Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 14 de febrero de 2025
Deniega la tutela
La accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en su faceta adjetiva y sustantiva, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias, a la inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad y a la no discriminación; toda vez que, el Director General coaccionado, por Memorándum con CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023 la desvinculó del cargo que ocupaba: a) Sin ningún juicio previo que provoque la suspensión de la inamovilidad laboral de la que gozaba ni su condición de funcionaria de “carrera”. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 86/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 603 vta. a 614 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2025-S2 Sucre, 14 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 56996-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 86/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 603 vta. a 614 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Kristhel Romero Mendoza contra Rogelio Mayta Mayta, Ministro y Edwin Efraín Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por memoriales presentados el 5 y 12, ambos de mayo de 2023, cursantes de fs. 282 a 296; y, 305 a 306 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
En ejercicio de sus funciones como Profesional VIII-Responsable de Soporte, Actualización y Seguimiento del Sistema Consular, dependiente de la Dirección Departamental Santa Cruz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la solicitud de inamovilidad laboral por tener un hijo menor de edad con discapacidad, el 31 de enero de 2023, fue notificada con dos “resoluciones” expedidas por Edwin Efraín Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos del indicado Ministerio -ahora coaccionado-, plasmadas en: a) Nota GM-DGAA-URH-Cs-25/2022 de 16 de enero de 2023, emitida después de varios meses de efectuada su petición por -Nota Interna VGIC-DDSC-Ni-234/2022 de 5 de mayo-, denegando su inamovilidad laboral impetrada; y, b) Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023 de 31 de enero, por el que fue despedida indebidamente de sus funciones, sin ningún juicio previo que determine la presencia de alguna causal legal de suspensión de la inamovilidad laboral que tuvo por ocho meses, lo cual no correspondía por ser funcionaria de “carrera”, según la propia normativa del mencionado Ministerio y pese de estar protegida con inamovilidad laboral por la normativa Convencional, Constitucional y Legal, por la situación de vulnerabilidad de su hijo menor AA.
Ante tales agravios, y con la esperanza de que se darían cuenta de los abusos cometidos, el 2 de febrero de 2023, interpuso recurso de revocatoria. Luego de que venciera el plazo hábil para respuesta, el viernes 24 de marzo de ese año, fue citada a las dependencias de Cancillería en Santa Cruz de la Sierra. Allí, se le citó con su resolución contenida en la Nota GM-DGGA-URH-Cs-123/2023 de 21 de dicho mes, mediante la cual se resolvía ratificar el memorándum de despido impugnado; argumentado que no le correspondía recurrir contra su despido ilegal y que no era beneficiaria de inamovilidad laboral por la discapacidad de su hijo menor de edad. En ese sentido, se remitió a un informe de Recursos Humanos (RR.HH.) que señalaba lo siguiente: 1) Que la suspensión de su inamovilidad laboral no fue una determinación tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que fue producto de la acreditación de la discapacidad de su hijo menor por parte de su esposo (padre) en la institución donde éste presta servicios; 2) Que los sistemas de registro no admitían más de un “tutor”; 3) Que, como servidora pública de libre nombramiento, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Relaciones Exteriores tenía la absoluta y discrecional potestad para su remoción; 4) Que no le correspondía la restitución a un puesto de trabajo que no ocupaba al momento de su desvinculación; y, 5) Que tampoco sería posible otorgarle la inamovilidad funcionaria por discapacidad, ya que su esposo ya gozaba de ese beneficio. Además, se indicó que no le correspondía el pago de los haberes devengados.
Posteriormente, considerándose en situación de vulnerabilidad, el “21” -siendo lo correcto 28- de marzo de 2023, interpuso recurso jerárquico, que no fue resuelto por el Juez natural, Ministro de Relaciones Exteriores, sino también por el Director General ahora coaccionado -erigiéndose como juez y parte-, por Nota GM-DGAA-URH-Cs-192/2023 de 31 de igual mes, que le fue notificada el 5 de abril de ese año, por la que, manifestando que no tiene legitimación activa para interponer recursos, desestimó su requerimiento y, en consecuencia, ratificó y mantuvo la vigencia en sus efectos el memorándum de desvinculación.
