el derecho a la defensa es irrenunciable; e) De acuerdo al informe elaborado por la Auxiliar de la Sala Penal Primera, se precisó que su defensora técnica se hubiere apersonado a las instalaciones de la mencionada Sala a horas 9:12 del 1 de agosto de 2022; lo cual no es evidente, por cuanto se hizo presente a las 9:05 horas, ya que no pudo tardar más de cinco minutos en trasladarse desde su oficina, y si recién fue atendida por la Vocal demandada a la indicada hora -9:12- fue en razón a que tuvo que esperar a que se desocupe; f) La demandada pudo ser un poco más tolerante y flexible en cuanto al tiempo otorgado para que se conecten las partes procesales a la audiencia virtual, no siendo suficiente los cinco minutos concedidos; g) Mediante memorial de 1 de agosto de 2022, solicitó se reprograme la audiencia suspendida, habiéndose denegado su petitorio con el argumento que se debía estar al Auto de Vista 175/2022; y, h) Por todo lo expuesto, se lesionó el derecho al debido proceso en su componente de defensa y a ser oído, previsto en el art. 119.II de la CPE; toda vez que, en materia penal no está prevista la perención a fundamentar el recurso de apelación incidental.

I.2.2. Informe de la demandada

Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe oral prestado en audiencia de garantías indicó que: 1) No es evidente que la audiencia programada para el 1 de agosto de 2022 se haya suspendido a horas 9:05, sino fue a las 9:08 horas ante la inconcurrencia del imputado y su defensa técnica, dándose aplicación a lo previsto en los arts. 113 del CPP y 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019, norma última que prescribe cuando el apelante no asiste a la audiencia fijada se debe declarar la perención de su derecho a fundamentar, correspondiendo su notificación a las partes procesales por escrito; 2) Conforme al informe expedido por la Auxiliar de la mencionada Sala, la abogada defensora del accionante se apersonó a la indicada Sala a horas 9:15 con quien se entrevistó recién a horas 9:18; 3) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales mencionadas por el impetrante de tutela, no son análogas a la problemática denunciada, por cuanto en la SCP 0761/2021-S2 se denuncia que la autoridad judicial no revisó la sala de plataforma virtual y aceptó como evidente el informe presentado por el Secretario demandado que adujo que no se encontraban presentes; y en la SCP 0377/2021-S4, se denunció que estando presente en la sala virtual solo el abogado defensor, después de pedir un cuarto intermedio, ya no se conectó al verificativo; por lo que, se declaró la improcedencia del recurso, de allí que dichos supuestos no se acomodan al caso concreto, por cuanto, en el asunto que se dilucida en la presente acción de libertad, no se conectó el abogado defensor ni el imputado a la audiencia, y no se declaró la improcedencia del recurso de alzada interpuesto, sino la perención para fundamentar en audiencia; y, 4) Por otra parte, no se presentó elemento probatorio alguno que acredite que la abogada defensora de la peticionante de tutela no fue admitida por el sistema Cisco Webex para participar en la audiencia, así como tampoco que el accionante haya estado cinco minutos después que se instaló el referido acto procesal, aspectos que podían ser demostrados a través de una certificación “…del sistema [que] regula el ingreso a las audiencias…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 55 a 57 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 175/2022 y que la Vocal demandada en el plazo de veinticuatro horas señale nueva audiencia de apelación incidental a desarrollarse de forma presencial; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Del informe de 3 de agosto de 2022, emitido por el Director del Centro Penitenciario San Pedro del señalado departamento se establece que el imputado ingresó a la sala virtual el 1 del mencionado mes y año a horas 9:05. Extremo que fue refutado por la autoridad demandada en sentido que la suspensión de ese actuado procesal se realizó a horas 9:08, y que la abogada defensora se hizo presente en instalaciones de la citada Sala Penal a horas 9:12; ii) Habiendo advertido la inasistencia del imputado y su defensa técnica en el referido actuado procesal, correspondía que la demandada aplique el art. 113 del CPP, asumiendo todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes, advirtiéndose por el contrario que la aludida autoridad no consideró que el accionante se encuentra recluido en el mencionado Centro Penitenciario y que ingresó a la sala virtual con una demora de cinco minutos, no obstante dicha audiencia fue suspendida y declarada la “perención del recurso”; iii) Ante la inconcurrencia de la parte imputada la Vocal demandada podía declarar un cuarto intermedio de quince minutos para verificar si el prenombrado estaba presente o porqué razones no podía ingresar al link proporcionado, no siendo suficiente los ocho minutos otorgados; y, iv) Por otra parte, ante la insistencia de la defensa técnica del impetrante de tutela, en aplicación del art. 105 del CPP debía designar a un abogado defensor de oficio.

