Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 16 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en su elemento de defensa, vinculado a su derecho a la libertad, debido a que la autoridad demandada: a) Mediante decreto de 28 de junio de 2021, dispuso su notificación con la liquidación de asistencia familiar presentada por la demandante, en su domicilio real, al no haberse apersonado al referido proceso, sin asignarle un defensor de oficio, dejándolo en indefensión; b) La diligencia de notificación practicada el 21 de julio de 2021, con los memoriales de 16 y 25 de junio del mismo año y los decretos de 17 y 28 de igual mes y año, por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, no señala si la misma fue realizada de forma personal o por cédula, tampoco indica en qué calidad la suscribió, y no es legible el año en la que se hubiese practicado, omisiones que le impidieron ejercer su derecho a la impugnación contra la liquidación de asistencia familiar; y, c) No obstante la errónea notificación, el Juez demandado, mediante Auto de 4 de octubre de 2021, dispuso que cancele la suma de Bs68 800.- al tercer día de su legal notificación bajo conminatoria de expedir mandamiento de apremio; extremo que se cumplió, privándole de su libertad, pese a su indefensión. En revisión de la resolución de garantías, corresponde verificar si lo alegado por el accionante es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 6 de noviembre, cursante a fs. 52 a 60 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en la misma forma dispuesta por el Tribunal de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2023-S4 Sucre, 16 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 43993-2021-88-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 11/2021 de 6 de noviembre, cursante de fs. 52 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Guarachi Figueredo en representación sin mandato de Ascencio Rubén Guarachi Figueredo contra Rafael Padilla Amestoy, Juez Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 5 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 38 a 40 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:
Dentro del proceso familiar de homologación de asistencia familiar seguido por Cecilia Fernández Santos en su contra, iniciado en base a un acuerdo transaccional de asistencia familiar suscrito entre ambos el 3 de abril de 2014, por Bs800.- (ochocientos bolivianos) mensuales en favor de sus hijos, el mismo se logró homologar el 19 de abril de 2021, ante el Juez Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba –autoridad ahora demandada–. Posteriormente, mediante memorial de 16 de junio de igual año, Cecilia Fernández, presentó liquidación, la que debido a un error en el cálculo, se dispuso que sea subsanada; determinación cumplida mediante memorial 25 de junio de ese año, que mereció decreto de 28 de igual mes y año; por el cual, el Juez de la causa, dispuso que sea puesta a conocimiento suyo mediante notificación en su domicilio real, al no haberse apersonado al proceso ni designársele un defensor de oficio, dejándolo en indefensión, en vulneración a lo previsto por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). Refiere que de la revisión del expediente del proceso familiar que se sigue en su contra, observó que la diligencia de notificación con memoriales de “19 de junio y 28 de junio” –siendo lo correcto es 16 y 25 de junio–, ambos del 2021 y los decretos de 17 de junio y 28 de junio del año mencionado, emitidos por la autoridad demandada, no es legible respecto al año de su emisión, ya que no se tiene certeza si se realizó el 21 de julio de 2020 o 2021; además, de estar manuscrita de forma incorrecta, al no tenerse precisión si la notificación se realizó el 20 o 21 de julio, al margen que no señala si fue realizada en tablero o de forma personal; extremos que le impidieron impugnar la liquidación realizada; sin embargo, la autoridad demandada convalidando una ilegal notificación, dispuso que por Secretaría se expida mandamiento de apremio, hasta que se cancele Bs68 800.- (sesenta y ocho mil ochocientos bolivianos); determinación que constituye un procesamiento indebido ante el incumplimiento de las normas legales que rigen al procedimiento de asistencia familiar; pues además dicha determinación se concretizó el 4 de noviembre de 2021, data esta última en la que fue privado de su libertad, en absoluto estado de indefensión debido a la deslealtad con la que actuó Cecilia Fernández Santos; toda vez que, ella vivía en el mismo domicilio que su persona, cuando se produjo el apremio.
La parte accionante denunció la lesión del debido proceso en su elemento derecho a la defensa vinculada con su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 125 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de obrados dentro del proceso familiar de homologación de asistencia familiar seguido en su contra, hasta el vicio más antiguo y se ordene su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 51 y vta., presente el accionante asistido de su abogado; y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, por intermedio de su abogado, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad, y ampliándolos en audiencia, manifestó lo que sigue: a) La diligencia de notificación con memoriales de 19 de junio y 28 de junio, ambos del 2021 y los decretos de 17 de junio y 28 de junio del año ya referido, emitidos por la autoridad demandada, no especifica si el nombre de la persona que consta en la mencionada notificación “actúa como testigo o como que” (sic); y, b) Solicitó que se conceda la tutela solicitada, esta sea con costas y costos.
