B.IA.LEGAL

SCP 0016/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de enero de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de enero de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
39851-2021-80-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos invocados en la presente acción tutelar; toda vez que, la Jueza ahora demandada suspendió en dos ocasiones la audiencia de cesación a la detención preventiva, la primera con el fundamento que se encontraba pendiente de resolución un recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; y la segunda por asueto tanto de la autoridad jurisdiccional demandada como de la suplente legal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas a) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; b) Sobre las solicitudes de cesación de la detención preventiva; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 52/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a la retardación en el señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva del peticionante de tutela, al haberse vulnerado el derecho a la libertad personal, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la autoridad judicial a cargo del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dentro de un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación legal con esta Resolución, programe y lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela, siempre y cuando no se haya realizado previamente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Ley 1226
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 39851-2021-80-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 52/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Gott Koury contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2021, cursante de fs. 2 a 4 vta., el solicitante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de “delitos financieros” se encuentra cumpliendo detención preventiva desde el 21 de mayo de 2020 en el Recinto Penitenciario de San Pedro; no obstante, al haberse vencido el plazo de duración de la medida extrema, refiere “...MANTENIENDOME EN DETENCIÓN DE UN PROCESO DE APROXIMADAMENTE 4 AÑOS SIN ACUSACION…” (sic). En ese entendido, la Jueza ahora demandada incumplió su obligación de señalar fecha y hora para resolver su cesación a la detención preventiva, incluso de oficio, conforme dispone el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, se encuentra detenido de manera ilegal y procesado indebidamente en un caso que lleva aproximadamente cuatro años de tramitación.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad personal y dignidad vinculado al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 8.I, 22, 23.I, 178.I, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y ordene que la autoridad jurisdiccional demandada dentro el plazo de veinticuatro horas celebre audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 12 de marzo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 14 a 18 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de sus abogados, en audiencia se ratificó en el contenido de la acción tutelar presentada y ampliando la misma señaló: a) A la fecha de la presente acción de defensa, ya presentó tres acciones de libertad con objeto de que la Jueza ahora demandada se pronuncie sobre las anteriores solicitudes de cesación a la detención preventiva, debido a que se encuentra detenido preventivamente tres años con cinco meses, y si bien el 20 de septiembre de 2020 se le concedió la cesación a la detención preventiva, esa Resolución fue revocada, desde entonces efectuó distintos pedidos de cesación los cuales merecieron múltiples observaciones; b) La audiencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva de 1 de marzo de 2021, fue fijada para el día “24” del referido mes y año, acto que suspendió la referida autoridad alegando la falta de devolución del testimonio de apelación; pese a que se encontraban presentes todos los sujetos procesales y tenían conocimiento del recurso de apelación incidental interpuesto por estos, por lo que inmediatamente presentaron recurso de reposición ya que no existía ninguna causal de suspensión de la audiencia, pese a ello la reposición fue rechazada dejándolo en indefensión; c) La autoridad demandada, una vez notificada con la acción de libertad programó la audiencia de cesación a la detención preventiva de forma improvisada para el mismo día de la sustanciación de la presente acción tutelar -quince minutos antes de la precitada acción de defensa; es decir, a horas 11:45-, una vez instalada la audiencia a esa hora la Jueza demandada suspendió el mencionado acto por ausencia del imputado, cuando era de su conocimiento que el sindicado -ahora accionante- se encuentra privado de libertad y no depende de su voluntad para ser conducido a la audiencia, ni siquiera constató que fue notificado con la audiencia a horas 16:23, sin firmas de la Jueza demandada, cuando el acto procesal estaba fijado para las 11:45 del día siguiente; cuando bien sabe, que al recinto penitenciario se debe notificar hasta con cuarenta y ocho horas de anticipación para conducir al detenido a la sala virtual; y, d) Se destaca la mala fe de la autoridad jurisdiccional demandada, pues para la reiterada solicitud de cesación a la detención preventiva, la Jueza demandada señaló audiencia para el 8 de marzo de 2021, fecha en la cual dicha autoridad “se encontraba de asueto por haber sido jueza ciudadana” -siendo lo correcto jurado electoral-, por lo que el trámite pasó a la suplente legal, pero al ser día internacional de la mujer, está última igual gozó del asueto dispuesto para esa fecha.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz en audiencia informó: 1) El peticionante de tutela formuló distintas acciones de libertad sin hacer seguimiento al proceso, siendo que la razón por la que se suspendió la audiencia señalada fue que se desconocía el resultado cierto de lo dispuesto por el Tribunal de alzada, informándole a través de su abogado que al final de la audiencia se declaró la improcedencia de la impugnación incidental; 2) La audiencia que se tenía programada para las 11:45, previa a la audiencia de acción de libertad se suspendió por la ausencia del imputado, pero a solicitud del abogado se ordenó que se informe por el titular del Recinto Penitenciario de San Pedro del referido departamento, el motivo por el que no se cumplió con la conexión del procesado a la audiencia virtual, haciendo constar que estaban todos notificados para el actuado; no siendo su autoridad responsable de la generación de las notificaciones, ya que las audiencias fueron programadas de acuerdo al rol del despacho judicial con el debido cuidado; y, 3) Con relación al 8 de marzo de 2021, la autoridad demandada ejerció la compensación por haber sido designada jurado electoral para las elecciones municipales del 7 del señalado mes y año, por lo que tuvo asueto todo el día siguiente -8 de marzo de 2021-, consecuentemente estuvo en suplencia legal otra jueza quien tuvo tolerancia por el día internacional de la mujer, por lo que de manera posterior se reprogramó la audiencia de oficio.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 52/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 19 a 22, denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: i) Se presentó el memorial de 1 de marzo de 2021, cuya audiencia de cesación a la detención preventiva fue fijada para el 3 del mismo mes y año, a horas 8:55, señalamiento que fue programado dentro el plazo establecido por la norma procesal; y, ii) El ahora accionante, si bien se encuentra privado de su libertad, debió presentarse ante la instancia correspondiente a los fines de acceder a algún equipo tecnológico para estar conectado en la audiencia virtual, al igual que su abogado a objeto de fundamentar respecto a la cesación a la detención preventiva. En la vía de explicación, complementación y enmienda, el impetrante de tutela solicitó se aclare si se notificó al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, lo cual demostraría que fue debido a la interposición de la presente demanda tutelar que se cumplió con el acto extrañado. Ante lo cual, la precitada Sala Constitucional señaló que no se advierte ningún aspecto para corregir o enmendar.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 8 de julio de 2022 (fs. 28), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 39) notificado a las partes el 27 de diciembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial -incompleto- de solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante Juan Carlos Gott Koury, presentada el 1 de marzo de 2021 ante la Jueza ahora demandada (fs. 10) II.2. Corre “Nota Marginal” de 11 de marzo de 2021 -sin firma- informando que el 8 del mismo mes y año, la Jueza demandada se encontraba gozando de asueto debido a que cumplió funciones como jurado electoral; asimismo, respecto a la jueza en suplencia legal quien de forma similar se encontraba con asueto por el día internacional de la mujer; motivo por el cual, de oficio se señaló audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva para el viernes 12 de igual mes y año a horas 11:45 (fs. 13) II.3 Consta notificación con la providencia señalada precedentemente al accionante Juan Carlos Gott Koury a horas 9:21 del 12 de marzo de 2021 (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos invocados en la presente acción tutelar; toda vez que, la Jueza ahora demandada suspendió en dos ocasiones la audiencia de cesación a la detención preventiva, la primera con el fundamento que se encontraba pendiente de resolución un recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; y la segunda por asueto tanto de la autoridad jurisdiccional demandada como de la suplente legal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas a) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; b) Sobre las solicitudes de cesación de la detención preventiva; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.

En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida; razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Ley 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0558/2020-S1 de 5 de octubre, reiterada por la SCP 0671/2021-S1 de 17 de noviembre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del CPP, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.

Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.

Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, ha sido modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que entró en vigencia el 4 de Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 3El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”. 4 Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

noviembre de igual año, introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero dicha ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley Nº 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, de manera tal que texto vigente del art. 239 del CPP, es el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código (las negrillas son añadidas). Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

Sin bien, evidentemente la celeridad debe primar en la resolución de solicitudes de cesación de detención preventiva; no se debe dejar de considerar lo mencionado por la SCP 1500/2011-R de 11 de octubre, en cuanto a solicitudes consecutivas y cuando se encuentre pendiente recurso de apelación relacionado con rechazo de cesación a la detención preventiva, la cual establece que:

… mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento.

De lo cual se tiene que la autoridad judicial no puede señalar día y hora de audiencia de consideración de una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva; si se encuentra pendiente de resolución otra con similar petitorio en instancia de apelación; aclarándose que esa situación no tiene relación con el efecto no suspensivo señalado en el art.251 del CPP.

III.3. Análisis del caso concreto

Mediante la presente acción de libertad, el peticionante de tutela reclama que solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva que fue suspendida en dos oportunidades; el 03 de marzo de 2021 bajo el fundamento que se encontraba pendiente de resolución un recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; y la fijada para el 8 del mismo mes y año, que no se llevó a cabo por el asueto de la Jueza demandada por su desempeño en las elecciones municipales celebrada el día 7 del referido mes y año como jurado electoral; y, el posterior asueto de la jueza suplente legal por el día internacional de la mujer. En ese entendido, de acuerdo a lo descrito en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que a través del memorial presentado el 1 de marzo de 2021, Juan Carlos Gott Koury -ahora accionante- solicitó a la Jueza demandada la cesación a la detención preventiva, quien señaló audiencia para el 3 del mismo mes y año (Conclusión II.1). Acto procesal que fue suspendido debido a la falta de devolución del cuaderno de apelación incidental por parte del Juez superior. De esta manera, se reprogramó el referido acto procesal para el 8 de igual mes y año. En la indicada fecha, nuevamente se suspendió el acto procesal señalado, debido a que la Jueza demandada se encontraba con asueto al haber cumplido la función de jurado electoral un día antes; sumado a ello, la autoridad en suplencia legal también gozaba del mismo beneficio por el día internacional de la mujer (Conclusión II.2).

Así también, se tiene que la autoridad demandada fue notificada con la presente acción de libertad el 11 de marzo de 2021 a horas 15:30 con señalamiento de audiencia tutelar para el 12 del referido mes y año a horas 12:00; lo cual, llama la atención que la citada autoridad jurisdiccional programe audiencia para el conocimiento y resolución de la cesación a la detención preventiva para el mismo día pero quince minutos antes; es decir, a horas 11:45 (Conclusión II.3); coligiéndose que este último acto fue solo nominal, dado que también sería suspendido debido a que tanto el imputado -ahora impetrante de tutela- como la parte demandada tendrían que intervenir en la audiencia convocada dentro la presente demanda tutelar.

Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.

Asimismo, es evidente que la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela se encuentra directamente relacionada al derecho a su libertad; consecuentemente, la autoridad demandada de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se encontraba en orden al principio de celeridad para garantizar la eficacia del proceso; es decir, que el acto convocado sea resuelto en el plazo de ley y que este se logre en la menor cantidad de actos, pero siempre respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, ejerciendo de forma activa la dirección judicial del proceso sobre el que tiene el control jurisdiccional. En ese orden, no se evidencia justificativo alguno respecto a no sustanciar la primera audiencia fijada para el 3 de marzo de 2021, bajo el fundamento que se encontraba pendiente de devolución el Auto de Vista que resolvió el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada.

Esto en razón a que, se debió dilucidar en dicho acto procesal si realmente la nueva petición de cesación se fundaba en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentaban los motivos que determinaron la concurrencia de los riesgos procesales determinados. Aclarándose que si era el caso, la nueva resolución a dictarse de ninguna manera implica generar disfunciones procesales ni dualidad de resoluciones en la misma vía ordinaria; por cuanto, se reitera, la nueva solicitud de cesación a la detención preventiva tiene un sustento diferente a la Resolución que se encuentra impugnada; máxime si en la especie, la misma Jueza demandada reconoció que el Tribunal de apelación declaró la improcedencia de la impugnación planteada. Bajo ese entendido, la suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva fijada para el 3 de marzo de 2021, bajo el fundamento de la falta de devolución de los antecedentes del recurso de apelación incidental por el Tribunal de alzada, se constituye un hecho arbitrario que merece tutela; en tal sentido, lo que le correspondía a la autoridad demandada era sustanciar la audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la Jueza demandada al no proseguir la referida audiencia de cesación a la detención preventiva y tramitar conforme procedimiento, no observó el principio de celeridad y la diligencia debida en un trámite relacionado a la libertad personal del solicitante de tutela, aspecto que determina se conceda la tutela impetrada. Del mismo modo, se advierte que el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva para el 8 de marzo de 2021, evidentemente fue programado después de las cuarenta y ocho horas establecidas como plazo para señalar una audiencia por ese motivo. Esto se puede observar, considerando la fecha en la que se suspendió la audiencia anterior, que fue el 3 del mismo mes y año; máxime si luego de ser suspendido nuevamente el acto procesal fijado por el asueto otorgado a favor de la autoridad judicial demandada, señaló nueva audiencia de cesación a la detención preventiva para quince minutos antes de la celebración de la convocada dentro la presente acción de libertad. De lo señalado, se concluye que al no haberse materializado -de forma arbitraria- la primera audiencia fijada, correspondía a la autoridad demandada reprogramar dicho actuado procesal, señalando nuevo día y hora de audiencia garantizando su celebración, residiendo el reproche constitucional en la actuación contraria de la Jueza demandada a los postulados legales que establecen un trámite célere, para resolver planteamientos relacionados con la libertad personal y la debida diligencia con la que deben ser tramitadas dichas solicitudes; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; tutela concedida solo a objeto de que se celebre la audiencia y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme corresponda en derecho. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 52/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a la retardación en el señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva del peticionante de tutela, al haberse vulnerado el derecho a la libertad personal, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la autoridad judicial a cargo del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dentro de un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación legal con esta Resolución, programe y lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela, siempre y cuando no se haya realizado previamente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”. 2La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

5 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0016_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 74d0ee1f8b8921581b13ba1ff4e58d4cd02527670f362a22e4f3e0d47a883c41

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