En vía de aclaración, enmienda y complementación, la Vocal demandada a través de memorial presentado el 29 de agosto de 2022 cursante a fs. 72 y vta., solicitó se aclare: a) Qué recursos tendría que haber agotado cuando la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro cumplió con la notificación a las partes procesales con el señalamiento de audiencia para la consideración de la apelación incidental; b) Sí ante la incomparecencia de la parte imputada y de su defensa técnica, correspondía o no la aplicación de lo previsto en el art. 49 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; c) Bajo qué normativa se estableció que corresponde declarar un cuarto intermedio de quince minutos, cuando el protocolo de actuación de las audiencias virtuales del Órgano Judicial señala que todas las partes deben conectarse a la audiencia con quince minutos de anticipación de la hora señalada y que en su caso no sería suficiente esperar ocho minutos; y, d) Con base a qué normativa se dispuso que la nueva audiencia de consideración del recurso de impugnación se efectué de manera presencial, tomando en cuenta que el señalamiento de audiencia de forma virtual se realiza en mérito al Instructivo TSJ-PRES 010/2022 de 21 de febrero y el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial a consecuencia de la pandemita por el COVID-19. En sustanciación y resolución de dicha solicitud, la Jueza de garantías por Auto de 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 74 a 75, aclaró la Resolución 01/2022, sin la modificación de fondo de lo resuelto señalando que: 1) “…no dispuso agotarse recursos de conocimiento de un determinado señalamiento de audiencia…” (sic), sino que debía asegurarse la presencia de las partes procesales en la audiencia, tomando en cuenta las circunstancias en las que se encontraba el peticionante de tutela; 2) Lo estipulado en el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, no fue objeto de debate en la presente acción de libertad, por lo que, no ha lugar a lo impetrado; 3) Respecto a que debía declararse cuarto intermedio por el lapso de quince minutos, cabe señalar que esa determinación se asumió conforme al Protocolo de Actuación de Audiencia Virtuales del Órgano Judicial con relación al art. 113.II del CPP, dado que en prevalencia del derecho a la defensa, correspondía asegurar la participación de las partes y en caso que el imputado no compareciere a la misma, establecer si fue en forma justificada o no, para asumir las medidas pertinentes, lo propio con la inasistencia de su defensa técnica, más aun cuando de acuerdo al art. 5.8 del referido Protocolo debía evitarse toda ritualidad o formalidad innecesaria, flexibilizando los procedimientos, “…lo que fortalece el sustento de la resolución constitucional emitida respecto a evitar argumentos inflexibles o drásticos que no aseguren la real participación de las partes en la audiencia virtual…” (sic). Fundamentación que también sustenta que los ocho minutos otorgados de tolerancia no fueron suficientes, máxime si el señalado Protocolo en su art. 6.7 expresa que la autoridad jurisdiccional debe verificar previamente si los sujetos procesales están conectados en sala de audiencia virtual; y, 4) La audiencia se debe desarrollar de forma presencial en previsión del art. 121 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) invocado en el mismo Protocolo de Actuación de Audiencia Virtuales del Órgano Judicial al indicar “…que no se trata del uso telemático o prácticas jurisdiccionales de manera obligatoria…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del Proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilson Elías Colque Castro -ahora accionante- por la supuesta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, cursa Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, por el que se dispuso la detención preventiva del prenombrado, por el plazo de seis meses a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento (fs. 2 a 7). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, la Jueza de la causa, declaró infundada la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por el impetrante de tutela, manteniendo firmes e incólumes las determinaciones asumidas en la anterior audiencia de cesación (fs. 14 a 15 vta.); fallo que de acuerdo al acta de audiencia de la misma data fue impugnado por la parte imputada, disponiéndose la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 8 a 12). II.3. A través de providencia de 18 de julio de 2022, Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada- programó audiencia virtual para la consideración del recurso de apelación incidental para el 1 de agosto de igual año, mediante la plataforma Cisco Webex (fs. 17). II.4. Por Auto de Vista 175/2022 de 1 de agosto, la Vocal demandada, declaró la “…PERENCIÓN a fundamentar el recurso de apelación incidental…” (sic), quedando el Auto Interlocutorio 443/2022 confirmado en su integridad (fs. 18 y vta.). II.5. Mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2022 a horas 11:49, ante la Sala Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el accionante, solicitó se señale nueva audiencia de apelación en atención que no pudo ingresar a la audiencia virtual por razones de logística habida cuenta que, en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado de departamento, no se cuenta con los equipos de computación necesarios y su abogada defensora tuvo problemas de conexión (fs. 19 y vta.). II.6. Por providencia de 1 de agosto de 2022, la Vocal demandada declaró no ha lugar a lo impetrado, debiendo estarse al Auto de Vista 175/2022 (fs. 20).

