B.IA.LEGAL

SCP 0023/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 14 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de febrero de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
57293-2023-115-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de legalidad, congruencia externa e interna; esto debido a que las autoridades accionadas: a) Emitieron el Auto de Vista 444/2022 sin aplicar correctamente los arts. 249.II del CFPF y 17.III de la LOJ, ya que no se puede declarar la nulidad de un acto consentido tácitamente, pues el incidente de nulidad de obrados no fue planteado de manera oportuna en la primera oportunidad hábil por la tercera interesada; b) Se dio una valoración probatoria de los antecedentes del proceso apartada de los marcos de la razonabilidad y equidad, porque no se consideraron los actos procesales de la tercera interesada que demuestran la convalidación; c) Existió falta de congruencia externa e interna, dado que se pronunciaron sobre aspectos no reclamados en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por la tercera interesada y que fueron plasmados en consideraciones de la decisión, llegando a realizar un análisis de fondo inclusive; y, d) Modificaron de oficio la parte final de su decisión contradiciendo la motivación y fundamentación realizada, lo cual es contrario a la seguridad jurídica.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 119/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 762 a 771 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada al evidenciarse la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en su elemento legalidad, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente; y, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional;

2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los elementos del debido proceso congruencia y valoración probatoria; y, la solicitud de costas procesales, daños y perjuicios; y,

3° Exhortar a Miryam Virginia Aguilar Rodríguez y Heriberto Verónico Pomier Madriaga, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la nulidad de los actos procesales
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2025-S2 Sucre, 14 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 57293-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 119/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 762 a 771 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Calle Salgado contra Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 667 a 685, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de un proceso de comprobación de unión libre seguido a instancia suya, Rosa Judith Calle Cortez -ahora tercera interesada- interpuso un incidente de nulidad de obrados por supuestamente habérsele ocasionado indefensión al no haber sido dirigida la demanda en contra de ella. La Jueza Pública de Familia Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, rechazó el incidente de nulidad de obrados mediante Resolución 796/2021 de 30 de julio, ante lo cual la incidentista interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, impugnación que finalmente fue resuelta por Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados- a través del Auto de Vista 444/2022 de 7 de octubre, quienes revocaron la decisión apelada y declararon probado el incidente, disponiendo la nulidad del “…auto cursante a fs. 28… de obrados originales…” (sic) para que se emita una nueva resolución; posteriormente, las mismas autoridades emitieron el Auto de 13 del mismo mes de 2022, por el cual modificaron de oficio la parte dispositiva del mencionado Auto de Vista 444/2022 y dispusieron que ya no se emita un nuevo fallo, sino que se regularice el procedimiento.

Entonces, los actos lesivos a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales son el Auto de Vista 444/2022, así como los Autos de 13, 18, 19 y 21 todos de octubre de 2022, emitidos por los mismos Vocales accionados, pues: a) Se aplicó de forma incorrecta la regla prevista en el art. 249.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, pues no se podía declarar la nulidad de un acto consentido, lo cual se puede dar cuando no se ha reclamado este extremo en la primera oportunidad hábil, como se dio en el presente caso, en el que la tercera interesada convalidó los actos procesales llevados a cabo de manera tácita, al participar de forma directa en la audiencia preliminar de 15 de agosto de 2017, interponer recurso de apelación contra la Sentencia 735/2017 de 15 de agosto y fue notificada con la SCP 0827/2018-S4 de 5 de diciembre, llegándose incluso a archivar el expediente del proceso; b) Se incurrió en una valoración probatoria que se aparta de los marcos de la razonabilidad y equidad al no haberse compulsado adecuadamente los antecedentes del proceso que demuestran el consentimiento de los actos procesales por parte de la tercera interesada; c) Las alegaciones del recurso de reposición bajo alternativa de apelación fueron genéricas y no pueden ser consideradas verdaderos agravios, habiendo en este sentido las autoridades accionadas excedido su competencia al resolver la apelación, pues estos solamente pueden pronunciarse sobre agravios, habiendo actuado con incongruencia externa, ingresado a realizar un análisis de fondo sobre la sucesión hereditaria inclusive y sin considerar los principios que rigen las nulidades procesales; y, d) También existió incongruencia interna por haber resuelto más allá de lo planteado en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, realizando un análisis de fondo sobre una problemática de forma, a pesar de que los propios Vocales accionados delimitaron su competencia al realizar el resumen del contenido de la apelación.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de legalidad, congruencia externa e interna, sin citar ningún precepto constitucional.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponga: a) Dejar sin efecto o anular el Auto de Vista 444/2022 y los Autos de 13, 18, 19 y 21, todos de octubre de 2022, ordenando que se emita una nueva resolución; b) Se establezca la responsabilidad de los funcionarios judiciales en ejecución de fallos; y, c) El pago de costas judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 752 a 761 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en los memoriales de la presente acción de defensa; y, ampliando en audiencia, respondiendo también a la consulta realizada, señaló lo siguiente: 1) No se respetaron las normas de orden público relacionadas a las nulidades procesales, siendo el art. 249.II del CFPF una norma cerrada; 2) A través de la SCP 0827/2018-S4, se denegó una anterior acción de amparo constitucional interpuesto por la tercera interesada, razonando que esta no planteó de manera oportuna un incidente de nulidad de obrados dentro del proceso; 3) De acuerdo al art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, las nulidad del acto solamente procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación del proceso; y, 4) Los vocales accionados modificaron de oficio la parte final de su decisión, pese a que esto está prohibido por seguridad jurídica y contradijeron toda la motivación que hicieron en el Auto de Vista 444/2022.

Asimismo, en respuesta a la pregunta realizada en audiencia, por intermedio de su abogado indicó que el Auto de 5 de abril de 2019 fue notificado a todas las partes procesales, incluyendo a la tercera interesada el 7 de mayo del mismo año.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 698 a 700 vta., refirieron que: i) La jurisdicción constitucional se encuentra impedida de realizar una valoración de la legalidad ordinaria, ni mucho menos valorar la pertinencia o no de los argumentos expuestos en la apelación; ii) El Auto de Vista 444/2022 se encuentra justificado y responde a los agravios expresados por la tercera interesada, pues se indicó que el principio de especificidad respecto a las nulidades procesales no aplica cuando se trata de vulneraciones al debido proceso; y, iii) Piden se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Participación de los terceros interesados

Rosa Judith Calle Cortez, mediante escrito cursante de fs. 741 a 745 vta. y en audiencia a través de su abogado, indicó que: a) El incidente de nulidad de obrados planteado tuvo la finalidad de demostrar la forma errada en la cual fue admitida la demanda extraordinaria de comprobación judicial de unión libre, pues la misma tuvo que ser dirigida contra ella y su hermana en primer lugar, y no contra sus abuelos, vulnerando de esa manera el derecho a la defensa; b) Los actos que nacen a la vida defectuosos, producirán efectos jurídicos defectuosos, mismos que no pueden ser convalidados por la trascendencia que reviste su defectuosidad absoluta e insubsanable; c) El incidente es el primer acto mediante el cual denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial y otros, pidiendo la nulidad de obrados hasta “Fs. 28”; es decir, hasta la observación de la demanda; d) En la audiencia principal solamente participó en calidad de testigo, reconociendo el propio accionante en sus escritos que ella jamás fue parte dentro del proceso, no pudiendo convalidar ningún acto procesal, además de que la autoridad pierde competencia a partir de la emisión de la sentencia y la única forma de reclamo es a través de una apelación y no así planteando un incidente de nulidad, no pudiendo considerarse como una especie de convalidación; e) El impetrante de tutela al solicitar aclaración, enmienda y complementación del Auto de Vista 444/2022, en cuanto a establecer la responsabilidad de la Jueza a quo, ya asumió la legalidad, veracidad y eficacia de la referida Resolución, no existiendo incongruencia externa o interna; f) En cuanto a la SCP 0827/2018-S4, la denegatoria de la tutela fue por el principio de subsidiariedad y justamente porque con anterioridad no se habría planteado la indefensión a través de un incidente de nulidad de obrados; g) Las complementaciones y enmiendas realizadas por las autoridades accionadas no afectan el fondo, sino que son correcciones de forma permisibles por las reglas del proceso civil; y, h) Solicita se deniegue la tutela impetrada. Asimismo, en respuesta a la pregunta realizada en audiencia, por intermedio de su abogado indicó que el Auto de 5 de abril de 2019, jamás fue notificado; empero, que por un mal asesoramiento jurídico recibido anteriormente no impugnó o interpuso el recurso que la ley le podía franquear. Rosa Gabriela Calle Cortez en audiencia por intermedio de su abogado, señaló que por lo dispuesto en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, no podrá declararse la nulidad de un acto cuando fue consentido aunque sea de manera tácita. Luis Cortez Mamani por escrito presentado directamente ante este Tribunal, cursante de fs. 783 a 784 vta., manifestó que no dio por bien hecho ningún actuado viciado de nulidad por la exclusión arbitraria de sus nietas del proceso de comprobación de unión libre y que nunca debió ser parte demandada, además de que no fue notificado con la presente acción de defensa en calidad de tercero interesado, desconociendo sus términos y argumentos; por lo que, pide que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 119/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 762 a 771 vta., concedió la tutela solicitada por la vulneración del derecho al debido proceso, disponiendo dejar sin efecto y la nulidad del Auto de Vista 444/2022 y los Autos de 13, 18, 19 y 21 todos de octubre de 2022; y, que se emita una nueva resolución, sin responsabilidad ni costas. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional ha delimitado la procedencia de las nulidades a varios presupuestos entre los que se encuentra el principio de convalidación, también previsto en los arts. 249.II del CFPF y 17.III de la LOJ; 2) La tercera interesada interpuso una acción de tutela que la habilitó a apelar la Sentencia 735/2017, lo cual hizo en su momento; sin embargo, posteriormente a través de la SCP 0827/2018-S4 se denegó la tutela, lo que conllevó a que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de 5 de abril de 2019, disponga que no va resolver la apelación considerando que la Sentencia 735/2017 ha quedado firme y subsistente, así como todo lo obrado posterior a la providencia de 13 de junio de 2018; decisiones con las que fue notificada a la solicitante de tutela; 3) Existieron momentos oportunos y hábiles para que la tercera interesada reclame la vulneración de sus derechos fundamentales a través de un incidente de nulidad; 4) Este extremo fue omitido arbitrariamente por los Vocales accionados, realizando una motivación arbitraria sin haber revisado adecuadamente los antecedentes del proceso; y, 5) las autoridades accionadas extralimitaron sus facultades al ingresar a analizar cuestiones que no fueron impugnadas por la tercera interesada y no fueron examinadas por la Jueza a quo, como es lo relativo a las nulidades procesales, la nulidad virtual o la sucesión hereditaria, afectando de esa manera la congruencia externa e interna, dado que la tercera interesada presentó su incidente solamente por la afectación de su derecho a la defensa por no haber sido convocada como legitimada pasiva dentro del proceso.