La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso en su faceta adjetiva y sustantiva, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias, a la inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad y a la no discriminación, citando al efecto los arts. 46 y ss., 70 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 2.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: i) La inmediata restitución de sus derechos y garantías suprimidos, dejando sin efecto el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023 de desvinculación laboral y sus resoluciones ratificatorias Notas GM-DGAA-URH-Cs-123/2023 y GM-DGAA-URH-Cs-192/2023; ii) La restitución inmediata en el cargo que legalmente le corresponde como Tercera Secretaria, Profesional VI en Legalizaciones y Asuntos Consulares dependiente de la Dirección Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo en consecuencia además establecerse su inamovilidad funcionaria -por tener un hijo menor de edad- con discapacidad; y, iii) El pago de sus haberes no percibidos en el plazo de setenta y dos horas hábiles y demás obligaciones sociales respectivas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 578 a 603 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando el mismo manifestó que: a) La protección de padres o tutores, alcanza obviamente a ambos progenitores, más aun cuando en el caso es una madre de un hijo menor de edad con discapacidad que pertenece a un grupo vulnerable y goza de protección por la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales, debiendo aplicarse el enfoque interseccional y los principios pro homine y de prohibición de regresividad y aplicar la jurisprudencia que constituye el estándar más alto de protección de derechos fundamentales de conformidad a lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1225/2022-S4 de 19 de septiembre y 1596/2022-S4 de 6 de diciembre, que determinan la garantía de inamovilidad de las personas con discapacidad “…así como de la madre o el padre, conyugue o tutor…” (sic); b) El Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008, establece que la inamovilidad laboral beneficiará a ambos progenitores y no solo al padre o la madre; c) Acreditó su condición de madre de un hijo menor con discapacidad con espectro autista, mediante su carnet de discapacidad, d) La Ley General para Personas con Discapacidad, dispone que el Estado garantiza la inamovilidad laboral de padres, madres o tutores “…en plural, no en singular…” (sic), en igual sentido la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad no favorece solo a uno de los progenitores, por lo que corresponde efectuar una interpretación más extensiva y más amplia cuando se trata de reconocer derechos fundamentales de las personas que se encuentren en los grupos de vulnerabilidad aplicando las normas más favorables de conformidad a lo establecido por el PIDCP, la CADH y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); e) Sobre la garantía del debido proceso, sobre la desvinculación o retiro forzoso, el art. 64.I.7 de la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 465 de 19 de diciembre de 2013- dispone que se produce, como resultado de un proceso administrativo interno ejecutoriado, incompatibilidad manifiesta u otras causales legales sin proceso establecidas en la norma reglamentaria, lo que no aconteció en su caso, más aun el citado artículo en su numeral “2)” -lo correcto es parágrafo II- prohíbe la desvinculación de las servidoras de carrera que no se funde en ninguna causal establecida; empero sin considerar su situación de madre de un hijo con discapacidad se la sancionó degradándole de su cargo, “quitándole su inamovilidad” y despidiéndola, sin ser oída y juzgada en un debido proceso, actuar arbitrario que no solo le causa agravio a su persona sino también a su hijo discapacitado; y, f) En el caso Lagos Del Campo vs. Perú se establece que el despido debe realizarse bajo causas justificadas, debiendo el empleador acreditar la razón suficiente para imponer esa sanción y con las debidas garantías. En uso de la palabra la accionante, expresó: 1) El art. 64 de la CPE, determina que ambos padres tienen el deber de atender en igualdad de condiciones a los hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad, garantizando la protección a los responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones; es decir, no solo protege a un progenitor sino a ambos y a la familia; y, 2) Pide que se comprenda que como madre sus gastos son acumulables por la situación que atraviesan, y que la protección a su hijo debe ser íntegra respecto a su educación, sus tratamientos y terapias que su persona paga.
Rogelio Mayta Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores, a través de su representante legal, por informe escrito, cursante de fs. 536 a 549, y en audiencia manifestó que: i) Durante la gestión 2018, la ex servidora, hoy accionante, puso en conocimiento su estado de gestación, y por Nota Interna VGIC-DDSC-Ni-521/2020 de 16 de octubre, hizo saber que sus hijos se encuentran afiliados al seguro de su esposo, por lo que la gestión del subsidio prenatal y posnatal se harían desde esa afiliación; ii) Por Nota Interna VGIC-DDSC-Ni-234/2022, la impetrante de tutela solicitó inamovilidad funcionaria al haber sido su hijo AA diagnosticado con discapacidad mental o psíquica, en grado moderado, certificado con Carnet de Discapacidad 179376; iii) El 28 de diciembre de 2022, la Dirección General de Asuntos Administrativos, velando porque las decisiones administrativas que tome, estén respaldadas, solicitó a la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, información para determinar quién se encuentra registrado como tutor, padre o madre del menor con discapacidad, debido a que en el proceso de remisión de las planillas salariales de noviembre de ese año a través de la oficina virtual, se reportaron observaciones a la peticionante de tutela, quien contaba al momento con el registro de personas con discapacidad a su cargo ante la presentación de documentación de respaldo de su hijo con discapacidad; iv) La referida solicitud de información fue respondida el 10 de enero de 2023 con CITE: MTEPS-VMTPS-DGTHSO-YAMM-0020-CAR/23, por la