Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 11 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión a la garantía del debido proceso; así como, su derecho a la libertad y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, por Auto Interlocutorio 153/2022, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, incorporando un nuevo riesgo procesal y manteniendo dicha medida cautelar, pese a que, este extremo fue advertido en fase de aclaración, complementación y enmienda; en ese sentido, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución, dando como resultado el Auto de Vista 595/2022, donde la Vocal demandada revocó la determinación en primera instancia y ordenó emitir una nueva, sin pronunciarse sobre el fondo ni resolver su situación jurídica, contraviniendo lo dispuesto en el art. 231 bis del CPP e incurriendo en una aplicación inadecuada de la ley. Ante ello, la Vocal demandada señaló que: i) El Auto de Vista 595/2022 se circunscribió a los agravios planteados por el impetrante de tutela y dispuso la anulación parcial del Auto Interlocutorio 153/2022 al advertir la existencia de incongruencia interna en dicha resolución; ii) El peticionante de tutela debió previamente solicitar aclaración, complementación o enmienda en el marco del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por la lesión de la garantía al debido proceso; así como, al principio de seguridad jurídica vinculados al derecho a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Publico y al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de que el accionante pueda activar dichos mecanismos conforme a lo establecido por ley.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2026-S2 Sucre, 11 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 49645-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Villarroel Vargas contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 2 a 3, el accionante, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delito de tráfico, se emitió el Auto Interlocutorio “117/2022” -se asume, 107/2022 de 7 de julio-, mediante el cual, se estableció la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1, 4, 6 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación -se entiende incidental-, lo que dio lugar a la emisión del Auto de Vista 459/2022 de 15 de junio -lo correcto es julio-, que revocó parcialmente la decisión de primera instancia y, en consecuencia, tuvo por desvirtuados los riesgos previstos en los numerales 6 y 7, manteniendo vigentes los contemplados en los numerales 1 y 4 del art. 234 del citado Código. Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, pero esta fue rechazada a través del Auto Interlocutorio “…153/2022 de 2 de agosto…” (sic), en el que, la autoridad judicial acreditó que cuenta con domicilio, a pesar de que dicho riesgo procesal -contenido en el art. 234.1 del CPP- ya había sido objeto de pronunciamiento por el Auto de Vista 459/2022; además, incorporó la concurrencia de un nuevo riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del citado Código, en razón a los actos investigativos. En ese sentido, una vez dictado el referido Auto Interlocutorio, su abogado solicitó complementación y enmienda; en respuesta, la referida autoridad reconoció que efectivamente el Auto Interlocutorio 107/2022 no había considerado dicho riesgo procesal y dejó sin efecto los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 153/2022. Sin embargo, mantuvo la disposición de rechazo a la cesación de la detención preventiva, argumentando que aún persistían los presupuestos establecidos en el art. 233.1 del CPP. Contra la decisión asumida en el Auto Interlocutorio 153/2022, interpuso recurso de apelación -se entiende incidental- debido a la falta de fundamentación y cumplimiento de los arts. “24 y 173” de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Como resultado, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- emitió el Auto de Vista -se entiende 595/2022- de 12 de agosto, mediante el cual, dejó sin efecto el mencionado Auto Interlocutorio y ordenó que se emita uno nuevo; no obstante, no se pronunció sobre el fondo ni restituyó sus derechos y garantías constitucionales, “…conforme los prevé en el Art. 406 del CP…” (sic), en la medida en que, no resolvió su situación jurídica ni efectuó una aplicación objetiva de la ley, vulnerando con ello el debido proceso y la seguridad jurídica.
El accionante denuncia la lesión a la garantía del debido proceso; así como, su derecho a la libertad y el principio de seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 595/2022; b) Se disponga la emisión de una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, aplicando el art. “231 BIS” -se entiende del CPP-; c) Se remitan antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes de la autoridad demandada; y, d) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso disciplinario correspondiente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que: 1) El Juez “…cautelar segundo de la ciudad de El Alto…” (sic), mediante Auto Interlocutorio 153/2022, rechazó la solicitud de cesación a su detención preventiva e introdujo un riesgo procesal no considerado inicialmente; aunque posteriormente, en fase de complementación y enmienda, se dejó sin efecto el fundamento de dicho Auto Interlocutorio, se mantuvo su detención preventiva alegando que aún se encontraría subsistente la autoría, conforme a lo dispuesto por el art. 233 del CPP, aspecto que, motivó la interposición del recurso de apelación incidental; 2) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz reconoció que la resolución apelada carece de fundamentación y congruencia, razón por la que, revocó parcialmente la misma; no obstante, en lugar de resolver el fondo de la problemática y aplicar medidas menos gravosas, conforme a los arts. 231 bis y 406 del CPP modificados por los arts. 2 de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-; y, 16 de la Ley 1173, respectivamente, ordenó que la autoridad de primera instancia emita una nueva resolución; y, 3) No incumplió el principio de subsidiariedad, pues la solicitud de complementación y enmienda no puede resolver el fondo del asunto.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 13 de agosto de 2022, cursante de fs. 7 a 8, solicitó se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: i) El Auto de Vista 595/2022 determinó “PROCEDENTE EN PARTE” el Auto Interlocutorio 153/2022 emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; empero, en virtud al principio de limitación de competencia, establecido en el art. 398 del CPP, dicho Auto de Vista se circunscribió a los agravios planteados en el recurso de apelación; asimismo, con base en el principio de imparcialidad y el acervo probatorio aportado, la referida resolución desvirtuó el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 y dejó sin efecto la aplicación del art. 235.2, ambos del citado Código, manteniendo la detención preventiva por persistir el presupuesto establecido en el art. 233.1 de la norma adjetiva penal; por otra parte, se evidenció una incongruencia interna entre la parte considerativa y resolutiva del señalado Auto Interlocutorio, lo que motivó su anulación parcial para que sea reparada conforme a las previsiones de los arts. 124 y 173 del CPP; ii) El accionante debió solicitar previamente la aclaración, complementación o enmienda, conforme a lo previsto por el art. 125 del citado Código, en aplicación del principio de subsidiariedad; y, iii) La justicia constitucional no constituye una instancia revisora de la jurisdicción ordinaria; de modo que, el impetrante de tutela no explica cuál es la vinculación entre los derechos invocados y la actividad interpretativa cuestionada, más aun, considerando que las medidas cautelares son temporales y variables; por tanto, resulta evidente que el Auto de Vista cuestionado se encuentra debidamente fundamentado y motivado.
El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 14/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 36 a 37 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo únicamente la nulidad de la parte dispositiva del Auto de Vista 595/2022; asimismo, rechazó la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura, toda vez que, la autoridad demandada no fue quien emitió el Auto Interlocutorio 153/2022, con base en los siguientes fundamentos: a) Los aspectos reclamados por el accionante demuestran una lesión a su derecho a la libertad de locomoción; debido a que, el régimen de medidas cautelares se rige por los principios de presunción de inocencia, excepcionalidad, proporcionalidad, legalidad, instrumentalidad, temporalidad y variabilidad, siendo la libertad la regla y la detención la excepción; en ese contexto, el Auto Interlocutorio 153/2022 adolece de falta de congruencia pues dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela sin que concurran los riesgos procesales exigidos por la norma; b) La probabilidad de autoría no es suficiente para mantener la detención preventiva, debiendo ser este debatido en etapa de juicio oral, conforme a lo dispuesto por los arts. 233 y 239 CPP; en esa medida, no existe congruencia entre la parte argumentativa y la parte dispositiva del Auto de Vista 595/2022, extremo que es verificable por medio de la prueba ofrecida en audiencia, consistente en las Resoluciones 107/2022 de 7 de julio, 459/2022 de 15 de julio y 153/2022 de 2 de agosto; y, c) El requisito de subsidiariedad fue cumplido, ya que, la fase de complementación y enmienda no tiene por objeto modificar el fondo de la decisión asumida; por lo que, no es exigible su cumplimiento para el caso de autos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 74 a 78); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto Interlocutorio 153/2022 de 2 de agosto, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Daniel Villarroel Vargas -ahora accionante-; sin embargo, en fase de aclaración, complementación y enmienda, si bien aclaró que el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP fue desvirtuado, reconoció que el establecido en el art. 235.2 del citado Código, no estuvo contemplado en el Auto Interlocutorio 107/2022 de 7 de julio ni en el Auto de Vista 459/2022 de 15 de julio; por lo que, dejó sin efecto los fundamentos sobre el mismo; no obstante, mantuvo la medida cautelar extrema, toda vez que, aún concurría el presupuesto contenido en el art. 233.1 del CPP (fs. 9 a 11). II.2. Mediante Auto de Vista 595/2022 de 12 de agosto, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, declaró la “ADMISIBILIDAD” del recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela y “PROCEDENTE EN PARTE” los puntos reclamados en el fondo, disponiendo que la autoridad de primera instancia emita una nueva resolución (fs. 64 a 65).
El accionante denuncia la lesión a la garantía del debido proceso; así como, su derecho a la libertad y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, por Auto Interlocutorio 153/2022, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, incorporando un nuevo riesgo procesal y manteniendo dicha medida cautelar, pese a que, este extremo fue advertido en fase de aclaración, complementación y enmienda; en ese sentido, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución, dando como resultado el Auto de Vista 595/2022, donde la Vocal demandada revocó la determinación en primera instancia y ordenó emitir una nueva, sin pronunciarse sobre el fondo ni resolver su situación jurídica, contraviniendo lo dispuesto en el art. 231 bis del CPP e incurriendo en una aplicación inadecuada de la ley. Ante ello, la Vocal demandada señaló que: i) El Auto de Vista 595/2022 se circunscribió a los agravios planteados por el impetrante de tutela y dispuso la anulación parcial del Auto Interlocutorio 153/2022 al advertir la existencia de incongruencia interna en dicha resolución; ii) El peticionante de tutela debió previamente solicitar aclaración, complementación o enmienda en el marco del art. 125 del CPP, en observancia del principio de subsidiariedad; y, iii) La justicia constitucional no constituye instancia revisora de las decisiones de la jurisdicción ordinaria, más aun, cuando no se evidenció vulneración de derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, dispuso que: “…las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que Existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva, pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso” (Las negrillas son añadidas). Dicho análisis fue complementado con el razonamiento desarrollado en la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, que expresamente señala: “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (El resaltado es propio).
De la revisión de los antecedentes del expediente constitucional, se observa que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Daniel Villarroel Vargas -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico, se emitió el Auto Interlocutorio 153/2022 de 2 de agosto, que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva y, en fase de aclaración, complementación y enmienda, si bien aclaró que el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP fue desvirtuado, reconoció que el establecido en el art. 235.2 del citado Código, no estuvo contemplado en el Auto Interlocutorio 107/2022 de 7 de julio ni en el Auto de Vista 459/2022 de 15 de julio; por lo que, dejó sin efecto los fundamentos sobre el mismo; sin embargo, mantuvo el rechazo del cese de la detención preventiva porque aún concurriría el presupuesto previsto en el art. 233.1 del CPP (Conclusión II.1); dicha resolución fue recurrida en grado de apelación y dio como resultado el emisión del Auto de Vista 595/2022 de 12 de agosto, donde Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
-ahora demandada- determinó la “ADMISIBILIDAD” del recurso de apelación y PROCEDENTE EN PARTE” los puntos reclamados en el fondo, disponiendo que la autoridad judicial de primera instancia emita una nueva resolución (Conclusión II.2).
Ahora bien, conforme a la delimitación del objeto procesal de la presente acción de defensa, se infiere que el reclamo está dirigido a cuestionar que el Auto de Vista 595/2022 dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 153/2022 sin pronunciarse sobre el fondo, ni resolver la situación jurídica del impetrante de tutela.
Al respecto, de la revisión del Auto de Vista 595/2022 cuestionado, se advierte que la Vocal demandada determinó tanto la “ADMISIBILIDAD” del recurso de apelación como “PROCEDENTE EN PARTE” las cuestiones planteadas en el mismo, realizando el análisis bajo el principio de legalidad; en ese entendido, examinó los riesgos procesales atribuidos al peticionante de tutela, particularmente, el riesgo previsto en el art. 234.4 del CPP, el cual ya había sido desvirtuado; asimismo, observó que el art. 234.6 del citado Código ya no tendría vigencia, conforme a lo dispuesto en el Auto de Vista 459/2022, concluyendo que los riesgos establecidos en el art. 234.6 y 7 del CPP fueron descartados.
Sin embargo, con relación al riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, el accionante sostuvo que dicho presupuesto no podría concurrir siendo que aún se encontraría con detención preventiva; pese a ello, el Juez a quo señaló que, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio Publico en audiencia, existen actos investigativos pendientes, aspecto por el que justificó la persistencia de dicho riesgo procesal, máxime cuando se fijó un procedimiento inmediato de treinta días para el requerimiento conclusivo.
Como resultado, dicha determinación fue objeto de solicitud de aclaración, complementación y enmienda; en ese marco, constatado que, por una parte, el riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP había sido desvirtuado y, por otra, que ni el Auto Interlocutorio 107/2022 ni el Auto de Vista 459/2022, consideraron la aplicación del art. 235.2 del citado Código, la autoridad judicial dejó sin efecto los fundamentos expuestos sobre ese extremo; no obstante, mantuvo la decisión adoptada en audiencia, rechazando la cesación de la detención preventiva bajo el argumento de que subsistía el presupuesto establecido en el art. 233. 1 de la norma adjetiva penal.
En ese contexto, se advierte que el Auto de Vista 595/2022 cuestionado vulnera la garantía del debido proceso, en su dimensión de tutela judicial efectiva vinculada al derecho a la libertad; toda vez que, si bien correspondía a la Vocal demandada pronunciarse sobre la impugnación planteada, confirmando o revocando el Auto Interlocutorio cuestionado, en ningún caso le era jurídicamente permitido dejarla sin efecto y disponer que el Juez a quo emita un nuevo pronunciamiento. De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se tramitan impugnaciones relativas a la ampliación, modificación, sustitución o rechazo de medidas cautelares personales, se debaten cuestiones que inciden de manera directa e inmediata en el derecho a la libertad; por tanto, no resulta constitucionalmente admisible mantener en incertidumbre la situación jurídica del imputado mediante reenvíos o anulaciones que carezcan de un pronunciamiento de fondo.
Es así que, correspondía al Tribunal de alzada ejercer plenamente su competencia revisora y resolver directamente el recurso de apelación, expresando de forma clara, suficiente y razonada los fundamentos jurídicos y los elementos de convicción que sustenten su decisión, sea para confirmar, revocar o modificar la detención preventiva u otra medida cautelar dispuesta, conforme a los principios de celeridad, eficacia y tutela judicial efectiva, en resguardo del debido proceso y seguridad jurídica; pese a ello, no corresponde remitir antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura, pudiendo, en todo caso, el impetrante de tutela acudir a la vía que considere pertinente conforme al procedimiento y requisitos establecidos por ley. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 36 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por la lesión de la garantía al debido proceso; así como, al principio de seguridad jurídica vinculados al derecho a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Publico y al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de que el accionante pueda activar dichos mecanismos conforme a lo establecido por ley. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0016_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ab87dc52caba1c490c7563f09a27297f2acb435a6b39aec8ce43461fab4a76f
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