Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de febrero de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho a vivir libre de violencia; toda vez que, conjuntamente con sus dos hijos que se encuentran a su cuidado, son víctimas de agresiones por parte de los demandados, que concurren a su lugar de trabajo, para insultarlos y maltratarlos; estando demostrado por los certificados médicos forenses que el demandado es violento, de igual forma el informe psicológico y certificado médico, evidenciaron patrones que identifican como agresores a los demandados; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se otorguen medidas de protección a su favor y la de sus dos hijos.
Corresponde, en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2024 de 11 de septiembre, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1º CONCEDER parcialmente la tutela impetrada con relación al demandado José Mario Jiménez Vidal, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando las medidas de protección no hubieren sido modificadas por la autoridad judicial competente.
2º DENEGAR la acción con relación a la codemandada Eliana Ángela Chávez Lenz, sobre la base de la fundamentación de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2025-S3 Sucre, 19 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67710-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2024 de 11 de septiembre, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Antonieta Moya Jiménez por sí y en representación sin mandato de sus hijos Magaly Monserrat Vidal Moya y AA contra José Mario Vidal Jiménez y Eliana Ángela Chávez Lenz.
Por memorial presentado el 10 de septiembre de 2024, cursante a fs. 1 y de 23 a 28, la accionante y representante, señaló que:
El 10 de octubre de 2023, los ahora demandados, se hicieron presentes en su boutique “Kleider” ubicada en el edificio Florida, para amedrentar y agredirles verbalmente a ella y a sus dos hijos; hecho que se acreditó con las imágenes de las cámaras de seguridad del indicado edificio; agregó que en esa oportunidad la insultaron y amenazaron, siendo esta conducta recurrente, especialmente por parte del demandado, quien en frecuente estado de ebriedad se constituía en su domicilio real y laboral para agredirla, incluso físicamente, conforme acreditaron los certificados médicos forenses de ocho días de impedimento, que demuestran inobjetablemente las lesiones sufridas por sus reiteradas agresiones. Añadió que el informe psicológico, social y el examen bio-psicosocial reveló que tanto la accionante como sus hijos presentan patrones que identifican como agresores a los demandados, en las que el demandado -José Mario Vidal Jiménez- ejerce violencia familiar, doméstica, física y psicológica, de manera constante; actos en los que también participa la codemandada. Dicha conducta practicada periódicamente contra su persona y sus hijos, uno de ellos menor de edad, se constituyen en actos que lesionan su integridad psicológica, física y su derecho a vivir libre de violencia, que se encuentran amparados en los arts. 15 y 59 de la Constitución Política del Estado (CPE), y los principios de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Finalizó refiriendo que, las medidas de hecho cometidas por autoridades públicas y por particulares constituyen actos arbitrarios que prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa con abuso de poder que se detentan contra el agraviado, constituyéndose en medidas de hecho y que, por el daño y gravedad de los mismos, merecen una tutela inmediata, prescindiendo del principio de subsidiariedad.
Denunció la lesión de su derecho a vivir libre de violencia en cualquiera de sus formas, citando al efecto los arts. 15 y 59 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La restricción al agresor del domicilio donde habita la accionante en situación de violencia independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y se ordene al agresor someterse a terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; b) Prohibir al demandado acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio, de sus hijos o cualquier otro espacio que frecuente la accionante que se encuentra en situación de violencia; c) Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la impetrante de tutela que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; d) Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; y, e) La detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de treinta días; y para la codemandada -Eliana Ángela Chávez Lenz- detención preventiva en el Centro Penitenciario Miraflores de La Paz, por el mismo tiempo.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de septiembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 34 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante por sí y representación de sus hijos a través de su abogado, ratificaron inextenso los argumentos expuestos en su acción de libertad, y ampliándola señalaron que, para cumplir con la medida de protección mencionada en el memorial de acción de libertad, se proceda a la apertura de proceso por violencia ante el órgano jurisdiccional competente. A las preguntas del Juez de garantías sobre ¿Si existían medidas de protección dispuestas por alguna autoridad jurisdiccional, para que pueda denunciarse incumplimiento?, y ¿Cuál la razón por la que no se presentó una nueva denuncia penal respecto al demandado? La accionante, a través de su abogado señaló, que se debe a la emergencia, al existir tres víctimas, y porque fueron intimidados para poder salir del local y acudir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), por ello acudieron directamente para que se otorguen las medidas de protección y se pueda remitir los antecedentes correspondientes ante el Ministerio Público para el inicio de la investigación pertinente.
