B.IA.LEGAL

SCP 0014/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
48432-2022-97-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos del principio de legalidad, derecho a la defensa y debida fundamentación; toda vez que: i) El Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio 338/2021 de 23 de diciembre, dispuso su detención preventiva sin fundamentar la existencia de elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría; tal es así que ni siquiera se precisa cuál es la acción u omisión que se le imputa y si está siendo procesada en calidad de Concejal o ex Alcaldesa interina; asimismo, en cuanto al riesgo de fuga, alega la existencia de peligro para la denunciante Valeria Rodríguez, siendo que la misma no tiene calidad de tal ni de víctima; y, respecto al riesgo de obstaculización previsto en art. 235.1.2 del CPP, no se lo fundamenta en ningún elemento objetivo, sino, por el contrario, en apreciaciones subjetivas; y, ii) El Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 7/2022 de 31 de enero, si bien modificó los riesgos procesales, empero incurrió en los mismos defectos de fundamentación y motivación respecto a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales en los que incurrió el Juez aquo.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 108 a 110 vta.; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la motivación sobre la probabilidad de autoría y el riesgo de obstaculización previsto en los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 7/2022 “no consigna fecha”, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. b) Que el Vocal demandado o quien ejerza el cargo señalado, emita un nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica de la imputada no haya sido modificada.

3° DENEGAR la tutela respecto al riesgo de fuga previsto en el numeral 7 del art. 234 del CPP, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones
  3. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0014/2026-S3 Sucre, 6 de febrero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 48432-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 108 a 110 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jerjes Enrique Justiniano Atalá en representación sin mandato de Angélica Sosa Arreaza de Perovic contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de junio de 2022, cursante de fs. 102 a 104 vta., la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados en los arts. 221, 224, 154 y 146 del Código Penal (CP), modificado por la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, en la audiencia de medidas cautelares personales celebrada el 23 de diciembre de 2021, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, de la capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 338/2021, dispuso su detención preventiva al considerar que concurrían los requisitos de probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, así como los riesgos de obstaculización establecidos en el art. 235.1 y 2 del mismo Código. Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Vocal demandado, quien igualmente consideró que concurrían la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, empero amplió el plazo a ciento ochenta días de los ciento veinte que había dispuesto el Juez aquo. Tanto en la audiencia cautelar como en la de consideración de la apelación se fundamentó que no existían elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría, ya que inclusive existía una confusión de términos, puesto que no era lo mismo tener una relación a través de un ítem que a través de un contrato; y que no existía precisión de cuál era la acción u omisión que se le atribuía, pues no se sabía si estaba siendo “juzgada” (sic) -se entiende- por su calidad de Concejal o de ex Alcaldesa interina, aspecto que ninguna de las autoridades demandadas fundamentó adecuadamente, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso y en su vertiente de derecho a la defensa.

Sucedió lo mismo respecto de la fundamentación sobre los riesgos procesales, dado que se consideró la existencia de peligro para la denunciante Valeria Rodríguez, siendo que dicha persona no forma parte en este proceso ni como víctima ni como denunciante. La fundamentación sobre los riesgos de obstaculización previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP es totalmente subjetivos e ilegales, ya que no se expone ni un solo elemento objetivo que determine su existencia de los mismos; con lo cual se vulnera el debido proceso en su vertiente de principio de legalidad, puesto que está prohibido basar la existencia del riesgo en meras suposiciones subjetivas y personales; asimismo, se vulnera el derecho a la defensa, puesto que, al ser la base de la detención preventiva la suposición del Juez y del Vocal, resulta imposible desvirtuar los riesgos procesales, ya que habría que ingresar a la mentalidad subjetiva del Juez; y, finalmente, se vulnera el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, dado que la fundamentación expuesta no considera que los arts. 234 y 235 -se entiende del CPP- establecen la prohibición de realizar apreciaciones subjetivas; y, al no haberse procedido conforme a lo dispuesto en las citadas normas legales, dicha fundamentación se torna incongruente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de principio de legalidad, derecho a la defensa y fundamentación, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, se deje sin efecto el Auto de Vista de 31 de enero de 2022 y se dicte uno nuevo conforme a derecho.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia el 14 de junio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 108 a 110 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El representante de la accionante, no asistió al inicio de audiencia, no obstante, su notificación que cursa a fs. 107.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación que cursa a fs. 106.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Auto 12/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 108 a 110 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de garantías, una vez que examinó el memorial de acción de libertad determinó; que la acción tutelar está relacionada a actos procesales realizados por el Juez aquo y el Vocal, por el cual al no haber observado los lineamientos que hace referencia los arts. 301 y 233 del CPP, determina si bien existe la motivación y fundamentación que hace referencia en el reclamo, que las actuaciones no son conforme al hecho, por cuanto las circunstancias de la acción de defensa que instauró, la accionante debería activar a través de la acción de amparo constitucional, dado que esta acción versa contra actos u omisiones ilegales o indebidos que emitan los servidores públicos; y, b) Ciertamente existen omisiones y, probablemente, ilegalidades y actos omisivos por parte del Juez contralor, ya que este tenía el deber y la responsabilidad de advertir si no existía vulneración a los derechos fundamentales; debió analizarse íntegramente la imputación formal y establecer con claridad si los hechos se adecuan o no al tipo penal que se imputa, conforme determina el art. 302 del CPP; y, respecto de la autoría y de los riesgos de fuga y obstaculización, ciertamente es posible que existan actos que no hayan sido realizados con un razonamiento jurídico, que estos se extrapongan o extralimiten inclusive, llegando a emitirse una resolución confusa y subjetiva, que no le permite a la accionante solicitar la cesación a la detención preventiva con base en estas subjetividades; sin embargo, este Tribunal considera que estas omisiones deben ser reparadas a través de la acción de amparo constitucional. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, cursante de fs. 109 vta. a 110 vta., la defensa de la accionante solicitó que: 1) Si no se ingresó al fondo, por cuanto en su criterio debía activarse una acción de amparo constitucional y no una acción de libertad, se debía indicar expresamente que no se ingresó al fondo y declarar improcedente, pero no denegar, ya que ello significaría negarle el derecho que tiene para acceder a la tutela, ante una presunta vulneración de sus derechos, lo cual pide que se complemente; y, 2) que se complemente sobre el alcance del procesamiento indebido al que se refiere el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que procede la acción de libertad cuando se presume que una persona está indebidamente procesada, lo que implica la omisión en el cumplimiento de la norma o la aplicación indebida de la misma, siendo que la acción de libertad es más específica que la acción de amparo constitucional. Respondiendo el Juez de Garantías, dispone corregir -se entiende la parte resolutiva- señalando que se declara no ha lugar a la tutela solicitada, toda vez que los derechos deben ser reivindicados. Con relación a la aplicación del art. 125 de la CPE, el accionante manifiesta que los argumentos para su privación de libertad son incongruentes, irracionales, falsos y amparados en expresiones ilegales y subjetivas; es decir, en ningún momento señala que se le habría vulnerado su derecho a la libertad, razón por la cual, la acción de amparo constitucional constituye la vía destinada a restablecer los derechos fundamentales vulnerados del accionante, que no son lo mismo que el procesamiento indebido, dado que, en este caso, existe una imputación formal presentada por el Ministerio Público, existe una autoridad jurisdiccional que hace de contralor y, finalmente, el tribunal de alzada, por lo que no existe procesamiento indebido.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Así mismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio pronunciado en audiencia del 23 de diciembre del 2021, mediante el cual el Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de la imputada Angélica Sosa Arreaza de Perovic, por la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga previsto por el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP; y, el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 del CPP (fs. 30 vta. a 35 vta. y 44 a 47). II.2. Cursa Auto de Vista de 31 de enero de 2022, mediante el cual Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó parcialmente el Auto de 22 de diciembre de 2021, en lo que respecta al tipo penal de contratos lesivos al Estado, que se incluye para ser investigado por el Ministerio Público; y se rechazó respecto a los riesgos procesales de los arts. 234.3 y 235.4 del CPP, modificado por la Ley 1173; asimismo, se tiene por enervado el riesgo procesal de la vertiente trabajo en cuanto a los arts. 234.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173, manteniéndose latentes los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173 (fs. 97 a 101).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos del principio de legalidad, derecho a la defensa y debida fundamentación; toda vez que: i) El Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio 338/2021 de 23 de diciembre, dispuso su detención preventiva sin fundamentar la existencia de elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría; tal es así que ni siquiera se precisa cuál es la acción u omisión que se le imputa y si está siendo procesada en calidad de Concejal o ex Alcaldesa interina; asimismo, en cuanto al riesgo de fuga, alega la existencia de peligro para la denunciante Valeria Rodríguez, siendo que la misma no tiene calidad de tal ni de víctima; y, respecto al riesgo de obstaculización previsto en art. 235.1.2 del CPP, no se lo fundamenta en ningún elemento objetivo, sino, por el contrario, en apreciaciones subjetivas; y, ii) El Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 7/2022 de 31 de enero, si bien modificó los riesgos procesales, empero incurrió en los mismos defectos de fundamentación y motivación respecto a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales en los que incurrió el Juez aquo.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el Juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al Juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el Juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].

III.2. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones

Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como “el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el Juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras.

Este entendimiento ha sido extraído de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de principio de legalidad, derecho a la defensa y fundamentación; toda vez que: a) El Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio 338/2021 de 23 de diciembre, dispuso su detención preventiva sin fundamentar sobre la existencia elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría, tal es así que ni siquiera se precisa cual es la acción u omisión que se le imputa y si está siendo procesada en calidad de Concejal o ex alcaldesa interina; asimismo en cuanto al riesgo de fuga alega la existencia de peligro para denunciante Valeria Rodríguez siendo que la misma no tiene calidad de tal ni de victima; y, en cuanto al riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.1 y 2 del CPP, no se la fundamenta en ningún elemento objetivo sino por el contrario en apreciaciones subjetivas; y, b) El Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 7/2022 de 31 de enero, si bien modificó los riesgos procesales, empero incurrió en los mismos defectos de fundamentación y motivación sobre la probabilidad de autoría y los riesgos procesales en las que incurrió el Juez aquo. Con relación al Juez demandado, en mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, esta Sala no examinará las denuncias formuladas contra la autoridad judicial de primera instancia, puesto que las eventuales vulneraciones en las que pudo haber incurrido la misma pueden ser reparadas por el Tribunal de apelación; razón por la cual corresponde denegar la tutela respecto a dicha autoridad. Con relación al Vocal demandado. La accionante denuncia que el Vocal demandado, no habría fundamentado debidamente sobre la concurrencia del requisito de probabilidad de autoría, en el Auto de Vista impugnado, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 7/2022 de 31 de enero, resolviendo los recursos de apelación interpuestos contra el Auto Interlocutorio 338/2021 de 23 de diciembre, que dispuso la detención preventiva de la peticionante de tutela, expone los siguientes fundamentos: 1) El Juez de la causa no ha realizado una correcta valoración de todos los elementos de prueba para sostener que la conducta de la imputada se subsume al tipo penal de contratos lesivos al Estado, porque quien paga es la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, cuyos recursos provienen de las arcas del Estado; por lo que se debe revocar -se entiende del aquo- en este sentido, señalando que la imputada -se entiende que encuadra su conducta- dentro del tipo penal de contrato lesivo al Estado; por lo tanto, considera que se debe incluir como tipo penal el delito de contrato lesivo al Estado; 2) Con relación al delito de uso indebido de influencias previsto en el art. 146 del CP, en el caso presente se puede observar únicamente que se ha efectuado una transcripción del citado artículo; y, al no encontrarse fundamentado en la imputación formal, la imputada iría en desventaja sin conocer por qué se considera que se le atribuye ese hecho; y, al no existir argumentación, al no haberse tomado en cuenta este tipo penal por parte del Juez de la causa, lo ha hecho correctamente, precautelando el principio de legalidad y el derecho a la defensa que le garantiza a la imputada; 3) Respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.3 del CPP, que ha sido invocado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el mismo no fue objeto de debate ante la autoridad jurisdiccional, ya que para el Ministerio Público no existía este riesgo procesal y, menos aún, puede ser incluido en esta audiencia de apelación en perjuicio de la parte imputada; por lo que la autoridad jurisdiccional, aun con otro fundamento, ha obrado correctamente; 4) Respecto al riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.4 del CPP, de acuerdo con la imputación formal, para el Ministerio Público únicamente concurren los riesgos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del citado artículo, modificado por la Ley 1173; por lo cual el señalado riesgo procesal no fue objeto de discusión por parte de la autoridad jurisdiccional ni de las partes procesales, y tampoco fue invocado por el Ministerio Público al momento de la imputación formal; 5) Respecto a la apelación de la imputada Angélica Sosa Arreaza de Perovic, en la que se denuncia que se cometió una fundamentación incongruente en cuanto al delito de conducta antieconómica, se puede determinar que ello obedece a una mala dirección técnica, lo cual debe ser considerado como un error involuntario; y, dado que la jurisprudencia prohíbe anular la resolución del Juez por un error en la fundamentación, en segunda instancia se subsana considerando que la conducta antieconómica es un delito de carácter doloso; además, se debe tener en cuenta que, para la dirección técnica, ello debe responder a una mala administración de quien se encuentra a la cabeza de cualquier institución del Estado, por lo que, como máxima autoridad ejecutiva, debe velar por los recursos económicos que finalmente deben traducirse en salud, educación, calles y caminos; por lo que se evidenció una fundamentación incongruente por parte de la autoridad jurisdiccional, la cual se subsana en los términos manifestados, en el sentido de que se está frente a un delito de contenido doloso, derivado de una mala administración, manteniéndose en lo demás lo indicado; además, el delito de conducta antieconómica está corroborado por los mismos elementos probatorios y otros elementos, como el memorándum de designación, los contratos y la declaración del testigo “CLLS” (sic), quien hace constar que, en realidad, se han emitido contratos para que cumplan una función, pero, lejos de cumplirla, se realizaban funciones diferentes, y esa función que cumplían no beneficiaba al Estado como tal, es decir, a la Alcaldía Municipal no le beneficiaba, porque sencillamente se les manifestó que realizarían campaña, pero quien iba a pagar eran los ciudadanos a través de la Alcaldía Municipal; 6) Respecto al tiempo de detención preventiva, no se trata de una ampliación sino de un agravio expuesto por el Ministerio Público, la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, la Procuraduría General del Estado y el Diputado Rolando Cuéllar, respecto a la necesidad de la extradición de Antonio Guillermo Parada y que dicha extradición de ambos imputados, desde diferentes países, amerita que se demore; además, la investigación debe continuar, ya que a partir de los extraditados se generarán actos de investigación; por lo que resulta prudente considerar que la detención preventiva de la imputada Angélica Sosa Arreaza de Perovic sea por el plazo de ciento ochenta días, a fin de realizar actos investigativos a partir de la declaración de ambos imputados; 7) Con relación al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.3 del CPP, modificado por la Ley 1173, no se ha presentado prueba respecto a que exista una denuncia de un fiscal, Juez o funcionario que haya sido amenazado o influenciado negativamente para favorecer a la imputada; por lo que este riesgo no puede ser activado sobre la base de conjeturas, como creer que, porque existe una cantidad de personas concentradas realizando manifestaciones con pancartas y cohetes, se esté influenciando o amenazando, siendo que las conjeturas o suposiciones se hallan vetadas por la última parte del art. 235 última parte; 8) Con relación al riesgo previsto por el art. 235 del CPP, modificado por la Ley 1173, el mismo no puede ser establecido con base en simples presunciones, pues este riesgo no puede ser activado alegando que se trataba de una persona trabajadora del hogar, cuando en realidad no lo era; por lo que se considera que este peligro de obstaculización no puede ser incorporado en razón de que no existe prueba; 9) Con relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, por toda la documentación presentada se hace constar que la imputada es de profesión arquitecta y que prestaba servicios profesionales a la Empresa Constructora Lusiana S.R.L.; por lo que se considera enervada la vertiente de trabajo y se tiene desvirtuado el art. 234.1 del CPP, modificado por la Ley 1173; 10) Con relación al riesgo previsto en el art. 234.2 del CPP, modificado por la Ley 1173, resulta cierto lo manifestado por el abogado de la parte imputada cuando señala que el art. 234.1 del CPP no debería estar vinculado únicamente a un arraigo natural; empero, si el Juez de la causa así no lo consignó y las partes tampoco lo expresaron como agravio, no se puede efectuar una reforma en perjuicio; por lo que el Ministerio Público estuvo de acuerdo, al igual que cada uno de los apelantes, en que se haya establecido como arraigo natural; por lo que se tiene por enervado el riesgo procesal del art. 234.2 del CPP, modificado por la Ley 1173; 11) Con relación al riesgo previsto por el art. 234.7 del CPP, el Ministerio Público hace referencia al peligro para la denunciante, siendo de conocimiento público que la denunciante -Valeria Rodríguez- expresó que fue amenazada y que sufrió amenazas por parte de la imputada, y que, después de esa amenaza, se habría producido un chantaje que se asimila a una extorsión por parte de la imputada, lo que permite activar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; y, en el hecho de que ya se haya revelado la identidad de la denunciante, la amenaza puede ser más susceptible, así como la extorsión, puesto que lo que se busca es proteger a una persona, en este caso a la denunciante, en razón a que la misma tiene que concurrir como testigo a la audiencia de juicio si se llega posteriormente a esa etapa; por lo que considera que concurre el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, modificado por la Ley 1173; 12) Con relación al art. 235.2 del CPP, este riesgo fue activado por el Juez de la causa, sosteniendo que la imputada puede influenciar en contra de los partícipes Antonio Parada Vaca y Guillermo Parada Vaca, y de los testigos que han sido referidos, también en razón a la identificación de la firma en el documento; y, si bien es cierto que el Juez ha omitido señalar cómo puede influenciar la imputada, considera que esta influencia se puede dar en la medida en que, estando presentes los imputados Antonio Parada Vaca y Guillermo Parada Vaca, puedan ser objeto de influencia para que favorezcan a la imputada; y lo mismo sucede con relación a los testigos citados, ya que se está resguardando su calidad de testigos en los documentos que van a presentar como prueba; y, si bien la fundamentación del Juez es escasa, resulta admisible en la medida en que una influencia negativa pueda ser ejercida por parte de la imputada, pudiendo esto cambiar el testimonio para que informen falsamente o se comporten de manera reticente, por lo que se advierte la necesidad de mantener activo el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, modificado por la Ley 1173. Ahora bien, con relación a la probabilidad de autoría, respecto al reclamo sobre la imprecisión de los hechos que se le atribuyen, en el Auto de Vista impugnado, respecto al delito de contratos lesivos al Estado, no se precisan las circunstancias de tiempo ni el cargo que ocupaba la accionante en el momento del hecho; y, con relación al delito de conducta antieconómica, no se precisan las circunstancias de los hechos del referido tipo penal, puesto que, en lo que atañe a las funciones que ocupaba, se hace alusión al cargo que desempeñaba en el momento de los hechos, sin otra precisión, sin que la corrección sobre la forma comisiva dolosa subsane las imprecisiones observadas por la peticionante de tutela y la existencia de elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría, puesto que esta solo es posible establecerla en función de los hechos imputados provisionalmente calificados; advirtiéndose, en consecuencia, motivación arbitraria que vulnera el derecho al debido proceso.

En lo que concierne al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, la imputada, hoy accionante, señala que no se habría fundamentado debidamente dicho riesgo procesal, al alegarse que existía peligro para la denunciante Valeria Rodríguez, cuando la misma no tiene la calidad de tal, máxime si la denunciante no es parte del proceso.

De la revisión del Auto de Vista impugnado, esta Sala considera que la concurrencia del referido criterio de riesgo de fuga, aun cuando de forma escueta, se halla suficientemente motivada, puesto que se advierte que, en principio, la identidad de la denunciante Valeria Rodríguez estaba mantenida en reserva -ya que habría ingresado al “sistema de protección de testigos”, como lo refiere el propio abogado de la defensa-; y que, habiéndose hecho públicas las denuncias de amenaza de muerte que habría recibido por parte de la imputada y, posteriormente, un chantaje, al haberse revelado su identidad se incrementaría el riesgo de la amenaza, concluyendo con la necesidad de preservar su eventual futuro testimonio; por lo que, con relación a este aspecto, no se advierte motivación arbitraria, puesto que el art. 234.7 establece como criterio para determinar la existencia del riesgo de fuga “el peligro efectivo para la sociedad, o para la víctima o el denunciante”; y, toda vez que Valeria Rodríguez tendría la calidad de denunciante, condición que se encontraba reservada, era posible dar por concurrido este riesgo procesal, en el marco de lo dispuesto en la norma legal precitada.

Respecto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, de la revisión del contenido del Auto de Vista hoy impugnado, se advierte que, efectivamente, el Vocal demandado ha determinado su concurrencia a partir de meras suposiciones, sin hacer referencia al comportamiento concreto que habría asumido la imputada, a partir del cual sea posible inferir que pueda hacer desaparecer documentación que se encuentra en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y en qué medida la accionante se encuentra en mejores condiciones que los órganos de persecución penal para evitar que estos preserven dicha documentación y, por el contrario, presumir que hará desaparecer documentación pública cursante en archivos públicos; consiguientemente, resulta evidente que la justificación sobre este riesgo procesal estriba en meras suposiciones, lo cual implica una motivación arbitraria que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación.

Finalmente, con relación al riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, el Juez aquo lo dio por acreditado alegando que la imputada puede influenciar a los imputados Antonio Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca y a los testigos, mencionándose al personal médico sin contratos, referido a Daniel Juchasara y otros; el Vocal accionado advierte que el Juez de primera instancia omitió señalar cómo puede influenciar la imputada, ni de qué manera; y, posteriormente, asevera que dicha influencia se puede dar en la medida en que, estando presentes los imputados Antonio Parada Vaca y Guillermo Parada Vaca, estos puedan ser objeto de influencia para que favorezcan a la imputada; lo mismo sucede con relación a los otros testigos que se citan, respecto de los cuales se resguardarán los documentos que serán utilizados como prueba; y concluye que, si bien existe escaso fundamento, empero resulta admisible en la medida en que una influencia negativa pueda ser ejercida por la imputada para hacer cambiar el testimonio o para que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Como se advierte, la complementación argumentativa efectuada por el Vocal accionado, sobre la concurrencia de este riesgo procesal, resulta igualmente meramente especulativa, ya que no hace alusión al comportamiento de la imputada a partir del cual sea posible inferir que la misma pueda influir sobre los otros imputados y los testigos, razón por la cual también se advierte motivación arbitraria.

En consecuencia, la Jueza del Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 108 a 110 vta.; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la motivación sobre la probabilidad de autoría y el riesgo de obstaculización previsto en los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 7/2022 “no consigna fecha”, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. b) Que el Vocal demandado o quien ejerza el cargo señalado, emita un nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica de la imputada no haya sido modificada.

3° DENEGAR la tutela respecto al riesgo de fuga previsto en el numeral 7 del art. 234 del CPP, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0014_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): fa0a3dabf813b212ee7206e1b7acb0a8930dcc5d8cd0a99cf6681e9f0cffe8ca

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