Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 16 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerado su derecho a la libertad de locomoción, trabajo, salud, defensa, debido proceso y seguridad jurídica; alegando que el Vocal demandado en alzada: 1)
Estableció la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, señalando que su persona es un peligro efectivo para la víctima, sin fundamentar de manera lógica de qué manera podría ser un peligro efectivo para la víctima; y, 2) Agravó su situación jurídica disponiendo su detención domiciliaria sin autorización de salida laboral, con la única autorización de salir a proveerse agua de la pileta pública de la zona donde vive, sin considerar que es una persona de la tercera edad, que cuenta con una actividad lícita debidamente acreditada y que padece de una enfermedad de base. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la omisión de consideración de la condición de adulto mayor del accionante, la enfermedad de base que alega padecer y su actividad lícita; por lo que, se deja sin efecto el Auto de Vista 012/2021 de 16 de enero, disponiendo que el Vocal demandado emita nuevo fallo donde deberá considerar y fundamentar los aspectos señalados, último del cual –actividad lícita‒ deberá analizar la procedencia o no de los permisos laborales en caso que corresponda, con base en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2023-S4 Sucre, 16 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 38325-2021-77-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adolfo Eustaquio Cantuta Quispe en representación sin mandato de Martín Casas Alí contra Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de enero de 2021, cursante de fs. 8 a 12 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica, a través de la Resolución 506/2020 de 10 de diciembre, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso la aplicación de medidas cautelares en su contra de acuerdo al art. 231 bis. del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 ‒Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres‒, al haberse desvirtuado en audiencia los riesgos procesales fundados por el Ministerio Público, quedando acreditado únicamente el art. 235.2 de la norma procesal penal. Determinación que fue objeto de apelación por la parte víctima, y resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ‒compuesto por el Vocal ahora demandado‒, quien mediante Auto de Vista 012/2021 de 16 de enero, dispuso revocar la Resolución apelada, estableciendo la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del adjetivo penal, señalando que su persona es un peligro efectivo para la víctima, en cuyo efecto ordenó aplicar la detención domiciliaria, sin autorización de salida laboral, con la única autorización de salir a proveerse agua de la pileta pública de la zona donde vive. No obstante, se extralimitó en su determinación, pues omitió considerar que es una persona que pertenece a un grupo vulnerable al ser una adulta mayor, extremos verificables a través de su cédula de identidad, la cual establece como fecha de su nacimiento el 11 de noviembre de 1952, contando a la fecha de interposición de esta acción tutelar con 68 años de edad, por lo que merece se aplique una tutela reforzada conforme la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, pues a momento de agravar su situación jurídica y disponer su detención domiciliaria sin salida laboral, se vulneró su derecho al trabajo, cuando en audiencia cautelar fue demostrada su actividad lícita con documental idónea y pertinente que en su momento fue debidamente valorada; sin embargo, el Auto de Vista soslayó valorar dicho aspecto, en contraposición a la SCP 1166/2016-S2 de 7 de noviembre, siendo evidente que no se realizó una ponderación objetiva, lo que genera que no pueda proveerse de sustento para satisfacer sus necesidades más primordiales como alimentación y vestimenta, lo que conlleva la lesión a su derecho a la salud y a la vida, ello considerando que es una persona que no recibe renta o pensión por parte del Estado; por lo que, necesita trabajar a fin de generarse recursos.
