B.IA.LEGAL

SCP 0013/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
68709-2024-138-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad y al debido proceso; y, dignidad, a la libertad y al debido proceso; y, de los principios ético morales e interés superior del niño; por cuanto, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 96/2024, que declaró improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, transcurridos más de diez días, no tienen conocimiento de notificación alguna para que su recurso se resuelva, sin considerar que su hijo de once meses, también accionante se encuentra bajo su cuidado en el centro de privación de libertad; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se remita los antecedentes de su apelación incidental; 2) Se ordene el señalamiento de audiencia para que el Tribunal de apelación demandado conozca su recurso; y, 3) Se ordene el pago de costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2024 de 18 de octubre, cursante de fs. 40 a 45 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, por no haber remitido el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada correspondiente, dentro del plazo de veinticuatro horas; 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto de los Vocales de la Sala Penal Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes en el marco de su interés superior y el tratamiento
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2025-S3 Sucre, 19 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68709-2024-138-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 016/2024 de 18 de octubre, cursante de fs. 40 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Alejandro Rocha Brun en representación sin mandato de Zunilda Jiménez Flores y el infante AA contra William Francisco Ríos Choque, Edwin Salo Calizaya Rocha, Julio Huarachi Pozo, Giovanni Nicolino Usseglio Guzmán, Salua July Dipp Antequera y Verónica Fátima Echalar Barrientos, Vocales de la Sala Penal Primera, Segunda y Tercera, respectivamente, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Claudia López Mendieta, Fidel Alavia Arteaga y Ananías Gonzales Ibáñez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de octubre de 2024, cursante a fs. 1 y 7 a 9, los accionantes a través de su representante sin mandato, señalaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra la accionante, el 3 de octubre de 2024 se llevó adelante la audiencia de cesación de medidas cautelares, en la que se dispuso la improcedencia de la misma; por tal situación, conforme lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental contra el citado fallo; empero, no obstante de haber transcurrido más de diez días, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad el recurso de apelación incidental no fue resuelto a efectos de determinar su situación jurídica incluida la de su hijo de once meses de edad, quien se encuentra bajo su cuidado y tutela en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad y al debido proceso; y, de los principios ético morales e interés superior del niño, citando al efecto los arts. 21.2, 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 4, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se remitan los antecedentes y la apelación de la cesación de medidas cautelares al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, o en su caso, se ordene el señalamiento de la audiencia por parte del Tribunal de alzada que conoce la causa para que resuelva su recurso; y, b) Sea con costas a determinarse.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de 18 de octubre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 37 a 39, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: 1) El plazo para remitir los antecedentes de apelación de la cesación a la detención preventiva solicitada por Zunilda Jiménez Flores, sobrepasó el plazo de setenta y dos horas establecido en el art. 251 CPP; razón por la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, debió haber elevar el expediente al Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento para el respectivo sorteo; y, 2) En relación a los Vocales demandados, los mismos fueron notificados con el señalamiento de audiencia para el 18 de octubre de 2024 a horas 16:00; sin embargo, esta obedece a la presente acción de libertad; vale decir, que tuvo que presentarse este mecanismo constitucional para que recién se realice la notificación correspondiente de señalamiento de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el mismo día, por la tarde, fecha en que fue celebrada la audiencia de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Claudia López Mendieta, Fidel Alavia Arteaga y Ananías Gonzales Ibáñez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, a través de informe escrito presentado el 18 de octubre de 2024; cursante a fs. 36, señalaron que: fueron citados una hora antes de la fecha de celebración de la audiencia de acción de libertad, lo que materialmente les impidió asistir a la misma y remitir los antecedentes de la causa; por lo que, solicitaron que para una futura situación se asegure su citación en tiempo oportuno, debido a que se requiere aproximadamente dos horas de viaje, en razón de la distancia entre la localidad de Challapata y la ciudad de Oruro. Edwin Salo Calizaya Rocha, William Francisco Ríos Choque; Julio Huarachi Pozo, Giovanni Nicolino Usseglio Guzmán; Verónica Fátima Echalar Barrientos y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Primera, Segunda y Tercera respectivamente, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 17 a 22 y 27. Wara Abigail Ancasi Choque, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sin ser demandada, a través de informe escrito cursante a fs. 32, señaló que: i) La Presidenta de la Sala Penal referida, Salua July Dipp Antequera -demandada-, se encontraba con permiso, por dicha razón remitió informe para su consideración; y, ii) La causa correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otros por la presunta comisión del delito de asesinato, fue remitido y recepcionado por la Sala mencionada, el 16 de octubre de 2024; en la misma fecha se emitió el decreto de admisión y radicatoria del recurso de apelación incidental interpuesto por la impetrante de tutela, señalándose audiencia para el 18 de octubre de 2024 a horas 16:00.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 016/2024 de 18 de octubre, cursante de fs. 40 a 45 vta., concedió la tutela solicitada, únicamente con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del mismo departamento, disponiendo la remisión de los actuados concernientes en los plazos establecidos en el art. 251 del CPP para futuras actuaciones, al haberse advertido dilación innecesaria en la remisión del recurso de apelación; y, denegó la tutela impetrada respecto a los Vocales demandados. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por la accionante, se desarrolló el 3 de octubre de 2024; en la que, se declaró sin lugar a su pedido; por lo que, la prenombrada presentó apelación incidental; sin embargo, los antecedentes del recurso no fueron remitidos dentro del plazo de ley, advirtiéndose dilación en el cumplimiento del plazo por parte de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro; y, b) En relación a la acción de libertad en contra de los Vocales de las Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, estos recepcionaron el testimonio de apelación de manera oportuna y en el mismo día señalaron fecha de audiencia, advirtiéndose celeridad e inmediatez y no una dilación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 59 a 64), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra la accionante y otros por la presunta comisión del delito de asesinato, el 3 de octubre de 2024, se desarrolló la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la accionante, en la que se pronunció el Auto Interlocutorio 96/2024 de 3 de octubre, que declaró su improcedencia. Contra dicha determinación el 7 de igual mes y año, la prenombrada interpuso recurso de apelación incidental (fs. 8, 32; y, 37 a 39). II.2. El 16 de octubre de 2024, a horas 17:00, fue remitido el testimonio de la apelación incidental presentada por la accionante a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por providencia de la misma fecha, Salua July Dipp Antequera, Presidenta de la mencionada Sala Penal -demandada-, radicó el cuaderno de apelación incidental y admitió el recurso señalando audiencia pública virtual para el 18 del indicado mes y año a horas 16:00 (fs. 34 a 35). II.3. El 17 de octubre de 2024 a horas 11:26, fue interpuesta la presente acción de libertad por el representante de los accionantes (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad y al debido proceso; y, dignidad, a la libertad y al debido proceso; y, de los principios ético morales e interés superior del niño; por cuanto, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 96/2024, que declaró improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, transcurridos más de diez días, no tienen conocimiento de notificación alguna para que su recurso se resuelva, sin considerar que su hijo de once meses, también accionante se encuentra bajo su cuidado en el centro de privación de libertad; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se remita los antecedentes de su apelación incidental; 2) Se ordene el señalamiento de audiencia para que el Tribunal de apelación demandado conozca su recurso; y, 3) Se ordene el pago de costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-, procede: “…ante violaciones a la libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por las SSCC 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:

i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2; y, 00105/2018-S2, entre otras, en las que se resolvieron situaciones similares a la ahora planteada.

III.2. La protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes en el marco de su interés superior y el tratamiento

El art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En la misma línea el art. 60 de la CPE determina que “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” Asimismo; cabe mencionar que, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada a su vez por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, señaló que:

[L]os arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos. Por otra parte, el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, en su art. 9 instituye la necesidad de que las normas del Código sean interpretadas velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente4; en ese marco, en su art. 12 inc. a) la citada norma entiende a dicho principio como:

[T]oda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. En ese contexto, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente:

[T]odas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas. Consiguientemente, se debe tener en cuenta que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con la normativa constitucional, convencional y legal para garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aspecto que debe trascender en el ámbito judicial y las instancias de apoyo jurisdiccional a efectos de asegurar un tratamiento inmediato a cualquier solicitud relacionada con la efectivización de sus derechos, adoptando medidas apropiadas y orientadas a maximizar su interés superior para asegurar su desarrollo integral, deber que se hace extensible a los casos de solicitudes de mujeres que se encuentran privadas de libertad y con el cuidado de sus hijos infantes, niñas o niños, situación en la que las autoridades judiciales deberán otorgar un tratamiento rápido a las solicitudes vinculadas con su libertad. En virtud a lo señalado precedentemente, toda solicitud en la que las mujeres privadas de libertad se encuentren bajo el cuidado de infantes o niños en los centros de privación de libertad debe ser atendida con la máxima celeridad posible en virtud de su interés superior, priorizando su tratamiento y/o dándole la celeridad que el caso exige, como medidas apropiadas que deben adoptarse para dar efectividad a sus derechos.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante y su hijo de once meses, también impetrante de tutela, refieren que hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no se resolvió el recurso de apelación incidental que presentó contra la Resolución que declaró improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva, habiendo transcurrido diez días desde que fue formulado, sin que el mismo hubiere sido resuelto, incurriendo por ello las autoridades demandadas en dilaciones indebidas, sin considerar, además, que el infante AA, se encuentra bajo su cuidado en el centro de privación de libertad. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra Zunilda Jiménez Flores -accionante-y otros por la presunta comisión del delito de asesinato, en audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva desarrollada el 3 de octubre de 2024, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro -ahora demandados-, emitieron el Auto Interlocutorio 96/2024, que declaró improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la impetrante de tutela. Contra dicha determinación el 7 de octubre de 2024, la accionante formuló recurso de apelación incidental, el mismo que de acuerdo al informe presentado por la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, fue remitido el 16 de igual mes y año, a horas 17:00; una vez, radicado el cuaderno de apelación, mediante decreto de la misma fecha; la Presidenta de la mencionada Sala Penal -demandada- admitió la impugnación, señalando audiencia pública virtual para el 18 de octubre de 2024, a horas 16:00.

En ese contexto, los datos consignados permiten concluir que el testimonio de apelación incidental que formuló la accionante fue remitido por los Jueces demandados a los nueve días de haber sido presentado, vale decir, fuera del plazo previsto en el art. 251 del CPP, incurriendo en una demora injustificada que ha vulnerado el derecho a la libertad de la impetrante de tutela; toda vez que, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa se encuentran los casos de dilación en la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental relacionados con medidas cautelares, entre ellos, solicitudes de cesación de la detención preventiva. Consiguientemente, los Jueces demandados desconocieron que tratándose de una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física o personal, como ocurre en el caso presente, ésta debe ser tramitada con la celeridad que la norma exige, incurriendo así en una demora injustificada que no ha cumplido con lo previsto en el art. 251 del CPP, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada con relación a dichas autoridades, máxime si el pedido fue realizado por una privada de libertad que tiene a su cargo a su hijo de once meses, aspecto que también debió ser considerado por las autoridades demandadas, para dar la diligencia debida; en mérito a que toda solicitud en la que las mujeres privadas de libertad se encuentren bajo el cuidado de infantes o niños en los centros de privación de libertad debe ser atendida con la máxima celeridad posible en virtud de su interés superior, priorizando su tratamiento y/o dándole la celeridad que el caso exige, como medidas apropiadas que deben adoptarse para dar efectividad a sus derechos, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En consecuencia, es deber de las autoridades judiciales de adoptar medidas apropiadas y orientadas a maximizar el interés superior de los infantes, niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios bajo el cuidado de sus madres privadas de libertad, resulta extensible a los casos de solicitudes de cesación de la detención preventiva, deber que exige considerar y tramitar toda solicitud vinculada a la libertad con la debida diligencia e impide que las autoridades judiciales incurran en demoras y dilaciones indebidas. Finalmente con relación a la actuación de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se advierte que dichas autoridades no incurrieron en dilación alguna en la tramitación del recurso de apelación incidental de medida cautelar planteada por la accionante; toda vez, que habiendo sido radicado el testimonio de apelación el 16 de octubre de 2024, en el mismo día se señaló audiencia de consideración para el 18 del mismo mes y año a horas 16:00, por lo que, corresponde denegar la tutela respecto de dichas autoridades, no siendo evidente lo afirmado por el representante de la accionante en sentido que la audiencia de consideración de la apelación incidental hubiere sido señalada como emergencia de la activación de la acción de libertad, puesto que, el decreto de señalamiento es del 16 de octubre de 2024; es decir, un día antes de haber sido presentada esta acción de libertad. Por otro lado, corresponde precisar que, con relación a los Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quienes también fueron demandados, corresponde denegar la tutela respecto de ellos al evidenciarse que dichas autoridades no han tenido ninguna actuación en la tramitación del recurso de apelación incidental formulado por la accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2024 de 18 de octubre, cursante de fs. 40 a 45 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, por no haber remitido el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada correspondiente, dentro del plazo de veinticuatro horas; 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto de los Vocales de la Sala Penal Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses

comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 El art. 9 del CNNA establece: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0013_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3c086958aeef6ba5daf3ad789ee05ccb5ac606418c3b585242b46a713c0ea4a6

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