Rafael Padilla Amestoy, Juez Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, mediante informe de 5 de noviembre de 2021, cursante a fs. 50 vta., manifestó lo que sigue: 1) Mediante memorial de 16 de junio de 2021, subsanado por escrito de 28 de junio de la misma gestión, Cecilia Fernández Soto, hizo conocer al ahora solicitante de tutela, que mediante proveído se dispuso su notificación en su domicilio real, al no haberse apersonado al proceso, de igual forma, se ordenó que en el término de tres días señale su domicilio procesal, y que de no cumplir con lo dispuesto, se tendría como domicilio procesal la Secretaría de Despacho; decreto con el que se notificó por cédula al solicitante de tutela el 21 de julio de ese año, en el domicilio real señalado por la demandante en el proceso familiar, y ante el incumplimiento del pago de asistencia familiar, a solicitud de Cecilia Fernández Santos, se emitió el mandamiento de apremio en contra del accionante; 2) Se cumplió con el procedimiento previsto por ley; por lo que, la vida del accionante no se encuentra en peligro, tampoco ilegalmente perseguido, no está siendo indebidamente procesado, y mucho menos indebidamente privado de libertad; puesto que, el incumplimiento de pago de asistencia familiar es sancionado con privación de libertad, por el tiempo de seis meses; por lo que, no concurre ninguno de los presupuestos exigidos para la procedencia de la presente acción de libertad; y, 3) Por lo ya referido, solicitó se deniegue la tutela impetrada, sea con costas y costos a favor del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2021 de 6 de noviembre, cursante de fs. 52 a 60 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el día, expida mandamiento de libertad en favor del ahora accionante, sin costas; por otra parte, llamó “severamente” la atención a Brenda Rocha Santibañez, Oficial de Diligencias, por no tener cuidado en la elaboración del formulario de notificación al momento de realizar la diligencia; debido a que, las omisiones incurridas en el mismo, generaron que se extienda un mandamiento de apremio en contra del solicitante de tutela; y finalmente, dispuso que el proceso de homologación de asistencia familiar realizado en contra del impetrante de tutela, tramitado bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 30275391, se retrotraiga hasta que se practique una nueva diligencia que cumpla con todas las formalidades establecidas en el art 307 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) respecto a la notificación de los memoriales de 16 y 27 de junio de 2021 y, los decretos de 17 y 28 de junio de la misma gestión, emitidos por el Juez ahora demandado, con base a los siguientes fundamentos: i) La diligencia de notificación al ahora impetrante de tutela con memoriales de 16 de junio y 28 de junio ambos del mismo año, y decretos de 17 de junio y 28 de junio de la gestión ya mencionada, no identifica en qué lugar se realizó la misma, no informa si el domicilio en el que se realizó se encontraba vacío, tampoco estableció si procedió a la entrega de la notificación a una persona mayor de dieciocho años que se hubiese encontrado en el domicilio en ese momento; además, no se advierte que la ya referida diligencia hubiera sido acompañada de una fotografía, ni croquis de la ubicación del lugar, tal como exige el art. 307 del CFPF; ii) La notificación cuenta con la firma de Abel Velasco Bolivar con cédula de identidad 3026402; no obstante, no se señala si la persona menciona es la que recibió la misma, o es más bien, un testigo de actuación; iii) El acto procesal de notificación fue realizado por la Oficial de Diligencias, Brenda Rocha Santivañez, quién no dio cumplimiento a lo previsto por el art. 307 del CFPF, aspecto que debió ser tomado en cuenta por la autoridad demandada, previa la aprobación de la liquidación; iv) A raíz del defecto procesal que fue consecuencia de una notificación que no cumplió con lo previsto por el art. 307 del citado Código, el accionante no tuvo la opción de observar la homologación de asistencia familiar ni pudo apersonarse al proceso, conforme dispone “el Decreto de 28 de junio de 2021”, posteriormente a lo ya mencionado, “se practicaron futuras notificaciones en tablero de Juzgado hasta la emisión del mandamiento de apremio el 25 de octubre de 2021” (sic); por lo cual, el precitado estuvo en indefensión desde la notificación realizada el 21 de julio de 2021, debido a que la omisión en la formalidad legal de la diligencia de notificación, originó que se restrinja la libertad del accionante, quien actualmente se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de San Antonio y es precisamente por esa razón, que la acción omitida por la Oficial de Diligencias, al no haber sido oportunamente advertida por la autoridad demandada, debe ser reparada, debido a que se incumplió lo previsto por el art. 115.II y 125 de la CPE y las formalidades establecidas en el art. 307 del CFPF; y, v) Sobre lo referido por la parte accionante, respecto a que Cecilia Fernández Santos, actuó de forma desleal al vivir en el mismo lugar que él, y no haberle comunicado sobre el proceso familiar que se sigue en su contra, lo que hubiera ocasionado la indefensión del impetrante de tutela, no es posible atender esa denuncia; debido a que, esa conducta no desencadenó en el apremio corporal de la solicitante de tutela, sino la falta de formalidades legales en su procesamiento.