B.IA.LEGAL

SCP 0017/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58829-2023-118-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración del debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, verdad material, impugnación, valoración de la prueba y defensa, así como a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad; señalando que, el Director Departamental de Educación de Cochabamba mediante Resolución 001/2023, declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba que dispuso su destitución como portero de la Unidad Educativa Mercedes Candia de Ovando de Cochabamba; sin embargo, mediante Resolución Complementaria de 22 de febrero de 2023, la mencionada autoridad reconoció que la apelación fue presentada dentro del plazo legal, pero afirmando de manera contradictoria que los agravios fueron absueltos, manteniendo incólume la sanción sin motivación suficiente y restringiendo arbitrariamente su derecho a la impugnación y defensa, incorporando hechos no denunciados y sustentando la destitución en un informe provisional desautorizado judicialmente, lo que derivó en la pérdida de su fuente laboral luego de más de veintiséis años de servicio. Con los argumentos expresados, solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución 001/2023 y la Resolución de 22 de febrero de 2023, disponiendo la emisión de un nuevo pronunciamiento, conforme a parámetros constitucionales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución SC2-CBB-AAC-089/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 795 a 799, pronunciada por el Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, verdad material, impugnación, valoración de la prueba y defensa, en los términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y,

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad humana.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2026-S3 Sucre, 11 de febrero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58829-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-089/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 795 a 799, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Isidoro Romero Negrete contra Iván Wilfredo Villa Bernal, Director Departamental de Educación de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 21 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 683 a 703 vta.; y, 712, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue portero de la Unidad Educativa “Mercedes Candia de Ovando” -de la ciudad de Cochabamba- por más de veintiséis años, periodo durante el cual cumplió sus funciones con responsabilidad y dedicación, recibiendo reconocimientos por su labor; no obstante, esto generó actitudes de desprecio y hostigamiento constante por parte de algunos profesores y directores, quienes intentaron reiteradamente reducir su dignidad personal y gestionar su cambio de unidad educativa, promoviendo de manera dolosa y premeditada procesos administrativos con la finalidad de destituirlo y alejarlo definitivamente de la institución. En octubre de 2018, enfrentó una primera denuncia presentada por un grupo de profesores ante el Tribunal Disciplinario de Educación de Cochabamba, por supuestas faltas y delitos, iniciándose un proceso que derivó en la emisión de un auto inicial por faltas graves y muy graves en noviembre del indicado año;

y, posteriormente, en una resolución de destitución dictada en agosto de 2019. Frente a ello, interpuso recurso de apelación denunciando vulneración de derechos y garantías constitucionales, el cual fue resuelto favorablemente en noviembre de 2019, por la Dirección Departamental de Educación, que revocó la resolución impugnada y dispuso la nulidad del proceso hasta el auto de apertura. Pese a la decisión de anular obrados, en enero de 2020, los denunciantes solicitaron el reinicio del proceso disciplinario y, en marzo de ese mismo año, comenzó de nuevo la persecución administrativa, generándose controversia respecto a su validez, la prescripción de los hechos y la reiteración de imputaciones previamente anuladas; no obstante, el Tribunal Disciplinario emitió la Resolución 02/2022 de 6 de junio, declarándolo culpable e imponiendo la sanción de destitución, sustentada en hechos que no se encontraban consignados ni en la denuncia ni en el auto de apertura, algunos de los cuales ya habían sido conocidos en un proceso judicial previo en el que fue declarado inocente mediante sentencia que se encuentra ejecutoriada. Contra dicha determinación, en junio de 2022 interpuso recurso de apelación, planteando cuatro agravios concretos referidos a la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa, la