B.IA.LEGAL

SCP 0019/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 9 de febrero de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de febrero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
37867-2021-76-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la garantía del no bis in ídem, a la legalidad, persecución y procesamiento indebido; toda vez que; dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, se emitió Resolución de Sobreseimiento a su favor, el cual fue ratificado en parte por la Fiscal Departamental, disponiendo que se acuse por el delito de incumplimiento de deberes; sin embargo, y no obstante a que al haber cuestionado dicha Resolución Jerárquica a través de una acción tutelar, en la cual el Juez de garantías dispuso se emita una nueva Resolución y en cumplimiento de ello la Autoridad Fiscal Jerárquica ratificó el Sobreseimiento inicial a su favor; el Fiscal de Materia ahora demandado no retiró la acusación en mérito a la orden jerárquica, consintiendo así un doble procesamiento en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, b) Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 009/2021 de 3 de enero, cursante de fs. 118 a 119 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del problema.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2023-S1 Sucre, 9 de febrero de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 37867-2021-76-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 009/2021 de 3 de enero, cursante de fs. 118 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Ramírez Conde contra Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de enero de 2021, cursante de fs. 111 a 113, el impetrante de tutela, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de Juez Constitucional, fue imputado por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, y prevaricato, previstos y sancionados en los arts. 154, 173 y 174 del Código Penal (CP); posteriormente, la Fiscalía emitió Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, excluyéndole totalmente de la causa; si bien es cierto que dicha determinación fue revocada parcialmente y se dispuso presentar acusación por el delito de incumplimiento de deberes; sin embargo, la misma Fiscal Departamental, corrigiendo procedimiento, emitió la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 448/2019 de 23 de diciembre, en la que confirmó en su totalidad el sobreseimiento a su favor, disponiendo el archivo de obrados y la conclusión del proceso. No obstante a ello, el Fiscal de Materia ahora demandado, no retiró la acusación en mérito a esa órden jerárquica, manteniendo una ilícita situación de acusación, juicio y actos de procedimiento que ponen en riesgo su libertad, cuando la acusación quedo totalmente nula por imperio de los arts. 126 y 324 última parte del Código de Procedimiento Penal (CPP), situación ilegal con la que está consintiendo y permitiendo un doble procesamiento, vulnerando el principio non bis in ídem, consagrado en el art. 117.II de la CPE; toda vez que, se pretende someter su conducta que ya fue resuelta a un nuevo e idéntico trámite en etapa de juicio, lo cual es inadmisible al existir determinaciones claramente ejecutoriadas. Los efectos de la cosa juzgada despliegan su eficacia normativamente impidiéndose que una misma situación adjetivo u objetiva, sea resuelta de manera doble, como es su caso, lo que conllevaría a dejarle en indefinición jurídica; por lo que, la conducta del fiscal demandado al no retirar la acusación, genera infracción clara y manifiesta del art. 44 ultima parte del CPP, pues “no debió jamás y bajo regla alguna mantener la acusación repitiendo actos procesales lo cual está claramente prohibido por el art. 16 de la Ley 025, demostrándose el defecto de procesamiento consagrado en el art. 169 numerales 1) y 3) de la ley 1970” (sic).

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega vulneración a sus derechos a la libertad, a la garantía del non bis in ídem, de legalidad, citando los arts. 23, 115 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se ordene a la autoridad demandada retire la acusación previa autorización del Fiscal Jerárquico.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 115 a 117, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó íntegramente su demanda y ampliándola, refirió que: a) Planteó esta acción debido a una persecución ilegal y a un procesamiento indebido; toda vez que, fue sometido a medidas cautelares por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de Jueces y Fiscales, emergente de sus funciones como Vocal de Sala Penal Segunda constituido en Tribunal de garantías dentro de una acción de amparo constitucional; por lo que, fue citado a prestar su declaración informativa, oportunidad en la que fue aprehendido y sometido a medidas cautelares por los presuntos delitos de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías, incumplimiento de deberes y prevaricato, concluyendo la etapa preparatoria con un sobreseimiento, el cual fue ratificado respecto a los delitos anteriormente mencionados; y, revocado por el delito de incumplimiento mediante Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 189/2019 de 17 de junio, emitido por el Fiscal Jerárquico; b) Ante ello, a través de una acción tutelar presentada por este, el Juez de garantías dispuso que la Fiscal ahora demandada dicte una nueva Resolución Fiscal Jerárquica, en relación a su persona; por lo que, en cumplimiento de dicha Resolución de garantías, la Fiscal demandada, emitió la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 448/2019 de 23 de diciembre, ratificando el sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, respecto a los tres delitos atribuidos; y disponiéndose la conclusión del proceso, la cesación de todas las medidas, cancelación de antecedentes y el archivo de obrados, respecto a su persona; c) Pese a todo ello, se sorprendió al conocer que en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, se estarían preparando actos de Juicio Oral, a pesar de que el art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece la cosa juzgada en cuanto refiere a la conclusión de la etapa preparatoria de la investigación, vulnerando así la garantía del non bis in ídem, puesto que en su caso existe una Resolución de Sobreseimiento confirmado por Resolución Jerárquica emitida por Aly Rosario Venegas Miranda, siendo la misma Fiscal que revocó su Resolución y confirmó el Sobreseimiento; por lo que, ya no queda ningún medio o elemento para que pueda defenderse ante ninguna autoridad, al haber sido excluido de manera definitiva de ese proceso; d) Por todo ello, se le está pretendiendo desconocer el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), al llevarse adelante un proceso penal respecto a su persona, el mismo que se encuentra concluido, vulnerando así los arts. 23.2 y 3 de la CPE, así como el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); y, e) Todos esos actos ilegales dan lugar a una persecución así como a un procesamiento indebido, en el cual no tiene la oportunidad, ya que consideraba que su sobreseimiento fue confirmado totalmente, más aún cuando, se emitió una Sentencia Constitucional que estableció que no debería estar sometido a ese proceso, ya que nunca se ordenó su procesamiento ni si quiera disciplinariamente, pero se emite una acusación en total descimiento del portafolio digital veinticinco, donde se encuentra la Resolución Fiscal Jerárquica, con el sello de pie y firma de la autoridad que confirmó totalmente su sobreseimiento; razones por la que presentó la acción de libertad solicitando que se conceda la misma y se disponga que el Fiscal deje sin efecto la acusación o la retire directamente.

I.2.2.Informe de la parte demandada

Ramiro Nelson Prieto Villegas; Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) Si bien fue ratificado el sobreseimiento a través de la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 488/2019 de 23 de diciembre; sin embargo, en su parte resolutiva no establece ni ordena el retiro de la acusación, aspecto que es atribución del Fiscal Departamental; y, 2) En el proceso penal están involucrados una serie de autoridades judiciales, contra las cuales existe una acusación y evidentemente todavía permanece entre ellos el ahora accionante y el Fiscal estará a lo que se disponga en esta audiencia.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 009/2021 de 3 de enero, cursante de fs. 118 a 119 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: “Se conmina al Dr. Ramiro Prieto a que haga conocer la existencia del sobreseimiento al juzgado anticorrupción, sobreseimiento que ha sido ratificado, sobreseimiento que tiene una consolidación normativa y que es en cumplimiento a una acción de libertad, esto con responsabilidad en un plazo no mayor de 24 horas. Segundo se emita un oficio por despacho judicial dirigido al superior jerárquico para que ordene en el día el retiro de la acusación en contra del Dr. Rubén Ramírez Conde producto de esta resolución de sobreseimiento para que pueda consolidarse el sobreseimiento de la disposición dada por autoridad jurisdiccional por autoridad constitucional, y por qué no decirlo por la propia resolución del superior jerárquico del Ministerio Público, y esto sea en el plazo de 24 horas. Así mismo ponga en conocimiento del juzgado anticorrupción la existencia de todos estos antecedentes y que cese cualquier auto jurisdiccional de procesamiento con intensión en contra del Dr. Rubén Ramírez Conde” (sic); bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 1203/2017-S1 de 24 de octubre hizo referencia que el Fiscal Superior es la única autoridad habilitada por Ley para revocar o ratificar Resoluciones conclusivas, y en el presente caso, ratificó el sobreseimiento y una vez presentado a la autoridad jurisdiccional debió presumirse que el resultado de la investigación es nula; toda vez que, no se puede acusar y a la vez sobreseer, lo cual contraviene el non bis ídem, el cual fue mencionado en la SCP 0910/2017-S3 de 18 de septiembre, refiriendo que no puede existir duplicidad de procesamiento, prohibición expresa conforme al art. 115 de la CPP, al igual que el art. 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José); y, ii) La Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 448/2019 de 23 de diciembre, resuelve ratificar en parte la Resolución de Sobreseimiento en referencia sólo y únicamente a Rubén Ramírez Conde -ahora accionante-; si doce cese o conclusión del proceso significa que el Ministerio Público conforme establece el cumplimiento obligatorio de las disposiciones constitucionales enmarcada en las SSCC 0294/2012-R de 8 de junio y 0010/2018-O de 12 de marzo, debió haber cumplido con el retiro de la acusación por parte del Fiscal asignado al caso porque existe cese del procesamiento y debió hacer puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional.

I.3 Trámite Procesal

Por Decreto Constitucional de 30 de noviembre de 2021, cursante a fs. 132, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 6 de febrero de 2023 (fs. 237); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento de Imputación Formal de 28 de junio de 2016, emitido por Anghelo Saravia Alberto y Jenny Esdenka Quispe Mujica, Fiscales de Materia del departamento de La Paz, contra Rubén Ramírez Conde -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, y prevaricato, previstos y sancionados en los arts. 154, 173 y 174 del Código Penal (CP) (fs. 8 al 21). II.2. A través de Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, los Fiscales de la Fiscalía Corporativa Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, resolvieron el sobreseimiento del ahora accionante por los delitos de, incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; y, prevaricato (fs. 22 a 49). II.3. Consta Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 189/2019 de 17 de junio, a través de la cual, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental en suplencia legal de La Paz, ratificó en parte la Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, a favor del ahora impetrante de tutela por los delitos de, prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; y, revocar en parte en relación al delito de incumplimiento de deberes, ordenando que al efecto el Fiscal de Materia presente acusación (fs. 50 al 76). II.4. Por Acusación Formal de 7 de noviembre de 2019, emitida por la Fiscal de Materia, acusa a Rubén Ramírez Conde por el delito de incumplimiento de deberes, tipificado y sancionado en el art. 154 del CP (fs. 80 a fs. 110). II.5. Cursa Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 448/2019 de 23 de diciembre, suscrita por Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental a.i. de La Paz, emitida en cumplimiento al “Auto Constitucional -Resolución 760/2019 de 4 de diciembre, pronunciada por el Juzgado Primero de Ejecución Penal, dentro la acción de libertad interpuesta por Rubén Ramírez Conde -ahora accionante- contra la referida autoridad fiscal, en la cual el Juez de garantías dispuso reponer la Resolución FDLP/ARVM-S 189/2019 de 17 de junio, únicamente en relación al accionante; en tal sentido, se pronuncia sobre la Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, cuyos actos investigativos se encontraban bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quién conoció la imputación formal 23/2019 de 28 de junio, mediante el cual se imputó a Rubén Ramírez Conde, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Prevaricato y Consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; en tal sentido, la nueva Resolución Jerárquica, “RESUELVE RATIFICAR en parte la Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de fecha 29 de mayo de 2017 requerida por los fiscales de Materia Daniel E. Ayala Yupanqui, Oscar Campero Aranibar y Juan Carlos Soria Carpio a favor de Rubén Ramírez Conde, por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Prevaricato y Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados tipificados y sancionados en los arts. 154, 173 y 174 del C.P. y DISPONE la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se le hubiese impuesto y la cancelación de antecedentes penales en relación a los presentes delitos investigados” (sic [fs. 77 a 79]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la garantía del no bis in ídem, a la legalidad, persecución y procesamiento indebido; toda vez que; dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, se emitió Resolución de Sobreseimiento a su favor, el cual fue ratificado en parte por la Fiscal Departamental, disponiendo que se acuse por el delito de incumplimiento de deberes; sin embargo, y no obstante a que al haber cuestionado dicha Resolución Jerárquica a través de una acción tutelar, en la cual el Juez de garantías dispuso se emita una nueva Resolución y en cumplimiento de ello la Autoridad Fiscal Jerárquica ratificó el Sobreseimiento inicial a su favor; el Fiscal de Materia ahora demandado no retiró la acusación en mérito a la orden jerárquica, consintiendo así un doble procesamiento en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, b) Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 0982/2000-R de 23 de octubre, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad. En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente” (las negrillas fueron adicionadas).

Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad: “Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (el resaltado y subrayado son añadidos). Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad”.

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R de 3 de mayo, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas fueron añadidas).

De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”.

Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 de 18 de mayo y 0360/2012 de 22 de junio, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad.

En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el resaltado fueron incluidos).

Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación: ii.a) No se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; o cuando ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.

No siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual establece que si el Fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el Fiscal ya dio aviso al Juez Cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado” (sic). Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 1067/2021-S3; 0811/2021-S1; 0762/2021-S2; y, 0235/2020-S1; 0560/2020-S1, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa, medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes

Sobre este medio o mecanismo ordinario, que se constituye el medio idóneo y oportuno para reclamar actos defectuosos que no pueden ser convalidados, cuando su existencia o ejecución impliquen vulneración a derechos o garantías constitucionales, la SCP 0067/2018-S1 de 19 de marzo, siguiendo los entendimientos de la SC 2888/2010-R de 17 de diciembre, reiterada en la SCP 1047/2015-S1 de 30 de octubre, señaló que:

“`Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: «No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad», en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad’. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales” (las negrillas son nuestras).

Consecuentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa, se constituye en el medio procesal idóneo y oportuno para denunciar actos ilegales en los que pudieran incurrir en su actuación los fiscales y que sean contrarios al procedimiento o sus derechos, producidos durante la etapa preliminar, preparatoria o juicio y que correspondieren al ámbito de competencia del juez instructor en lo penal o del Tribunal de Sentencia, siendo estas las autoridades llamadas para el restablecimiento de los derechos vulnerados.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la garantía del no bis in ídem, a la legalidad, persecución y procesamiento indebido; toda vez que; dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, se emitió Resolución de Sobreseimiento a su favor, el cual fue ratificado en parte por la Fiscal Departamental, disponiendo que se acuse por el delito de incumplimiento de deberes; sin embargo, y no obstante a que al haber cuestionado dicha Resolución Jerárquica a través de una acción tutelar, en la cual el Juez de garantías dispuso se emita una nueva Resolución y en cumplimiento de ello la Autoridad Fiscal Jerárquica ratificó el Sobreseimiento inicial a su favor; el Fiscal de Materia ahora demandado no retiró la acusación en mérito a la orden jerárquica, consintiendo así un doble procesamiento en su contra. De la compulsa de antecedentes que cursan en la presente acción de libertad; se tiene que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, fue imputado formalmente el 28 de junio de 2016, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, previstos y sancionados en los arts. 154, 173 y 174 del CP; posteriormente, por Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, los Fiscales de la Fiscalía Corporativa Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, resolvieron el sobreseimiento del prenombrado sobre los delitos atribuidos; es así que, habiendo sido objetada la referida Resolución, la Fiscal Departamental a.i. de La Paz, emitió Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 189/2019 de 17 de junio, ratificando en parte la Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, en cuanto a los delitos de prevaricato y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; y, revocó en parte, en relación al delito de incumplimiento de deberes, ordenando que al efecto el Fiscal de Materia presente acusación contra el ahora accionante, la misma que fue presentada el 7 de noviembre de 2019 (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Contra la Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 189/2019 de 17 de junio, el impetrante de tutela planteó una acción tutelar, el cual fue resuelto por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, quien a través de la Resolución 760/2019 de 4 de diciembre, dispuso que la Fiscal Departamental demandada en esa acción, reponga la Resolución ya señalada, únicamente en relación al accionante; lo cual fue cumplido por la citada Autoridad Fiscal Jerárquica mediante Resolución Jerárquica FDLP/ARVM-S 448/2019 de 23 de diciembre, resolviendo ratificar la Resolución de Sobreseimiento RES/FEPDC 03/2017 de 29 de mayo, a favor de Rubén Ramírez Conde, disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se le hubiese impuesto y la cancelación de antecedentes penales en relación a los delitos investigados (Conclusión II.5). Ahora bien, conforme a esos antecedentes y la problemática traída a colación por el peticionante de tutela a través de la presente acción de libertad, se tiene que, este denuncia persecución y procesamiento indebido en el que estuviera incurriendo el Fiscal de Materia ahora demandado, puesto que al existir una Resolución de Sobreseimiento a su favor que fue confirmada por la autoridad Fiscal Jerárquica, quien dispuso la conclusión del proceso, la cesación de medidas cautelares impuestas y la cancelación de los antecedentes penales, el Fiscal inferior, no retiro la acusación presentada, consintiendo de esa manera un doble procesamiento en su contra pretendiendo someter su conducta que ya fue resuelta a un nuevo e idéntico trámite en etapa de juicio, poniendo en riesgo su libertad y vulnerando la garantía constitucional del “non bis in ídem”. Al respecto, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, existen situaciones en las que la acción de libertad se rige por la subsidiariedad excepcional, una de ellas, cuando el proceso penal ya cuente con la autoridad jurisdiccional, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los Fiscales que implique vulneración de derechos o garantías fundamentales, o si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, a efectos de que esta en su rol del Juez o Tribunal contralor de garantías, repare o restablezca los derechos vulnerados.

En el presente caso, y siendo que el accionante identifica como principal acto lesivo de sus derechos, la omisión del Fiscal de Materia ahora demandado al no haber retirado la acusación formal en su contra por el delito de incumplimiento de deberes, a pesar de que existe una Resolución de Sobreseimiento a su favor confirmada por la Fiscal Jerárquica, lo que le estaría generando un doble procesamiento por los mismos ilícitos; esta actividad indebida denunciada por el impetrante de tutela, debió ser sujeta inicialmente a la interposición del incidente de actividad procesal defectuosa por defecto absoluto, previo a la presentación de la acción de libertad, tal y como el propio accionante sostiene en su demanda de acción tutelar, al señalar que bajo ninguna regla el Fiscal ahora demandado debió mantener la acusación repitiendo actos procesales “demostrándose el defecto de procesamiento consagrado en el art. 169 numerales 1) y 3) de la ley 1970” (sic); por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el incidente de actividad procesal defectuosa, previsto en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante la autoridad jurisdiccional, aquellas omisiones del procedimiento en los que puedan incurrir las autoridades Fiscales o Judiciales, en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes; sin embargo, este mecanismo de defensa no ha sido planteado en el caso que nos ocupa, siendo por ello aplicable la jurisprudencia desarrollada, en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que, la jurisdicción constitucional se activa cuando ya no exista otra vía oportuna e inmediata para restituir los derechos vulnerados; es decir, cuando se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y cuando los medios de impugnación no resultaren eficaces y oportunos y, a consecuencia de ello subsista la lesión, dejando claro que ésta vía constitucional no es un medio alternativo ni sustitutivo de la jurisdicción ordinaria; por lo tanto, corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 009/2021 de 3 de enero, cursante de fs. 118 a 119 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del problema. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22..

2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

3 En su F.J. III.4.2. concluyo: “Cabe aclarar, que toda actuación del fiscal, que a juicio del denunciado, imputado o querellado y/o víctima o querellante, sea contraria a procedimiento o sus derechos y que se hubieren producido durante la etapa preliminar, preparatoria o juicio y que correspondieren al ámbito de competencia del juez instructor en lo penal o del Tribunal de Sentencia, deberán ser reclamadas en esa instancia. Empero, aquellas actuaciones del representante del Ministerio Público que se suscitaren ante el propio órgano de investigación, del cual emerjan determinaciones, como el rechazo de la denuncia, querella, actuaciones policiales, salidas alternativas o actos conclusivos, que pudieren lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales del denunciado, imputado o acusado y/o víctima o querellante, corresponderán ser impugnadas en esa instancia, por cuanto incumbe al ámbito de competencia del Ministerio Público.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0019_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5cb2fc15241ee1e73157c908395399dca39a077ef773089fc83d102e567c5516

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