Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes fundamentación motivación y congruencia, a la defensa; y, al trabajo, puesto que: a) La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio 630/2022, concedió parcialmente su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, disponiendo su “detención domiciliaria permanente” (sic) y la presentación de dos garantes; basando su decisión en que el acusado habría cometido un nuevo delito doloso y se habrían agravado los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga por actividad delictiva reiterada; Resolución que fue apelada; y, b) La Vocal codemandada, mediante el Auto de Vista 200/2022-SP1, confirmó la decisión de la Jueza a quo, sin realizar una debida fundamentación, motivación en su decisión, siendo además incongruente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y la tutela judicial efectiva, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:
i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 200/2022-SP1 de 17 de agosto, de acuerdo con los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, ii) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante.
3º Llamar la atención a Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, que se constituyó en Juez de garantías, por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Exhortar al Juez de garantías, a cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que servirán de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal, a efectos de que se pueda asumir una debida convicción de los hechos. 5° DENEGAR respecto a los derechos a la libertad, a la defensa y al trabajo, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2026-S3 Sucre, 5 de febrero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50159-2022-101-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 02/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erle Vargas Carreño contra Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del citado departamento.
Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de 15 a 20, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estelionato con agravante de víctimas múltiples, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 401502012102584, en audiencia de medidas cautelares le fue impuesta la detención domiciliaria. Ante dicha determinación, la víctima, solicitó a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, la revocatoria de su detención domiciliaria, argumentando la existencia del inicio de una nueva causa en su contra -junto a Dennis Vargas Carreño- por los delitos de estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples; además que incumplió la detención domiciliaria impuesta; petición, que fue resuelta a través del Auto Interlocutorio 630/2022 de 4 de agosto; por el que, se concedió en parte la revocatoria de medidas cautelares, disponiendo su “detención domiciliaria permanente” (sic) y la imposición de dos garantes;
decisión asumida bajo el fundamento que la comisión de un "nuevo delito doloso" agravaba los riesgos procesales de fuga conforme a lo previsto por el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la concurrencia de los núms. 1 y 2 del art. 233 del citado Código. En desacuerdo con dicha Resolución, formuló recurso de apelación incidental en la misma audiencia, que fundamentado en alzada, fue resuelto por la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, a través del Auto de Vista 200/2022-SP1 de 17 de agosto; por el que, dicha autoridad declaró la improcedencia de su recurso, confirmando el fallo impugnado, con base en los siguientes razonamientos: a) El inicio de un "nuevo proceso penal doloso" contra el apelante acreditó la existencia de actividad delictiva reiterada, circunstancia que también validó la aplicación de los riesgos procesales vinculados a la fuga, de acuerdo los arts. 233.1 y 233.2 del CPP, que refieren la probabilidad de que el imputado no se someta al proceso o afronte una posible pena; asimismo que, si el hecho era o no reciente, no fue objeto de discusión en audiencia, sino solo la consideración de la concurrencia del peligro de fuga; y, b) Lo aludido respecto al derecho al trabajo, no fue un tema de discusión planteado por la parte acusada en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares en primera instancia; por lo cual, no lo consideró materia de pronunciamiento.
El Auto de Vista cuestionado, incurrió en los siguientes defectos: 1) Las autoridades demandadas -en ambas resoluciones impugnadas- no respondieron sus postulaciones ni fundamentaron la decisión de detención domiciliaria permanente, especialmente en lo referido a la exigencia de prueba idónea sobre la comisión de un nuevo delito posterior a la resolución inicial; 2) Las resoluciones fueron arbitrarias al asumir la existencia de un riesgo procesal de fuga con un nuevo proceso penal basado en hechos de 2017, de manera que, no fueron fundamentados sus argumentos de defensa consistentes en que los hechos se produjeron con anterioridad -de conformidad al art. 234.6 del CPP- y que la modificación de medidas cautelares dependía únicamente de hechos sobrevinientes; asimismo que, no hay posibilidad de detención domiciliaria permanente; 3) Consideró que la detención domiciliaria "permanente" es una restricción ilegal e indebida de su libertad, no prevista por ley; y, 4) Demostró su actividad económica empresarial, situación que no fue desvirtuada, motivo por el que, no podía agravarse su situación mediante la detención domiciliaria permanente, que difícilmente podría discutirse.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes fundamentación motivación y congruencia, a la defensa; y, al trabajo, citando al efecto los arts. 23.I, 46, 115.I y II; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: i) Se deje sin efecto el Auto de Vista 200/2022-SP1, emitido por Eve Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, así como el Auto Interlocutorio 630/2022, pronunciado por Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del citado departamento; ii) Se emita nueva determinación sobre la pretensión de revocatoria de medidas cautelares solicitada por la parte víctima, considerando los fundamentos expuestos por la resolución a emitirse; y, iii) Se sancione en costas y costos a las autoridades demandadas.
