B.IA.LEGAL

SCP 0012/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
69902-2025-140-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante -niña de cinco años de edad-, denuncia a través de su padre y representante, la lesión de sus derechos a la integridad física y psicológica, a la educación, interés superior de la niña, niño y adolescente y acceso a la justicia; toda vez que, habiendo solicitado el 29 de noviembre de 2024, a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, audiencia de medidas de protección a su favor, no se dispuso la elaboración del informe psicológico -de la niña- por parte de la DNA a pesar de las solicitudes realizadas el 27 de noviembre del citado año, al Ministerio Público y el 30 de igual mes y año a la mencionada entidad defensorial; omisión que demuestra, el incumplimiento de la debida diligencia con la que debe actuarse en los casos que involucren violencia familiar o doméstica en contra de menores de edad, en este caso una niña de cinco años de edad, informes que fueron solicitados a los demandados por ser necesarios para que se le otorgue medidas de protección a su favor, motivo por el cual pidió se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: 1) Que la DNA otorgue respuesta motivada a la petición del informe psicológico solicitado; 2) El Ministerio Público emita requerimiento fundamentado respecto a la medidas de protección impetradas para la accionante; y, 3) Se exhorte a las autoridades demandadas a obrar con la debida diligencia en la imposición y seguimiento de medidas de protección cuando los involucrados sean niñas, niños o adolescentes. En consecuencia, corresponde en revisión…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 82 a 85, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Cirilo Chambilla Siñani, Fiscal de Materia; y, Lourdes Maturano Ramos, Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, en relación a los derechos a la integridad física y psicológica, al interés superior de la niña, niño y adolescente; y, al acceso a la justicia de la niña accionante; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la educación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción a la aplicación del principio de subsidiaridad de la acción de libertad en caso de niños, niñas y adolescentes
  2. III.2. La protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes en el marco de su interés superior
  3. III.3. Las medidas de protección en casos de violencia familiar
  4. III.4. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2025-S3 Sucre, 19 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 69902-2025-140-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 22/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 82 a 85, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mariano Sabino Rodríguez Ayala en representación sin mandato de AA contra Cirilo Chambilla Siñani, Fiscal de Materia; y, Lourdes Maturano Ramos, Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2024, cursante de fs. 57 a 58 vta., la parte accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marisol Arias Chilo -madre de AA-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 29 de noviembre de 2024 -su padre y ahora representante-, solicitó a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, audiencia de medidas de protección a favor de su hija; sin embargo, no se dispuso la elaboración de informes psicológicos por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia; aquello, a pesar de las solicitudes realizadas el 27 de noviembre del precitado año al Ministerio Público y el 30 de igual mes y año a la mencionada entidad defensorial.