Eliana Ángela Chávez Lenz, en audiencia de garantías, señaló que: 1) Ha sido objeto de difamación por parte de la accionante, quien es expareja del ahora demandado José Mario Vidal Jiménez, con el que actualmente mantiene una relación sentimental -novio-, aunque aclara que no vive con él; 2) Adquirió un departamento en el edificio “El Álamo”, que se encuentra ubicado entre las calles Rosendo Gutiérrez y Fernando Guachalla, mientras que su novio trabaja en la avenida Arce esquina Rosendo Villa; y que ambos demandados son víctimas de persecuciones y hostigamiento por parte de la ahora impetrante de tutela, llegando al extremo de cambiar de dirección para trasladarse cerca del lugar de trabajo del demandado; además que por la ubicación de la boutique de la accionante, su persona se ve obligada a transitar cotidianamente por la calle Rosendo Gutiérrez; y, 3) Es la impetrante de tutela la que los acosa de manera constante, mandando mensajes, fotos, e incluso se realizó auto llamados y se envía mensajes a sí misma con insultos, con el objeto de victimizarse, lo que se confirmó en otro proceso mediante una triangulación de llamadas; por tal motivo, al sentirse mellada en su dignidad, proseguirá con un proceso de difamación. José Mario Vidal Jiménez, también en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: i) Se siente afectado por tener constantemente conflictos judiciales con la peticionante de tutela, con la que tuvo una relación de pareja desde el año 2002 hasta el 2018, en la que tuvieron dos hijos, que no son menores de edad, ya que su hija mayor tiene veinte años y su hijo menor diecisiete años; se encuentra separado de la accionante desde el año 2021; ii) El año 2018 retomó su relación con la prenombrada, llegando a ser “inquilino dentro de su propia casa”, habiéndole entregado la suma de $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) en calidad de anticresista, sin que tal monto haya sido devuelto; motivo por el cual, se le inició un proceso mediante el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU), lo que motivó que la peticionante de tutela le inicie procesos de violencia acogiéndose a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348-; iii) La boutique la inició con su persona desde el 2002, la trasladó de la calle 20 de octubre a la calle Federico Suazo, a 50 metros de donde trabaja, constituyendo tal acto en un acoso constante en su contra; y, iv) Tiene un proceso por violencia familiar, en el cual se le condenó a una pena de privación de libertad de tres años; que se encuentra en estado de apelación, presentando las mismas pruebas en este caso, consistentes en un certificado médico que fue producto de un conflicto que la accionante tuvo con una de sus clientes el 2019, pero que de mala fe lo involucra a él como autor de tales actos.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosexto de la Capital del departamento de la Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 14/2024 de 11 de septiembre, cursante de fs. 39 a 41, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al demandado José Mario Vidal Jiménez, disponiendo que de manera inmediata el mencionado, desocupe el inmueble que viene ocupando desde el 2018, cercano a la víctima, salvo que acredite su derecho propietario en el plazo más breve posible, para evitar que frecuente a la impetrante de tutela; respecto a las otras medidas de protección, como es el contacto telefónico, se entiende que el demandado no tiene contacto con su hijo desde hace más de tres años, por lo que no se puede establecer mayores criterios; y denegó la tutela impetrada respecto a Eliana Chávez Lenz, toda vez que, en la denuncia que presentará la accionante, previa investigación se determinará su participación; determinación, asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Un Juez de garantías no puede realizar actos de investigación, los hechos denunciados por la solicitante de tutela en el presente caso tienen que ser forzosamente corroborados e investigados por un fiscal, quien tiene competencia para ver si existen o no agresiones previa formalización de denuncia para luego ser establecidos por una autoridad jurisdiccional; b) El demandado -José Mario Vidal Jiménez- aclaró que ya existe un proceso penal instaurado en su contra por la comisión de violencia familiar, el cual mereció una Sentencia condenatoria, que se encuentra en estado de impugnación, y que en esa instancia procesal se otorgaron medidas de protección; c) Los certificados médicos forenses presentados por las fechas de su emisión, ya fueron considerados por una autoridad jurisdiccional, y de pretender considerar las mismas en este caso, implicaría una sobreposición a una determinación judicial; el resto de pruebas presentadas “sobre algunas ubicaciones” (sic) solamente puede ser determinado a través de un proceso de investigación; d) Al existir medidas de protección que han sido aparentemente infringidas, implica que no se puede dejar de lado la protección que brinda el Estado al sector vulnerable; el art. 15. I, II y III de la CPE, determina la potestad del Estado para proteger los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, porque las mujeres tiene el derecho a no sufrir violencia, tanto en la familia como en la sociedad; toda vez que, se deben adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional; y, e) El hecho que se reclama conlleva a otro hecho distinto al anterior, que no ha sido asumido por la autoridad jurisdiccional a tiempo de emitir la referida Sentencia, siendo nuevos los hechos ahora denunciados que implican violencia física, sexual y psicológica de la parte demandada; motivo por el cual, la normativa convencional -Convención Belem do Para- y las recomendaciones de la CEDAW, obliga a las autoridades judiciales a tomar acciones para garantizar la prevención de toda forma de violencia contra este grupo vulnerable; además, de tomarse en cuenta la Ley 348, para adoptar las medidas de protección sin perjuicio de las competencias atribuidas a un órgano como es el Ministerio Público, así como la autoridad de control jurisdiccional, quienes asumirán o determinarán inclusive si corresponde agravar algunas medidas; por lo que, se considera suficiente la exposición de la parte accionante para establecer que concurren determinados elementos, para la protección de vulnerabilidad que tiene una mujer, más aun cuando tiene a su cargo la protección de sus hijos de diecisiete y veinte años. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado, solicitó que se complemente la situación de la desocupación y que se remita a la FELCV, a efectos de dar cumplimiento de esa orden constitucional. El demandado sostuvo que se trasladará de su vivienda y solicitó que se respete su derecho al trabajo, ya que se está afectando su integridad económica. Ante las solicitudes efectuadas, el Juez de garantías, aclarando que no se constituye en parte, dispuso la remisión de un oficio dirigido al Ministerio Público, a efectos de su conocimiento, entretanto la accionante realice la denuncia correspondiente respecto a los hechos que han sido reclamados, y que en todo caso, lo determinado se refiere al domicilio de la parte demandada, siendo la autoridad jurisdiccional competente la que establezca las medidas de protección que el caso amerite.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 46 a 51), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Certificado médico forense, de 24 de diciembre de 2013, emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); por el que, se certificaron las lesiones producidas en la paciente, María Antonieta Moya Jiménez -ahora accionante-, por agresiones de su pareja, otorgándole ocho días de incapacidad médico legal (fs. 12). II.2. En el desarrollo de la audiencia de consideración de acción tutelar, el demandado reconoció que fue procesado por la comisión del delito de violencia familiar y condenado a pena privativa de libertad de tres años, Resolución que se encuentra en apelación -no indica mayores datos del proceso- (fs. 34 a 38 vta.). II.3 Eliana Ángela Chávez Lenz -codemandada-, dentro de su informe oral dado en audiencia de garantías, reconoció que vivía cerca de la boutique de la impetrante de tutela y que cotidianamente tiene que pasar por la calle en la que se encuentra el trabajo de la prenombrada; José Mario Vidal Jiménez, también en audiencia de consideración de esta acción tutelar, reconoció que su trabajo se encuentra a 50 metros de distancia de la referida boutique en la que trabaja la accionante (fs. 34 a 38). II.4. La accionante, activó la presente acción tutelar solicitando medidas de protección a su favor consistentes en: 1) La restricción al agresor del domicilio donde habita; 2) Se ordene al demandado someterse a terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 3) Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio, de sus hijos o cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; 4) Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas; 5) Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia y, 6) La detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de treinta días; y para la codemandada detención preventiva en el Centro Penitenciario Miraflores de La Paz, por el mismo plazo (fs. 23 a 27).
La accionante denuncia la lesión de su derecho a vivir libre de violencia; toda vez que, conjuntamente con sus dos hijos que se encuentran a su cuidado, son víctimas de agresiones por parte de los demandados, que concurren a su lugar de trabajo, para insultarlos y maltratarlos; estando demostrado por los certificados médicos forenses que el demandado es violento, de igual forma el informe psicológico y certificado médico, evidenciaron patrones que identifican como agresores a los demandados; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se otorguen medidas de protección a su favor y la de sus dos hijos.
Corresponde, en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Conforme razonó la SCP 0292/2012 de 8 de junio, a partir de la nueva configuración constitucional -art. 126.I de la CPE-, la acción de libertad procede no solo contra autoridades públicas, sino también, contra particulares, y ello guarda plena compatibilidad con la Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En dicho orden de ideas, la SCP 0670/2018-S2 de 17 de octubre, expresó el siguiente entendimiento:
[E]s importante señalar que tratándose de vías de hecho, la acción de libertad se activa de manera directa, sin necesidad de agotar otras vías, como la jurisdicción ordinaria penal. Así, si un particular priva la libertad física o personal a otra persona, este hecho; por una parte, a partir del Derecho Penal se configura en delito de privación de libertad tipificado en el art. 292 del Código Penal (CP), y en ese sentido, puede instaurarse una acción penal por este delito; por otra, el mismo hecho puede ser judicializado, de manera independiente en la justicia constitucional, a través de la acción de libertad; por cuanto, cada una de las jurisdicciones tiene distinto objeto procesal que resolver. En efecto, mientras que en el proceso penal se busca determinar la responsabilidad por un delito, aplicando la sanción correspondiente; en la justicia constitucional, y en concreto, a través de la acción de libertad, se busca la comprobación y reparación del derecho fundamental a la libertad física o personal, definiendo a quien corresponde la titularidad y el ejercicio del derecho; y si existió violación, reparará y definirá su reparación integral; razón por la cual, la tutela de la justicia constitucional no puede estar condicionada hasta que se abra o espere el resultado del proceso ordinario penal, al ser dos vías jurisdiccionales distintas.
El mismo razonamiento, se aplica a la lesión de los derechos a la libertad de locomoción, la vida, la integridad física o personal, que da concreción a la garantía de prohibición de torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes; por cuanto, su violación por actos o medidas de hecho o justicia por mano propia, proveniente de particulares, en todos los casos, también configuran delitos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se constituye en un instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos; emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992, por la que afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en la misma condición que el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
Sobre el acceso de las mujeres a la Justicia, el CEDAW a través de la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales. En dicho orden, la debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. A su vez, en el sistema interamericano de protección, la Convención de Belém do Para, de 9 de junio de 1994, determina como un deber inherente de los Estados signatarios la actuación con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994. En ejercicio del control de convencionalidad, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado sobre la debida diligencia en los casos de violencia en razón de género, estableciendo que este deber obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género, por lo que en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así ha quedado determinado en la SCP 0017/2019-S2, de 31 de marzo, que determinó el siguiente precedente constitucional:
[En] el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional refiriéndose a la normas especiales de la Ley 348 aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la Ley 348, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I hace referencia a las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: a) El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas; b) La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho; c) La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia; y, d) El acceso a servicios de atención y protección inmediata, oportuna y especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público, administrativas, indígena originario campesinas, así como del personal de salud. Ahora bien, en el marco de las medidas de protección en casos de violencia, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril, ha determinado que:
[En] el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348)” (el énfasis es añadido). Siguiendo el citado precedente constitucional, la SCP 0012/2025-S3 de 19 de febrero, concluye lo siguiente:
En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.
6 El Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la En dicho contexto, los fiscales de materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima, por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) las relaciones asimétricas de poder; ii) la identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia (El resaltado es añadido).
En relación a las medidas de protección, la normativa interna, mediante la Ley 348 establece lo siguiente: ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).
I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.
II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. Por otra parte, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, de 3 de mayo, determina que: Artículo 389. (APLICACIÓN).
I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad.
II. Las medidas de protección especial son independientes y tienen finalidad distinta que las medidas cautelares personales previstas en este Código.
El art. 389 quater del CPP, también incorporado por disposición del art. 14 de la Ley 1173, se refiere a la duración de las medidas de protección estableciendo que “Las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso”. (El resaltado es añadido) A su vez el art. 389 del CPP, se refiere al incumplimiento de las medidas de protección, precepto que determina lo siguiente: Artículo 389 quinquies. (INCUMPLIMIENTO). En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas por la jueza o el juez, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, en audiencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) días, según la gravedad. Las normas expuestas: a) Desarrollan de manera uniforme el criterio de aplicación sobre la protección a las mujeres víctimas de violencia, pues el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia con el fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer de manera proactiva; b) Las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona agresora, asegurando a la víctima su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia y resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales; c) Son de aplicación inmediata, debido a que están orientadas a evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se comentan nuevos hechos de violencia, otorgar el auxilio inmediato a efectos de reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima; d) Deben ser adoptadas de oficio y/o a instancia de parte y en el marco de la debida diligencia y con perspectiva de género, lo que supone que los rigorismo procesales y formalidades no se antepongan o prevalezcan; y, e) Durarán en tanto subsista la necesidad de su aplicación, independientemente de la etapa del proceso.
En cuanto a las autoridades competentes para aplicar medidas de protección en casos de violencia en razón de género, de manera inicial la Ley 348 determinó lo siguiente:
ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO).
Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. (…)
Artículo 72. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES). Las juezas y los jueces de Instrucción contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:
1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la Ley;
2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales y de protección que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad;
Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para:
4. Imponer de oficio la aplicación de medidas de protección, que permitan a las mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos.
En el mismo sentido, el art. 87 de la Ley 348, establece directrices en los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos relacionados con la violencia de género, entre las que se encuentran: La Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia. De manera posterior con la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo, en adelante (Ley 1173), se modificaron e incluyeron algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, estableciendo lo siguiente:
Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA).
(…) III. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima. (…) Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de:
(…) 4. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento; (…) Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: (…) 11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en su art. 389 ter. I -incorporado por disposición del art. 14 de la Ley 1173, determina lo siguiente:
Artículo 389 ter. (Urgencia y Ratificación)
en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez.
II. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará a la jueza o juez de instrucción, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación.
A su vez, el art. 393 del CPP, incorporado por el art. 15 de la Ley 1173, determina lo siguiente:
Artículo 393 onceter. (OTROS PROCESOS). Cuando en otros procesos sustanciados en sede distinta a la penal, la o el juez constate la existencia de un hecho de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, impondrá las medidas de protección que correspondan y de inmediato formulará la correspondiente denuncia al Ministerio Público. (El resaltado es añadido) Consecuentemente, de la normativa especializada en vigencia las autoridades competentes para disponer medidas de protección necesarias en los casos de violencia, de oficio o a instancia de parte, ante quienes toda víctima de violencia puede acudir son: i) En los casos de violencia hacia las mujeres, niñas, niños adolescentes: i.a) El Ministerio Público, a través de los fiscales de materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres; i.b) Las autoridades judiciales en materia de violencia contra las mujeres: i.b.1) Las juezas o jueces de instrucción de materia contra la violencia hacia las mujeres; i.b.2) Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres; i.b.3) Los tribunales de sentencia, i.b.4) Se entiende también que las instancias de impugnación penal, tienen la potestad de disponer las medidas de protección necesarias, que el caso particular exija; ii) En casos de urgencia: ii.a) La fiscal o el fiscal; ii.b) La servidora o el servidor policial; iii.c) Cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia que tomen el primer contacto con la víctima, tales como: iii.c.1) Los servicios legales integrales municipales (SLIMs); iii.c.2) Defensorías de la niñez y adolescencia (DNAs), iii.c.3) Servicio Plurinacional de Atención a las víctimas (SEPDAVI); iii.c.4) Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU); iv) En otros procesos distintos a la penal, la o el juez que constate la existencia de un hecho de violencia; y, v) Las autoridades indígena originario campesinas, en el marco de las directrices establecidas por la Ley 348.
Las normas precedentemente analizadas permiten concluir que existe un reforzamiento legal para la aplicación de medidas de protección a las víctimas de violencia; pues, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia con el fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, niñas, niños y/o adolescentes y personas en vulnerabilidad al haberse ampliado las instancias y autoridades facultadas para disponerlas, en razón a que son competentes las autoridades judiciales o servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado que intervengan en casos de violencia contra las mujeres, como ser las jurisdiccionales, el Ministerio Público, los miembros de la Policía Boliviana y entidades promotoras de denuncia, tales como los SLIMs, DNAs, SEPDAVI y SIJPLU, instancias que tienen la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna, ante quienes toda víctima de violencia puede acudir. En el contexto señalado, al contar el ordenamiento jurídico interno boliviano con los mecanismos judiciales y administrativos a cargo de autoridades, entidades e instancias especializadas para otorgar medidas de protección prontas y oportunas en casos de violencia en razón de género, éstos deberán ser activados por las víctimas de manera directa y con carácter previo a la apertura de la jurisdicción constitucional, por constituirse en los medios idóneos para la protección de los derechos de las víctimas de violencia, debido a que la labor de la instancia constitucional se enmarca en ejercer el control de constitucionalidad sobre las situaciones de acción u omisión arbitrarias en las que pudieran incurrir las autoridades competentes en la otorgación de medidas de protección, como la de omisión en su actuación proactiva, dilación indebida, ausencia de sensibilidad en los casos de violencia, omisión de aplicación diferenciada en situaciones de múltiple vulnerabilidad o desventaja, falta de celeridad y protección especial e interseccional, entre otros elementos de la debida diligencia. El razonamiento que antecede, busca efectivizar las instancias correspondientes que el ordenamiento jurídico otorga en los casos de medidas de protección a las víctimas de violencia en razón de género, para evitar una incorrecta práctica jurídica que podría desnaturalizar la esencia de este mecanismo de defensa constitucional; salvo que, por situaciones de gravedad y urgencia, o que la víctima se encuentre frente a contextos de violencia institucional, esta instancia podrá activar excepcionalmente, de considerar necesario, la naturaleza preventiva, correctiva y/o reparadora de los mecanismos de defensa constitucional, para el resguardo de la vida e integridad de toda víctima de violencia en razón de género, situación que será analizada en cada caso concreto.
En la presente causa, la accionante denuncia la vulneración de su derecho a vivir libre de violencia; toda vez que, conjuntamente con sus dos hijos, que se encuentran a su cuidado, son víctimas de agresiones por parte de los demandados, que concurren a su lugar de trabajo, para insultarlos y maltratarlos, situación que estaría demostrada por los certificados médicos forenses en sentido que el demandado es violento, de igual forma el informe psicológico y certificado médico, evidencian patrones que identifican como agresores a los demandados; por lo que, activa esta acción de defensa solicitando se disponga medidas de protección a su favor y la de sus hijos. Al respecto, corresponde señalar, acorde a los fundamentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que es posible la formulación de este mecanismo tutelar cuando se activa contra particulares, como acontece en este caso, en el que la accionante demanda a José Mario Vidal Jiménez y Eliana Ángela Chávez Lenz, ex cónyuge y actual pareja del mismo, por considerar que su vida e integridad física se encontrarían en peligro por las agresiones verbales y físicas sufridas por los demandados; es por ello, que solicita se apliquen medidas de protección; en consecuencia, al tratarse de un caso entre particulares corresponde ingresar al análisis de fondo de lo demandado. Efectivamente, en el caso presente, la accionante activó este mecanismo de defensa, que tiene como causa las amenazas y agresiones que sufriría la impetrante de tutela y sus dos hijos, de parte del demandado -expareja- y de la codemandada, situación que tiene como antecedente, un proceso penal por violencia intrafamiliar contra el sindicado, que se encuentra en curso, concretamente en instancia de apelación contra la Sentencia condenatoria privativa de libertad de tres años de condena contra prenombrado (Conclusión II.2) de este fallo constitucional; agresiones verbales y físicas, que en el marco de lo expuesto por la accionante, serían recurrentes y continuarían; motivo por el cual, activó la presente acción de tutela. En esa perspectiva, al existir como antecedente un proceso penal por violencia intrafamiliar en curso seguido por la accionante contra el demandado; si bien es evidente, que es en aquella instancia judicial en la que deberá resolverse la denuncia penal por violencia presentada por la impetrante de tutela, que se encuentra en etapa de apelación; sin embargo, no es menos evidente que se activó la acción de libertad a raíz del último incidente ocurrido con los demandados, con el objeto de que en esta instancia constitucional se le otorgue, a ella y a sus dos hijos, medidas de protección. Estos antecedentes, permiten concluir que ante la situación ocurrida con los demandados, la impetrante de tutela no activó una nueva denuncia penal, sino que por la urgencia presentó directamente esta acción de defensa, conforme lo aseverado en la audiencia de consideración de esta acción de tutelar, pidiendo que en esta instancia constitucional, se remitan los antecedentes del caso al Ministerio Público y se determinen las siguientes medidas de protección: i) La restricción al agresor del domicilio donde habita, además de ordenarle, se someta a terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; ii) Prohibir al demandado acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio, de sus hijos o cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; iii) Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; iv) Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia y, v) La detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de treinta días; y para la codemandada detención preventiva en el Centro Penitenciario Miraflores de La Paz, por el mismo tiempo. Al respecto, corresponde considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional, que exige que ante situaciones de violencia se debe actuar bajo el principio de la debida diligencia en la determinación de medidas de protección, ello obliga adoptar no solo una actuación diligente, sino sensible y proactiva a los hechos de violencia que se denuncian; razón por la cual, en el marco de las medidas de protección en casos de violencia razón de género, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, incluida la justicia constitucional debe actuar bajo los principios señalados. En ese orden, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona agresora, asegurando a la víctima su integridad física, psicológica y sexual y/o de su familia, y al ser de aplicación inmediata, las medidas de protección deben otorgarse en el marco de las circunstancias fácticas del caso y la urgencia exigida, lo que supone que los rigorismos procesales no se antepongan o prevalezcan.
Bajo los citados criterios, y según se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2.3 de este fallo constitucional, también debe recordarse que el ordenamiento jurídico en vigencia ha ampliado las instancias, entidades y autoridades judiciales competentes para disponer medidas de protección en casos de violencia, otorgando así mecanismos jurisdiccionales y administrativos para la adopción inmediata y urgente de medidas de protección en casos de violencia en razón de género; por lo tanto, las autoridades judiciales o servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado que intervengan en casos de violencia contra las mujeres, como ser las jurisdiccionales, el Ministerio Público, los miembros de la Policía Boliviana y entidades promotoras de denuncia, tales como los (SLIMs, DNAs, SEPDAVI y SIJPLU, son las instancias que tienen la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna, ante quienes toda víctima de violencia puede acudir. Consiguientemente, en correspondencia a lo determinado en el Fundamento Jurídico III.2.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al contar el ordenamiento jurídico interno boliviano con los mecanismos judiciales y administrativos a cargo de autoridades, entidades e instancias especializadas para otorgar medidas de protección prontas y oportunas en casos de violencia en razón de género, éstos deberán ser activados por las víctimas de manera directa y con carácter previo a la apertura de la jurisdicción constitucional, por constituirse en los medios idóneos para la protección de los derechos de las víctimas de violencia, debido a que la labor de la instancia constitucional se enmarca en ejercer el control de constitucionalidad sobre las situaciones de acción u omisión arbitrarias en las que pudieran incurrir las autoridades competentes en la otorgación de medidas de protección. En el caso presente, se advierte que la accionante acudió directamente a la justicia constitucional a efectos que se otorguen medidas de protección; pidiendo además, que se derive la causa a la instancia penal correspondiente, sosteniendo urgencia por tratarse de una situación particular en la que se encuentran involucrados también sus hijos, y en la que las agresiones resultan recurrentes, por la situación particular de convivencia en la que se encuentran las partes en esta acción de tutela, debido a que la codemandada, reconoció que vive cerca de la boutique de la impetrante de tutela y que cotidianamente tiene que pasar por la calle en la que se encuentra el trabajo de la prenombrada; asimismo, José Mario Vidal Jiménez, demandado, también en audiencia de consideración de esta acción tutelar, reconoció que su trabajo se encuentra a 50 metros de distancia de la referida boutique en la que trabaja la peticionante de tutela (Conclusión II.4). Las circunstancias particulares, obligan a esta instancia constitucional considerar las situaciones de excepción referidas en el Fundamento Jurídico Constitucional III.2.4; vale decir, que no obstante que existen las instancias competentes a las que se debe acudir con carácter previo a la jurisdiccional, para solicitar medidas de protección; en el caso presente, el haber acudido directamente a esta instancia constitucional, en primer orden, conllevaría a sostener que la accionante al denunciar hechos relacionados con violencia en razón de género, debió acudir a los mecanismos idóneos que se encuentran abiertos para que se le otorgaran medidas de protección; sin embargo, al tratarse de casos de violencia vinculadas a la solicitud de medidas de protección, ésta instancia constitucional no puede hacer abstracción del deber de actuar con sensibilidad a los casos de violencia y, en función de las características del caso, examinar si corresponde aplicar alguna de las excepciones establecidas en el Fundamento Jurídico III.2.4, para activar el carácter preventivo, reparador y/o correctivo de este mecanismo de defensa; vale decir, analizar si la situación concreta se encuentra dentro de las situaciones de salvedad que permiten a la justicia constitucional en el marco del contexto de gravedad y urgencia, estudiar si corresponde otorgar excepcionalmente las medidas de protección que el caso exige a efectos de su ratificación por las instancias correspondientes y, consecuentemente, formular la denuncia pertinente al Ministerio Público, conforme exige el art. 393 onceter del CPP. En efecto, en ese ámbito de protección reforzada a mujeres víctimas de violencia, con la que debe actuarse también en la justicia constitucional, corresponde tener presente que el contexto de relacionamiento frecuente por la cercanía de domicilio, lugares de trabajo, que tienen la accionante y sus hijos con los demandados, obliga, en el marco de la sensibilidad con la que debe actuarse en los casos de violencia y, fundamentalmente bajo un carácter preventivo, a aplicar la excepción referida en el Fundamento Jurídico III.2.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y mantener vigente la medida de protección adoptada por el Juez de garantías, debido a que tanto la accionante como los demandados viven cerca de la boutique de la impetrante de tutela y cotidianamente tienen que pasar por la calle en la que se encuentra el trabajo de la prenombrada; por lo que, a efectos de evitar futuras situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas involucradas, en las que también se encuentran los hijos de la accionante, Magaly Monserrat y AA, este último que merece también protección reforzada, y fundamentalmente para evitar que las situaciones de hecho denunciadas puedan agravarse o producir mayores consecuencias, por el continuo contacto que tienen las partes, el juez constitucional adoptó como medida de protección que el demandado José Mario Vidal Jiménez, desocupe el inmueble que viene ocupando desde el 2018, ubicado cerca al domicilio que tiene la peticionante de tutela, para evitar contactos que puedan producir futuros hechos de violencia. En ese orden de razonamiento, si bien la accionante debió acudir a las instancias abiertas en el ordenamiento jurídico impetrando medidas de protección, al ser las instancias idóneas y competentes conforme al marco normativo legal, y no acudir directamente a esta acción tutelar; sin embargo, por los razonamientos expuestos y esencialmente dentro del marco preventivo, dadas las particularidades del caso corresponde convalidar las medidas de protección adoptadas por el Juez de garantías. Un razonamiento contrario, implicaría desconocer los estándares de debida diligencia con las que debe actuarse en casos de violencia y adopción de medidas de protección; deber que obliga a todas las autoridades públicas, inclusive la justicia constitucional a cumplir un rol de protección proactiva, sensible y diligente cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; lo que supone que los rigorismos procesales y formalidades no se antepongan o prevalezcan, para otorgar las medidas de protección que la situación particular exija, pues conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2.3, que recoge lo previsto en el art. 393 onceter del CPP “Cuando en otros procesos sustanciados en sede distinta a la penal, la o el juez constate la existencia de un hecho de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, impondrá las medidas de protección que correspondan y de inmediato formulará la correspondiente denuncia al Ministerio Público”. De todo lo relacionado, corresponde confirmar de manera excepcional las medidas de protección adoptadas por el Juez de garantías, así como la determinación que sea el Ministerio Público, la instancia en la que deberán investigarse los hechos expuestos por ambas partes. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2024 de 11 de septiembre, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1º CONCEDER parcialmente la tutela impetrada con relación al demandado José Mario Jiménez Vidal, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando las medidas de protección no hubieren sido modificadas por la autoridad judicial competente.
2º DENEGAR la acción con relación a la codemandada Eliana Ángela Chávez Lenz, sobre la base de la fundamentación de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el FJ III.2, reiteró el siguiente razonamiento: “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva 18/03 de 17 de septiembre de 2003, señaló que: `…De la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares (…) La obligación impuesta por el respeto y garantía de los derechos humanos frente a terceros se basa también en que los Estados son los que determinan su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por lo tanto, el derecho privado, por lo que deben también velar para que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado puede resultar responsable de la violación de esos derechos´”. 2Sobre la reparación integral de los derechos fundamentales, ante su violación, se aplica la SCP 0019/2018-S2.
3 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c). 4Convención de Belém do Para, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).
5 Véase el art. 45 de la Ley 348.
posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (resaltado fuera del texto).
7 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia.
8 El art. 14 de la Ley 1173 incorpora en el Título IV “Modificaciones al Procedimiento Común” de la Segunda Parte del Libro II del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, los Artículos 389, 389 bis, 389 ter, 389 quater y 389 quinquies
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0016_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6c3f929d3ed3116c54946a9983174c10d449aeac1c01d64ecfee04427c776e71
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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