Por otra parte, a solicitud de la tercera interesada, mediante Auto de 30 de junio de 2023, cursante a fs. 775 y vta., se aclaró la Resolución 119/2023, señalando que no se desconoció los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues el propio legislador reguló la forma de activar los mecanismos de defensa y reclamación para hacer valer derechos fundamentales dentro de un proceso y que, si bien los Vocales accionados cuentan con prerrogativas de efectuar la revisión de los antecedentes, la tercera interesada no se encontraba en estado de indefensión, pues realizó actuados que no fueron idóneos sin activar el incidente de nulidad de obrados de manera oportuna.

Asimismo, la solicitud de explicación y complementación formulada por el accionante mediante memorial cursante de fs. 776 y vta., respecto a la responsabilidad de las autoridades accionadas y el pago de costas en su favor; fue declara “sin lugar” a través del Auto de 30 de junio de 2023, cursante a fs. 777, indicando que este aspecto será objeto del pronunciamiento respectivo por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante AC 168/2024-CA/S de 28 de junio, cursante de fs. 789 a 792, se resolvió ha lugar la solicitud formulada por Luis Cortez Mamani, y se dispuso el adelanto de sorteo de la causa, al constatarse de que se trata de un adulto mayor.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene acta de audiencia pública preliminar de 15 de agosto de 2017, dentro del proceso de comprobación de unión libre seguido por Juan Calle Salgado -ahora accionante- contra Luis Cortez Mamani y Ramona Quispe de Cortez, en la cual participó Rosa Judith Calle Cortez -ahora tercera interesada- como hija mayor (fs. 76 y 93).

II.2. Mediante Sentencia 735/2017 de 15 de agosto, la Jueza a quo declaró probada la demanda, reconociendo la unión libre entre el impetrante de tutela y Julia Cristina Cortez Quispe desde el 18 de junio de 1984 al 9 de junio de 2012, fecha de fallecimiento de ésta, con todos los efectos personales y patrimoniales (fs. 94 a 96).

II.3. Cursa memorial de interposición de recurso de apelación presentado el 6 de julio de 2018 contra la Sentencia 735/2017 por parte de la referida tercera interesada (fs. 180 a 184 vta.).