II.7. Cursa informe de 3 de agosto de 2022, emitido por Carlos Silva Villafuerte, Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro a través del cual hizo conocer a la Vocal demandada que el 1 del mencionado mes y año a horas 9:00, convocó por megáfono al impetrante de tutela en reiteradas oportunidades, quien se “…presentó en la puerta a Hrs. 09:05 aproximadamente donde fue conducido a la sala virtual una vez conectado se tomo conocimiento de que la misma ya había sido suspendida” (sic [fs. 23]). II.8. Consta informe de 24 de agosto de 2022, efectuado por Daniela Gutiérrez Choque, Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por el cual puso en conocimiento de la autoridad judicial demandada que, el 1 de idéntico mes y año, entre horas 9:12 y 9:15 la abogada defensora del accionante se apersonó en ventanilla de atención al público de la referida Sala solicitando ingresar a la audiencia programada en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilson Elías Colque Castro, habiéndosele informado que dicho actuado procesal debía desarrollarse de forma virtual y que la misma había concluido (fs. 48).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa y a ser oído; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, la Vocal demandada programó audiencia virtual para el 1 de agosto de igual año; no obstante, debido a que no pudo ingresar a sala virtual a la hora señalada sino cinco minutos después y que su abogado no logró acceder al link proporcionado, dicho actuado procesal fue suspendido declarándose por Auto de Vista 175/2022 de 1 de agosto, la perención para fundamentar el señalado mecanismo de impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso

Sobre el particular, el art. 119.II de la CPE señala que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. Por su parte, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, estableció que: “…constituye una ‘potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC 1534/2003-R). El derecho a la defensa, a su vez, comprende diferentes derechos; entre ellos el de ser asistido por un abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del CPP, el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del CPP), EL derecho a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del CPP), el derecho a que el Estado le otorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), el derecho a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas y derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes (art. 121 de la CPE). Finalmente, dentro del derecho a la defensa, también se encuentra el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete” (negrillas añadidas). Por su parte, la SCP 0480/2019-S2 de 9 de julio, sostuvo que: “El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues, por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra parte, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello la inviolabilidad del derecho a la defensa, es la garantía fundamental con que cuenta el procesado, que se encuentra prevista en el art. 119.II de la CPE, que señala: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones; por una parte el derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y el derecho a la defensa material que se concreta en ‘el derecho a ser oído’ o ‘derecho a declarar en el proceso’. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material que reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal, y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre; criterio jurisprudencial que es confirmado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, establece que el derecho a la defensa comprende el derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, entendimiento que fue confirmado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo” (el resaltado es nuestro).

