Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de febrero de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, fue beneficiado con medidas cautelares personales como el arraigo y una fianza económica de Bs500 000 entre otros; empero, a pesar de haber cumplido con todas las exigencias no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria debido a las siguientes irregularidades: i) El 21 de diciembre de 2020, intentó presentar solicitud de mandamiento de detención domiciliaria, a lo cual la oficina de gestoría manifestó que la Jueza de instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el expediente a la jueza de turno -ahora codemandada-; luego, si bien fue remitido; empero, efectuó una “MALA REMISIÓN DE ANTECEDENTES” que contribuyó a la dilación; y, ii) Habiendo ingresado su solicitud de mandamiento de detención domiciliaria el 22 de diciembre de 2020, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del mismo departamento de turno, no resolvió la misma, dilatando y exigiendo formalismos desproporcionales no acordes al ordenamiento jurídico En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son ciertos, con el fin de conceder o denegar la tutela; para lo cual, se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: a) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; d) Cumplimiento de las medidas cautelares…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 148/2020 de 31 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia se dispone:
a) En relación a la Jueza Anticorrupción y Violencia contra la Mujer
Cuarta de la Capital del departamento de La Paz: 1° CONCEDER la tutela solicitada, y por consiguiente disponer que en plazo de veinticuatro horas, resuelva el trámite de solicitud de emisión de mandamiento de detención domiciliaria, siempre y cuando no se hubiese realizado, al ser el Juzgado de origen del proceso en base a los fundamentos y argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a que no hubiera remitido el 21 de diciembre de 2020 el expediente ante la Jueza de turno, en apego a los argumentos descritos en esta resolución constitucional. b) Respecto a la Jueza Anticorrupción y Violencia contra la Mujer
Tercera de la Capital del departamento de La Paz:
1° CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a que en procesos futuros que sean de su conocimiento sobre solicitudes de mandamientos de detención domiciliaria de cumplimiento a lo establecido en la Norma Adjetiva Penal evitando la exigencia de formalismos desproporcionales, con la advertencia que en caso de reincidencia se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para el procesamiento correspondiente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2023-S1 Sucre, 15 de febrero de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 37913-2021-76-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 148/2020 de 31 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Vega Velasco en representación sin mandato de Carlos Eduardo Mario Morales Landívar contra Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz y María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta del mismo departamento.
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2020, cursante de fs. 2 a 8 vta., el accionante señaló los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Tras haberse determinado su detención preventiva por Resolución 305/2020 emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, la que se encontraba de turno, siendo la titular la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del mismo departamento, es que al haber apelado dicha resolución y una acción de libertad se emitió la Resolución 471/2020, determinando la aplicación de medidas sustitutivas, siendo: a) Detención Domiciliaria con dos custodios; b) Arraigo; c) Prohibición de comunicarse con personas que tengan relación con el caso; y, d) Fianza Económica de Bs500 000 (quinientos mil bolivianos). El 21 de diciembre de 2020 tras empozar la fianza económica, intentó presentar memorial solicitando el Mandamiento de Detención Domiciliaria, en la que gestoría se negó a recibir dicho escrito con el argumento de que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del indicado departamento no remitió el cuaderno de control jurisdiccional al de turno, ingresando recién el 22 del mismo mes y año, puesto que desde dicha fecha se intentó tramitar el Mandamiento de Detención Domiciliaria, recibiendo respuesta por parte del juzgado que se encontraba en despacho y que saldría el 28 de diciembre de 2020, fecha en que no se emitió lo requerido; por lo que posteriormente recibió respuesta el 29 del mismo mes y año por personal del juzgado de que no se emitiría el mandamiento al no contar con el informe de los custodios del Régimen Penitenciario y del Arraigo, siendo que dichos informes se encontraban ya desde el 28 de idéntico mes y año, y que hasta la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción- no se emite el Mandamiento de Detención Domiciliaria, encontrándose indebidamente detenido al haber cumplido con las medidas respectivas.
El impetrante de tutela consideró lesionado su derecho a la libertad sin mencionar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga su Detención Domiciliaria de forma inmediata independientemente de la asignación de custodios y el arraigo.
La audiencia se realizó el 31 de diciembre de 2020, según consta en acta de audiencia de acción de libertad cursante de fs. 25 a 32, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, se ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo, señaló que: 1) El 21 de diciembre de 2020 se cancela la fianza y solicitó el Mandamiento de Detención Domiciliaria, en la que se pueda proteger su vida y salud, la cual recién se recibe por gestoría el 22 del mismo mes y año, ingresando a despacho para su resolución hasta el 29 de idéntico mes y año y que hasta la presentación de la acción tutelar no se emite el mandamiento respectivo; 2) Desde el 28 de diciembre de 2020 ya se contaba con un informe del Régimen Penitenciario, el pago de la fianza y un informe sobre el arraigo, cumpliendo todas las medidas, no existiendo justificativo para que el accionante siga detenido preventivamente; y, 3) No se cuestionó una medida cautelar ni una resolución, sino que se emita el mandamiento de detención preventiva, y se determine costas y daños por la demora y el peligro de salud.
Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 23 a 24 de 31 de diciembre de 2020, manifestó que: i) El juzgado se encontraba de turno por vacación judicial, habiéndose remitido el cuaderno procesal del accionante por parte del Juzgado Cuarto de Instrucción el 21 de diciembre de 2020; ii) En obrados cursa memorial en la que se solicitó Mandamiento de Detención Domiciliaria, decretado que por secretaria se eleve informe sobre las determinaciones del juez a quo; iii) La secretaria del Juzgado Tercero Anticorrupción, elevó informe el 23 de diciembre de 2020, en la que se refiere respecto al cumplimiento de la Resolución 471/2020 de 20 de noviembre, se establece que no existió verificativo domiciliario y tampoco cursa oficios o respuestas con referencia a los dos custodios policiales, asimismo, no existe el trámite de arraigo; iv) El 24 de diciembre de 2020 se adjuntó por parte del Juzgado Cuarto el Arraigo del impetrante de tutela, y ante la demora de emisión de la decisión, se solicitó a la secretaría de dicho juzgado informe dichos aspectos; v) El 28 del mismo mes y año, se remitió informe de verificación más placas fotográficas; así también, el Centro Penitenciario elevó informe respecto a los custodios, la que por providencia de 29 de idéntico mes y año se solicitó los nombres de dichos efectivos y el tiempo en que realizarían la custodia del imputado; y, vi) El juzgado de origen debió dar cumplimiento a la Resolución 471/2020 ya que tenía bajo su jurisdicción el proceso mucho antes de que se inicie la vacación judicial. María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 20 de 30 de diciembre de 2020, refirió que: a) El accionante se encuentra investigado por hechos de corrupción, no encontrándose detenido ni perseguido de manera ilegal; y, b) De manera constante la presentación de acciones de libertad que presenta el impetrante de tutela sin ningún fundamento las que son rechazadas constantemente, los cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos de manera oportuna al Juzgado Tercero de anticorrupción el 21 de diciembre de 2020, pidiendo no otorgar la tutela.
Johan Muñoz, Fiscal de Materia, en su intervención en audiencia, refirió que: 1) El Ministerio Público está investigando el caso, conformado por tres fiscales y tres investigadores, se obliga hacer un seguimiento específico con todos los imputados, en donde se fijó la detención preventiva del accionante, la misma apelada y confirmada por el de alzada; 2) Mediante una acción de libertad se obligó al superior en grado dejar sin efecto la detención preventiva sin acreditar certificado médico; y, 3) El impetrante de tutela no ha cumplido con las obligaciones impuestas. El representante del Ministerio de Obras Públicas, en la audiencia, señaló que: i) Se trata de una demanda de corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, siendo el impetrante de tutela parte de dicha corporación de corrupción; y, ii) Sin importar su condición de funcionario público se han beneficiado económicamente en la construcción de la carretera San José de Chiquitos y la carretera el Carmen Concepción, pidiendo no se conceda la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías, mediante resolución 148/2020 de 31 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35, concedió en parte la tutela solicitada respecto a Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que el plazo de veinticuatro horas de que sea remitido el cuaderno al juzgado de origen, emita el Mandamiento de Detención Domiciliaria al haber sido cumplidas las condiciones impuestas por el accionante; y, denegó la tutela solicitada en relación a María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por carecer de legitimación pasiva, todo en base a los siguientes argumentos: 1) En relación a la denuncia realizada contra María Melina Lima Nina, se tiene que el memorial de 22 de diciembre de 2020 fue ingresado cuando el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz había ingresado en vacaciones de fin de año, de donde se tiene que el proceso del impetrante de tutela fue remitido al juzgado de turno el 21 del mismo mes y año, por lo que el memorial no fue de conocimiento de dicha autoridad; en la que, no se evidencia legitimación pasiva, no correspondiendo otorgar la tutela solicitada; y, 2) Respecto a Claudia Marcela Castro Dorado, se tiene que: 2.i) El memorial de 22 de diciembre de 2020, en la que el peticionante de tutela solicita mandamiento de detención domiciliaria, mereció providencia que previo a disponer alguna decisión, se informe por secretaria todos los actuados, las que en dicho informe señalan que no cursa verificativo domiciliario, los oficios sobre los dos custodios, ni el trámite de arraigo, ordenando por decreto de 24 del mismo mes y año que el Juzgado Cuarto informe sobre dichos actuados; 3) Se observa que los actuados fueron presentados ante la mencionada Juez, consistente en el verificativo domiciliario del imputado con características y fotografías del croquis domiciliario, se hubo presentado por parte del Ministerio de Gobierno la nota 2936/2020 en la que se señala que se designará dos funcionarios policiales para la custodia y escolta de veinticuatro horas en el domicilio señalado, y también se cuenta con el registro de arraigo del solicitante de tutela de 15 de diciembre de 2020; y, 4) La providencia de 29 del mismo mes y año, en la que se solicita los nombres de los custodios como sobre el tiempo de custodia, excede los parámetros de formalismo, para la emisión del Mandamiento de Detención Domiciliaria, ya que conforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional debe acreditarse el cumplimiento de las medidas impuestas, sin embargo la materialización de la libertad de un imputado debe estar acorde al principio de celeridad, no pudiendo no ser efectivizada por causas dilatorias atribuibles al juez cautelar, correspondiendo conceder la tutela. 1.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por decreto constitucional de 15 de diciembre de 2021, cursante a fs.40, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 9 de febrero de 2023 cursante a fs.112.
De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Del Informe presentado al Tribunal de Garantías, Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz el 31 de diciembre de 2020, indicó que i) El juzgado se encontraba de turno por vacación judicial, habiéndose remitido el cuaderno del accionante por parte del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento el 21 de diciembre de 2020; ii) En obrados cursa memorial en la que se solicitó Mandamiento de Detención Domiciliaria, decretado que por secretaria se eleve informe sobre las determinaciones del juez a quo; iii) La secretaría del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del indicado departamento, elevó informe el 23 de diciembre de 2020, en la que se refiere respecto al cumplimiento de la Resolución 471/2020 de 20 de noviembre, se estableció que no existe verificativo domiciliario y tampoco cursa oficios o respuestas con referencia a los dos custodios policiales, asimismo, no existe el trámite de arraigo; iv) El 24 de diciembre de 2020 se adjuntó por parte del Juzgado de Instrucción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del mencionado departamento el Arraigo del impetrante de tutela, y ante la demora de emisión de la decisión, se solicitó a la secretaría de dicho juzgado informe dichos aspectos; v) El 28 del mismo mes y año, se remitió informe de verificación más placas fotográficas; así también, el Centro Penitenciario eleva informe respecto a los custodios, la que por providencia de 29 de idéntico mes y año se solicitó los nombres de dichos efectivos y el tiempo en que realizarían la custodia del imputado; y, vi) El juzgado de origen debió dar cumplimiento a la Resolución 471/2020 ya que tenía bajo su jurisdicción el proceso mucho antes de que se inicie la vacación judicial (fs. 23 a 24). II.2. Cursa Informe de María Melina Lima Nina, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, refiriendo que: a) El peticionante de tutela se encuentra investigado por hechos de corrupción, no encontrándose detenido ni perseguido de manera ilegal; y, b) De manera constante la presentación de acciones de libertad que presenta el impetrante de tutela sin ningún fundamento las que son rechazadas constantemente, los cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos de manera oportuna al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del indicado departamento el 21 de diciembre de 2020 (fs. 20). II.3. En la Resolución 148/2020 de 31 de diciembre, El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías, evidenció la existencia de documentación consistente en: 1) Verificativo Domiciliario del imputado con las características y fotografías del domicilio con el croquis correspondiente; 2) La presentación de la nota 2936/2020 por parte del director del Recinto Penitenciario, en la que se señala que se designará dos funcionarios policiales para la custodia y escolta de veinticuatro horas en su domicilio; y, 3) El registro de arraigo de 15 de diciembre de 2020, cumpliendo las medidas impuestas por Resolución 471/2020 (fs. 34 y vta.).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, fue beneficiado con medidas cautelares personales como el arraigo y una fianza económica de Bs500 000 entre otros; empero, a pesar de haber cumplido con todas las exigencias no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria debido a las siguientes irregularidades: i) El 21 de diciembre de 2020, intentó presentar solicitud de mandamiento de detención domiciliaria, a lo cual la oficina de gestoría manifestó que la Jueza de instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el expediente a la jueza de turno -ahora codemandada-; luego, si bien fue remitido; empero, efectuó una “MALA REMISIÓN DE ANTECEDENTES” que contribuyó a la dilación; y, ii) Habiendo ingresado su solicitud de mandamiento de detención domiciliaria el 22 de diciembre de 2020, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del mismo departamento de turno, no resolvió la misma, dilatando y exigiendo formalismos desproporcionales no acordes al ordenamiento jurídico En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son ciertos, con el fin de conceder o denegar la tutela; para lo cual, se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: a) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; d) Cumplimiento de las medidas cautelares dispuesta por la autoridad jurisdiccional, para efectivizar el mandamiento de libertad; y, e) Análisis del caso concreto.
El art. 410.II de la Constitución Política del Estado, establece que:
“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”. A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principios, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten y que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:
Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone:
“La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasen los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios.
Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncien dilaciones indebidas y se advierta mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales, previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto; más aún, tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio , reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo, entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.
El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia 1 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 2 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”
constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:
“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.” A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:
En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:
De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia. En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:
se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero)
d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio) e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)
La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas.
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:
“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “ Asimismo, la 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, bajo el siguiente texto:
“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva. Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que 4 “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que s e juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá e n todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” 5 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.
“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.
cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución. De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:
plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.
De acuerdo art. 8.II de la CPE, la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales según el art. 9.2 de la misma norma suprema, el de: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental así se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, la cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la CPE, al respecto establece en su art. 11.1, que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
Ahora bien, en ese marco normativo constitucional y convencional, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, reiterada por la SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, entre otras, ha establecido que la dignidad
“designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente”. Asimismo la SC 2134/2013 de 21 de noviembre afirma:
“El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”.
Por su parte, sobre la dignidad humana el tratadista Stern, afirma “la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, por tanto son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados en la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social”; al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena la facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalado:
Conforme a lo señalado precedentemente, es deber del legislador, al formular las leyes, adecuar las normas para que ninguna de estas atenten contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y por tanto, puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. En esa misma línea de razonamiento y respecto a las personas privadas de libertad, la Constitución Política del Estado en el art. 73.I, garantiza ese derecho en los siguientes términos “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana” e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala al respecto en su art. 10.1 que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
En sintonía con lo anotado precedentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas”, en la cual se reconocen los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como:
“Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”; “Igualdad y no -discriminación - Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permiten concluir que las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar. En esa línea de razonamiento, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión,-Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, establece de manera expresa el respeto a su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; los mismos son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos 10 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Bolivia mediante Ley No. 2119, promulgada el 11 de septiembre de 2000. 11 La Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en las Américas; así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental privadas de libertad en hospitales psiquiátricos y en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores recluidas en otras instituciones públicas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, apátridas y personas indocumentadas, y las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados; CON EL OBJETIVO de aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente, en seguimiento a la Resolución AG/RES 2283 (XXXVII-0/07); ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).
que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación. En correspondencia con el marco legal citado, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, estableció:
“… la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado.” En esa misma línea de razonamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, al señalar:
“… la privación de libertad, implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados, sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad física; pues los mismos bajo ninguna circunstancia quedan disminuidos como efecto de la privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados …”
Asimismo, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0192/2018 de 14 de mayo, citando la SCP 0618/2012 de 23 de julio, ha expresado que:
“es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema”.
En atención a las citas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales precedentes, habida cuenta del carácter universal de los derechos fundamentales que asumió el constituyente, estableciendo por lo tanto el deber de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, traducido en su dignidad; que si bien en virtud a la potestad sancionadora del Estado, es legítimo sancionar y disponer medidas cautelares en los casos y según las formas previstas en la ley, no es menos importante el respeto de sus derechos de los privados de libertad. En ese entendido, las persona privadas de libertad encuentran limites a su libertad personal, por la naturaleza restrictiva de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva); empero, eso no implica que los demás derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, se vean afectados, más al contrario se mantienen incólumes los mismos, así se tiene el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, a la educación, el acceso a la justicia, que tienen como sustrato la dignidad humana, cuya limitación o supresión se torna en una restricción ilegítima, injustificada, que si bien pueden verse disminuidos en el ejercicio pleno de algunos derechos, no obstante, no pueden ser suprimidos. En esa comprensión el privado de libertad que por su condición temporal y excepcional se encuentra limitado en su libertad personal, se halla en estado de vulnerabilidad, en situación de desventaja y desigualdad; por lo que, es el Estado, el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos -excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme a las formas y según los casos que la ley establece-, lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad, extremo que se encuentra reñido con los valores -como el de dignidad- que fundan o sustentan la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por último, y considerando todo lo desarrollado, debemos afirmar, que dentro de los fines y funciones del Estado está el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el art. 9.4 de la CPE, y en ese marco, todos los niveles del Estado (Central, departamental y municipal) tienen la obligación de adoptar medidas y acciones en favor de los sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran los privados de libertad; ello con el objetivo de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de éste grupo de personas, quienes por diferentes circunstancias de la vida se encuentran internos en centros penitenciarios; considerando que no perdieron otros derechos inherentes al ser humano, siendo los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados. En ese entendido es la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad quienes tiene el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad.
