Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de enero de 2024
Deniega la tutela
El solicitante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que el Auto Interlocutorio 165/2020 de 20 de noviembre resolvió conceder su solicitud de cesación a la detención preventiva, en conformidad con el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 y la Ley 1226; y en apelación incidental planteada por el Ministerio Público, el mencionado Auto fue revocado mediante el Auto de Vista 584/2020 de 2 de diciembre, evacuado por la autoridad ahora demandada, sin considerar que el Fiscal de materia no presentó la solicitud de ampliación del plazo de la medida restrictiva de su libertad, dejando vencer la misma; con lo que incurrió en contradicción de la norma contenida en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2020 de 3 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia dispone: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a los vocales integrantes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que actuó como Tribunal de garantías, para que en lo posterior cumplan a cabalidad lo establecido por el art. 126.IV de la Constitución Política del Estado, y 38 del Código Procesal Constitucional. 3° Llamar severamente la atención a los Vocales que conforman la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por haber incumplido con la remisión de la documentación requerida por este Tribunal para la resolución de la presente acción tutelar.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 39580-2021-80-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2020 de 3 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Rodrigo Calderón Roca contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2020, cursante de fs. 5 a 8, el solicitante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio 113/2020 de 20 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses. Cumplido dicho plazo, solicitó la cesación a la referida medida cautelar al amparo del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 del 3 de mayo de 2019- a su vez modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año; petición que fue concedida mediante Auto Interlocutorio 165/2020 de 20 de noviembre; ante dicha determinación, el Ministerio Público recurrió en apelación incidental y en audiencia de fecha 2 de diciembre señaló: a) La Resolución 113/2020 dispuso la aplicación de procedimiento inmediato y determinó un plazo de treinta días para la emisión de la resolución conclusiva, término que fue cumplido presentando la acusación formal el 21 de septiembre del mismo año; b) El Juez de la causa ocultó el cuaderno de control jurisdiccional, c) Se perjudica la labor del Ministerio Público, toda vez que el 99.9% de los beneficiados con cesación a la detención preventiva en casos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, posteriormente son declarados rebeldes, d) No es suficiente la fianza personal porque no asegura el sometimiento del encausado, por lo que debería imponerse la fianza económica; y, e) El Juez a quo cometió los delitos de incumplimiento de deberes y otros; argumentos que fueron refutados por su defensa técnica. En contrapartida, la Vocal ahora demandada, en relación a los agravios alegados por el Ministerio Público, señaló que al haberse presentado la acusación formal por parte del apelante en el plazo determinado en la referida Resolución 113/2020, resulta incongruente pedir a la autoridad fiscal que presente una solicitud de ampliación de la detención preventiva, tomando en cuenta que la citada medida cautelar es de carácter instrumental para la etapa investigativa, misma que concluyó con la presentación de la acusación formal; por lo que, revocó la Resolución impugnada y dispuso la continuidad de la detención preventiva. Al haber revocado la Resolución que le concedió la cesación a la detención preventiva, la autoridad ahora demandada incurrió en contradicción de la norma contenida en el art. 233 del CPP; pues al estar cumplidas las medidas previstas por la aludida Resolución 165/2020 se expidió mandamiento de detención domiciliaria que nunca fue ejecutado, dado que la Vocal demandada desconoció la referida Resolución primigenia 113/2020, cual fue confirmada por una autoridad de igual jerarquía; vale decir, suplió la negligencia del Ministerio Público con la Resolución del recurso de apelación incidental, dejando indeterminado el plazo de la detención preventiva.
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando los arts. 23.I, 115.I y II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se restablezca su derecho a la libertad y al debido proceso, ordenando a la autoridad demandada, dicte una nueva resolución, tomando en cuenta la falta de presentación de solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva por parte del Ministerio Público; y, aplicando el principio de favorabilidad se restituya el debido proceso, considerando en lo principal el efecto de una medida cautelar, manteniendo los efectos de la citada Resolución 165/2020.
Efectuada la audiencia pública el 3 de diciembre de 2020, según consta en el acta a fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra los términos de la acción de libertad y en audiencia señaló que mediante el Auto 113/2020 se dispuso su detención preventiva por tres meses; es decir, hasta el 20 de noviembre de la misma gestión; que, mediante Resolución 165/2020, el Juez de la causa determinó la cesación de la mencionada medida cautelar, a razón de que el Ministerio Público nunca solicitó la ampliación de la referida medida preventiva; consiguientemente, mediante Auto de Vista 584/2020 de 2 de diciembre, la autoridad ahora demandada dispuso la continuidad de la citada medida restrictiva de su libertad, con una fundamentación insuficiente e incongruente, vulnerando sus derechos previamente acusados.
Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe cursante de fs. 12 a 14, solicitó se deniegue la tutela e informó que: 1) Mediante Auto de Vista 584/2020, revocó el Auto Interlocutorio 165/2020 emitido por el Juez de la causa; 2) El Auto de Vista impugnado se encuentra debidamente fundamentado y en relación a la falta de solicitud de ampliación de la detención preventiva por el Ministerio Público, se debe tomar en cuenta que la finalidad de la medida cautelar es recolectar actos investigativos, fase que concluyó cuando el Fiscal presentó en fecha 21 de septiembre la acusación formal, resultando incoherente que la entidad fiscal solicite la precitada ampliación, no siendo aplicable el art. 239.2 del CPP modificado por la ley 1173 y 1226; además se trata de un delito en flagrancia; con lo que el Juez de mérito no observó debidamente lo establecido en el art. 124 del CPP; 3) El art. 32 párrafo IV del Reglamento 12/2019 Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emergente de la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley 1173, establece que en las audiencias de reconsideración de la situación jurídica, no sólo basta con computar el plazo, sino que es fundamental ofrecer con relación a ese cómputo del plazo vencido, algunos elementos de convicción para que el juez mantenga la detención preventiva o en su caso, aplique otras medidas cautelares; 4) El Auto de Vista acusado, cumple con las previsiones establecidas en los arts. 124 y 398 del CPP; y, 5) El peticionante de tutela no solicitó la complementación, explicación y enmienda una vez emitido el Auto de Vista.
La Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14/2020 de 3 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18 vta. denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien el plazo de la detención preventiva venció y no existe solicitud de ampliación de dicha medida por la autoridad Fiscal, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se advierte que el requerimiento conclusivo fue emitido dentro del plazo de los treinta días; ii) El Tribunal de apelación dio respuesta a todos los agravios conforme el art. 398 del CPP y en cumplimiento al art. 233 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, por ende la autoridad ahora demandada razonó con la suficiente logicidad jurídica, en sentido de no ser posible para el Ministerio Público solicitar la ampliación del plazo de la detención preventiva al haber presentado el requerimiento fiscal de acusación formal el 21 de septiembre de 2020; y, iii) Un Tribunal de garantías no constituye una instancia adicional, razón por la cual no le corresponde ni le está permitido revisar la labor interpretativa.
Por Decreto Constitucional de 15 de julio de 2022 (fs. 27), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; no habiéndose remitido la misma; mediante Decreto Constitucional de 28 de noviembre del mismo año (fs. 36), se reiteró la solicitud de remisión de la documentación previamente peticionada; ante la falta del cumplimiento a las citadas providencias y con el fin de evitar mayor dilación en la tramitación de la presente acción tutelar, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 46) notificado a las partes el 27 de diciembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 165/2020 de 20 de noviembre, el Juez de Instrucción Penal Primero de la capital del departamento de La Paz, en aplicación del art. 239.2 del CPP, dispuso conceder la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el imputado Nelson Rodrigo Calderón Roca -ahora accionante-, imponiéndole las medidas cautelares sustitutivas de detención domiciliaria sin salida laboral; prohibición de contactarse con el coimputado de manera directa o por medio de terceras personas -entre otras-, que debían ser cumplidas dentro el plazo de cinco días; decisión asumida con el argumento de que si bien el Ministerio Público presentó la acusación formal en el término de treinta días, no solicitó la ampliación del plazo de la medida cautelar restrictiva de su libertad; además, el acusado desvirtuó el riesgo procesal inserto en el 234.1 del CPP. Contra la precitada determinación que dispuso la cesación de la referida medida cautelar, el Fiscal interpuso recurso de apelación argumentando que no es atribuible a su autoridad la demora de más de tres meses para la remisión del caso al Juzgado de Sentencia; refirió que presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal dentro del plazo de treinta días; y, solicitó que en el día se le extienda una certificación sobre el tiempo y los motivos por los cuales no se remitieron los antecedentes ante el Juez de Sentencia durante más de sesenta días, pidiendo que dentro de las veinticuatro horas se remita la apelación incidental ante el Tribunal de alzada (fs. 1 al 3 vta.). II.2. Conforme lo establecido por el Tribunal de garantías que tuvo acceso al cuaderno de apelación y en especial a la resolución recurrida, se tiene que la audiencia de apelación incidental se desarrolló el 2 de diciembre de 2020 emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 584/2020 de esa fecha, que revocó el Auto Interlocutorio 165/2020 de 20 de noviembre, bajo a los siguientes fundamentos: a) Concluyó la etapa investigativa con la presentación del requerimiento conclusivo de acusación pública fiscal de 21 de septiembre de la misma gestión, por lo que el Juez de la causa debió cumplir conforme lo establecido por los arts. 393 bis y 393 ter del CPP para delitos flagrantes, aspecto que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta sin que hubiera sido cuestionado en la vía constitucional; b) La detención preventiva tiene la finalidad de poder recolectar actos investigativos, etapa que concluye con la presentación de la acusación formal, motivo por el cual el Ministerio Público ya no podía solicitar la ampliación del plazo de la medida restrictiva; en tal sentido, resulta incoherente pretender que el Fiscal realice la referida solicitud cuando la etapa investigativa concluyó con la presentación de la mencionada acusación formal en el plazo de los treinta días establecidos en el Auto Interlocutorio 113/2020 de 20 de agosto; siendo responsabilidad del Juez de mérito la omisión de remisión del proceso al Juzgado de Sentencia, habiendo inobservado la norma contenida en el art. 124 del CPP; con ese razonamiento se tiene que el Juez de la causa no fundamentó debidamente a efectos de concederle la cesación a la detención preventiva (fs. 16 a 18 vta.).
El solicitante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que el Auto Interlocutorio 165/2020 de 20 de noviembre resolvió conceder su solicitud de cesación a la detención preventiva, en conformidad con el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 y la Ley 1226; y en apelación incidental planteada por el Ministerio Público, el mencionado Auto fue revocado mediante el Auto de Vista 584/2020 de 2 de diciembre, evacuado por la autoridad ahora demandada, sin considerar que el Fiscal de materia no presentó la solicitud de ampliación del plazo de la medida restrictiva de su libertad, dejando vencer la misma; con lo que incurrió en contradicción de la norma contenida en el art. 233 del CPP, supliendo la negligencia del Ministerio Público a través de la Resolución de apelación incidental y dejando indeterminado el plazo de la medida cautelar impuesta, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene a la autoridad demandada dicte una nueva resolución, tomando en cuenta que el Ministerio Público no presentó la mencionada solicitud, y aplicando el principio de favorabilidad, restablezca el debido proceso, considerando en lo principal el efecto de una medida cautelar, manteniendo las determinaciones de la precitada Resolución 165/2020. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.i) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) Sobre la fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; 3) De la cesación a la detención preventiva en función al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal; y, 4) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal, y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0585/2021-S1 de 25 de octubre, entre otras, asumió el siguiente entendimiento. Respecto a la fijación del plazo para la detención preventiva, el art. 233 del CPP, modificado por la La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece:
Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos:
1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.
El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste” (el resaltado es añadido). Respecto a la solicitud del fiscal para la ampliación del plazo de la detención preventiva la citada Ley 1173, en la disposición transitoria Décima Segunda establece la conminatoria al Ministerio Público, señalando que:
Décima segunda. - (Conminatoria al Ministerio Público). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los coadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales.
En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante.
En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente.
Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso. (las negrillas son añadidas). De la interpretación gramatical y teleológica del numeral 3 del art. 233 del CPP precitado, que establece como requisito de la detención preventiva la fijación del plazo de su duración y los actos investigativos que realizará en dicho término; así como, de su interpretación sistemática en consideración a lo dispuesto por el citado numeral de la norma en examen que señala:
“En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”. Así como de las causales de cesación a la detención preventiva prevista en art. 239 del CPP; y finalmente en consideración a que la razonabilidad de la duración de la medida cautelar constituye un requisito de validez, es posible concluir que se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que, por consiguiente la casual de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del 14Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”
proceso, puesto que, respecto a las fases del juico y recurso -donde ya no se desarrolla actos investigativos- no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación; puesto que, en lo que concierne a la razonabilidad; es decir, a la duración de la detención preventiva examinada cuando el caso se halla en fase del juicio o de los recursos, son aplicables las causales previstas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP. Por supuesto, en los casos que corresponda, también son aplicables a las causales previstas en los numerales 1, 5 y 6, referidas al examen de los otros requisitos de validez de la restricción de la libertad personal por medio de la detención preventiva, cuya aplicación; sin embargo, es revisable de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 250 del CPP. (las negrillas fueron añadidas).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0717/2020-S1 de 11 de noviembre, precedida por el Voto Disidente de la SCP 0675/2018-S2 de 17 de octubre, y reiterada por la SCP 0585/2021-S2 de 28 de septiembre, desarrolló el siguiente razonamiento. La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introdujo el numeral 2 al art. 239 del CPP, estableciendo como una de las causales de cesación de las medidas cautelares personales: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”. Sobre la cesación, en cuanto al cumplimiento del plazo dispuesto para la detención, esta procede únicamente cuando el Ministerio Público no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva, sin que se exija otro requisito; empero, si es que el Fiscal solicitó la ampliación de detención, ésta debe ser considerada en una audiencia pública, donde el Juez debe considerar la pertinencia de la solicitud atendiendo las exposiciones de las partes, y en caso de hacer viable la misma esta autoridad debe establecer el plazo de manera razonable y proporcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa para su aplicación.
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que el Auto Interlocutorio 165/2020 de 20 de noviembre, le concedió su solicitud de cesación a la detención preventiva, en conformidad con el art. 239.2 del CPP; el mismo que fue apelado en la vía incidental por el Ministerio Público y revocada mediante Auto de Vista 584/2020 de 2 de diciembre, este último pronunciado por la Vocal -ahora demandada-, quien no consideró que el Fiscal de materia no presentó la solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva, dejando vencer el mismo; con lo que incurrió en contradicción de la norma contenida en el art. 233 del CPP, supliendo la negligencia del Ministerio Público a través de la Resolución de apelación incidental y dejando indeterminado el plazo de la medida restrictiva de su libertad, por lo que pide se le conceda tutela, ordenando a la autoridad demandada, dicte una nueva resolución, tomando en cuenta falta de presentación de la precitada solicitud por parte de la autoridad Fiscal y aplicando el principio de favorabilidad restablezca el debido proceso, considerando en lo principal el efecto de una medida cautelar, manteniendo lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 165/2020.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes y actuados que cursan en el expediente, se advierte que evidentemente mediante Auto Interlocutorio 165/2020 (Conclusión II.1), el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en aplicación del art. 239.2 del CPP dispuso la cesación a la detención preventiva de Nelson Rodrigo Calderón Roca -ahora accionante-, imponiéndole las medidas sustitutivas de detención domiciliaria sin salida laboral; prohibición de contactarse con el coimputado de manera directa o por medio de terceras personas -entre otras-, mismas que debían ser cumplidas en el plazo de cinco días; decisión asumida con el argumento de que si bien el Ministerio Público presentó la precitada acusación formal dentro del término de treinta días, no solicitó la ampliación del plazo la medida cautelar; además que en anterior audiencia el acusado desvirtuó el riesgo procesal previsto por el art. 234.1 del CPP. La señalada determinación fue apelada por el Ministerio Público bajo el argumento de que no es atribuible a su autoridad la demora de más de tres meses para la remisión del caso al Juzgado de Sentencia, toda vez que presentó la acusación formal contra el ahora demandante de tutela, dentro del plazo de los treinta días; así también solicitó que en el día se le extienda una certificación sobre el tiempo y los motivos por los cuales no se remitieron antecedentes durante más de sesenta días ante el Juez de Sentencia, pidiendo que dentro de las veinticuatro horas se remita la apelación ante el Tribunal de alzada. Conforme con lo establecido por el Tribunal de garantías que tuvo acceso al cuaderno de apelación y en especial a la Resolución recurrida, se tiene que la audiencia de apelación incidental se desarrolló el día 2 de diciembre de 2020, emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 584/2020 de esa fecha, el cual revoca el Auto Interlocutorio 165/2020, al considerar que la etapa investigativa concluyó con la presentación del requerimiento conclusivo de la acusación pública fiscal del 21 de septiembre de la misma gestión, correspondiendo que el Juez de la causa cumpla conforme lo establecido por los arts. 393 bis y 393 ter del CPP para delitos flagrantes; aspecto que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz sin que hubiera sido cuestionada en la vía constitucional; además, se debe considerar que la detención preventiva tiene la finalidad de poder recolectar actos investigativos, etapa que concluye con la presentación de la acusación formal, motivo por el cual el Ministerio Público ya no podía solicitar la referida ampliación del plazo de la medida restrictiva de libertad; siendo incoherente pretender que dicha autoridad fiscal realice la mencionada solicitud cuando la etapa investigativa concluyó con la presentación de referida acusación formal, que fue exhibida en el plazo de los treinta días establecidos en Auto Interlocutorio 113/2020 de 20 de agosto; a ello, resulta ser responsabilidad del Juez de la causa la omisión de remisión del proceso al Juzgado de Sentencia al haber inobservado la norma contenida en el art. 124 del CPP; con ese razonamiento se tiene que el Juez de la causa no fundamentó debidamente a efectos de conceder la cesación a la detención preventiva e imponerle otras medidas cautelares menos gravosas.
La problemática planteada por el demandante de tutela, radica justamente en que el razonamiento efectuado por la autoridad demandada lesiona su derecho a la libertad y al debido proceso, al no considerar que el plazo de la detención preventiva estaba vencido y que no se pidió la ampliación del mismo, por lo que no se podría estar a la sana critica según señala; sin embargo, acorde a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de la interpretación gramatical, teleológica y sistemática del art. 233 del CPP, modificada por la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173 y ésta a su vez, por la Ley 1226, se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y por consiguiente, la casual de cesación establecida en el art. 239.2 del CPP se refiere a esa etapa del proceso; puesto que, respecto a las fases del juicio y recursos -donde ya no se desarrollan actos investigativos-, no es aplicable la fijación judicial del plazo de la medida restrictiva de la detención preventiva y consecuentemente tampoco dicha causal de cesación de la mencionada medida.
Tanto el peticionante de tutela, la autoridad demandada y el Tribunal de garantías reconocieron que en el caso presente, el Ministerio Público presentó un pliego acusatorio contra el ahora accionante y con ello se concluyó con los actos investigativos ya que el art. 325 del CPP modificado por la Ley 1173 señala:
“Artículo 325. (PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO CONCLUSIVO). I. Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad”. Si bien en el caso que se examina, no se cumplió debida y oportunamente de acuerdo con lo prescrito sobre la remisión de los antecedentes a un Juzgado de Sentencia Penal; sin embargo, ese tema no es objeto de análisis en la presente acción tutelar, aspecto que no puede ser atribuido de ninguna forma a la autoridad ahora demandada, pero lo evidente y cierto es que en el caso concreto, se concluyeron los actos investigativos; motivo por el cual, no puede aplicarse el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, tal como señala la Vocal demandada, no siendo lógico esperar que el Ministerio Público presente una solicitud de ampliación de la detención preventiva cuando ésta referida etapa concluyó en el plazo inicialmente fijado.
En armonía con todo lo expuesto se tiene que el Auto de Vista 564/202, emitido por la autoridad demandada cumplió con la debida motivación en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no encontrándose arbitrariedad en los argumentos expresados, ni lesión al debido proceso ni al derecho a la libertad como se alega, consecuentemente corresponde denegar la tutela impetrada.
De la Resolución 14/2020 de 3 de diciembre objeto de revisión, se advierte que el Tribunal de garantías tuvo acceso al cuaderno de apelación remitido por la autoridad demandada, respecto a los antecedentes del proceso que generó la presente acción de defensa, en base a los cuales se resolvió la causa; sin embargo, no se remitieron todos los antecedentes procesales pertinentes para su revisión, omitiendo cumplir con lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), considerando las autoridades judiciales que ejercen como jueces y tribunales de garantías, deben necesariamente remitir toda la documentación que fue de su conocimiento y sustentó su fallo, conforme se refirió líneas arriba y lo establecido por la norma procesal constitucional.
Finalmente, si bien la acción de libertad fue resuelta el 3 de diciembre de 2020, los antecedentes fueron remitidos recién el 18 de diciembre de 2021, conforme acredita el oficio de remisión cursante a fs. 20; es decir, con posterioridad al plazo establecido por los arts. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo, incumpliendo de esta manera las normas señaladas.
Por otra parte, ante la falta de remisión del Tribunal de garantías a esta instancia constitucional de toda la documentación pertinente para la revisión de la presente acción de libertad, a través de la Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante proveído de 15 de julio de 2022 se requirió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que remita el Acta de audiencia de apelación y Auto de Vista de 2 de diciembre de 2020 dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, actuado procesal que se realizó el 29 de julio de 2022, cual consta la diligencia a fs. 32; solicitud de documentación complementaria que no fue atendida por la mencionada Sala Penal, por lo que mediante Decreto Constitucional de 28 de noviembre del citado año, la Comisión de Admisión conminó a la Sala Penal Tercera para la remisión de la documentación requerida; misma que fue notificada según señala la diligencia a fs. 41, el 11 de enero de 2023, a pesar de lo cual tampoco se cumplió con la determinación señalada, situación que genera responsabilidad de las autoridades de la nombrada Sala Penal Tercera del referido Tribunal por incumplimiento del deber de cooperación y colaboración establecido por el art. 5.2 del CPCo.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2020 de 3 de diciembre, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia dispone: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a los vocales integrantes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que actuó como Tribunal de garantías, para que en lo posterior cumplan a cabalidad lo establecido por el art. 126.IV de la Constitución Política del Estado, y 38 del Código Procesal Constitucional. 3° Llamar severamente la atención a los Vocales que conforman la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por haber incumplido con la remisión de la documentación requerida por este Tribunal para la resolución de la presente acción tutelar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0017_2024-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7109ea3da0c75b0a2dea3ae3b6b130dc63b6f48a2a2ab8710f2e8b9cee7981b5
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