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Acuerdo Transaccional de Asistencia Familiar de 3 de abril de 2014, suscrito por Cecilia Fernández Santos y Asencio Ruben Guarachi Figueredo –ahora accionante–; por el cual, las partes suscribientes acordaron que este último pasaría una asistencia familiar de Bs800.- mensuales en favor de sus hijos menores de edad (fs. 6). II.2. Por memorial presentado el 31 de marzo de 2021, Cecilia Fernández Santos, se apersonó ante el Juez Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, solicitando homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar de sus hijos menores de edad de 3 de abril de 2014; para tal efecto la demandante, fijó como domicilio del demandado, la calle Maria Pinto y Torretera la Pajcha, Zona Temporal Norte del departamento de Cochabamba, adjuntando el respectivo croquis del lugar referido previamente (fs. 5 a 12 vta.). II.3. Mediante Sentencia de 19 de abril de 2021, pronunciada por el Juez demandado, se determinó homologar el acuerdo transaccional de asistencia familiar, disponiéndose la notificación del ahora solicitante de tutela con la mencionada resolución de forma personal o por cédula (fs. 15 vta.). II.4. Consta memorial presentado el 29 de abril de 2021, mediante el cual, Cecilia Fernández Santos, solicitó al Juez ahora demandado que “mediante la instancia correspondiente” notifique al demandado, para que cumpla con lo dispuesto por la citada Sentencia; que mereció la emisión del decreto de 30 de igual mes y año que dispuso lo siguiente: “póngase en conocimiento del obligado para el cumplimiento con el pago de la obligación de la Asistencia Familiar” (sic [fs. 17; y, 18]). II.5. Cursa diligencia de notificación, practicada el 28 de mayo de 2021, al solicitante de tutela, en la calle Maria Pinto Torrentera la Pajcha, zona Temporal Norte –domicilio real brindado por la demandante Cecilia Fernandez Santos, dentro el proceso familiar que se sigue contra el accionante–, con: La demanda de 31 de marzo, Sentencia de 19 de abril de 2021, memorial de 28 de abril –cuando lo correcto es 29 de abril– y decreto de 30 abril; todos de 2021, firmado por Brenda Rocha Santivañez, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba y “Abrabin Paz Zapata” con número de cédula de identidad ilegible, quién suscribe la notificación como testigo; se adjunta foto de la notificación, donde se observa que dicha diligencia fue realizada por cédula” (fs. 20). II.6. A través de memorial presentado el 16 de junio de 2021, ante el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, Cecilia Fernández Santos, presentó liquidación de asistencia familiar que ascendía a Bs59 200.- (cincuenta y nueve mil doscientos bolivianos), al haber transcurrido setenta y cuatro (74) meses de no haber sido cancelada; y en consecuencia, solicitó que se notifique al demandado – ahora impetrante de tutela– para que en el plazo de tres días, pueda observar la misma y vencido ese plazo, la apruebe de oficio intimando a su respectivo pago; memorial que mereció decreto de 17 de junio de 2021, por el cual, se estableció la existencia de error en el cálculo de las mensualidades vencidas, de modo que, a fin de evitar incidentes futuros, se disponga que Cecilia Fernández Santos, presente nueva liquidación subsanando lo observado (fs. 22 a 22 vta.; y, 23). II.7. Por memorial presentado el 25 de junio de 2021, ante Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, Cecilia Fernández Santos, presentó subsanación al memorial de 16 de octubre de 2021, haciendo notar que la correcta suma de la liquidación adeudada por el ahora solicitante de tutela es de Bs68 800.-; por lo cual, solicitó se lo notifique, para que hasta tercer día pueda observar la misma y vencido ese plazo, la apruebe de oficio, intimando a su respectivo pago; memorial que mereció decreto de 28 de junio de 2021, el cual, dispuso que se ponga a conocimiento del demandado, quien al no haberse apersonado al proceso familiar de homologación de asistencia familiar seguido en su contra, sea en su domicilio real (fs. 25 vta.; y, 26). II.8. Cursa diligencia de notificación practicada el 21 de julio de 2021, al ahora solicitante de tutela, en la calle Maria Pinto Torrentera la Pajcha, zona Temporal Norte, con memoriales de 16 y 25 de junio de 2021 y los decretos de 17 y 28 de junio de 2021, constando las firmas de Brenda Rocha Santivañez, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba y Abel Velasco Bolivar con número de cedula de identidad 3023402 (fs. 28). II.9. Mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2021, ante el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, Cecilia Fernández Santos, solicitó aprobación de liquidación e intimación al ahora solicitante de tutela al pago de la misma, bajo conminatoria de extenderse mandamiento de apremio; memorial atendido mediante Auto de 4 de octubre de 2021, el cual determinó que no habiéndose observado la liquidación, dentro del plazo de ley se intima a Ascencio Rubén Guarachi Figueredo al pago de la misma en el plazo de tres días de su legal notificación; asimismo, se determinó que el impetrante de tutela al no haber señalado su domicilio procesal, pese a su legal notificación con la conminatoria de 28 de junio de ese año, se tendrá como su domicilio procesal al tablero de juzgado (fs. 29; y, 30). II.10. Cursa diligencia de notificación, practicada el 6 de octubre de 2021, al impetrante de tutela, en el tablero de Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, con memorial de 30 de septiembre de igual año y Auto de 4 de octubre de ese año, firmado por Brenda Rocha Santivañez, Oficial de Diligencias del citado Juzgado (fs. 31). II.11. Mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2021, ante Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, Cecilia Fernández Santos, presentó solicitud de mandamiento de apremio con facultades de allanamiento de domicilio en contra del accionante, hasta que cancele la liquidación aprobada mediante decreto de 4 de igual mes y año; memorial que mereció el Auto de 13 del mismo mes y año que dispuso la emisión de mandamiento de apremio en contra del solicitante de tutela; notificándose al obligado en el Tablero del Juzgado mencionado, el 15 de octubre de 2021, con memorial de 12 de ese mes y año y Auto de 13 de octubre del mismo año (fs. 33; 34; y, 35). II.12. Consta mandamiento de apremio emitido el 25 de octubre de 2021, por el Juez ahora demandado, en contra del accionante, hasta que cancele la liquidación por concepto de asistencia familiar (fs.37).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en su elemento de defensa, vinculado a su derecho a la libertad, debido a que la autoridad demandada: a) Mediante decreto de 28 de junio de 2021, dispuso su notificación con la liquidación de asistencia familiar presentada por la demandante, en su domicilio real, al no haberse apersonado al referido proceso, sin asignarle un defensor de oficio, dejándolo en indefensión; b) La diligencia de notificación practicada el 21 de julio de 2021, con los memoriales de 16 y 25 de junio del mismo año y los decretos de 17 y 28 de igual mes y año, por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, no señala si la misma fue realizada de forma personal o por cédula, tampoco indica en qué calidad la suscribió, y no es legible el año en la que se hubiese practicado, omisiones que le impidieron ejercer su derecho a la impugnación contra la liquidación de asistencia familiar; y, c) No obstante la errónea notificación, el Juez demandado, mediante Auto de 4 de octubre de 2021, dispuso que cancele la suma de Bs68 800.- al tercer día de su legal notificación bajo conminatoria de expedir mandamiento de apremio; extremo que se cumplió, privándole de su libertad, pese a su indefensión. En revisión de la resolución de garantías, corresponde verificar si lo alegado por el accionante es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0575/2016-S2 de 30 de mayo, establece que: ‘‘‘…En el nuevo contexto constitucional, los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), consagran la vigencia del debido proceso, como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo el objetivo de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional proteger a las ciudadanas y ciudadanos de posibles abusos de las autoridades en actuados, omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales surja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso.
Entonces cuando se denuncie la vulneración en cualquiera de sus elementos, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del agraviado o impetrante de tutela y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (infracción al debido proceso), deberá ser reclamada a través de los medios legales que el ordenamiento procesal penal ofrece, y agotada la jurisdicción ordinaria; de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional. Así lo ha entendido y acogido la amplia y uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, al señalar lo siguiente: «Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones».