El accionante, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, trabajo, salud, defensa, debido proceso y seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se revoque la medida gravosa de la detención domiciliaria sin salida laboral ordenada mediante el Auto de Vista 012/2021, y en su lugar se disponga medidas cautelares que aseguren su presencia en la etapa preparatoria de la investigación, las cuales fueron adoptadas por la Jueza a quo en la Resolución 506/2020; y, b) Se disponga la reparación de daños y perjuicios, en la medida pertinente.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 17, presentes la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad, refiriendo que: 1) Mediante la Resolución 506/2020, la Jueza a quo, dispuso como medidas personales una fianza económica y terapias psicológicas en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI); no obstante, el Vocal ahora demandado revocó dicho fallo, dando por acreditada la concurrencia del peligro contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, señalando que es un peligro para la víctima, extremos que van en contra de la propia ley, debido a que, en las medidas cautelares y en atención a un requerimiento de medidas de protección, se ordenó que su persona otorgue garantías de carácter unilateral con la finalidad de no revictimizar a la supuesta víctima; de igual manera, las terapias ordenadas en CEPROSI, no fueron valoradas por el Vocal demandado, pues tampoco fundamentó de qué manera podría influenciar negativamente en el proceso o en la presunta víctima, cuando el caso data del 24 de “octubre” de 2019, encontrándonos al 24 de enero de 2021; es decir, ya pasó año y medio, sin que a la fecha curse informe que establezca o acredite que su persona estuviera realizando actos de intimidación o en contra de la supuesta víctima, habiendo la Jueza de origen, valorado objetivamente los documentos presentados en audiencia de medidas cautelares, donde consideró las medidas de protección, actas de garantías dando valor legal al informe del CEPROSI, que acredita la realización de las terapias psicológicas, por lo que corresponde aplicar el principio de favorabilidad, in dubio pro reo y el de oportunidad; 2) Se demostró fehacientemente que cuenta con una actividad lícita de agricultor, ya que donde vive es una zona alejada urbana, con servicios básicos escasos, teniendo luz comunitaria y una pileta de uso común, situación soslayada por la autoridad demandada, quien con su actuar vulneró el principio de razonabilidad y objetividad, pues no compulsó las pruebas valoradas en primera instancia, menos consideró que pertenece a un grupo vulnerable en razón a ser un adulto mayor de sesenta y ocho años de edad, que merece una tutela reforzada de conformidad con la SCP 0010/2018-S2, cuyo derecho a la vejez digna también se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales; y, 3) Con la determinación asumida por el Vocal demandado, no solo se restringe su libertad, sino su salud y por ende su vida corre peligro, por cuanto merece que sus derechos fundamentales sean ponderados, pues al agravar las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, se genera una discriminación, ya que aparte de su condición de persona de la tercera edad y su ocupación lícita, demostró además que padece de una enfermedad de base acreditada con documentación, no siendo justo que el Vocal demandado haya simplemente dispuesto la autorización de salir a la pileta de agua, sin valorar ni fundamentar el aspecto salud y económico.
Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe tampoco se apersonó a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 14.
El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 33/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 18 a 20, concedió en parte la tutela impetrada, en cuyo efecto revocó en parte el Auto de Vista 012/2021, y dispuso mantener la detención preventiva del imputado con autorización de salidas a trabajar los días lunes a viernes de 7:00 a 20:00, debiendo mantener el resto del tiempo la detención domiciliaria ordenada por la autoridad demandada; y denegó, con relación a “los demás puntos reclamados” –no precisa cuáles‒; con base en los siguientes fundamentos: i) De la Resolución emitida en primera instancia, se verifica que dentro sus fundamentos se estableció que el hoy accionante cuenta con una actividad lícita “ya que recibiría una renta dignidad” (sic), además de contar con credenciales de la Federación Sindical de Comunidades Agrarias Radio Urbano y Sub Urbano provincia Murillo, Los Andes Ingavi, habiendo desempeñado sus actividades en la Comunidad San Roque, además de haber adjuntado las boletas de cobro de su renta dignidad, extremos que fueron valorados en primera instancia en torno al cual se acreditó su actividad lícita, y si bien el Vocal demandado acreditó la concurrencia del art. 234.7 del adjetivo penal, no se pronunció con relación al art. 234.1 del mismo cuerpo legal, por cuanto para disponer su detención domiciliaria debió revocar también dicho artículo en la vertiente de actividad lícita, lo que justificaba que no salga a trabajar, aspecto observables del Auto de Vista confutado, existiendo presunción de verdad ante la falta de presentación de informe por la autoridad demandada; y, ii) Se vulneró su derecho a la vida en su vertiente “poder ejercer el derecho al trabajo”, con el cual obtenga los medios para sustentarse, por cuanto no debió solo limitarse a autorizar el permiso para que recoja agua de la pileta pública, quedando en la nada las otras actividades que tiene que realizar el accionante, como su actividad lícita debidamente demostrada, la cual debió ser valorada para establecer dicho aspecto; asimismo, no se consideró la situación “interseccional del ahora imputado” (sic), que es un adulto mayor que se encuentra delicado de salud; máxime, si nos encontramos en una situación de pandemia por el COVID-19, evidenciándose que estaría siendo obligado a mantenerse en su domicilio sin autorización de salida a trabajar, ni siquiera para poder obtener los medios para su propia subsistencia.