III.2. La designación de un defensor estatal o de oficio ante la inasistencia del abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares

Al respecto la SCP 0241/2019-S3 de 1 de julio, precisa que: “De acuerdo a las causales que hacen permisible la suspensión de audiencia, corresponde manifestar conforme al art. 335 inc. 2) del CPP, que si el defensor no comparece a una audiencia para la cual fue convocado, encontrándose debidamente notificado, corresponderá su reemplazo inmediato a cargo del juez o tribunal, esto con el fin de que las partes no se queden sin la defensa técnica, en virtud del derecho a la igualdad que les asiste a las partes procesales y la garantía del derecho a la defensa. Sobre la presencia del detenido en audiencia, cabe referir el razonamiento expuesto en la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, que asumió el entendimiento de la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, estableciendo que: ‘…a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa (…) no es exigible una notificación personal con la audiencia de medidas cautelares en apelación, tratándose de imputados detenidos en recintos carcelarios, se requiere una determinación judicial que autorice su salida; consecuentemente, la autoridad judicial debe emitir la respectiva orden de salida, por cuanto, no depende de la voluntad de la persona detenida preventivamente, asistir o no a la audiencia’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que habiéndose programado audiencia virtual para la consideración de la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, para el 1 de agosto del año citado, a horas 9:00, la Vocal demandada, sin otorgar unos minutos de tolerancia para que se conecte a la sala virtual conjuntamente su abogada defensora, ni agotar los recursos necesarios para asegurar su participación en el indicado verificativo, suspendió la audiencia y pronunció el Auto de Vista 175/2022 de la mencionada data, declarando la perención para fundamentar el señalado mecanismo de impugnación, lesionando de esa forma sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de derecho a la defensa y a ser oído. Puntualizado el problema jurídico, en el caso en revisión se advierte que la presunta irregularidad en la suspensión de la audiencia virtual y la consiguiente emisión del Auto de Vista 175/2022, que declaró la perención para fundamentar el recurso de apelación incidental, opera como la causa directa para la restricción del derecho a la libertad del peticionante, en virtud a que, al haberse suspendido dicho actuado procesal y confirmado el Auto Interlocutorio 443/2022 que declaró infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin otorgar la posibilidad a que el imputado exponga los puntos de agravio que le ocasionaba el Auto Interlocutorio cuestionado, repercute en la posibilidad para que se modifique su situación jurídica y por ende en su derecho a la libertad; más aún al tratarse la problemática denunciada respecto a la audiencia de impugnación de medidas cautelares de carácter personal, en la cual no estuvo presente el accionante ni su abogado, cuestionándose justamente la indefensión que dicho extremo provocó; por lo que, corresponde el siguiente análisis. Ahora bien, de las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, la Jueza de la causa por Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro por el plazo de seis meses (Conclusión II.1). En tal sentido, solicitó la cesación de la medida extrema referida que fue declarada infundada por Auto Interlocutorio 443/2022, por lo que interpuso recurso de apelación incidental que fue remitida al Tribunal de alzada (Conclusión II.2), consiguientemente, habiendo sido radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, la Vocal demandada a través de decreto de 18 de julio de igual año, programó audiencia virtual para su consideración para el 1 de agosto de idéntico año, a horas 9:00 mediante la plataforma Cisco Webex (Conclusión II.3); no obstante, mediante Auto de Vista 175/2022, con el argumento que el accionante ni su defensa técnica se hicieron presentes en el verificativo señalado a efectos de cumplir con la carga procesal para fundamentar los agravios que le ocasionaría el Auto Interlocutorio cuestionado, declaró la perención para fundamentar el señalado mecanismo de impugnación. Al respecto, con el fin de resolver la problemática denunciada resulta pertinente traer a colación lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, la cual es comprendida como la oportunidad que asiste a todo ciudadano para que dentro de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa pueda ser oída, hacer valer sus argumentos o razones, controvertir pruebas e impugnar las decisiones asumidas a través de los recursos establecidos en la ley, desprendiéndose de dicha noción, el derecho a la defensa técnica que permite al procesado pueda contar con un abogado de su confianza o de oficio designado por autoridad competente, constituyéndose ese derecho en irrenunciable; por lo que, las autoridades judiciales están compelidas a verificar que en el desarrollo del proceso el imputado asista a todas las audiencias acompañando de su abogado defensor y el derecho a la defensa material que trasunta en la posibilidad que el imputado tiene para defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso, los cuales se encuentran desarrollados en los arts. 8 y 9 del CPP como irrenunciables desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. De lo expuesto, se colige que la Vocal demandada, lesionó los derechos invocados como denunciados por el accionante, en virtud a que conforme se tiene del contenido del Auto de Vista 175/2022, ante la inasistencia de las partes procesales al acto procesal convocado, una vez advertida la ausencia del accionante y su abogada defensora a la sala virtual, se limitó a otorgar una tolerancia de cinco minutos para que se conecten, para en forma posterior, en el minuto ocho, pronunciar el Auto de Vista 175/2022 que declaró la perención para fundamentar el señalado mecanismo de impugnación disponiendo se mantenga incólume el Auto Interlocutorio 443/2022 (Conclusión II.4). Sin embargo a objeto de garantizar el derecho a la defensa material que le asiste al impetrante de tutela, debió considerar que el aludido se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro y por ello su concurrencia al referido acto procesal no dependía únicamente de su voluntad sino de la diligencia de los señalados servidores públicos; correspondía verificar si su inasistencia no fue por una negligencia de los funcionarios del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro o algún problema de conexión por cuestiones logísticas.

Por consiguiente, la Vocal demandada en previsión del art. 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que estipula: “La jueza, el juez o tribunal bajo ningún caso podrá suspender las audiencias (…) bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes”; debió ejercer dicho poder ordenador y disciplinario y realizar todos los actos necesarios y conducentes a fin de asegurar la participación de las partes procesales al acto convocado de forma virtual, evitando que se suspenda, estando entre sus competencias por ejemplo otorgar una tolerancia de más de cinco minutos para el ingreso a la sala virtual o declarar un cuarto intermedio con el fin de conocer los motivos por los que el detenido preventivamente no habría ingresado, lo cual, en el caso en revisión hubiere sido suficiente para la efectivizarían de la audiencia virtual; toda vez que, del informe de 3 de agosto de 2022 emitido por Carlos Silva Villafuerte, Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro se tiene que el 1 del mencionado mes y año, a horas 9:00, luego de convocar por megáfono al impetrante de tutela en reiteradas oportunidades, se “…presentó en la puerta a Hrs. 09:05 aproximadamente donde fue conducido a la sala virtual una vez conectado se tomo conocimiento de que la misma ya había sido suspendida” (sic [Conclusión II.7]), extremo que acredita que el accionante se conectó a la audiencia de sala virtual en la hora señalada y que dicho verificativo fue suspendido.

Lo anterior conllevó a que la abogada defensora del peticionante de tutela en forma personal se apersone el 1 de agosto de 2022 a las oficinas de la Sala Penal Primera con objeto de hacer conocer que no podía ingresar al link proporcionado y solicitar acepten su ingreso a la sala virtual mereciendo como respuesta por parte de Daniela Gutiérrez Choque, Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que el acto procesal se desarrolló de forma virtual y que había concluido. Aspecto que fue confirmado por la Vocal demandada en su informe oral prestado en audiencia de garantías y la señalada servidora de apoyo jurisdiccional a través del informe de 24 de agosto de 2022 (Conclusión II.8) existiendo únicamente controversia en cuanto a la hora exacta, ya que el accionante asevera que fue a las 9:05 y en el informe se refiere a que habría sido entre horas 9:12 y 9:15.

Extremo que no afecta en la decisión asumirse, en mérito que a pesar de existir esos pocos minutos de diferencia entre las alegaciones de la partes, este Tribunal Constitucional Plurinacional evidencia el criterio restrictivo con el que actuó la autoridad demandada así como el incumplimiento a su deber llevar a cabo la audiencia virtual precautelando que no se afecte el derecho a la defensa del imputado; toda vez que, a pesar de haberse apersonado la abogada defensora en el Despacho Judicial de la demandada y solicitar mediante memorial presentado el 1 del mencionado mes y año a horas 11:49, se señale nueva audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental haciendo conocer las razones de su incomparecencia y la de su patrocinadora, por providencia de igual data la prenombrada declaró no ha lugar a lo impetrado, debiendo estarse al Auto de Vista 175/2022 (Conclusiones II.5 y 6), ratificando se esa forma su equivocada determinación.

