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SCP 0013/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 26 de enero de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
26 de enero de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
29484-2019-59-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos juez imparcial, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, a la igualdad, a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder y a la verdad material; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación contra la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, incurriendo en los siguientes actos ilegales: 1) El Vocal Adán Willy Arias Aguilar, pese a que se solicitó su recusación conforme los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 063/2019 de 4 de junio, cursante de fs. 439 a 442 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto de los derechos al debido proceso en su vertiente juez imparcial, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, igualdad de partes, con base a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional;

disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre; y, b) Que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, pronuncien nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la misma; y, 2 DENEGAR la tutela solicitada respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba, así como a los principios de ejercicio arbitrario de poder y verdad material.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos de derecho al juez natural e imparcial, y la excusa y recusación como medios para garantizar la materialización de la misma
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2023-S1 Sucre, 26 de enero de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 29484-2019-59-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 063/2019 de 4 de junio, cursante de fs. 439 a 442 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marianella Cerball de Rowbottom, María Amanda Vivianne Vargas Salas y Cristina Elena Pareja Lara contra Adán Willy Arias Aguilar, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y William Eduard Alave Laura, Presidente, Vocal y Ex Vocal respectivamente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Lorena Maureen Camacho Ramírez y Enrique Morales Díaz, Jueza y Ex Juez correspondientemente de Instrucción Penal Tercero de la Capital de referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 23 ambos de mayo de 2019, cursante de fs. 45 a 54; y, 61 a 64 vta. respectivamente, las accionantes, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de abril de 2018 interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 082/2017 de 23 de marzo -que declaro probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso-, emitida por Enrique Morales Díaz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado- y sorteada a la Sala Penal Primera y Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de precitado departamento a cargo de los Vocales Ana María Villa Gómez Oña y William Eduard Alave Laura; sin embargo, los aludidos Vocales a momento de pronunciar el Auto de Vista, emitieron su voto fundamentado, pero con criterios distintos, Ana María Villa Gómez Oña, determinó la procedencia en parte de los fundamentos expuestos en los recursos de apelación, respecto a la omisión incurrida por el Juez a quo y dispuso anular la Resolución 082/2017, disponiendo que el Juez codemandado, emita una nueva resolución; por su parte, William Eduard Alave Laura, determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación interpuesto y confirmó la citada Resolución 082/2017; en tal sentido, y al no existir un criterio uniforme entre los Vocales se convocó a Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia, a objeto de dirimir con su voto el apoyo a una de las determinaciones asumidas. Señalan que, habiendo tomado conocimiento de dicho extremo, el 28 de septiembre de 2018, presentaron memorial de recusación contra el Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-; puesto que, éste también había intervenido como Vocal dirimidor en otro recurso de apelación que plantearon contra la Resolución 015/2016 de 15 de enero, que declaro probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima a favor del imputado “Edwin Ronald Franco García”, dentro el mismo proceso, y en esa ocasión el Vocal demandado emitió su voto apoyando el voto del Vocal Ernesto Macuchapi Laguna emitió el Auto de Vista 56/2017 de 6 de febrero, declarando la improcedencia del recurso de apelación y confirmando la Resolución 015/2016, extinguiendo de manera ilegal la acción penal, al desconocer la ampliación de la querella de 14 de noviembre de 2014 por el presunto delito de corrupción; sin embargo, el Vocal ahora demandado no solo no se allano a la recusación sino que emitió el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, declarando la improcedencia de su recurso de apelación y confirmando la Resolución 082/2017, Auto de Vista que les notificó el 8 de noviembre de 2018, presumiendo que la fecha del referido Auto es falsa, y que solo fue a efectos de que el mencionado Vocal no se allane a su recusación; a tal efecto, el prenombrado Vocal conforme los arts. 316.1 y 318 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estaba obligado a excusarse apartándose de inmediato del conocimiento del proceso independientemente de si lo recusaban o no, de oficio, pero no lo hizo y más bien dicto el Auto de Vista 179/2018 con los mismos argumentos del Auto de Vista 56/2107 y dentro la misma causa, por lo tanto, el Auto de Vista 179/2018 es una resolución nula e ilegal, que lesiona la garantía del juez imparcial como parte del debido proceso. Para dicho cometido, Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pese a que se solicitó su recusación, se pronunció dictando el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, con los mismos argumentos del Auto de Vista 56/2017 de 6 de febrero, y dentro de la misma causa, determinando la admisibilidad de los recursos de apelación y declarando la improcedencia de los fundamentos expuestos en los recursos y en consecuencia confirmó la referida Resolución 082/2017, denotándose que en las dos excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, existió discrepancia en las decisiones de los Vocales aludidos y en ambas dirimió Adán Willy Arias Aguilar, en favor del Banco de Crédito de Bolivia (BCP) Sociedad Anónima (S.A.). Señalan que, respecto al análisis del recurso de apelación: se tiene como primer agravio la remisión del proceso por parte del Juez codemandado al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, al existir requerimiento conclusivo de acusación fiscal presentada el 14 de febrero de 2017, este habría perdido competencia para continuar conociendo el proceso penal y no podía reasumirla por la emisión de un decreto emitido por dicho Tribunal. Segundo agravio, a quien le era atribuible la mora procesal, en ese sentido los Vocales, Adán Willy Arias Aguilar y William Eduard Alave Laura, manifestaron que se habría constatado que Enrique Morales Díaz, Juez codemandado, al momento de emitir la Resolución 082/2017, estableció que la mora procesal era atribuible al Ministerio Publico al igual que al querellante; empero, en la parte resolutiva de la citada resolución el Juez “…DECLARA PROBADA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO, en favor de…”, MÁS NO ESPECIFICA SI LA DILACIÓN DEL PROCESO MÁS ALLÁ DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO, SE ATRIBUYÓ AL MINISTERIO PÚBLICO “AL IGUAL QUE AL QUERELLANTE”, lo que significa que el Juez NO IDENTIFICÓ CLARAMENTE AL RESPONSABLE DE LA DILACIÓN DEL PROCESO” (sic). Existe una incongruencia omisiva; toda vez que, en el memorial de excepción piden se declare la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso atribuible al Ministerio Público, en la parte considerativa el Juez codemandado estableció que la mora procesal era dado al Ministerio Público al igual que al querellante; y, en la parte resolutiva el Juez simplemente declaro la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso sin identificar al responsable de dicha dilación. Tercer agravio relacionado a la complejidad del tema, al respecto los Vocales demandados refieren que existe un proceso con acusación, con tres delitos, tres acusados y no hay una complejidad del hecho, porque no consta un sin número de delitos y la autoridad jurisdiccional codemandada en ningún momento estableció que el presente caso sea un hecho complejo, al respecto los Vocales demandados maliciosamente omitieron que la acción penal por duración máxima del proceso atribuible al Ministerio Público fue planteada el 30 de mayo de 2016, y la resolución de acusación fiscal fue pronunciada el 14 de febrero de 2017, vale decir que el pedido de la extinción de la acción penal no guarda relación con la existencia de la acusación fiscal, así mismo omitieron la existencia de la ampliación de querella de 14 de noviembre de 2014 que fue admitida por el Ministerio Público y comunicada al Juez codemandado, por lo que es improcedente e ilegal haberla desconocido u omitido.

La ampliación de querella se interpuso en contra de quince personas de las cuales cuatro son funcionarios públicos y ocho son ciudadanos peruanos a quienes se los declaro rebeldes y su búsqueda por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con la circular azul, haciendo un total de diez delitos, por cuanto, consideran que existe complejidad; por lo que, procede la aplicación de la tesis del no plazo adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y también por el Tribunal Constitucional en la SC “1907/2011” de 7 de noviembre, estableciendo que el plazo razonable no se puede traducir en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que debe examinarse esa razonabilidad a través de la confrontación de las circunstancias del caso con criterios determinados como la gravedad del hecho, sus características y las condiciones personales del imputado; por cuanto, refieren que han probado la complejidad del asunto y la actividad procesal de los imputados y también que era obligación del Juez y de los Vocales demandados considerar en sus resoluciones la ampliación de querella por los delitos previstos en la Ley 004 -Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, su omisión deliberada, con la finalidad de extinguir la acción penal a toda costa, es absolutamente ilegal y atentatoria a sus derechos y garantías constitucionales. Cuarto agravio en el que incurrieron los Vocales demandados, respecto a que no se hubiese valorado la prueba, estos pretenden hacer ver que la misma se hubiera referido a la prueba de los imputados; sin embargo, se refieren a que no valoraron su prueba presentada con el memorial de respuesta a la excepción y detallada en el memorial de apelación. De la misma manera consideran como un quinto agravio, el hecho de que el Juez codemandado no hubiera analizado la improcedencia de la extinción del proceso cuando el imputado provoca la dilación del proceso, señalaron que es el Ministerio Público y la victima querellante son quienes tienen que demostrar dentro de los plazos que señala la ley los elementos constitutivos de los hechos denunciados como delitos; asimismo, no analizaron que la doctrina es clara al referir que tampoco puede haber extinción del proceso cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa, el imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del proceso, mismo que no puede ser considerado como un elemento contrario a su derecho a la defensa, como refieren los Vocales demandados y como la consigna era extinguir la acción a como dé lugar, no realizaron una valoración justa y correcta a la documental ofrecida como prueba que demuestra otros aspectos establecidos en la SCP 0255/2014 de 12 de febrero, respecto a que “…el plazo de tres años ha sido reglado por la jurisprudencia constitucional a partir de situaciones ajenas al Órgano Judicial -denominado como MORA ESTRUCTURAL- como por ejemplo la falta de nombramiento de autoridades, las crisis institucionales, cambio de sistema normativo, etc…” (sic), y tampoco se pronunciaron respecto a que no pueden contabilizar los días feriados y tampoco el plazo de seis meses de la etapa preliminar. En cuanto a la extinción de la acción penal, los Vocales demandados omitieron pronunciarse respecto a que en la apelación interpuesta expresaron agravios que el Juez a quo no consideró en su resolución los siguientes aspectos: Que dentro los requisitos y criterios para considerar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, ignoraron al sujeto agraviado por el delito, atentando contra el principio de igualdad, imponiendo a las victimas una carga ajena y sancionándolos por el supuesto incumplimiento de las autoridades demandadas. Los entendimientos aludidos por el Juez a quo, en su resolución no coinciden con el equilibrio creado por la ley; por cuanto, la inoperancia de las autoridades demandadas “…es considerada erróneamente -en nuestra jurisprudencia constitucional- COMO FAVORABLE PARA LOS DELINCUENTES, CONSINTIENDO QUE LA SUPUESTA NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES LES BENEFICIE UNILATERALMENTE.” (sic): y el Juez a quo al haber ordenado la extinción de la acción penal, ha quebrantado el equilibrio procesal, inclinándose en beneficio de los imputados. El derecho y garantía procesal de exigir la duración mínima del proceso no puede obstruir la objetivación de bienes jurídicos superiores, es decir los derechos colectivos y los derechos de las víctimas y que esa interpretación debe necesariamente concurrir con ellos, lo contrario implicaría generar un rumbo hacia la impunidad. La extinción de la acción penal como forma de conclusión extraordinaria del proceso que libera a delincuentes de la persecución penal, constituye una especie de sanción al Estado, por su ineficiencia pero en los hechos lo es también para las víctimas que se ven privadas de su derecho a la tutela judicial efectiva; por cuanto, el Juez a quo como los Vocales demandados al momento de resolver el caso, hubieran tenido presente los intereses y derechos de ambas partes en observancia de la igualdad de oportunidades que constitucionalmente gozan; empero, no les importó porque su misión consistía en proveerles impunidad a los personeros del BCP S.A. El Auto de Vista 179/2018, emitida por los Vocales William Eduard Alave Laura y Adán Willy Arias Aguilar que determinó la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y sus personas como víctimas y querellantes; empero, declararon la improcedencia de los fundamentos expuestos en los recursos y confirmaron la Resolución 082/2017, que extingue la acción penal, desconociendo la ampliación de la querella por delitos de la Ley 004 y toda la prueba aportada que demuestra que con la evasión de impuestos a la transferencia de bienes y otros del “Banco Popular” -lo correcto es Banco de Crédito de Bolivia- S.A., se configuró la figura penal de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; por cuanto, sus acciones y derechos son imprescriptibles y no admiten ninguna extinción por el tiempo. Finalmente, se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso en sus componentes a la seguridad jurídica, a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la legalidad, a la imparcialidad, a la igualdad, a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder y a la verdad material.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Las impetrantes de tutela alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos juez imparcial, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, a la igualdad, a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder y a la verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga, dejar sin efecto el Auto de Vista 179/2018, así como la extinción de la acción penal, ordenando se prosigan con los actos procesales de investigación hasta cumplir con las actuaciones faltantes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de junio de 2019, según consta en el audio de la audiencia de consideración de acción de amparo constitucional cursante a fs. 438, y en el acta escrita de la audiencia cursante de fs. 475 a 481 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes, a través de su abogado ratificaron todos los extremos planteados en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Adán Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Presidente y Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 4 de junio de 2019, cursante de fs. 428 a 436, señalaron que: a) La Resolución 082/2018, emitida por Enrique Morales Díaz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de referido departamento, fue sorteada a la Sala Penal Primera del mencionado departamento, compuesta por los Vocales Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, este último se excusó de conocer la causa debido a que mantiene un proceso penal con las ahora impetrantes de tutela, ante lo cual fue convocado William Eduard Alave Laura como Tribunal de Apelación, por cuanto, se constituye en Tribunal natural para resolver la apelación interpuesta, es así que ambos Vocales entraron en disidencia, por ello, se convocó a Adán Willy Arias Aguilar a objeto de dirimir la disidencia aludida, quien se inclinó apoyando el voto fundamentado de William Eduard Alave Laura, razón por la que, se emitió el Auto de Vista 179/2018 que confirma la Resolución 082/2013; b) La acción de amparo constitucional debería estar dirigida en principio a los Vocales de la Sala Penal Primera que actualmente está conformada por los Vocales César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza y considerando que el primero reemplaza a Ana María Villa Gómez Oña y la segunda a Víctor Luis Guaqui Condori y considerando que este se excusó, la Vocal Silvia Maritza Portugal Espinoza actual titular de la Sala Penal Primera, no fue demandada y notificada con la presente acción de defensa; por cuanto, al haberse suscitado cambio de autoridades se debió notificar al último Vocal Titular de la Sala Penal Primera; c) Al no haberse demandado a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera, la acción de amparo constitucional deviene en la causal de improcedencia; empero, al haber sido admitida la misma no se pude retrotraer el procedimiento, conforme estableció la línea constitucional citada en las SCP 0383/2012 de 22 de junio y SC 0264/2004-R de 27 de febrero, entre otras y en consecuencia se debe denegar la acción tutelar por falta de legitimación pasiva, sin ingresar en el fondo; d) En cuanto a lo referido por las peticionantes de tutela en relación a que el Vocal Adán Willy Arias Aguilar no se habría allanado a la recusación planteada, no es un fundamento para la interposición de la acción tutelar; ya que, en la naturaleza de esta, se debe demostrar la vulneración de un derecho fundamental y cualquier situación que atañe a la competencia de un Vocal debe ser interpuesta antes de la emisión de una resolución, vale decir, que debía ser efectuada antes del conocimiento del Vocal Adán Willy Arias Aguilar; “…la Resolución No. 179/2018, ha sido pronunciado en fecha 26 de septiembre de 2018, y la recusación ha sido planteado en fecha 28 de septiembre de 2018. Señores Vocales, existe plazos que se deben cumplir, es así que con la convocatoria del tercer vocal, las partes han sido notificados precisamente para que puedan plantear las observaciones y/o plantear la recusación, contra el vocal dirimidor, SIN EMBARGO NO EFECTUAN OPORTUNAMENTE, OPERANDOSE EL PRINCIPIO DE PRECLUSION Y EN FORMA EXTEMPORANEA PRESENTA POSTERIOR A LA EMISION DELA RESOLUCION FINA.L” (sic); e) Señalan como argumento que el Enrique Morales Díaz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de precitado departamento perdió competencia al existir una acusación fiscal y el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital de mismo departamento habría devuelto al Juez “Instructor” a efecto de que resuelva incidentes y excepciones; al respecto, las ahora accionantes refieren un trámite exclusivamente de carácter ordinario, pretendiendo hacer incurrir en error; empero, este aspecto fue superado sobre un conflicto de competencia entre un Tribunal de Sentencia y un Juez “Cautelar o de instrucción” en la resolución de un incidente, es decir si fue planteado ante un Juez de Instrucción este tiene la obligación de resolverla aun exista acusación por el principio de Juez natural; f) En relación a lo alegado sobre la mora procesal atribuible al Ministerio Público y que habría una incongruencia omisiva; por cuanto, el Juez a quo no identificó al responsable de la dilación, este aspecto debe ser reclamado ante el referido Juez a quo, a través, de una complementación y enmienda, en aplicación del art. 125 del CPP, aspecto que es utilizado como fundamento para la interposición de la acción de amparo constitucional, aspectos que atañen al Juez ordinario, pretenden sean revertidas mediante la presente acción tutelar cual si fuera una instancia casacional y/o de revisión; g) Refieren como otro fundamento, la complejidad del caso y que se habría señalado que existen tres delitos y tres acusados y que el caso no es complejo y existiría una ampliación de querella de 14 de noviembre de 2014 y sería ilegal su desconocimiento, fundamento que cae por su propio peso; por cuanto, el Ministerio Público dio por finalizada la investigación y emitir la acusación formal y lo que pretenden es que los Vocales carguen la responsabilidad de una gestión que debió ser realizada por la querellante ante el Ministerio Público, la ampliación de la querella data de la mencionada fecha y la acusación formal fue emitida el 14 de febrero de 2017 y se preguntan ¿Por qué no hizo prosperar la ampliación de la querella durante aproximadamente tres años?; h) Las impetrantes de tutela refieren también que el uso de los diferentes medios de defensa y recursos del sistema legal le dispensa al imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del proceso, al respecto el procedimiento es claro sobre la duración del proceso y las causales que interrumpen el computo de los plazos, estos se dilucidan ante el Juez a quo vale decir ante el Juez de Instrucción Penal Tercero Capital de citado departamento y cuando se apela el art. 398 del CPP se abre el ámbito de competencia del Tribunal de alzada que debe pronunciarse sobre los puntos apelados, situación que aconteció así, y la resolución no siempre puede estar conforme a los intereses del apelante, la decisión fue formulada acorde a un debido proceso, con la debida fundamentación fáctica y jurídica, con la razonabilidad y motivación respectiva; i) La parte peticionante de tutela, pretende utilizar la presente acción de defensa como una instancia más para revertir una resolución dictada en un proceso ordinario, el cual no puede conocer un Tribunal de garantías por cuanto, el razonamiento expresado por los Jueces ordinarios debe su independencia por el principio de legalidad; j) El Tribunal de garantías no pude realizar una nueva valoración; ya que, quebrantaría el principio de interpretación de la legalidad ordinaria, que está reservada a la jurisdicción ordinaria; y, k) No se puede soslayar los derechos y garantías que tiene todo sujeto procesal al acceso a una justicia pronta y sin dilaciones, la resolución pronunciada mediante Auto de Vista 179/2018, cuenta con la debida fundamentación fáctica y jurídica utilizando las reglas de la sana critica a momento de efectuar la valoración de las pruebas y las ahora accionantes piden se anule y/o se deje sin efecto la resolución referida, a efectos de que prosiga con los actos procesales de investigación, siendo la verdadera intención de las mismas utilizar la acción de amparo constitucional como una instancia más para anular actuaciones procesales de Jueces ordinarios; por lo que, solicitan se dicte resolución denegando la acción tutelar interpuesta.

Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz mediante informe escrito de 4 de junio de 2019, cursante a fs. 437, señaló que: 1) El proceso caratulado “MP” a instancias de Marianella Cerball de Rowbottom y otros contra Gianfranco Piero Darío y otros por el delito de falsedad material y otros sea de radicado en el juzgado a su cargo como Jueza de control jurisdiccional; 2) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se establece que el cuerpo quince cursa la Resolución 082/2017, la cual no fue emitida por su persona, así como también consta en el cuerpo veintitrés el Auto de Vista 179/2018, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de mismo departamento en la que se confirmó la Resolución 082/2017; y, 3) Es evidente que desde agosto de 2017 su persona es titular del Juzgado Instrucción Penal Tercero de la Capital; sin embargo, no emitió la Resolución 082/2017; por lo que, no vulnero ningún derecho o garantía constitucional, a efectos de cumplir con la legitimación pasiva la Jueza es codemandada; empero, reiteró que no vulnero derechos constitucionales reclamados por las ahora impetrantes de tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

El Fiscal Departamental de La Paz no se hizo presente a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional ni remitió escrito alguno, pese a su legal notificación, cursante a fs. 67. Leonardo Raúl Mariaca Cardozo Gerente General y Administrador de BCP S.A. por intermedio de su abogado en audiencia de acción de defensa, refirió que: i) Leonardo Raúl Mariaca Cardozo fue la persona que interpuso la excepción de incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dictándose resolución a su favor, misma que fue apelada y en consecuencia se dictó el Auto de Vista que ahora es impugnado -se entiende 179/2018 de 26 de septiembre- por la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisdicción constitucional solo puede aperturar ante la evidencia de violación a algún derecho constitucional que pueda generar la revisión por un Tribunal de garantías, para evidenciar si la resolución dictada, atacada por la acción tutelar, se hubieren violado derechos y principios constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado; empero, lo que se está tratando de hacer es que este Tribunal de garantías se convierta en un Tribunal de casación; ii) Existe más de una debida fundamentación tanto en el Auto emitido por el Vocal William Eduard Alave Laura como en el Auto del Vocal “Dirimidor”; por lo que, la falta o indebida fundamentación es un punto de vista de la parte perdidosa, porque no es atendible a sus intereses procesales, también en ese entendido no existe una indebida valoración de la prueba, al respecto cabe decir que no existe ofrecimiento de prueba alguna por parte de las accionantes, es más el Vocal que efectuó su voto disidente estableció de manera precisa, cuando determinó que violentando principios de lealtad procesal se mencionó que se habría presentado elementos probatorios y esos elementos no existen, en consecuencia no hay posibilidad alguna que pudiera entenderse como una indebida valoración a la prueba a la que hacen referencia las impetrantes de tutela; iii) Cuando se habla de seguridad jurídica, implica de que esta circunstancia hace que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia debamos someternos a lo que dice la Constitución Política del Estado y las leyes y precisamente eso fue lo que se estableció en el fundamento del Auto de Vista que ahora se pretende dejar sin efecto a través de la acción de amparo constitucional y no puede ser resuelta por la jurisdicción constitucional; y, iv) Finalmente alega que el proceso penal se inició el 14 de octubre de 2011 es decir hace siete años siete meses y dieciocho días, en referencia a los ciudadanos peruanos y otros desde la precitada fecha no existe resolución de imputación alguna que pueda acreditar la existencia de más involucrados en el proceso, circunstancia también referida en el Auto de Vista, al no haberse establecido ningún acto provocado por los imputados que pudiera determinarse como un retraso en la tramitación del proceso, no existiendo violación alguna a derechos constitucionales y solicitó se deniegue la tutela impetrada. Coty Sonia Krsul Andrade, no se hizo presente a la audiencia de consideración de esta acción de defensa ni remitió escrito alguno, pese a su legal notificación, cursante a fs. 68.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 063/2019 de 4 de junio, cursante de fs. 439 a 442 vta., denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) La Sala Constitucional solo tiene competencia para recaer sobre esos presupuestos, criterio que fue ratificado por el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que tiene que ver con la acción de amparo constitucional; b) La jurisdicción de la Sala Constitucional por mandato constitucional se encuentra condicionada a verificar condiciones procesales, si la acción de amparo constitucional está dirigida en contra de un servidor público y que a través de actos y omisiones restrinja, suprima o amenace derechos y garantías constitucionales penales; c) Refiere que la Sala Constitucional de la que forman parte tiene una controversia, la cual es verificar la legitimación pasiva que es otra cualidad pero que tiene una carga procesal más, porque es un deber de quien pretende; d) Las accionantes deben verificar con absoluta precisión el cargo de quien debe enmendar una situación procesal que considera lesivas a sus derechos, por cuanto, de omitirse la verificación de quien debe enmendar el acto procesal, la decisión puede ser fallida y una decisión de concesión no podría quedar oblicua al no crear efecto; e) Se valoraron los siguientes hechos: primero que las autoridades demandadas que emitieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, son los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual a momento de emitir la referida resolución estaba constituida por Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, este último fue apartado del proceso natural, como una forma de garantizar la imparcialidad del mismo, al efecto la hermenéutica procesal señala que ante el apartamiento de uno de los Vocales que constituye Sala, se convocará al siguiente en número, hecho que no fue controvertido; f) En ese entendido el Vocal de la Sala Penal Segunda al ejercer como Vocal de la Sala Penal Primera deja sin fuero y constituye Sala Penal Primera, en consecuencia William Eduard Alave Laura no actúa como Vocal de la Sala Penal Segunda sino como Vocal de la Sala Penal Primera a convocatoria de la presidencia, que en el tracto procesal, en fase de decisión se advirtió que hubo fallo disidente, por cuanto, William Eduard Alave Laura y Ana María Villa Gómez Oña, tienen tesis distintas para la decisión de la situación jurídica, para el efecto se convocó al Vocal de la Sala Penal Segunda que es Adán Willy Arias Aguilar, quien emitió voto fundamentado a favor del Vocal William Eduard Alave Laura, independientemente de los sujetos que intervinieron en la decisión del acto procesal central, en consecuencia el acto procesal fue emitido por la Sala Penal Primera, de ello se tiene que la pretensión de las peticionantes de tutela radica en que se deje sin efecto el Auto de Vista 179/2018 emitida por la Sala Penal Primera; g) Les llamo la atención que los demandados sean los Vocales de Sala Penal Segunda; por cuanto, de concederse la tutela y ordenar a los Vocales demandados, no pueden ordenar a los Vocales César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza emitir una decisión, cuando no vinieron a presentar informe los que debían. La legitimación pasiva recae en el cargo, en especial cuando los demandados son Tribunales colegiados, en la presente causa ocurrió así, porque los que emitieron la primera resolución no fueron demandados; por lo tanto, el acto procesal recae en la Sala Penal Primera; y, h) Situación por la cual, la Sala Constitucional se ve impedida de ingresar a consideraciones de fondo; por cuanto, mal podría anular una resolución y ordenar a alguien que no fue convocado a la presente audiencia a que emita una resolución, aspecto que afectaría otros derechos y los enfrentaría a posibles sanciones al haber dictado una sanción a ser inejecutable por ausencia de identificación del sujeto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 12 de abril de 2021, cursante a fs. 524, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 12 de enero de 2023 (fs. 542); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 082/2017 de 23 de marzo, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, “…DECLARÓ PROBADA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO…” (sic), en favor de los sindicados Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade, dentro del caso “10001/11 M.P.”, seguido a denuncia de Marianella Cerball de Rowbottom, María Amanda Vivianne Vargas Salas y Cristina Elena Pareja Lara -ahora accionantes- y el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica art. 199, uso de instrumento falsificado art. 203, estafa art. 335 y agravación en caso de victimas múltiples art. 346 todos del del Código Penal (CP [fs. 160 a 167]). II.2. Consta memorial de 7 de abril de 2017, las ahora impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación incidental contra la Resolución 082/2017, expresando entre otros, los siguientes agravios: 1) En cuanto a la Complejidad del asunto. La resolución sostiene que, revisados el cuaderno de control jurisdiccional y el de investigaciones, se tiene evidenciado que el caso no es un asunto complejo, porque existen solo dos imputados y un tercero con su situación jurídica resuelta; extremo totalmente falso, pues de la revisión de los cuadernos mencionados, se evidencia que son quince las personas sindicadas, de las cuales ocho son ciudadanos peruanos, que aún no han podido ser habidos para notificarles con la ampliación de la querella de 14 de noviembre de 2014, tramitándose a la fecha la tarjeta azul de INTERPOL para dar con su paradero; de los siete restantes, Coty Sonia Krsul Andrade, “Edwin Ronald Franco García” y Leonardo Raúl Mariaca Cardozo, quienes junto a los ciudadanos peruanos también están siendo investigados por la comisión del presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; finalmente, se tiene a “Ramiro Cabezas Masses”, ex Superintendente de Bancos y Entidades Financieras; “Lenny Tatiana Valdivia Bautista”, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); y, dos funcionarias de Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), por la supuesta comisión de otros delitos de corrupción, lo que también torno de complejo el caso a partir de la participación activa de servidores públicos. También se falsea la verdad, cuando señala que existe actos puntuales y concretos considerados como ilícitos, refiriendo solamente a los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa con agravación de víctimas múltiples, teniéndose además que, de las querellas y sus ampliaciones también se investigan por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, encubrimiento, receptación, omisión de denuncia, falsificación de documento privado, es decir, son diez delitos investigados; por lo que, el fundamento de que no existe complejidad en cuanto al número de imputados para extinguir la acción penal les causa agravios; puesto que, la autoridad tergiverso de forma maliciosa la información con el fin de favorecer a los falsos excepcionistas; 2) En cuanto a la conducta de los imputados. Bajo un simple detalle de algunos actuados del proceso, refiere que los “ahora acusados” no tuvieron una conducta obstruccionista y dilatoria, sin siquiera valorar la prueba que adjuntaron a su memorial respondiendo de forma negativa la excepción; 3) En relación a la conducta de las autoridades. La resolución sostiene que el inicio de investigaciones fue comunicado al Juez, el 18 de octubre de 2011, después de cuatro años, dos meses y veinte días, recién presentaron imputación formal el 7 de enero de 2016; apreciación falsa, pues se omitió valorar que: 3.i) La comisión de fiscales, emitieron Resolución de imputación formal el 20 de junio de 2013, ante la cual Coty Sonia Krsul Andrade, Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y “Edwin Ronald Franco García”, presentaron incidente de actividad procesal defectuosa el 19 de julio de mismo año, que luego de haberse suspendido la audiencia por falta de notificación a una de las sindicadas, fue resuelto el 17 de septiembre de igual año, por la Jueza “Lía Cardozo”, anulando las actas de declaración informativa y al no tener facultades para anular la imputación formal, la dejo sin efecto hasta tanto declaren nuevamente los imputados; 3.ii) El 20 de referido mes y año, los acusados interpusieron recurso de apelación incidental, pidiendo se disponga la nulidad de la imputación formal y la citada fecha “Edwin Ronald Franco García”, recuso a la Jueza “Lía Cardozo”, quien por Auto de 26 de similar mes y año, decidió no allanarse, fijada la audiencia para resolver dicho incidente, el 10 de octubre de mencionado año, no asistieron ni el recusante ni la Jueza recusada; por lo que, por Resolución de 11 de idéntico mes y año, la Sala Penal Tercera rechazo la recusación, y el 14 de mismo mes y año, recién devuelven obrados al juzgado; 3.iii) El 20 de septiembre igual año, también interpusieron recusación contra los fiscales que emitieron la Resolución de Imputación Formal “043/2013 ECO-FIN”, que fue resuelta por José Ángel Ponce Rivas, Fiscal Departamental declarando legal la recusación, lo cual género que le iniciaran un proceso disciplinario que culminó con su destitución. En diciembre de 2013 a febrero de 2014, se suspendieron algunas declaraciones de los imputados y otros se efectuaron quedando vigente la imputación, y el 12 de referido mes y año, los Fiscales informaron la ampliación del plazo de la investigación por noventa días ante la complejidad del caso y la falta de varios actos investigativos; 3.iv) La nueva comisión de fiscales emitieron dos resoluciones de rechazo, la primera la Resolución 063/2014 de 11 de abril, que no las incluía, por lo que, presentaron incidente de actividad procesal defectuosa el 21 de precitado mes y año; el 30 similar mes y año, notificaron a María Amanda Vivianne Vargas Salas con la Resolución de rechazo 064/2014,que no estaba en el cuaderno procesal cuando presentaron el incidente, es así que ese mismo día, presentaron otro incidente cuestionando la notificación ilegal a la nombrada, oportunidad en que fueron detenidas ilegalmente, por orden del “Vocal Clanam, los Jueces, Iván Córdova y Lía Cardozo y el Fiscal, José Ángel Ponce Rivas” a fin de que desistan de sus querellas; 3.v) Los beneficiados con las Resoluciones 063/2014 y 064/2014, después de tres meses de emitidas las mismas recién se notifican y nada menos desde Lima-Perú; y, el 12 de septiembre de 2014 la Fiscalía Departamental en suplencia legal, revoco el rechazo; es decir que, desde la imputación el 20 de junio de 2013, hasta la revocatoria, transcurrieron quince meses, de responsabilidad exclusiva de los acusados, quienes nunca desvirtuaron sus pruebas; 3.vi) Al no ser habido “Dionisio Fernando Romero Seminario”, principal sindicado, fue notificado con la ampliación de la querella por edictos el 28 de mayo de 2015, y posteriormente fue declarado rebelde; es así que, el 1 de junio de igual año, les notificaron con un incidente de actividad procesal defectuosa, interpuesto por el representante del prenombrado, pidiendo se deje sin efecto la notificación por edicto, con claras intenciones dilatorias; ya que, estando fijada la audiencia para su resolución el 16 de mismo mes y año, se suspendió por su propia inasistencia, posteriormente activaron la vía constitucional planteado acción de libertad, donde el Juez de garantías le otorgó la tutela que en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional fue revocada por SCP 1287/2015-S2 de 13 de noviembre, denegando la tutela; sin embargo, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz mantuvo oculta por diez meses; por lo que, se omitió considerar que, desde la presentación de la ampliación de la querella, el 14 de noviembre de 2014, hasta el 10 de junio de 2015, en que se resolvió la ilegal acción de libertad, transcurrieron ocho meses más, haciendo un total de veintitrés meses de absoluta responsabilidad del falso incidentista y los otros imputados; 3.vii) Omitió referirse a la prueba presentada junto a su memorial de apelación a la resolución de la excepción, de donde se prueba que el 22 de julio de referido año, el Ministerio Publico emitió requerimientos a INTERPOL, y al BCP S.A., a fin de dar con el paradero de “Dionisio Fernando Romero Seminario”, comunicando el incumplimiento de este último por memorial de 10 de agosto de mencionado año, y solicitando la conminatoria el 7 de septiembre de igual año; empero, nunca lo hicieron y aun no se tiene noticias de su paradero; sin embargo, el 16 de noviembre de idéntico año, presentaron excepción de la acción penal por duración máxima del proceso, atribuyéndole la dilación al Ministerio Publico, es decir, desde el 22 de julio al 16 de noviembre de mismo año, transcurrieron otros cuatro meses, haciendo veintisiete meses de dilación por parte de los ahora acusados; 3.viii) El 18 de diciembre de referido año, se llevó a cabo la inspección técnica ocular de FUNDEMPRESA, y el 7 de enero de 2016, la comisión de fiscales presentó al Juzgado de Instrucción Penal Tercero, Resolución de Imputación Formal “EASV-CHRM 01/2016” contra Coty Sonia Krsul Andrade, “Edwin Ronald Franco García” y Leonardo Raúl Mariaca Cardozo por la comisión de cuatro delitos. En ese sentido, todo ese accionar dilatorio de los imputados no fue analizado; puesto que, no puede haber extinción del proceso, cuando a consecuencia del uso de distintos medios de defensa y recursos, el imputado por un exceso de previsión provoca la dilación del proceso, lo cual está probado con la documental ofrecida en calidad de prueba; tampoco se tomó en cuenta, la actitud dolosa de los acusados de esperar de forma pasiva y premeditada el vencimiento de plazos y términos, contribuyendo a la retardación de justicia para ahora invocar la extinción de la acción penal; y, 3.ix) No se tomó en cuenta la mora estructural establecida en la SCP 0255/2014 de 12 de febrero, ante la falta de nombramiento de autoridades, crisis institucionales, cambio de sistema normativo; desconociendo también de manera arbitraria, los derechos y garantías del propio Estado, el “AS No. 222 de 7 de marzo de 2007” (sic) que expresamente establece que tratándose de hechos contra bienes del Estado, estos no prescriben, por lo tanto se debe denegar la extinción; 4) Respecto a el Auto de Vista 56/2017. Hace una relación de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso atribuible al Ministerio Publico, refiriendo algunas actuaciones por la que pretende atribuirnos la mora de dieciocho meses de los Vocales Virginia Janeth Crespo Ibáñez, Ernesto Macuchapi Laguna y Adán Willy Arias Aguilar; asimismo, en cuanto al Auto de Vista 56/2017, señala que constituye línea de aplicación en forma obligatoria, sin embargo, omite referir que a la fecha existe una acción de amparo constitucional contra dicha resolución, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo esperar el resultado; y, 5) Son evidentes los agravios al haber extinguido la acción penal sin tomar en cuenta que también debía resguardar las garantías jurisdiccionales que les asisten como víctimas y como agraviadas por los delitos denunciados, atentando abiertamente contra el valor y principio de igualdad, imponiéndoles una carga ajena a su responsabilidad y sancionándoles por el supuesto incumplimiento del Ministerio Público, lesionando los arts. 180.I y 113.I de la CPE, a su derecho a la reparación del daño por parte de los acusados una vez dictada la sentencia (fs. 152 a 159). II.3. Cursan votos fundamentados ambos de 29 de agosto de 2018, emitidos dentro el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y las peticionantes de tutela contra la Resolución 082/2017, por los cuales, en el caso de Ana María Villa Gómez Oña, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determina la admisibilidad de los recursos de apelación y la procedencia en parte de los fundamentos expuestos en la apelación, únicamente respecto a la omisión, determinando anular la referida resolución, disponiendo que el Juez a quo emita nueva resolución cumpliéndolos parámetros establecidos en el Auto de Vista; por su parte, William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal Segunda, dispuso la admisibilidad de los recursos de apelación y declarar la improcedencia de las cuestiones planteadas, confirmando la citada resolución (fs. 101 a 112 vta.). II.4. Se tiene voto dirimidor de 18 de septiembre de 2018, emitido por Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro la apelación incidental interpuesto contra la Resolución 082/2017 dictada por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado departamento, que declaró probada la extinción de la acción pernal por duración máxima del proceso en favor de Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade, pronunciando su voto a favor del Vocal William Eduard Alave Laura, en consecuencia, disponiendo la admisibilidad de la apelación e improcedente los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y las ahora accionantes, y confirmó la referida resolución (fs. 129 a 134 vta.). II.5. Consta decreto de 20 de septiembre de 2018, por el cual, Ana María Villa Gómez Oña, Presidenta dela Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, decreto que pasen obrados a despacho (fs. 135). II.6. Mediante Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con convocatoria del Vocal Adán Willy Arias Aguilar, determina la ADMISIBILIDAD de los recursos interpuestos por el Ministerio Público y por Marianella Cerball de Rowbottom, por haber sido deducido en el plazo previsto por ley; sin embargo de ello, se declare la IMPROCEDENCIA de los fundamentos expuestos en el recurso y en consecuencia CONFIRMÓ la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en favor de los sindicados Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade, con el voto fundamentado de William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal Segunda, voto dirimidor de Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda y voto disidente de Ana María Villa Gómez Oña, Presidenta de la Sala Penal Primera; bajo los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la perdida de competencia del Juez a quo; es necesario señalar que, es evidente que existe una acusación formal que fue remitida ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, y este con la facultad de saneamiento observó que no puede asumir competencia para conocer el proceso, hasta que se remitan antecedentes al Tribunal de alzada de un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 427/2016, señalando además que, existen incidentes y excepciones pendientes de resolución planteados en etapa preparatoria que deben ser resueltos por el Juez cautelar; este extremo no denota ilegalidad y más aun de eficacia esta actividad de saneamiento de cuestiones pendientes de resolución deben ser resueltos en etapa preparatoria a efectos de que el Tribunal de Sentencia conozca un caso sin vicios de nulidad, consecuentemente, el Juez de Instrucción Penal al momento de emitir la Resolución “082/2018” tenía competencia exclusiva y limitada para subsanar aspectos no considerados en su oportunidad, por lo que, la competencia limitada se refiere precisamente a los actuados pendientes de resolver a efectos de emitir debidamente saneado el proceso ante el Tribunal de Sentencia; b) En relación a quien era atribuible la mora procesal, se constató que el Juez a quo, a momento de emitir la Resolución 082/2017, estableció que la mora procesal era atribuible al Ministerio Publico y a la parte querellante, lo cual se ve reflejado bajo un análisis integral de los antecedentes procesales, consiguientemente, si existe una análisis por parte del Juez de primera instancia en relación a la mora procesal conforme la SC “101/2004 de 1 de septiembre”, con relación al Auto Constitucional (AC) “079/2004-EK de 29 de septiembre”; c) Sobre la complejidad del tema, al afirmar que existirían quince personas sindicadas, de las cuales ocho no fueron habidas, así como de la querella, y que existirían otros funcionarios investigados, es importante señalar que ya existe un proceso con acusación con tres delitos y tres acusados, por lo que, la complejidad del asunto no es tal, porque no existe un sin número de delitos en relación a diversos aspectos propios de un hecho, así como diversidad de acusados, extremos que no se dan en este caso, además que la autoridad jurisdiccional en ningún momento estableció que el caso era complejo. Asimismo, conforme a la SCP “26/2015-S3” y el Auto Supremo (AS) “534/2017”, establecen que para resolver la extinción de la acción penal, se debe contar con parámetros que hagan viable la extinción, y que quien pretende desmerecer la misma, debe fundamentar debidamente su recurso como mencionan los y los 396.3 y 404 del CPP; d) Respecto al reclamo de que no se hubiere valorado la prueba, se debe establecer que en relación a la conducta de los imputados, se desprende que el juzgado ha realizado un análisis a “fs. 520 vta. y 521” de toda la actividad de los imputados, incluyendo al imputado “Edwin Ronald Franco García”, señalando el mencionado Auto apelado que:-hace una descripción textual de esa parte del Auto mencionado-, concluyendo que, de lo anotado se desprende que si existe un argumento valorativo de los medios de prueba correspondiente; e) En relación a que el Juez a quo no hubiera analizado sobre la dilación generada por el imputado que haría improcedente a la extinción de la acción penal; se debe señalar que, tanto el Ministerio Público como la parte querellante tienen que demostrar dentro los plazos previstos por ley y los elementos constitutivos de los hechos denunciados como delitos, generando ello un plazo razonable conforme lo establece la Constitución Política del Estado, como el Pacto de San José de Costa Rica, evitando una persecución penal indefinida y eterna en muchos casos; es decir, la actitud del imputado a través de los medios de defensa que pudiese plantear, son garantías procesales en función a la presunción de inocencia, por lo que, no puede ser considerado como un elemento contrario a su derecho a la defensa y mientras este no sea declarado malicioso no puede considerarse como parte de la dilación del proceso, salvo declaratoria de rebeldía; f) Con relación a la Resolución 56/2018 que hubiera sido cuestionada a través de un amparo constitucional, la apelante no indica cual sería el agravio conectado a la presente resolución, no existe nexo causal, por lo que, no corresponde considerarlo; g) Los plazos establecidos en la norma adjetiva penal, son para que se apliquen, por cuanto la correcta administración de justicia, así como la celeridad y oportuna conclusión de los procesos, forman parte del debido proceso reconocido en el art. 115.II de la CPE; y en cuanto a las razones por las que se extingue la acción penal, están vinculadas a ciertos hechos en el tiempo, como cuando el Estado actúa de forma negligente impidiendo con ello, la culminación del proceso en un plazo razonable, precisamente por la pasividad de los actores como el Fiscal y la parte querellante, tomando en cuenta que la persecución requiere de una justificación, más aun cuando el Ministerio Publico tiene como brazos operadores al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y a la Policía Boliviana, con el fin de llevar una investigación eficiente y eficaz dentro los plazos señalados por ley, máxime si se trata de delitos públicos donde la fiscalía tiene la obligación de proseguir la investigación independientemente de la actitud pasiva del querellante; h) Sobre el aspecto que la Resolución 082/2017 pone como fundamento falsas apreciaciones en cuanto a tiempos; en el segundo considerando de la misma se hace una precisa relación de actuados, fechas de la presentación y/o realización de actuados procesales, mismos que coinciden con los datos que se tienen en el cuaderno procesal, señalando también sobre la dilación ocasionada por el Ministerio Publico, tomando en cuenta que de acuerdo a los arts. 300 y 302 del CPP, establece que la investigación preliminar no puede durar más de veinte días, prorrogables a noventa días, y el presente caso tiene una duración de más de cinco años, cinco meses y más, aun descontando las vacaciones judiciales, tiene una duración de más de cuatro años, demostrando de esa manera que el fiscal se excedió en cuanto al tiempo de la investigación, de ahí que se debe tomar en cuenta el art. 55.I de la Ley del Ministerio Público (LMP), el cual fue incumplido por la instancia fiscal; y, i) Es menester enfatizar que la parte apelante ha invocado una serie de derechos y garantías supuestamente vulnerados con la resolución de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no obstante, la parte recurrente debe reconocer la vigencia plena del art.133 del CPP; ya que, dicha norma fue instituida por el legislador para evitar se incurra en retardación de justicia y la lesión al principio de celeridad consagrado por los arts. 178.I y 180.I de la CPE, así como el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 115.II de la CPE, y la SC 1684/2010-R de 25 de octubre; por lo que, considerando esta normativa, el contraste con todas las actuaciones mencionadas y tomando en cuenta que el inicio de investigaciones data del 14 de octubre de 2011, conforme al art. 5 párrafo segundo del CPP, se tiene que a la fecha en que se emitió la resolución, evidentemente transcurrieron cinco años y varios meses (fs. 2 a 8). II.7. Mediante memorial presentado el 28 de septiembre de 2018, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, las ahora impetrantes de tutela interpusieron recusación contra el Vocal convocado a dirimir Adán Willy Arias Aguilar, señalando entre otros que, el prenombrado ya había intervenido anteriormente en la misma causa, como Vocal dirimidor en el recurso de apelación planteado contra la Resolución 015/2016 de 15 de enero, que declaro probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, solicitado por otro de los imputados, “Edwin Ronald Franco García”, oportunidad, en la que declaro la improcedencia de sus argumentos del recurso de apelación y confirmó la referida resolución extinguiendo la acción penal, sin tomaren cuenta la complejidad del caso, la conducta de los imputados, ni el accionar de las autoridades componentes. Memorial que fue decretado el 1 de octubre de 2018 por la Presidenta de citada Sala Penal, señalando que: “La parte impetrante deberá presentar sus escritos conforme los datos del proceso, por lo que deberá estar a lo resuelto por Auto de Vista N° 179/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018.” (sic [fs. 126 a 127 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos juez imparcial, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, a la igualdad, a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder y a la verdad material; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación contra la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, incurriendo en los siguientes actos ilegales: 1) El Vocal Adán Willy Arias Aguilar, pese a que se solicitó su recusación conforme los arts. 316.1 y 318 del CPP, que le obligaba incluso de oficio a excusarse del conocimiento del proceso, no solo no se allanó, sino que más bien dictó el Auto de Vista 179/2018 con los mismos argumentos del Auto de Vista 56/2017 de 6 de febrero -donde también intervino como dirimidor- y dentro la misma causa, declarando la improcedencia de los fundamentos expuestos en los recursos y confirmando la Resolución 082/2017; tornando, el Auto de Vista 179/2018 en una resolución nula e ilegal, que lesiona la garantía del juez imparcial como parte del debido proceso; 2) Emitieron el Auto de Vista 179/2018, sin fundamentación ni motivación y sin valorar su prueba, respecto a: 2.i) Su primer agravio señalaron que no es evidente la ilegalidad sobre que el Juez a quo perdió competencia, sin considerar que al existir acusación fiscal este remitió el proceso al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz y no podía reasumirla por la emisión de un decreto al haberse dado cumplimiento a lo previsto por los arts. 325.I y 340.I del CPP; 2.ii) Respecto a quien es atribuible la mora procesal, se limitaron a señalar que, bajo un análisis integral de los antecedentes el Juez estableció que la mora procesal era atribuible al Ministerio Público y la parte querellante, sin advertir la incongruencia omisiva de la Resolución 082/2017 por cuanto los excepcionistas solicitaron la extinción de la acción penal por duración máxima atribuible al Ministerio Publico, y en la parte considerativa el Juez funda dicha mora atribuible no solo a tal instancia, sino también a la parte querellante y en la parte resolutiva simplemente declara la extinción sin identificar al responsable de la dilación; 2.iii) Sobre la complejidad, omitieron maliciosamente que la extinción fue planteada el 30 de mayo de 2016 y la acusación fiscal fue pronunciada el 14 de febrero de 2017, no existiendo relación como sostienen los demandados; también omitieron que existe ampliación de querella de 14 de noviembre de 2014 contra quince personas y por delitos de corrupción, admitida por el Ministerio Público y comunicada a la autoridad jurisdiccional, con lo que se probó la complejidad del asunto, pero dicha ampliación de la querella fue ignorada deliberadamente; 2.iv) Tergiversaron el agravio sobre la falta de valoración de la prueba, pretendiendo que la misma se refería a la prueba de los imputados y no a la presentada con su memorial de respuesta a la excepción y detallada en su recurso de apelación; y, 2.v) En cuanto a la dilación generada por el imputado, no analizaron que tampoco puede haber extinción de la acción penal, cuando por el uso de los distintos medios de defensa y recursos el imputado por un exceso de previsión provoca la dilación del proceso, lo cual no puede ser considerado como un elementó contrario a su derecho como maliciosamente sostienen los Vocales, más aun cuando dichos excesos fueron probados en la documentación adjuntada en su respuesta a la excepción y citados en su recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La garantía general del debido proceso en sus elementos de derecho al juez natural e imparcial, y la excusa y recusación como medios para garantizar la materialización de la misma; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos de derecho al juez natural e imparcial, y la excusa y recusación como medios para garantizar la materialización de la misma

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 0902/2010-R, y las SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

“En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones” (las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una clausula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En tal sentido, uno de los elementos de la garantía general del debido proceso, es el derecho al juez natural reconocido en el art. 120.I de la CPE en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”. En ese marco constitucional, se tiene que este Tribunal desde sus inicios dejo expresamente establecido que el juez natural y el juez imparcial se constituyen en una garantía del debido proceso, en ese sentido, la SC 0491/2003-R de 15 de abril, señalo que:

“Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución” (el resaltado nos pertenece). En esa misma línea de razonamientos, más adelante, la SC 0074/2005 de 10 de octubre, estableció que la garantía del juez natural contiene los siguientes elementos constitutivos que le conciernen: 1) Juez predeterminado, éste elemento se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia predeterminado, no al titular o la persona que ejerce la condición de Juez o es miembro del Tribunal, en ese entendido, es el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida de jurisdicción y competencia por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso cualquiera sea su índole, empero, no está dirigido a prohibir a que un Juez designado después del hecho, conozca y resuelva el caso; puesto que, sería de imposible aplicación, aun existiendo jueces vitalicios y no se cumpliría la función teleológica del mismo; 2) Juez competente, independientemente de la persona que la ejerce, alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en base a normas jurídicas previamente establecidas conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, para conocer y resolver una controversia; 3) Juez independiente, tiene una doble significación, por una parte, alude al órgano judicial, que en su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 178 de la CPE), por otra parte, refiere a la persona que ejerce la jurisdicción, que debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y, 4) Juez imparcial, es un elemento propio y connatural de la jurisdicción, supone la existencia de un órgano ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, menciona a la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, su finalidad es dirimir dicho conflicto o constatar una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada. Así, sobre este último componente del juez natural, como es el juez imparcial, tiene una vinculación con el principio de imparcialidad en la administración de justicia, reconocido por la Constitución Política del Estado en el art. 178.I., precisamente, para la materialización de este componente del debido proceso, al señalar que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad…”; en ese sentido, el elemento del juez independiente e imparcial, es aquel que resuelve la controversia sometida a su conocimiento, exenta de toda injerencia o intromisión judicial o interés o relación personal, manteniendo una posición objetiva al momento de 2 La SC 0074/2005 de 10 de octubre, textualmente se refiere a los elementos constitutivos del derecho al juez natural, en los siguientes términos: “a) Juez predeterminado, se entiende por tal a la autoridad cuya jurisdicción y competencia es determinada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso, sea judicial o disciplinario administrativo, lo que supone que el órgano judicial o disciplinario haya sido creado por la norma legal previamente. De lo referido se infiere que, en el ámbito del derecho al debido proceso significa el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida, por el ordenamiento jurídico, de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial o disciplinario, conforme corresponda.

Cabe señalar que el derecho al juez predeterminado está expresamente consagrado por las normas previstas por los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implícitamente consagrado por el art. 16 de la CPE. Es en resguardo de ese derecho que el Constituyente ha previsto la respectiva garantía constitucional de carácter normativo que está consignada en el art. 14 de la CPE objeto de análisis.

De las normas antes referidas, siguiendo la doctrina constitucional así como la amplia jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede concluir que el derecho al juez predeterminado exige la concurrencia de las siguientes condiciones: i) el órgano judicial haya sido creado previamente por un precepto legal; ii) el órgano judicial esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial o disciplinario; iii) su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de tribunal ad hoc o de comisión especial; iv) la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley; y v) en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano respectivo. El cumplimiento de estas condiciones, contribuye a garantizar la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional que es lo que se protege por el derecho al juez predeterminado. De lo referido se infiere que el derecho al Juez predeterminado es con relación al juzgado o tribunal con jurisdicción y competencia predeterminado, no es al titular, es decir, a la persona que ejerce la condición de Juez o miembro del Tribunal respectivo; por ello debe entenderse que la garantía prevista por el art. 14 de la CPE, para el ejercicio del derecho al juez predeterminado, se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia, no a los jueces o miembros de un Tribunal como sujetos; así fue entendido por este Tribunal en su SC 560/2002-R, de 15 de mayo, en la que se expresó la siguiente doctrina constitucional: "(...) los alcances del precepto constitucional (art. 14) no pueden extraerse de la literalidad del precepto, sino de la finalidad que el mismo tiene dentro del orden constitucional. De ahí que, de manera congruente con lo anotado, cuando dicho precepto dice: 'Nadie debe ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa', está desarrollando la garantía del Juez natural, dentro de los alcances anteriormente expuestos, y no a prohibir que un Juez designado después del hecho conozca y revuelva el caso, pues esto no sólo que no cumpliría la función teleológica del mismo, sino que sería de imposible aplicación; pues, ni aun existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal exigencia, que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la norma".

b) Juez competente es el órgano que, de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha acepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada.

c) Juez independiente tiene una doble significación, por un lado, alude al órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese sentido su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 116.VI y VIII de la CPE); y de otro lado, alude a la persona que ejerce la jurisdicción, la cual debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado.

d) Juez imparcial también está referido al órgano jurisdiccional del Estado, y es un elemento propio y connatural de la jurisdicción; en otros términos, el ejercicio de la función jurisdiccional supone la existencia de un órgano imparcial, ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, cuya misión es la de dirimir un conflicto o la constatación de una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada”, citada por la SCP 1047/2013 de 27 de junio, SCP 0041/2001 de 5 de enero, SCP 0782/20018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.

adoptar su decisión y emitir la resolución (SC 1494/2011-R de 11 de octubre). Bajo esos entendimientos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunciándose sobre este elemento del debido proceso, como es el juez imparcial, en la SCP 0208/2018-S4 de 21 de mayo, estableció que este componente de la imparcialidad judicial también encontró su reconocimiento en los instrumentos internacionales, citando entre ellos al art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, el art. 14.1 del PIDCP, y refiriéndose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al resolver el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, dejo fundando que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso, debiendo garantizarse que dicha función cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio, y que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. En ese sentido, ese marco internacional de reconocimiento a la garantía de juez imparcial, también fue invocado por la mencionada Sentencia Constitucional, para explicar cómo debe ser entendida este principio o garantía, para que en ejercicio pleno de esta, las personas puedan pedir su tutela o resguardo, así refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que fue adoptada por la referida CIDH, señalo que la misma instituyo la “teoría de la apariencia”, a través de la cual la imparcialidad debe ser analizada desde una equidad subjetiva y prueba objetiva, que permitan eliminar cualquier duda o susceptibilidad que puedan tener los justiciables respecto a la imparcialidad del juez, a este efecto desarrollo:

“A partir de esta Sentencia, la citada Corte haciendo mención expresa de lo desarrollado por su homóloga europea explica a continuación que: “…la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho”

Sobre las dos aludidas acepciones, subjetiva y objetiva, el Tribunal Constitucional del Perú, asumiendo igualmente la influencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, en la Sentencia del EXP. 0004-2006-PI/TC de 29 de marzo, señaló que la primera (imparcialidad subjetiva): “Se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso”; y respecto de la segunda (imparcialidad objetiva), que: “Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”.

Sobre esta última acepción, la doctrina sentada por la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, y adoptada por la CIDH, cuya jurisprudencia nos resulta vinculante (SC 0110/2010-R de 10 de mayo), ha instituido la denominada “Teoría de la apariencia”, deducida de cada uno de los razonamientos jurisprudenciales aquí glosados, y por la cual se tiene que no solo se trata de la obligación de actuar imparcialmente sino que además esa imparcialidad debe exponerse en una postura explícita del juzgador dentro del proceso y para convencimiento de las partes, de modo tal que es también obligación del juez evitar toda conducta que ponga en riesgo el cumplimiento de su obligación, es decir, de actuar de forma imparcial. Así, la apariencia de imparcialidad constituye un presupuesto de un juicio justo; toda vez que, el juez será imparcial cuando sus actos expliciten justamente esta posición dentro del proceso.

Por ello, en caso de que el Juez no pueda asegurar dicha apariencia, deberá inhibirse del conocimiento del caso a través del instituto de la excusa, o en su defecto, podrá ser recusado por quien considere y demuestre objetivamente dicha condición.” (las negrillas son nuestras).

III.1.1. La excusa y recusación como medios para garantizar el componente de juez imparcial como garantía del debido proceso

Ahora bien, del desarrollo jurisprudencial precedente, sobre el derecho y garantía del juez natural en su componente juez imparcial, este Tribunal ha coincidido a través de sus entendimientos, que esta garantía encuentra su resguardo en la normativa penal adjetiva; ya que, el legislador a instituido como medios para garantizar la misma las figuras procesales de la excusa y recusación; así, la anteriormente citada SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señalo que, la excusa y recusación tienen por exclusiva finalidad, garantizar que el proceso se desarrolle dentro del marco de objetividad y que el fallo responda a una valoración imparcial de parte del órgano encargado de administrar justicia; siguiendo igual razonamiento, la SCP 1509/2014 de 16 de julio, sostuvo que, el ordenamiento jurídico ha previsto los incidentes de excusa y recusación a efectos de que en casos de existir causales que comprometan la imparcialidad de los administradores de justicia, éstos puedan apartarse o ser apartados del proceso; por su parte, la SCP 0233/2017-S3 de 24 de marzo, citando a la SC 1494/2011-R estableció que:

“A fin de que el proceso penal se desarrolle dentro del marco de la objetividad e imparcialidad, la normativa procesal penal estableció mecanismos específicos destinados exclusivamente a garantizar el efectivo ejercicio del derecho al juez natural, entendido este como aquel que toda persona tiene de ser oída y juzgada con todas las garantías debidas, es decir que sea juzgada por un juez competente, independiente e imparcial, para lo cual ha previsto el instituto de la excusa a través de la cual una autoridad judicial bajo determinadas circunstancias puede abstenerse del conocimiento de una causa, y el instituto de la recusación por medio de la cual una de las partes o ambas pueden impugnar legítimamente la actuación de un Juez al considerar comprometida su objetividad e imparcialidad, considerándose ambos institutos como los idóneos para garantizar un debido proceso en lo que concierne al citado derecho, trámite previsto en el Código de Procedimiento Penal a partir del art. 316 y ss.”

Consecuentemente, en el caso de la excusa, constituye un deber legal para Juez en materia penal, deber que se encuentra expresamente normado por el art. 318 del CPP, el cual prevé: “El juez comprendido en alguna de las causales establecidas en el art. 316 de este Código, está obligado a excusarse, mediante resolución fundamentada, apartándose de inmediato del conocimiento del proceso.”, infiriéndose de este precepto que, si la autoridad jurisdiccional incurre en algunas de las causales contempladas en el art. 316 del CPP, está constituido, por la naturaleza del cargo, a apartarse del conocimiento de la causa, con la finalidad de preservar la garantía del juez imparcial, entendida como tercero ajeno al conflicto y a las partes; por otro lado, la figura procesal de la recusación es un medio legal sumarísimo y accesorio, cuyo objetivo es permitir a las partes de un proceso que puedan solicitar la separación del conocimiento de una causa de todo servidor público contra quien exista sospecha fundada de que en la sustanciación del proceso no procederá legalmente; por lo que, el trámite que asiste a la misma es de previo y especial pronunciamiento en relación a la resolución que ponga fin al litigio, de ello deviene que procesalmente la oportunidad para su interposición excepcional se establece taxativamente hasta antes de la emisión de una resolución definitiva. Bajo esa comprensión y en esa misma línea de razonamientos respecto a que los instrumentos procesales de la excusa y recusación tienen la finalidad de garantizar el derecho a un juez imparcial, la SCP 0208/2018-S4, efectuando una interpretación del art. 316.I del CPP, señalo que, en dicha norma, se encuentran previstas una lista de causales que pueden ser invocadas por las partes a efectos de demostrar de forma objetiva sus dudas razonables respecto a la imparcialidad del juez o tribunal y refiriéndose específicamente al numeral 1 del citado artículo que establece como una causal de excusa o recusación: “Haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante, querellante, perito o testigo”, expresó que dicha circunstancia enuncia una condición material que pone en riesgo la vertiente objetiva del derecho al juez imparcial, que en la doctrina y jurisprudencia comparada, se conoce como el conocimiento previo del “thema decidendi o la materia en litigio”; en ese marco, continuo explicando, que la razón de que el ordenamiento jurídico en materia penal, establezca un juez diferente para cada etapa del proceso penal –etapa preparatoria, de juicio oral y recursos- se debe a que precisamente en resguardo de la garantía del juez imparcial, un juez que conoció la etapa previa ya sea durante la investigación o juzgamiento no puede conocer la posterior, pues se hace indiscutible que ese conocimiento previo del caso le permitió formar una convicción u opinión del caso a examinar, lo cual sin duda generaría una duda legítima sobre su imparcialidad; así, esta causal prevista en el art. 316.1 del CPP, interpretada como conocimiento previo del tema, fue explicada por el citado fallo constitucional, en etapa de juicio oral, a partir de la jurisprudencia comparada y la normativa inherente establecida en la norma adjetiva penal, concluyendo tras ese análisis interpretativo que, en cualquier etapa o instancia, para el conocimiento de cualquier acto, un juez que haya intervenido anteriormente en la misma causa, no podrá formar parte del Tribunal, estableciendo que:

“Finalmente, y de forma pertinente a lo arriba razonado, coincide lo establecido en el Cuarto Principio General del Proceso (A), numeral 2 del “Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal”, en el cual refiere que: “Los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, no podrán formar parte del Tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa. Tampoco quienes hayan participado en una decisión después anulada por un Tribunal Superior” (el resaltado corresponde al texto original). Todo este desarrollo jurisprudencial nos lleva a la comprensión de que la garantía del juez imparcial como componente del juez natural se encuentra consagrada en el art. 120.I de la CPE, que a su vez forma parte integrante del derecho y garantía del debido proceso, plasmado en los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental; consiguientemente, las figuras procesales de la excusa y recusación como medios para preservar la garantía del juez imparcial, en particular la recusación tiene directa vinculatoriedad con el derecho al juez natural, por lo que, ante la eventualidad de que la misma, con su resultado o no consideración al ser planteada, resulta lesivo a los derechos fundamentales, entre ellos, a un juez imparcial, se apertura la tutela a través de la acción de amparo constitucional como aquel mecanismo jurisdiccional destinado a proteger los derechos de las partes del proceso; es decir, el debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, entre ellos el juez natural en su elemento de imparcialidad.

III.2. Análisis del caso concreto

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos juez imparcial, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, a la igualdad, a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder y a la verdad material; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación contra la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, incurriendo en los siguientes actos ilegales: i) El Vocal Adán Willy Arias Aguilar, pese a que se solicitó su recusación conforme los arts. 316.1 y 318 del CPP, que le obligaba incluso de oficio a excusarse del conocimiento del proceso, no solo no se allanó, sino que más bien dictó el Auto de Vista 179/2018 con los mismos argumentos del Auto de Vista 56/2017 de 6 de febrero -donde también intervino como dirimidor- y dentro la misma causa, declarando la improcedencia de los fundamentos expuestos en los recursos y confirmando la Resolución 082/2017; tornando, el Auto de Vista 179/2018 en una resolución nula e ilegal, que lesiona la garantía del juez imparcial como parte del debido proceso; i) Emitieron el Auto de Vista 179/2018, sin fundamentación ni motivación y sin valorar su prueba, respecto a: i.a) Su primer agravio señalaron que no es evidente la ilegalidad sobre que el Juez a quo perdió competencia, sin considerar que al existir acusación fiscal este remitió el proceso al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz y no podía reasumirla por la emisión de un decreto al haberse dado cumplimiento a lo previsto por los arts. 325.I y 340.I del CPP; i.b) Respecto a quien es atribuible la mora procesal, se limitaron a señalar que, bajo un análisis integral de los antecedentes el Juez estableció que la mora procesal era atribuible al Ministerio Público y la parte querellante, sin advertir la incongruencia omisiva de la Resolución 082/2017 por cuanto los excepcionistas solicitaron la extinción de la acción penal por duración máxima atribuible al Ministerio Publico, y en la parte considerativa el Juez funda dicha mora atribuible no solo a tal instancia, sino también a la parte querellante y en la parte resolutiva simplemente declara la extinción sin identificar al responsable de la dilación; i.c) Sobre la complejidad, omitieron maliciosamente que la extinción fue planteada el 30 de mayo de 2016 y la acusación fiscal fue pronunciada el 14 de febrero de 2017, no existiendo relación como sostienen los demandados; también omitieron que existe ampliación de querella de 14 de noviembre de 2014 contra quince personas y por delitos de corrupción, admitida por el Ministerio Público y comunicada a la autoridad jurisdiccional, con lo que se probó la complejidad del asunto, pero dicha ampliación de la querella fue ignorada deliberadamente; i.d) Tergiversaron el agravio sobre la falta de valoración de la prueba, pretendiendo que la misma se refería a la prueba de los imputados y no a la presentada con su memorial de respuesta a la excepción y detallada en su recurso de apelación; y, i.e) En cuanto a la dilación generada por el imputado, no analizaron que tampoco puede haber extinción de la acción penal, cuando por el uso de los distintos medios de defensa y recursos el imputado por un exceso de previsión provoca la dilación del proceso, lo cual no puede ser considerado como un elementó contrario a su derecho como maliciosamente sostienen los Vocales, más aun cuando dichos excesos fueron probados en la documentación adjuntada en su respuesta a la excepción y citados en su recurso de apelación.

De la relación de antecedentes y conclusiones que informan el presente fallo constitucional, se tiene que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de Marianella Cerball de Rowbottom, María Amanda Vivianne Vargas Salas y Cristina Elena Pareja Lara –ahora accionantes- contra Leonardo Raúl Mariaca Cardozo, Coty Sonia Krsul Andrade y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y agravación en caso de victimas múltiples, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 082/2017 de 23 de marzo, “…DECLARÓ PROBADA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO…” (sic), en favor de los sindicados Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade; resolución que fue objeto de recurso de apelación de parte de las ahora impetrantes de tutela, el 7 de abril de igual año, mereciendo, Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de precitado departamento, con convocatoria del Vocal Adán Willy Arias Aguilar, determinando la ADMISIBILIDAD de los recursos interpuestos por el Ministerio Publico y por Marianella Cerball de Rowbottom, por haber sido deducido en el plazo previsto por ley; sin embargo de ello, se declare la IMPROCEDENCIA de los fundamentos expuestos en el recurso y en consecuencia CONFIRMÓ la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en favor de los sindicados Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade, con el voto fundamentado de William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal Segunda, voto dirimidor de Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda y voto disidente de Ana María Villa Gómez Oña, Presidenta de la Sala Penal Primera (Conclusiones II.1, II.2 y II.6). Consideraciones previas sobre la legitimación pasiva En ese sentido, con carácter previo al análisis de los extremos descritos precedentemente, corresponde aclarar respeto a la observación y cuestionamientos que realizó la parte demandada, con relación a la falta de legitimación pasiva de los mismos, debido a que el recurso de apelación del cual emerge el Auto de Vista 179/2018 ahora cuestionado fue sorteado a la Sala Penal Primera y que al resolver la apelación los Vocales que la conformaron entraron en disidencia, razón por la que, se convocó a Adán Willy Arias Aguilar como Vocal dirimidor, quien apoyo el voto fundamentado del Vocal William Eduard Alave Laura, -ambos Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- emitiéndose en consecuencia, el citado Auto de Vista; motivos por los cuales alegan que la presente acción de amparo constitucional debió estar dirigida contra los Vocales de Sala Penal Primera en su actual conformación; empero, que los mismos no fueron accionados en la presente acción de defensa. Al respecto, se debe señalar que, en cuanto al cumplimiento de la legitimidad pasiva en la acción de amparo constitucional, tanto la Norma Fundamental como la procesal constitucional exigen que el demandado sea plenamente identificado, pues esta acción tutelar debe ser promovida contra la autoridad pública o el particular que provocó lesión a los derechos fundamentales de las personas; así también lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, que en la SCP 0539/2016-S2 de 23 de mayo, estableció que:

“La legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional, exige la coincidencia entre la persona o autoridad que presuntamente cometió la trasgresión de derechos fundamentales y garantías constitucionales y aquella contra quién se dirige la acción. Sobre el particular, la abundante jurisprudencia constitucional determinó que debe indubitablemente identificarse a la persona particular o autoridad que presuntamente ocasionó las lesiones a derechos fundamentales y garantías constitucionales a efecto de poder responder por las acusaciones efectuadas en su contra. En este sentido, entre otras, la SCP 1011/2014 de 6 de junio, estableció: El art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece como requisito para la presentación de la acción de amparo constitucional el indicar el nombre y domicilio de la parte demandada o datos básicos para identificarla y en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificado o notificada; precepto normativo que se desprende del contenido teleológico del art. 128 de la CPE, que dispone que la acción de amparo constitucional, podrá ser planteada contra todo persona o autoridad que restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos y/o garantías constitucionales.

(…)

Bajo este entendimiento, la legitimación pasiva es la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir los actos o hechos reclamados por el actor que formula una demanda sobre una pretensión de contenido material, motivo por el cual, el sujeto pasivo de la acción de amparo constitucional debe estar plenamente identificado y guardar relación directa con el objeto de la vulneración”. (el resaltado es nuestro). En ese marco legal y jurisprudencial, conforme lo alegan las propias autoridades demandadas, éstas fueron quienes emitieron la resolución ahora impugnada, misma que las ahora accionantes consideran el acto ilegal, identificando plenamente a las autoridades que con su emisión presuntamente causaron la vulneración a los derechos aludidos, en este caso, los ahora demandados, quienes efectivamente suscribieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, a través de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con convocatoria del Vocal Adán Willy Arias Aguilar, determina la ADMISIBILIDAD de los recursos interpuestos por el Ministerio Publico y por Marianella Cerball de Rowbottom, por haber sido deducido en el plazo previsto por ley; sin embargo de ello, se declare la IMPROCEDENCIA de los fundamentos expuestos en el recurso y en consecuencia CONFIRMÓ la Resolución 082/2017 de 23 de marzo, que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en favor de los sindicados Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade, con el voto fundamentado de William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal Segunda, voto dirimidor de Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda y voto disidente de Ana María Villa Gómez Oña, Presidenta de la Sala Penal Primera; en tal sentido, existe plena coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción ; es decir que en este caso se tiene demostrado la vinculación entre las autoridades demandadas y el acto que se impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, si también lo estableció la SC 0979/2010-R de 17 de agosto, al señalar que: “especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos…” ; consecuentemente, no concurre la falta de legitimación pasiva que se alega por la parte demandada. Por otro lado, corresponde aclarar que si bien la presente acción tutelar también fue interpuesta contra el ex Juez y actual Jueza de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, de la lectura del memorial de acción de amparo constitucional y los argumentos expuestos en audiencia tutelar por parte de las impetrantes de tutela, este Tribunal no ha podido advertir el acto ilegal u omisión indebida expreso y especificó en el que hubiera incurrido la referida autoridad, lo cual imposibilita que este Tribunal efectué el análisis pertinente, correspondiendo denegar la tutela en relación a esta autoridad jurisdiccional demandada.

Ahora bien, hecha la aclaración precedente y establecidos los antecedentes procesales, se tiene que las peticionantes de tutela a través de esta acción tutelar identifica como el acto lesivo a su derecho, la emisión del Auto de Vista 179/2018 y las determinaciones asumidas por los Vocales demandados en el mismo; señalando que dicho fallo, se constituye en una resolución ilegal que lesionó la garantía del juez imparcial, y vulnera su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, valoración de la prueba; a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, a la igualdad, entre otros, al haber confirmado la resolución del Juez a quo, por la cual se benefició con la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso a los coimputados, sin considerar la complejidad del caso, la conducta de los imputados, ni el accionar de las autoridades judiciales; a ese efecto, con el fin de determinar si tal vulneración así como los otros aspectos que denuncian las mismas a través de esta acción de amparo constitucional son ciertos, corresponde ingresar al análisis de fondo de las problemáticas establecidas en el objeto procesal de este fallo; así se tiene que: En relación al primer punto del problema planteado A través de este primer inciso, las ahora accionantes, denuncian que, el Vocal Adán Willy Arias Aguilar, pese a que solicitaron su recusación conforme los arts. 316.1 y 318 del CPP, que le obligaba incluso de oficio a excusarse del conocimiento del proceso, éste no solo no se allano, sino que más bien dicto el Auto de Vista 179/2018 con los mismos argumentos del Auto de Vista 56/2017 de 6 de febrero -donde también intervino como dirimidor- y dentro la misma causa, declarando la improcedencia de los fundamentos expuestos en los recursos y confirmando la Resolución 082/2017; tornando, el Auto de Vista 179/2018 en una resolución nula e ilegal, que puso en tela de juicio la imparcialidad de los juzgadores en el proceso. En ese contexto, de la lectura del memorial y de lo ampliado en audiencia de amparo constitucional, se tiene que las peticionantes de tutela respecto a esta primera denuncia esencialmente alega la vulneración del debido proceso en su componente juez natural en su elemento de imparcialidad, por lo que, a efectos de la verificación constitucional sobre la vulneración o no de este derecho, concierne remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de donde se tiene que el juez natural e imparcial no solamente se constituye un derecho sino también una garantía fundamental que tiene su sustento en el principio de imparcialidad consagrado en el art. 178.I de la CPE y en los instrumentos internacionales, y, a cuya observancia, está obligada la administración de justicia, configurándose esa independencia e imparcialidad en el hecho de que el juez o tribunal debe resolver la controversia sometida a su conocimiento, exento de toda injerencia o intromisión judicial o interés o relación personal, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución, es decir que, con su función debe garantizar no solo la mayor objetividad sino también debe inspirar confianza a las partes en el caso y a la sociedad en general; en tal sentido, el derecho al juez natural en su elemento de imparcialidad se encuentra consagrada en el art. 120.I de la CPE, que a su vez forma parte integrante del derecho y garantía del debido proceso, plasmado en los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental; por lo que, ante una posible vulneración de este derecho, se apertura la tutela a través de la acción de amparo constitucional como aquel mecanismo jurisdiccional destinado a proteger los derechos de las partes del proceso. Bajo ese entendimiento jurisprudencial, en el presente caso de análisis, son las víctimas y querellantes quienes se consideran directamente agraviadas con la emisión del Auto de Vista 179/2018, que confirmo la Resolución 082/2017 que declaro probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso en favor de algunos de los imputados, dentro el proceso penal que siguen contra estos y otros por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa y agravación en caso de victimas múltiples, señalando que, en el proceso el actuar de los imputados fue dilatorio y de mala fe, así como el de las autoridades judiciales que develaron favorecimiento hacia los procesados; en ese sentido, y conforme a los antecedentes que conforman el expediente constitucional, este Tribunal pudo advertir que, una vez interpuesto el recurso de apelación por parte de las ahora impetrantes de tutela contra la Resolución 082/2017, el 7 de abril de 2017, esta fue de conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuyos componentes que la conformaron al resolver el referido recurso no tuvieron criterios uniformes; por lo que, conforme se tiene de lo consignado en la Conclusión II. 3 de este fallo constitucional, los Vocales de dicha Sala emitieron cada uno su voto fundamentado, para luego el 18 de septiembre de 2018, Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda convocado para dirimir, presento su voto dirimidor dando su voto a favor del Vocal William Eduard Alave Laura, declarando la improcedencia de la apelación y confirmando la Resolución 082/2017; y, el 20 de septiembre de 2018, la Presidenta de la Sala Penal Primera, dispuso que dichos votos pasen a despacho para resolución (Conclusiones II.4 y II.5); así también, las ahora peticionantes de tutela por memorial presentado el 28 de igual mes y año, interpusieron recusación contra el Vocal dirimidor cuestionando su imparcialidad y que el mismo no significaba una garantía para las víctimas; puesto que, ya se había pronunciado e intervenido también, como Vocal dirimidor al resolver un anterior recurso de apelación planteado por las accionantes contra la Resolución 015/2016 de 15 de enero, que resolvió declarar probada la excepción de extinción de la acción penal planteada por otros de los imputados, y en esa ocasión el prenombrado Vocal dirimidor también emitió su voto a favor de declarar la improcedencia del recurso de apelación y confirmar la referida resolución, sin tomar en cuenta la conducta de los imputados ni de las autoridades judiciales, menos la complejidad del caso, dictando el Auto de Vista 56/2017; la cual, las accionantes adjuntaron como prueba en la recusación, y de la misma, efectivamente se evidencia la intervención como Vocal dirimidor el ahora demandado (fs. 9 a 20); a tal efecto, dicha recusación mereció el decreto de 1 de octubre de 2018, emitido por la Presidenta de la Sala Penal Segunda, señaló que “La parte impetrante deberá presentar sus escritos conforme los datos del proceso, por lo que deberá estar a lo resuelto por Auto de Vista N° 179/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018.” (sic); es decir, que el Auto de Vista ahora cuestionado se habría emitido el 26 de septiembre de 2018; empero, la parte impetrante de tutela alego que con dicho Auto recién se le notifico el 8 de noviembre de similar año, conforme también se tiene consignado en la Conclusión II.5, además refirió que apenas tomo conocimiento de la convocatoria al Vocal dirimidor, plantearon la recusación contra el mismo, manifestando su susceptibilidad de que la fecha del referido Auto de Vista solo fue consignado con el fin de que la autoridad demandada no se allane a la recusa; en tal sentido, y al no tener constancia este Tribunal, si para dicho procedimiento se cumplió con la publicidad debida a todas las partes del proceso, es decir, si fueron debidamente notificadas con el decreto de convocatoria al Vocal dirimidor; más aún, cuando las autoridades demandadas, en el informe de 3 de junio de 2019, remitido a la Sala Constitucional en esta acción tutelar, en su defensa manifestaron en su acápite II.1, que:

“…la Resolución No. 179/2018 ha sido pronunciado en fecha 26 de septiembre de 2018 y la recusación han sido planteado en fecha 28 de septiembre de 2018, afirman que existen plazos que deben ser cumplidos y que con la convocatoria del tercer vocal han sido notificados para que puedan plantear la recusación, contra el Vocal Dirimidor sin embargo no efectúan oportunamente operándose el principio de preclusión y en forma extemporánea presenta posterior a la emisión de la resolución final.” (sic). No adjuntaron prueba objetiva para confirmar dichos extremos, menos se advierte que junto a su informe o en audiencia hubieran remitido los antecedentes de la causa, conforme fue dispuesto por la Sala Constitucional por Auto de 24 de mayo de 2019, máxime si tampoco desvirtuaron o se pronunciaron sobre la afirmación de las peticionantes de tutela respecto a que el Auto de Vista recién se les habría notificado el 8 de noviembre de 2018, aspectos que necesariamente debieron ser aclarados y demostrados por las autoridades demandadas; ya que, tomaron oportuno conocimiento de los actos ilegales y todos los extremos denunciados en su contra, en la demanda de acción de amparo constitucional presentado por las impetrantes de tutela; por lo que, al no haberlo hecho así, deja en evidencia la vulneración al debido proceso invocado por las accionantes. Ahora bien, no obstante de las omisiones advertidas supra, y teniéndose presente que la recusación se constituye en una figura procesal específica destinada a garantizar que el proceso se desarrolle en el marco de la objetividad e imparcialidad inherentes al juez natural, aspectos que fueron cuestionados por las impetrantes de tutela dentro del proceso penal y por lo cual en ejercicio de ese derecho y garantía justamente interpusieron este instituto; corresponde nuevamente remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.1. de este fallo constitucional, en el que se dejó claramente establecido que las figuras procesales de la excusa y recusación fueron instituidas por el legislador para garantizar el derecho y garantía del juez natural en su componente juez imparcial como parte del debido proceso, teniendo como exclusiva finalidad garantizar que el proceso se desarrolle dentro del marco de objetividad y que el fallo responda a una valoración imparcial de parte del órgano encargado de administrar justicia, y que, en casos de existir causales que comprometan la imparcialidad de los jueces o Tribunales, éstos puedan apartarse o ser apartados del proceso; por lo que, en estos casos, la excusa, constituye un deber legal para el Juez en materia penal, conforme lo dispone el art. 318 del CPP, que impone al juez la obligación de excusarse, en caso de estar comprendido en alguna de las causales establecidas en el art. 316 de igual norma penal, por lo tanto, está constituido por la naturaleza del cargo, a apartarse del conocimiento de la causa, con la finalidad de preservar la garantía del juez imparcial, entendida como tercero ajeno al conflicto y a las partes. En consideración a ese marco jurisprudencial, y de acuerdo a lo verificado y evidenciado respecto a la actuación del Vocal dirimidor ahora demandado, se tiene que efectivamente este tomo conocimiento previo de la causa interviniendo también como Vocal dirimidor en el mismo proceso al resolver otro recurso de apelación planteado por las peticionantes de tutela contra la Resolución 015/2016, misma que al igual que la Resolución 082/2017 resolvió declarar probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por uno de los coimputados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de las ahora accionantes, ocasión en la que el Vocal ahora demandado por Auto de Vista 056/2017 de 6 de febrero, determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación y confirmar la señalada resolución, determinación que mantuvo de igual forma en el Auto de Vista 179/2018, consecuentemente, y al margen de los criterios que sustentaron ambas resoluciones, se hace cierto y evidente que la autoridad demandada, si intervino en el mismo proceso como Vocal dirimidor, actuación que le hacía estar comprendido en la causal de excusa y recusación prevista en el art. 316.1 del CPP que establece: “Haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante, querellante, perito o testigo.”, condición que ante su existencia material, pone en riesgo la vertiente objetiva del derecho al juez imparcial, pues es indudable que al haber un juez conocido la causa ya sea en la etapa de investigación o en el juzgamiento, o de cualquier otra forma, ese conocimiento previo del caso le permitió formar una convicción u opinión del caso a examinar, lo cual, indiscutiblemente generaría una duda legítima sobre su imparcialidad; tal como ocurrió en el caso de autos, donde como se dijo, el referido Vocal intervino anteriormente en el mismo proceso penal y resolviendo igual situación jurídica de los imputados, por lo que, pese a estar comprendido en la citada causal de recusación no se apartó del conocimiento de la causa, máxime, si también conforme lo establece el art. 318 del CPP tenía el deber legal de excusarse, sin embargo, inobservando dichas reglas emitió junto al Vocal codemandado, el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, evidenciándose el agravio directo sufrido por la parte impetrante de tutela, al emitirse el precitado Auto de Vista por una autoridad cuya imparcialidad se encuentra cuestionada, y que teniendo la obligación legal de excusarse, no lo hizo, lesionando así, el derecho al debido proceso en su componente de juez imparcial, por lo que, este Tribunal Constitucional Plurinacional está facultado para conceder la tutela respecto a este punto en particular, dejando sin efecto el fallo ahora refutado. En ese orden, en cuanto a las alegaciones vertidas por las peticionantes de tutela contra el Auto de Vista 179/2018 y establecidas en el segundo punto de la problemática establecida en este fallo constitucional no corresponde su análisis, por cuanto en el párrafo anterior se estableció dejar sin efecto el citado Auto de Vista por ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento juez imparcial, no correspondiendo ningún pronunciamiento de fondo por parte de la justicia constitucional. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 063/2019 de 4 de junio, cursante de fs. 439 a 442 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto de los derechos al debido proceso en su vertiente juez imparcial, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, igualdad de partes, con base a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional;

disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre; y, b) Que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, pronuncien nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la misma; y, 2 DENEGAR la tutela solicitada respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba, así como a los principios de ejercicio arbitrario de poder y verdad material. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0013_2023-S1.pdf · páginas 1 a 37.

Huella digital del PDF (SHA-256): 12370b37e48ca3b11cec20e3f613ff62f1324ba132c6abeb36b3bb4137d79683

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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