Inicialmente es pertinente mencionar que una de las políticas e iniciativas del Estado Plurinacional de Bolivia en consonancia con el bloque constitucional y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es precisamente el de asumir por los Estados partes respecto a líneas de acción y políticas públicas sobre medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva en los países miembros; por cuanto, el objeto principal es precisamente reducir la prisión preventiva, brindando al procesado la oportunidad material de poder asumir defensa en libertad y cumpliendo las medidas sustitutivas que tengan a bien establecer las respectivas autoridades jurisdiccionales de las distintas regiones; toda vez que, el no asumir este desafío y enfoque como política del Estado puesto en práctica a través de las correspondientes autoridades judiciales, impedirá que la utilización de este régimen restrictivo (detenciones preventivas para investigar) no solo que llegue a ser la regla sino que no será compatible con los estándares internacionales en la materia que tienden a respetar y poner en alta estima el derecho a la libertad de las personas. En ese entendido, todo el bloque constitucional se encuentra direccionado a las acciones relacionadas con el diseño, implementación y seguimiento de las medidas dirigidas a reducir la prisión preventiva, basados en el principio de presunción de inocencia, empero guiados por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esta guía constituye un instrumento que promueve un verdadero cambio de paradigma en la concepción de las autoridades y sujetos procesales sobre la procedencia y necesidad de la aplicación del régimen de referencia, y por otra parte, llama la atención respecto a las ventajas y la necesidad de ampliar la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, como medio para optimizar la utilidad social del sistema de justicia penal y los recursos disponibles del Estado.
Entonces si las medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva representa una ventaja para la reducción del hacinamiento carcelario, evita la desintegración y estigmatización comunitarias derivadas de las consecuencias personales, familiares y sociales de la prisión preventiva, en cierta manera disminuye las tasas de reincidencia, además de utilizar de manera más eficiente los recursos públicos; además que, resulta un medio para optimizar la utilidad social del sistema de justicia penal y los recursos disponibles; no es menos claro y evidente que al momento de infligir alguna medida alternativa o bien denominado en nuestra economía procesal penal como medidas cautelares, estas al haberse constituido con la única finalidad de asegurar de que el procesado se encuentre presente en toda la tramitación del juicio hasta a obtención de la sentencia correspondiente; no deja de ser menos exigible que para dejar de aplicar lo que en determinado sistema inquisitivo se aplicó como regla general la detención preventiva, es necesario que el imputado luego de beneficiarse de una resolución de cesación a la detención preventiva, deba cumplir las medidas cautelares (medidas alternativas) que hubiere considerado el operador de justicia pues esa es la única condición en una interpretación teleológica o finalista que ha previsto el legislador para asegurar la presencia del imputado o procesado en toda la tramitación del proceso penal. En cuanto a la exigencia de cumplimiento de medidas cautelares distintas a la detención preventiva, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre señaló que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, solo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren ordenado; dicho entendimiento fue reiterado en las SSCC 0550/2010-R de 12 de julio , 1468/2011-R de 10 de octubre; y, confirmado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio.
15 El FJ III.1, expresa: “Este Tribunal en problemáticas como la planteada, haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva”. 16 El FJ III.5, señala: “De la normativa y jurisprudencia glosadas, se concluye que para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá resolverlo de inmediato, o en su caso, dadas las circunstancias, dentro de un plazo razonable y la libertad en caso de concesión de una medida sustitutiva, se hará efectiva sólo cuando se hubieran cumplido los requisitos impuestos por la autoridad judicial competente, pues de lo contrario el rechazo se torna injustificado, convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”. 17 El FJ III.2, indica: “En ese sentido la SC 0044/2010-R de 20 de abril, igualmente ha señalado:`… la regla general es que luego de la audiencia de medidas sustitutivas a la detención preventiva, en la que se debe observar el art. 246 del CPP, y una vez cumplidos los requisitos señalados por el juez, se disponga la libertad del imputado, salvo que la naturaleza de las medidas sustitutivas impuestas y la necesidad de escuchar a la otra parte, obliguen al juzgador, excepcionalmente, a fijar una posterior audiencia´”. 18 El FJ III.2, refiere: “La SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, expresó que: `Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: «...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventi va sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva» (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre)…´”.
De la jurisprudencia desarrollada a través de las referidas sentencias precedentemente, se advierte que para la efectivización de la libertad provisional del detenido preventivamente, en los casos en los que la autoridad jurisdiccional dispone la cesación de la medida cautelar, previamente debe cumplir con las medidas sustitutivas para efectivizar su libertad. Ahora bien, entre las medidas cautelares distintas a la detención preventiva, conforme dispone los arts. 241 y 242 del CPP, se tiene la fianza económica y el arraigo; la primera, relacionada al depósito judicial de un emolumento económico establecido por el juez de la causa que tiene como única finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal; en tanto, que la segunda referida a la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o de un determinado ámbito territorial, sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el arraigo correspondiente. En todo caso sea cual fuere la medida cautelar impuesta o en su caso ambas medidas infligidas al procesado que se benefició con la cesación a la detención preventiva, previo a que el juez de instrucción emita el correspondiente mandamiento de libertad, tal cual refiere la SC 0997/2001-R de 18 de septiembre con carácter previo deberán ser cumplidas dichas medidas cautelares alternativas. Siguiendo la línea jurisprudencial precedentemente mencionada, de igual modo la SC 1096/2003-R de 7 de agosto señaló que el juez de 19 Que, el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, prevé las medidas substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a determinados lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por prescripción del artículo 241 del citado cuerpo legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, el Juez de la causa, debe verificar que dichas medidas se hubieran cumplido. Que en el caso presente, si bien el art. 245 del Cód. Pdto. Pen. prevé que la libertad sólo se hará efectiva, luego de haberse otorgado la fianza, esa norma es aplicable a aquellos casos en los que como medida substitutiva se dispone una fianza real, pero no es excluyente de la obligación que tiene el procesado de cumplir con las otras medidas impuestas como en el caso del arraigo, más aún cuando las autoridades recurridas favoreciendo al representado ya sustituyeron la fianza real, por la de carácter personal. Consiguientemente si el procesado no ha cumplido con las obligaciones impuestas como es el registro del arraigo, que debe ser certificado, no puede exigir se le otorgue la libertad, que está sujeta al cumplimiento de dicha medida. 20 III.1 Que con relación al objetivo por el que se imponen las medidas sustitutivas, los deberes del Juez para cerciorarse del cumplimiento de las mismas y en concreto sobre cómo debe acreditarse la de arraigo, este Tribunal en la SC 997/2001-R de 18 de septiembre, estableció que: (...) el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, prevé las medidas substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a determinados lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por prescripción del artículo 241 del citado cuerpo legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, el Juez de la causa, debe verificar que dichas medidas se hubieran cumplido.” “(...) si bien el art. 245 del Cód. Pdto. Pen. prevé que la libertad sólo se hará efectiva, luego de haberse otorgado la fianza, esa norma es aplicable a aquellos casos en los que como medida substitutiva se dispone una fianza real, pero no es excluyente de la instrucción es quien debe, previo a emitir el correspondiente mandamiento de libertad, verificar si el imputado cumplió con las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, v. gr. el arraigo con la certificación emitida por la autoridad competente de acuerdo al régimen legal previsto por el Decreto Supremo (DS) 24423 de 2 de diciembre de 1996, que reconoce a la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, como organismo operativo de la Subsecretaría de Migración, entre cuyas atribuciones, señaladas en el art. 20 inc. m) se establece la siguiente: “Llevar y controlar el Registro Nacional de Arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el levantamiento de arraigos informados por las Administraciones Departamentales”; de modo que la certificación, se constituye en una constancia para el propio juzgador de que su determinación fue cumplida, vale decir, que la orden de arraigo ha sido inscrita en el Registro Nacional de Arraigos. En ese mismo sentido SC 0061/2007-R de 8 de febrero, señaló que:
…De acuerdo al régimen legal previsto por el Decreto Supremo (DS) 24423, de 2 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, organismo operativo de la Subsecretaría de Migración, tiene como atribución, entre otras, la de llevar y controlar el Registro Nacional de Arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el levantamiento de arraigos informados por las Administraciones Departamentales [art. 20 inc. m]; y, si bien es evidente, que para el efecto debe realizarse el trámite correspondiente para que la orden de arraigo o desarraigo se encuentre registrada y de ese modo se pueda obtener una certificación; no es menos cierto, que dicho trámite al estar vinculado al derecho fundamental de locomoción de la persona, debe concluir en un plazo razonable; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que tratándose del arraigo, la certificación expedida por el responsable de Migración dando cuenta del registro, representa la evidencia para que la autoridad judicial tenga la certeza de que la medida que ha impuesto ha sido efectivamente cumplida por el imputado o procesado; puesto que, una situación contraria, podría dar lugar, a que las medidas sustitutivas impuestas sean agravadas o en su defecto, revocadas, dando lugar inclusive, a la detención preventiva de la persona si concurren los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP”.
(…) III.2. De los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal se tiene que, por Resolución de 7 de diciembre de 2006, la Jueza recurrida dispuso la cesación de la detención preventiva del recurrente, disponiendo entre otras medidas sustitutivas el arraigo, otorgándole un plazo de quince días a partir de la emisión de la Resolución para la exhibición del certificado correspondiente. El recurrente por memorial de 11 de diciembre, señalando que adjunta certificado de arraigo y de depósito del monto de la fianza, solicitó expida mandamiento de libertad, mereciendo el proveído de 14 de diciembre de 2006, ordenando que, previamente exhiba el certificado requerido y se arrime a sus antecedentes el certificado de depósito judicial. Conforme a la jurisprudencia descrita se tiene que para la acreditación de cumplimiento de las medidas cautelares como son la fianza económica o el arraigo, como requisitos previos para efectivizar el mandamiento correspondiente, el imputado al momento de exigir se haga efectiva la libertad física, es imprescindible que se acredite su cumplimiento con la presentación del Certificado de Arraigo en el caso de prohibición de abandonar el país o la constancia de depósito judicial en el caso de una fianza económica; toda vez que, solo así la autoridad que conozca la solicitud que se extienda el mandamiento de libertad tendrá la certeza de que la medida sustitutiva será cumplida, razonamiento que también fue expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 0024/2014-S2 de 10 de octubre, el cual refiere a la obligatoriedad de dar cumplimiento a las 21 III.2. Efectivización de la libertad luego de cumplir las medidas sustitutivas a la detención preventiva Respecto a los requisitos exigibles para viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció que: ”Teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar no tiene efecto suspensivo, entonces se entiende que la misma provocará la inmediata ejecución de la decisión adoptada sin perjuicio de aguardar los resultados de parte del Tribunal de alzada. En consecuencia, siguiendo ese razonamiento, cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad , entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales.
Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad. La jurisprudencia constitucional refiriéndose a la efectividad de la libertad después de la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, a través de la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, señaló: '…lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP. Cuando no se reúnen estos supuestos, se ha determinado que lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas…'. En el mismo sentido, las SSCC 0318/2003-R, 0679/2003-R y 1085/2003-R. En ese mismo orden, las SSCC 0550/2010-R y 1242/2010-R, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, determinaron: '…para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva'” (las negrillas son añadidas). Precisando en el mismo sentido, la citada SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, concluyó respecto al cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas que: “En consecuencia, el juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamient o de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”.
medidas cautelares de fianza económica y arraigo establecidas por el juez de la causa, debiendo acreditar por el procesado el cumplimiento de dichas medidas. Finalmente, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, se tiene que luego de sustanciada una audiencia cautelar o de consideración de cesación a la detención preventiva y el imputado se beneficia de alguna o algunas medidas cautelares alternativas a la detención preventiva de su persona, el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, es el cumplimiento de las últimas medidas impuestas por el juez de la causa, claro está que se deben discriminar dos momentos procesales en su consecución; por un lado, las exigencias establecidas para ser cumplidas antes de concederse la libertad, entre ellas, las garantías reales o personales, las fianzas, los arraigos; y por otro lado, están las medidas posteriores a su libertad también a ser cumplidas, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades v.gr. la fiscalía, o instancias determinadas por la autoridad, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales; en resumidas cuentas, conforme establece la SCP 1096/2019-S1 de 26 de noviembre una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión o consecuencia lógica será de conceder la libertad, emitiendo el mandamiento de libertad correspondiente, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en 22 III.1. Cumplimiento de medidas sustitutivas hace exigible librar el mandamiento de libertad en forma inmediata Al respecto, la SCP 1019/2017-S2 de 25 de septiembre, citando a la SCP 0241/2014-S2 de 19 de diciembre señaló que: “‘La jurisprudencia constitucional, ha establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado , entendimiento que fue reiterado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, citando a la SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, señaló que: «Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: ‘...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva’(SC 1447/2004-R de 6 de septiembre).
En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado». Asimismo, respecto a la efectivización de la libertad, luego de cumplir las medidas sustitutivas a la detención preventiva, la SCP 0745/2013 de 7 de junio, estableció que: «(…) cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimie nto previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad»’” (La negrillas son nuestras).
una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado. En ese sentido, la comprobación por parte del juez de instrucción, del cumplimiento previo de aquellas medidas cautelares como son la de arraigo, fianza económica o cualesquier otra medida cautelar, no hace otra cosa que asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso penal; por lo tanto, al comprobarse dicho cumplimiento, se hace exigible la efectivización de librar el mandamiento de libertad correspondiente. Por ello, cuando el Juez o Tribunal se arroga el deber de exigir el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares infligidas al procesado, de ningún modo está trabando el derecho del interesado, en todo caso, está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas cautelares impuestas sean cumplidas a cabalidad.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, fue beneficiado con medidas cautelares personales como el arraigo y una fianza económica de Bs500 000 entre otros; empero, a pesar de haber cumplido con todas las exigencias no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria debido a las siguientes irregularidades: i) El 21 de diciembre de 2020, intentó presentar solicitud de mandamiento de detención domiciliaria, a lo cual la oficina de gestoría manifestó que la Jueza de instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el expediente a la jueza de turno -ahora codemandada-; luego, si bien fue remitido; empero, efectuó una “MALA REMISIÓN DE ANTECEDENTES” que contribuyó a la dilación; y, ii) Habiendo ingresado su solicitud de mandamiento de detención domiciliaria el 22 de diciembre de 2020, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del mismo departamento de turno, no resolvió la misma, dilatando y exigiendo formalismos desproporcionales no acordes al ordenamiento jurídico.
De lo desarrollado y las conclusiones llegadas en el presente caso, se tiene que, una vez remitido el cuaderno del accionante por parte del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del indicado departamento al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del mencionado departamento el 21 de diciembre de 2020, por encontrarse de turno a causa de la vacación judicial, se evidencia que existe memorial del impetrante de tutela en la que solicita Mandamiento de Detención Domiciliara, y que para cumplir con la Resolución 471/2020 de 20 de noviembre se pide informes a secretaría, en la cual indica que no existe verificativo domiciliaria, tampoco oficio o respuesta sobre los dos custodios y menos el trámite de arraigo, emitiéndose el 28 de diciembre de 2020 informe sobre la verificación domiciliaria, así como de los custodios, solicitando esta autoridad el 29 del mismo mes y año los nombres de dichos custodios y el tiempo de custodia, siendo además que el cumplimiento a la resolución 471/2020 debía ser realizado por el Juzgado de origen la cual tenía el proceso bajo su jurisdicción mucho tiempo antes de las vacaciones judiciales; a lo que la Jueza a quo -de origen- indica que el impetrante de tutela está investigado por delitos de corrupción, y que los cuadernos de control jurisdiccional fueron remitidos el 21 de diciembre de 2020; en ese orden de cosas, el Tribunal de Garantías determinó la existencia del Verificativo Domiciliario, la respuesta sobre la designación de dos escoltas los que custodiarían veinticuatro horas peticionante de tutela, así como el conocimiento desde el 15 de diciembre de 2020 el arraigo respectivo, habiéndose cumplido las medidas determinadas por la Resolución 471/2020 (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Considerando, que la pretensión del solicitante de tutela -descrita en su memorial de acción de libertad-, es la emisión del Mandamiento de Detención Preventiva por parte de las ahora demandadas tras haber cumplido con todas las medidas dispuestas por Resolución 471/2020, configurándose su acción de defensa en una traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (Fundamento Jurídico III.2), pretensión que se encuentra en estricta relación con el principio de celeridad; el cual, fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, refiriendo que el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasen los trámites, para sí lograr y obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios; aclarando además, que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado; que conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, no obstante de encontrarse precariamente privado de su locomoción, sus demás derechos se encuentran vigentes, por lo tanto, sus solicitudes deben ser atendidas con prontitud y celeridad por toda autoridad judicial o administrativa. Ahora bien, el accionante dirige la presente acción de defensa contra la Juezas de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera y Cuarta ambas de la Capital del departamento de La Paz, quienes no realizaron el trámite respectivo de su solicitud de emisión de Mandamiento de Detención Domiciliaria, tras haber cumplido con todas las medidas impuestas; en ese mérito y al tratarse de dos autoridades judiciales demandadas, se analizará el actuar respecto de cada una de ellas de forma separada.