Por Decreto Constitucional de 7 de abril de 2022, cursante a fs. 24, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; en tal mérito, habiéndose recibido la información solicitada se ordenó la reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 7 de marzo de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Martin Casas Ali ‒ahora accionante‒ y otros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cursa la Resolución 506/2020 de 10 de diciembre, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de de El Alto del departamento de La Paz, por la que dispuso en favor del hoy impetrante de tutela, la aplicación de medidas cautelares conforme el art. 231 bis. del CPP, consistentes en: a) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público a registrar su huella digital en el sistema biométrico todos los días viernes; b) Arraigo; c) Prohibición de acercarse a la víctima implicando el domicilio, actividad lícita y lugar de estudios, en el caso que esté tomando cursos de capacitación; d) Continuación de las terapias psicológicas en el CEPROSI; e) Obligación de acudir al llamado de la autoridad jurisdiccional o fiscal; y, f) Fianza Económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos); asimismo, dispuso la homologación de las medidas de protección en favor de la víctima (fs. 6 a 7 vta.). II.2. Mediante el Auto de Vista 012/2021 de 16 de enero, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conformada por Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de dicha Sala, declaró procedente en parte el recurso de apelación formulado por la parte “víctima o querellante o víctima de los hechos” (sic) –no precisa nombres-, respecto a las cuestiones planteadas, en mérito de lo cual confirmó en parte la Resolución “306/2020” de 10 de diciembre ‒siendo lo correcto 506/2020‒, “en consecuencia se dispone que al ser un peligro real y efectivo para la víctima de los hechos” (sic), además de las medidas dispuestas por la Jueza a quo, guarde detención domiciliaria sin salidas laborales, “porque nos dice soy jubilado, recibo mi pensión del Estado, bueno no tiene que salir a trabajar el Estado le paga” (sic); asimismo, aclaró que en caso de incumplimiento, se podrá pedir la revocatoria de las medidas dispuestas, e inclusive llegar a una detención preventiva pese a su edad. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, en prevalencia del derecho a la vida y a la salud, complementó el Auto de Vista en los siguientes términos: “Se dispone la DETENCION DOMICILIARIA del ciudadano imputado SIN SALIDAS LABORALES, teniendo toda la AUTORIZACION DE CONCURRIR A LA PILETA PÚBLICA para acceder al servicio básico de agua, a los efectos de su natural supervivencia” ([sic] (fs. 36 a 38).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerado su derecho a la libertad de locomoción, trabajo, salud, defensa, debido proceso y seguridad jurídica; alegando que el Vocal demandado en alzada: 1)
Estableció la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, señalando que su persona es un peligro efectivo para la víctima, sin fundamentar de manera lógica de qué manera podría ser un peligro efectivo para la víctima; y, 2) Agravó su situación jurídica disponiendo su detención domiciliaria sin autorización de salida laboral, con la única autorización de salir a proveerse agua de la pileta pública de la zona donde vive, sin considerar que es una persona de la tercera edad, que cuenta con una actividad lícita debidamente acreditada y que padece de una enfermedad de base. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0188/2019-S4 de 2 de mayo, al respecto precisó: “La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, estableció: ʽ…las autoridades judiciales en la consideración de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para una persona adulta mayor, deben efectuar: a) Una valoración integral de la prueba con carácter reforzado; y, b) Un análisis de la aplicación de la medida cautelar a partir del principio de proporcionalidad, en el que se analicen las particulares condiciones de las personas adultas mayores. En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a: a.1) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto y realidad social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, principalmente precautelando su salud e integridad física; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos procesales, deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad por parte de la autoridad; y, a.2) Analizar los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el art. 233.2 del CPP, efectuando exigencias mínimas respecto a las circunstancias descritas en dicha norma, en especial las contenidas en el art. 234 del CPP. Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad judicial debe analizar: b.1) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; es decir, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, b.2) Si la detención preventiva es necesaria o existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores; y por ende, interpretando la necesidad de la medida de manera restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que impliquen privación de libertad; y, b.3) La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; debiendo considerarse todas las consecuencias que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores” (las negrillas corresponden al texto original).