Celebrada la audiencia pública de 2 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 25 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de defensa y ampliándolos manifestó que: a) Se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de indebido procesamiento, bajo el razonamiento que al haber incurrido en la comisión de un nuevo delito correspondía la revocatoria de medidas cautelares, sin considerar que se trataba de un proceso anterior a la emisión del Auto Interlocutorio 130/2022, de imposición de medidas cautelares donde se dispuso su detención domiciliaria con vigilancia esporádica; b) Si bien el Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo- reconoce la detención domiciliaria como una medida cautelar de carácter personal, consignando la vigilancia permanente; sin embargo, el legislador jamás instituyó la categoría de “detención domiciliaria permanente”; por lo que, dicha declaración no se encuentra en el catálogo procesal; además que, dicha imposición también vulneró su derecho al trabajo; y, c) El hecho que el imputado tenga un nuevo proceso por hechos anteriores al presente, no puede agravar su situación jurídica; ya que, ello vulnera el debido proceso. 1.2.2. Informe de la autoridad demandada
Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 23 a 24, y en audiencia, señaló que: 1) No existía procesamiento indebido del accionante; ya que, el nombrado estuvo ejerciendo su derecho a la defensa y se hallaba gozando de su libertad; 2) Tampoco era evidente que hubiese omitido dar respuesta a los argumentos presentados por el impetrante de tutela; ya que, fueron tomados en cuenta en el Auto de Vista 200/2022-SP1, además no era posible considerar el petitorio del impetrante de tutela debido a que no se podía dejar sin efecto dos resoluciones; 3) En cuanto a que estuviera limitado el derecho a la libertad de locomoción del nombrado; ello, no es cierto porque se encuentra ejerciendo el referido derecho; 4) El Código de Procedimiento Penal reconoce la detención domiciliaria con vigilancia “permanente”; por ello, no hubo un procesamiento indebido; y, 5) El Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada, se encontraba debidamente fundamentado y motivado a partir del análisis de la documentación presentada, bajo esos antecedentes, dicha determinación también se enmarca a ese fundamento; por lo que, la pretensión del impetrante de tutela debe ser denegada, y sea con costas.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que, la Jueza demandada, en el plazo de veinticuatro horas, fije audiencia a fines de considerar lo preceptuado en el art. 247 del CPP, y bajo una fundamentación adecuada y de subsunción, otorgue una medida más razonable para el accionante, de acuerdo a los alcances del art. 231 bis.I del citado Código; toda vez que, la terminología de permanente no se halla instituida en dicha normativa, bajo lo previsto por el art. 46.I.1 de la CPE. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la dilucidación de la revocatoria de medidas cautelares contra el impetrante de tutela, y que la Jueza demandada hubiese aplicado el art. 234 del citado Código, vinculante al art. 231 bis.I del mismo Código, relativo al peligro de fuga, que debía ser enervado en aquel momento procesal, se tiene que la detención domiciliaria “permanente”, no se halla instituida en el art. 231 bis.I del Código Adjetivo Penal, conforme lo establecido por el art. 11 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el cual refiere que de disponerse la detención domiciliaria en su propio domicilio, se tiene que establecer si es con vigilancia esporádica o en todo caso permanente o inclusive informar al funcionario policial cada fin de semana; ii) En cuanto a la detención domiciliaria del accionante y si dicha medida cautelar tiene vinculación con el art. 46.I de la CPE, al haberse concedido la aplicación de medidas de carácter personal, se entiende que el nombrado se encuentra con detención domiciliaria, al margen de la imposición de dos garantes; por ello, considerando que el citado artículo, refiere que no está estipulada la detención domiciliaria “permanente”; por ello, se le restringió el derecho al trabajo; aspecto que debió ser considerado por la autoridad de alzada y dar a conocer a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del citado departamento, para que actúe dentro del marco constitucional, debiendo revisar las fundamentaciones así como las resoluciones que vaya a emitir en circunstancias de realizarse la revocatoria de medidas cautelares; y, iii) Si bien devendría la emisión de un nuevo Auto de Vista; empero, por tratarse de una instancia incidental de recurso, correspondería su conclusión e inmediatez de la acción y la reparación por la Jueza de la causa en cuanto a su reparación y enmienda advertida por el Tribunal de alzada.