congruencia, la fundamentación y la valoración probatoria; sin embargo, mediante Resolución 001/2023 de 16 de enero, la Dirección Departamental de Educación lo declaró improcedente, bajo el argumento de haber sido interpuesto de manera extemporánea, pese a que del cómputo del plazo se evidenció que fue presentada oportunamente, motivo por el cual solicitó enmienda, complementación y aclaración, resuelta por Auto de 22 de febrero de 2023, reconociendo que la apelación fue interpuesta dentro del plazo legal, pero contradictoriamente señaló que la Resolución 001/2023, resolvió todos los puntos apelados y ratificó la sanción de destitución, agotándose así la vía administrativa. Ahora bien, existen graves deficiencias de fundamentación y congruencia, evidenciadas en contradicciones internas entre la Resolución 001/2023 y el Auto de 22 de febrero del mismo año, pues mientras la primera declaró extemporáneo el recurso de apelación, omitiendo el análisis de los agravios, el segundo reconoció su presentación oportuna, afirmando de manera incoherente, que dichos agravios ya habían sido considerados, confirmando la destitución sin motivación suficiente y vulnerando el debido proceso, el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la dignidad humana. El recurso de apelación se centró en los siguientes agravios: a) Incongruencia en el Proceso Administrativo vinculada al art. 10 inc. II de la Resolución Suprema 212414, Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, la denuncia de 13 de abril de 2021 y el Auto de Apertura de 28 de mismo mes y año, resultaron vagos y genéricos al no precisar hechos concretos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la supuesta ineptitud o ineficiencia funcional, mientras que la Resolución 02/2022, fundamentó la sanción en hechos no denunciados ni imputados, incurriendo en incongruencia procesal y vulnerando el derecho a la defensa; b) Incongruencia en el Proceso Administrativo relacionados con el art. 11, inciso m), de la Resolución Suprema 212414 Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, la denuncia y el Auto de Apertura relativos a la supuesta violencia o intimidación psíquica carecieron de una descripción clara y específica de hechos y conductas atribuibles, y la Resolución 02/2022 incorporó hechos, víctimas y elementos nuevos no denunciados, configurándose una incongruencia procesal que afectó gravemente el derecho a la defensa y el debido proceso; c) Informe genérico y provisional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), como base de la sanción administrativa, la sanción de destitución se sustentó indebidamente en un informe provisional de la DNA, carente de rigor técnico y objetividad, el cual no identificó víctimas ni actos concretos y fue desautorizado por una sentencia ejecutoriada, vulnerándose el principio de verdad material y el debido proceso; y, d) Se vulneró el principio de verdad material y el debido proceso al no considerar la Sentencia Ejecutoriada 78/2019, que declaró improbada la denuncia de violencia psicológica y desautorizó el informe base de la sanción, omitiendo pronunciarse sobre este agravio pese a haber sido expresamente planteado en la apelación. Como consecuencia de las irregularidades expuestas, se evidenció una lesión material al debido proceso, al carecer la resolución impugnada de congruencia interna y externa, omitir el análisis de los agravios, restringir injustificadamente el derecho a la impugnación y afectar el derecho a la defensa mediante la incorporación de hechos no denunciados y la omisión de valoración de prueba esencial; asimismo, el derecho al trabajo en su elemento de estabilidad funcionaria fue indebidamente restringido como consecuencia de una sanción administrativa ilegal impuesta sin debido proceso, privándolo de continuar en el cargo al que accedió mediante institucionalización y concurso de méritos, sin que existiera causa justa legalmente establecida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, verdad material, impugnación, valoración de la prueba y defensa, así como a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad, citando al efecto los arts. 46, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución 001/2023 y en consecuencia se dicte una nueva, conforme a los lineamientos jurídico constitucionales a ser expuesto en la resolución constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 28 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 793 a 794 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) El acto impugnado es la Resolución 001/2023, emitida por el Director Departamental de Educación de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, incluyendo como parte integrante de la misma el Auto de 22 de febrero de 2023, que resolvió la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, destacando que conforme al art. 31 del Decreto Supremo (DS). 23968, dicha autoridad constituye la última instancia administrativa, no existiendo recurso ordinario adicional previsto por la Resolución Suprema 212414; por lo que, la acción de amparo constitucional cumplió con el principio de subsidiariedad; 2) Se vulneró los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, el derecho a la impugnación y a la defensa, vinculados con el derecho al trabajo; asimismo, como antecedentes, refiere que el accionante se desempeñó como portero de la Unidad Educativa “Mercedes Candia de Ovando” por más de veintiséis años, siendo objeto de hostigamiento por parte de algunos docentes, lo que derivó en procesos administrativos reiterados con el propósito de forzar su destitución, primero mediante acusaciones vinculadas a supuestas faltas funcionales y posteriormente imputándole hechos de violencia psicológica sin sustento probatorio; 3) Producto de este último proceso, el Tribunal de primera instancia emitió la Resolución 02/2022 declarándolo culpable, decisión que fue apelada mediante cuatro agravios debidamente fundamentados; sin embargo, la citada Resolución 001/2023, declaró improcedente la apelación por una supuesta extemporaneidad, contradicción que se evidencia al reconocerse posteriormente, en el referido Auto de 22 de febrero de 2023, que el recurso fue presentado dentro de plazo, ratificando no obstante la sanción sin pronunciarse sobre los agravios; y, 4) La Resolución impugnada carece de congruencia interna y externa, pues omitió el análisis de los cuatro agravios expuestos en apelación, desconociendo el principio de verdad material al no considerar una sentencia ejecutoriada que desautorizó el informe base de la sanción y vulneró el derecho a la presunción de inocencia, configurando una lesión constitucional conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Eduardo Isidoro Romero Negrete contra Iván Wilfredo Villa Bernal, Director Departamental de Educación de Cochabamba, a través de su abogada, en audiencia señaló que: i) Conforme al capítulo VII, arts. 27 y siguientes de la Resolución Suprema 212414, la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba emitió la Resolución 001/2023 en ejercicio de su competencia de revisión y apelación; y, ii) En atención a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración, se emitió el Auto de 22 de febrero de 2023, cumpliéndose con la normativa vigente.

I.2.3. Intervención de los Terceros interesados

María Elena Delgadillo Ponce, Benito Alberto Madrid Cordero, Moisés Camacho Imaña y Rosemery Maita Flores, a través de su abogado, en audiencia solicitaron se rechace la acción planteada; señalando que: a) Actuaron en representación de los derechos de los niños y de la Unidad Educativa “Mercedes Candia de Ovando”, indicando que el accionante pretende confundir aspectos subjetivos de su persona con actividades propias del establecimiento educativo, las cuales no constituyen objeto de análisis en el presente proceso; b) No se vulneraron los derechos a la defensa ni al debido proceso; toda vez que, que la Resolución Administrativa 001/2023, estableció de manera clara que la Resolución 02/2022 del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba se encontraba debidamente fundamentada respecto a las faltas atribuidas al ahora impetrante de tutela; c) El procedimiento administrativo es distinto al procedimiento judicial, precisando que el recurso de apelación y revisión no contempla la valoración de nuevas pruebas o elementos; por lo que, la parte accionante pretende inducir en error a la autoridad; y, d) Afirmando que el accionante tuvo pleno acceso a la información, participó en el proceso, se sujetó a los procedimientos correspondientes y asumió la situación jurídica resultante; y, finalmente, precisaron que se acompañó como prueba de reciente obtención un memorándum de llamada de atención de 28 de agosto de 2023, que según afirmaron demuestra la reincidencia y negligencia del ahora accionante.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-ACC-089/2023, cursante de fs. 795 a 799, concedió la tutela solicitada, disponiendo 1) Dejar sin efecto la Resolución 001/2023 y Auto Complementario de 22 de febrero de 2023 y cualquier otra determinación que emerja de la misma; 2) La autoridad demandada emita nueva resolución, cumpliendo estrictamente los lineamientos jurisprudenciales citados precedentemente respecto al debido proceso, sus elementos señalados, así como respondiendo de manera motivada, fundamentada y congruente la impugnación efectuada por el accionante dentro el plazo señalado por ley; y, 3) La autoridad demandada deberá dar cumplimiento a la presente determinación en el plazo de diez días hábiles; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: i) El accionante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, motivación, congruencia y fundamentación, así como el derecho a la impugnación, al trabajo y a la dignidad humana, cuestionando específicamente la Resolución 001/2023 y el Auto Complementario de 22 de febrero de mismo año, emitidos en respuesta a la apelación interpuesta contra la Resolución 02/2022 que dispuso su destitución del cargo de portero de la Unidad Educativa “Mercedes Candia de Ovando”; ii) La autoridad demandada, por intermedio de su apoderado, manifestó que la Resolución 001/2023 fue emitida conforme a una revisión exhaustiva de la resolución de primera instancia remitida en grado de revisión, señalando que se sujetará a la determinación que adopte esta Sala Constitucional; iii) De los antecedentes se evidenció que se instauró un proceso disciplinario contra el accionante a partir de una denuncia reactivada en enero de 2022, concluyendo el Tribunal de instancia con la Resolución 02/2022, que lo declaró culpable y le impuso la sanción máxima de destitución, Resolución que fue impugnada mediante recurso de apelación estructurado en cuatro agravios debidamente fundamentados; iv) La Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, emitió la Resolución 001/2023, declarando improcedente la apelación bajo el argumento de extemporaneidad, sin pronunciarse sobre los agravios planteados, pese a que estos cuestionaban la incongruencia entre la denuncia, el auto de apertura y la resolución sancionatoria, la falta de elementos de tiempo, modo y lugar, y la vulneración del principio de verdad material al no considerarse una sentencia judicial ejecutoriada de 8 de octubre de 2019 que declaró improbada la denuncia por violencia psicológica; v) En la Resolución 001/2023, la autoridad demandada describió aspectos administrativos internos (sobrecarga procesal), citó sus facultades conforme al art. 31 del DS 23968 y afirmó que no se vulneró el derecho a la defensa, sosteniendo la congruencia de la sanción impuesta por el tribunal disciplinario en aplicación de los arts. 10 inc. II) y 11 inc. m) de la Resolución Suprema 212414; vi) Sin embargo, del análisis del contenido de la Resolución 001/2023, se advirtió que no existe respuesta objetiva, coherente ni expresa a los cuatro agravios formulados en la apelación, limitándose en el Considerando V a rechazar el recurso por extemporáneo, sin valoración de fondo; vii) Frente a ello, el accionante interpuso recurso de enmienda y complementación el 13 de febrero de 2023, el cual fue resuelto mediante Auto de 22 de febrero de 2023, reconociendo que la apelación fue presentada dentro de plazo y afirmando que se realizó el análisis de los agravios, manteniendo de forma incongruente incólume la Resolución 001/2023; viii) Conforme a la jurisprudencia constitucional, particularmente la SCP 0689/2018-S3, la aclaración, enmienda y complementación no pueden modificar el fondo de la resolución principal; por lo que, el Auto complementario excedió su competencia al alterar aspectos sustanciales de la decisión; y, ix) En consecuencia, se constata la vulneración del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, así como del derecho a la impugnación, a la doble instancia y al trabajo, al no haberse resuelto de manera expresa y razonada los agravios planteados por el accionante.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 02/2022 de 6 de junio, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación Cochabamba, que resolvió declarar PROBADA la denuncia contra Eduardo Isidoro Romero Negrette -accionante- por la comisión de faltas, prevista en los art. 10 inc. ll) y 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado por Resolución Suprema 212414 de 21 de abril de 1993, e IMPROBADA por las faltas contenidas en los arts. 10 incs. a), i), n) y p); y, 11 incs. a) y h) del citado Reglamento, notificado al nombrado el 22 de junio de 2022 (fs. 753 a 763). II.2. Mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022 el accionante presentó apelación contra la Resolución 02/2022 (fs. 764 a 775). II.3. Consta Resolución 001/2023 de 16 de enero emitida por Iván Wilfredo Villa Bernal; Director Departamental de Educación de Cochabamba, que resolvió: a) CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 6 de junio, en cuanto a la objetividad, taxatividad y motivación de la sanción en cuanto al eficaz cumplimiento de la norma vigente; y, b) RECHAZAR el recurso de apelación planteada el 26 de junio de 2022, en apego a lo establecido por el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-, la normativa y la jurisprudencia expuesta en la parte considerativa, notificada al accionante el 15 de febrero de 2023 (fs. 778 a 782). II.4. A través del memorial presentado el 16 de febrero de 2023, el accionante solicitó aclaración, enmienda y complementación a la Resolución 001/2023, misma que fue respondida mediante Auto de 22 de febrero de 2023 que resolvió rechazar con relación a la aclaración y aceptó respecto a la enmienda y complementación, manteniendo incólume la Resolución 001/2023 de 16 de enero, notificado al impetrante de tutela el 3 de agosto de 2023 (fs. 786 a 790).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración del debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, verdad material, impugnación, valoración de la prueba y defensa, así como a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad; señalando que, el Director Departamental de Educación de Cochabamba mediante Resolución 001/2023, declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba que dispuso su destitución como portero de la Unidad Educativa Mercedes Candia de Ovando de Cochabamba; sin embargo, mediante Resolución Complementaria de 22 de febrero de 2023, la mencionada autoridad reconoció que la apelación fue presentada dentro del plazo legal, pero afirmando de manera contradictoria que los agravios fueron absueltos, manteniendo incólume la sanción sin motivación suficiente y restringiendo arbitrariamente su derecho a la impugnación y defensa, incorporando hechos no denunciados y sustentando la destitución en un informe provisional desautorizado judicialmente, lo que derivó en la pérdida de su fuente laboral luego de más de veintiséis años de servicio. Con los argumentos expresados, solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución 001/2023 y la Resolución de 22 de febrero de 2023, disponiendo la emisión de un nuevo pronunciamiento, conforme a parámetros constitucionales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme los antecedentes y conclusiones desglosadas en el presente fallo constitucional, se tiene que en el proceso administrativo disciplinario iniciado contra al ahora accionante, se emitió la Resolución 02/2022, por el cual el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba declaró probada la denuncia formulada en su contra por la comisión de las faltas previstas en los arts. 10 inc. ll) y 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado por Resolución Suprema 212414, e improbada respecto a las faltas contenidas en los arts. 10 incs. a), i), n) y p); y, 11 incs. a) y h) del citado Reglamento, determinación que derivó en la imposición de la sanción de destitución y notificada al accionante el 22 de junio de 2022. Contra dicha determinación, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022, que mereció como respuesta la Resolución 001/2023 de 16 de enero, emitida por el Director Departamental de Educación de Cochabamba -autoridad demandada-, a través de la cual se confirmó la Resolución 02/2022 en cuanto a la objetividad, taxatividad y motivación de la sanción, y rechazó el citado recurso en apego a lo establecido por el Reglamento de faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, la Ley 070 de 20 de diciembre de 2010, la normativa y la jurisprudencia expuesta en la parte considerativa. Ante dicha determinación, el accionante solicitó aclaración, enmienda y complementación mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2023, requerimiento que fue resuelto mediante Auto de 22 de igual mes y año, que rechazó la aclaración y aceptó parcialmente la enmienda y complementación, manteniendo incólume la Resolución 001/2023, actuado que fue notificado al impetrante de tutela el 3 de agosto del mismo año. En ese contexto, el solicitante de tutela interpuso la presente acción de amparo constitucional contra la Resolución 001/2023 y el Auto de 22 de febrero de 2023 que resolvió la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, actos administrativos mediante los cuales se confirmó la Resolución 02/2022, -que dispuso su destitución- y se rechazó el recurso de apelación interpuesto, pese a haberse reconocido posteriormente que éste fue presentado dentro del plazo legal, manteniéndose incólume la sanción sin un pronunciamiento expreso y coherente sobre los agravios planteados; en tal sentido, denunció que, tales determinaciones vulneraron el debido proceso en sus componentes fundamentación y congruencia, impugnación y doble instancia, así como a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad humana, al haberse omitido el análisis de los agravios referidos a la incongruencia procesal, la falta de fundamentación, la indebida valoración probatoria y la inobservancia de una sentencia ejecutoriada que lo declaró inocente, incorporándose además hechos no denunciados y sustentando su destitución en un informe provisional desautorizado judicialmente, lo que derivó en la pérdida de su fuente laboral luego de más de veintiséis años de servicio. De la revisión del contenido de la Resolución 001/2023, emitida por el Director Departamental de Educación de Cochabamba, se advierte que dicha autoridad, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante contra la Resolución 02/2022, sostuvo que los agravios planteados se circunscribían a los hechos denunciados y a las faltas previstas en los arts. 10 inc. ll) y 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo aprobado por Resolución Suprema 212414, afirmando que el Tribunal Disciplinario de primera instancia arribó a la conclusión de responsabilidad administrativa en base a las pruebas aportadas y detalladas en la parte considerativa de la resolución sancionatoria; en ese marco, la autoridad demandada señaló que el proceso disciplinario se desarrolló respetando los principios del debido proceso, la publicidad, la inmediatez y la libre apreciación de la prueba, afirmando de manera general que no se evidenciaron causales de nulidad, razón por la cual confirmó la sanción de destitución impuesta al accionante por considerarla objetiva, taxativa y motivada, rechazando además el recurso de apelación invocando la normativa administrativa aplicable y la jurisprudencia citada en su parte considerativa. Posteriormente, del contenido del Auto de 22 de febrero de 2023, emitido en atención a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación presentada por el accionante, se evidencia que la autoridad demandada reconoció expresamente que el recurso de apelación había sido interpuesto dentro del plazo legal, procediendo a su admisión; sin embargo, al efectuar el análisis de fondo, reiteró los argumentos ya expuestos en la Resolución 001/2023, sosteniendo que la Resolución 02/2022 y el Auto de Inicio de Proceso Disciplinario guardaban congruencia jurídica entre las faltas atribuidas y las sanciones impuestas, afirmando que la conducta del accionante se subsumía en los incs. ll) y m) de los arts. 10 y 11 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, señalando además que la Sentencia Ejecutoriada 78/2019 que declaró su inocencia en la vía ordinaria, no resultaba vinculante para la vía administrativa por tratarse de instancias distintas; finalmente, el citado Auto mantuvo incólume la Resolución 001/2023, aceptando únicamente la enmienda referida a la fecha de emisión de la Resolución apelada, sin modificar el fondo de la decisión. Ahora bien, conforme a los parámetros jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho, en los que basará sus decisiones, dejando de esa manera pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral. En ese marco jurisprudencial desarrollado, corresponde analizar si los argumentos expuestos en las resoluciones cuestionadas cumplen con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación como elementos esenciales del debido proceso. En ese entendido, se advierte que tanto la Resolución 001/2023 como el Auto de 22 de febrero de 2023, se limitan a efectuar afirmaciones genéricas respecto a la supuesta observancia del debido proceso y a la valoración de la prueba, sin desarrollar un razonamiento jurídico concreto que explique de qué manera los hechos acreditados se subsumen de forma específica en las faltas administrativas supuestamente cometidas, ni cómo las pruebas individualizadas permiten arribar de manera lógica y razonada a la conclusión de responsabilidad administrativa del accionante; asimismo, las autoridades demandadas no realizaron un análisis expreso y diferenciado de los agravios formulados en el recurso de apelación, particularmente aquellos referidos a la incongruencia entre la denuncia, el Auto de Apertura y la Resolución sancionatoria, la indebida valoración probatoria, el sustento de la destitución en un informe provisional desautorizado judicialmente y la inobservancia de una sentencia ejecutoriada que declaró la inocencia del impetrante, omisiones que evidencian una motivación insuficiente, al no permitir identificar el proceso lógico-jurídico que condujo a la decisión adoptada.

En efecto, si bien la autoridad demandada invocó normas administrativas y principios generales del debido proceso, no expuso de manera clara y razonada las razones por las cuales desestimó los argumentos centrales del accionante, ni explicó por qué las pruebas y precedentes invocados carecían de relevancia jurídica para el caso concreto, incurriendo en una fundamentación meramente enunciativa y retórica; del mismo modo, al afirmar que la sentencia ejecutoriada 78/2019, no resultaba vinculante por tratarse de vías distintas, la autoridad demandada no desarrolló una motivación reforzada que explique por qué dicho fallo no tenía incidencia alguna en la determinación de responsabilidad administrativa, y por qué el informe provisional que fue desautorizado en el citado proceso, si era aplicable y valido en el proceso administrativo, configurándose así una omisión relevante que impidió un análisis adecuado del caso y comprometió la validez constitucional de las resoluciones impugnadas. En cuanto a la congruencia, se advierte que las resoluciones cuestionadas no observaron adecuadamente la congruencia externa; toda vez que, no existe correspondencia plena entre los agravios formulados por el accionante en su recurso de apelación y la respuesta otorgada por la autoridad demandada, evidenciándose una incongruencia omisiva al no haberse emitido pronunciamiento expreso y específico sobre los puntos centrales del recurso; de igual manera, se advierte la vulneración de la congruencia interna; toda vez que, las decisiones adoptadas -confirmar la destitución y rechazar el recurso- no están precedidas de una explicación lógica y coherente que relacione los hechos, la valoración de la prueba y la aplicación de la norma, generándose contradicciones y vacíos en el razonamiento que impiden comprender las verdaderas razones de la decisión administrativa. La ausencia de una fundamentación suficiente, motivación razonada y congruencia interna y externa en las resoluciones impugnadas no solo vulneró el debido proceso en sus componentes esenciales, sino que además tuvo una incidencia directa en otros derechos fundamentales del accionante, ya que al no realizarse un análisis adecuado de los agravios planteados se afectó su derecho a la impugnación y a la doble instancia, tornado en ineficaz el recurso de apelación; asimismo, la confirmación de la sanción de destitución sin una motivación constitucionalmente válida afectó su derecho al trabajo en su faceta de estabilidad laboral, al consolidar la pérdida de su fuente laboral luego de más de veintiséis años de servicio. En ese contexto, se concluye que la Resolución 001/2023 y el Auto de 22 de febrero de 2023 incurrieron en una vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, con relevancia constitucional suficiente, al incidir de manera directa en los derechos a la defensa, a la impugnación, a la doble instancia, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada y dejar sin efecto las resoluciones cuestionadas, a fin de restablecer el pleno ejercicio de los derechos constitucionales vulnerados. Finalmente, en cuanto a la alegada vulneración a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad humana, se constata que el accionante no desarrolló una explicación clara sobre la forma en que las resoluciones impugnadas habrían afectado los mismos, limitándose a mencionarlos de manera genérica, sin identificar una lesión concreta y directa, lo que impide a este Tribunal efectuar un análisis de fondo sobre esta denuncia; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución SC2-CBB-AAC-089/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 795 a 799, pronunciada por el Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, verdad material, impugnación, valoración de la prueba y defensa, en los términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y,

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la dignidad humana. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0017_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): fdd22ba08f72e24d7be4c10a664b679151a573703762faee841c8269938b02de

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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