Jurisprudencia reiterada
La SCP 0262/2022-S4 de 11 de mayo, citando la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante la Resolución 506/2020 de 10 de diciembre, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso en favor del ahora accionante la aplicación de medidas cautelares conforme el art. 231 bis. del CPP, consistentes en: i) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público a registrar su huella digital en el sistema biométrico todos los días viernes; ii) Arraigo; iii) Prohibición de acercarse a la víctima implicando el domicilio, actividad lícita y lugar de estudios, en el caso que esté tomando cursos de capacitación; iv) Continuación de las terapias psicológicas en el CEPROSI; v) Obligación de acudir al llamado de la autoridad jurisdiccional o fiscal; y, vi) Fianza Económica de Bs5 000.-. Por otra parte dispuso la homologación de las medidas de protección en favor de la víctima (Conclusión II.1.). Asimismo, se tiene que la víctima apeló dicha decisión, argumentando los siguientes agravios: a) El Certificado de verificación policial domiciliaria era simplemente para trámites administrativos, el cual no fue obtenido mediante requerimiento fiscal sólo ante memorial presentado por el imputado, que además resulta contradictorio con la factura de agua potable y energía eléctrica, de manera que no se tendría certeza de su domicilio, lo que implicaría la concurrencia del art. 234.1 del CPP modificado por la Ley 1173, respecto a la posibilidad de mantenerse oculto dentro de la investigación; b) Se acreditó que el imputado tendría antecedentes policiales por un delito de tentativa de asesinato, pero el Juez de origen consideró el documento como no fidedigno sin tomar en cuenta el riesgo procesal del art. 234.6 del Código adjetivo penal; y, c) A la luz de la SCP 0395/2018-S3 las garantías otorgadas el 17 de septiembre de 2019 no serían suficientes para satisfacer un hecho que se produjo el 27 de octubre de 2020; ‒extractados del Auto de Vista 012/2021 de 16 de enero‒. En mérito de lo cual, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conformado por el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 012/2021; por el que, declaró la procedencia en parte de dicho recurso; a cuyo efecto, confirmó en parte la Resolución 506/2020, “en consecuencia se dispone que al ser un peligro real y efectivo para la víctima de los hechos” (sic), por cuanto además de las medidas dispuestas por la Jueza a quo, ordenó que guarde detención domiciliaria sin salidas laborales, “porque nos dice soy jubilado, recibo mi pensión del Estado, bueno no tiene que salir a trabajar el Estado le paga” (sic); asimismo, aclaró que en caso de incumplimiento, se podría pedir la revocatoria de las medidas dispuestas, e inclusive llegar a una detención preventiva pese a su edad. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, activada por la defensa del ahora accionante; en prevalencia del derecho a la vida y a la salud, complementó el Auto de Vista en los siguientes términos: “Se dispone la DETENCION DOMICILIARIA del ciudadano imputado SIN SALIDAS LABORALES, teniendo toda la AUTORIZACION DE CONCURRIR A LA PILETA PÚBLICA para acceder al servicio básico de agua, a los efectos de su natural supervivencia” (sic); ello, con base en los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al art. 234.1 del CPP, señaló que tomando en cuenta los documentos presentados, consistentes en Acta de declaración informativa de 18 de diciembre de 2019; cédula de identidad que indica que reside en San Roque, donde adherido existe un croquis de ubicación que dice lo siguiente: “Urbanización San Martin 2-San Roque” (sic); Certificado de Verificación Policial Domiciliaria de 7 de diciembre de 2020; Informe de Verificación Policial Domiciliaria ejecutado por el Investigador César Chuquimia Chambi, constando en una carátula cuatro fotografías de un domicilio; Certificado emitido por la Junta Vecinal de la Urbanización San Martín 2 de la Zona San Roque de El Alto del departamento de La Paz que señala que el hoy impetrante de tutela vive en la Urbanización San Martin 2 manzano A, lote 5 de la Urbanización San Roque, dato idéntico al Certificado de verificación Policial Domiciliaria; Folio Real emitido por Derechos Reales (DD.RR.), que refiere a una vivienda ubicada en el fundo San Roque; Factura de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), que señala Urbanización San Martín, pileta pública y Factura de Servicio Eléctrico que hace referencia al domicilio del solicitante de tutela; no cabía duda que contaba con domicilio; por lo que, cuestionar que únicamente era un certificado para trámite administrativo o solo memorial y no requerimiento fiscal, implicaba razonar que en Bolivia existiría la prueba tasada, además quien tenía que demostrar la inexistencia de domicilio era el Ministerio Público o la parte querellante, aspectos en torno a los cuales concluyó que la Resolución de primera instancia era coherente, porque guardaba correspondencia con la documentación presentada, y si bien el Certificado de Verificación Policial Domiciliaria había sido obtenido para fines administrativos, no podía desconocerse que el mismo fue realizado por un funcionario policial, resultando coherentes los datos que emergían todos los elementos referidos; debido a lo cual, estableció que no concurría el art. 234.1 del CPP modificado por la Ley 1173; y en consecuencia, tampoco el numeral 2 del aludido artículo; 2) Respecto al art. 234.6 del adjetivo penal, manifestó que no existía físicamente el Certificado de Antecedentes Policiales que acredite la existencia del delito de tentativa de asesinato, que habría sido cometido por el imputado; por lo que, al no haberse demostrado la actividad delictiva reiterada o anterior no concurría el riesgo procesal aludido; y, 3) Con relación al art. 234.7 del señalado cuerpo legal, sostuvo que las garantías fueron emitidas el 17 de septiembre de 2019, “y el hecho que nos ocupa es el 27 de octubre de 2020” (sic), por lo que remitiéndose a los antecedentes refirió que cursaba un Certificado del CEPROSI, que informaba que el hoy accionante hasta el 30 de julio de 2020 acudió a terapias psicológicas; no obstante, pese a haber recibido las mismas además de haber otorgado garantías a requerimiento fiscal, “probablemente se ha vuelto a producir un nuevo hecho delictivo” (sic), lo cual implicaría la existencia de un riesgo procesal, que en los hechos no hubiera vuelto a ocurrir si se obedecía las medidas de protección, las garantías, las terapias psicológicas; por lo cual, siendo las garantías y medidas de protección anteriores al “20 de octubre”, que el hecho “que estamos investigando” (sic), si bien no sabría dónde se originó el problema, a la luz material se evidenciaría este existiría, por cuanto sería un peligro “para la Señora Dominga, yo no sé si es su hermana lleva el mismo apellido, pero se nota que es un peligro para la Señora Dominga, no para la sociedad, como dice el Juez, sí para la víctima como dice esta Sala” (sic), aspecto en torno a los cuales ratificó la decisión de la Jueza a quo en sentido de la no concurrencia del art. 234.1, 2 y 6 del CPP modificado por la Ley 1173, confirmando la concurrencia del art. 234.7 de la misma norma, única y exclusivamente en su vertiente peligro para la víctima, no para la sociedad, declarando procedente en parte el recurso de apelación formulado por la parte “víctima o querellante o víctima de los hechos” (sic), respecto a las cuestiones planteadas, mérito por el cual confirmó en parte la Resolución 506/2020 de 10 de diciembre, “en consecuencia se dispone que al ser un peligro real y efectivo para la víctima de los hechos” (sic), además de las medidas dispuestas por la Jueza a quo, consistente en que guarde detención domiciliaria sin salidas laborales, “porque nos dice soy jubilado, recibo mi pensión del Estado, bueno no tiene que salir a trabajar el Estado le paga” (sic); asimismo, aclaró que en caso de incumplimiento, se podrá pedir la revocatoria de las medidas dispuestas, e inclusive llegar a una detención preventiva pese a su edad. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, activada por la defensa del hoy accionante, señaló que, en prevalencia al derecho a la vida y a la salud, complementó la Resolución en los siguientes términos: “Se dispone la DETENCION DOMICILIARIA del ciudadano imputado SIN SALIDAS LABORALES, teniendo toda la AUTORIZACION DE CONCURRIR A LA PILETA PÚBLICA para acceder al servicio básico de agua, a los efectos de su natural supervivencia” (sic). Antes de ingresar al estudio de fondo, resulta menester aclarar que este Tribunal ingresara inicialmente al estudio de la segunda problemática, por resultar pertinente para la resolución de la causa; bajo ese entendido, siendo que la problemática señalada se encuentra circunscrita a que presuntamente la autoridad demandada, agravó su situación jurídica disponiendo su detención domiciliaria sin autorización de salida laboral, con la única autorización de salir a proveerse de agua de la pileta pública de la zona donde vive, sin considerar que es una persona adulta mayor, que cuenta con una actividad lícita debidamente acreditada y que padece de una enfermedad de base; cabe resaltar que si bien la Jueza de la causa dispuso que el hoy accionante goce de medidas cautelares de carácter personal, consistentes en: i) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público a registrar su huella digital en el sistema biométrico todos los días viernes; ii) Arraigo; iii) Prohibición de acercarse a la víctima implicando el domicilio, actividad lícita y lugar de estudios, en el caso que esté tomando cursos de capacitación; iv) Continuación de las terapias psicológicas en el CEPROSI;
v) Obligación de acudir al llamado de la autoridad jurisdiccional o fiscal; y, vi) Fianza Económica de Bs5 000.-, ello emergió del análisis de los riesgos procesales, su condición de adulto mayor y enfermedad de base que padece –diabetes mellitus tipo 2‒ habiendo al respecto expresado en la Resolución de 10 de diciembre de 2020, que de acuerdo a la SCP 0010/2018-S2 las personas de la “tercera edad” –siendo lo correcto, personas adultas mayores‒ merecen un trato digno al pertenecer a un grupo de prioritaria atención conforme lo reconoce la Constitución Política del Estado; por lo que, habiéndose verificado de la imputación formal que el accionante contaba con sesenta y ocho años de edad, y que su defensa fundamentó que se encontraría recibiendo tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, y al haberse demostrado que cuenta con familia, actividad lícita y domicilio para poder someterse a la investigación, determinó medidas cautelares personales, pues no podía disponerse su libertad pura y simple por un principio de equidad de género y proporcionalidad con los derechos de la víctima; sin embargo, en alzada el Vocal demandado al momento de desplegar su actividad jurisdiccional, efectuó el análisis del recurso planteado, restringiéndose sólo a los extremos formulados por la parte recurrente de apelación. En ese marco, se tiene que la autoridad demandada omitió referirse a su condición de adulto mayor y la enfermedad que señaló padecer, los cuales entre otros, de acuerdo al contenido de la Resolución primigenia previamente desglosada, fueron los que sostuvieron la determinación de aplicar las referidas medidas cautelares de carácter personal, por cuanto a momento de disponer su detención domiciliaria debió ponderarse tales extremos y, exponer su posición de manera motivada, explicando en todo caso por qué dichos aspectos no prevalecían en relación al derecho que se pretendía resguardar con relación a la víctima, pero de ninguna manera pasar por alto los parámetros base de la emisión del fallo de origen; máxime, cuando este Tribunal de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, estableció que las personas adultas mayores merecen un tratamiento diferenciado por su condición de vulnerabilidad, por lo que a momento de determinarse su situación jurídica resultaba una obligación realizar el test de proporcionalidad, con base al cual debió establecerse la medida idónea al fin perseguido, extremo que fue inobservado por el Vocal ahora demandado. Por otro lado, es evidente también que no se consideró de manera expresa y fundamentada su actividad lícita, siendo el único argumento para negar el permiso de salidas laborales: “porque nos dice soy jubilado, recibo mi pensión del Estado, bueno no tiene que salir a trabajar el Estado le paga”, cuando la Jueza de origen en cuanto a este elemento señaló: “…la defensa señala que el imputado sería agricultor tendría la edad de 68 años, por la documentación que presenta la defensa se verifica de que tiene credenciales respecto a la federación sindical de comunidades agrarias , radio urbano, sub urbano, provincia Murillo, los Andes, Ingavi, habiendo desempeñado sus actividades en la comunidad San Roque, además de haber adjuntado las boletas del cobro de su renta, el Estado es el encargado de velar por la calidad de vida y la calidad humana de una persona mayor de la tercera edad por eso es que le brinda la renta dignidad y en relación a ello se tiene por acreditado de que tiene una actividad ilícita además de que ha acreditado de que realizará su actividad dentro de una comunidad rural, no concurriendo el elemento de la actividad lícita” (sic). Por lo expuesto, siendo evidentes las denuncias realizadas por el hoy impetrante de tutela corresponde conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista confutado y disponiendo que el Vocal demandado, emita nuevo fallo donde deberá considerar la condición de persona adulta mayor del hoy accionante, la enfermedad de base que padece y su actividad lícita, último del cual deberá analizar la procedencia o no de los permisos laborales –en caso que corresponda‒. Ahora bien, respecto a la primera problemática, consistente en que presuntamente la autoridad demandada estableció la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, sin fundamentar de manera lógica de qué manera podría ser un peligro efectivo para la víctima; al respecto, del contenido desglosado precedentemente, se tiene que la aludida autoridad, determinó la concurrencia del citado peligro procesal, basado en un nuevo hecho generado el 27 de octubre de 2020; es decir, de manera posterior a la realización de las terapias psicológicas, a las cuales asistió hasta el 30 de julio de 2020, de acuerdo al Certificado emitido por el CEPROSI; y, la emisión de las garantías unipersonales suscrita el 17 de septiembre de 2019 ‒documentales que si bien no cursan en obrados‒ no fueron controvertidos por el impetrante de tutela, en torno a los cuales precisó que fueron incumplidas pese a ser anteriores, de lo que se entiende que no garantizaron la integridad de la presunta víctima, en cuyo contexto sostuvo que el imputado hoy solicitante de tutela era un peligro para la víctima. Evidenciándose de lo expuesto, que lo alegado por el accionante no resulta cierto, pues en su labor el Vocal demandado explicó de forma concisa, clara y lógica las razones que hacían viable la activación del aludido peligro procesal, satisfaciendo el debido proceso en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, que establece que los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental están obligados a emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada, aspecto que fue cumplido en el caso concreto lo que motiva que deba denegarse la tutela impetrada.
Por otro lado, este Tribunal no puede dejar de considerar el accionar del Juez de garantías, puesto que, se extralimitó en sus atribuciones disponiendo mantener la detención domiciliaria del imputado con autorización de salidas a trabajar los días lunes a viernes de 7:00 a 20:00, debiendo mantener el resto del tiempo la detención domiciliaria ordenada por la autoridad demandada. Determinación que fue asumida sin tener en cuenta que, la jurisdicción constitucional, no se constituye en una instancia ordinaria que pueda emitir decisiones sobre el fondo de la causa sometida a conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, por cuanto corresponde llamar la atención a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, que sustanció la presente acción tutelar, por inobservar los límites de las facultades que le fueron conferidas como Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en lo que respecta a la omisión de consideración de la condición de adulto mayor del accionante, la enfermedad de base que alega padecer y su actividad lícita; por lo que, se deja sin efecto el Auto de Vista 012/2021 de 16 de enero, disponiendo que el Vocal demandado emita nuevo fallo donde deberá considerar y fundamentar los aspectos señalados, último del cual –actividad lícita‒ deberá analizar la procedencia o no de los permisos laborales en caso que corresponda, con base en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0012_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 723834840a2971be07361a39e96021fa8646b9f8437131d38f728f318db4184e
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