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SCP 0021/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de enero de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de enero de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
42557-2021-86-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, el 13, 18 y 20 de agosto de 2021, presentó memoriales ante la Jueza hoy demandada a efecto de que deje sin efecto las órdenes dispuestas a efecto de su comparecencia por la declaratoria de rebeldía en su contra; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no mereció respuesta alguna, encontrándose vigente el mandamiento de aprehensión librado en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Comparecencia voluntaria del rebelde, sus efectos; 2) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los memoriales presentados el 13 y 18 de agosto de 2021 con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión reclamado por el impetrante de tutela, siempre y cuando no haya sido dejado sin efecto hasta la fecha de la emisión del presente fallo constitucional; y, 3° DENEGAR, la tutela solicitada, respecto al memorial presentado el 20 de agosto de 2021 por los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Comparecencia voluntaria del rebelde, sus efectos
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 42557-2021-86-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guisela Alpire Vargas en representación sin mandato de Freddy Alpire Salazar contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de agosto de 2021, cursante de fs. 7 a 8, la accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Candelaria Roxana Illanes Lara, Rosario Brígida Rivera y otros, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el 20 de agosto de 2021 a horas 15:00, presentó memorial donde “…PURGA REBELDÍA Y PRESENTA EL PAGO DE LA MULTA ORDENADA POR LA JUEZ 13AVO. DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE LA CAPITAL A CARGO DE LA DRA LIVIA SANTA ALARCON, ESCRITO QUE SE PRESENTÓ POR PLATAFORMA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ…” (sic). Por otro lado, los escritos presentados el 13, 18 y 20 de agosto de 2021, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar -24 de igual mes y año- continúan en despacho y el mandamiento de aprehensión emitido en su contra por la declaratoria de rebeldía sigue vigente, sin considerar que la libertad de las personas está por encima de cualquier formalismo, aspecto que causa lesión a sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna vinculados a su derecho a la libertad; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra y se le restituyan todos sus derechos vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 25 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, mediante sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliando los mismos, manifestó que: a) En horas de la tarde del 20 de agosto de 2021, se presentó un memorial en el que se adjuntó la boleta de “purga de rebeldía” solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión en su contra que a la fecha no se consideró; y, b) Habiéndose apersonado al Juzgado no dan explicación sobre dicha solicitud; motivo por el cual, recurre a la vía constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 10 y 11.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos que de los datos cursantes en la presente acción de defensa, se tiene que “…dentro del ilegal e imaginario proceso de violencia económica y familiar…” (sic) que se le sigue al ahora accionante promovido por Candelaria Roxana Illanes Lara, se expidió una orden de aprehensión en contra del prenombrado, así el 13 de agosto de 2021 al haber cumplido realizado el pago por la declaratoria de rebeldía de Bs500.- (quinientos bolivianos) se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Tercero de la Capital de dicho departamento, solicitando se deje sin efecto la orden de aprehensión emanada en su contra; sin embargo, dicha petición hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no fue atendida, encontrándose en riesgo su libertad y su vida; toda vez que, es una persona adulta mayor que fue sometida a tres operaciones a corazón abierto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 6 de octubre de 2022 (fs. 31), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se ordenó su reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el decreto de 27 de diciembre de 2023 (fs. 58); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 13 de agosto de 2021, Freddy Alpire Salazar -ahora accionante-, solicitó a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad judicial demandada- dejar sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de sus comparecencia, especialmente el mandamiento de aprehensión librado en su contra, y que por Secretaria de su despacho se extienda nota o boleta judicial, para realizar la caución de la multa impuesta (fs. 4). II.2. Consta escrito presentado el 18 de agosto de 2021, por Freddy Alpire Salazar -hoy impetrante de tutela- con suma “JUTIFICO MOTIVO DE INASISTENCIA Y PRESENTO DOCUMENTACION.-” (sic), solicitando audiencia para resolver los incidentes que planteó y acompañando certificado médico en el Otrosí Primero para que se considere su estado de salud (fs. 5). II.3. Cursa memorial presentado el 20 de agosto de 2021, a través del cual el hoy impetrante de tutela hizo conocer a la Jueza ahora demandada el pago de la suma de Bs500.- (quinientos bolivianos), por concepto de multa por rebeldía, solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra (fs. 3). II.4. Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, a cargo de la autoridad jurisdiccional ahora accionada, mediante informe presentado el 25 de agosto de 2021 dentro la presente acción de libertad, hizo conocer que el memorial presentado por el hoy accionante el 20 igual mes y año, fue remitido a dicho despacho judicial el 23 del mismo mes y año; empero, no fue providenciado debido a que la nombrada autoridad se encuentra con baja médica desde el 21 del señalado mes y año, al haber sido intervenida quirúrgicamente; por lo que se encuentra a la espera que se designe un Juez en suplencia legal a los fines de la resolución de la referida solicitud, haciéndose notar que a la prenombrada autoridad jurisdiccional le notificaron con la acción de libertad tres minutos antes de la audiencia tutelar (fs. 27 y vta.). II.5. Cursa certificado médico emitido por Adalid Morales Bardales -Medico Ginecólogo-, en el que señala que “La paciente Livia Santa Alarcón Aranda fue sometida a cirugía de urgencia el día 21/08/2021 a Hrs 16:00; en Clínica Foianini; con Diagnóstico Placenta Previa Marginal; trabajo de parto (…) cesárea iterativa; recién nacida (femenina)…” (sic [fs. 25]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, el 13, 18 y 20 de agosto de 2021, presentó memoriales ante la Jueza hoy demandada a efecto de que deje sin efecto las órdenes dispuestas a efecto de su comparecencia por la declaratoria de rebeldía en su contra; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no mereció respuesta alguna, encontrándose vigente el mandamiento de aprehensión librado en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Comparecencia voluntaria del rebelde, sus efectos; 2) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Comparecencia voluntaria del rebelde, sus efectos

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0564/2019-S2 de 17 de julio, asumió el siguiente entendimiento:

La declaratoria de rebeldía, sus efectos y comparecencia, están previstos en los arts. 89 al 91 del CPP; al respecto, la SCP 2025/2013 de 13 de noviembre citando a la SCP 811/2012 de 20 de agosto, con relación a la revocatoria de la declaratoria de rebeldía basada en el art. 87 incs.1) del CPP y sus efectos previstos en el art. 89 del mismo código, estableció que tienen como objetivo principal, lograr la comparecencia del imputado a fin de que la investigación o el proceso penal continúen en su tramitación.

La misma Sentencia; en cuanto a la comparecencia señaló:

Asimismo, en los casos de comparecencia del declarado rebelde, el art. 91 del adjetivo penal, indica que: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza”.

Consecuentemente, la rebeldía finaliza con la comparecencia del imputado, ante la autoridad que emitió el llamamiento o que lo convocó y ante la cual está siendo procesado, sea voluntariamente o en mérito al cumplimiento de una orden de aprehensión, momento en el que se dejarán sin efecto las medidas dispuestas para garantizar su presencia en el proceso; claro está, la autoridad jurisdiccional es quien tiene que decidir esta situación, según las circunstancias, las pruebas y su sana crítica”. Este instituto busca la aplicación efectiva de la potestad del Estado de impartir y administrar justicia, conforme a lo determinado por el art. 178.I de la CPE; tiene carácter instrumental, que persigue el desarrollo normal del proceso y la presencia del imputado en el mismo, conforme a lo previsto en los arts. 16 parte in fine y 221 del CPP. La comparecencia, de acuerdo a lo previsto por el art. 91 del CPP, puede ser voluntaria, cuando el rebelde comparece sin coerción alguna; y, obligatoria, en el caso de ser conducido ante la autoridad, por efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión. Es pertinente hacer esta distinción, porque en el primer supuesto, corresponderá a la autoridad jurisdiccional dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y las medidas impuestas; y, en el segundo caso, es decir, cuando la comparecencia emerge de la aprehensión del imputado, pronunciarse sobre la situación jurídica del imputado, inmediatamente que éste sea puesto a su disposición. Cuando comparece voluntariamente el imputado -sin que se haya ejecutado el mandamiento de aprehensión- y purga su rebeldía, de acuerdo al art. 91 del CPP, la autoridad emisora del Auto de declaratoria de rebeldía, deberá pronunciarse y dejar sin efecto las medidas dispuestas, entre ellas el mandamiento de aprehensión; el efecto jurídico de la comparecencia voluntaria, es retrotraer el proceso y la situación jurídica del imputado al momento de su aplicación y continuar con el desarrollo del proceso; este entendimiento fue asumido por la SCP 1203/2012 de 6 septiembre.

Así también, otro efecto -sustancial- de la comparecencia es que el imputado pueda ejercitar todos sus derechos, una vez se haya dejado sin efecto las medidas judiciales de la rebeldía que pudieran haber alterado temporalmente el ejercicio pleno de sus derechos, como el derecho a la libertad.

La comparecencia voluntaria, como se dijo supra, pone fin a la declaratoria de rebeldía, que una vez cumplida ésta y purgada, constituye el medio idóneo y eficaz para dejarla sin efecto, así como las órdenes dispuestas para la comparecencia, en cumplimiento de lo establecido por el art. 91 del CPP, decisión que debe ser asumida por el órgano emisor, en el día o a la brevedad posible; al respecto la SCP 0505/2018-S2 de 14 de septiembre estableció que considerando que el bien jurídico que puede ser objeto de lesión, es la libertad del imputado; pues de no procederse así, este derecho estaría siendo vulnerando, al constituir tal declaración y sus efectos, una persecución ilegal.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0716/2018-S2 de 31 de octubre, emitió el siguiente entendimiento:

Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0673/2013 de 3 de junio señaló que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, señaló: ‘De la interpretación del art. 18 de la CPEabrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»', tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: ‘…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)...’. De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro). En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, el 13, 18 y 20 de agosto de 2021, presentó memoriales ante la Jueza hoy demandada a efecto de que deje sin efecto las órdenes dispuestas a efecto de su comparecencia por la declaratoria de rebeldía en su contra; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no mereció respuesta alguna, encontrándose vigente el mandamiento de aprehensión librado en su contra. De los antecedentes que cursan en el expediente, lo manifestado por la parte accionante se tiene que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Candelaria Roxana Illanes Lara por la presunta comisión del ilícito de “violencia económica y familiar”, se tiene que la autoridad judicial declaró su rebeldía mediante Auto Interlocutorio 287/2021 de 23 de junio, debido a su incomparecencia en la audiencia para considerar la imputación formal y las medidas cautelares. Ahora bien, conforme al Fundamentos Jurídico III.1 del presente fallo constitucional la comparecencia de un imputado declarado rebelde puede darse en dos modalidades, según lo previsto en el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), esta puede ser voluntaria, cuando el imputado se presenta sin coerción alguna; y obligatoria, cuando es conducido ante la autoridad por la ejecución del mandamiento de aprehensión. Esta distinción es fundamental para comprender las obligaciones que recaen sobre la autoridad jurisdiccional respecto a la situación jurídica del imputado. Así cuando la comparecencia es voluntaria, el imputado se apersona para purgar la rebeldía, lo que implica que la autoridad jurisdiccional debe dejar sin efecto tanto la declaratoria de rebeldía como las medidas dispuestas, incluyendo el mandamiento de aprehensión, presupuesto que se sustenta en el art. 91 del CPP, que establece que la comparecencia voluntaria retrotrae el estado procesal del imputado al momento previo a la rebeldía, permitiendo la continuidad del proceso con pleno ejercicio de sus derechos. Bajo ese marco, la autoridad emisora de la declaratoria de rebeldía tiene el deber de pronunciarse a la brevedad posible sobre su comparecencia, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que destaca el principio de celeridad procesal, consagrado tanto en la norma procesal penal como en la jurisprudencia constitucional, por lo que la demora injustificada en esta resolución no solo constituye un incumplimiento procesal, sino que también vulnera derechos fundamentales; dado que, la falta de pronunciamiento oportuno sobre la comparecencia del declarado rebelde y las medidas asociadas puede ser calificada como una forma de persecución ilegal, en tanto se prolongue injustificadamente la afectación al derecho a la libertad del imputado. En conclusión, la autoridad jurisdiccional que recibe la comparecencia del declarado rebelde debe emitir su resolución sin demora, con el objetivo de garantizar el desarrollo regular del proceso y evitar cualquier restricción indebida de derechos. Cualquier omisión en este sentido no solo contraviene el art. 91 del CPP, sino también vulnera principios constitucionales, como el debido proceso y el acceso a la justicia pronta y oportuna. Ahora bien, en el caso particular, el impetrante de tutela mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2021, se apersonó ante la referida autoridad jurisdiccional solicitando se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y todas las medidas emitidas en su contra, debiendo a través de la Secretaría de su despacho extender la boleta judicial correspondiente para la caución de la multa impuesta (Conclusión II.1); no obstante, esta solicitud no fue resuelta dentro del plazo legal previsto en el art. 132.1 del CPP, que establece el término de veinticuatro horas para dictar providencias de mero trámite, evidenciándose en el caso concreto una contravención al principio de celeridad procesal.

En forma posterior, con el mismo propósito por memorial presentado el 18 de agosto de 2021, el ahora impetrante de tutela justificó su incomparecencia mediante la presentación de un certificado médico que informaba sobre su delicado estado de salud, apersonamiento que tampoco fue atendido, lo que agravó la demora y afectó su derecho al debido proceso. Finalmente, el hoy accionante por memorial presentado el 20 de agosto de 2021, registrado en la plataforma judicial a horas 16:00, reiteró su petición de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, solicitud que no fue resuelta; empero, debido a la baja médica de la Jueza demandada, quien fue intervenida quirúrgicamente por trabajo de parto el 21 de ese mes y año; caso en el cual, la responsabilidad de atender la solicitud recaía en el juez suplente designado, no en la Jueza ahora demandada. Por lo anterior, se concluye que respecto a los memoriales del 13 y 18 de agosto de 2021, la falta de resolución constituye una vulneración al principio de celeridad y al debido proceso, por lo que corresponde conceder la tutela.

Sin embargo, respecto al memorial del 20 de agosto de 2021, se determina que la autoridad demandada estaba impedida de resolverlo debido a su baja médica, siendo responsabilidad del juez suplente su atención. En este extremo, al respecto, corresponde denegar la tutela.

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los memoriales presentados el 13 y 18 de agosto de 2021 con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión reclamado por el impetrante de tutela, siempre y cuando no haya sido dejado sin efecto hasta la fecha de la emisión del presente fallo constitucional; y, 3° DENEGAR, la tutela solicitada, respecto al memorial presentado el 20 de agosto de 2021 por los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

Notas al pie

1 Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal. El art. 91 del CPP, al referirse a la comparecencia del imputado hace alusión a las costas de rebeldía, que al tenor de la citada disposición legal, ellas deben ser cubiertas por el imputado o en su defecto por su fiador; sin embargo, nótese que dicho aspecto no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde;

es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0021_2024-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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