cual, el Director General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, manifiesto, que Diego Jhoan Delgadillo Moreira se encuentra registrado como "TUTOR" del menor AA, en la empresa con la razón social: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte Sociedad Anónima (S.A.) en la Plataforma ‘“Eustaquio Moto Méndez”’; misma que fue puesta en conocimiento de la accionante; v) La Dirección General de Asuntos Administrativos, emitió el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023, por medio del cual se dispuso la desvinculación de la impetrante de tutela, en conocimiento de que la precitada no tenía el beneficio de inamovilidad laboral, ya que la misma no se encontraba registrada en el indicado Sistema; vi) Posteriormente, el 2 de febrero de dicho año, la peticionante de tutela interpuso recurso de revocatoria sobre la denegación de inamovilidad laboral y contra el memorándum de desvinculación; vii) Ante tal circunstancia, a fin de contar con documentación de respaldo, la mencionada Dirección General, remitió consultas respecto al caso al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS); en respuesta, el Profesional en Atención, Gestión y Seguimiento en Discapacidad del CONALPEDIS, remitió la Nota MJTI-CONALPEDIS 033/2023 de “14” -lo correcto es 15- de febrero, adjuntando el Informe Cite: MJTI-DGEC-INF-Z-18-2023 -de 14 de igual mes-; así como, el Informe MTEPS-DGP-UTIC-AIE-JPT-0051-INF/23 de 3 de marzo de 2023, emitido por el Técnico de Estadística de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por el cual señaló: “…con referencia al ‘Nombre del padre/madre o tutor de (…) y empresa donde se encuentra registrado según el SIPRUNPCD y/o la Plataforma ‘Eustaquio Moto Méndez’ a enero de 2023, se debe mencionar que DELGADILLO MOREIRA DIEGO JHOAN (…), está registrado como ‘TUTOR’ de (…[menor AA]), en la empresa con la razón social: `YPFB TRANSPORTE S.A.’ (…) hasta febrero de la gestión 2023, en la ‘INFORMACIÓN DE BENEFICIOS’ DE LA Plataforma ‘Eustaquio Moto Méndez’, motivo por el cual no se podría registrar a otra persona como ‘TUTOR’” (sic); viii) Ante la solicitud de resolución de recurso de revocatoria, por Nota Interna GM-DGAJ-UAJ-Ni-304/2023 de 14 de marzo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, refirió ausencia de legitimación activa para interponer recursos por vía administrativa en su condición de servidora pública de libre nombramiento; y, por Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023, fue ratificada el memorándum de desvinculación; ix) Por memorial de 27 del citado mes y año, la accionante dedujo recurso jerárquico contra la Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023, respecto al memorándum de desvinculación; en respuesta, la mencionada Dirección, emitió la Nota GM-DGAA-URH-Cs-192/2023, manteniendo la indicada decisión; y, x) Finalmente, de acuerdo a los memorándums de designación, la impetrante de tutela no es una servidora pública de carrera sino de libre nombramiento. Edwin Efraín Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien se hizo presente a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar no se advierte su intervención.
Roger Lidio Chuquimia Mamani, en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia alegó que: a) Fue citado en calidad de tercero interesado, por haber emitido los informes, tanto de la Dirección General del Trabajo, de la Unidad de Tecnologías de Informaciones, y un Informe de la Dirección General del Servicio Civil; pero llama la atención que la accionante tanto en su memorial ni de manera verbal hizo mención a los indicados documentos que merecen ser considerados; b) La preocupación del Ministerio de Trabajo, radica en que se pretenda beneficiar a una segunda persona con la inamovilidad laboral; puesto que, de los informes a los que hizo referencia y otros que detallara, justifican del por qué, no correspondería lo peticionado a la ahora impetrante de tutela; c) El Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy accionado, en su momento solicitó, quien sería el beneficiario del menor AA con discapacidad, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo remitió el Informe CITE: MTEPS-VMTPS DGTHSO-YAMM-0020-CAR/23, por el que en relación a la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que Delgadillo Moreira Diego Jhoan, se encuentra registrado como tutor del menor con discapacidad, en la empresa YPFB Transporte S.A.; d) De la Plataforma Eustaquio Moto Méndez, que es administrada por el Ministerio de Trabajo, también fue emitida el Informe 0146 de 7 de marzo de 2023, y un informe del área técnica, por el que se establece que la peticionante de tutela fue registrada como beneficiaria o tutora de la inamovilidad laboral del menor con discapacidad; empero, a partir de septiembre de 2022, ya fue registrado como tutor o beneficiario de esta inamovilidad laboral, Delgadillo Moreira Diego Jhoan, en la plataforma Eustaquio Moto Méndez, de lo cual de una contrastación o verificación de esa información, a la fecha, 5 de mayo de 2023, sigue registrado como beneficiario el padre del menor, no existiendo ninguna interrupción; e) Dicha situación ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante esta Nota 0146/2023 -no cita fecha-, donde además se ha recalcado, que de conformidad a lo establecido en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, se garantiza la inmovilidad laboral de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, el tutor o la tutora, no ambos, la norma y la ley, establece a esa limitación, a que no pueden ambos tutores o padres beneficiarse de esta discapacidad; y, f) La Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, tiene por objeto establecer la inserción laboral en sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, ratifica la conjunción disyuntiva “o”; asimismo, el DS 3437 -de 20 de diciembre de 2017- que reglamenta dicha Ley, establece los requisitos para ser beneficiario del derecho a la inamovilidad laboral; igualmente, de la plataforma del Registro Obligatorio de Empleadores, también se tiene que a la fecha, se encuentra registrado el padre del menor AA; de ahí que, la oficina virtual de trámites, no permiten registrar a más de un beneficiario de esa inamovilidad, lo contrario implica ir contra la citada Ley, sus Decretos Reglamentarios y del Sistema Eustaquio Moto Méndez. Por su parte, el representante del Defensor del Pueblo, en audiencia expreso que, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0931/2019-S4 de 22 de octubre y 1225/2022-S4 de 19 de septiembre, garantizan la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, asimismo, art. 70 de la CPE, establece ‘“que toda persona con discapacidad tiene derecho a ser protegido por el estado y su familia”’ (sic); por tal motivo, se trata de garantizar y proteger los derechos del menor que, además de su estado de vulnerabilidad como menor de edad, cuenta con una discapacidad, aspectos que deben ser considerados a fin pronunciar la resolución que corresponda.