Además de lo expresado, este Tribunal Constitucional Plurinacional observa que la Vocal demandada no adecuó su actuar al trámite establecido para el desarrollo de las audiencias, habida cuenta que conforme dispone el art. 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173: “Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código” (énfasis añadido) señalando más adelante que en caso “…el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio (…)” (las negrillas son nuestras) y en relación al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ante la inasistencia de la defensa técnica del imputado a la audiencia de consideración de la apelación incidental, la prenombrada se encontraba obligada a designar un abogado defensor de oficio y a solicitud de este -a objeto de preparar su defensa- suspender la audiencia, programando una nueva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, con la habilitación de horas inhábiles; dado que, no se puede desarrollar una audiencia sin la participación del abogado defensor.

Al no obrar de esa forma, la Vocal demandada lesionó por conexitud el derecho al debido proceso en su vertiente de defensa material y técnica y a ser oído en relación con el invocado derecho a la libertad del accionante, no siendo admisible el argumento de la demandada en sentido a que ante la inasistencia del imputado y de su abogado defensor, pronunció el Auto de Vista 175/2022 que declaró la perención del derecho a fundamentar el recurso de apelación incidental, en aplicación del art. 49.III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, que establece: “Cuando no asista la parte apelante, se declarará la perención de su derecho a fundamentación”; toda vez que, de acuerdo a “…la disposición contenida en el art. 109.II de la CPE, relativa a que los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley, implica; por una parte, que sólo el Órgano Legislativo es el competente para emitir leyes que desarrollen los preceptos o derechos fundamentales -en su sentido material sin alterar su núcleo esencial- contenidos en la Ley Fundamental y a su vez impongan sus límites; y por otra, constituye una restricción frente a otros Órganos -Ejecutivo y Judicial y el Electoral- que intenten regular derechos que sólo puede realizarse a través de una ley…” (SCP 0680/2012 de 2 de agosto [énfasis añadido]) ante el mandato expresó del art. 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173 que claramente establece “Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio…” (las negrillas son nuestras) correspondía que en previsión del principio de legalidad instituido en el art. 180.I de la CPE la demandada aplique ese precepto legal, más aun considerando que toda limitación al ejercicio de los derechos fundamentales, por el principio de reserva legal, solo puede ser impuestas a través de una ley en sentido formal y no así a través de una de carácter normativa inferior, resultando dicha omisión y determinación asumida a través del Auto de Vista 175/2022 en lesiva a los derechos invocados como denunciados; por lo que, atinge conceder la tutela.

Finalmente, respecto a la aseveración realizada por la Vocal demandada, en sentido que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0761/2021-S2 y 0377/2021-S4 aparejadas por el accionante, no eran análogas al caso en análisis, en virtud que en la primera se denunció que la autoridad judicial no revisó la sala de plataforma virtual y aceptó como evidente el informe presentado por el Secretario demandado que hizo conocer que no se encontraban presentes; y en la segunda, se denunció que estando presente en la sala virtual solo el abogado defensor, después de pedir un cuarto intermedio, ya no se conectó al verificativo; es pertinente remarcar que la: “…aplicación obligatoria de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio…” (SCP 0500/2015-S2 de 7 de mayo).

En ese entendido, si bien los hechos fácticos de las resoluciones constitucionales mencionadas contienen alguna característica en particular; no obstante, en ambos fallos constitucionales la problemática de fondo consiste en que ante la incomparecencia del imputado y el abogado defensor a la audiencia virtual programada para resolver el recurso de apelación incidente de una resolución de medida cautelar, la autoridad judicial demandada determinó la improcedencia y/o perención para fundamentar dicho mecanismo de impugnación, confirmando el auto interlocutorio que se habría cuestionado; por lo tanto, existe analogía con la problemática inherente a la presente acción tutelar siendo pertinente o adecuado la aplicación de la jurisprudencia contenida en dichas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 55 a 57 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0023_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

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