En ese contexto denuncia que tanto la indicada Defensoría, así como el Ministerio Público, no obraron con la debida diligencia a tiempo de emitir los informes psicológicos requeridos de su parte, aquello a efectos de que la autoridad jurisdiccional que conocía la causa penal imponga las medidas de protección requeridas a favor de la víctima; más aun teniendo en cuenta la calidad de la impetrante de tutela -niña de cinco años de edad-, que debe ser atendida de forma pronta y oportuna, conforme dispone el Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014- y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, omisión que afecta sus derechos de acceso a la justicia, integridad, educación y familia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la integridad física y psicológica, a la educación, al interés superior de la niña, niño y adolescente; y, al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 60 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Que la Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, otorgue respuesta motivada y fundamentada a la petición del informe psicológico impetrado; b) El Ministerio Público emita requerimiento fundamentado respecto a las medidas de protección solicitadas a su favor; y, c) Se exhorte a las autoridades jurisdiccionales y administrativas a obrar con la debida diligencia en la imposición y seguimiento de medidas de protección cuando los involucrados sean niñas, niños o adolescentes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 77 a 81 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: 1) Existía una entrevista psicológica realizada por un “funcionario” de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, que determinó que la niña AA -hoy accionante- no tenía ninguna afectación psicológica; 2) Toda niña, niño o adolescente, tiene el derecho a una atención pronta por parte de las autoridades sean estas administrativas o jurisdiccionales; 3) Acudió ante la referida DNA, presentando el certificado de nacimiento de la impetrante de tutela, esto ante la existencia de hechos de violencia suscitados por su progenitora; los cuales, no solo la afectaron a ella, sino también a su padre -ahora representante-; y, 4) La institución defensorial y el Ministerio Público, omitieron actuar con la debida diligencia con la que deben desarrollarse las causas relacionadas con hechos de violencia familiar; toda vez que, estas instancias no atendieron de manera inmediata lo que peticionó por su representada, más aun teniendo presente su calidad de niña y el constante maltrato psicológico ocasionado por parte de su madre, quien, además, de protagonizar agresiones y maltratos hacia su padre, en diversas oportunidades se encontraba en estado de ebriedad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Cirilo Chambilla Siñani, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló lo siguiente: i) Ante la denuncia interpuesta el 26 de noviembre de 2024, contra Marisol Arias Chilo por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Ministerio Público activó de manera inmediata los requerimientos correspondientes a efectos de realizar la investigación respectiva, otorgando en consecuencia a favor de Mariano Sabino Rodríguez Ayala -supuesta víctima-; persona adulta mayor de sesenta y cinco años, padre y ahora representante de la accionante, las medidas de protección necesarias; ii) A través de un certificado médico forense, se estableció que el nombrado tenía “dos” días de impedimento debido a una lesión policontusa; empero, a pesar de aquello, y habiéndose otorgado requerimientos con la debida diligencia, este no acudió a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, ni al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) a efectos de que se pueda realizar una entrevista psicológica; iii) No existe memorial o escrito alguno que haga referencia a una ampliación de denuncia, en la que se diera conocer que había otra víctima, la cual era una niña de cinco años de edad; iv) Al encontrarse la mencionada causa bajo control jurisdiccional, correspondía, en el presente caso, acudir con carácter previo a dicha instancia a efectos de realizar los reclamos respectivos de manera directa y no así a través de esta acción tutelar; circunstancia por la cual, en la referida causa debe operar el principio de subsidiariedad excepcional; y, v) Las medidas de protección no se adoptan a efectos de otorgar una guarda provisional respecto a “menores de edad”; por ello, el Ministerio Público no podía disponer ninguna medida que no tuviese conocimiento el Juez encargado del control jurisdiccional. Lourdes Maturano Ramos, Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 18 de abril de 2024, cursante a fs. 72 y vta., y en audiencia de garantías, manifestó que: a) Con referencia a la petición de informes psicológicos de la accionante AA, la DNA del citado Gobierno Autónomo Municipal, no recibió requerimiento fiscal alguno u oficio emanado por autoridad jurisdiccional competente; en ese contexto, la citada entidad defensorial, no podía actuar de oficio a efectos de realizar valoraciones psicológicas, aquello debido al principio de no revictimización; y, b) Asimismo, habiendo tomado conocimiento del auto de admisión del presente mecanismo de defensa, instruyó de manera inmediata al funcionario encargado de la referida Defensoría la elaboración de un informe psicológico, esto a fin de ampliar la denuncia contra Marisol Arias Chilo -madre de AA- y solicitar el establecimiento de medidas de protección a favor de la indicada niña.

I.2.3. Participación de la tercera interviniente

Susana Zabala Dávila, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no presentó escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 63.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 22/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 82 a 85, denegó la tutela impetrada, exhortando tanto a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, como al Ministerio Público a actuar con la debida diligencia si el caso amerita; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Ante la existencia de una causa abierta; la cual, era de conocimiento del juez que ejerce el respectivo control jurisdiccional, corresponde que la parte accionante realice los reclamos pertinentes ante dicha autoridad; 2) El Fiscal de Materia demandado, al no tener conocimiento de actos de violencia suscitados o ejercidos contra AA, no pudo tomar determinación alguna al respecto; no obstante, en la presente causa, siendo que ya es de su conocimiento la existencia de presuntos actos de violencia contra una niña de cinco años, corresponde a este adoptar las medidas necesarias a efectos de resguardar sus derechos y garantías dentro del marco de lo establecido por la debida diligencia; y, 3) La entidad defensorial codemandada en virtud al principio de no revictimización, no podía actuar de oficio a efectos de realizar valoraciones psicológicas; no obstante de ello, en la presente causa de acuerdo a lo dispuesto por la mencionada autoridad administrativa, ya se habría emitido el informe psicológico respectivo correspondiente a la impetrante de tutela; motivo por el que, no se advierte responsabilidad por parte de la nombrada repartición pública. En la vía de complementación y enmienda, la parte accionante a través de su abogado, solicitó: i) Se proceda con la habilitación del sistema “Justicia Libre” a efectos de que se pueda acceder al mismo; ii) Se exhorte a la autoridad encargada del control jurisdiccional a cumplir con la debida diligencia respecto a la imposición y seguimiento de las medidas de protección impetradas; y, iii) Teniendo presente el ingreso a vacaciones judiciales, se proceda con la remisión inmediata del informe emitido por la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, librándose un oficio a la referida autoridad, sea la misma en la vía telemática. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantías señaló que, al haber sido denegada la tutela de la presente acción de defensa, correspondía que todas las solicitudes formuladas las realice al “juez cautelar” que conoce la causa; asimismo, en relación a las vacaciones judiciales señaló que cualquier petición si el caso lo amerita debía ser de conocimiento de los “juzgados de turno”.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 87 a 92), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marisol Arias Chilo -madre de la niña accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a través de memorial de 27 de noviembre de 2024 -no consigna sello de recepción-, Mariano Savino Rodríguez Ayala -padre y representante de la niña AA-, en calidad de víctima se apersonó y solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado-: a) Le haga conocer las diligencias correspondientes en el caso de referencia; y, b) En virtud a lo establecido en los arts. 218 y 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Públicose requiera: 1) Del certificado de Registro Judiciales de Antecedentes Penales (REJAP) de -Marisol Arias Chilo- denunciada; 2) Certificado de no violencia de la misma; y, 3) Se realice los respectivos requerimientos fiscales al SLIM del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, a efecto de que se realice las correspondientes valoraciones psicosociales tanto al prenombrado, como también a su hija de cinco años de edad -hoy accionante- (fs. 4 a 5). II.2. El 29 de noviembre de 2022, el padre de la peticionante de tutela, solicitó a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, fije día y hora para la realización de audiencia de aplicación de medidas de protección y guarda de la niña AA, debiendo realizarse el mencionado acto procesal de forma virtual para evitar revictimización (fs. 6). II.3. A través de nota presentada el 2 de diciembre del referido año, el padre de la accionante, solicitó a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, la inmediata intervención, así como la valoración psicológica y social de su hija (fs. 7). II.4. Mediante memorial de 2 diciembre de 2020, en cumplimiento del requerimiento efectuado el 27 de noviembre del mismo año -notificado vía whatsapp-, Roy Edison Céspedes Villarroel, Responsable de Procesos de la DNA de la Dirección Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, presentó al Fiscal de Materia ahora demandado, el Informe Social D.G.A.G.INF.SO.063/2024 -se entiende de 29 del indicado mes y año-, correspondiente a Mariano Savino Rodríguez Ayala, dentro del caso investigado por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el cual concluyó que: i) Mariano Savino Rodríguez Ayala -padre y ahora representante de la niña accionante-, sufría agresiones por parte de su expareja Marisol Arias Chilo -madre de AA-; y, ii) Que el prenombrado solicitó orden de alejamiento de su expareja debido a agresiones físicas y psicológicas por parte de ésta en su contra que afectaban a su hija; y, en conclusión recomendó: a) Tomar acciones legales correspondientes en el caso; b) Orientación psicológica tanto para el padre de la indicada niña, como para ella, debido a las agresiones realizadas por la expareja del mencionado y madre de la accionante; c) Se otorgue medidas de protección para ambos; es decir, para el progenitor y su hija; y, d) Se intervenga conforme a ley (fs. 8 a 13). II.5. En atención a la presentación de la acción de libertad, se tiene oficio de 4 de diciembre del señalado año, a través del cual el mencionado Responsable de Procesos de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, presentó al Juez de garantías de la presente acción tutelar, el Informe Psicológico DGAG.INF. PSI.39 OF/2024 -se entiende de 4 del referido mes y año-, correspondiente a la niña AA -hoy solicitante de tutela- (fs. 73 a 76).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante -niña de cinco años de edad-, denuncia a través de su padre y representante, la lesión de sus derechos a la integridad física y psicológica, a la educación, interés superior de la niña, niño y adolescente y acceso a la justicia; toda vez que, habiendo solicitado el 29 de noviembre de 2024, a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, audiencia de medidas de protección a su favor, no se dispuso la elaboración del informe psicológico -de la niña- por parte de la DNA a pesar de las solicitudes realizadas el 27 de noviembre del citado año, al Ministerio Público y el 30 de igual mes y año a la mencionada entidad defensorial; omisión que demuestra, el incumplimiento de la debida diligencia con la que debe actuarse en los casos que involucren violencia familiar o doméstica en contra de menores de edad, en este caso una niña de cinco años de edad, informes que fueron solicitados a los demandados por ser necesarios para que se le otorgue medidas de protección a su favor, motivo por el cual pidió se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: 1) Que la DNA otorgue respuesta motivada a la petición del informe psicológico solicitado; 2) El Ministerio Público emita requerimiento fundamentado respecto a la medidas de protección impetradas para la accionante; y, 3) Se exhorte a las autoridades demandadas a obrar con la debida diligencia en la imposición y seguimiento de medidas de protección cuando los involucrados sean niñas, niños o adolescentes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Previo a este cometido, resulta primordial determinar si existe algún obstáculo procesal que impida el ingreso al análisis de fondo y en su caso, sea aplicable la subsidiariedad excepcional cuando se trata de la vulneración del derecho a la vida.

III.1. Excepción a la aplicación del principio de subsidiaridad de la acción de libertad en caso de niños, niñas y adolescentes

El Tribunal Constitucional ha establecido que no es aplicable la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad en los casos donde se encuentren involucrados niñas, niños o adolescentes, así la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, refiriéndose a los casos de violencia, determina que, cuando se hallen involucradas mujeres en situación de violencia que pongan en riesgo su derecho a la vida, no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad. Este razonamiento ha sido aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0439/2018-S2 de 29 de agosto y 0738/2024-S1 de 31 de diciembre, entre otras. Consiguientemente, en los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean involucrados en situaciones de violencia intrafamliar, sexual u otras formas de violencia, no corresponde denegar la acción de libertad por aspectos formales vinculados a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, teniendo en cuenta que este mecanismo constitucional se constituye en un medio de protección que permite el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna para el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes relacionados con su vida e integridad personal.

III.2. La protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes en el marco de su interés superior

El art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En la misma línea el art. 60 de la CPE, determina que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” Asimismo; cabe mencionar que, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada a su vez por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, señaló que:

[L]os arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos. Por otra parte, el Código Niña Niño y Adolescente, en su art. 9 instituye la necesidad de que las normas del referido Código sean interpretadas velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; en ese marco, en su art. 12 inc. a) la citada norma entiende a dicho principio como:

[T]oda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas.

En ese contexto, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación al principio del interés superior del niño:

[T]odas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas.

En ese escenario, en virtud a lo señalado precedentemente, las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tienen la imperiosa obligación de hacerlo velando por su interés superior; ya que, dicho compromiso emana de lo establecido en normas internacionales, aspecto que genera responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. Consiguientemente, resulta evidente tener presente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con la normativa legal, constitucional y convencional para proteger garantizar y proteger sus derechos, aspecto que debe trascender en el ámbito judicial y las instancias de apoyo jurisdiccional donde sea necesario aplicar el citado principio.

III.3. Las medidas de protección en casos de violencia familiar

La SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril, ha determinado que:

[E]n el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348). Asimismo, a efecto de establecer el objeto de las medidas de protección, la normativa interna, mediante la Ley 348 establece lo siguiente:

ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).

I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. Por otra parte, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- , determina que:

Artículo 389. (APLICACIÓN).

I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. En ese contexto, las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona agresora, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia y resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Ahora bien, en cuanto a la autoridad competente para aplicar medidas de protección, de manera inicial la Ley 348, determinó lo siguiente:

ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO).

Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

(…)

Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para:

4. Imponer de oficio la aplicación de medidas de protección, que permitan a las mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos.

De manera posterior con la entrada en vigencia de la Ley 1173, se modificaron e incluyeron algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, estableciendo lo siguiente:

Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA).

(…) II. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima.

(…) Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: (…) 4. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento; (…) Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: (…) 11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en su art. 389 ter. I -incorporado por disposición del art. 14 de la Ley 1173, determina lo siguiente:

Artículo 389 ter. (Urgencia y Ratificación) I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez.

III.4. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano

La debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993.

La Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994, a su vez determina como un deber inherente de los Estados signatarios el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994. Consecuentemente, la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que estableció el siguiente precedente constitucional:

[E]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo:

[A]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En el contexto señalado, el Capítulo III de la Ley 348, Persecución Penal, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción.

En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.

En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.

III.5. Análisis del caso concreto

Con carácter previo al análisis de fondo, es importante referirnos a que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad no resulta aplicable en los supuestos en que se hallen involucrados niñas, niños y adolescentes en situación de violencia; por lo que, no resulta conforme a la jurisprudencia constitucional el criterio adoptado por el Juez de garantías de considerar que ante la existencia de una causa abierta los aspectos denunciados en esta acción tutelar debían ser de conocimiento por la autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional. Consecuentemente, al no existir ningún obstáculo de índole procesal, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

De los hechos que motivan la presente acción tutelar, se tiene que la accionante a través de su representante, quien también es su padre, denuncia la lesión de sus derechos a la integridad física y psicológica, a la educación, al interés superior de la niña, niño y adolescente y al acceso a la justicia; toda vez que, habiendo solicitado el 29 de noviembre de 2024 audiencia de medidas de protección a su favor a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no se dispuso la elaboración del informe psicológico por parte de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, aquello a pesar de las solicitudes que realizó el 27 de noviembre del citado año, al Ministerio Público y el 30 de igual mes y año a la mencionada entidad defensorial; situación que, en su criterio, incumple la debida diligencia con la que debió actuarse a tiempo de emitirse los informes requeridos, los cuales eran necesarios para que se proporcione medidas de protección requeridas en favor de una niña. Ahora bien; toda vez que, la problemática planteada está relacionada con presuntos hechos de violencia que afectan a una niña, en mérito a asegurarle una vida digna, corresponde precisar que, conforme se advierte en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la obligación del Estado de otorgar una protección especial a las niñas, niños y adolescentes, conlleva el deber de que toda autoridad sea judicial o administrativa, al asumir alguna determinación que afecte a los mismos, debe realizarla considerando las situaciones en las que estos puedan verse afectados; debiendo al efecto, prestar atención al interés superior que merecen las niñas, niños y adolescentes, en el marco de las obligaciones de respeto y garantía que tiene el Estado boliviano con relación a sus derechos. Por otra parte, de acuerdo con lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta menester tener en cuenta que el objeto de las medidas de protección, están relacionadas a neutralizar o reducir los efectos nocivos de la violencia ejercida contra las niñas, niños y adolescentes víctima de violencia, y de esta manera asegurar el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, resguardando, además, otros derechos conexos; los cuales, en mérito a la normativa especial interna, en cuanto a su adopción y disposición en el marco de las competencias asignadas a las diferentes autoridades, serán de su entera responsabilidad, medidas de protección, que de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, deberán necesariamente tener presente a la debida diligencia; la cual, se constituye en un estándar que obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género, debiendo en consecuencia, buscar en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas.

Conforme se tiene de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el padre de la accionante -ahora su representante- en esta acción tutelar, en el proceso penal por violencia familiar o doméstica seguido contra su exesposa -madre de la niña AA-, en consideración a la necesidad de solicitar medidas de protección a su favor y el de su hija -hoy peticionante de tutela-; mediante memorial de 27 de noviembre de 2024, dirigido al Fiscal de Materia demandado, a tiempo de apersonarse y solicitar la emisión de requerimientos en la causa, relativos a certificados de no violencia y antecedentes penales de la denunciada, impetró a dicha autoridad la emisión de informes psicosociales y psicológicos de él mismo y de la niña AA, esto en virtud a que posteriormente el 29 del mismo mes y año, pidió ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segunda de La Guardia del departamento de Santa Cruz, audiencia de medidas de protección de guarda, asignación de asistencia familiar y sometimiento de tratamiento psicológico para la imputada. En ese contexto, resulta evidente que respecto de la solicitud presentada ante el Fiscal de Materia demandado, no existe constancia que esta autoridad hubiere emitido providencia o requerimiento alguno sobre el pedido de emisión de requerimientos a su favor y el de la accionante; prueba de ello, es que ante la falta de un diligenciamiento rápido por parte de la autoridad fiscal, es que el 2 de diciembre de 2024, el representante de la niña peticionante de tutela, se apersonó directamente a la DNA, pidiendo la inmediata intervención y valoración psicológica y social a favor de su hija siendo evidente la falta de atención oportuna a la solicitud impetrada por su progenitor. En mérito a lo constatado, resulta necesario tener presente que, en virtud a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, es deber de toda autoridad sea jurisdiccional o administrativa actuar con la debida diligencia con relación a las medidas de protección con las que se debe actuar en situaciones de violencia en las que se encuentren involucradas las víctimas de violencia, con mayor razón si se trata de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, puesto que éstas emergen con la finalidad de evitar que un hecho produzca mayores consecuencias o que se comentan nuevas situaciones de violencia en contra de aquellos, que en el presente afecta a una niña de cinco años de edad.

Ahora, de acuerdo a lo referido precedentemente y en virtud a lo establecido por el art. 389 del CPP -modificado por el art. 14 de la Ley 1173-; el cual, en relación a la aplicación de medidas de protección especial, señala que éstas se dispondrán ante la existencia de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes o mujeres; y, tendrán el fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias o nuevos hechos de violencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 61 de la Ley 348, que refiere que además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos. Para cumplir con esta finalidad, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los Fiscales de Materia y demás servidores, y autoridades a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género; lo que, obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas; entre ellos, niñas, niños que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior. En el caso que nos ocupa, se advierte por un lado, que la autoridad fiscal demandada, no obstante de estar frente a una denuncia de violencia en razón de género, no actuó con la debida diligencia a efectos de determinar las medidas de protección necesarias respecto a las posibles víctimas, tampoco se advierte que dicha autoridad, hubiere iniciado una investigación con perspectiva de género, pues de haberla utilizado, ésta le hubiera permitido identificar que en el caso no sólo se trataba de una persona adulta mayor de sesenta y cinco años, quien efectuó una denuncia por violencia, sino que en el contexto de los hechos denunciados, también existía una niña de cinco años, respecto de quien en el marco de la debida diligencia y máxima oficiosidad, que rige a la actividad fiscal, debió disponerse las medidas de protección necesarias para poner en reguardo a las posibles víctimas de la violencia denunciada. Además de dicha omisión, se debe añadir que ante la solicitud de emisión de requerimientos fiscales para que se realice las valoraciones psicosociales tanto de la niña accionante, como de su representante, la autoridad fiscal tampoco actuó con la debida diligencia, pues no existe ninguna providencia o requerimiento a la solicitud presentada por la prenombrada, no obstante que en el memorial de 27 de noviembre de 2024, se impetró en forma expresa la realización de valoración psicosocial a su favor; por lo que, no es evidente que la autoridad fiscal no tenía conocimiento de actos de violencia que se hubieren suscitado contra la niña, conforme entendió equivocadamente el Juez de garantías. En dicho contexto, correspondía en la presente causa que el Fiscal de Materia demandado, actúe de manera pronta y en el marco de la debida diligencia, determine los requerimientos conducentes y necesarios que el caso ameritaba, a efectos de que por las instancias correspondientes se realicen los informes psicológicos respectivos tanto de la niña AA como de su padre, más aun teniendo en cuenta que de acuerdo al Informe Social D.G.A.G.INF.SO.063/2024, emitido por el Responsable de Procesos de la DNA de la Dirección Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia (Conclusión II.4), esto como emergencia de esta acción de libertad, informa que, dentro del caso que se investiga por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encontraba inmiscuida una niña de cinco años; la cual, a su vez era afectada, debido a las agresiones físicas y psicológicas sufridas por su padre las cuales eran realizadas por su expareja y madre de la indicada niña. De otro lado, con relación a la entidad defensorial codemandada, se tiene que, efectivamente el representante de la accionante se dirigió de manera directa ante la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, solicitando mediante nota presentada el 2 de diciembre de 2020, la inmediata intervención y valoración psicológica y social a favor de su hija. Esta situación permite concluir que ante la omisión de la autoridad fiscal de pronunciarse respecto a la demanda que realizó el padre de la accionante, esto provocó que se dirija de manera directa a la citada Defensoría, advirtiéndose que dicha entidad no emitió ningún informe ante la petición del padre de la impetrante de tutela. En ese marco, incumbe tener en cuenta que en el caso de autos, si bien la citada entidad defensorial, no podía emitir de manera directa los informes psicológicos porque no recibió ningún requerimiento fiscal u orden emanada de autoridad judicial; sin embargo, se advierte que no existe constancia de la respuesta oportuna que se le hubiere proporcionado al padre de la accionante, prueba de ello, es que recién con la activación de esta acción de libertad, el 4 de diciembre de 2024, se emitió el informe psicosocial de la solicitante de tutela; lo que, permite concluir, que tampoco actuó con la debida diligencia requerida en estos casos, más aun tomando en cuenta que la niña estaría atravesando por situaciones de violencia familiar o doméstica respecto a su figura materna, aspecto que fue corroborado con lo descrito en el “Informe Psicológico DGAG.INF. PSI.39 OF/2024”, correspondiente a la niña AA, el cual fue presentado por el Responsable de Procesos de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia, a través de oficio de 4 de diciembre de 2020, informe que emergió de la interposición de la presente acción de defensa (Conclusión II.5).

Por tal motivo, ante los hechos acontecidos los cuales eran de conocimiento de los demandados -Fiscal de Materia y la Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia-, en mérito a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referido al interés superior de la niña, niño y adolescente, correspondía en consecuencia actuar con la debida diligencia con relación a las medidas de protección que sean necesarias para salvaguardar en este caso la integridad física y psicológica de la accionante; aquello en mérito a que las medidas de protección, surgen con la finalidad plena de precautelar derechos ante la posible lesión de los mismos por la existencia de un riesgo; circunstancia por la cual, su consideración y aplicación no pueden ser dilatadas y más aún, cuando se trata de niñas, niños y/o adolescentes víctimas de violencia; toda vez que, es deber de toda autoridad en este caso judicial o administrativa actuar con la debida diligencia, al ser esta una obligación del Estado cuando se trate casos de violencia, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aquello en consideración a la protección reforzada que poseen en este caso las niñas, niños y/o adolescentes por ser integrantes de un grupo de atención prioritaria. En consecuencia, en virtud de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, resulta necesario interpretar los hechos y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género y perspectiva en niñez y adolescencia, conforme señalan los estándares de protección internacionales y constitucionales que incorporan criterios y medidas respecto a la actuación que deben tener tanto el Ministerio Público, como las instancias auxiliares y de apoyo, instituidos para atender los casos de violencia; por tal motivo, en ese escenario no resulta admisible el criterio de la autoridad fiscal demandada; el cual, señaló que el caso no fue considerado en virtud a que no existía memorial o escrito alguno que haga referencia a una ampliación de denuncia respecto a otras víctimas, y que tampoco se le habría hecho conocer que existía otra víctima que sería una niña de cinco años de edad. Dicho criterio, desconoce lo establecido en el art. 59 de la Ley 348, que dispone que la investigación de las casos de violencia debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la parte denunciante; asimismo, inobserva el estándar de la debida diligencia, conforme lo glosado en la SCP 0017/2019-S2, que estableció que la debida diligencia, en la labor de investigación “…se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima” (las negrillas nos corresponden). Del mismo modo, el criterio de la autoridad fiscal, compartido indebidamente por el Juez de garantías, desconoce el deber que tienen los fiscales de materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, y el deber de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima, pues ésta no se encuentra obligada a probar su agresión, máxime si en estos casos se debe actuar con perspectiva de género y con protección reforzada en la niñez y adolescencia, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. En ese marco, se tiene presente que las actuaciones desplegadas tanto por el Fiscal de Materia demandado, así como por la Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia -codemandada-, no condicen con el mandato inserto por el art. 60 de la CPE, referido a la preminencia de los derechos, primacía en la protección y prioridad en la atención de un servicio público respecto de la impetrante de tutela, advirtiéndose en ese entendido, que los demandados, en la presente causa no obraron con la debida diligencia, aquello considerando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante; la cual, resulta ser una niña de cinco años de edad; razón por la que, esta Tribunal no comparte el análisis jurídico efectuado por el Juez de garantías, quien no realizó una ponderación adecuada del bien jurídico a tutelar y adoptó un pronunciamiento sesgado de la problemática, al instar por un lado, que al existir una causa abierta la cual es de conocimiento de un juez que ejerce el respectivo control jurisdiccional, corresponde que la impetrante de tutela realice los reclamos pertinentes a la mencionada autoridad judicial, y por otro, al referir que al haberse emitido el respectivo informe psicológico correspondiente a la mencionada niña, no se advierte responsabilidad por parte de la DNA del citado Gobierno Autónomo Municipal; circunstancia por la cual, en el caso de autos corresponde conceder en parte la tutela peticionada, en virtud a los fundamentos jurídicos desarrollados. Finalmente, en lo concerniente a la transgresión del derecho a la educación invocado por el representante de la accionante; este Tribunal no evidencia la forma en la que el mismo fue vulnerado, a efectos de su consideración y tutela.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 82 a 85, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Cirilo Chambilla Siñani, Fiscal de Materia; y, Lourdes Maturano Ramos, Directora Municipal de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, en relación a los derechos a la integridad física y psicológica, al interés superior de la niña, niño y adolescente; y, al acceso a la justicia de la niña accionante; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la educación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 9 del CNNA establece: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

2 El art. 14 de la Ley 1173 incorpora en el Título IV “Modificaciones al Procedimiento Común” de la Segunda Parte del Libro II del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, los Arts. 389, 389 bis, 389 ter, 389 quater y 389 quinquies.

3 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c).

4 Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).

5 El Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de

requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (resaltado fuera del texto).

6 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0012_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5a4a63ca22b842dab47899a0dc0592d6b9deb277952b0f4d8500154989d4ec69

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