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 86/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 603 vta. a 614 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023, emitida por el Director General ahora coaccionado, a los efectos de que dicha autoridad en el marco de lo señalado en los arts. 28, 29 y ss., de la Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010, y en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, remita recurso jerárquico ante la autoridad competente, cual es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a efectos de que se emita lo que en derecho corresponde; y, 2) Denegó respecto a los demás derechos señalados por la accionante, en virtud a los fundamentos expuestos en la presente resolución, sin la imposición de costas para las partes por ser excusable; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: i) De los argumentos expuestos por las partes, y no controvertidos, se puede advertir que la ahora impetrante de tutela una vez notificada con el memorándum de su desvinculación laboral, interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, dando lugar a la Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023, emitida por el Director General ahora coaccionado, por la que ratificó y mantuvo vigente la ejecución de dicho memorándum; ii) Sin embargo, la autoridad accionada en el marco de lo dispuesto, entre otras, en la SCP 1620/2022-S4 de 12 de diciembre, en relación con lo dispuesto en la RM 014/10, ante la interposición del recurso jerárquico debió remitir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a los efectos de que “dicho Ministerio”, en el marco de sus competencias, conozca y sustancie el recurso jerárquico; toda vez que, a la luz de lo señalado en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma abarca el derecho a la impugnación de todo tipo de funcionario, incluso los provisorios, designados, de libre nombramiento, entre otros; iii) Situación que, al no haberse realizado por parte de la autoridad ahora accionada, genera en consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso, en su vertiente juez natural por parte la autoridad que emitió la indicada Nota; por lo que, corresponde dejar sin efecto la misma, a los efectos de que la autoridad accionada remita de manera inmediata ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, el recurso jerárquico interpuesto por parte de la ahora peticionante de tutela; iv) Por otra parte, no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada, al haberse advertido a partir de toda la documental que se acompaña, la existencia de hechos controvertidos, que deberán ser dilucidados, por la instancia jerárquica que es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, considerando que no le compete a esta Sala Constitucional definir derechos que no estuvieran consolidados a su titular, ni mucho menos analizar hechos controvertidos, que atañe únicamente a la jurisdicción administrativa; v) Asimismo, a partir de la documental relevante del caso, se advierte que el menor AA, se encuentra protegido, al estar registrado y afiliado a la Caja Petrolera de Salud (CPS), teniendo como beneficiario al esposo de la ahora accionante, trabajador dependiente de la empresa YPFB Transporte S.A, quien cuenta con la inamovilidad laboral, como consecuencia del registro realizado, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad y su Decreto Supremo reglamentario entre otros; vi) Situación por la cual, y al existir esa protección al menor, se evidencia que no existe el daño inminente que alega la peticionante de tutela y más al contrario, se estableció la existencia de hechos controvertidos que deberán ser dilucidados por la instancia jerárquica, en este caso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, vii) Por lo que, corresponde conceder en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al debido proceso, en su vertiente del derecho al juez natural, con la determinación asumida en la parte dispositiva -adicionalmente- debiendo el Ministerio señalado derivar el caso al Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, para su correspondiente tramitación hasta la elaboración del informe en conclusión, y que sirva de sustento al Ministro para dictar la resolución en igual plazo. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte accionada solicitó pronunciamiento respecto a que en los fundamentos de la citada Resolución se invocó la RM 014/10, como norma que habilita la posibilidad de que el recurso jerárquico sea remitido ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su propia legislación que es la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que no reconoce la posibilidad de que un recurso jerárquico sea remitido al Ministerio de Trabajo; asimismo, de acuerdo a la clasificación de servidores públicos que realiza el art. 42 de la citada Ley, la accionante ocupaba un cargo de libre nombramiento, y en tal virtud el Ministro -hoy accionado-tenía facultad para desvincularla de la función pública, y la precitada en dicha condición no tiene la posibilidad de ejercer actos de impugnación a través de los recursos de revocatoria y jerárquico. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pidió se aclare, cuál el fundamento para dilucidar hechos controvertidos en la vía administrativa. Ante ello, la Sala Constitucional, expresó que, al ser claros y precisos los fundamentos, declaró no ha lugar a ambas solicitudes.
Mediante Auto Constitucional (AC) 223/2024-CA/S de 20 de agosto, cursante de (fs. 642 a 645), ante la solicitud efectuada por Kristhel Romero Mendoza -hoy accionante-, de adelanto de sorteo, por tener bajo su dependencia a su hijo menor de edad AA con discapacidad, en lo pertinente resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum CITE: GM-DGAA-Me-242/2021 de 26 de febrero, Edwin Efraín Contreras Mamani, Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores -ahora coaccionado-, comunicó a Kristhel Romero Mendoza -hoy accionante-, que en aplicación de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 -Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020- a partir del 29 de enero de 2021, ocupaba el puesto de Profesional VIII-Responsable de Soporte, Actualización y Seguimiento del Sistema Consular, dependiente de la Dirección Departamental Santa Cruz, con el ítem 296, con un haber mensual de Bs10 173.- (diez mil ciento setenta y tres bolivianos [fs. 101]). II.2. Cursa carnet de discapacidad 179376 del menor de edad AA, extendido por el “Ministerio de Salud”, en el que se consigna tipo de discapacidad, mental o psíquica; moderado; fecha de emisión, 3 de mayo de 2022 y de vencimiento, 3 de mayo de 2028 (fs. 16); asimismo, de acuerdo al certificado de nacimiento y a la cédula de identidad del niño, su madre es Kristhel Romero Mendoza -hoy impetrante de tutela- y padre Diego Jhoan Delgadillo Moreira (fs. 7 a 8). II.3. Consta Nota Interna VGIC-DDSC-Ni-234/2022 de 5 de mayo, dirigida a Eva Gloria Chuquimia Mamani, Viceministra de Gestión Institucional y Consular, mediante la cual la peticionante de tutela haciendo conocer que su hijo menor AA de tres años presenta discapacidad mental o psíquica, calificada con grado moderado, con carnet de discapacidad 179376, solicitó el registro de su inamovilidad funcionaria y ante el cambio y supresión de su cargo, reiteró su restitución (fs. 299 a 300 vta.). II.4. Por Nota GM-DGAA-URH-Cs-25/2022 de 16 de enero de 2023, el Director General coaccionado en respuesta a la ante dicha solicitud comunicó a la accionante que lo impetrado no corresponde; puesto que, en cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad y la RM 212/18 -de 1 de marzo de 2018-, las planillas mensuales de sueldos deben ser remitidas a través de la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social y deben contener la información sobre el personal dependiente con discapacidad, así como la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad. Además, su registro como madre de persona con discapacidad declarado en las planillas fue observado y de acuerdo a confirmación realizada por las instancias correspondientes, no es la tutora del menor AA, siendo el beneficiario con ese derecho Diego Jhoan Delgadillo “Moreita” -siendo lo correcto Moreira- (padre), dependiente de YPFB Transporte S.A. (fs. 174). II.5. A través Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023 de 31 de enero, recibido en igual fecha, con referencia: “Desvinculación”, el Director General hoy coaccionado, con la facultad otorgada por la RM 146/2021 de 7 de octubre, agradeció los servicios de la accionante. Asimismo, consta la firma de recepción de la nombrada (fs. 175). II.6. Por memorial presentado el 2 de febrero de 2023, ante el Director General coaccionado, la peticionante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra las decisiones de denegar su solicitud de inamovilidad laboral y el memorándum de desvinculación de su fuente laboral, pese de tener un hijo con discapacidad, pidiendo dejar sin efecto dicho memorándum y la restitución en el cargo que legalmente le corresponde como Tercer Secretario, Profesional VI en Legalizaciones y Asuntos Consulares dependiente de la Dirección Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo en consecuencia establecerse su inamovilidad funcionaria, incluyendo el pago de sus haberes; petición que fue reiterada el 15 de citado mes y año (fs. 176 a 187). II.7. Ante la falta de pronunciamiento y silencio administrativo, el 7 de marzo de 2023, la accionante, presentó recurso jerárquico, pidiendo la inmediata remisión de obrados al superior (fs. 188 a 200). II.8. Por Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023 de 21 de marzo, el Director General coaccionado, en respuesta a los memoriales de recurso de revocatoria y jerárquico, puso a conocimiento de la impetrante de tutela, el Informe Técnico GM-DGAA-URH-In-41/2023 de 10 de igual mes, emitido por la Unidad de RR.HH., y Nota Interna GM-DGAA-UAJ-NI-304/2023 de 14 de dicho mes, pronunciado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, señalando que no tiene derecho a la inamovilidad laboral por ser tutora de una persona -su hijo- con discapacidad; por cuanto dicho beneficio lo estaría gozando su esposo -padre del menor de edad-; y, que no tiene legitimación activa para interponer recursos administrativos, por ser funcionaria de libre nombramiento; por lo que, desestimando la solicitud de inamovilidad laboral por discapacidad, ratificó y mantuvo la ejecución del memorándum de desvinculación (fs. 201 a 202). II.9. Contra la referida Nota, el 28 de marzo de 2023, la peticionante de tutela nuevamente dedujo recurso jerárquico, pidiendo sea inmediatamente remitido al superior jerárquico; en respuesta, mediante Nota GM-DGAA-URH-Cs-192/2023 de 31 de ese mes, el Director General coaccionado, ratificando la decisión anterior, expresó que, la Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023, no debe ser entendida como resolución al recurso de revocatoria presentado, ya que en su calidad de funcionaria de libre nombramiento no tiene legitimación activa para interponer los recursos de impugnación respecto al acto administrativo de su desvinculación laboral, habiendo sido las decisiones de su incorporación y desvinculación, facultad privativa de la MAE del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme el art. 233 de la CPE, 4 y 42 de la Ley 465 (fs. 203 a 212).
La accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en su faceta adjetiva y sustantiva, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias, a la inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad y a la no discriminación; toda vez que, el Director General coaccionado, por Memorándum con CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023 la desvinculó del cargo que ocupaba: a) Sin ningún juicio previo que provoque la suspensión de la inamovilidad laboral de la que gozaba ni su condición de funcionaria de “carrera”. Asimismo, los recursos que presentó fueron resueltos por el nombrado, arguyendo que no correspondía que interponga dichos medios de impugnación por constituirse en servidora pública de libre nombramiento; y, b) Tampoco tomó en cuenta que es madre de un menor con discapacidad; ya que se le negó su solicitud de inamovilidad con el argumento de que el padre de su hijo ya se encuentra beneficiado con dicha garantía en la institución donde trabaja, criterio que considera restrictivo, puesto que ambos progenitores deberían gozar con dicha garantía. Al respecto, la parte accionada alegó que, la accionante al tener la condición de servidora pública de libre nombramiento y no de funcionaria de carrera, no correspondía iniciar un proceso previo para desvincularla; asimismo, respecto a la inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad, indicó que de la interpretación desarrollada en la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad y de su Decreto Supremo Reglamentario, establecen la disyuntiva “o”, es decir, que la inamovilidad laboral se le otorga al padre o a la madre, no así a ambos, como pretende interpretar la precitada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La carrera administrativa y el escalafón diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores se regula por su legislación especial aplicable, así está dispuesto en el art. 3.III del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, modificado por el art. 1 de la Ley 2104 de 21 de junio de 2000. En ese sentido, la Ley 465 es la norma aplicable al caso de análisis, dado que es vigente al momento de la comisión del hecho alegado como lesivo y que ahora es objeto de análisis.
Al respecto, la SCP 0192/2023-S3 de 5 de abril, sostuvo que: “El art. 233 de la CPE establece que los funcionarios públicos son personas que desempeñan funciones públicas y forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, designados y de libre nombramiento. En correspondencia con la norma constitucional, el Estatuto del Funcionario Público es una ley general que tiene por objeto -entre otros-regular la relación del Estado con sus funcionarios públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y cuyo ámbito de aplicación abarca a todos los funcionarios públicos que presten servicios con relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas; las carreras administrativas en el Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, entre otros, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto. En sintonía con el diseño constitucional vigente desde 2009, en cuanto al ámbito del Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, se encuentra regulada por la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 465-, cuyo objeto -entre otros- es establecer la naturaleza del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, regular su estructura orgánica, funciones, relacionamiento, coordinación y la supervisión de los funcionarios públicos que lo integran, en el marco de la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, es necesario destacar que, entre los derechos de los funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra el de la estabilidad laboral, tratándose de funcionarias o funcionarios públicos de carrera, de acuerdo a lo previsto en la citada Ley; reconocimiento que deriva del derecho a la estabilidad laboral establecido para los funcionarios públicos de la carrera administrativa en general en el Estatuto del Funcionario Público. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que por determinación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 465 todo funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores debe adecuar el desempeño de sus funciones a la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, previa evaluación individual por el Consejo Evaluador y Calificación de Méritos, norma fijada en los siguientes términos: ‘Todas las servidoras y los servidores públicos que actualmente desempeñan funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán adecuarse a la presente Ley, previa evaluación individual a cargo del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos, cuando corresponda, a cuyo efecto, se adoptarán todas las medidas necesarias para la organización e implementación plena del nuevo Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en un plazo máximo de transición de dos (2) años calendario, computable a partir de la aprobación de la Norma Reglamentaria correspondiente’. Asimismo, es preciso señalar que por el artículo único de la Disposición Abrogatoria y Derogatoria de la Ley 465, se abrogó la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores -Ley 1444-” (las negrillas nos corresponden).
La Constitución Política del Estado, haciendo referencia a las prerrogativas y derechos de las personas con discapacidad, señaló en el art. 70 lo siguiente: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado” (las negrillas son añadidas). Por su parte, el DS 29608, modificó el art. 4 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4.- (OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN PREFERENTE). I. El Poder Ejecutivo conformado por sus Entidades, Instituciones, Superintendencias y Empresas Públicas (sean de carácter descentralizado, desconcentrado, autárquico o de cualquier otra naturaleza); las Fuerzas Armadas; Policía Nacional; Prefecturas de Departamento; así como, los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local; tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad, en un promedio mínimo de cuatro por ciento (4%) del total de su personal”.
De otro lado, la Ley 977, en su art. 2.V, dispone que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (el resaltado nos corresponde).
De cuya interpretación sistemática, se puede deducir que el fin de esta disposición es otorgar inamovilidad laboral a la persona discapacitada, y a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave, previendo para tal caso la preferencia de su contratación; en tal sentido, del contenido normativo del art. 2.V citado, se tiene que la otorgación de la inamovilidad laboral alcanza no solo a las personas con discapacidad, sino también, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave; disposición que se enmarca a toda la construcción normativa dirigida a la protección reforzada del grupo vulnerable integrado por personas con discapacidad; y más aún, si se trata de un menor de edad con discapacidad, por el deber que tiene el Estado, de velar siempre por el interés superior de la niña, niño y adolescente; así lo estableció la Norma Suprema en su art. 60 al señalar que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.
Precisada la problemática, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente y las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la accionante, fue designada por Memorándum CITE: GM-DGAA-Me-242/2021 de 26 de febrero, emitido por el Director General ahora coaccionado, en el cargo de Profesional VIII-Responsable de Soporte, Actualización y Seguimiento del Sistema Consular, dependiente de la Dirección Departamental Santa Cruz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esa condición, mediante Nota Interna VGIC-DDSC-Ni-234/2022 de 5 de mayo, dirigida a la Viceministra de Gestión Institucional y Consular, solicitó el registro de su inamovilidad funcionaria por tener un hijo con discapacidad, adjuntando el carnet de discapacidad 179376, extendido por el “Ministerio de Salud”, en el que se consigna tipo de discapacidad, mental o psíquica; moderado; con vigencia del 3 de mayo de 2022 al 3 de mayo de 2028. En efecto, por Nota GM-DGAA-URH-Cs-25/2022 de 16 de enero de 2023, el Director General hoy coaccionado, comunicó a la accionante que lo impetrado no corresponde; puesto que, su registro como madre de persona con discapacidad declarado en las planillas fue observado y de acuerdo a confirmación realizada por las instancias correspondientes, no sería la tutora del menor AA, siendo el beneficiario con ese derecho su padre Diego Jhoan Delgadillo Moreira, dependiente de la empresa YPFB Transporte S.A. Posteriormente, a través Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023 de 31 de enero, el Director General coaccionado, comunicó a la impetrante de tutela el agradecimiento de sus servicios; como emergencia de tal determinación, al considerar lesiva a sus derechos la denegatoria de su solicitud de inamovilidad laboral y el memorándum de desvinculación de su fuente laboral, pese a tener un hijo con discapacidad, el 2 de febrero del citado año, ante el referido Director, interpuso recurso de revocatoria. Asimismo, ante la falta de pronunciamiento y silencio administrativo, el 7 de marzo de ese año, presentó recurso jerárquico, pidiendo la inmediata remisión de obrados al superior.
En respuesta, el Director coaccionado, por Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2021 de 21 de marzo, puso a su conocimiento el Informe Técnico GM-DGAA-URH-In-41/2023 de 10 de dicho mes, emitido por Unidad de RR.HH., que en su parte conclusiva, refirió que: 1) El beneficio de inamovilidad laboral es otorgado en favor de aquellos que reporten y acrediten en la entidad donde trabajan, su condición de persona con discapacidad o de padre, madre o tutor de personas con discapacidad, información que al ser registrada en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) por parte de la entidad, se cruza con los diferentes sistemas de información interoperables vigentes (Plataforma "Eustaquio Moto Méndez”, ROE, Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad [SIPRUNPCD], y otros); 2) Los sistemas de información no admiten el registro de más de un “tutor” de personas con discapacidad a efectos de la otorgación del beneficio de inamovilidad laboral; 3) La desvinculación laboral no puede entenderse como una vulneración a los derechos y garantías que el Estado boliviano ofrece a las personas con discapacidad, puesto que su hijo menor con discapacidad, continúa registrado como beneficiario de inamovilidad laboral, así como del seguro social a corto plazo, por parte de su padre, en la empresa YPFB Transporte S.A.; 4) Por lo que, no es posible establecer inamovilidad funcionaria por discapacidad, al haberse otorgado el mismo a favor del padre del menor, debiendo considerarse, bajo el principio del interés superior del niño que el beneficio de la inamovilidad está orientado a garantizar que la familia del menor con discapacidad cuente con una fuente de trabajo estable que pueda garantizar su cuidado, protección y desarrollo adecuado; beneficio que el menor no ha perdido; y, 5) Conforme al pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante Nota Interna GM-DGAJ-UAJ-Ni-304/2023 de 14 de igual mes, a la peticionante de tutela no le corresponde interponer el recurso de revocatoria contra el Memorándum CITE: GM-DGAA-URH-Me-48/2023; y al justificarse que no es beneficiaria de inamovilidad laboral por discapacidad, corresponde desestimar sus requerimientos, ratificando y manteniendo su ejecución, validez y vigencia en sus efectos el memorándum de agradecimiento de servicios. Contra la mencionada determinación, formuló nuevo recurso jerárquico, pidiendo sea inmediatamente remitido al superior jerárquico; en respuesta, el Director General coaccionado, ratificando la decisión inicial, mediante Nota GM-DGAA-URH-Cs-192/2023 de 31 de marzo, expresó que, la Nota GM-DGAA-URH-Cs-123/2023 no debe ser entendida como resolución al recurso de revocatoria presentado, ya que en su calidad de funcionaria de libre nombramiento no tiene legitimación activa para interponer los recursos de impugnación respecto al acto administrativo de su desvinculación laboral, habiendo sido las decisiones de su incorporación y desvinculación, facultad privativa de la MAE del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme el art. 233 de la CPE, 4 y 42 de la Ley 465. Así contextualizados los elementos fácticos y la problemática a tratarse en el caso concreto, corresponde referirse a la primera problemática, en la que la accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus facetas adjetiva y sustantiva; puesto que, se procedió a su desvinculación laboral sin un debido proceso y sin que exista causal, desconociendo que es una funcionaria de carrera; por lo tanto, con estabilidad laboral; y, ante los recursos -de revocatoria y jerárquico-presentados contra la negativa a su solicitud de inmovilidad laboral y posterior desvinculación laboral, fueron resueltos por el Director General ahora coaccionado, arguyendo que no correspondía que interponga dichos medios de impugnación por constituirse en servidora pública de libre nombramiento. Al respecto, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, mediante Memorándum CITE: GM-DGAA-Me-242/2021, el Director General coaccionado, designó a la hoy accionante como Profesional VIII-Responsable de Soporte, Actualización y Seguimiento del Sistema Consular, dependiente de la Dirección Departamental Santa Cruz del Ministerio de Relaciones Exteriores; de donde se tiene que la impetrante de tutela, conforme a la clasificación y definición prevista en el art. 42.I.2 de la Ley 465, era una funcionaria de libre nombramiento y no funcionaria pública de carrera; toda vez que, su ingreso no fue por intermedio del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos, que se constituye en la autoridad competente para aprobar las solicitudes de reincorporación que sean presentadas por las y los servidores públicos de carrera, conforme al art. 38.2 de la indicada Ley; ello, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, bajo dicha calidad la precitada no gozaba de estabilidad laboral, pudiendo ser desvinculada de su fuente laboral por la entidad empleadora de manera unilateral en el momento que la institución así lo decidiera; sin que ello implique de forma alguna, que la institución accionada, se viera en la obligación de explicar los motivos de la destitución y menos aún, de iniciar un proceso previo a dicho efecto. En esta misma línea de razonamiento, al no ser la peticionante de tutela servidora pública de carrera, sino provisional, tampoco se advierte que la no resolución de fondo de los recursos de revocatoria y jerárquico por parte de la autoridad accionada, sea lesivo de sus derechos, por cuanto su desvinculación fue producto de la decisión unilateral del empleador que no está sujeto al marco recursivo que reclama la accionante. Por lo expuesto, no se advierte que la autoridad accionada hubiese vulnerado los derechos de la impetrante de tutela al debido proceso vinculado a su derecho a la estabilidad laboral, ameritando por ello, en esta parte, denegar la tutela impetrada.
En cuanto a la segunda problemática referida a que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al no respetar su inamovilidad laboral por tener un hijo menor de edad que tiene una discapacidad mental o psíquica; del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha establecido que la persona con discapacidad, o en su defecto la madre o padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave, tiene preferencia de contratación en una u otra entidad, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación; lo que justifica precisamente los criterios reforzados de protección de sus derechos, no solo por parte del Estado sino también por su familia, conforme a lo dispuesto en el art. 70.1 de la CPE, debido a que, en la mayoría de los casos, requieren el acceso a centros médicos especializados o la adquisición de insumos que posibiliten su desenvolvimiento pleno en condiciones dignas, lo que se logra no solamente con los seguros obligatorios a corto plazo, sino también a través de centros médicos particulares. En el presente caso, la autoridad ahora accionada, en respuesta a la denuncia planteada, adjuntando diversa documentación, refirió que, según los sistemas de información gestionados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ROE, SIPRUNPCD, Plataforma "Eustaquio Moto Méndez”, y el Ministerio de Salud y Deportes, el esposo de la peticionante de tutela como padre de su hijo menor edad, en calidad de trabajador dependiente de la empresa YPFB Transporte S.A., ya se encuentra registrado como beneficiario de inamovilidad laboral, así como del seguro de salud a corto plazo; sumado a ello, los diferentes sistemas de información concluyeron que, no admiten el registro de más de un “tutor” de personas con discapacidad a efectos de la otorgación del beneficio de inamovilidad laboral.
Al respecto, es necesario tener presente que, la inamovilidad laboral otorgada a quien tenga bajo su cuidado a una persona con discapacidad se constituye en un beneficio de carácter continuo y permanente en favor tanto del trabajador como del servidor público que tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad, con las limitaciones que establece la ley. En ese contexto, se tiene que el art. 2.V de la Ley 977, al referir que la inamovilidad laboral beneficiará a la madre o padre, que tenga bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad, contiene la conjunción disyuntiva “o”, que otorga la posibilidad de alternancia; es decir, de escoger entre una de éstas dos personas a efecto de que se beneficie con la inamovilidad laboral en pos de garantizar un ingreso económico permanente al núcleo familiar, así como el seguro social de corto plazo, que asegure a su dependiente con discapacidad la atención y tratamiento constantes que le permitan vivir dignamente; en consecuencia, el contenido normativo legal descrito, no obliga a la otorgación de la inamovilidad laboral a ambos progenitores de la persona con discapacidad; entendimiento que se enmarca en el deber de protección reforzada que tiene el Estado, para con las personas con discapacidad. En ese sentido, en el caso en examen, al tenerse acreditada la vigencia del beneficio de inamovilidad laboral en favor del padre del menor AA en la empresa YPFB Transporte S.A., conforme se desprende concretamente del Informe MTEPS-DGP-UTIC-AIE-JPT-0051-INF/23 de 3 de marzo, emitido por el Técnico de Estadística de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 399 a 402); y en esa calidad, en el marco del entendimiento normativo descrito precedentemente, el Estado no está en la obligación de otorgar dicho beneficio en favor de ambos progenitores; en consecuencia, no es posible la otorgación de dicha garantía a la accionante, teniendo en cuenta que el padre del menor AA ya cuenta con la pretendida inamovilidad laboral como progenitor de una persona con discapacidad menor de edad, cumpliendo de esta forma con la previsión legal establecida para la otorgación del mismo, encontrándose al mismo tiempo resguardado el sustento y protección de AA.
Por consiguiente, conforme a lo precedentemente señalado, este Tribunal, no advierte que la denuncia de la impetrante de tutela sea susceptible del resguardo y protección constitucional por parte de esta instancia, y al no advertir que la misma derive en la vulneración de la garantía de inamovilidad laboral y a la no discriminación invocados; en consecuencia, amerita denegar la tutela solicitada. Finalmente, es necesario aclarar a la peticionante de tutela que, si considera que el contenido normativo legal antes delimitado contradice alguna norma constitucional vinculada a los derechos laborales y/o derechos de las personas con discapacidad, la acción de amparo constitucional no es la vía para pretender de la jurisdicción constitucional un control normativo de constitucionalidad. En este entendido, si considera que es necesario efectuar un control de tal naturaleza sobre el art. 2.V de la Ley 977, es pertinente que se sujete a los alcances y requisitos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad previstas a partir del art. 72 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a efecto de viabilizar el examen de la citada norma. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 86/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 603 vta. a 614 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0022_2025-S2.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4ca625c750e1a074aeb9ab760b577bac08e66b8c32f36330c905f2e88b0ffd69
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →