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SCP 0021/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
12 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58766-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vejez digna, a la tutela judicial efectiva, y al debido proceso en su elemento motivación y fundamentación de las resoluciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, el Fiscal Departamental demandado revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo de 2023 emitida a su favor, a través de la Resolución Jerárquica OR-152/23; incurriendo en incongruencia citra petita al omitir valorar de manera positiva o negativa diferentes elementos de prueba; e, incurriendo en incongruencia ultra petita, ya que el memorial de objeción al rechazo de denuncia presentado por el denunciante en el proceso penal de origen no menciona agravio alguno. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado señaló que, el Fiscal de Materia asignado al caso omitió valorar elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones y que quedan actos investigativos pendientes; por otro lado, la Resolución Jerárquica cuestionada es clara y responde a los puntos impugnados; y, la presente acción tutelar carece de relevancia constitucional.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 125/23 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 291 vta. a 294 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 Sobre el propósito de la fundamentación en la revocatoria de rechazo de una denuncia, querella o intervención policial preventiva
  2. III.2. Sobre el rol y obligación del Ministerio Público de investigar en delitos de acción pública
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2026-S2 Sucre, 12 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58766-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 125/23 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 291 vta. a 294 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ítalo Jaime Mendoza Lara contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 211 a 228 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 11 de octubre de 2022 tomó conocimiento de una denuncia penal -por la presunta comisión del delito de estafa- iniciada en su contra, por la cual, José Alberto Jiménez Añez -denunciante en dicho proceso- señaló que, aproximadamente en marzo del citado año, su persona, mostrándose como alguien respetable y solvente, le propuso realizar una especie de sociedad accidental, induciéndole con engaños, a través de documentación supuestamente fraguada de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), a realizar un desplazamiento patrimonial de Bs175 000.- (ciento setenta y cinco mil bolivianos) para la compra de ganado y el arrendamiento de un predio ubicado en la “Enconada”, propuesta que se habría formalizado mediante documento de “‘ALQUILER DE PROPIEDAD’” de 16 de mayo de 2022, el cual fue suscrito por el nombrado denunciante y Hyoung Woong Kim Kim. Dicha denuncia era falsa, debido a que: a) Se pretendió confundir a la autoridad -se entiende fiscal-, haciendo creer que el denunciante lo conoció de manera superficial; sin embargo, el mismo fue su inquilino desde mediados de 2015, con quien compartió diferentes vivencias sociales; b) Su registro de la FEGASACRUZ es posterior a los hechos que se le atribuyen; c) Cinco días antes de la fecha de suscripción del referido documento de “‘ALQUILER DE PROPIEDAD’”, el cual fue presentado por el denunciante, el prenombrado y su persona firmaron un contrato de alquiler con reconocimiento de firmas y rúbricas de 11 de mayo de 2022, con Bock Hee Shin De Kim, siendo cuestionable la suscripción de un nuevo contrato sin su conocimiento; d) Las cantidades de dinero expresadas en la denuncia no guardan relación lógica aritmética; además, se refiere que habrían adquirido un total de ciento treinta cabezas de ganado, cuando en realidad fueron ciento setenta y dos; de las cuales, solo veintitrés correspondían al denunciante; e) El nombrado refirió, sin medio probatorio alguno, que le entregó la suma de Bs100 000.