Por su parte, la SCP 1558/2013 de 13 de septiembre, refirió: «El debido proceso se integra de diferentes elementos entre los que se encuentran los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem, así como los derechos a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, elementos que por el principio de progresividad no tienen un carácter limitativo, sino enunciativo.
Dichos elementos inicialmente no son tutelables por la acción de libertad, sino que la misma se encuentra condicionada a los supuestos directamente vinculados con la vulneración a los derechos por ella resguardados –derecho a la vida, a la libertad personal, y a la libertad de locomoción–; en tal sentido, para que la jurisdicción constitucional aperture su competencia y se pronuncie sobre cuestiones lesivas a este derecho, procesalmente es exigible que: i) Exista indefensión absoluta y manifiesta en el demandante; y, ii) Cuando el acto acusado de vulneratorio sea la causa directa de la privación, o la restricción a la libertad física».
Consiguientemente, la acción de libertad es la garantía jurisdiccional destinada a tutelar el derecho al debido proceso en sus diferentes componentes, en la medida que su transgresión implique directa causal para la restricción del derecho a la libertad física y de locomoción; sin embargo, a falta de la vinculación con éstos derechos, la vía constitucional idónea de protección es la acción de amparo constitucional.
Aparte de este presupuesto, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante, así lo estableció la SC 0021/2011-R de 7 de febrero’’’ (las negrillas nos pertenecen).
La SC 1001/2011-R de 22 de junio de 2011, haciendo referencia a la SC 0210/2010 de 24 de mayo, establece que: “El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura. En virtud a dichos principios, lo que se persigue es la protección a los derechos e intereses de las partes, y el cumplimiento de la finalidad de las normas. En este entendido, se debe mencionar a la jurisprudencia constitucional que ha establecido lineamientos referentes a la notificación con actuados procesales y la validez de las mismas, al respecto la SC 1376/2004-R de 25 de agosto, señala lo siguiente: '…la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa…'. Por otro lado, la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, establece lo siguiente: `…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida´. Por otra parte también es evidente, que el objetivo, la razón de ser de toda comunicación judicial, es que llegue a su destinatario, hecho que le dará efectivamente la oportunidad a la persona a la cual está dirigida de enterarse de su contenido y cuando de la misma dependa su libertad las exigencias deben ser mayores, pues en tales casos la notificación tendrá que ser personal o en el peor de los casos mediante cedula en domicilio real del destinatario, este mismo criterio y entendimiento ha sido asumido por este Tribunal, la SC 0436/2003-R de 7 de abril, determinó: '…la autoridad competente debe necesariamente notificar al obligado conminándolo para que cumpla dentro del plazo legal con su obligación previniéndolo que si no cumple se procederá conforme a los artículos citados. Esta formalidad, no es potestativa sino obligatoria para el Juez, pues la notificación con la conminatoria tiene la finalidad de dar oportunidad al obligado para pagar la obligación pendiente, o en su caso formular las observaciones a la liquidación o presentar pruebas de eventuales pagos directos, por ello el legislador ha previsto su legal notificación que debe cumplir con el objetivo de que el obligado se entere de la obligación; así ya lo estableció la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1021/2001-R y 385/2002-R’” (las negrillas son nuestras).
Sobre los actos de comunicación en los procesos de asistencia familiar, se estableció entre otras, en la SCP 0671/2016-S2 de 8 de agosto, sostuvo que: “El trámite de la asistencia familiar y sus disposiciones conexas, instituido en la Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, ahora conocida como Código de las Familias y del Proceso Familiar entró en vigencia anticipada junto con otros institutos procesales familiares, el 19 de noviembre de 2014, cambiando así su forma de diligenciamiento en preeminencia del derecho del beneficiario a percibirla, reemplazando de esta manera el procedimiento previsto en el Código de Familia, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar”. Así, en la norma procesal específica en material familiar, se regulan las comunicaciones judiciales en procesos familiares en su Capítulo Décimo “Actos de Comunicación” del Título II “Reglas Generales”. Estipulándose, con relación a la citación de la demanda, que ésta constituye “…el acto procesal mediante el cual se hace conocer a la parte demandada la existencia de una demanda y se la emplaza para que comparezca y acceda a su defensa. Deberá ser practicada en un plazo máximo de cinco (5) días de admitida la demanda.
