B.IA.LEGAL

SCP 0012/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
44396-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada emitió una citación para que preste declaración por la presunta comisión del delito que se le atribuye; citación que fue diligenciada por el funcionario policial codemandado el 17 de septiembre de 2021, quien, al constituirse en el domicilio señalado, fue informado por su madre que ya no residía ahí y que trabaja en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni desde 2020. Ante esa situación, la nombrada presentó memorial ante el despacho Fiscal a fin de evitar la indefensión de su persona; no obstante, el 27 del mismo mes y año se practicó una nueva citación mediante cédula en ese mismo domicilio; posteriormente, la autoridad fiscal demandada emitió mandamiento de aprehensión para que preste declaración informativa policial, pese a no haber sido citado legalmente. Más adelante, ante el nuevo Fiscal de Materia asignado al caso -codemandado-, se solicitó la anulación de dicha orden de aprehensión sin obtener respuesta.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2021 de 29 de noviembre, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Remitir antecedentes a la Unidad de Transparencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2026-S2 Sucre, 4 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 44396-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2021 de 29 de noviembre, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Alejandro Vargas Castro contra Juana Elizabeth Zambrana Mercado y Wilfredo Nina Arispe, Fiscales de Materia; y, Omar Patty, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2021, cursante a fs. 1 y 8 a 9 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 17 de septiembre de 2021, Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia -ahora demandada- emitió una citación para que preste su declaración por el ilícito que se le atribuía; diligencia que fue realizada por Omar Patty, funcionario policial -codemandado- quien lo citó en el domicilio de su madre ubicado en la ciudad de La Paz; sin embargo, la nombrada informó que el domicilio real de su persona era en el municipio de Trinidad del departamento de Beni; por lo que, el 21 del mismo mes y año, ella presentó un memorial indicando aquello. El 27 de septiembre de 2021, realizaron nuevamente la citación en un domicilio erróneo -de la ciudad de La Paz-, ante lo cual, el 29 del mes y año indicados, su madre presentó un segundo memorial reiterando la rectificación de su residencia; sin embargo, se emitió una orden de aprehensión para que preste declaración informativa policial pese a no haber sido citado legalmente. Posteriormente, solicitó ante Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia -codemandado- la anulación de dicha orden de aprehensión sin obtener respuesta.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia demandada que, ordene a la autoridad fiscal codemandada: a) Dejar sin efecto la orden de aprehensión de 30 de septiembre de 2021; y, b) Realizar la notificación de citación de declaración informativa en su domicilio real y en la ciudad en la que reside.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que: 1) Las citaciones se realizaron en un domicilio distinto al suyo, por lo que no existe certeza de las diligencias; 2) El mandamiento de aprehensión fue emitido sin haber asegurado su citación personal, siendo que, ninguno de los demandados acreditó que su persona fue citada en su domicilio real; y, 3) Aunque no se dé una privación de libertad, existe un riego a raíz del mandamiento antes mencionado, ya que se muestran irregularidades.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante a fs. 13 y vta., mencionó lo siguiente: i) El proceso cuenta con control jurisdiccional desde el 31 de agosto de 2021, el cual radica en el “…Juzgado primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Ciudad de La Paz” (sic), instancia que tomó el caso tras el inicio de las investigaciones; por lo que, el accionante podía interponer cualquier recurso idóneo antes de acudir a la vía constitucional; ii) Dio cumplimiento al art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP), conforme a los datos reflejados en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); y, iii) El caso se encuentra a cargo de Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia -codemandado-.

Omar Patty, funcionario policial, en audiencia de garantías mencionó que: a) Solo cumplió con recabar información del caso, y conforme la certificación de la Policía Boliviana se estableció como domicilio del accionante la “…calle 13 N° 13 zona Alto Sewencoma…” (sic); y, b) Las notificaciones se practicaron de acuerdo a los datos existentes en el cuaderno de investigaciones y que no pudo ejecutar dicho mandamiento por falta de ubicación del solicitante de tutela. Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías mencionó que: 1) Recién tomó conocimiento del caso y que el mandamiento de aprehensión emitido con anterioridad nunca fue ejecutado; 2) El Fiscal de Materia que lo precedió se encontraba en cambio de división, lo que generó dilaciones administrativas y que por ese motivo no pudo realizar un informe pormenorizado, ya que recién asumió conocimiento del proceso.

I.2.3. Resolución

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 26/2021 de 29 de noviembre, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, con base en los siguientes fundamentos: i) No se cumplió con la citación previa obligatoria, la autoridad fiscal sólo puede ordenar la aprehensión si el imputado que, habiendo sido debidamente citado, no se presentara ni justificara su impedimento; por lo que, la inobservancia de la citación personal constituye un defecto absoluto (art. 169 inc. 2) del CPP); ii) El derecho a la defensa establece que el Fiscal de Materia, como director de la investigación, debe asegurar que el imputado tome conocimiento de la denuncia interpuesta en su contra para garantizar sus derechos antes de restringir su libertad; y, iii) Hubo una "apreciación ilegal" al ignorar los datos del paradero real del accionante, la Fiscalía lo citó mediante cedulón en un domicilio que figuraba en el sistema SEGIP; sin embargo, se presentaron memoriales informando el cambio de domicilio a la ciudad de Trinidad, por lo que, constituye prueba objetiva de ubicación de memorial de conocimiento que acreditaba que el nombrado prestaba servicios en el grupo Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR FAB) en la indicada urbe, desde febrero de 2020, y que la madre del accionante ya había devuelto las citaciones aclarando expresamente que el aludido radicaba en dicha ciudad. En vía de complementación y enmienda, el impetrante de tutela solicitó por el principio de unidad del Ministerio Público, se autorice a Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia codemandado, para que sea quien tenga la potestad de anular dicho mandamiento de aprehensión; ante lo cual, la Jueza de garantías, estableció que la autoridad fiscal codemandada, de acuerdo a sus atribuciones conferidas, subsane lo mencionado por el solicitante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 21 a 25); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum de 3 de febrero de 2020, que designa a Julio Alejandro Vargas Castro -ahora accionante- como cirujano dentista del grupo SAR-FAB “Trinidad”, del departamento de Beni (fs. 3). II.2. Se tiene Orden de Aprehensión de 30 de septiembre de 2021, contra el impetrante de tutela, correspondiente al caso 201103052100096, emitido por Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia -hoy demandada- (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada emitió una citación para que preste declaración por la presunta comisión del delito que se le atribuye; citación que fue diligenciada por el funcionario policial codemandado el 17 de septiembre de 2021, quien, al constituirse en el domicilio señalado, fue informado por su madre que ya no residía ahí y que trabaja en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni desde 2020. Ante esa situación, la nombrada presentó memorial ante el despacho Fiscal a fin de evitar la indefensión de su persona; no obstante, el 27 del mismo mes y año se practicó una nueva citación mediante cédula en ese mismo domicilio; posteriormente, la autoridad fiscal demandada emitió mandamiento de aprehensión para que preste declaración informativa policial, pese a no haber sido citado legalmente. Más adelante, ante el nuevo Fiscal de Materia asignado al caso -codemandado-, se solicitó la anulación de dicha orden de aprehensión sin obtener respuesta.

Ante ello, la autoridad fiscal demandada señala que, el peticionante de tutela se encontraba en libertad al momento de interponer el presente mecanismo de defensa y, de haber considerado que el mandamiento de aprehensión fue emitido de manera ilegal, debió acudir primero ante la autoridad de control jurisdiccional en lugar de interponer directamente esta acción tutelar, la cual requiere el agotamiento previo de vías ordinarias. Asimismo, sostiene que el mandamiento de aprehensión fue expedido en estricta observancia al art. 224 del CPP, ante las incomparecencias injustificadas del sindicado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El art. 125 de la CPE establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Mencionado el alcance de la acción de libertad, es preciso señalar que la SCP 0181/2005-R de 3 de marzo, integró el desarrollo jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional, delimitando así la tutela que otorga esta acción, estableciendo lo siguiente: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes, se observa que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; debido a que, dentro de la investigación penal seguida en su contra, se libra un mandamiento de aprehensión ilegal -a su criterio-, pese a que no fue notificado válidamente para prestar su declaración informativa; no obstante, su madre, presentó memoriales informando al Ministerio Público que ya no reside en la ciudad de La Paz, sino en el municipio de Trinidad, adjuntando el Memorándum de 3 de febrero de 2020, de designación laboral, que acredita su domicilio real (Conclusión II.1); empero, la Fiscalía insiste en citarlo en su domicilio antiguo y, ante su incomparecencia, emitió el indicado Mandamiento de Aprehensión de 30 de septiembre de 2021. Expuestos los hechos, se observa que el indicado mandamiento de aprehensión emerge de una investigación penal en contra del accionante en curso bajo conocimiento del “…Juzgado primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la Ciudad de La Paz” (sic), conforme lo fundamentado por la Fiscal de Materia demandada, alegato que no fue mencionado ni puesto en duda por el accionante, por lo que, si el nombrado aún no tuviese conocimiento del proceso penal seguido en su contra, su defensa técnica debió haber reclamado el error en la citación ante el Juez de control Jurisdiccional de la causa, pues es dicha jurisdicción la vía idónea para realizar aquel reclamo, cuyo rol fundamental consiste en garantizar los derechos y garantías constitucionales durante la investigación. En ese sentido, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

III.3. Otras consideraciones

Esta Sala observa que el presente caso se sorteó inicialmente el 7 de marzo de 2023; sin embargo, en atención al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión; por lo que, atendiendo al transcurso del tiempo ya referido, corresponde remitir antecedentes a la Unidad de Transparencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para que se realice la investigación correspondiente y se identifique al imputable de la extensa demora, si a la parte administrativa o a los exmagistrados, debiéndose bajo responsabilidad, en su caso y de corresponder, activar la acciones legales que correspondan. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2021 de 29 de noviembre, cursante de fs. 15 vta. a 17 vta., pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Remitir antecedentes a la Unidad de Transparencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0012_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 044cac2423e78291b3af330498a059d6acaf10d939962221fc3608ea9b4a08e0

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