- (cien mil bolivianos); y, de manera contradictoria, también mencionó el monto de Bs. 175 000; por otro lado, la mayoría de la inversión fue realizada por su persona, lo cual se acredita con las transferencias y mensajes de texto presentados; y, f) El indicado denunciante señaló que su persona ingresó por la fuerza al predio alquilado rompiendo candados sin ninguna prueba al respecto. No obstante, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, omitió valorar de manera positiva o negativa la prueba -se entiende al emitir la Resolución Jerárquica OR-152/23 de 8 de mayo de 2023-, consistente en: 1) Contrato de alquiler con reconocimiento de firmas y rúbricas de 11 de mayo de 2022 y publicaciones de Facebook; 2) Carta de renuncia a cargo; 3) Conversaciones a través de chat que acreditan que el denunciante solo invirtió Bs49 003,14.- (cuarenta y nueve mil tres 14/100 bolivianos); 4) Historia cronológica de compra de sesenta y cinco torillos en Trinidad; 5) Resumen cronológico y comprobantes de pago por la compra de ciento setenta y dos torillos, toretes y toros; 6) Historia financiera resumida a través de chats por WhatsApp, por la compra de diez torillos a José Alberto Durán; 7) Historia por la compra de ganado a Carlos Guardia Galindo; 8) Comprobante de pago por la compra de ganado de la Feria Comercializadora de Ganado Sociedad de Responsabilidad Limitada (FERCOGAN S.R.L.); 9) Documentos probatorios de su inversión en alimentación del ganado ubicado en la “Enconada”; 10) Memorial presentado el 20 de septiembre de 2023, por el cual, se hizo conocer -se entiende al Ministerio Público-, que el denunciante habría presentado guías de movimiento animal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), obtenidos de manera fraudulenta; y, se solicitó la emisión de requerimiento fiscal a dicha institución con el fin de que informe al respecto; 11) Solicitud de la indicada fecha, de requerimiento fiscal dirigido al Comando Policial de Cotoca de la Policía Boliviana, a efecto de brindar información sobre los documentos que exhibió el denunciante a funcionarios policiales de dicha división; y, 12) Imágenes, filmaciones, mensajes de texto de WhatsApp y transferencias que acreditan que su persona realizó la mayor parte de la inversión. En ese entendido, el Fiscal Departamental demandado no actuó de manera objetiva y emitió una Resolución Jerárquica arbitraria, incurriendo en incongruencia ultra petita, ya que el memorial de objeción al rechazo de denuncia presentado por el denunciante era de dos páginas y no mencionaba agravio alguno; por otro lado, incurrió en incongruencia citra petita, toda vez que, omitió valorar la prueba cursante en el cuaderno de investigaciones.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vejez digna, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su elemento motivación y fundamentación de las resoluciones, citando al efecto los arts. 67, 68, 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución Jerárquica OR-152/23, disponiendo que el Fiscal Departamental demandado emita una nueva, considerando “…todos los elementos y pericias e informes médicos cursantes en el cuadernillo de investigaciones” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 286 a 291, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia, señaló que: i) Jorge Armando Caballero Bonilla, Fiscal de Materia, emitió la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo de 2023, ante lo cual, José Alberto Jiménez Añez impugnó dicha decisión; ii) La extensión de la Resolución Jerárquica OR-152/23 cuestionada, no implica que se cumplió con el deber de fundamentación; además, en su estructura expone que la revocatoria es pertinente antes de analizar la objeción al rechazo de denuncia; y, iii) La referida Resolución Jerárquica menciona que existían elementos probatorios que no fueron valorados; sin embargo, no especifica cuáles fueron estos.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 272 a 284, y en audiencia de garantías, a través de Giovanna Salazar Bilbao, Fiscal de Materia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) No se contaba con las declaraciones testificales, desdoblamientos de Discos Compactos (CDs) e inspección ocular; además, no se emitieron requerimientos fiscales para la realización de actos investigativos, por lo que, no se valoraron las pruebas presentadas por José Alberto Jiménez Añez; b)

En ese entendido, existían elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones que no fueron valorados de acuerdo a la sana crítica y objetividad por el director funcional de la investigación; c) La Resolución Jerárquica OR-152/23 cumplió con los parámetros establecidos por ley, ya que, fue clara y respondió a los cuestionamientos impugnados, explicando los actuados realizados por el Fiscal de Materia; d) La motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que requiere una estructura de forma y fondo; e) El derecho a una vejez digna previsto por la Constitución Política del Estado, se ejerce dentro de los márgenes o límites legales; y, f) Corresponde la denegatoria de tutela, ya que la presente acción tutelar carece de relevancia constitucional; además, no constituye una instancia de revisión de la jurisdicción ordinaria.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

José Alberto Jiménez Añez no asistió a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 235.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 125/23 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 291 vta. a 294 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica OR-152/23 y que el Fiscal Departamental demandado emita una nueva; con base en los siguientes fundamentos: 1) La referida Resolución Jerárquica cuenta con una descripción de antecedentes y consideraciones previas, fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva, cumpliendo con la estructura formal de una resolución; sin embargo, corresponde verificar si cuenta o no con los argumentos “medulares”; en ese entendido, se describieron cuarenta elementos de prueba cursantes en el cuaderno de investigación; empero, en la parte de fundamentación probatoria intelectiva, se abordaron diecinueve; y, 2) El Fiscal Departamental demandado no se pronunció sobre todos los elementos de prueba y no dio razones para omitir dicho pronunciamiento, incurriendo en incongruencia omisiva; por lo que, la motivación es insuficiente. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el abogado de la parte accionante solicitó se aclare si la nueva resolución dispuesta debe emitirse inmediatamente o cuando esa Resolución constitucional retorne de consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; petición que mereció la aclaración de la Sala Constitucional, al manifestar que, conforme a los arts. 203 de la CPE, 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), la referida Resolución debe cumplirse de forma inmediata.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo de 2023, Jorge Armando Caballero Bonilla, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia interpuesta por José Alberto Jiménez Añez -ahora tercero interesado- contra Ítalo Jaime Mendoza Lara -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de estafa, signada con el Código Único de Denuncia (CUD) 701202142200863, señalando que la investigación no aportó “ELEMENTOS SUFICIENTES” para sostener una imputación formal (fs. 166 a 172 vta.).

II.2. A través de memorial interpuesto el 31 de marzo de 2023, el tercero interesado presentó “impugnación” contra la Resolución mencionada en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, solicitando se revoque el “…requerimiento de rechazo de denuncia, ordenando la imputación contra el denunciado ITALO MENDOZA LARA” (sic [fs. 173 a 174 vta.]). II.3. Mediante Resolución Jerárquica OR-152/23 de 8 de mayo de 2023, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo del citado año, disponiendo que el Fiscal de Materia asignado al caso emita “…los requerimientos investigativos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos…” (sic), argumentando que el nombrado asumió una actitud pasiva dentro de la investigación al no emitir actos investigativos de oficio y encontrarse pendientes otras diligencias (fs. 175 a 204).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vejez digna, a la tutela judicial efectiva, y al debido proceso en su elemento motivación y fundamentación de las resoluciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, el Fiscal Departamental demandado revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo de 2023 emitida a su favor, a través de la Resolución Jerárquica OR-152/23; incurriendo en incongruencia citra petita al omitir valorar de manera positiva o negativa diferentes elementos de prueba; e, incurriendo en incongruencia ultra petita, ya que el memorial de objeción al rechazo de denuncia presentado por el denunciante en el proceso penal de origen no menciona agravio alguno. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado señaló que, el Fiscal de Materia asignado al caso omitió valorar elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones y que quedan actos investigativos pendientes; por otro lado, la Resolución Jerárquica cuestionada es clara y responde a los puntos impugnados; y, la presente acción tutelar carece de relevancia constitucional.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1 Sobre el propósito de la fundamentación en la revocatoria de rechazo de una denuncia, querella o intervención policial preventiva

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -en casos como Tristán Donoso Vs. Panamá y, Escher y otros Vs. Brasil- estableció que “…el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión…”; razonamiento que concuerda con la SCP 0169/2025-S2 de 1 de abril, que estableció que el fallo que revoca una resolución de rechazo no evalúa la culpabilidad o inocencia de la parte imputada, sino, si el diseño y la orientación de la investigación fueron adecuadas, de forma que se determine si es viable la recolección de elementos de convicción adicionales y relevantes, aspecto sobre el cual debe recaer la fundamentación. En consecuencia, siendo que en las resoluciones que analizan la objeción al rechazo de denuncia, corresponde a los fiscales departamentales determinar si la investigación fue completa, se tiene que, la ausencia de valoración sobre ciertos indicios o pruebas alegados por las partes no constituye motivación o fundamentación insuficiente, salvo que se acredite que las mismas permiten demostrar la existencia de una investigación cuya continuidad no sea necesaria, pese a que existan actos de investigación pendientes. Dicho entendimiento guarda coherencia con el art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, el cual establece que los fiscales departamentales deben resolver la objeción al rechazo de denuncia “…valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada…”; disposición que debe estar orientada a la finalidad de las resoluciones de revocatoria de rechazo de denuncia, la cual no es la absolución o culpabilidad, sino la existencia de una investigación suficiente, adecuada y la necesidad de la continuidad de los actos investigativos.

III.2. Sobre el rol y obligación del Ministerio Público de investigar en delitos de acción pública

Al respecto, la SCP 0935/2025-S2 de 25 de agosto, estableció que “La necesidad de realizar investigaciones penales adecuadas, oportunas y exhaustivas no solo cumple una función individual -al esclarecer los hechos para cada víctima- sino también puede tener una dimensión colectiva, al permitir que la sociedad conozca lo ocurrido, evitando la repetición de hechos similares y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

(…) En efecto, en la etapa preliminar o preparatoria, el Ministerio Público tiene la obligación de recolectar de oficio los elementos de juicio y extraer de ellos la mayor información posible, de forma que, una investigación le permita incluso acrecentar las causales investigativas y por tanto las pruebas a valorar; por el contrario, si omite tal recolección, se incrementa el riesgo de error y se genera indefensión; toda vez que, la falta de obtención adecuada de pruebas impide que las partes, cuenten con los insumos necesarios para cuestionar, refutar o desvirtuar la imputación o acusación” Dicho razonamiento no solo es aplicable a fiscales de materia, sino también a los fiscales departamentales que conozcan recursos de objeción al rechazo de denuncia, pues, conforme a los arts. 225 de la CPE y 8 de la LOMP, el Ministerio Público, a través de los fiscales promoverá de oficio la acción penal pública, implicando ello que la revisión por parte de las autoridades jerárquicas de dicho órgano constitucional comprende a tiempo de revisar una resolución de rechazo, incluso de oficio, el examen de la integridad de la investigación; lo contrario, podría generar responsabilidad no solo en dichos funcionarios públicos, sino también en el Estado boliviano, que -según la Corte IDH en casos como Trujillo Oroza, Ticona Estrada y Otros, todos ellos contra Bolivia- tiene el deber de evitar la impunidad, de investigar de oficio y de llevar la investigación como deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ítalo Jaime Mendoza Lara -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de estafa, fue emitida la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo de 2023, en favor del nombrado (Conclusión II.1); ante ello, por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, José Alberto Jiménez Añez -hoy tercero interesado-, en su calidad de víctima en el referido proceso, presentó “impugnación” -se entiende objeción- contra la referida determinación (Conclusión II.2), dando lugar a la Resolución Jerárquica OR-152/23 de 8 de mayo de 2023, mediante la cual, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, revocó la mencionada decisión de rechazo de la denuncia, disponiendo la prosecución de los actos de investigación, bajo el argumento de que el Fiscal de Materia asumió una actitud pasiva dentro de la investigación al no emitir actos investigativos de oficio y encontrarse pendientes otras diligencias (Conclusión II.3).

Ahora bien, en la presente acción tutelar, el accionante denuncia que el Fiscal Departamental demandado, al emitir la Resolución Jerárquica OR-152/23, incurrió en los siguientes actos lesivos: i) Omitió valorar de manera positiva o negativa diferentes elementos de prueba incurriendo en un vicio de incongruencia omisiva; y, ii) Decidió ultra petita ya que el memorial de objeción al rechazo de denuncia que dio lugar a la citada Resolución Jerárquica no mencionaba agravio alguno. En relación al punto i), el peticionante de tutela, en su memorial de acción de amparo constitucional, realizó una enumeración de diferentes elementos de prueba que, según refiere, no fueron valorados por la autoridad fiscal demandada, lo cual conllevaría -a su criterio- un vicio de incongruencia omisiva; sin embargo, es preciso hacer notar que la omisión de valoración de la prueba no equivale a una incongruencia omisiva, pues la primera de ellas está destinada a realizar una crítica ante la negligencia de la autoridad judicial, fiscal o administrativa de asignar un valor a los elementos de prueba, explicando los motivos por los que llega a dicha valoración; y, la segunda se refiere a la falta de respuesta a alguno de los agravios o requerimientos realizados dentro de un proceso judicial o un procedimiento administrativo. Realizada dicha distinción, se concluye que el accionante quiso cuestionar la omisión de valoración de actuados y pruebas, ya que señaló que “…EXISTEN ASPECTOS QUE NO FU[ER]ON VALORADOS DE MANERA NI POSITIVA O NEGATIVA…” (sic [fs. 219]), enumerando elementos de prueba y actuados del cuaderno de investigación, concretamente los siguientes: a) Contrato de alquiler con reconocimiento de firmas y rúbricas de 11 de mayo de 2022 y publicaciones de Facebook; b) Carta de renuncia a cargo; c) Conversaciones a través de chat que acreditan que el denunciante solo invirtió Bs49 003,14.-; d) Historia cronológica de compra de sesenta y cinco torillos en Trinidad; e) Resumen cronológico y comprobantes de pago por la compra de ciento setenta y dos torillos, toretes y toros; f) Historia financiera resumida a través de chats por WhatsApp, por la compra de diez torillos a José Alberto Durán; g) Historia por la compra de ganado a Carlos Guardia Galindo; h) Comprobante de pago por la compra de ganado de FERCOGAN S.R.L.; i) Documentos probatorios de su inversión en alimentación del ganado ubicado en la “Enconada”; j) Memorial presentado el 20 de septiembre de 2023; por el cual, se hizo conocer -se entiende al Ministerio Público-, que el denunciante habría presentado guías de movimiento animal del SENASAG, obtenidos de manera fraudulenta; y, se solicitó la emisión de requerimiento fiscal a dicha institución con el fin de que informe al respecto; k) Solicitud de la indicada fecha, de requerimiento fiscal dirigido al Comando Policial de Cotoca de la Policía Boliviana, a efecto de brindar información sobre los documentos que exhibió el denunciante a funcionarios policiales de dicha división; l) Imágenes, filmaciones, mensajes de texto de WhatsApp y transferencias que acreditan que su persona realizó la mayor parte de la inversión.

Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en resoluciones que deciden la revocatoria del rechazo de denuncia no es necesario valorar los elementos de convicción como si se estuviese declarando la inocencia o culpabilidad, sino demostrar que existe la necesidad de proseguir la investigación especificándose los indicios probatorios y actuados insuficientes que el Fiscal de Materia debe recolectar. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Jerárquica OR-152/23, se evidencia que el Fiscal Departamental demandado, determinó la realización de los siguientes actos investigativos de oficio a fin de esclarecer el hecho denunciado, entre ellos: 1) Requerir la declaración informativa de los testigos Julio César Roca Mercado, Ernesto Ayala Vargas, Miguel Antonio Galeb Abdar, Roberto Peña, Enrique Mendoza, José Jiménez, Mariela Brandán, Sebastián García Castellanos, Sandra Marioly Flores Rodríguez, José María Burgos Melean y Miguel Ángel Elmis Méndez Lara; 2) Requerir al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) el desdoblamiento de los CDs presentados durante la investigación; 3) Señalar día y hora de audiencia de inspección ocular en el lugar de los hechos; 4) Requerir al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) a efecto que emita certificado sobre los procesos penales seguidos contra el accionante; 5) Conminatoria al cumplimiento del requerimiento fiscal emitido el 4 de noviembre de 2022; y, 6) Emitir requerimiento a la “…FELCC, FELCN, FELCV, TRANSITO y DIPROVE…” (sic [fs. 203]), así como al “REJAP” a efecto de obtener los antecedentes policiales y judiciales del impetrante de tutela, al Servicio de Registro Civil (SERECI), al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) con el fin que informen sobre el domicilio del prenombrado, y a “MIGRACION” para que emita su flujo migratorio. En consecuencia, se evidencia que la Resolución Jerárquica cuestionada cuenta con los argumentos suficientes que justifican la revocatoria de la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 17 de marzo de 2023, pues el Fiscal Departamental demandado, concluyó en la realización de actos de investigación y determinó la continuidad de la investigación; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a la falta de valoración de los elementos mencionados por el accionante, en la medida en que, no precisó en su demanda de acción de amparo constitucional de qué manera la prueba que alega de omitida de valoración habría determinado que la prueba extrañada por la autoridad fiscal demandada era innecesaria. En relación al punto ii), el impetrante de tutela refiere que la autoridad fiscal demandada emitió una Resolución Jerárquica ultra petita ya que el memorial de objeción al rechazo de denuncia presentado el 31 de marzo de 2023 no mencionaría agravio alguno; sin embargo, si bien es evidente que dicho memorial cuenta con afirmaciones confusas, no puede dejarse de lado, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el rol y obligación del Fiscal Departamental demandado de revisar, incluso de oficio, la integridad de la investigación en los casos puestos a su conocimiento, beneficiando ello no solo a la parte víctima, sino también a la parte sindicada, quien de esta manera contará con los insumos necesarios para cuestionar una eventual imputación -si es que correspondiera- o para sustentar de manera fundada una decisión a su favor. En ese entendido, al haberse activado la competencia de la autoridad demandada mediante el recurso de objeción al rechazo de denuncia, no era necesaria la subordinación a los argumentos del recurrente, máxime si se considera la naturaleza de la decisión asumida desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela respecto a este punto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 125/23 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 291 vta. a 294 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0021_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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