a) En relación a que el accionante el 21 de diciembre de 2020, intentó presentar solicitud de mandamiento de detención domiciliaria, a lo cual la oficina de gestoría manifestó que la Jueza de Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el expediente a la juez de turno -hoy codemandada-; luego, si bien fue remitido; empero, efectuó una “MALA REMISIÓN DE ANTECEDENTES” que contribuyó en la dilación denunciada. Al respecto, referente a la presente problemática, en la misma se observan dos escenarios que serán analizados de manera separada de la siguiente manera:
a.1) Respecto a que la Jueza de Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no remitió el expediente a la Juez de turno
Ahora bien, conforme se tiene de los antecedentes, el impetrante de tutela se apersonó ante la oficina de gestoría con el objetivo de presentar el 21 de diciembre de 2020 su memorial de solicitud de mandamiento de detención domiciliaria, a lo cual se le manifestó que la autoridad jurisdiccional ahora demandada no había remitido los antecedentes a la jueza de turno, por lo que no pudo ingresar su referida petición. En ese orden de ideas, y con el afán de determinar si la autoridad demandada no hubiese remitido el 21 del referido mes y año los antecedentes al juez de turno, es menester remitirnos a la documental cursante a fs. 21 del expediente constitucional, donde se puede observar de manera clara que se remitió el caso: MP/MORALES LANDÍVAR CARLOS EDUARDO MARIO, con Número NUREJ: 20251948, signado con el numeral 26 de procesos remitidos, constando de TREINTA Y DOS CUERPOS con un total de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA FOJAS, expediente remitido el 21 DICIEMBRE DE 2020 al JUZGADO ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TERCERA DE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, conforme el sello de recepción. Concluyéndose de forma clara que la denuncia realizada por parte del impetrante de tutela en el entendido de no haber sido remitido el expediente el 21 de diciembre de 2020 no es evidente, y que contando con la prueba fehaciente que hace entrever el acto de remisión en la merituada fecha, corresponde a este Tribunal denegar la tutela respecto a esta denuncia. a.2) Sobre a que la Jueza de Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, realizó una mala remisión de los antecedentes a la Jueza de Turno, contribuyendo con dicho acto en la dilación denunciada
Si bien es cierto que, la autoridad ahora codemandada remitió el expediente el 21 de diciembre de 2020 a la Jueza de Turno como se describió supra, no afectando el principio de celeridad descrita en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no es menos cierto, que conforme a la compulsa realizado en los informes de la Jueza Tercera -coaccionada- descritas en las Conclusiones II.1 y II.3 de esta resolución constitucional, la remisión realizada por la ahora demandada no fue del todo correcta, ya que los antecedentes y actuados fueron remitidas a la Jueza de turno por partes, y no de forma completa y correcta como era su obligación, contribuyendo con su accionar negligente en la dilación para emitir el mandamiento de detención domiciliaria en favor del impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela solicitada por su actuar irresponsable al no remitir correctamente todos los antecedentes a la Jueza de Turno.
b) Respecto a que la Jueza de Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz no tramitó su solicitud de emisión de Mandamiento de Detención Domiciliaria dilatando la misma y exigiendo formalismos desproporcionales no acordes al ordenamiento jurídico
En ese orden de cosas, de los antecedentes expuestos en el presente caso, se tiene que el peticionante de tutela tras haber cumplido las medidas dispuestas por la Resolución 471/2020, siendo beneficiado con la Detención Domiciliaria, entre los cuales están: 1) Dos custodios; 2) Arraigo; y, 3) Fianza económica de Bs500 000 (quinientos mil bolivianos), al estar dicha autoridad jurisdiccional de turno por motivo de las vacaciones judiciales, presentó el 22 de diciembre de 2020 memorial solicitando se emita el correspondiente Mandamiento de Detención Domiciliaria, autoridad que conforme a su informe emitido al Tribunal de Garantías conforme a las Conclusiones II.1 y II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante providencias solicitó los informes respectivos a su similar Cuarta, previamente a emitir dicha resolución, solicitando además no solamente la respuesta de los dos custodios y el tiempo de custodia, sino también los nombres de los funcionarios policiales, posterior al haber evidenciado que se cumplieron con las otras medidas dispuestas; por lo que, a criterio del solicitante de tutela, incurrió en dilación injustificada al no emitir el Mandamiento de Detención Domiciliaria hasta la presentación de la presente acción de libertad. Ahora bien, el accionante sindica que la autoridad jurisdiccional no realizó el trámite respectivo para la emisión de su mandamiento de detención domiciliaria, pese a haber sido remitido el expediente por parte del Juzgado de origen, dilatando con ello la emisión de dicho mandamiento; empero, hay que tomar en cuenta de los antecedentes descritos en el presente caso, y conforme a los informes emitidos por Secretaría del despacho jurisdiccional de la ahora demandada, que el expediente del impetrante de tutela fue remitido el 21 de diciembre de 2020 de forma incompleta, remitiendo el Juzgado de Origen por partes todos los actuados correspondientes, elementos que permitirían a la ahora autoridad demandada poder tomar una determinación conforme a lo estipulado en la norma vigente, actuado que se vio impedida de efectuar a razón de que no contaba con el cuaderno de control jurisdiccional debidamente completo, por lo que no se evidencia dilación alguna en la que hubiera incurrido la autoridad jurisdiccional la ahora demandada. En ese orden de ideas también es necesario remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta resolución constitucional, la cual determina que cuando el imputado se beneficie de alguna de las medidas cautelares menos gravosas, a fin de que se hagan efectivas las mismas necesariamente deben cumplirse con dichas medidas, debiendo ser exigido y compulsado por la autoridad jurisdiccional antes de emitir el mandamiento de libertad -Detención Domiciliaria-, y una vez evidenciado dicho cumplimiento, la decisión y consecuencia debe ser el conceder la libertad, emitiendo el mandamiento correspondiente -sea el de libertad, o de detención domiciliaria- sin mayor trámite, ya que de lo contrario, su rechazo se tornaría en una justificación convirtiéndose en una obstaculización indebida en la efectivización del beneficio ya dispuesto. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de las Conclusiones II.2 y II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, peticionante de tutela expuso sobre el cumplimiento de todas las medidas impuestas por la Resolución 471/2020 las que no fueron rebatidas por la autoridad jurisdiccional demandada, y las que fueron evidenciadas por el Tribunal de Garantías, al existir tanto el pago de la fianza económica, la verificación domiciliaria con las placas fotográficas, y el respecto croquis, la nota de respuesta por parte del Director del Recinto Penitenciario indicando que se designarían dos funcionarios policiales, los que custodiaran al solicitante de tutela las veinticuatro horas, como la existencia desde el 15 de diciembre de 2020 el informe sobre el arraigo en contra el impetrante de tutela, no entendiéndose el por qué la autoridad demandada requirió datos accesorios para la emisión del respectivo Mandamiento de Detención Preventiva, ya que conforme se evidenció del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al cumplimiento de las medidas dispuestas, debe emitirse la correspondiente resolución sin mayor trámite, concluyéndose que la ahora demandada al evidenciar el cumplimiento de las medidas para la emisión del mandamiento en favor del peticionante de tutela, y al solicitar información accesoria no justificada dilató la tramitación solicitada por el prenombrado, ya que si bien la misma se encontraba de turno a causa de la vacación judicial, se evidencia que la misma tenía jurisdicción del caso desde el 21 de diciembre de 2020, siendo competente para conocer de las solicitudes del accionante que se encontraba privado de libertad, y por lo tanto con la atribución suficiente para la emisión de las resoluciones y determinaciones respecto de las peticiones realizadas por este; puesto que, al no hacerlo se deja en el limbo jurídico y con una inseguridad jurídica alargando de manera ilegal su privación de libertad, toda vez que si bien en el presente caso por resolución 471/2020 se dispuso su privación de libertad bajo la modalidad de detención domiciliaria dicha privación difiere de sobremanera a la extrema medida de detención preventiva, por lo que conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la autoridad demandada tenía la obligación de proteger la dignidad y demás derechos del impetrante de tutela, por lo que al dilatar la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, so pretexto de que la Jueza de Origen debería hacerlo, vulneró el derecho a la libertad incoada por el peticionante de tutela, correspondiendo conceder la tutela solicitada. Consecuentemente, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 148/2020 de 31 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia se dispone:
a) En relación a la Jueza Anticorrupción y Violencia contra la Mujer
Cuarta de la Capital del departamento de La Paz: 1° CONCEDER la tutela solicitada, y por consiguiente disponer que en plazo de veinticuatro horas, resuelva el trámite de solicitud de emisión de mandamiento de detención domiciliaria, siempre y cuando no se hubiese realizado, al ser el Juzgado de origen del proceso en base a los fundamentos y argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a que no hubiera remitido el 21 de diciembre de 2020 el expediente ante la Jueza de turno, en apego a los argumentos descritos en esta resolución constitucional. b) Respecto a la Jueza Anticorrupción y Violencia contra la Mujer
Tercera de la Capital del departamento de La Paz:
1° CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a que en procesos futuros que sean de su conocimiento sobre solicitudes de mandamientos de detención domiciliaria de cumplimiento a lo establecido en la Norma Adjetiva Penal evitando la exigencia de formalismos desproporcionales, con la advertencia que en caso de reincidencia se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para el procesamiento correspondiente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.”
“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).” “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”
a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre) b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo) c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no
de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.”
3 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda .”
“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remit ido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
6 En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los q ue, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
7 “La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia. De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan".
8 Sobre la dignidad humana La Constitución Política del Estado, en su art. 8.II, ha dejado establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respet o mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9.2 CPE). Por otra parte a través del art. 21 ha consagrado a la dignidad como un derecho fundamental, cuando se refiere: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22 ha establecido: “La dignidad y la libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. De lo referido la CPE hace ent rever
“De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser fuente directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa”. que la dignidad debe ser considerada como un valor y un derecho fundamental. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 11.1 dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
9 STERN, K. (2009). Jurisdicción Constitucional y Legislador. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid. Pág. 24.
12 Al respecto la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe el respeto a la dignidad y la prohibición de trato cruel o inhumano en los arts. 2.III, 5.I, 9, entre otros.
13 “…es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tant o, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela.”
14 Art. 9. CPE “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y las Ley: 4) Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución”.
obligación que tiene el procesado de cumplir con las otras medidas impuestas como en el caso del arraigo, más aún cuando las autoridades recurridas favoreciendo al representado ya sustituyeron la fianza real, por la de carácter personal. Consiguientemente si el procesado no ha cumplido con las obligaciones impuestas como es el registro del arraigo, que debe ser certificado, no puede exigir se le otorgue la libertad, que está sujeta al cumplimiento de dicha medida.” III.2 Que, la línea jurisprudencial referida sobre la forma en cómo se debe acreditar el cumplimiento del arraigo tiene su razón de ser y sustento jurídico, puesto que si bien puede expedirse la orden de arraigo y entregarse a la Oficina correspondiente de Migración, con este único acto no basta para que la autoridad responsable del control jurisdiccional de una investigación dé como cumplida su orden, pues es razonable que exija una certificación de que se ha procedido al registro, de modo que no se deje posibilidad alguna de que el procesado pueda salir del país, ya que la medida se constituye de máxima importancia para evitar la fuga del imputado o procesado, pues de existir tal posibilidad sería de responsabilidad del juzgador por no haberse cerciorado de que el imputado o procesado realmente estaba arraigado, de manera que, cuando el Juez Cautelar exige la certificación de ningún modo está trabando u obstaculizando la libertad, sino que simplemente está cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas que ha impuesto han sido efectivamente cumplidas por el imputado.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0022_2023-S1.pdf · páginas 1 a 35.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3c5ee758bbf50782f8ccb11a024ffca170d11135fa40eeff28d9bbf242020aaf
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