sentará la diligencia de lo actuado” (art. 305 del CFPF) (las negrillas son nuestras). De allí que en los arts. 306 y ss. de ese Capítulo del citado Código, se prevean las formas procesales para practicar válidamente la citación, garantizando su eficacia y el conocimiento efectivo por parte de la persona demandada del proceso iniciado en su contra. Así, en los preceptos indicados, se contempla la citación personal, por cédula y por edictos (además de citaciones a testigos y de personas residentes en el extranjero); mientras que el resto de comunicaciones procesales con otros actos procesales; es decir, las notificaciones posteriores a citación con la demanda, se efectúan de acuerdo a lo previsto en el art. 314 del CFPF, en concordancia con el art. 313 del mismo Código, siendo válidas las que se practiquen tanto en el domicilio procesal, como en secretaría de juzgado, según se estipula en los referidos artículos. Para la temática que ocupa a la resolución de la presente causa, es preciso hacer cita del art. 307 del CFPF, que respecto a la citación por cédula, dispone: “Artículo 307°.- (Citación por cédula)
(18) años. La o el oficial de diligencias o la persona comisionada deberá identificar a la persona a quien entrega el cedulón y firmará en la diligencia, y en caso de negativa, deberá firmar el testigo de actuación debidamente identificado.
identificado y firmará también en la diligencia.
cedulón o presenció el acto, agregando además un croquis de ubicación.
IV. En caso de no poder ubicar el inmueble donde se practicará la citación y después de haber indagado en el vecindario, la o el servidor público, representará el hecho.
V. Si la citación por cédula se hubiere practicado en el domicilio indicado por la parte demandante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia será nula” (las negrillas nos pertenecen). Precepto que establece que en caso de no poder efectuarse la citación personal de la persona demandada en una causa familiar, ésta podrá ser diligenciada por cédula, entregada y signada por una persona mayor de dieciocho años, debidamente identificada, quien firmará la diligencia conjuntamente con la testigo o el testigo de actuación; o bien, en caso de no encontrarse a ninguna persona en el domicilio señalado para la citación, o que éstas no puedan ser identificadas, se fijará la cédula en la puerta de la residencia. Siendo expreso el parágrafo III de este artículo, que en ambos casos, la o el oficial de diligencias o la persona comisionada, debe adjuntar a la diligencia de citación o emplazamiento, una fotografía del inmueble y de la persona que recibió el cedulón o presenció el acto, agregando además un croquis de ubicación. Estas exigencias, se constituyen en requisitos formales imprescindibles para la validez de la citación cedularía a la persona demandada en un proceso familiar; dado que, de un lado, están orientados a asegurar la recepción y conocimiento efectivo del actuado por su destinataria o destinatario para que pueda asumir defensa; y de otro lado, a la acreditación de que en efecto se diligenció en el domicilio señalado, que éste existe, y que el actuado procesal fue entregado a una persona hábil, identificada o identificable, en una situación atestiguada por otra que pueda dar fe de su realización, sin vicios de que la citación no podría ser conocida por la parte demandada.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en su elemento de defensa, vinculado a su derecho a la libertad, debido a que la autoridad demandada: a) Mediante decreto de 28 de junio de 2021 dispuso su notificación con la liquidación de asistencia familiar presentada por la demandante, en su domicilio real, al no haberse apersonado al referido proceso, sin asignarle un defensor de oficio, dejándolo en indefensión; b) La diligencia de notificación practicada el 21 de julio de ese año, con los memoriales de 16 y 25 de junio del mismo año y los decretos de 17 y 28 del citado mes y año, por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, no señala si la misma fue realizada de forma personal o por cédula, tampoco indica en qué calidad la suscribió, y no es legible el año en la que se hubiese practicado, omisiones que le impidieron ejercer su derecho a la impugnación contra la liquidación de asistencia familiar; y, c) No obstante la errónea notificación, el Juez demandado, mediante Auto de 4 de octubre de 2021, dispuso que cancele la suma de Bs68 800.- al tercer día de su legal notificación bajo conminatoria de expedir mandamiento de apremio; extremo que se cumplió, privándole de su libertad pese a su indefensión.