II.4. Por Auto de 5 de abril de 2019, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en atención a lo dispuesto por la SCP 0827/2018-S4 de 5 de diciembre y el informe de antecedentes, determinó que todo lo obrado posterior a la providencia de 13 de junio de 2018 perdió eficacia legal, no correspondiendo la emisión de ningún pronunciamiento sobre la apelación planteada por la tercera interesada, al encontrarse ejecutoriada la Sentencia 735/2017, en cuyo mérito se anulan obrados hasta “fs. 143” inclusive, debiendo la Jueza a quo proseguir la causa en el estado en el que se encuentra (fs. 221).

II.5. Se tiene escrito presentado el 15 de junio de 2021 por la referida tercera interesada, planteando incidente de nulidad de obrados de actos procesales ante la Jueza a quo (fs. 299 a 300 vta.).

II.6. A través de la Resolución 796/2021 de 30 de julio, la Jueza a quo rechazó el incidente de nulidad de obrados, dado que de antecedentes se tiene que la incidentista participó en la audiencia de inspección judicial de 15 de agosto de 2017, teniendo desde esa fecha conocimiento de la tramitación del proceso pero no presentó incidente alguno, además de que interpuso una acción de amparo constitucional cuya tutela fue denegada por la SCP 0827/2018-S4, sin que haya activado recurso alguno y convalidando los actos procesales realizados (fs. 339 a 340).

II.7. Se tiene recurso de reposición con alternativa de apelación presentado el 13 de septiembre de 2021, por la antes señalada tercera interesada, quien en suma alegó sobre los principios que rigen el régimen de nulidades procesales, que se le causó indefensión y que no opera el principio de preclusión, dado que en ningún momento convalidó ningún acto procesal, además de que la Jueza a quo no indicó desde qué momento se apertura o empieza a correr el plazo perentorio para que una persona que no es parte del proceso reclame la vulneración de sus derechos fundamentales (fs. 364 a 371).

II.8. Mediante Auto de 1 de febrero de 2022, se rechazó el recurso de reposición con alternativa de apelación y se confirmó la Resolución 796/2021, corriendo traslado para el recurso de apelación (fs. 587 a 588).

II.9. A través de Auto de Vista 444/2022 de 7 de octubre, de Sucre pronunciado por Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionados-, se revocó la Resolución 796/2021 y declaró probado el incidente de nulidad de obrados, disponiendo la nulidad del “…auto cursante a fs. 28 de obrados originales…” (sic) y se emita una nueva resolución (fs. 694 a 697 vta.).

II.10.Cursan los siguientes actuados emitidos por la referida Sala Civil Primera: i) El Auto de 13 de octubre de 2022, por el cual se enmienda la parte dispositiva del Auto de Vista 444/2022, dejando sin efecto la determinación de que se emita una nueva resolución y en cambio se dispone la regularización del procedimiento por parte de la Jueza a quo; ii) El Auto de 18 del mismo mes y año, mediante el que se rechaza la solicitud de complementación y enmienda formulada por la tercera interesada; iii) El Auto de 19 de igual mes y año, a través del cual en atención a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación formulada por Juan Calle Salgado, se complementa el referido Auto de Vista 444/2022, ordenando que se ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura en cumplimiento del art. 17.IV de la LOJ; y, iv) El Auto de 21 del mismo mes y año, por el cual se enmienda en sentido de rechazar la solicitud de complementación y enmienda “de fs. 454” y se enmienda lo referido al nombre de Juan Calle Salgado (fs. 720 a 723).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho y garantía al debido proceso en sus elementos de legalidad, congruencia externa e interna; esto debido a que las autoridades accionadas: a) Emitieron el Auto de Vista 444/2022 sin aplicar correctamente los arts. 249.II del CFPF y 17.III de la LOJ, ya que no se puede declarar la nulidad de un acto consentido tácitamente, pues el incidente de nulidad de obrados no fue planteado de manera oportuna en la primera oportunidad hábil por la tercera interesada; b) Se dio una valoración probatoria de los antecedentes del proceso apartada de los marcos de la razonabilidad y equidad, porque no se consideraron los actos procesales de la tercera interesada que demuestran la convalidación; c) Existió falta de congruencia externa e interna, dado que se pronunciaron sobre aspectos no reclamados en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por la tercera interesada y que fueron plasmados en consideraciones de la decisión, llegando a realizar un análisis de fondo inclusive; y, d) Modificaron de oficio la parte final de su decisión contradiciendo la motivación y fundamentación realizada, lo cual es contrario a la seguridad jurídica.

Las autoridades accionadas por su parte, alegaron que: 1) La jurisdicción constitucional se encuentra impedida de realizar una valoración de la legalidad ordinaria, ni mucho menos valorar la pertinencia o no de los argumentos expuestos en la apelación; y, 2) El Auto de Vista 444/2022 se encuentra justificado y responde a los agravios expresados por la tercera interesada, pues se indicó que el principio de especificidad respecto a las nulidades procesales no aplica cuando se trata de vulneraciones al debido proceso.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la nulidad de los actos procesales

Sobre el particular, en la SC 0731/2010-R de 26 de julio, reiterada por la SCP 0634/2024-S2 de 25 de septiembre, se razonó lo siguiente:

“…Es decir, la autoridad jurisdiccional debe observar y está obligada a cumplir las reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos, asegurando el derecho al debido proceso y el principio de la seguridad jurídica (SC 0687/2005-R de 20 de junio).

Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no esta expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, ‘la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, ‘Derecho Procesal Civil’, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ‘Nulidades Procesales’).

En concordancia con éste último principio se tiene a la impugnación tardía de las nulidades, que siguiendo al mismo autor Couture, op. cit. p. 396, se da en cuatro supuestos: 1) Cuando la parte que tiene en su mano el medio de impugnación de una sentencia y no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, y en ese caso su conformidad trae aparejada la aceptación; 2) Si tiene conocimiento de la nulidad durante el juicio y no la impugna mediante recurso, la nulidad queda convalidada; 3) Si vencido el plazo del recurso y pudiéndola atacar mediante un incidente, deja concluirse el juicio sin promoverlo, también consiente, y; 4) Pudiendo promover un juicio ordinario, hace expresa declaración de que renuncia a él, también debe reputarse que con su conformidad convalida los vicios y errores que pudieran existir en el proceso.

(…)

De lo que se colige, toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia” (las negrillas nos corresponden).

Asimismo, con relación a dicho entendimiento, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, se señaló que: “…el que demande por vicios procesales, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad” (las negrillas nos pertenecen).

Por otra parte, en cuanto a la nulidad implícita o virtual, en la SCP 0439/2023-S3 de 16 de mayo, que a su vez cita a la SCP 0869/2017-S3 de 4 de septiembre, estableció los siguientes razonamientos:

“‘En el segundo caso -virtual-, la jueza o el juez apreciarán si la forma o el requisito omitido es o no esencial para su validez. No expresa la ley cuándo debe considerarse que se omitió un requisito esencial para la validez del acto; esta cuestión, queda a la libre apreciación de la jueza o del juez. Es decir, que faltando un requisito esencial del acto y cuando la omisión de la formalidad la desnaturaliza este le impide alcanzar el fin para el cual fue pre ordenado por la ley -art. 106.II del CPC-. Una importante innovación del citado Código, en el mismo artículo 106.II, refiere a que tratándose de nulidades virtuales, puede ser solicitada por la persona que no concurrió a causarla a condición de que demuestre interés en la observancia de la norma infringida.

En ese orden, el Código Procesal Civil, cumple estrictamente con la vigencia de los principios que sustentan a las nulidades procesales.

Como se indicó anteriormente, las normas procesales para ser aplicadas en su verdadera dimensión deben corresponder a los principios que las fundamentan, de ahí, que en el Código Procesal Civil se ha previsto que las normas inherentes a las nulidades procesales se encuadren en el marco de los principios universales que las regulen. Al efecto, se tiene que con relación al principio de legalidad, ningún acto procesal podrá ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esta sanción, de conformidad a lo señalado por el art. 105.I del CPC. Luego, en torno al principio de transcendencia, no hay nulidad sin perjuicio, conforme lo determina el parágrafo II del citado artículo.

Por otra parte, con referencia al principio de convalidación, cuando se trate de nulidad virtual; es decir, cuando se presenten defectos formales en el acto que pueden ser subsanados, ocurre cuando el mismo alcanzó su fin o cuando el reclamo no se lo formula en el primer acto, de acuerdo al art. 107.I y III del CPC Posteriormente, según el principio de protección, nadie que provoque un vicio de nulidad podrá ampararse en su propia actividad, según previsión del parágrafo II de ese artículo, contrariamente cuando el acto no alcance su finalidad, carezca de requisitos formales y hubiere provocado indefensión podrá ser declarado nulo”’.

