B.IA.LEGAL

SCP 0016/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 15 de enero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
15 de enero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58783-2023-118-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria; puesto que, dentro del proceso sumario administrativo disciplinario policial seguido en su contra, el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando, emitió la RA 025/2021 de 19 de octubre, sancionándolo con el retiro temporal de seis meses de la Policía Boliviana con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes; por lo que, interpuso recurso de apelación; instancia en la cual, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, a través de la Resolución 205/2023 de 23 de mayo, confirmó la misma, sin fundamentarla, al no haberse pronunciado sobre la incorrecta tipificación de su conducta, ni a la errónea valoración de la prueba testifical de descargo.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre el derecho al debido proceso; ii) Fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso. Jurisprudencia reiterada; iii) De la garantía del debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 66/2023 de 27 de septiembre de 2023, cursante de fs. 477 a 481, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por Marco Antonio Tordoya Inarra, en los mismos términos expuestos por la citada Sala Constitucional, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 205/2023 de 23 de mayo, debiendo el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, emitir una nueva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho al debido proceso
  2. III.2. Fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. De la garantía del debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58783-2023-118-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 66/2023 de 27 de septiembre de 2023, cursante de fs. 477 a 481, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Tordoya Inarra contra Boris Benjamín Mendoza Méndez, Presidente; Miguel Ángel Moncada Mendieta, Vocal Suplente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Román Paco Rafael, Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 28 de julio de 2023, cursante de fs. 429 a 432, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2021, se le inició un proceso sumario administrativo disciplinario policial, debido a que presuntamente en estado de ebriedad amenazó con arma de fuego a personas en las denominadas carpitas de la plaza principal de Cobija, infringiendo el art. 12.34 de la Ley 101 de 4 de abril de 2011 -Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana-, y en el cual el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando, emitió la Resolución Administrativa (RA) 025/2021 de 19 de octubre, disponiendo su retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, decisión contra la que formuló recurso de apelación, impugnando que: a) Se encontraba en horario de descanso cuando ocurrió el sindicado hecho, porque su ingreso es a las 08:00 horas; b) No se encontraba en estado de ebriedad en la plaza a esa hora; c) No existe ningún test de alcoholemia que demuestre su ebriedad; d) Fue agredido; e) Portaba su arma por razones de seguridad; f) La inobservancia de los arts. 5, 6, 49, 51 y 102 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; y, la SCP “0085/2018 de 23 de marzo”, en cuanto a los plazos y términos de esa Ley con relación al art. 102 de la misma Ley, al calificar de flagrante la comisión de la supuesta falta; además, que la acusación en su contra tuvo una demora más allá del plazo permitido por ley; g) Error en la valoración de las pruebas testificales de Marco Orlando Taborga Quispe; ya que, refirió que vio que mi persona fue agredido; y, de Toni Cortez Candía, quien de la misma forma señaló que me dieron un puñete quedando inconsciente; por lo que, las mismas fueron carentes de fundamentación y motivación; y, h) Existe vulneración al debido proceso en sus elementos de taxatividad y tipicidad; puesto que, su conducta no se adecuó a los arts. 1, 8 y 12.34 de la LRDPB y la SCP 0206/2018-S2 -de 22 de mayo-. El recurso de apelación formulado, fue declarado improbado por Resolución 205/2023 de 23 de mayo, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, quienes no respondieron: 1) Por qué el Fiscal Policial calificó el hecho como “flagrancia” sin realizar el procedimiento establecido al efecto; 2) No fundamentaron ni argumentaron las pruebas testificales de los testigos ofrecidos, tampoco las valoraron; y, 3) Sobre el principio de tipicidad y taxatividad, efectuaron una escueta referencia del art. 58 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana (LOPB) -Ley 734 de 8 de abril de 1985-, sin señalar el nexo causal entre dicha norma y su presunta acción, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, tipicidad y taxatividad para adecuar su conducta a la presunta falta; ya que, los arts. 12.34 de la LRDPB y 58 de la LOPB, no establecen que portar un arma reglamentaria en horario de descanso, constituye falta, incurriendo en la vulneración de su derecho al debido proceso, al no fundamentarse los puntos impugnados en el recurso de apelación.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se ordene dejar sin efecto la Resolución 205/2023 de 23 de mayo, debiendo el Tribunal Disciplinario Superior hoy accionado emitir una nueva, fundamentando los puntos observados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 469 a 476 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; y ampliándolo manifestó que: i) En el proceso sumario administrativo disciplinario policial seguido en su contra, el Tribunal de primera instancia no efectuó una correcta valoración, menos una tipificación respecto a su conducta por no adecuarse al art. 12.34 de la LRDPB; puesto que, los códigos de conducta no establecen que la suya constituya en una falta disciplinaria, más aun, cuando se encontraba en dia de su descanso y acudió al lugar de los hechos a solicitud de un camarada que le mencionó que sería agredido, para ayudarle a retirarse y al portar su arma lo vincularon a ese tipo penal; ii) El Código de Conducta Policial de la Policía Boliviana -aprobado mediante Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana 043/2015 RA 043/2015 de 20 de febrero-, no establece con precisión si el portar un arma de fuego en horario de descanso por parte de un Funcionario Policial, sea una infracción o falta a la Ley; más aun, cuando en su caso no hizo uso de su arma de fuego; puesto que, no existe un informe de balística, ni algún informe policial que refiera que se realizó una prueba de alcohotest que hubiese determinado que se encontraba en estado de ebriedad; a pesar de ello fue sancionado; iii) En la RA 025/2021 tampoco se efectuó una correcta valoración de las declaraciones testificales de descargo, en las cuales sus testigos señalaron que su persona fue agredido; es decir, que esa decisión lo sentenció por una conducta que no está establecida en el indicado Código de Conducta; por lo que, a través del recurso de apelación impugnó los agravios precedentemente indicados sobre la tipicidad de su conducta al ser sancionado por un hecho que no cometió, menos que se encuentre tipificado en la "resolución" ni en dicho Código de Conducta; y, iv) El Tribunal Superior Permanente hoy accionado, al asumir conocimiento del recurso de apelación, en vez de subsanar y considerar los agravios expuestos, emitió la Resolución 205/2023, carente de fundamentación; ya que, transcribió la RA 025/2021, siendo una reiteración de la misma, al no pronunciarse en cuanto a la incorrecta tipificación de su conducta, ni a la errónea valoración de la prueba testifical de descargo; por lo cual, pide se conceda la tutela solicitada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Boris Benjamín Mendoza Méndez, Presidente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Román Paco Rafael, Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, a través su representante legal en audiencia, manifestaron que: a) El proceso sumario administrativo disciplinario policial se siguió contra el accionante, a denuncia de transeúntes que circulaban por la plaza central, quienes señalaron que una persona vestida de civil en aparente estado de ebriedad estaba amenazando con un arma de fuego a una mujer que era vendedora de cerveza, lo que ocasionó que se levante la polera mostrando el arma de fuego que portaba “no estando en servicio”; por lo cual, se procedió con su detención, lo que desvirtúa lo señalado por el accionante en esta acción de defensa, que fue en ayuda de un camarada, cuando contrariamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, hecho que fue conocido por los medios de prensa y redes sociales; b) El accionante es un Funcionario Policial que denigró la imagen de la Policía Boliviana y la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana regula la conducta de los mismos, estableciendo en su art. 12.34; las faltas graves a ser sancionadas con el retiro temporal de la institución de tres meses a un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, sin perjuicio de la acción penal que corresponda; c) En ese caso recibida la denuncia se siguió con el procedimiento, iniciando las respectivas investigaciones, recolectando las pruebas tanto de cargo como de descargo presentadas por los testigos; posteriormente, emitiéndose el informe en conclusiones para luego dictar el requerimiento de acusación contra el accionante, a objeto de que dicho proceso pase en conocimiento del Tribunal Disciplinario Departamental de Pando, quien emitió la RA 025/2021, sancionándolo con retiro temporal de la Policía Boliviana con pérdida de antigüedad, sin goce de haberes por seis meses, contra la cual planteó recurso de apelación y el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado emitió la Resolución 205/2023, confirmando la RA 025/2021, respondiendo a los supuestos agravios del apelante -accionante- conforme a lo que dispone la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, que si el arma de fuego es usada de mala manera por el Funcionario Policial, éste puede ser objeto de un proceso administrativo interno. De la misma forma, el Código de Conducta Policial en su art. 5, determina la responsabilidad, que en ese caso el accionante pretende deslindar, alegando que se encontraba de descanso, lo que no le quita su condición de Funcionario Policial, conforme lo determina la "...sentencia N° 1089/2024 de fecha 10 de junio..." (sic); y, d) El accionante no estableció cuál es la relevancia constitucional dentro de esta acción tutelar, ni especificó cuál es el principio de pre-visibilidad que prevé con la resolución absolutoria en su favor a emitirse por el Tribunal de garantías, reiterando por lo expresado la denegatoria de la tutela pedida. Miguel Ángel Moncada Mendieta, Vocal Suplente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursantes a fs. 467.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 66/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 477 a 481, concedió la tutela solicitada dejando sin efecto la Resolución 205/2023, disponiendo que el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado emita una nueva, en el plazo de quince días a partir de su legal notificación, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a los plazo procesales y las faltas graves en flagrancia, el citado Tribunal Disciplinario aparentemente resolvió cuatro puntos cuestionados; sin embargo, sobre los puntos 1, 3 y 4 del recurso de apelación, aparte de copiar los arts. 5, 6, 58 y 67 de la LRDPB y la SCP 0174/2018-S3 de 15 de mayo, y señalar la denuncia; no explicaron el por qué consideraron que el accionar del accionante se adecuaba a los arts. 5 y 6 de la referida Ley; es decir, si aún en descanso el Funcionario Policial, tiene dicha condición; 2) Respecto al incumplimiento de plazos y los hechos en flagrancia que conllevan a la nulidad de actuados, el Tribunal Disciplinario Superior hoy accionado simplemente efectuó una transcripción de los arts. 29, 49, 101 y 102 de la indicada Ley y la SCP 0448/2012 de 29 de junio, para concluir que ese hecho no invalida el fallo; pretendiendo suplir con ello la motivación y análisis en el marco de la, razonabilidad con una copia de normas, sin considerar que tenían el deber de explicar de manera precisa los motivos de su decisión, adecuando la norma y la jurisprudencia al caso concreto; 3) Con relación al punto 2) de la acción tutelar y 6) del recurso de apelación, referido a las declaraciones testificales de descargo de Marco Orlando Taborga Quispe y Toni Cortez Candía, el accionante no explicó por qué considera que el indicado Tribunal Disciplinario se apartó de los marcos legales de razonabilidad o equidad y cuál sería la relevancia constitucional de esa valoración; 4) En cuanto al punto 3) de la acción de defensa y 7) del recurso de apelación, sobre el debido proceso en sus elementos de tipicidad y taxatividad, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado señaló que el accionante fue sancionado por "desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General" (sic); cuando estaba en descanso el día del hecho sindicado, sin explicar cuáles serían esas resoluciones que hubiesen sido desobedecidas por el accionante; ya que, la RA 043/2015 de 20 de febrero, que refieren, simplemente es la que aprobó el Código de Ética; sin embargo, la vincularon con el art. 58 de la LOPB, cuando dicha norma no es una resolución emitida por el Comando General, no existiendo por ello una motivación congruente; y, 5) Se advirtió la ausencia de exposición clara y precisa sobre los motivos; por los que, confirmó la RA 025/2021, incumpliendo con el deber de fundamentación y motivación que sustentó su decisión. En vía de complementación y enmienda, el representante legal del Tribunal Disciplinario Superior hoy accionado, pidió a la Sala Constitucional respecto al plazo para emitir una nueva resolución se considere fijarlo de veinte a veinticinco días, en razón al tiempo, distancia y carga procesal. En meritó a esa solicitud, la Sala Constitucional, señalo que estando pendiente la medida cautelar de suspensión de la Resolución 205/2023 impugnada, dispuso el plazo de quince días, con la finalidad de que se emita una nueva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Formulario Único de Denuncia de 24 de septiembre de 2021, efectuado por Marina Melena Fiorilo contra Marco Antonio Tordoya Inarra -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de amenazas (fs. 114 y vta.); asimismo, consta Resolución Administrativa (RA) 025/2021 de 19 de octubre, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando, en el proceso administrativo disciplinario policial seguido contra el accionante, sancionándolo con el retiro temporal de seis meses de su institución, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por la transgresión al art. 12.34 de la LRDPB, que establece: “Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General” RA 043/2015, en observancia del art. 93 de la LRDPB (fs. 328 a 365). II.2. Mediante memorial presentado el 20 de diciembre de 2021, ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Cobija, el accionante interpuso recurso de apelación contra la RA 025/2021 (fs. 368 a 380); instancia en la cual, por Resolución 205/2023 de 23 de mayo, emitida por Boris Benjamín Mendoza Méndez, Presidente; Miguel Ángel Moncada Mendieta, Vocal Suplente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Román Paco Rafael, Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora accionados-, declarando improbado el citado recurso de apelación, confirmando en todo la RA 025/2021 de Primera Instancia (fs. 386 a 404).

II.3. A través de la Caratula emitida por el Sistema Integrado de Registro Judicial de acción de amparo constitucional, esta acción de defensa fue presentada por el accionante el 28 de julio de 2023, a las 11:03 horas (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria; puesto que, dentro del proceso sumario administrativo disciplinario policial seguido en su contra, el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando, emitió la RA 025/2021 de 19 de octubre, sancionándolo con el retiro temporal de seis meses de la Policía Boliviana con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes; por lo que, interpuso recurso de apelación; instancia en la cual, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, a través de la Resolución 205/2023 de 23 de mayo, confirmó la misma, sin fundamentarla, al no haberse pronunciado sobre la incorrecta tipificación de su conducta, ni a la errónea valoración de la prueba testifical de descargo.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre el derecho al debido proceso; ii) Fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso. Jurisprudencia reiterada; iii) De la garantía del debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el derecho al debido proceso

La SCP 0806/2023-S2 de 21 de agosto, establece que: «Respecto al debido proceso como derecho fundamental, la jurisdicción constitucional se ha pronunciado en innumerables y uniformes fallos, como en la SC 0902/2010 de 10 de agosto, señalando que: “Considerando los criterios de la doctrina, en su jurisprudencia previa este Tribunal ha señalado que el debido proceso consiste en ...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos' (SSCC 418/2000-R, 1276/2001-y 0119/2003-R, entre otras). La trascendencia del debido proceso se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: ‘La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’. En similar sentido se ha pronunciado la reciente jurisprudencia de este Tribunal reciente en las SSCC 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras. En el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho en el art. 115.II de la misma norma; al mismo tiempo, a nivel constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrg, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.1 de la CPE que dispone: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...’”».

III.2. Fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0488/2025-S1 de 19 de mayo, citando a la SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, señala que: [«“...La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”»] (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Como se advierte de la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos del debido proceso deben ser observadas y cumplidas tanto por los operadores de justicia, como también por toda autoridad administrativa que la emita.

III.3. De la garantía del debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad

La SCP 0677/2025-S1 de 18 de junio, citando a la SCP 0206/2018-2 de 22 de mayo, establece que: «“El art. 115.II de la CPE, indica que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. En ese sentido, el art. 116.II de la referida Norma Suprema, establece: ‘Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible’. De la lectura de las normas constitucionales, puede advertirse que la potestad sancionadora del Estado, que tiene manifestaciones en diferentes ámbitos -penal, disciplinario, administrativo, etc.-, se encuentra limitada por la propia Constitución Política del Estado. El ejercicio del ius puniendi -facultad sancionadora del Estado- en materia penal y administrativa sancionadora, se diferencia por la autoridad que impone la sanción; el cual no tiene un carácter ilimitado ni absoluto, sino, se caracteriza por ser una potestad reglada, lo que implica la sujeción al principio de legalidad recuérdese el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege (ningún delito, ninguna pena sin ley previa)-; vale decir, que el delito y la pena deben estar determinados por una ley previa, escrita y cierta, como elemento de la garantía del debido proceso. Ahora bien, este elemento que configura la garantía del debido proceso, tiene su expresión en sus vertientes tanto procesal, como sustantiva: 1) La primera, destinada a garantizar que nadie pueda ser sancionado, sino, con base en un proceso desarrollado según los presupuestos procesales minimos, que respeten las garantías fijadas por la Constitución Política de Estado y las leyes; y, 2) La sequnda, que prohíbe que una conducta sea calificada como falta o delito, sin estar descrita taxativamente en la ley o norma general; asimismo, resulta pertinente enfatizar que en materia administrativa sancionadora, alcanzan validez las sanciones administrativas previstas a través de reglamentos fijados en el marco del principio de legalidad y con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación. Además, requiere para su cumplimiento, la observancia de subprincipios insoslayables en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, como son los de tipicidad y taxatividad. El principio de tipicidad conlleva la descripción de las conductas pasibles de sanción, que se encuentran establecidas por ley como una norma general -tomando en cuenta que la ley en sentido estricto, puede remitir esta función a la norma reglamentaria en materia administrativa sancionadora-; y, la adecuación de una conducta a los presupuestos que la ley describe como falta o delito; de lo contrario, en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, no se podría sancionar una conducta que no esté descrita como falta o delito. El principio de taxatividad se traduce en la necesidad de fijar con claridad y precisión la conducta descrita por la norma general, en estricta observancia del principio de seguridad jurídica; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, a través de la Sentencia de 23 de noviembre de 2010 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 183, indicó: ...en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva. De lo precedentemente desarrollado, se puede concluir que en el ámbito administrativo disciplinario, no puede estar sustraída la observancia de los principios de legalidad, tipicidad y taxtividad, como elementos de la garantía del debido proceso, que limita la potestad sancionadora del Estado, tanto en el derecho administrativo sancionador como en el penal; en ese contexto y sobre la base de los hechos descritos con precisión, claridad, concisión y coherencia por el denunciante, es preciso sentar establecido que la función disciplinaria se encuentra compuesta por la facultad de los jueces o autoridades sumariantes, de proceder a la calificación de los hechos respecto a alguna o algunas faltas disciplinarias previstas; puesto que, es la autoridad disciplinaria, quien tiene la atribución exclusiva de efectuar la calificación formal u oficial de los hechos descritos por el denunciante, de manera reflexiva y objetiva; de modo que la calificación provisional, tentativa o transitoria del denunciante, no vincula a la autoridad disciplinaria para la calificación de los hechos a algún tipo disciplinario, habitada cuenta de la amplia facultad investigativa con la que se encuentra revestida. Atinente al tema desarrollado, es preciso también mencionar la observancia del principio de responsabilidad funcionaria, previsto en el art. 232 de la CPE, que rige para todo servidor público, traducido en la responsabilidad civil, penal y disciplinaria”» (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria; puesto que, dentro del proceso sumario administrativo disciplinario policial seguido en su contra, el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando, emitió la RA 025/2021 de 19 de octubre, sancionándolo con el retiro temporal de seis meses de la Policía Boliviana con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes; por lo que, interpuso recurso de apelación; instancia en la cual, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, a través de la Resolución 205/2023 de 23 de mayo, confirmó la misma, sin fundamentarla, al no haberse pronunciado sobre la incorrecta tipificación de su conducta, ni a la errónea valoración de la prueba testifical de descargo. En el caso de autos, se constata que la presente acción de amparo constitucional, emerge de la Resolución 205/2023, emitida por el Tribunal Disciplinario Superior hoy accionado, que confirmó la Resolución de Primera Instancia, la cual sancionó al accionante con el retiro temporal de seis meses de la Policía Boliviana, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por la comisión de la falta disciplinaria prevista y sancionada por el art. 12.34 de la LRDPB, que establece: "Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el comando General" (RA 043/2015), en observancia del art. 93 de la citada Ley; decisión que el accionante alega, fue emitida sin la debida fundamentación y motivación, al no pronunciarse sobre la incorrecta tipificación de su conducta, ni a la errónea valoración de la prueba testifical de descargo, vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, tipicidad, taxatividad y valoración probatoria. Planteado el problema jurídico traído a colación mediante esta acción de defensa, con carácter previo a ingresar al análisis de la impugnada Resolución 205/2023, a efectos de determinar si es evidente lo alegado por el accionante, es prioritario remitirse a los agraviós que expuso en su recurso de apelación, que refiere: a) El Tribunal de primera instancia vulneró el art. 5.I de la LRDPB que determina todo Funcionario Policial “...responderá por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones...”; empero, en su caso el supuesto hecho sindicado ocurrió cuando se encontraba en descanso; por lo que, lo denunciado no responde a un hecho ni resultado emergente del desempeño de sus funciones; asimismo, el art. 6 de la indicada Ley, establece que la falta disciplinaria como toda acción u omisión que en el ejercicio de sus funciones incurran los (as) servidores (as) públicos (as) policiales, demostrándose que se encontraba -reiteró-, en descanso; b) La Inobservancia a los plazos y términos procesales -que conllevan a la nulidad de actuaciones-, el art. 102 de dicha Ley, señala que en caso de conocer la comisión de una falta grave en flagrancia, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas se emitirá la acusación fiscal policial ante el Tribunal Disciplinario Departamental, lo que no ocurrió porque la misma debió ser presentada el 26 de septiembre de 2021, y no el 29 de ese mes y año, como sucedió, un caso análogo se encuentra citado en la SCP 0085/2018-S2; no óbstate, de conformidad con el art. 87 de la LRDPB, sobre la valoración probatoria, el Tribunal Disciplinario Departamental de Cobija no asignó valor alguno a las declaraciones testificales de descargo de Marco Orlando Tola Quispe y Tony Cortés Candía, quienes presenciaron que el accionante- fue agredido, demostrando de esa manera que su persona no amenazó a nadie con su arma de fuego, ni se encontraba en estado de ebriedad, citando al efecto la jurisprudencia constitucional referida a la congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1233/2017-S1 de 28 de diciembre y 0181/2018-S3 de 22 de mayo; SSCC 2023/2010-R de 9 de noviembre y 1626/2011-R de 21 de octubre; y, c) La vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de tipicidad y taxatividad, en razón a que su conducta no se adecúa a la tipificación efectuada, ni el hecho sancionado constituye falta grave. Es así que, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, al asumir conocimiento del recurso de apelación, emitió la Resolución 205/2023, declarando improbada; y, en consecuencia confirmó en todo la RA 025/2021, bajo los siguientes fundamentos: 1) Luego de referirse a los antecedentes del caso, transcribir el recurso de apelación y la jurisprudencia constitucional citada en el mismo referida a la fundamentación y motivación de las resoluciones, con relación a la inobservancia a los plazos y términos de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, incumplimiento de plazos procesales, señalaron que se verificó en el cuaderno procesal; ya que, el hecho aconteció el 24 de septiembre de 2021, siendo el denunciado -accionante- aprehendido por particulares; interviniendo un Funcionario Policial que se encontraba cumpliendo funciones en la Gobernación, quien le solicitó la entrega del arma que portaba, apreciándose de ello que el accionar del denunciado se enmarcó en los arts. 5 (responsabilidad) y 6 (falta disciplinaria) de la indicada Ley, aplicándose en el presente caso el art. 58 de la misma Ley, que determina el uso indebido de las armas, dará lugar al proceso administrativo pertinente y al proceso penal que diera lugar el caso; y al haberse dictado el Requerimiento de Inicio de Investigación el 27 de septiembre de 2021, y el Requerimiento de Acusación policial el 29 de dicho mes y año, se apreció que se cumplió con el art. 67 de la referida Ley; por lo cual, al haberse sancionado al Funcionario Policial, no se vulneraron los arts. 5 y 6 de la mencionada Ley; 2 Con referencia al art. 102 de la LRDPB, señala que el procedimiento ante las faltas graves en flagrancia o de connotación institucional, procedió a la transcripción del art. 29 de la mencionada Ley, referido a las atribuciones del Tribunal Disciplinario Superior y el art. 49 de dicha Ley, prescribe los principios en los que se basa el procedimiento, como aludió la SCP 0449/2012 de 29 de junio, expresando al respecto, que el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, consideró que con relación a los plazos y términos procesales, si bien el apelante al determinar la inobservancia de los plazos procesales como fundamento de su apelación indicando que “por lo cual conlleva la nulidad de actuaciones”, ese hecho no invalidó el fallo; porque no existe una normativa que declare la nulidad por incumplimiento de plazos, no correspondiendo por esta circunstancia mayor pronunciamiento; 3) Sobre el cuestionamiento del apelante, que se efectuó una errónea valoración a las pruebas testificales de Marco Orlando Tola Quispe, quien vio de lejos lo ocurrido, se verificó que esa prueba fue valorada por el Tribunal de primera instancia, considerando que fue suficiente y precisa como bien claro lo explicó que observó de lejos y cuando la pelea ya inició, prueba que no afectó al proceso. De la misma manera, la declaración de Toni Cortez Candía, quien señaló que llamó al apelante -accionante- para que lo recoja al encontrarse un poco mareado, vio que fue agredido y que portaba el arma de fuego, el accionante alegó que dicha atestación fue valorada correctamente por el Tribunal de primera instancia; puesto que, el Funcionario Policial que gozaba de descanso portaba el arma de reglamento que es para uso específico del servicio, infringiendo de esa manera el art. 12.34 de la LRDPB “‘Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el comando General’” (sic), cumpliéndose con los principios en los que se basa el Procedimiento Administrativo Disciplinario Policial, de “9.) CONGRUENCIA” imparcialidad e independencia, sujetando sus actos al debido proceso sin vulnerar los arts. 115.I y II, 116.I, 117.I, 119.I y II; así como, 87 de la CPE, ese último que también fue cumplido por el Tribunal de primera instancia en la RA 025/2021, al ser emitida con los parámetros establecidos del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; es decir, que fue analizada y valorada correctamente; y, 4) En cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de tipicidad y taxatividad, el Tribunal de primera instancia destinado a garantizar que nadie pueda ser sancionado, sino, con base en un proceso desarrollado según los presupuestos procesales mínimos que respeten las garantías fijadas por la Constitución Política del Estado y las Leyes; y, que prohíbe que una conducta sea calificada como falta o delito sin encontrarse descrita taxativamente en la Ley o norma general; resultando pertinente enfatizar que, en materia administrativa sancionadora, alcanzan validez las sanciones administrativas previstas a través de reglamentos fijados en el marco del principio de legalidad y con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación; en el presente caso, la conducta del procesado fue contra el Código de Conducta Policial, incumpliendo el art. 58 la Ley Orgánica de la Policía Boliviana en su art. 58 de la LOPB, que establece: "El uso indebido de las armas dará lugar al proceso administrativo pertinente, y al juicio penal a que diera lugar el caso", omisión que se enmarcó en el art. 12.34 de la LRDPB, adecuándose su conducta a dicha normativa; por lo cual, el Tribunal Departamental Disciplinario de Pando, valoró conforme a los arts. 85,86, 87, 90.2 y 991 incs. e), f) y g) de la citada Ley, de esa manera no vulneró el derecho al debido proceso en sus señalados elementos por el apelante, ni a los principios que refirió. Por lo contextualizado precedentemente, y de la lectura integra de la Resolución 205/2023, se constata que bien contiene una fundamentación, ésta resulta ser una decisión arbitraria; en mérito a que, no se consideró lo cuestionado por el accionante, quien fue puntual y concreto al señalar los agravios que consideró le causaron lesión a sus derechos y garantías constitucionales alegadas; puesto que, esencialmente impugnó: i) Por qué el Fiscal Policial calificó el hecho como "flagrancia" sin efectuar el procedimiento para casos flagrantes; ii) No fundamentaron ni argumentaron las pruebas testificales de los testigos, tampoco las valoraron; y iii) Sobre el principio de tipicidad y taxatividad, realizaron una escueta referencia del art. 58 de la LOPB, sin señalar el nexo causal entre dicha norma y su presunta acción, para adecuar su conducta a la presunta falta, en razón a que los arts. 12.34 de la LRDPB y 58 de la LOPB, no establecen que portar el arma reglamentaria en descanso, constituya una falta, respecto a los cuales, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, no se pronunció de manera concreta sobre cada uno de los agravios; ya que, con relación a la calificación de flagrancia por parte del Fiscal Policial, omitieron efectuar un análisis y establecer en forma concreta si fue correcta su determinación; sin embargo, en vez de abordar el cuestionamiento en forma directa se refirieron a la inobservancia de los plazos y términos procesales transcribiendo el art. 102 de la LRDPB, referido al procedimiento de las faltas graves en flagrancia o de connotación institucional; el art. 29 de la indicada Ley en cuanto a las atribuciones del Tribunal Disciplinario Superior, los principios en los que se basa dicho procedimiento, citando jurisprudencia constitucional, para concluir de manera escueta que el Tribunal no consideró con relación al incumplimiento de los plazos y términos procesales enunciados como fundamento por el apelante -accionante- en su recurso de apelación, que ese hecho invalidaba el fallo, porque no existía una normativa que declare la nulidad de actuaciones por incumplimiento de los mismos, sin explicar ni argumentar la existencia o inexistencia de flagrancia; no obstante, de reconocer que el hecho denunciado se realizó el 24 de septiembre de 2021, y recién el Fiscal Policial emitió el Requerimiento de Inicio de la Investigación el 27 de igual mes y año, y presentó la acusación el 29 de ese mes y año; además, de omitir referirse al procedimiento en caso de flagrancia determinado por el art. 102 de la LRDPB, que prevé que la acusación deberá ser presentada a las cuarenta y ocho horas -dos días- del conocimiento de la comisión de la falta grave, omisión que efectivamente vulnera el derecho al debido proceso del accionante. De la misma manera el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, actuó con relación a la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de tipicidad y taxatividad; en virtud a que, se limitaron a explicar en qué consistían cada uno de ellos, para luego reiterar que fue sancionado con el retiro temporal de la Policía Boliviana por seis meses, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por la comisión de la falta grave prevista por el art. 12.34 de la LRDPB, que señala: "Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el comando general", sin especificar cuál resolución o resoluciones administrativas el accionante no hubiese cumplido, para posteriormente indicar que cumplieron con lo establecido en los arts. 87 y 91 incs. f) y g) de la citada Ley, sin concretizar como correspondía en ese agravio el análisis y valoración de las pruebas específicamente de las señaladas por el accionante, en cuanto a las declaraciones testificales de dos testigos de descargo, que si bien se refirió en otro punto y concluyó que fueron correctamente valoradas por el Tribunal de primera instancia; empero, por congruencia debieron hacerlo en ese apartado en respuesta al cuestionamiento alegado; sin embargo, esa omisión estableció que el Funcionario Policial sancionado -accionante-, encontrándose en descanso y en una verbena pública a la que concurrieron personas que estaban en estado de ebriedad, amenazó con su arma reglamentaria, hecho publicado en las redes sociales y medios de comunicación, aludiendo al respecto la emisión de la resolución de portación de armas, que fue puesta en conocimiento de los Funcionarios Policiales mediante memorandos, circulares y fax por el Departamento de Planeamiento y Operaciones del Comando General de la Policía Boliviana, sin indicar el número y fecha de su emisión, para continuar expresando: Siendo lo importante la conducta del procesado que fue contra el art. 1 del Código de Conducta Policial, prescribe que: “Las y los servidores públicos de la Policía Boliviana cumplirán en todo momento la Misión y deberes que les imponen la Constitución Política del Estado Plurinacional, su Ley Orgánica...”, para establecer que el mencionado Funcionario Policial incumplió con el art. 58 de la LOPB, que señala: “El uso indebido de las armas dará lugar al proceso administrativo pertinente, y a juicio penal a que diera lugar el caso”, omisión que se enmarca en el art. 12.34 de la LRDPB, que establece: “Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General”. La referida argumentación, no incidió si fue correcta la calificación de la falta grave en el hecho denunciado y si se adecuaba a la conducta del accionado; es decir, si la falta grave se encuentra prevista en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana o en el Código de Conducta Policial, como lo prevén los principios de tipicidad y taxatividad; sin embargo, actuando contrariamente hicieron alusión a otras normativas que no contemplan ni la calificación de la falta grave -base- para establecer si la conducta del accionante se adecuaba a la misma; lo que omitieron, sin considerar que en ese caso la calificación del hecho como falta grave y la fijación de sus efectos jurídicos debían ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se consideraba infractor, que son la base de todo procesamiento sea en la vía penal o como en autos administrativo disciplinario; lo que evidencia que en efecto, el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado desconociera de esa forma no solo la normativa legal vigente, sino también, lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito a la obligatoriedad de su cumplimiento y carácter vinculante establecido por el art. 203 de la CPE, concordante con el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por lo expresado, lo denunciado en la presente acción tutelar fue que el Tribunal Disciplinario Superior ahora accionado, emitió la Resolución 205/2023 sin la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; siendo evidente por haberse constatado que no actuaron correctamente al no contestar de manera expresa cada uno de los agravios expuestos por el accionante, como se desarrolló precedentemente; incumpliendo con las reglas del debido proceso, contrariando lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, siendo veraz que se vulneró los derechos del accionante al debido proceso en sus elementos alegados; lo que amerita, se conceda la tutela solicitada a través de la emisión de una nueva resolución, debidamente fundamentada, motivada, congruente y con la respectiva valoración probatoria; por consiguiente, dejando sin efecto la Resolución 205/2023 a través de la presente acción de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 66/2023 de 27 de septiembre de 2023, cursante de fs. 477 a 481, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por Marco Antonio Tordoya Inarra, en los mismos términos expuestos por la citada Sala Constitucional, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 205/2023 de 23 de mayo, debiendo el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, emitir una nueva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0016_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3175821d106ca0aa1229f2b743c2002683e681c3035d4ca1b11a908a4e3acdf0

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