B.IA.LEGAL

SCP 0017/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 9 de mayo de 2024

Improcedente

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
9 de mayo de 2024
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
38686-2021-78-CCJ
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales planteado por Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas; y, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí, a fin de determinar quién debe conocer los hechos que se dilucidan en el proceso penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido a denuncia de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores, entonces Corregidor de la misma Comunidad. En consecuencia, corresponde determinar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.2 de la Constitución Política del Estado; y, 12.3 y 28.I.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: declarar IMPROCEDENTE el conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas; y, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí; ello en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La identidad de sujetos, objeto y causa y el principio de cosa juzgada constitucional como causales de improcedencia en un conflicto de competencias jurisdiccionales
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2024 Sucre, 9 de mayo de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 38686-2021-78-CCJ Departamento: Potosí En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas; y, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Alegaciones del Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del departamento de Potosí

Por memorial cursante de fs. 22 a 32 vta., presentado ante este Tribunal el 18 de marzo de 2021, el Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del departamento de Potosí señala que, la comunidad tiene una normativa interna respaldada por la Constitución Política del Estado, la cual prevé que para el aprovechamiento y funcionamiento del sistema de riego, los miembros de la comunidad deben cumplir con trabajo comunitario y pago de aportes. Sin embargo, Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, no acató tales previsiones, por ese motivo, se le hizo conocer que se procedería con el corte del sistema de riego destinado solo a la agricultura y no para su consumo. Razón por la cual, la prenombrada interpuso una acción de amparo constitucional que motivó la concesión de tutela a su derecho al agua; posteriormente y en consulta con la comunidad se dio curso “…a la solicitud de agua…” (sic), previo cumplimiento de la función social, la planificación de turnos y el pago por el funcionamiento del servicio de riego en la comunidad de Yurcuma. Así consta en la Nota de respuesta que se le entregó el 7 de noviembre de “2018”. No obstante, Judith Aurora Miranda Gómez de Terán -en su condición de accionante de acción de amparo constitucional-, el 9 de noviembre de 2017, presentó una denuncia penal contra Elías Bolívar Flores por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad -previsto y sancionado en el art. 179 Bis. del Código Penal (CP)-, señalando que el denunciado, en su condición de autoridad de la comunidad de Yurcuma, la privó del acceso al agua con la intensión de apoderarse de sus tierras; empero, se inobservó el procedimiento previsto en el Código Procesal Constitucional, que establece que el incumplimiento de la resolución, corresponde ser atendida y resuelta por la misma Jueza de garantías que resolvió la acción de defensa. En ese contexto; no obstante, haberse pedido la declinatoria de la competencia al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, dicha autoridad rechazó su solicitud argumentando que para el ejercicio de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) no concurre el ámbito de vigencia material. Sin embargo, sí cumplen con lo previsto en los arts. 7 al 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, concordante con los arts. 30.II.14, 190 y 191.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2; 9.2 y 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 24 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas “de 2007”; y, 4.II, 11, 125, 159 y 160 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 junio de 2010-, los tres ámbitos de vigencia para el ejercicio de la JIOC y la resolución de los hechos que se dilucidan en la jurisdicción ordinaria penal. En lo referente al ámbito de vigencia personal, la denunciante se identifica como miembro de la comunidad de Yurcuma, de ahí que reclama el ejercicio de sus derechos a un sistema de riego para la producción agrícola, adjuntando boletas de pago, lo que implícitamente conlleva un reconocimiento a la estructura organizativa y autoridades. Asimismo, la SCP 0088/2017 -de 29 de noviembre- pronunciada también en un conflicto de competencia suscitado por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, interpretó de forma amplia quién puede estar sujeto a la JIOC, indicando en el caso concreto que, la prenombrada mencionó que posee el terreno heredado por sus padres desde hace cincuenta años y siempre se identificó como miembro de la comunidad, ya que, incluso intentó pagar sus cuotas, por lo tanto, se sometió voluntariamente y de manera expresa a dicha jurisdicción; aspecto que además no fue cuestionado por el juez penal.

Por otro lado, en cuanto al ámbito de vigencia material, el argumento de rechazo del Juez ordinario penal sobre este elemento radica en que, el ilícito denunciado se encuentra enmarcado en los delitos contra la función judicial; por lo que, su conocimiento se reserva a la jurisdicción ordinaria conforme a los parámetros del art. 10.II.d de la LDJ y la Constitución Política del Estado; empero, en el marco de la materialización de la igualdad jerárquica reconocida constitucionalmente, el tipo penal de “‘DESOBEDIENCIA A RESOLUCIONES EN PROCESOS DE HABEAS CORPUS Y AMPARO CONSTITUCIONAL’” (sic), previsto en el art. 179 Bis. del CP, no está contemplado expresamente en esta exclusión, aspecto que también fue razonado en la SCP 0088/2017, que concluyó que en el supuesto fáctico que analizó, sí se evidenció la concurrencia de los tres ámbitos de vigencia. Además, si bien el delito deviene de la jurisdicción constitucional, la Disposición Final Cuarta del Código Procesal Constitucional (CPCo) -que modificó el art. 179 Bis. del CP-, así como el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0008/2017-O de 24 de febrero señalan que, en primera instancia, corresponde a la misma jurisdicción constitucional, determinar el incumplimiento de la resolución y luego remitir antecedentes al Ministerio Público o establecer las multas que correspondan, de forma que, al no cumplirse este procedimiento se vulneró el debido proceso y derecho a la defensa. Finalmente, en cuanto al ámbito de vigencia territorial -considera que- la comunidad de Yurcuma cuenta con una territorialidad ancestral y por ello, se realizó el saneamiento de tierras a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) obteniendo Título Ejecutorial “PCM-NAL-004051” otorgado mediante una “Resolución Suprema Presidencial” -no se especifica el número-. Asimismo, el sistema de riego actual, se encuentra en el territorio titulado, lo que demostraría que el incumplimiento se suscitó en su jurisdicción territorial. De igual manera, un informe técnico especializado consignado en la DCP “000/2016” de 17 de febrero, respalda que el territorio de la comunidad de Yurcuma existió ancestralmente. Por otra parte, la SCP 0088/2017, en el conflicto de competencia suscitado en la misma comunidad, en el que se halla involucrada Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, estableció que se cumplió con el ámbito de vigencia territorial. Adicionalmente, existe un antecedente de un conflicto -se infiere competencial-suscitado anteriormente, el cual fue resuelto mediante AC 0033/2019-CA de 25 de febrero, que determinó devolver el expediente a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por un error de procedimiento en la remisión de antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional; por otro parte, mediante “Acta” de 3 de marzo de 2021 emitida por el “…Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Tupiza” -lo correcto es Auto de 3 de marzo de 2021, pronunciado por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí- se rechazó el conflicto competencial, aunque, nuevamente inobservó el procedimiento que debe cumplirse, previsto en el art. 102.II del CPCo.

Por lo expuesto, solicita que: a) Se admita el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado y se disponga que el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, remita los antecedentes a la JIOC de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del mismo departamento, conforme lo dispuesto por el art. 103 del CPCo; y, b) Se disponga la medida cautelar de suspensión de la competencia y la tramitación del proceso penal por la referida autoridad judicial, de acuerdo a lo previsto por el art. 24.I.5 -se infiere del mismo Código-.

I.2. Resolución del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí

Por Auto de 3 de marzo de 2021, cursante de fs. 15 a 21 vta., el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, rechazó la solicitud de declinatoria de competencia efectuada por Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del señalado departamento, con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes del caso, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación contra Elías Bolívar Flores por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en razón al incumplimiento de la Resolución 02/2017 -de 25 de septiembre- pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del referido departamento -confirmada en parte mediante SCP 0003/2018-S1 de 20 de febrero- quien concedió la tutela ordenando la restitución y normal abastecimiento del agua a la propiedad de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, al haberse acreditado que el ejercicio de este derecho fue restringido de manera arbitraria e ilegal; 2) Conforme al entendimiento glosado en la “SCP 060/2016”, los conflictos de competencia jurisdiccional se suscitan en cualquier estado del proceso, no siendo exigible que el mismo sea promovido en determinado plazo. En el caso concreto, las autoridades de la comunidad de Yurcuma, plantearon la controversia remitida ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en etapa preparatoria del proceso penal, instancia que mediante AC 0033/2019-CA advirtió la inobservancia al procedimiento previsto en el art. 102.II del CPCo, devolviendo por ello el expediente a la Sala Penal -se entiende Segunda- del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a fin que prosiga con el trámite del recurso de apelación, sin resolver el fondo de la problemática; y, 3) En cuanto al ámbito de vigencia personal -regulado en el art. 9 de la LDJ y la interpretación que se efectuó en la SCP “026/2013” sobre este precepto- se considera que, se presentó el acta de reunión extraordinaria de 27 de diciembre de 2020, la personalidad jurídica de la comunidad de Yurcuma y su título ejecutorial, pero además la SCP 0088/2017 pronunciada en otro conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado en un proceso civil de alteración de linderos y perturbación de la posesión seguido por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores, que determinó que la mencionada es poseedora de terrenos que se encuentran en la citada comunidad; por consiguiente, concurriría este ámbito de vigencia. Por otro lado, en cuanto al ámbito de vigencia territorial, previsto en el art. 191.II.3 de la CPE y 11 de la LDJ, la acusación penal por la cual se abrió el juicio oral, se originó por un presunto hecho de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, al haberse privado a la accionante -Judith Aurora Miranda Gómez de Terán- de su derecho al agua por vías de hecho ejecutadas en la comunidad de Yurcuma, concurriendo así este elemento. Por último, sobre el ámbito de vigencia material, si bien se hace referencia a un caso análogo de conflicto de competencias jurisdiccionales, por un hecho anterior suscitado en la misma comunidad en el que se hallan involucradas las mismas partes, sobre el que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró competente a las autoridades del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del citado departamento; empero, se tiene en cuenta que el conflicto del caso análogo se originó dentro de un proceso civil de alteración de linderos y perturbación de la posesión, situación distinta al objeto y hecho que motivó la concesión de tutela vía acción de amparo constitucional y originó en el caso concreto el proceso penal por incumplimiento de la Resolución 02/2017 y la SCP 0003/2018-S1 -que son de cumplimiento obligatorio de acuerdo a lo previsto por el art. 203 de la CPE-. Asimismo, el conocimiento del presunto comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad está reservado a la jurisdicción ordinaria, en función a lo previsto en el art. 10.II.a de la LDJ, ya que, está enmarcado en los delitos contra la función judicial, orientado a cuestionar una conducta que no cumple las resoluciones emitidas en acciones de defensa. Razón por la que, no concurren los tres presupuestos que permita deferir la competencia.

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del AC 0093/2021-CA de 31 de marzo, cursante de fs. 33 a 38, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas; y, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí.

I.4. Informe de la autoridad de la cual se pidió su declinatoria

La autoridad jurisdiccional ordinaria, fue notificada con el AC 0093/2021-CA, el 20 de julio de 2021, conforme consta de la diligencia cursante a fs. 41; sin embargo, pese a su legal notificación no presentó informe alguno.

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Admitido el presente conflicto de competencias jurisdiccionales mediante AC 0093/2021-CA, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió a un primer sorteo de la causa el 7 de septiembre de 2021; no obstante, al no existir consenso sobre la resolución de la causa; el 28 de septiembre de 2022, se sometió la misma a un segundo sorteo para la relatoría del proyecto de Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, al no haberse arribado nuevamente a un consenso de resolución, la causa fue sorteada en una tercera oportunidad el 11 de abril de 2024.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene registrado el expediente 27556-2019-56-CCJ, sobre el que, de acuerdo a los actuados que consigna dicho sistema se pronunció el AC 0145/2021-CA de 28 de abril, que resolvió ADMITIR el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas y el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí. De igual manera, la misma base de datos registra como fecha de sorteo de la causa por la Comisión de Admisión de este Tribunal, el 1 de noviembre de 2021. II.1.1. De acuerdo al Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se tiene la SCP 0073/2021 de 1 de diciembre, que declaró COMPETENTE al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, para conocer la demanda por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, interpuesta por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores; y, en consecuencia dispuso la remisión de antecedentes a la jurisdicción ordinaria penal a fin de que asuma conocimiento del caso. Asimismo, de las alegaciones de la autoridad IOC (Acápite I.1) y del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del citado departamento (Acápite I.3) consignadas en la referida SCP 0073/2021, se extrae que el delito que se procesa en la jurisdicción ordinaria, se funda en la denuncia penal presentada el 9 de noviembre de 2017, por la prenombrada contra Elías Bolívar Flores, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad; ello en razón al incumplimiento de la Resolución 02/2017 de 25 de septiembre confirmada por la SCP “003/2018-S2”.

II.1.2. En la acción de amparo constitucional interpuesta por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores, entonces Corregidor; y, Pastor Miranda, entonces Juez de Aguas, ambos del municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del departamento de Potosí, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la SCP 0003/2018-S1 de 20 de febrero -registrada en el Sistema de Gestión Procesal- resolviendo CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2017, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza de igual departamento, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al entonces Corregidor de la comunidad de Yurcuma -Elías Bolívar Flores-, debiendo restituir el normal abastecimiento de agua a la propiedad de la accionante. II.2. Cursa memorial de 9 de noviembre de 2017, dirigido al Fiscal de Materia de turno de la provincia Sud Chichas del departamento de Potosí, a través del cual, Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, presentó denuncia contra Elías Bolívar Flores y “otros” por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en razón al incumplimiento de la Resolución 02/2017, “…al negarme mi derecho al agua la Juez de garantías constitucionales ha dispuesto concederme la tutela y ordenado la inmediata restitución del agua a mi predio, pero el corregidor y autoridades de Yurcuma no han cumplido, por lo que han adecuado su conducta al citado tipo penal…” (sic [fs. 142 a 145]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales planteado por Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas; y, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí, a fin de determinar quién debe conocer los hechos que se dilucidan en el proceso penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido a denuncia de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores, entonces Corregidor de la misma Comunidad. En consecuencia, corresponde determinar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

III.1. La identidad de sujetos, objeto y causa y el principio de cosa juzgada constitucional como causales de improcedencia en un conflicto de competencias jurisdiccionales

La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ámbito del control de constitucionalidad tutelar estableció que, esta jurisdicción no puede ser utilizada de manera indiscriminada, más aun, cuando preexiste un pronunciamiento firme con identidad de sujeto, objeto y causa, lo que implica que, la presentación de un segundo o posterior recurso con triple identidad impide el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada; por cuanto, supone que la problemática jurídica ya fue analizada y resuelta en una primera oportunidad por resolución constitucional que tiene entre sus efectos la vinculatoriedad y consiguiente firmeza del fallo, adquiriendo la calidad de cosa juzgada constitucional, de otro modo, incurriría en una duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto. No obstante, aunque esta restricción a la potestad que despliega este Tribunal sobre cuestiones sometidas a su competencia fue consolidada con mayor amplitud como una causal de improcedencia de una acción tutelar, dicho razonamiento es extensivo al control de constitucionalidad competencial, pues no es inherente de manera exclusiva a la naturaleza propia de algún proceso constitucional, sino que va dirigido fundamentalmente a evitar un doble pronunciamiento judicial sobre un asunto ya decidido anteriormente, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico, así como, someterse al carácter vinculante y firmeza de las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En esa línea, la referida SCP 0105/2015 de 16 de diciembre, pronunciada en un conflicto de competencias jurisdiccionales, mencionó que: «Con relación a la improcedencia de la acción de amparo por identidad de sujeto, objeto y causa, este Tribunal en base a la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, señaló que esta acción no procede: “Cuando se hubiere interpuesto anteriormente una acción constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado; por su parte, la SC 0328/2010-R de 15 de junio, extrayendo los alcances de la identidad, ha determinado que: '…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es decir: a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo…'; ello implica que la presentación de un segundo o posterior recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, impide el ingreso al análisis de la problemática planteada, por cuanto supone que la misma ya fue analizada en una primera oportunidad habiendo sido resuelta mediante una resolución constitucional que tiene entre sus efectos la vinculatoriedad y por ende es irrevisable, adquiriendo la calidad de cosa juzgada constitucional”. La mencionada SCP 0173/2012, refiriéndose a la imposibilidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, de analizar una segunda acción de amparo constitucional con identidad de sujetos, objeto y causa, por haber adquirido la Sentencia pronunciada en el primer amparo la calidad de cosa juzgada constitucional, concluyó que: “Al respecto se puede colegir que la presentación de una segunda acción de amparo constitucional con identidad de sujetos, objeto y causa, imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que resulta ser una causal de improcedencia que debe ser analizada en su oportunidad; es decir, a momento de conocer la segunda acción, en el entendido de que si la primera acción ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional, adquiere la calidad de cosa juzgada constitucional, partiendo de que el supuesto de que la problemática planteada por el accionante ya fue examinada, analizada y resuelta en el fondo, mediante sentencia, sea concediendo o denegando la tutela solicitada, tal decisión causa estado y adquiere la calidad de cosa juzgada, por tanto la problemática planteada en la acción, no debe ser sujeta nuevamente a revisión”. De lo precedentemente anotado, cabe ampliar el entendimiento asumido en la SCP 173/2012, tratándose de conflictos de competencias jurisdiccionales, habiendo conocido y resuelto un conflicto por este alto Tribunal, misma que adquirió la calidad de cosa juzgada constitucional; posteriormente presentado un segundo conflicto, con identidad de sujeto, objeto y causa del primero, impide la posibilidad de conocer dicho conflicto, en el razonamiento de que en el primer conflicto suscitado ya fue examinado y resuelto en el fondo mediante sentencia, declarando competente a la autoridad que corresponda conforme a derecho» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

En el problema jurídico planteado, Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas, reclama la competencia jurisdiccional asumida por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí, para conocer y resolver los hechos que se dilucidan en el proceso penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido a denuncia de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores, entonces Corregidor de la misma Comunidad, alegando que concurren los ámbitos de vigencia personal, territorial y material establecidos en el texto constitucional y la Ley de Deslinde Jurisdiccional para resolver el conflicto o controversia, bajos sus normas y procedimientos propios. Identificado así el objeto procesal, cabe establecer que, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, existe un impedimento para ingresar al análisis de fondo del conflicto competencial planteado en el supuesto de que exista una misma controversia con identidad de sujeto, objeto y causa anteriormente resuelta por este Tribunal y haya adquirido calidad de cosa juzgada, correspondiendo en tal caso, declarar su improcedencia. Con esta premisa, a partir de los datos contenidos en el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional se verificó que, existe una causa resuelta a través de la SCP 0073/2021 de 1 de diciembre, que lleva a presumir la existencia de cosa juzgada con relación al conflicto competencial que se analiza. Por tal razón, corresponde inicialmente precisar con certeza y constatar si en contraste con el conflicto de competencias jurisdiccionales ya decidido mediante la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, se da la concurrencia de triple identidad de sujeto, objeto y causa, pues -como se mencionó- de ser el supuesto, excluiría la posibilidad de emitir un nuevo pronunciamiento de fondo sobre una misma cuestión resuelta. En esa línea de análisis, cabe resaltar que con el fin de determinar la temporalidad en el planteamiento de los conflictos de competencias jurisdiccionales que serán objeto de contrastación se tiene que, la primera controversia competencial que resolvió la SCP 0073/2021, fue consignada en la base de datos del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal con el número de expediente 27556-2019-56-CCJ y admitida mediante AC 0145/2021-CA de 28 de abril (Conclusión II.1). Por su parte, el presente conflicto de competencias jurisdiccionales se registró en el mencionado Sistema con número de expediente 38686-2021-78-CCJ y admitido por AC 0093/2021-CA de 31 de marzo, posteriormente, luego de sujetarse al trámite procesal descrito en el Acápite I.5 de este fallo constitucional, fue sorteado en una tercera oportunidad el 11 de abril de 2024; por lo que, se concluye que la presente causa fue admitida y analizada en la jurisdicción constitucional con posterioridad a la primera controversia competencial planteada. Ahora bien, en lo concerniente a: i) La identidad de los sujetos procesales o las partes inmersas, se advierte que el conflicto de competencias jurisdiccionales resuelto por la SCP 0073/2021 (Conclusiones II.1 y II.1.1), así como la presente controversia de orden competencial admitida por AC 0093/2021-CA (Acápite I.3) se suscitó con base en el reclamo efectuado por Mario Ángelo Flores -Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas -respecto de la competencia ya ejercida por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí; consiguientemente, del contraste de ambas causas, se tiene que son las mismas partes que intervienen en el conflicto que en el presente caso se analiza; en consecuencia, existe identidad de sujetos procesales en ambas causas constitucionales. ii) Respecto a la analogía del objeto procesal, se identifica que la cuestión sometida a la decisión de este Tribunal, tiene el fin de dirimir un conflicto de competencias entre las autoridades IOC de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas y el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí y como consecuencia, determinar a qué autoridad le corresponde la competencia para conocer y resolver los hechos procesados en la jurisdicción penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido contra Elías Bolívar Flores, entonces Corregidor de la referida Comunidad a denuncia de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán. Por tal razón, se advierte que ambas controversias competenciales contrastadas versan sobre la misma pretensión material, de ahí que, existe identidad de objeto procesal de la presente causa con el conflicto de competencias jurisdiccionales resuelto mediante la SCP 0073/2021.

Finalmente, iii) Con relación a la identidad de la causa, se evidencia que la primera controversia competencial resuelta a través de SCP 0073/2021, se sustentó en la denuncia penal presentada el 9 de noviembre de 2017 por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores, ante la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, ello, en razón al incumplimiento de la Resolución 02/2017 de 25 de septiembre confirmada por la SCP “003/2018-S2”, pues así se extrae de las alegaciones de la autoridad IOC y del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí (Conclusión II.1.1). Asimismo, de los datos contenidos en el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal se advierte que, la Resolución 02/2017, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí -cuyo aparente incumplimiento constituye el hecho que se dilucida en el proceso penal sobre el que la autoridad IOC reclama competencia-en revisión fue confirmada en parte por la SCP 0003/2018-S1, concediendo la tutela impetrada respecto al derecho al agua de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, únicamente con relación a Elías Bolívar Flores, entonces Corregidor de la comunidad de Yurcuma, disponiendo la restitución del normal abastecimiento de agua a la propiedad de la accionante (Conclusión II.1.2). Ahora bien, en el presente caso, se advierte que el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado, tiene como fundamento los mismos hechos, pues también se sustenta en la denuncia de 9 de noviembre de 2017, presentada por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán ante el Fiscal de Materia de turno de la provincia Sud Chichas del departamento de Potosí contra Elías Bolívar Flores, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, que a su vez y de manera coincidente, se presenta en razón al incumplimiento de la Resolución 02/2017, por lo que, la Jueza de garantías le concedió la tutela a la impetrante de tutela por lesión de su derecho al agua. Sobre el particular, se cita un extracto de la denuncia penal que se considera relevante: “…al negarme mi derecho al agua la Juez de garantías constitucionales ha dispuesto concederme la tutela y ordenado la inmediata restitución del agua a mi predio, pero el corregidor y autoridades de Yurcuma no han cumplido, por lo que han adecuado su conducta al citado tipo penal…” (sic [Conclusión II.2]). Situación también corroborada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí en el Auto de 3 de marzo de 2021 -que en ambos conflictos competenciales constituye el antecedente de rechazo a la solicitud de declinatoria de competencia efectuada por Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del señalado departamento- argumentando que, en el proceso penal en cuestión, ya existe un requerimiento conclusivo de acusación contra Elías Bolívar Flores por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en razón al incumplimiento de la Resolución 02/2017, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del precitado departamento -confirmada mediante SCP 0003/2018-S1-, quien concedió la tutela ordenando la restitución y normal abastecimiento del agua a la propiedad de Judith Aurora Miranda Gómez de Terán, al haberse acreditado que el ejercicio de este derecho fue restringido de manera arbitraria e ilegal (Acápite I.2). Por lo que, del contraste realizado se concluye que, el conflicto competencial resuelto mediante la SCP 0073/2021, así como el presente conflicto de competencias jurisdiccionales se suscitan o tienen como sustento la misma causa, que radica sustancialmente en el aparente incumplimiento de la Resolución 02/2017, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Tupiza del departamento de Potosí confirmada mediante SCP 0003/2018-S1, que Judith Aurora Miranda Gómez de Terán denunció el 9 de noviembre de 2017 contra Elías Bolívar Flores, habiendo sido tipificado como delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. En mérito a lo expuesto y lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al existir una decisión previa de esta jurisdicción constitucional asumida por SCP 0073/2021, sobre el mismo conflicto de competencias jurisdiccionales que ahora es objeto de análisis y que resolvió declarar COMPETENTE al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, para conocer la demanda por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, interpuesta por Judith Aurora Miranda Gómez de Terán contra Elías Bolívar Flores; y, en consecuencia dispuso la remisión de antecedentes a la jurisdicción ordinaria penal a fin de que asuma conocimiento del caso (Conclusión II.1.1), este Tribunal se ve impedido de emitir nuevamente un pronunciamiento con relación al mismo conflicto competencial que constituye cosa juzgada con identidad de sujeto, objeto procesal y causa, ya que, lo contrario, ocasionaría una duplicidad de fallos sobre el mismo asunto ya decidido anteriormente. Por tal razón, corresponde declarar la improcedencia del presente conflicto de competencias jurisdiccionales, sin ingresar a su análisis de fondo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.2 de la Constitución Política del Estado; y, 12.3 y 28.I.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: declarar IMPROCEDENTE el conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre Mario Ángelo Flores, Secretario General del Sindicato Agrario de la comunidad de Yurcuma, municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas; y, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza, ambos del departamento de Potosí; ello en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0017_2024.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6e57f073d3cfb9c1237b48226c14937ffa033258c5859865bc0b9065a658b72e

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