Entonces, si bien la nulidad procesal es una forma de lograr el saneamiento procesal y el respeto de formas o reglas que hacen al derecho y garantía al debido proceso (arts. 115.II y 117.I de la CPE) en todos sus elementos, especialmente el referido al derecho a la defensa; tal determinación debe fundamentarse en los principios que lo rigen y que a su vez precautelan también el debido proceso con relación al principio de seguridad jurídica, pues no puede constituirse en un instrumento para dilatar procesos o entorpecer su resolución; en ese sentido, los referidos principios se encuentran previstos en el Código Procesal Civil, pero también en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que respecto al principio de convalidación dispone en su art. 249.II que: “No podrá declararse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. Constituye confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”, concordante con el art. 17.III de la LOJ: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa, y conocidos los argumentos expuestos por las autoridades accionadas, en primer lugar corresponde atender lo alegado por estas últimas acerca de que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de revisar la actividad de la jurisdicción ordinaria, ni valorar los motivos y fundamentos del Auto de Vista 444/2022 de 7 de octubre. Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria es una labor de la jurisdicción común o de instancias administrativas, sus actos no se encuentran exentos del control de constitucionalidad cuando se produce una vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales, pudiendo ser revisados siempre y cuando se explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa fue lesiva en tres dimensiones distintas: “i) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; ii) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, iii) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, citada por la SCP 0634/2024-S2 de 25 de septiembre, entre otras). En ese sentido, se tiene que el accionante expuso claramente que los Vocales accionados hubieran realizado una errónea aplicación de los arts. 249.II del CFPF y 17.III de la LOJ, con relación al principio de convalidación en el régimen de nulidades procesales en el proceso familiar y lo razonado por la jurisprudencia constitucional, pues a su criterio se tiene que no puede declararse la nulidad de un acto por quien lo ha consentido aún de manera tácita, constituyendo confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil. Entonces, siendo que la consideración de los principios del régimen de nulidades procesales resguardan el debido proceso con relación al principio de seguridad jurídica, evitando que los incidentes de nulidad se conviertan en instrumentos para entorpecer los procesos de manera arbitraria (Fundamento Jurídico III.1), corresponde que la jurisdicción constitucional revise el Auto de Vista 444/2022. Previamente, sobre lo alegado por la tercera interesada respecto a que el impetrante de tutela habría convalidado el Auto de Vista 444/2022 al haber solicitado su complementación, aclaración y enmienda; cabe señalar que de ninguna manera la presentación de una solicitud para aclarar un concepto oscuro, corregir errores materiales o subsanar omisiones en las resoluciones, puede significar su consentimiento, como sería pedir su ejecutoria o ejecución.

Continuando con el análisis de fondo pertinente, el proceso de origen se trata de una demanda de comprobación de unión libre seguida por el accionante contra Luis Cortez Mamani y Ramona Quispe de Cortez, que fue resuelto en primera instancia mediante la Sentencia 735/2017 de 15 de agosto, que declaró probada la demanda (Conclusión II.2); posteriormente, previa interposición de una anterior acción de amparo constitucional, se habilitó a la tercera interesada a apelar dicha Sentencia (Conclusión II.3); sin embargo, dado que a través de la SCP 0827/2018-S4 se denegó la tutela, mediante Auto de 5 de abril de 2019, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se determinó no resolver la referida apelación y confirmar la ejecutoria de la indicada Sentencia 735/2017 (Conclusión II.4). Aproximadamente dos años después, la tercera interesada interpuso un incidente de nulidad de obrados de actos procesales ante la Jueza a quo (Conclusión II.5), el cual fue rechazado por Resolución 796/2021 de 30 de julio, bajo el fundamento de que se convalidaron los actos procesales al no haberse interpuesto de manera oportuna incidente alguno (Conclusión II.6). Al efecto, la ahora tercera interesada, formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, argumentando que: i) No se realizó una adecuada interpretación de los principios que rigen la nulidad procesal, tomando en cuenta que el principio de especificidad no puede sobre ponerse a los de legalidad y trascendencia ante la transgresión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, como es el debido proceso en sus elementos de legítima defensa y demás, pues se le ocasionó indefensión al no permitirle intervenir en el proceso como parte; ii) No puede ser legal que una persona convocada en calidad de testigo asuma defensa en el proceso judicial como si fuese demandada, pues tuvo que ser notificada como tal; iii) No se explicó cuál es el acto legítimo por el cual se cumplió la finalidad pretendida, ni mucho menos cual es la finalidad buscada con la citación a una persona como testigo; iv) A partir de la primigenia tutela otorgada en la acción de amparo constitucional que interpuso, recién fue notificada con la Sentencia 735/2017, ante lo cual en tiempo hábil y oportuno recién presentó recurso de apelación por la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, v) Como efecto de la SCP 0827/2018-S4 y la denegación de tutela solicitada, el Tribunal ad quem no resolvió la apelación, pero cabe resaltar que la jurisdicción constitucional no ingresó al fondo de la controversia y más bien razonó que la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales debía hacerse mediante un incidente de nulidad; y, vi) No opera el principio de preclusión dado que en ningún momento convalidó los actuados procesales y no se indicó desde qué momento se apertura o empieza a correr el plazo perentorio para que una persona que no es parte del proceso reclame la vulneración de sus derechos fundamentales (Conclusión II.7). Este último recurso fue rechazado a través de Auto de 1 de febrero de 2022, y elevada en alzada la apelación (Conclusión II.8), fue resuelta por los Vocales ahora accionados mediante el Auto de Vista 444/2022, quienes revocaron la Resolución impugnada y declararon probado el incidente de nulidad de obrados, con los siguientes fundamentos: a) Considerando las normas sobre sucesión y de la legitimación ordinaria derivada, son los hijos o descendientes los que tienen legitimación en procesos planteados contra el causante; b) Se debe distinguir entre la nulidad procesal y la implícita o virtual, siendo que esta última no se puede convalidar, además que los juzgadores tienen la facultad para declarar la nulidad de actos irregulares cuando vulneren derechos fundamentales, aun cuando no se encuentren expresamente sancionados por norma expresa; c) Por el principio de trascendencia previsto en el art. 248 del CFPF, los actos procesales solamente son válidos cuando han logrado su finalidad y eficacia prevista, siempre y cuando no causen indefensión; d) Si bien se formuló la demanda en contra de las descendientes en un primer momento, esta fue observada en el sentido de que debía ser dirigida contra los padres de Julia Cristina Cortez Quispe, aspecto que fue subsanado y conllevando que el proceso inicie de manera defectuosa, pues se debió haber demandado a las sucesoras quienes realmente tienen interés en el proceso y cuyo resultado les puede resultar perjudicial; y e) La nulidad de dicho acto viciado radica en que fue constituido por la vulneración de garantías constitucionales, haciendo que no resulte aplicable el principio de especificidad por tratarse de una nulidad implícita al vulnerar el debido proceso, no admitiendo convalidación o subsanación (Conclusión II.9). Respecto a la primera problemática referida a la errónea aplicación de los arts. 249.II del CFPF y 17.III de la LOJ, ya que no se puede declarar la nulidad de un acto consentido tácitamente, pues el incidente de nulidad de obrados no fue planteado de manera oportuna en la primera oportunidad hábil por la tercera interesada; como se puede apreciar, lo fundamentado por las autoridades accionadas negó la consideración del principio de convalidación que rige en el régimen de nulidades procesales, también previsto para el caso de los procesos familiares en atención a los arts. 249.II del CFPF y 17.III de la LOJ, realizando de esa forma una interpretación no solo al margen de la legalidad, sino también contraria a la jurisprudencia constitucional, pues si bien las nulidades implícitas o virtuales permiten superar el principio de especificidad, esto no exime de que necesariamente se deba tomar en cuenta los demás principios, como es el de convalidación, ya que la nulidad debe ser reclamada en la primera oportunidad hábil una vez conocido el acto irregular (Fundamento Jurídico III.1). En consecuencia, los Vocales accionados realizaron una interpretación y aplicación del régimen de nulidades en proceso familiar vulnerando el derecho y garantía al debido proceso con relación al principio de seguridad jurídica; ahora bien, este extremo tiene relevancia constitucional por lo explicado por el impetrante de tutela, debido a que de la revisión de los antecedentes del proceso, se puede advertir que la tercera interesada conoció de su existencia hace mucho tiempo atrás, siendo que en un primer momento participó en la audiencia pública preliminar llevada a cabo el 15 de agosto de 2017 (Conclusión II.1), llegando a interponer una acción de defensa inclusive y un recurso de apelación contra la Sentencia 735/2017; y, tal y como lo reconoció la prenombrada en la audiencia de la presente acción de amparo constitucional, fue notificada con el Auto de 5 de abril de 2019, oportunidad o momento en el que no reclamó ninguna nulidad procesal, sino que recién lo hizo aproximadamente dos años después; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, para que las autoridades accionadas emitan una nueva decisión que tome en cuenta en principio de convalidación y los antecedentes procesales identificados al momento de resolver el incidente de nulidad. En lo que respecta a la segunda problemática traída a esa jurisdicción, relativa a que se hizo una valoración probatoria de los antecedentes del proceso apartada de los marcos de la razonabilidad y equidad, al no haberse considerado los actos procesales de la tercera interesada que demuestran la convalidación; sobre este aspecto, se evidencia una deficiente postulación por parte del impetrante de tutela, pues no señala con precisión qué prueba en concreto fue omitida o fue valorada erróneamente, además que los actos procesales o antecedentes del proceso no constituyen elementos probatorios, no correspondiendo atender este aspecto, resultando en la denegatoria de la tutela solicitada. Por otra parte, en cuanto a la tercera problemática, sobre la falta de congruencia externa e interna, de la revisión tanto de la Resolución 796/2021, el recurso de apelación bajo alternativa de apelación interpuesto por la tercera interesada y el propio Auto de Vista 444/2022, se tiene que si bien las autoridades accionadas hicieron referencia a normas aplicables a las sucesiones y su relación al momento de determinar la legitimación pasiva procesal, esto estuvo relacionado a fundamentar sobre la trascendencia del supuesto vicio procesal y la vulneración de derechos fundamentales, siempre con relación a los principios que rigen el régimen de nulidades procesales; por lo que, no se advierte que se hubieran considerado elementos ajenos a lo planteado por las partes al momento de resolver la apelación, no siendo cierto lo alegado por el accionante, por lo que se deniega la tutela impetrada al respecto. Acerca de la última problemática, referida a la denuncia de modificación de oficio del referido Auto de Vista 444/2022, se tiene que mediante Auto de 13 de octubre de 2022, simplemente se enmendó un aspecto formal de su parte dispositiva, referido a la regularización del procedimiento, siendo esto una consecuencia lógica de declarar probado un incidente de nulidad de obrados procesal y que no afecta el fondo de lo decidido, no siendo evidente lo reclamado por el accionante; asimismo, respecto a los Autos de 18, 19 y 21 del igual mes y año, no se realizó argumentación alguna que permita a la jurisdicción constitucional revisarlos; en consecuencia, se deniega la tutela solicitada.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de costas procesales, daños y perjuicios, se debe tomar en cuenta que según el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dicha previsión se constituye en una facultad potestativa por parte de este Tribunal y por lo tanto no obligatoria, encontrándose supeditada al análisis de cada caso; a partir de lo cual, considerando lo desarrollado en el caso concreto, no corresponde su imposición.

III.3. Otras consideraciones

Es necesario considerar el reclamo realizado por Luis Cortez Mamani directamente ante Tribunal, respecto a que no fue notificado en calidad de tercero interesado pese a poder ser afectado en sus derechos, lo cual es evidente, dado que de la revisión de los antecedentes del propio proceso de comprobación de unión libre, se tiene que esta persona constituye parte demandada junto a su esposa, lo cual no fue considerado por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al momento de admitir la presente acción de defensa, omitiendo cumplir lo previsto en el art. 35.2 del CPCo.

Ahora bien, considerando que los argumentos contenidos en su memorial de apersonamiento fueron considerados a tiempo de resolver las problemáticas planteadas, determinándose que la convalidación devino de la propia ahora tercera interesada -mas no así del demandado en el proceso civil de origen- al no haber interpuesto el incidente de nulidad de obrados procesal en el momento procesal oportuno, no amerita anular obrados por lesión del derecho a la defensa del nombrado, en virtud a que ello fue subsanado en etapa de revisión ante este Tribunal.

No obstante, corresponde exhortar a dichas autoridades a efecto de que en un futuro actúen con mayor cuidado y diligencia al momento de revisar los antecedentes del proceso y cumplir con la notificación a los terceros interesados que de manera evidente pudieran verse afectados con la resolución a emitirse.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 119/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 762 a 771 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada al evidenciarse la vulneración del derecho y garantía al debido proceso en su elemento legalidad, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente; y, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional;

2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los elementos del debido proceso congruencia y valoración probatoria; y, la solicitud de costas procesales, daños y perjuicios; y,

3° Exhortar a Miryam Virginia Aguilar Rodríguez y Heriberto Verónico Pomier Madriaga, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0023_2025-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): f8aad5325e2b7bf60b8cc869ab7508a1b8290d8dba9771ddc15b36dbf8aac5fc

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