En atención al Oficio ST-TCP N° 002/2026 de 15 de enero y Nota de 28 de febrero de 2025 -de solicitud de suspensión de plazo-, por Decreto Constitucional de 16 de enero de 2026, cursante a fs. 1, se dispuso dar curso a dicha solicitud a objeto de recabar información complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 30 del citado mes y año, cursante a fs. 45; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. De acuerdo al memorial de la presente acción de libertad, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de estelionato con la agravante de víctimas múltiples, en audiencia de revocatoria de medidas personales de carácter personal de 4 de agosto de 2022, por Auto Interlocutorio 630/2022 de la indicada fecha, Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, concedió en parte la revocatoria de medidas cautelares solicitada por las víctimas, disponiendo la detención domiciliaria permanente del impetrante de tutela y la imposición de presentación de dos garantes, argumentando la existencia de nuevos riesgos procesales por la presentación de una nueva denuncia contra el solicitante de tutela, conforme la denuncia presentada por los querellantes Elvia Pamela Roque Carreño y otro, con aviso de inicio de investigaciones al “órgano cautelar”. Contra dicha decisión, el solicitante de tutela formuló recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP (fs. 15 a 20). II.2. Según acta de consideración y Resolución de la presente acción tutelar; se tiene que, el Juez de garantías, en inmediación de los actuados procesales remitidos a su consideración, evidenció que, mediante Auto de Vista 200/2022-SP1 de 17 de agosto, emitido por Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 630/2022, confirmando en su integridad la Resolución referida en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares impuestas en la misma (fs. 25 a 28).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes fundamentación motivación y congruencia, a la defensa; y, al trabajo, puesto que: a) La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio 630/2022, concedió parcialmente su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, disponiendo su “detención domiciliaria permanente” (sic) y la presentación de dos garantes; basando su decisión en que el acusado habría cometido un nuevo delito doloso y se habrían agravado los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga por actividad delictiva reiterada; Resolución que fue apelada; y, b) La Vocal codemandada, mediante el Auto de Vista 200/2022-SP1, confirmó la decisión de la Jueza a quo, sin realizar una debida fundamentación, motivación en su decisión, siendo además incongruente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido). Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido]. Finalmente, si bien es cierto que la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero moduló la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 estableciendo que únicamente es posible conceder la tutela ante una arbitraria o insuficiente fundamentación, disponiendo la nulidad de la resolución impugnada y la emisión de una nueva, previa análisis de la relevancia constitucional; sin embargo, la SCP 0353/2018-S2 18 de julio de 2018 estableció que esa modulación no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de la detención preventiva; en dicho fallo constitucional se señala:
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
Previamente a delimitar la problemática planteada por el accionante, radicada en la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto Interlocutorio 630/2022 de 4 de agosto de 2022, corresponde precisar inicialmente, que si bien se dirigió la presente acción tutelar contra Eve Mamani Roldán Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del mismo departamento, en razón a que a su turno, dichas autoridades emitieron dos Resoluciones -Auto Interlocutorio 630/2022 y Auto de Vista 200/2022-SP1, que el impetrante de tutela considera lesivas a sus derechos fundamentales; sin embargo, en virtud de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, el presente análisis se desarrollará en función a la actuación desarrollada por la Vocal demandada, quien emitió el último fallo dictado en instancia de apelación y que es la autoridad competente para en su caso subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteadas respecto a la autoridad judicial de instancia.
Ahora bien, corresponde señalar, en primer término, que el presente análisis constitucional se desarrollará a partir de los antecedentes remitidos a este Tribunal, teniéndose como verosímiles los hechos expuestos por el Juez de garantías; ello en virtud del principio de inmediación que rige las acciones de defensa; puesto que, la labor del juez o tribunal de garantías, se funda en la compulsa de los antecedentes procesales y en la valoración de las circunstancias manifestadas por las partes, advertidas directamente durante la audiencia de acción de libertad; por ello, si bien es cierto que no cursan en el expediente constitucional el Auto de Vista 200/2022-SP1, hoy impugnado; sin embargo, es posible conocer su contenido por la relación efectuada por el Juez garantías en la Resolución 02/2022, que resolvió esta acción de tutela.
En ese comprendido, de la revisión de los antecedentes y lo referido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra el accionante y otros, a través de Auto Interlocutorio 136/2022 de 18 de marzo, le fue impuesta como medida cautelar -entre otras- la detención domiciliaria; determinación contra la que Magin Roque Humerez y Luis Magin Roque Carreño -víctimas dentro la causa penal- formularon solicitud de revocación, pidiendo se le imponga la detención preventiva; trámite que, desemboca con la emisión del Auto Interlocutorio 630/2022 de 4 de agosto, que concedió parcialmente la revocatoria solicitada, disponiendo la detención domiciliaria "permanente" del impetrante de tutela, asimismo la presentación de dos garantes; disposición que -dentro la misma audiencia-, en vía de complementación y enmienda fue aclarada en el sentido que la detención domiciliaria seria con vigilancia permanente.
En desacuerdo con esta decisión el accionante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 200/2022-SP1, misma que confirmó la resolución apelada.
En ese contexto, esta Sala considera que los argumentos relevantes de la denuncia son cuatro, a saber: 1) La detención domiciliaria permanente no fue justificada, ni se exigieron pruebas de un nuevo delito; 2) Se asumió el riesgo de fuga por hechos de 2017, ignorando la necesidad de hechos sobrevinientes para modificar medidas cautelares; 3) La "detención domiciliaria permanente" no está prevista en la ley, lo que la hace una restricción indebida de la libertad; y, 4) La medida agrava injustamente la situación del afectado, a pesar de haber demostrado su actividad económica.
En el caso en concreto se advierte que, el accionante a través de su recurso de apelación, denunció la falta de respuesta oportuna a sus argumentos de defensa; es decir, no fundamentó lo suficiente la necesidad de imponer la detención domiciliaria con la particularidad de ser “permanente”; por otro lado, también señaló la ausencia de elementos de prueba idóneos para demostrar la comisión de un "nuevo delito" conforme lo exige el art. 231 bis.IV del CPP; finalmente que, el segundo proceso iniciado en su contra no se trata de un hecho reciente debido a que data del 4 de abril de 2017. De lo mencionado por el Juez de garantías respecto del contenido de la Resolución recurrida, se advierte que las autoridades demandadas dieron respuesta al agravio invocado, manifestando que el segundo proceso tendría por objeto de investigación un delito doloso, lo cual agravaría su situación constituyendo actividad delictiva reiterada, además que "en la audiencia no se puso en discusión si el hecho era reciente o no, sino la consideración de la concurrencia de un nuevo peligro procesal de fuga", señalando además que la imposición se debió al art. 234.6 del Código Adjetivo Penal; sin embargo, este Tribunal entiende que dichos fundamentos son insuficientes para satisfacer los agravios acusados, debido a que, las autoridades demandadas se limitaron a concluir que el delito del proceso investigativo iniciado en su contra era doloso, sin practicar evaluación alguna del estado del segundo proceso -el cual considera actividad delictiva reiterada-, siendo que para evaluar la procedencia de la causal debió atender los presupuestos y contornos de la misma normativa que citó el Tribunal de alzada, es decir el art. 234.6 del CPP; de manera que, realice un análisis del estado de la segunda causa, y examinar si el mismo fue rechazado, cuenta con imputación formal en etapa preparatoria, juzgamiento, o si está en cualquier otra fase relevante, e incluso advertir una incidencia con el presente proceso; además de proceder a una evaluación del momento en el cual se produjo el hecho denunciado, a fin de otorgar mayor fundamento al examen concreto del caso, conforme lo explicitado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, -en igual manera la SCP 1359/2016-S1 de 15 de diciembre-. A mayor abundamiento, la motivación resulta arbitraria e insuficiente, pues la mera remisión a que "se había advertido en la resolución inicial" sin una valoración actual y específica del estado del nuevo proceso penal (si fue rechazado, si tiene imputación formal, etc.) para justificar la agravación de las medidas cautelares, denota una falta de análisis concreto y explícito de los medios probatorios y de los supuestos de hecho; es decir, la existencia de un "nuevo proceso" por hechos anteriores no implica, por sí misma, una justificación para sostener la modificación de las medidas cautelares bajo el art. 234.6 del CPP, a menos que se demuestre que el conocimiento o la gravedad de tales hechos cambiaron la percepción del riesgo procesal; toda vez que, la autoridad judicial estaba obligada a justificar por qué ese "nuevo proceso", con hechos de 2017, se consideraba un factor agravante de la "actividad delictiva reiterada" al momento de la resolución, en consecuencia la falta de esta justificación particularizada hace que la decisión sea carente de la debida fundamentación. En consecuencia, este Tribunal considera que es evidente que el Auto de Vista 200/2022-SP1, no cumplió con los estándares de fundamentación, motivación y congruencia exigidos por el debido proceso tal cual se explica en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, genera una afectación al derecho al debido proceso del accionante, lo que hace procedente la tutela impetrada en este punto; y, por extensión también resulta vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