Por las razones expuestas alega que se encuentra ante un procesamiento indebido, en razón al incumplimiento de normas legales que rigen el procedimiento de asistencia familiar que le imposibilitaron impugnar la liquidación presentada por Cecilia Fernández Santos –demandante en el proceso de homologación de asistencia familiar que se sigue en su contra– y que desembocó en un ilegal apremio, el 4 de noviembre de 2021. Ahora bien, una vez identificada la problemática planteada, corresponde analizar los antecedentes de la presente causa; en ese orden se evidencia que sobre la base del acuerdo transaccional para el pago de asistencia familiar suscrito entre Cecilia Fernández Santos y Asencio Ruben Guarachi Figueredo –ahora impetrante de tutela–, la primera solicitó al Juez Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, la homologación del mismo, emitiéndose la Sentencia de 19 de abril de 2021, que fue notificada al impetrante de tutela, por cédula en el domicilio señalado por la demandante. Posteriormente, mediante memorial de 16 de junio de 2021, Cecilia Fernández Santos, presentó liquidación de asistencia familiar, que mereció el decreto de 17 de junio de 2021; por el que, se ordenó que se presente una nueva planilla, al haberse detectado error en el cálculo de las mensualidades vencidas, disposición notificada a la precitada el 24 del mismo mes y año y subsanada por ella, a través de memorial presentado el 25 de junio de similar año, en el que estableció una suma adeudada de Bs68 800.-; solicitud que mereció decreto de 28 del citado mes y año; por el que, se dispuso que se ponga a conocimiento del demandado en su domicilio real, dado que no se apersonó al proceso familiar, a quien se le notificó el 21 de julio, con año ilegible, con todos los actuados anteriores (memoriales de 16 y 25 de junio de 2021 y decretos de 17 y 28 de igual mes y año), en el mismo domicilio real que fue comunicado por Cecilia Fernández Santos a tiempo de la interposición de la demanda de homologación de asistencia familiar, por Brenda Rocha Santivañez, Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba. Posteriormente, mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2021, Cecilia Fernández Santos, solicitó a la autoridad hoy demandada, la aprobación de la liquidación devengada, emitiéndose al efecto, el Auto de 4 de octubre de 2021; por el cual, el Juez de la causa aprobó la liquidación de asistencia familiar, ordenando que el demandado Julio Cesar Guarachi Figueredo, realice el pago de Bs68 800.-, bajo conminatoria de extenderse mandamiento de apremio en su contra; siendo notificado con tal determinación en el tablero del Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, el 6 de octubre de 2021.
Luego, mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2021, Cecilia Fernández Santos impetró al Juez Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Cochabamba, librar mandamiento de apremio en contra del demandado, solicitud que fue atendida por decreto de 13 de octubre de 2021, que ordenó se expida mandamiento de apremio contra Julio Cesar Guarachi Figueredo, quien fue notificado en Tablero del Juzgado mencionado el 15 de octubre de 2021. Consta también, que el 25 del mismo mes y año, se expidió mandamiento de apremio en su contra. Puestas así las cosas, previo a resolver la problemática venida en revisión, corresponde considerar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1, en la que, se establece que la acción de libertad es la garantía jurisdiccional destinada a tutelar el derecho al debido proceso en sus diferentes componentes, en la medida que su transgresión implique directa causal para la restricción del derecho a la libertad física y de locomoción, por lo cual, para que la jurisdicción constitucional aperture su competencia y se pronuncie sobre cuestiones lesivas al debido proceso vinculado al derecho a la libertad, procesalmente es exigible que: i) Exista indefensión absoluta y manifiesta en el demandante; y, ii) Que el acto acusado de vulneratorio sea la causa directa de la privación o la restricción a la libertad física. En ese marco jurisprudencial, a efecto de ejercer adecuadamente el derecho a la defensa, las partes, deben tener conocimiento real y efectivo de los actos procesales, comunicación que se realiza a través de emplazamientos, notificaciones y citaciones (notificaciones en sentido genérico) que son las modalidades más usuales para hacer conocer a las partes o a los terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, asegurando que su tramitación y resolución no genere indefensión, y por lo tanto, tampoco lesione el debido proceso; por lo cual, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; dado que la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, por ende, la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello, se impidió que el interesado tomar conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación – aun siendo defectuosa– cumplió su objetivo, no existe vulneración al derecho a la defensa. Las comunicaciones judiciales practicadas en los procesos familiares con relación a la citación de la demanda, tienen la finalidad de hacer conocer al demandado el proceso iniciado en su contra, permitiéndole, la posibilidad de comparecer y acceder a su defensa; dicha citación puede realizarse personalmente, por cédula o por edictos. Al respecto, tal como establece el art. 307 del CFPF, la citación por cédula es aplicada si la parte que debe ser citada no fuese encontrada, en cuyo caso el oficial de diligencias dejará cedulón a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de dieciocho (18) años, además debe identificar a la persona a quien se le entrega el cedulón, quien deberá firmar la diligencia o en su defecto, en caso de negativa contar con la firma de un testigo de actuación. En caso de no encontrarse a ninguna de las personas previamente citadas, se fijará el cedulón de citación en la puerta del domicilio, con intervención de un testigo que será debidamente identificado y deberá firmar también en la diligencia; en cuyo caso se acompañará a la diligencia de citación o emplazamiento una fotografía del inmueble en la que se practicó la diligencia y de la persona que recepcionó el cedulón o presenció el acto, agregando además un croquis de ubicación.
Dicho ello, corresponde a continuación verificar, si en el caso denunciado se cumplieron los presupuestos para viabilizar el ingreso al análisis del caso concreto, vía la presente acción tutelar. En ese orden, resulta necesario analizar las notificaciones practicadas dentro de la presente causa; así de la revisión de éstas se observa que la primera notificación realizada por cédula en el domicilio real del accionante, con la demanda de homologación de 31 de marzo, Sentencia de 19 de abril de 2021, memorial de 29 de abril (en el que, la demandante presentó su número de cuenta para el cumplimiento de la obligación), decreto de traslado al demandado de 30 de abril, todos de 2021, según el reporte del formulario correspondiente, se hubiera efectuado el 28 de mayo con año ilegible, por Brenda Rocha Santivañez, Oficial de Diligencias del Juzgado en calle María Pinto y Torrentera la Pajcha zona Temporal Norte, constando la firma de un nombre ilegible y apellidos Paz Zapata con número de cédula de identidad 8964642 SCZ; al que se adjuntó unas fotografías con una persona de sexo masculino que estuviera efectuando la notificación por cédula en el supuesto domicilio. El siguiente actuado procesal de diligenciamiento con memoriales de 16 y 25 de junio de 2021 y decretos de 17 y 28 de igual mes y año, se cumplió el 21 de julio con año ilegible, en el mismo domicilio real señalado, por la precitada Oficial de Diligencias, firmando en el pie junto a Abel Velasco Bolivar con Cédula de identidad 3023402 y firma ilegible. Del análisis de ambas diligencias de notificación, pese a que la primera de las citadas se la consideró en la demanda, únicamente como antecedente; sin embargo, merece un análisis sobre su legalidad de parte de este órgano de justicia constitucional, dado que dependerá de ella, determinar si el accionante estuvo o no en absoluto estado e indefensión. En ese orden, se evidencia que ninguna de estas notificaciones, cumplió con la previsión contenida en el art. 307 del CFPF, dado que no cuentan con el croquis del domicilio en el que se practicaron; si bien en la primera se adjuntó una fotografía; sin embargo, ésta no condice con la información del formulario, en el cual, consta que la diligencia la hubiera practicado Brenda Rocha Santivañez y sin embargo, en la foto que corroboraría la notificación, aparece una persona de sexo masculino; en la segunda notificación no constan ni fotografías del inmueble donde se practicó la diligencia, y en ninguna de ellas, de la persona que recepcionó el cedulón o presenció el acto, ni mucho menos se identificó adecuadamente al testigo que suscribió la cédula junto a la Oficial de Diligencias del mencionado Juzgado (sin precisar si se trataba de una persona mayor de edad, o una persona que reside en la vivienda objeto de la notificación por cédula), formalidades que, tal como se explicó precedentemente, no son únicamente requisitos formales sino que guardan directa vinculación con el ejercicio al derecho a la defensa, pues, al no haberse notificado legalmente al hoy impetrante de tutela; se le impidió conocer los actuados emitidos dentro de la causa, entre ellos, la Sentencia y la liquidación practicada; prueba de ello, es la ausencia absoluta de actuado procesal que hubiera sido efectuado por el precitado. Las demás notificaciones efectuadas, se las practicaron del Juzgado, bajo el argumento que no se señaló domicilio procesal. Por lo señalado, de manera que resulta evidente que se provocó en el accionante un absoluto estado de indefensión que desembocó indudablemente en su privación de su libertad; dado que, se enteró de todo lo tramitado en el proceso, a tiempo de su apremio. Así resulta evidente que, la autoridad demandada no controló adecuadamente las actuaciones realizadas por el personal a su cargo, como es la Oficial de Diligencias, quien no adecuó sus actuaciones al procedimiento de comunicaciones practicadas en los procesos familiares, lo que provocó vulneración al debido proceso y a la defensa vinculados con el derecho a la libertad impetrados por el solicitante de tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 6 de noviembre, cursante a fs. 52 a 60 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en la misma forma dispuesta por el Tribunal de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0020_2023-S4_id62115.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 814bd4c3fea7705131f4134b28cf0e3d86a8e96d82c444190339e9ab4189b9f2
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →