Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 15 de enero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la “Protección Del Adulto Mayor” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, en el proceso penal seguido contra la hoy tercera interesada, por la presunta comisión de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, la Fiscal Departamental ahora accionada, mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo, ratificó la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, y ordenó que se proceda al archivo de obrados, sin cumplir con el deber de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, al afirmar de manera genérica la inexistencia de elementos de convicción, omitiendo analizar documentación relevante que acreditaría el engaño, el error y la disposición patrimonial en perjuicio de una persona incapaz.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Del deber de fundamentación y motivación del Ministerio Público en la emisión de sus Resoluciones; b) El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso; c) La valoración integral de la prueba; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 77/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 432 a 444, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58782-2013-118-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 77/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 432 a 444, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco García Siles contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.
El accionante por memoriales presentados el 18 y 25 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 261 a 275, y 281 a 289 vta., manifestó lo siguiente:
El 14 de abril de 2023, formuló denuncia penal contra Mery Laura Vargas García -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, previstos y sancionados por los arts. 335 del Código Penal (CP) y 342 del citado Código, modificado por disposición del art. 26 de la Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 054 de 8 de noviembre de 2010-, por hechos ocurridos en las gestiones 2005, 2008, 2016, 2017, 2018 y 2021, antes del fallecimiento de su padre Serafín García Siles -víctima-.
El contenido íntegro de la denuncia se encuentra desarrollado en el “Punto IV” -relación fáctica, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados-, donde se expuso de manera ordenada, clara y detallada la sucesión de hechos atribuidos a la ahora tercera interesada, especificando tiempo, modo y lugar en que presuntamente se cometieron los delitos.
En la relación fáctica se describieron minuciosamente los hechos denunciados y se explicó el comportamiento doloso de la hoy tercera interesada, evidenciando que su finalidad fue obtener un beneficio económico a través de engaños.
Asimismo, los hechos narrados fueron respaldados con prueba documental adjunta que acredita la existencia de un ardid previamente planificado por la ahora tercera interesada, así como el aprovechamiento de la avanzada edad de su padre -víctima-; circunstancia utilizada para inducirlo a suscribir diversos documentos en perjuicio de su patrimonio.
Dentro de la prueba adjunta, se incorporaron indicios suficientes que demuestran los actos de engaño perpetrados por la hoy tercera interesada, materializados mediante transferencias de dinero y de bienes inmuebles, préstamos de dinero y préstamos ficticios; evidenciándose que la nombrada se aprovechó de su vínculo familiar cercano y de su juventud para disponer, en su propio beneficio, de los bienes y del patrimonio, de quien por su condición de persona adulta mayor con salud deteriorada no se encontraba en condiciones de comprender adecuadamente sus actos, ni siquiera expresiones simples; situación que fue explotada para inducir a la víctima a transferir el único bien inmueble de su propiedad, ubicado en la calle Martín Barroso, entre 27 de Mayo e Independencia del municipio de Yacuiba del departamento de Tarija, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 6041010004479.
Posteriormente, el 17 de abril de 2023, a las 8:14 horas, fue notificado con la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de igual mes y año, emitida por la Fiscal de Materia, quien en contravención al art. 179 del Código de Procedimiento Penal (CPP), asumió atribuciones propias de un juez.
En la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, se concluyó que no es posible establecer la existencia del engaño, el error, ni el uso de artificios como medios para provocar una disposición patrimonial perjudicial, ni que la víctima hubiese sido inducido en error para realizar voluntariamente prestaciones en beneficio de la ahora tercera interesada o de terceros. En consecuencia, la Fiscal de Materia sostuvo que no concurrían hechos de relevancia penal, afirmando que el ardid, como elemento esencial del delito de estafa, estaría ausente; razón por la cual, calificó los hechos como atípicos y ajenos al ámbito penal.
Ante la “grosera” Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, oportunamente formuló objeción de desestimación de denuncia, que fue resuelta por la Fiscal Departamental hoy accionada, quien mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo -ahora impugnada-, ratificó dicha Resolución Fiscal de desestimación, sin la debida fundamentación y vulnerando sus derechos, conforme a lo siguiente: a) No consideró la jurisprudencia constitucional establecida, entre otras, en la SC 1369/01-R de 19 de diciembre, que exige que toda resolución que exponga de manera clara los hechos y el fundamento legal de la decisión, a pesar de que en la denuncia se describieron detalladamente los hechos ilícitos atribuidos a la hoy tercera interesada, así como el aprovechamiento de la avanzada edad y el estado de salud deteriorado de la víctima -una persona adulta mayor-, y que se adjuntó prueba documental suficiente; empero, se afirmó de manera genérica e infundada que “ʽno se adjuntó la prueba pertinente…”ʼ (sic); además, no se realizó una descripción individualizada, ni una valoración concreta y expresa de los medios probatorios, incumpliendo los requisitos establecidos en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, tales como: determinar con claridad los hechos denunciados, valorar de manera individual y motivada cada medio probatorio; y, establecer el nexo de causalidad entre los hechos, la prueba y la norma aplicable. Asimismo, la Fiscal Departamental hoy accionada omitió analizar documentación relevante, como certificados médicos, documentos de identidad y contratos, que acreditan la edad avanzada, el estado de salud de la víctima y la disposición de su único bien inmueble, ubicado en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija, con matrícula computarizada 6041010004479; omisión que impide la promoción y dirección de una investigación penal en delitos de acción pública; b) No se pronunció sobre los agravios planteados en la objeción de desestimación de denuncia, en contravención de lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0275/2012 de 4 de junio y 2221/2012 de 8 de noviembre, en particular, omitió pronunciarse expresamente sobre el agravio referido a: la falta de valoración de la prueba documental presentada, la incorrecta equiparación entre desestimación -art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)- y rechazo de denuncia -art. 304 del CPP-, y la imposibilidad legal de declarar la atipicidad del hecho sin investigación previa, conforme a la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre; limitándose a afirmar que los agravios “no son evidentes”, sin identificar, ni justificar a cuáles agravios se refiere, eliminando así la posibilidad de control y defensa, configurando una decisión arbitraria, contraria a los principios de razonabilidad, congruencia y justicia; y, c) Realizó un juicio de tipicidad o de adecuación propio de una etapa investigativa, sin que exista investigación alguna, debiéndose considerar que conforme a la SCP 0815/2019-S2, la desestimación no puede fundarse en la inexistencia de elementos de convicción; ya que, esos solo pueden obtenerse en la etapa investigativa y no puede determinar la inexistencia de los elementos del tipo penal, salvo en casos extremadamente evidentes, lo que no ocurre en el presente caso. A pesar de ello, la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, analizó de fondo los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, descartándolos sin valorar la prueba aportada y sin investigación previa, lo que constituye una decisión discrecional y arbitraria; esa actuación impide la investigación penal contra la hoy tercera interesada, vulnera el derecho de acceso a la justicia y afecta gravemente a una persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable, incumpliendo el deber del Ministerio Público de proteger los intereses de la sociedad y promover la acción penal pública.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la “Protección del Adulto Mayor” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 60, 68.II, 109.II, 115.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia; se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo; y, 2) Emitir una nueva resolución jerárquica, dentro de las cuarenta y ocho horas por parte de la Fiscal Departamental hoy accionada, revocando la Resolución de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, y disponiendo el inicio de investigaciones.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 428 a 431 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) En atención a los informes emitidos por la Fiscal Departamental hoy accionada y por la ahora tercera interesada, corresponde efectuar las siguientes precisiones: a) Se indicó que no existiría una fundamentación clara respecto a la supuesta vulneración de derechos ocasionada por la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, alegándose que no se identificó qué parte de dicha Resolución genera la vulneración; asimismo, la argumentación de la ahora tercera interesada se planteó como un descargo propio de un proceso penal, lo cual no corresponde a la naturaleza de la vía constitucional; b) Contrariamente a lo afirmado, sí se explicó de manera expresa y detallada que la mencionada Resolución Jerárquica vulnera derechos fundamentales, específicamente en su considerando tercero, en el cual dicha Fiscal Departamental realiza un análisis de fondo del caso, desarrollando supuestamente una motivación, fundamentación y valoración respecto a la objeción a la desestimación de la denuncia precisamente, y ese análisis es el que ha sido cuestionado, por resultar lesivo al debido proceso; c) Tal vulneración se configura porque dicha Resolución Jerárquica no contiene una motivación concreta, ni suficiente, a pesar de que en la denuncia se realizó una descripción clara y precisa de los hechos conforme al art. 285 del CPP, explicando cómo se configuraron los delitos de estafa y engaño a personas incapaces; asimismo, se adjuntó prueba documental suficiente, mediante la cual se acreditó el estado de salud de la víctima, la suscripción reiterada de diversos documentos y el objetivo final de despojarlo de su bien inmueble; y, d) No obstante lo anterior, la Fiscal Departamental ahora accionada omitió pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre dichos extremos, limitándose a afirmar que no existirían fundamentos, ni explicación suficiente sobre la configuración de los delitos denunciados; ii) En consecuencia, se evidencia que la citada Resolución Jerárquica no analizó, ni valoró de manera individualizada los cuestionamientos planteados en la objeción, ni efectuó una valoración concreta de los medios probatorios aportados, omitiendo toda referencia al certificado médico, certificaciones notariales y demás documentación relevante, incurriendo así en una falta absoluta de motivación probatoria; iii) La jurisprudencia constitucional es clara al establecer que la omisión de cualquiera de los elementos configurativos del debido proceso -motivación, fundamentación o valoración de la prueba- constituye una vulneración a dicho derecho; iv) Adicionalmente, se demostró que uno de los agravios planteados no fue respondido, ni motivado, referido a que la Fiscal de Materia no puede desestimar una denuncia por falta de elementos de convicción sin una investigación previa; aspecto que, fue expresamente solicitado en el petitorio, exigiendo un pronunciamiento sobre todos los puntos; y, v) Esa omisión configura una resolución incongruente, al no dar respuesta a un agravio concreto, lo cual refuerza la vulneración denunciada, y en mérito a ello, solicita que se valore integralmente la prueba presentada al momento de interponer la denuncia, así como la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 y la documentación médica de la víctima.
Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe presentado el 28 de setiembre de 2023, cursante de fs. 423 a 427, manifestó que: 1) Del examen de la acción de amparo constitucional interpuesta, se advierte que se le atribuye la emisión de la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, y según sostiene el accionante, la misma vulneró el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, extremos que, conforme a los argumentos que se exponen a continuación, no resultan evidentes; i) Sobre la supuesta falta de fundamentación, motivación, tutela judicial efectiva y valoración probatoria, respecto a dichos cuestionamientos, corresponde señalar que la referida Resolución Jerárquica contiene de manera expresa y clara los razonamientos jurídicos que sustentan la decisión adoptada, lo cual se evidencia principalmente en el punto III: “ANÁLISIS DEL CASO”, donde se desarrollan, uno a uno, los argumentos y consideraciones formuladas por el accionante en su memorial de objeción de 20 de abril del mencionado año; ii) En ese sentido, se efectuó un análisis valorativo, interpretativo e intelectivo de los antecedentes, motivo por el cual no se evidencia ausencia alguna de motivación o fundamentación, sino, por el contrario, se advierte el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 73 del CPP, encontrándose dicha Resolución Jerárquica debidamente fundamentada; 2) En cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación, la SCP 0854/2021-S2, señala que toda decisión que verse sobre el fondo de una investigación penal debe encontrarse debidamente motivada, lo que implica no solo reproducir los argumentos de las partes procesales, sino también identificar las pruebas aportadas, valorarlas de manera razonada y aplicar las normas jurídicas pertinentes para arribar a una conclusión; sin embargo, dicha jurisprudencia también refiere que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para revalorizar prueba; atribución que corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción ordinaria; 3) En concordancia con lo anterior, la SCP “2221/2021” identifica los supuestos en los que una resolución puede considerarse arbitraria, tales como la ausencia de motivación, la motivación arbitraria, insuficiente o la falta de coherencia interna o externa del fallo, circunstancias que no concurren en el caso de autos; 4) Bajo ese marco, del análisis del memorial de acción de amparo, se concluye que no se identifica de manera clara y precisa el derecho o garantía constitucional supuestamente vulnerado; ya que, el accionante se limitó a transcribir normas constitucionales y precedentes jurisprudenciales sin explicar su aplicación concreta al caso; 5) Contrariamente a lo alegado, su autoridad expuso su criterio respecto al valor de los elementos probatorios presentados junto a la denuncia, realizando un contraste y valoración integral de los mismos y aplicando las normas jurídicas correspondientes para resolver el caso; 6) Debe considerarse que la controversia planteada gira en torno a la presunta conducta de la hoy tercera interesada, quien según los denunciantes aprovechó su condición de sobrina y familiar cercana de la víctima, así como su edad y estado de salud, para disponer en su beneficio del patrimonio del nombrado, concretamente mediante la transferencia de un bien inmueble; 7) No obstante lo anterior, del análisis de los antecedentes se concluye que no se agotó el principio de subsidiariedad; ya que, los hechos denunciados se encuentran vinculados a posibles vicios del consentimiento; aspectos que, deben ser reclamados ante la jurisdicción ordinaria en materia civil, conforme a lo previsto por el art. 554 del CC, que regula los supuestos de anulabilidad contractual, y el art. 561 del mismo Código, referido a la rescisión por lesión; 8) Dichos presupuestos legales no fueron considerados por el accionante al promover la acción penal, a pesar de que constituyen las vías idóneas para la tutela de los derechos que se consideran afectados; 9) Asimismo, corresponde enfatizar que el Derecho Penal tiene un carácter fragmentario y subsidiario, conforme al principio de intervención mínima, lo que implica que solo debe activarse en casos de especial gravedad y cuando resulten insuficientes otros mecanismos jurídicos menos lesivos; 10) En el presente caso, resulta aplicable ese principio; por lo que, no se agotaron las vías alternativas de protección, especialmente las de carácter civil, conforme a lo dispuesto por el art. 76 de la “Ley del Tribunal Constitucional”; 11) Conforme a lo establecido por la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, la motivación de una resolución no exige una exposición extensa o ampulosa, sino que sea clara, suficiente y razonada, requisitos que se encuentran plenamente cumplidos en la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, la cual contiene fundamentación, motivación y respuesta expresa a todos los agravios planteados; y, 12) En consecuencia, se concluye que las afirmaciones realizadas en la acción de amparo constitucional no son evidentes, al no haberse demostrado vulneración alguna al debido proceso.
Mery Laura Vargas García a través de su abogado en audiencia, manifestó que: a) La acción de amparo constitucional interpuesta carece de una identificación concreta y precisa del lugar o momento en el que se produjo la supuesta lesión o vulneración de un derecho o garantía constitucional; ya que, no señala de manera específica el acto generador del agravio, ni el hecho que, presuntamente, no fue debidamente analizado o valorado, primero por la Fiscal de Materia; y posteriormente, por la Fiscal Departamental ahora accionada al emitir la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023; b) Con relación al fondo del asunto, se sostiene que la denuncia presentada por los delitos de estafa y engaño a personas incapaces no tiene sustento fáctico, ni jurídico; puesto que, los hechos denunciados no existieron en los términos planteados; c) La situación cuestionada corresponde a un acto jurídico ordinario, consistente en una compraventa de bien inmueble a título oneroso, con obligaciones bilaterales que fueron cumplidas por ambas partes, conforme a lo dispuesto por los arts. 452 y ss. y 548 y ss. del CC; d) En ese contexto, se descarta la existencia de engaño, dolo o inducción al error en la víctima que hubiese tenido como finalidad provocar una disposición patrimonial a su favor; e) Para que una conducta sea subsumida en un tipo penal, debe existir una relación de causalidad clara entre el hecho denunciado y la consecuencia jurídica prevista en la norma; exigencia propia del ámbito penal y expresamente prevista por el art. 285, última parte del CPP; f) Para activar la acción penal pública es imprescindible que concurran los elementos constitutivos del tipo penal, los cuales no se configuran en el presente caso; g) Por lo mencionado, la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 resulta coherente, razonable y debidamente fundamentada; ya que, expone de manera clara los motivos que sustentan la confirmación de la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023; y, h) Finalmente, se concluye que los hechos denunciados son atípicos, conforme a lo establecido por el art. 55.II de la LOMP; razón por la cual, pide se deniegue la tutela solicitada.
“Andrés Soruco” Fiscal de Materia en audiencia, manifestó que: 1) Tras escuchar los argumentos del accionante y analizar el informe de la Fiscal Departamental hoy accionada, considera que no se demostró de manera concreta la existencia de actos u omisiones ilegales o indebidas que hubiesen restringido o suprimido derechos o garantías constitucionales del accionante; 2) El cuestionamiento central se refiere a la desestimación de la denuncia penal por los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, inicialmente resuelta por la Fiscal de Materia conforme al art. 55 de la LOMP; y posteriormente confirmada mediante la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023; 3) Dicha Resolución Jerárquica se encuentra debidamente fundamentada, motivada y es congruente, descartándose la falta de valoración probatoria alegada; además, desarrolla el marco jurídico aplicable y analiza de manera concreta los elementos de los tipos penales denunciados, explicando por qué la conducta atribuida no se adecúa a los delitos de estafa, ni de engaño a personas incapaces, destacando además el carácter subsidiario y de última ratio del Derecho Penal; 4) Por ello, se ratifica que no existían elementos suficientes para disponer la apertura de una investigación penal; 5) Respecto a la supuesta falta de consentimiento en la transferencia de un bien inmueble realizado por la víctima, el acto se formalizó mediante Escritura Pública 499/2016 de 23 de agosto, cumpliendo los requisitos legales y siendo debidamente registrada en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.); 6) En caso de existir vicios del consentimiento, la víctima contaba con la vía civil para demandar la nulidad o anulabilidad del contrato, lo cual no ocurrió; 7) En consecuencia, no se agotó el principio de subsidiariedad, requisito indispensable para la procedencia de la acción de amparo constitucional, conforme al art. “54”; y, 8) Por tales fundamentos, pide se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 77/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 432 a 444, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante sostuvo que la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, le ocasionó diversas vulneraciones, alegando que la misma carece de motivación y fundamentación suficientes, que existió omisión en la valoración de la prueba y que, en consecuencia, se vulneraron derechos fundamentales; empero, debe tenerse presente que la jurisdicción constitucional solo se encuentra habilitada para examinar actos presuntamente lesivos cuando esos hubiesen sido previamente reclamados ante la instancia administrativa o judicial correspondiente; ii) En ese entendido, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, considera imprescindible verificar si los agravios denunciados en la presente acción de amparo constitucional fueron oportunamente planteados dentro del memorial de objeción a la desestimación de la denuncia formulada por el accionante ante el Ministerio Público; iii) Con carácter previo, corresponde precisar que el recurso de objeción constituye un medio de impugnación mediante el cual la parte que se considera perjudicada por una resolución emitida por la Fiscal de Materia pone en conocimiento de la autoridad jerárquicamente superior, en este caso, la Fiscal Departamental hoy accionada, las cuestiones de orden procesal o material resueltas en la decisión recurrida, con la finalidad de que la nombrada examine su adecuación al ordenamiento jurídico, pudiendo confirmarla, revocarla o modificarla conforme a ley; iv) Sin embargo, si bien el derecho a impugnar resoluciones judiciales o administrativas es un derecho procesal y constitucionalmente reconocido, para que el recurso sea analizado en el fondo debe cumplir con determinados requisitos esenciales, entre ellos, resulta indispensable que el recurrente -accionante- identifique de manera expresa el agravio o perjuicio concreto que la resolución impugnada le ocasionó; es decir, el recurso debe delimitar con claridad los errores de hecho o de derecho atribuidos a la resolución, así como la injusticia que se reprocha, permitiendo que la Fiscal Departamental ahora accionada tenga la obligación de pronunciarse sobre dichos agravios; v) En ese marco, la jurisprudencia constitucional, particularmente la SCP 0066/2018-S2 de 15 de marzo, establece que la autoridad que resuelve un recurso debe circunscribirse estrictamente a los agravios formulados, sin poder pronunciarse sobre aspectos no reclamados, en observancia del principio de congruencia, salvo en casos excepcionales expresamente previstos por ley; vi) Bajo ese entendimiento, se procedió al análisis del memorial de objeción a la desestimación de la denuncia presentado por el accionante, y del examen de su contenido se advierte que, en el Punto I, se limitó a exponer el marco normativo y jurisprudencial que sustenta su derecho a impugnar; en el Punto II, desarrolló extensamente los antecedentes, reproduciendo casi íntegramente el contenido de la denuncia; y en el Punto III, volvió a resumir la denuncia, señalando de manera genérica que no se valoraron los fundamentos, ni la prueba adjunta, sin identificar de manera concreta qué elementos probatorios fueron omitidos o incorrectamente valorados; vii) Asimismo, si bien en el memorial de acción de amparo constitucional el accionante hizo referencia específica a determinados medios de prueba como certificados médicos o de nacimiento, tales precisiones no fueron realizadas en el memorial de objeción, lo cual impide considerar que dichos agravios hubiesen sido oportunamente planteados ante la Fiscal Departamental ahora accionada; viii) Del mismo modo, la transcripción aislada de jurisprudencia constitucional, como la SCP 0815/2019-S2, no se acompaña de una articulación clara que la vincule con un agravio concreto, incluso en la parte final del memorial, donde se afirma que la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, carece de motivación y valoración probatoria, el accionante no explicó las razones específicas de dicha afirmación, ni identificó la normativa supuestamente mal aplicada, ni estableció el nexo causal entre los hechos denunciados y la vulneración alegada; ix) De ese análisis, se concluye que el recurso de objeción no contiene agravios claramente formulados, ni planteó de manera concreta los aspectos que posteriormente fueron traídos ante la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional; x) Por otra parte, al revisar la mencionada Resolución Jerárquica se evidencia que la misma desarrolla los antecedentes del caso, resume la “resolución” de la Fiscal de Materia y el memorial de objeción, expone el marco normativo aplicable, especialmente el art. 55 de la LOMP y realiza un análisis del caso concreto; xi) En dicho análisis, la Fiscal Departamental hoy accionada examina separadamente los delitos de estafa -art. 335 del CP- y engaño a personas incapaces (art. 342 del CP), describiendo sus elementos constitutivos y explicando por qué los hechos denunciados no se adecúan a dichos tipos penales, al no acreditarse la existencia de ardid, engaño, ni incapacidad de la presunta víctima; xii) Asimismo, se destacó la existencia de actos jurídicos bilaterales válidamente suscritos y la ausencia de prueba que demuestre engaño o vicios del consentimiento; en ese sentido, la referida Fiscal Departamental ratificó la decisión de la Fiscal de Materia, ejerciendo las facultades que le confiere la normativa vigente; y, xiii) En consecuencia, se concluye que la señalada Resolución Jerárquica se encuentra debidamente fundamentada y motivada, siendo clara y comprensible, y que no corresponde a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunciarse sobre aspectos que no fueron oportunamente formulados como agravios en el recurso de objeción, conforme a los principios que rigen la jurisdicción constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Fiscal de 14 de abril de 2023, Verónica Burgos Gutiérrez, Fiscal de Materia desestimó la denuncia formulada por Francisco García Siles -hoy accionante- y José Julián García Calivar contra Mery Laura Vargas García -ahora tercera interesada- por los “supuestos” delitos de estafa y engaño a personas incapaces (fs. 13 a 18 vta.). II.2. Por memorial de 20 de abril de 2023, el accionante y José Julián García Calivar objetaron la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 del mismo mes y año (fs. 5 a 12). II.3. Cursa Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo, por la cual, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -hoy accionada- ratificó la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, ordenando que se proceda al archivo de obrados (fs. 2 a 4 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la “Protección Del Adulto Mayor” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, en el proceso penal seguido contra la hoy tercera interesada, por la presunta comisión de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, la Fiscal Departamental ahora accionada, mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo, ratificó la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, y ordenó que se proceda al archivo de obrados, sin cumplir con el deber de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, al afirmar de manera genérica la inexistencia de elementos de convicción, omitiendo analizar documentación relevante que acreditaría el engaño, el error y la disposición patrimonial en perjuicio de una persona incapaz.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Del deber de fundamentación y motivación del Ministerio Público en la emisión de sus Resoluciones; b) El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso; c) La valoración integral de la prueba; y, d) Análisis del caso concreto.
Público en la emisión de sus Resoluciones
El art. 73 del CPP, establece como obligación de los representantes del Ministerio Público, emitir sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada, bien sea de manera escrita u oral cuando corresponda; norma replicada en el art. 57 de la LOMP.
La jurisprudencia constitucional, durante sus inicios, también ratifico esas obligaciones en relación al procedimiento penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público abrogada; en ese sentido, la SC 0969/2003-R de 15 de julio en cuanto al deber de fundamentación del Ministerio Público señala que: “…resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. Posteriormente, el extinto Tribunal Constitucional emitió la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, establece que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, señala que: «“…Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…’”» (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, luego de hacer referencia a varios entendimientos jurisprudenciales sobre la correcta apreciación de los medios probatorios, así como a la competencia de las autoridades judiciales y administrativas, señala que: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la “Protección Del Adulto Mayor” y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, en el proceso penal seguido contra la hoy tercera interesada, por la presunta comisión de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, la Fiscal Departamental ahora accionada, mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo, ratificó la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, y ordenó que se proceda al archivo de obrados, sin cumplir con el deber de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, al afirmar de manera genérica la inexistencia de elementos de convicción, omitiendo analizar documentación relevante que acreditaría el engaño, el error y la disposición patrimonial en perjuicio de una persona incapaz. Ahora bien, inicialmente, respecto al principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, corresponde aclarar que la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 fue emitida el 10 de mayo, notificada el 17 de dicho mes y año (fs. 5), y la presente acción de amparo constitucional en análisis fue interpuesta el 18 de septiembre de 2023 (fs. 275); por lo que, se encuentra dentro del plazo de seis meses establecido por el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Con esa puntualización y precisada la problemática, a efectos de su resolución en la dimensión de su planteamiento, resulta necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que mediante Resolución Fiscal de 14 de abril de 2023, la Fiscal de Materia desestimó la denuncia formulada por el accionante y José Julián García Calivar contra la hoy tercera interesada, por los “supuestos” delitos de estafa y engaño a personas incapaces (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial de 20 de abril de 2023, el accionante y José Julián García Calivar objetaron la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 del mismo mes y año (Conclusión II.2.).
Finalmente, cursa Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 emitida por la Fiscal Departamental ahora accionada, quien ratificó la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, ordenando que se proceda al archivo de obrados (Conclusión II.3.). Precisados los antecedentes fáctico-procesales, corresponde considerar que la denuncia principal del accionante a través esta acción de defensa radica, en que la Fiscal Departamental hoy accionada emitió la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, sin la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a partir de ello resulta necesario realizar el siguiente análisis: Con relación a la fundamentación y motivación, corresponde puntualizar los agravios consignados en el memorial de objeción a la Resolución Fiscal de Desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, siendo esos los siguientes: “1) La Resolución Fiscal de Rechazo de Desestimación, ha generado dentro de la labor fiscal un incumplimiento de su deber conforme lo establece el Art. 16, 70, 72, del C.P.P. el Art. 5 núm. 1) y 57 de la Ley 260, el Art. 115,180 de la C.P.E. Por no haberse VALORADO fundamentos que fueron parte de la denuncia presentada en fecha 14 de abril de 2023 y mucho menos la prueba adjunta a la misma como ser la prueba documental que demuestran de forma plena la edad de la víctima al momento cometerse el hecho ilícito como al momento de su fallecimiento, como los informes médicos de las enfermedades que la misma padecía, mas al contrario de forma contradictoria e infundada refiere que no se adjuntó la prueba pertinente a la presente denuncia sin tomar en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente...
(…)
2) b) Sobre el contenido y falta de motivación a la resolución de desestimación.- que si bien los Directores Funcionales de la Investigación es decir los Fiscales de Materia asignados a la causa tienen la facultar de resolver conforme lo establece el art. 301 en su N°3 del Código de Procedimiento Penal, también tiene el deber ineludible de enmarcar dicha resolución en lo pactado en el art. 304 (RECHAZO),independientemente del numeral, sea en su numeral 1, 2, 3 o 4, dicha resolución de rechazo, que por exigencia de la norma, establece que el Fiscal, mediante Resolución Fundamentada podrá rechazar la Denuncia., en el mismo sentido el art. 73 (Actuaciones Fundamentadas) del mismo cuerpo normativo señala ʽLos Fiscales formularan sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y especifica. Procederán Oralmente en la audiencia y en el juicio, por escrito en los demás casosʼ, POR LO QUE DEL DESPRENDIMIENTO DE ESTA NORMA SE ENTIENDE CLARAMENTE QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y RESOLUCIONES DEBEN SER FUNDAMENTADOS Y PERTINENTES AL CASO CONCRETO,VALE DECIR, QUE DEBEN SER RESOLUCIONES RAZONADAS Y SUSTENTADAS CON FUNDAMENTO Y MOTIVACION, NO DE MANERA PARCIAL Y SESGADA, causando incertidumbre en las partes procesales, esta norma se encuentra estrictamente en concordancia con el art 124,del mismo cuerpo normativo, cabe señalar también que el incumplimiento de dichas normas vulneraria el DEBIDO PROCESO conforme lo establece el Art. 180 de la C.P.E. (…)
10) Por tanto de los fundamentos Jurídicos esgrimidos, mismos que son de cumplimiento y carácter obligatorio se puede colegir que la Resolución de rechazo emitida por la Fiscal de Materia no está debidamente Fundamentada, en el sentido de que no cumple elementos de la motivación como ser la EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE HECHOS Y DE DERECHO en que se basa su resolución, tampoco hace referencia al VALOR OTORGADO A LOS MEDIOS DE PRUEBA, esa fundamentación no puede ser remplazada por la relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, tampoco puede ser remplazada por la TRANSCRIPCIÓN DE NORMATIVA JURÍDICA, usted Señora Fiscal Departamental, podrá evidenciar los extremos que exponemos denotando que la resolución de Rechazo no tiene la debida fundamentación ni motivación.
11) Con relación al FUNDAMENTO DE HECHO Y DERECHO, de la resolución de Rechazo del Fiscal de materia, presumiblemente en esta parte sería fundamentar y relaciona cada hecho con las normas legales aplicables para determinar si son considerables ilícitas o no son ilícitas, así mismo necesariamente tendría que dársele valor a los medios probatorios obtenidos dentro de la investigación, es decir presumiblemente en esa parte de la Resolución de Rechazo o Desestimación debería necesariamente referirse si la conducta que los sindicados se adecua a un tipo penal para el efecto esta adecuación necesariamente tiene que ser en base a los antecedentes y a la prueba recolectada a lo largo de la investigación, empero a ello se denota que en esta parte el Fiscal de Materia se limita hacer una transcripción de Artículos del código penal como del código de procedimiento penal, sin realizar la debida fundamentación y mucho menos motivación, indicando que la parte no presento la prueba suficiente y que no demostró que el hecho denunciado sea típico o ilícito, olvidando la obligación que tiene el Ministerio Publico de conocer, investigar y no vulnerar el principio del acceso a la justicia conforme lo establece el Art. 116 de la C.P.E.” (sic).
En respuesta, la Fiscal Departamental hoy accionada, al emitir la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, sostuvo que:
“a) Con relación a la resolución que desestima la denuncia, la Fiscal de Materia analizó los hechos denunciados y su relación con los delitos que se pretende atribuir, se debe considerar que para que los hechos denunciados se adecuen a los delitos, conforme señala el art. 13 de la misma Ley, se debe demostrar que el actuar del denunciado era doloso, que tenía la intención de obtener un beneficio económico mediante engaños y no existe prueba indiciaria que acredite tal extremo, que además no es un hecho en flagrancia para que el Ministerio Público de oficio realice todas las actuaciones por la simple manifestación de la querellante, razón por la cual, la Fiscal de Materia, correctamente aplicó el art. 55.II de la Ley 260 (LOMP), considerando que el hecho no se subsume al delito penal.
b) Para que los hechos denunciados se constituyan en delitos, se debe cumplir con ciertos requisitos, así lo señala la doctrina, cuando hace referencia a los elementos del delito, siendo estos los cuatro principales requisitos indispensables que configuran al mismo, los cuales son: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; por otro lado, la definición de delito establece que: ʽDelito es toda acción típicamente antijurídica y culpable que merece sanciónʼ; en virtud a ello para que un hecho doctrinalmente sea calificado como delito, debe reunir los cuatros requisitos señalados supra, ya que al carecer el mismo de uno sólo de los requisitos, el hecho ya no puede ser calificado como delito.
Ahora bien, cuando se señala que el hecho resulta ser atípico, se refiere a que el mismo carece de Tipicidad, requisito imprescindible para poder en primer lugar calificar el hecho a alguno de los delitos establecidos en el Código Penal, la tipicidad, se refiere a la adecuación de la conducta del sujeto a un tipo penal o delito, establecido por ley, en ese sentido se interpreta que la conducta que ejerce el sujeto es aquella que se encuentra prohibida por la norma, donde dicho accionar es reprochable y punible dentro del Derecho Penal, por lo que si se asume como atípico el hecho, significa que el accionar en el que supuestamente habría incurrido el individuo no recae dentro de la esfera del Derecho Penal, ni se adecua en alguno de los tipos penales establecidos en el Código Penal.
Se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con el objeto del proceso penal, se tiene que el mismo está constituido por un hecho, un dato fáctico que adquiere relevancia penal por la probable afectación a bienes jurídicos protegidos por esta esfera del derecho, siendo este hecho también el objeto de la Investigación, siendo aplicable a estas circunstancias de análisis la afirmación de que se investigan y juzgan hechos (datos históricos de la realidad).
c) En el presente caso, los denunciantes intentan argumentar que el ardid (engaño planificado) se encontraría al momento que la denunciada habría aprovechado la edad avanzada que tenia su padre, para hacerle firmar diferentes documentos en perjuicio de su patrimonio; sin embargo este argumento no viene a probar el ardid (secuencia de engaños a efectos inducir en error a la víctima) dentro del hecho, de forma previa o al momento del acuerdo arribado, siendo argumentos subjetivos que no tienen ningún respaldo material que hagan presumir la existencia de una secuencia de engaños a efectos de provocar el error en la víctima, siendo que son actos consentidos y realizados por ambas partes de acuerdo a sus derechos civiles para adquirir derechos y obligaciones.
Es importante hacer mención que de la lectura de la denuncia presentada y realizando un análisis de los hechos, no se advierte que la transferencia del inmueble se hubiera realizado mediante engaños, de igual forma y como ya se mencionó anteriormente, no se observa la existencia del ardid, elemento necesario para que el hecho se adecue al delito de Estafa, debiendo operar en este caso otra vía para exigir los derechos que consideren vulnerados, ya que los hechos denunciados deben cumplir con los elementos constitutivos del tipo penal, empero en el caso que nos ocupa no se ha cumplido con los referidos elementos para adecuar la conducta del querellado al delito de Estafa.
Con relación al delito de engaño a personas incapaces, los hechos descritos en la denuncia no se adecuan al ilícito denunciado, siendo que en primer lugar no se adjunta como prueba indiciaria que acredite que el padre de los denunciantes padecía de alguna enfermedad o deficiencia psíquica, que le hubiera impedido comprender lo que conlleva adquirir un deuda y posteriormente someterse a un proceso ejecutivo, habiendo ya aclarado a la parte objetante que la intervención del Ministerio Público depende si el hecho es perseguible penalmente, dentro del marco de sus principios normativos y en protección a los intereses generales de la sociedad.
Por otro lado, al realizar un análisis de la Resolución objetada se advierte que la misma cuenta con la debida fundamentación, habiéndose pronunciado la Fiscal de Materia de manera clara y precisa a cada aspecto señalado en la querella y haciendo referencia a la normativa legal vigente para respaldar su determinación final, siendo que del análisis aplicado del tipo penal se puede concluir que los hechos NO guardan relación con los delitos denunciados, más aún cuando no se presenta ninguna prueba que acredite tal extremo, ya que de la revisión de la documentación adjunta a la querella, se tiene que se inició un proceso ejecutivo en contra del padre de los denunciantes, donde el Sr. Serafin García Siles se apersono y asumió la defensa correspondiente, inclusive puso en conocimiento que se llego a un acuerdo extrajudicial, firmando en constancia, no evidenciándose que se hubiera perpetrado el ilícito y peor aún la participación de la denunciada. (...) d) Que, se debe tener en cuenta que el Derecho Penal es de última ratio por cuanto rige el principio de subsidiariedad, es decir, que la denunciante, puede acudir a otras instancias menos lesivas para hacer valer el derecho reclamado, siendo que la intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), ya que si bien el Estado protege bienes jurídicos, ello no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deban determinar la intervención del derecho penal.” (sic).
A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por el accionante y los fundamentos de respuesta a los mismos por la Fiscal Departamental hoy accionada, al emitir la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, es pertinente considerar lo señalado conforme a la jurisprudencia citada el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que, toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite, sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes procesales sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que la Fiscal Departamental hoy accionada, al pronunciar la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. precedente, debido a que desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado lo siguiente: 1) En la Resolución Fiscal de 14 de abril de 2023, que desestima la denuncia, la Fiscal de Materia analizó los hechos denunciados y su relación con los delitos que se pretende atribuir, debiéndose considerar que para que los hechos denunciados se adecúen a los delitos, conforme señala el art. 13 del CP, se debe demostrar que el actuar de la hoy tercera interesada fue doloso, que tenía la intención de obtener un beneficio económico mediante engaños y no existe prueba indiciaria que acredite tal extremo, que además no es un hecho en flagrancia para que el Ministerio Público de oficio realice todas las actuaciones por la simple manifestación del querellante -accionante-; razón por la cual, la Fiscal de Materia, aplicó correctamente el art. 55.II de la LOMP, considerando que el hecho no se subsume al delito penal; 2) Cuando se señala que el hecho resulta ser atípico, se refiere a que el mismo carece de tipicidad; requisito imprescindible para poder en primer lugar calificar el hecho a alguno de los delitos establecidos en el Código Penal, la tipicidad, se refiere a la adecuación de la conducta del sujeto a un tipo penal o delito, establecido por ley, en ese sentido se interpreta que la conducta que ejerce el sujeto es aquella que se encuentra prohibida por la norma, donde dicho accionar es reprochable y punible dentro del Derecho Penal; por lo que, si se asume como atípico el hecho, significa que el accionar en el que supuestamente incurrió el individuo no recae dentro de la esfera del Derecho Penal, ni se adecúa en alguno de los tipos penales establecidos en el Código Penal; 3) En el caso que se analiza, el accionante intentó argumentar que el ardid -engaño planificado- se encontraría al momento que la ahora tercera interesada aprovechó la edad avanzada que tenía la víctima, para hacerle firmar diferentes documentos en perjuicio de su patrimonio; sin embargo, dicho argumento no viene a probar el ardid -secuencia de engaños a efectos inducir en error a la víctima- dentro del hecho, de manera previa o al momento del acuerdo arribado, siendo argumentos subjetivos que no tienen ningún respaldo material que hagan presumir la existencia de una secuencia de engaños a efectos de provocar el error en la víctima, siendo que son actos consentidos y realizados por ambas partes de acuerdo a sus derechos civiles para adquirir derechos y obligaciones; 4) Respecto al delito de estafa, de la lectura de la denuncia presentada y realizando un análisis de los hechos, no se advierte que la transferencia del bien inmueble se hubiese realizado mediante engaños, de igual forma y como ya se mencionó anteriormente, no se observa la existencia del ardid: elemento necesario para que el hecho se adecúe al delito de estafa, debiendo operar en ese caso otra vía para exigir los derechos que consideren vulnerados; ya que, los hechos denunciados deben cumplir con los elementos constitutivos del tipo penal; empero, en el caso que nos ocupa no se cumplió con los referidos elementos para adecuar la conducta del querellado al delito de estafa; y, 5) Con relación al delito de engaño a personas incapaces, los hechos descritos en la denuncia no se adecúan al delito denunciado, siendo que en primer lugar no se adjuntó como prueba indiciaria que acredite que la víctima padecía de alguna enfermedad o deficiencia psíquica, que le hubiese impedido comprender lo que conlleva adquirir un deuda y posteriormente someterse a un proceso ejecutivo, aclarando al accionante que la intervención del Ministerio Público depende si el hecho es perseguible penalmente, dentro del marco de sus principios normativos y en protección a los intereses generales de la sociedad. A partir de los fundamentos, se tiene que la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, cuenta con la debida fundamentación y motivación, cumpliendo los parámetros de validez dispuestos por la jurisprudencia constitucional, denotándose a partir de ello, una explicación concreta y un argumento que respalda razonablemente a la referida Resolución Jerárquica, que demuestra de manera suficiente y comprensible la labor intelectiva realizada por la Fiscal Departamental ahora accionada para concluir que no se acreditan los elementos esenciales de los delitos denunciados -estafa y engaño a personas incapaces-, que no existe prueba de dolo, ardid, ni incapacidad de la presunta víctima y que los actos cuestionados fueron consentidos y propios del ámbito civil, no penal, sin evidenciarse los agravios alegados por el recurrente, ni la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, debiéndose denegar la tutela solicitada. En cuanto a la falta de congruencia alegada por el accionante, corresponde puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se tiene que toda resolución debe contener una correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes -se entiende los motivos de agravio expresados en la apelación, la respuesta otorgada por las otras partes y la resolución del inferior que se revisa- y los motivos y fundamentos con los cuales se resuelve la problemática, que deben conformar un todo bajo un análisis y valoración integral de la prueba vinculado al contexto fáctico que deriva en que el dictamen judicial resulte entendible en su totalidad, donde los razonamientos expresados por cualquier autoridad permitan comprender a cabalidad las razones por las que se asumió una determinada decisión, comprensión que puede ser vislumbrada desde el inicio hasta el final del fallo, guardando una lógica y razonada secuencia entre la parte considerativa, la identificación de los agravios, la valoración, la interpretación cabal de las normas y la decisión asumida. En ese marco, y considerando el reclamo formulado por el accionante, respecto a que la Fiscal Departamental hoy accionada, al emitir la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, emitió un fallo incongruente, debido a que uno de los agravios planteados no fue respondido ni motivado, específicamente, el punto referido a que el Ministerio Público no puede desestimar una denuncia por falta de elementos de convicción sin una investigación previa; se tiene que la Fiscal Departamental hoy accionada, respondió a ese punto de agravio formulado por el accionante, relacionándolo con los elementos de prueba aportados, la situación fáctica concreta y la aplicación de la normativa correspondiente -arts. 13 del CP y 55.II de la LOMP-, concluyendo que no se acreditaron los elementos esenciales de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, que no existe prueba de dolo, ardid, ni incapacidad de la presunta víctima y que los actos cuestionados fueron consentidos y propios del ámbito civil, y no así en el ámbito penal, correspondiendo también denegar la tutela solicitada sobre ese punto. En cuanto a la valoración de la prueba, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que esta jurisdicción se encuentra impedida de ingresar a valorar la prueba por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en esa labor las autoridades: i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, claro está que, además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que su incumplimiento ocasionó la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales a la víctima; lo que se traduce en relevancia constitucional; supuestos que constituyen excepciones a la regla alegada; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, esa competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esa tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material; empero, en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En ese entendido, y ratificando los razonamientos y análisis ya efectuados precedentemente sobre la fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, en directa vinculación consecuencial de la valoración probatoria, se advierte que en el caso concreto, el accionante denuncia que la Fiscal Departamental hoy accionada no consideró las observaciones que hizo respecto a la prueba consistente en documentación que evidenciaría el aprovechamiento doloso de la avanzada edad y el deteriorado estado de salud de la víctima como persona adulta mayor para la disposición perjudicial de su patrimonio; y en torno a ello, se tiene que en la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, la Fiscal Departamental hoy accionada, sostuvo que: “…no se adjunta como prueba indiciaria que acredite que el padre de los denunciantes padecía de alguna enfermedad o deficiencia psíquica, que le hubiera impedido comprender lo que conlleva adquirir un deuda y posteriormente someterse a un proceso ejecutivo, habiendo ya aclarado a la parte objetante que la intervención del Ministerio Público depende si el hecho es perseguible penalmente, dentro del marco de sus principios normativos y en protección a los intereses generales de la sociedad” (sic); de lo cual, se advierte que sí se otorgó un valor a la prueba extrañada; empero, fue en contraposición al argumento mencionado, lo que responde a una valoración de la situación fáctica y sus elementos, configurando la motivación del fallo, conforme se analizó precedentemente. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a ese punto. Finalmente, con relación a la denuncia del accionante de vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad y a la “Protección Del Adulto Mayor”, no se advierte de manera fehaciente que los mismos fueron vulnerados; por cuanto, de lo desarrollado precedentemente, se tiene que el nombrado se encuentra ejerciendo sus derechos activando una serie de mecanismos para su resguardo; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 77/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 432 a 444, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0015_2026-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 217dc0a06e22a72e4093ac3573534e54e7583af75467534a42901f53660e5a4c
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