El accionante argumentó que la detención domiciliaria permanente no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico, y que esto constituye una restricción ilegal e indebida a su libertad, a su libre locomoción; sin embargo, de la revisión de los antecedentes se observa que, si bien el Auto Interlocutorio 630/2022, efectivamente le impuso como una medida cautelar la detención domiciliara “permanente”, no es menos cierto que por motivo de la solicitud de aclaración que la víctima planteó en audiencia, esa situación se aclaró por la autoridad jurisdiccional de instancia, quien en dicha oportunidad, estableció que la vigilancia policial sería permanente; de lo que se colige que la detención domiciliaria era con vigilancia permanente, motivo por el cual, esta Sala considera que no es evidente el agravio invocado, máxime cuando el procedimiento penal a través del art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley de 1173, establece la posibilidad de adoptar la vigilancia que la autoridad disponga -permanente- como una forma derivada de la detención domiciliaria.
El accionante argumentó que demostró su actividad económica empresarial que en ningún momento fue desvirtuada; situación que, no podría agravarse mediante la detención domiciliaria permanente. El Auto de Vista -recurrido- sí se pronuncia sobre este punto, pero lo hace para declararlo inadmisible en apelación; la Sala Penal constató que esta alegación no fue planteada ni debatida por la defensa del acusado en la audiencia de primera instancia y al no haber sido un punto de discusión ante la Jueza a quo, el Tribunal de alzada, en virtud del principio de limitación de la apelación -art. 398 CPP-, se negó a analizarlo por primera vez en esa instancia. Para esta Sala Constitucional, si bien es evidente que la cuestión de cómo la medida cautelar afecta la actividad económica del accionante no fue puesta en discusión ni debatida en la instancia penal ordinaria -ni en primera instancia ni en apelación-, no es menos cierto que el Auto Interlocutorio 630/2022, que revocó las medidas sustitutivas antes impuestas, sustentó su decisión principalmente en la presentación de un nuevo proceso penal que agravaría su situación procesal; lo cual, conlleva a que en ningún momento se modificaron las condiciones iniciales evaluadas en función de los riesgos procesales que orientaron la imposición inicial de su detención domiciliaria -como en el caso la acreditación de actividad económica-, por lo cual no resulta relevante realizar tratamiento alguno, de si la acreditación de actividad económica fue o no desvirtuada, debido a que no fue objeto de tratamiento en la resolución que le impuso inicialmente medidas cautelares. En conclusión, no corresponde realizar análisis alguno del cargo que ahora trae a examen, debido a su irrelevancia, reiterando que la acreditación de actividad económica no fue objeto de tratamiento en la resolución que revocó las medidas sustitutivas impuestas; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, con relación a la denuncia de vulneración de los derechos a la libertad, a la defensa y al trabajo, el accionante no precisó de qué manera fueron vulnerados los mismos, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sobre esta denuncia sin ingresar al examen de fondo.
Finalmente, en relación a la falta de remisión de antecedentes de la acción de libertad a este Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde exhortar a Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, a objeto que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y la tutela judicial efectiva, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:
i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 200/2022-SP1 de 17 de agosto, de acuerdo con los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, ii) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante.
3º Llamar la atención a Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, que se constituyó en Juez de garantías, por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Exhortar al Juez de garantías, a cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que servirán de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal, a efectos de que se pueda asumir una debida convicción de los hechos. 5° DENEGAR respecto a los derechos a la libertad, a la defensa y al trabajo, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0013_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): afc09afb5501505bd10ded159f2bb6fb11f7b05f03dab8758797144c50373d22
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →