Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de febrero de 2025
Deniega la tutela
Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato, alegaron lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, declaró improcedente su recurso de apelación mediante Auto de Vista 192, con fundamentos insuficientes, arbitrarios, e incongruencia aditiva, al no valorar razonablemente la prueba y los elementos que presentaron, y tergiversación en la apreciación de su solicitud de cesación, bajo el criterio errado de que deberían enervar el riesgo procesal de art. 234 núm. 7 del CPP –único riesgo latente que estaría vigente y les fueron establecidos– para poder solicitar criterios de proporcionalidad, cuando su requerimiento no estaba dirigida en enervar dicho riesgo procesal, sino que aún concurrente el mismo se declare procedente la cesación de sus medidas en cuanto a la conveniencia (segunda vertiente del art. 239 núm.1 del referido Código), y se les imponga una medida menos lesiva que la detención en coherencia con los principios de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 88 a 92, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2025-S4 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49909-2022-100-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 88 a 92, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Orlando Iporre Llano en representación sin mandato de Rolando Escobar Pérez, Leocadio Peralta Aranibar, Grover Peralta Porco, Ever Guarayo Aira y Ángel José Veizaga Ferrel contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 13 a 18; los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal que les sique el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en la audiencia de sus medidas cautelares de 11 de julio de 2022, se les impuso la detención preventiva por la concurrencia de múltiples peligros procesales; entre ellos, el de fuga y obstaculización; sin embargo, al haber interpuesto recurso de apelación, el Auto de Vista 165 de 21 de julio de igual año, revocó parcialmente en el fondo dicha determinación, declarando procedente su recurso, y dejando latente un solo riesgo procesal, como es el previsto en el art. 234 núm. 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además, dejando constancia de que no se podría aplicar en aquel momento criterios de proporcionalidad para declararse la aplicación de medidas sustantivas a la detención preventiva al fundarse en uno solo riesgo, esto por no haber sido invocados por su defensa.
Es así que, en el marco de lo último expuesto, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de Potosí, solicitud de cesación a su detención preventiva, por la concurrencia de un solo riesgo procesal, y por tornarse conveniente dicha medida por criterios de proporcionalidad, y otros; empero, la citada autoridad, por Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, rechazó la cesación de sus medidas, afirmando nuevamente aspectos vinculados al riesgo procesal y en el fondo denegando su petitorio y manteniendo su detención preventiva. Razón por la cual, contra dicha determinación, presentaron recurso de apelación incidental; y, realizada la audiencia para tal efecto, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –ahora demandada–, mediante Auto de Vista 192 de 17 de agosto de 2022, en el fondo declaró improcedente la apelación planteada, confirmó el precitado Auto Interlocutorio, y dispuso mantener la extrema medida de sus detenciones preventivas; sin embargo, dicha Resolución sería atentatoria al debido proceso, vinculado con su derecho a la libertad; sin considerar que en calidad de presuntos autores de mencionado delito, se habría determinado como concurrentes los tres requisitos del art. 233 del CPP, como la probabilidad de autoría, y más relevante la concurrencia del único riesgo inserto en el numeral 7 del art. 234 de la precitada norma, referido al peligro efectivo para la sociedad. En ese contexto, alegaron que al existir jurisprudencia aplicable al caso, respecto de que es previsible otorgar la cesación a la detención preventiva por la concurrencia de un solo riesgo como establece la SCP 0252/2018-S2, y concordante con la obligación de realizar un test de proporcionalidad conforme a la SCP 0340/2019-S3, con el objeto de aplicar la medida cautelar que menos afecte la libertad de los imputados; sin embargo, pese que dichos aspectos fueron expuestos ante la Vocal demandada, la misma obrando de manera arbitraría como la autoridad inferior, se inhibió de aplicar dichos entendimientos, aludiendo que la privación de la libertad de los imputados a través de la detención preventiva sería la única medida idónea que cumplan aparentemente con las finalidades del art. 221 del CPP; y, con tal razonamiento al ser arbitrario y contrario al debido proceso, la citada autoridad incurrió en una incongruencia aditiva impropia; puesto que, si bien el hecho de que efectivamente el art. 239 núm. 1 de la referida norma, prevé como procedente la cesación a la detención preventiva cuando se demuestra que ya no concurren los elementos que hicieron aplicable esta extrema decisión o tornen conveniente que la cesación sea dispuesta, y siendo que para el primer caso, en efecto deberá de aportarse nuevos elementos que tiendan a desvirtuar los peligros procesales; empero, para la segunda vertiente tendría que fundarse en la conveniencia de que se imponga una medida menos lesiva que la detención. En ese sentido también manifestaron que, la incongruencia denunciada dimanaría, en que la autoridad demandada, declaró improcedente su recurso de apelación de manera ilegal “arguyendo que no habríamos cumplido con la presentación de nuevos elementos de prueba que enerven el peligro procesal del Art. 234,7) del CPP que el concurrente” (sic); cuando en los hechos y con claridad que ameritaba al caso, le explicaron que su petitorio no iba destinado a solicitar su cesación, destruyendo dicho riesgo procesal con nueva prueba, sino que el nuevo elemento que aportaban sería el Auto de Vista 165, que excluyó todos los otros riesgos, y les posicionaba que se encontrarían detenidos preventivamente bajo la concurrencia de un solo riesgo, y lo que ameritaba a considerarse la segunda vertiente; es decir, la conveniencia de aplicarse medidas menos gravosas por imperio de los principios de proporcionalidad; sin embargo, no obstante que dicho razonamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue expuesto en la audiencia de apelación, la Vocal –hoy demandada–, tergiversando sus fundamentos, confundió el fondo, y especialmente el sentido de su requerimiento de cesación, bajo el criterio errado de que deberían enervar el riesgo procesal de “fuga” para poder solicitar criterios de proporcionalidad, cuando su requerimiento no estaba amparada en enervar dicho riesgo procesal; sino que aún concurrente el mismo, se declare procedente la cesación de sus medidas por ser conveniente y en coherencia con los principios de proporcionalidad. Por último expresaron que, el Auto de Vista 192, conforme a lo expuesto se constituiría en una resolución viciada, por carecer de motivación suficiente en cuanto a sus aseveraciones sin fundamento; asimismo, con una motivación arbitraría e incoherente, como también de valoración irrazonable de la prueba, en cuanto a los elementos aportados en la audiencia de apelación, y de tergiversación en la apreciación de su petitorio.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, alegaron lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 21.7 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 9, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se les conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la emisión de una nueva resolución a la autoridad demandada, disponiendo la restitución de sus derechos a la libertad, restableciendo el debido proceso a través de la cesación de sus detenciones preventivas.
Celebrada la audiencia pública el 23 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 85 a 88, presentes los impetrantes de tutela asistidos por su abogado; y, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
Los solicitantes de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificaron íntegramente los términos expuestos en su demanda de acción de defensa, y ampliándolo manifestaron lo siguiente: a) Conforme se tiene del Auto de Vista 192, en su cuarto reglón, el agravio central por el cual interpusieron su recurso de apelación, solo se constituyeron en denunciar que pese de existir fundamentación en el Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, dicho argumento sería arbitrario y lesivo al debido proceso; esto refutando, que la Vocal demandada mediante su informe en esta acción tutelar, trataría de tergiversar y sorprender según su criterio que denunciaron la falta de fundamentación de dicha Resolución, y si bien la misma citó una sentencia constitucional que supuestamente le daría razón que fundamentó el Auto de Vista cuestionado; empero, no sería cierto, ya que nunca indicó que el Auto Interlocutorio citado carecería de fundamentación; y, b) Asimismo, conforme a su demanda de acción de defensa, no manifestaron que el Auto de Vista 192 cuestionado, contenga una fundamentación suficiente y amplia en otros aspectos; sino que mediante esta acción, denunciaron que dicha Resolución, carecería de motivación suficiente en cuanto a las aseveraciones que expresa sin fundamento compatible con sus conclusiones, y la misma sería arbitraría e incoherente con la valoración y razonable de la prueba; asimismo, con los elementos aportados en la audiencia de apelación, y la tergiversación en la apreciación de su petitorio.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 31 a 32, manifestó que: 1) Si bien los accionantes plantearon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que dispuso rechazar su solicitud de cesación a la detención preventiva, por no cumplir con la carga probatoria; sin embargo, a más de aplicar el principio de proporcionalidad, no correspondería dicho requerimiento por la finalidad que estaría establecida en el art. 221 del CPP; 2) En la audiencia de recurso de apelación, ante los agravios que expresaron los impetrantes de tutela, consistentes en una errónea aplicación de la norma adjetiva, e inobservancia del deber de fundamentación vinculado al debido proceso, estableciendo que se encontrarían vigentes los arts. 233 nums. 1 y 2, y 234 núm. 7 del CPP, y adjuntando como carga probatoria sentencias constitucionales, a efectos de que se les aplique el principio de proporcional en cumplimiento del art. 239 núm. 1 de la citada norma legal; realizó primeramente en plasmar la norma procesal y el sustento de dicho petitorio; asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, y responder los mismos;
3) Los solicitantes de tutela en esta acción tutelar, al señalar dentro sus agravios, que necesariamente debieron de desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234 núm. 7 del referido Código; sin embargo, ello no sería cierto; ya que, debieron de cumplir con lo establecido en el art. 239 núm. 1 de la referida norma; es decir, con la carga argumentativa y probatoria, y no así que presentando sentencias constitucionales, pretendan con los mismos se le consigne como nuevos elementos sobre el derecho de su libertad; y, 4) Sobre la falta de fundamentación del Auto de Vista 192, que alegarían los accionantes, se debería tomar en cuenta lo establecido en la SCP 0628/2021-S2 de 6 de octubre; por lo que, conforme a todo lo precitado, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 88 a 92, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) Si bien los impetrantes de tutela, en su demanda y en la audiencia de acción tutelar, señalaron que el Auto de Vista 192 cuestionado, no llegó a cumplir con la debida fundamentación y valoración de los documentos presentados, y que el mismo sería una resolución arbitraría y abusiva; empero, conforme a los antecedentes del Acta de Audiencia Pública de Consideración y Resolución de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 17 de agosto de 2022, y el Auto de Vista 192 dentro del análisis de los mismos, no existiría una errónea fundamentación, para llegar a establecer una arbitrariedad y la no razonabilidad; más aun, cuando la Vocal demandada, señaló de manera coherente que la resolución del Juez inferior, sobre las sentencias constitucionales y el principio de proporcionalidad, se pronunció conforme a su competencia y lo establecido en el art. 398 del CPP, además sobre los agravios invocados por los imputados, y con relación al art. 239 núm. 1 del mencionado Código; ii) Los impetrantes de tutela, manifestaron que en la audiencia de apelación, presentaron como nuevo elemento el Auto de Vista 165, que estableció que solo estaría latente el riesgo procesal del art. 234 núm. 7 del referido Código, y sugirió hacer valer el criterio de proporcionalidad; y la Vocal demandada dentro de sus fundamentos, en cuanto a la presentación de las sentencias constitucionales, el Juez a quo se hubiera pronunciado que los mismos no llegaría a constituir como elementos de prueba; sin embargo, el citado Juez sobre este extremo también se pronunció, sobre el principio de ponderación y favorabilidad; y, iii) Conforme a todo lo precitado, no se advierte la lesión causada por la autoridad demandada; puesto que, no se estaría afectando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los accionantes; es decir, no se evidenciaría que estén indebidamente procesados o privados de libertad, sino que dentro del proceso penal instaurado en sus contras, existiría un riesgo procesal que no fue desvirtuado; y, si bien llegaron a presentar sentencias constitucionales para considerar sus situaciones jurídicas, y las mismas serían de cumplimiento obligatorio, señalando entre otras la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio; empero, de la revisión de dicha resolución, no tendría ninguna relación, ni sería similar con el caso de los impetrantes de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 165 de 21 de julio de 2022, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ante el recurso de apelación incidental de medida cautelar planteado por Rolando Escobar Pérez, Leocadio Peralta Aranibar, Grover Peralta Porco, Ever Guarayo Aira y Ángel José Veizaga Ferrel –ahora impetrantes de tutela–, dentro del proceso penal que les sique el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; declaró parcialmente procedente dicho recurso, en cuanto de haberse enervado los riesgos procesales de los arts. 234 núm.1, referente a los dos primeros citados, y 235 núm. 2 del CPP; asimismo, estableciendo que referente a todos los nombrados, persistiría y quedaría vigente solo el riesgo del art. núm. 7 del precitado Código, en su vertiente de peligro efectivo para la sociedad, y bajo dicho parámetro, procedió a mantener firme la determinación de la detención preventiva de los mismos (fs. 106 a 110 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de Potosí, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por los accionantes; rechazó dicha cesación (fs. 93 a 97). II.3. A través del Auto de Vista 192 de 17 de agosto de 2022, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –hoy demandada–, ante el recurso de apelación incidental planteada por los accionantes; declaró improcedente en el fondo dicho recurso, y confirmó el Auto Interlocutorio de 3 de igual mes y año (fs. 98 a 100).
Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato, alegaron lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, declaró improcedente su recurso de apelación mediante Auto de Vista 192, con fundamentos insuficientes, arbitrarios, e incongruencia aditiva, al no valorar razonablemente la prueba y los elementos que presentaron, y tergiversación en la apreciación de su solicitud de cesación, bajo el criterio errado de que deberían enervar el riesgo procesal de art. 234 núm. 7 del CPP –único riesgo latente que estaría vigente y les fueron establecidos– para poder solicitar criterios de proporcionalidad, cuando su requerimiento no estaba dirigida en enervar dicho riesgo procesal, sino que aún concurrente el mismo se declare procedente la cesación de sus medidas en cuanto a la conveniencia (segunda vertiente del art. 239 núm.1 del referido Código), y se les imponga una medida menos lesiva que la detención en coherencia con los principios de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.
Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas nos pertenecen).
Al respecto la SCP 2541/2012 de 21 de diciembre, señaló que: “Este principio está referido a la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial” (…)
En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa.
Sobre el particular, la precitada SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando la línea jurisprudencial emanada al respecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, alegaron lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, declaró improcedente su recurso de apelación mediante Auto de Vista 192, con fundamentos insuficientes, arbitrarios, e incongruencia aditiva, al no valorar razonablemente la prueba y los elementos que presentaron, y tergiversación en la apreciación de su solicitud de cesación, bajo el criterio errado de que deberían enervar el riesgo procesal de art. 234 núm. 7 del CPP –único riesgo latente que estaría vigente y les fueron establecidos– para poder solicitar criterios de proporcionalidad, cuando su requerimiento no estaba dirigida en enervar dicho riesgo procesal, sino que aún concurrente el mismo se declare procedente la cesación de sus medidas en cuanto a la conveniencia (segunda vertiente del art. 239 núm.1 del referido Código), y se les imponga una medida menos lesiva que la detención en coherencia con los principios de proporcionalidad.
Identificada que fue la problemática jurídica venida en revisión, de antecedentes y Conclusiones; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Rolando Escobar Pérez, Leocadio Peralta Aranibar, Grover Peralta Porco, Ever Guarayo Aira y Ángel José Veizaga Ferrel –ahora accionantes–, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; mediante Auto de Vista 165, el Vocal de la Sala Penal Primero del Tribunal Departamental de Potosí, ante el recurso de apelación incidental de medida cautelar planteado por los nombrados, declaró parcialmente procedente dicho recurso, en cuanto de haberse enervado los riesgos procesales de los arts. 234 núm.1, referente a los dos primeros citados, y 235 núm. 2 del CPP; asimismo, estableciendo que referente a todos los citados, persistiría y quedaría vigente solo el riesgo del art. 234 núm. 7 del precitado Código, en su vertiente de peligro efectivo para la sociedad, y bajo dicho parámetro, procedió a mantener firme la determinación de la detención preventivas de los mismos (Conclusión II.1). Bajo dicha determinación, los impetrantes de tutela al presentar solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de Potosí, con base al único riesgo procesal concurrente que les establecieron, y por tornarse conveniente dicha medida por criterios de proporcionalidad debería de cesar la misma; la merituada autoridad, mediante Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, rechazó dicha cesación; en ese contexto, los accionantes al plantear recurso de apelación incidental contra la determinación de la referida Resolución; la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –hoy demandada–, declaró improcedente en el fondo dicho recurso, y confirmó el aludido Auto Interlocutorio (Conclusiones II.2 y II.3). En ese contexto, conforme a la problemática planteada, los impetrantes de tutela identificaron al Auto de Vista 192 como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados vía esta acción de tutela; alegando que, la Vocal demandada, al resolver su recurso de apelación contra el rechazo de su solicitud de cesación a sus detenciones preventivas, declaró improcedente su recurso con fundamentos insuficientes, arbitrarios, e incongruencia aditiva, al no valorar razonablemente la prueba y los elementos que presentaron, y tergiversación en la apreciación de su solicitud de cesación, bajo el criterio errado de que deberían enervar el riesgo procesal del art. 234 núm. 7 del CPP –único riesgo latente que estaría vigente y les establecieron– para poder solicitar criterios de proporcionalidad, cuando su requerimiento no estaba dirigida en enervar dicho riesgo procesal, sino que aún concurrente el mismo se declare procedente la cesación de sus medidas en cuanto a la conveniencia (segunda vertiente del art. 239 núm.1 del referido Código), y se les imponga una medida menos lesiva que la detención en coherencia con los principios de proporcionalidad; ello mediante el precitado Auto de Vista –hoy cuestionado–, que confirmó el Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022 del Juez a quo; y, al considerar que con dicha determinación se lesionó su derecho a la libertad, señalaron que se encontrarían todavía detenidos preventivamente de manera indebida.
Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos del recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, conforme al Acta de Audiencia Pública de Consideración y Resolución de Apelación Incidental de Medida Cautelar de 17 de igual mes y año; por el cual, los recurrentes ahora solicitantes de tutela, solicitaron que el Tribunal de alzada, emita una nueva resolución, y al concederle la admisibilidad de su requerimiento, se le otorgue la cesación a sus detenciones preventivas; centrándose en los siguientes agravios:
a) Primer agravio: Existiría una errónea aplicación de la norma adjetiva e inobservancia del deber de fundamentación vinculado al debido proceso –se entiende que está referido al Auto Interlocutorio recurrido– es decir, no estarían denunciando una ausencia de fundamentación en la citada Resolución, sino que sus argumentos serían totalmente arbitrarias y no razonable; y, no coincidiría con los parámetros de validez vinculado más aún con el derecho a la libertad; ya que, su solicitud de cesación a la detención preventiva, fue realizada al amparo del art. 239 núm. 1 del CPP; en el cual, si bien establece de quien requiere tiene la carga de la prueba, y también en cuanto a la inversión de la prueba se estaría bajo dos aspectos; sin embargo, conforme a las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha integral contra la Violencia a Niñas Niños Adolescentes y Mujeres– y 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal–, que modificaron el Código de Procedimiento Penal, no tendrían que presentar prueba sino nuevas circunstancias; y, b) Segundo agravio: Presentaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Auto de Vista 165 del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí, quien revocó en su mayoría los riesgos procesales, y dejó solo vigente el riesgo procesal del art. 234 núm. 7 del CPP, y la citada autoridad al establecer que al no haberse solicitado un criterio de proporcionalidad al existir solo un riesgo; es que llegaron a establecer y presentar como nuevas circunstancias la SCP 0252/2018-S2, que en su apartado III.4, refiere que se debería de aplicar el art. 7 del referido Código, en lo que favorezca al imputado en caso de duda, y la SCP 0340/2019-S3, en cuanto al principio de proporcionalidad, señalaría de la misma forma el mencionado artículo, siempre y cuando no existan otras medidas; es decir, al margen de haber clarificado su petitorio, no solamente en sus antecedentes sino en su análisis de proporcionalidad, –refiriéndose al Auto Interlocutorio recurrido– dicha Resolución sería arbitraría, y alejada de los principios jurisprudenciales; ya que, al señalar la SCP 0573/2017 de 22 de septiembre, respecto que no se puede establecer el hecho en sí como un riesgo; empero, de la misma forma se tiene que el fundamento de la autoridad jurisdiccional, basándose en otras sentencias constitucionales, no recogería el estándar más alto.
En ese entendido, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación, incongruencia aditiva, valoración de la prueba denunciada, y tergiversación en la apreciación de la solicitud de cesación, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente u objetante en el presente caso, que se entiende, deben estar relacionado con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que el accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada, congruente, y valoración de la prueba, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación, motivación, congruencia y valoración de las pruebas de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados, respecto a que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada; y, además que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.
En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por los impetrantes de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos de agravios en el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes en contra del Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada, dentro del Auto de Vista 192; por el cual, determinó declarar improcedente las cuestiones planteadas del recurso, y ratificar en su totalidad el fallo objetado; en ese entendido, de dicha Resolución de alzada, se tiene lo siguiente: 1) Considerando: La parte apelante, al aclarar mediante su defensa técnica, que no estaría denunciando una falta de fundamentación –se entiende al Auto Interlocutorio recurrido–, conforme establece el art. 124 del CPP, sino una errónea fundamentación del mismo llegando a la arbitrariedad y no razonabilidad; y, para establecer si la autoridad jurisdiccional a quo, actuó con la legalidad y razonabilidad que le exige el art. 239 núm. 1 del citado Código, y ser la base del petitorio de la defensa técnica; respecto al precitado artículo, en el cual los recurrentes señalarían que la ”ley 1173 habría modificado la 1970” (sic), y que anteriormente se exigía pruebas y ahora solo circunstancias; primeramente debería de verificarse que si bien la Ley 1173 modificó el art. 239 del CPP en su integridad, incluyendo otros numerales; empero, el citado artículo en su numeral 1, establece que las medidas cautelares cesaran por el cumplimiento de alguna de las causales, como nuevos elementos que demuestren que con concurren los motivos que la fundaron o torne conveniente que sea sustituida por otra medida, y de la forma estaría establecido con la modificación de la Ley 586; es decir, que la Ley 1173 no modificó el numeral 1 del art. 239 del CPP.
2) La parte apelante, señalaría que la resolución de la autoridad jurisdiccional a quo, sería arbitraria e irrazonable; toda vez que, no tomó en cuenta el contexto expuesto; es decir, si bien presentaron nuevos elementos de convicción, que para ellos serían circunstancias las jurisprudencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que adjuntaron a efectos de que se tome en cuenta que solo contarían con un solo riesgo procesal; sin embargo, la autoridad a quo, dentro de sus fundamentos fácticos, jurídicos, y señalando el art. 239 núm. 1 del CPP, como también las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0252/2018-S2 y 0340/2019-S2, mismas que fueron presentados por la defensa técnica a efecto de cumplir con la carga probatoria; estableció que dichos elementos no constituyen o no serían prueba para desvirtuar algún riesgo procesal;
3) Si bien el objetivo de la parte imputada, es que se realice un test de proporcionalidad para ver si efectivamente la medida extrema es la adecuada; es decir, en términos claros que dentro del presente proceso, señaló que existiría otras medidas cautelares; sin embargo, en primera instancia se debería tomar en cuenta que la autoridad a quo, señaló que dichas sentencias constitucionales, no se constituyen como nuevos elementos a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 239 núm. 1 del CPP; ya que, el mismo sería claro en indicar que se debería de desvirtuar los elementos que hicieron que concurran la vigencia del riesgo procesal, y según indicó la defensa técnica, sería el art. 234 núm. 7 del citado Código; es decir, conforme establece el art. 239 núm. 1 del CPP, la defensa técnica debió incorporar nuevos elementos para que hagan ver que los fundamentos de aplicación de medidas cautelares personales ya no existan o persistan; asimismo, dentro de los fundamentos con respecto al art. 234 núm. 7 de la citada norma, la autoridad a quo, consideró primeramente la cantidad secuestrada de “82 paquetes de marihuana con un peso total de 85 kg con 520 gr” (sic), que si bien no sería un volumen altamente exagerado, pero considerable para representar una grave amenaza para la salud y el bienestar; e, indicando a los niños como grupos vulnerables, la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, y más aclarando que la presentación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) no iba ser necesario para desvirtuar dicho riesgo procesal, la citada autoridad entendió que estaría vigente el referido riesgo en razón a esas circunstancias. Por otra parte, la defensa técnica si bien refirió que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí –se entiende en el Auto de Vista 165–, mantuvo el aludido riesgo procesal; sin embargo, los fundamentos para mantener el mismo, la referida autoridad estableció al hecho de como habrían sido aprehendidos, como hubieran escapado al ver la presencia de los policías, la cantidad de sustancias controladas encontrada y otros; siendo esos los hechos y efectos para viabilizar la existencia de dicho riesgo procesal, y en especial que sea considerado como un peligro efectivo para la sociedad. Por lo que, esos serían los fundamentos que debieron de desvirtuar la parte imputada para mejorar sus situaciones jurídicas respecto a dicho riesgo procesal, y si bien presentaron sentencias constitucionales a efectos de establecer ese aspecto; empero, las mismas conforme razonó la defensa técnica, no establecen de que por un solo riesgo se tenga que otorgar la libertad; y, cuanto de que se debería realizar un razonamiento y análisis integral de los antecedentes; sin embargo, en ningún momento se estaría cumpliendo con el art. 239 núm. 1 del CPP, “cuando dice nuevos elementos tendría que establecerse que tornen conveniente para sea sustituida por otra” (sic); y,
4) Respecto de que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí –se entiende en el Auto de Vista 165–, señaló a que no se habría aplicado el principio de proporcionalidad; la autoridad a quo en su resolución, continuó con la valoración de dicho principio, al establecer que también existiría otras medidas, razonando con lo establecido por la referida autoridad de alzada; asimismo, la citada autoridad inferior, además de establecer otra jurisprudencia para sustentar su posición; señaló que, haciendo un análisis de todos los elementos y antecedentes, y que dentro del caso de autos, se pasaría a analizar el mismo, conforme a los datos y antecedentes facticos de un hecho donde se ha indilgado el tipo penal de tráfico de sustancias controladas, y la cantidad de la misma a efectos de utilizar el test de proporcionalidad; e, indicó también que haciendo dicho test, la única medida idónea y adecuada para llevar adelante la investigación del presente proceso, sería la detención preventiva; y, la defensa técnica, al referir, razonar y establecer que de acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “272/2018 como la 340/2019-S3” (sic), se debería de aplicar el art. 7 del CPP, haciendo referencia de que: “La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a los que se más favorable al éste”; empero, no se encontraría la duda con respecto a la aplicación de esta medida cautelar de la detención preventiva, cuando la defensa técnica en su exposición, y en ningún momento el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí, y la autoridad a quo, establecieron que habría duda con respecto a la concurrencia del art. 234 núm. 7 del CPP, y se tendría que analizar en ese sentido el mismo; es decir, exista o no riesgo, se conocería y bajo el principio de legalidad en caso de duda se favorezca al imputado; empero, en el caso presente, no habría en ninguno momento una duda; toda vez que, se llegó a establecer la concurrencia de los arts. 233 nums. 1 y 2 y 234 núm. 7 del citado Código. Por otra parte si bien la parte apelante, señala que la jurisprudencia constitucional presentada, son nuevas circunstancias; sin embargo, se estaría vulnerando inclusive el art. 119 de la CPE, en cuanto al principio de igualdad, en el entendido que para proceder a una detención preventiva se tendría que únicamente y exclusivamente basarse en sentencias constitucionales, aspecto que rayaría en una ilegalidad, cuando las mismas solo servirían en dar lineamientos, para que las autoridades jurisdiccionales apliquen al momento de resolver o emitir una resolución; en ese contexto, las referidas sentencias constitucionales, en ningún momento se constituirían como elementos que hagan ver que ya no habría los indicios en primera instancia, y la concurrencia de los riesgos procesales; por lo que, el razonamiento de la autoridad a quo, se enmarcaría en la legalidad, y no en la arbitrariedad ni irracionalidad, como señaló la parte apelante, sino más al contrario se aplicó la lógica en el sentido de que si bien las aludidas sentencias constitucionales, son de uso obligatorio por las autoridades jurisdiccionales siempre y cuando sean vinculantes; empero, la carga de la prueba no se constituye en la aplicación de las mismas, sino con nuevos elementos, y por los cuales la defensa técnica presentó como nuevas pruebas para demostrar que ya no concurrirían o torne conveniente de que se sustituya su medida por otra; por lo que, en el entendido de que en obrados no existe ningún nuevo elemento acorde a lo razonable, y bajo el principio de proporcionalidad que también estaría establecido en el Código de Procedimiento Penal; conforme al art. 221 del referido Código; en el cual, establece que se debería de verificar la finalidad, como es la fase de la investigación para llegar a la averiguación de los hechos, y a efectos de que el Ministerio Público emita un requerimiento conclusivo, un sobreseimiento, o una acusación; para que cumplir dicha finalidad tomando en cuenta todos los antecedentes del presente hecho, la única medida sería la detención preventiva.
Efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, los agravios del recurso de apelación incidental y lo resuelto por la Vocal demandada; del Auto de Vista 192 cuestionado, se advierte que dicha autoridad, no incurrió en una fundamentación insuficiente, arbitraría, incongruencia aditiva, la no valorización razonable de la prueba y los elementos, y en la tergiversación en la apreciación de la solicitud de cesación; es decir: Respecto a una fundamentación o motivación insuficiente, y arbitraría del Auto de Vista 192: Conforme se tiene de los argumentos de la referida Resolución, no se evidencia que la autoridad demandada hubiera incurrido con fundamentos o motivos insuficientes y arbitrarios para dar respuesta a los agravios del recurso de apelación de la parte accionante; toda vez que, la misma respondiendo al primer agravio, en sus incisos 1) 2) y 3), les aclaró que no obstante las Leyes 1173 y 586 modificaron el art. 239 del CPP; empero, al no modificarse lo establecido en el numeral 1 del referido artículo; en el cual, establece que, las medidas cautelares cesaran por el cumplimiento de alguna de las causales, cuando nuevos elementos demuestren que con concurren los motivos que la fundaron o torne conveniente que sea sustituida por otra medida; conforme a ello los mismos debieron de presentar nuevos elementos de prueba para desvirtuar la concurrencia y vigencia del riesgo procesal del art. 234 núm. 7 del CPP, referente al peligro efectivo para la sociedad, y no como consideraría la parte apelante, que con la presentación de sentencias constitucionales y el Auto de Vista 165 –respecto que solo debía de presentar estos como nuevas circunstancias–, estarían cumpliendo con la carga probatoria a efectos de que se tome en cuenta que solo contarían con un solo riesgo procesal, cuando los mismos no se constituyen como nuevos elementos a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 239 núm. 1 del CPP, y en virtud a ello el riesgo procesal del art. 234 núm. 7 del citado Código; asimismo, le aclaró que la Jueza de primera instancia, respecto al referido riesgo del precitado artículo, al considerar como circunstancias, a la cantidad secuestrada de “82 paquetes de marihuana con un peso total de 85 kg con 520 gr” (sic), que si bien no sería un volumen altamente exagerado, pero considerable para representar una grave amenaza para la salud y el bienestar; asimismo, el Auto de Vista 165; en el cual, la autoridad de alzada, dentro sus fundamentos, estableció a los hechos y efectos para viabilizar la existencia y mantener dicho riesgo procesal, para ser considerado como un peligro efectivo para la sociedad; es ese entendiendo al estar vigente el indicado riesgo en razón a esas circunstancias, la parte apelante debió de desvirtuar esos fundamentos para mejorar sus situaciones jurídicas. Asimismo respondiendo al segundo agravio, la Vocal demandada en sus incisos 3) y 4); en cuanto al Auto de Vista 165 del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí; además de aclararles que los fundamentos que utilizó el mismo, para mantener el riesgo procesal del art. 234 núm. 7 del CPP, fue conforme a los hechos y efectos para ser considerado como un peligro efectivo para la sociedad, y contra dichos fundamentos –y como precedentemente estableció la autoridad demandada, con nuevos elementos a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 239 núm. 1 del CPP–, debió la parte apelante de desvirtuar el indicado riesgo; asimismo, respecto a la no aplicación, y no solicitada del criterio de proporcionalidad por la existencia de un solo riesgo establecida por la merituada autoridad de alzada; la Vocal demandada, respondió que la autoridad a quo, sí aplicó el test de proporcionalidad dentro de los fundamentos de su resolución –Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022–, ya que además de determinar que existiría otras medidas, valorando dicho principio y razonando con lo establecido por la referida autoridad de alzada, también dentro de la misma, señaló el análisis de todos los elementos, antecedentes facticos, hechos y el tipo penal a efectos de utilizar el test de proporcionalidad; e, indicó también que haciendo dicho test, la única medida idónea y adecuada para llevar adelante la investigación del presente proceso, sería la detención preventiva. De la misma forma, respecto a la SCP 0252/2018-S2, y la SCP 0340/2019-S3, la autoridad demandada, además de aclararles que las mismas no se constituyen como nuevos elementos a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 239 núm. 1 del CPP, y no desvirtuarían el riesgo procesal del art.
234 núm. 7 del citado Código; asimismo, les expuso que si bien las citadas sentencias establecen que se debería aplicar el art. 7 del CPP, haciendo referencia de que: “La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a los que se más favorable al éste”; sin embargo, en el caso presente, con respecto a la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva no habría duda en ningún momento, no solo porque el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Potosí en su Auto de Vista 165, y la autoridad a quo, establecieron que habría duda con respecto a la concurrencia del art. 234 núm. 7 del CPP, sino que también en el caso presente se estableció la concurrencia del art. 233 nums. 1 y 2 del citado Código; igualmente, les aclaró que las precitadas sentencias constitucionales presentadas como nuevas circunstancias, además de estar vulnerando el art. 119 de la CPE, en cuanto al principio de igualdad, solo servirían en dar lineamientos, para que las autoridades jurisdiccionales apliquen al momento de resolver o emitir una resolución, y en ningún momento se constituirían como elementos que hagan ver que ya no habría los indicios en primera instancia, y los concurrencia de los riesgos procesales. Referente a la incongruencia aditiva del Auto de Vista 192; corresponde primeramente referirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en cuanto a la vulneración del debido proceso en su elemento congruencia, y en su segunda causal concreta como es la incongruencia aditiva; en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. Bajo dicha jurisprudencial constitucional, y conforme a lo precedentemente expuesto, no se advierte que la Vocal demandada en el Auto de Vista 192, hubiera incurrido en una incongruencia aditiva impropia; en el cual, habría señalado, analizando, valorando, o determinado más allá de lo solicitado, más al contrario de forma fundamentada, motivada y no adicionando o incorporando elementos no peticionados, respondió cada uno de los agravios interpuestos por la parte apelante hoy accionantes. Respecto a la no valorización razonable de la prueba y los elementos en el Auto de Vista 192; corresponde también referirnos lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, mismo que señala que: “por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese entendido, no se denota que la Vocal demandada en el Auto de Vista 192, hubiera incurrido en la no valorización y consideración razonable de los elementos o pruebas que presentaron la parte apelante en recurso de apelación incidental; más al contrario, se advierte que conforme a las respuestas que emitió dicha autoridad ante los agravios interpuestos, tomó en cuenta y valoró la SCP 0252/2018-S2, y la SCP 0340/2019-S3, y el Auto de Vista 165, para determinar lo que corresponda. Referente a la tergiversación en la apreciación de la solicitud de cesación; respecto a ello, no se advierte que la autoridad demandada hubiere tergiversado la petición de la parte recurrente; toda vez que, en el inciso 1), expuso que el art. 239 núm. 1 del CPP, sería la base de la solicitud de la parte apelante; y, conforme a dicho artículo, fundamento y dio respuesta a los agravios de la parte recurrente. En mérito a lo expuesto, se tiene que la autoridad demandada no incurrio en acto ilegal alguno que vaya contra los derechos alegados en la presente acción tutelar, al cumplir el Auto de Vista 192 con la garantía del debido proceso; por lo que, dado que la autoridad judicial hoy demandada, expresó en forma concisa las razones en que fundan la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio de 3 de agosto de 2022, corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 88 a 92, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0020_2025-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2521c938d649a984fe179a73ccbfc5e623e17469ecae77cddd7ef6dfc154c3e2
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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