B.IA.LEGAL

SCP 0012/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 6 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51878-2023-104-AAC
Departamento
Santa Cruz.
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de los principios de seguridad jurídica y legalidad vinculada a la reserva legal; puesto que, en el proceso agroambiental sobre resolución de contrato: a) El entonces Juez ahora coaccionado, incurrió en incorrecta aplicación supletoria de la norma procesal civil en cuanto a la excepción de prescripción en el ámbito del proceso agroambiental, en cuya norma no se encuentra prevista esta excepción, además de estar sujeta a la reserva de ley; y, b) El Tribunal Agroambiental, convalidó dicha incorrecta aplicación supletoria, declarando infundado su recurso de casación, manteniendo subsistente la resolución recurrida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 249 vta. a 254; pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y subsidiariedad en cuestiones no impugnadas en la etapa recursiva
  2. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2023-S3 Sucre, 6 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51878-2023-104-AAC Departamento: Santa Cruz. En revisión la Resolución 05/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 249 vta. a 254, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vladimir Constancio Borda Sosa y Marco Antonio Morales Fernández en representación legal de Osias Wagner Greve contra Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental y Jhonny Teodoro Canaviri Quispe, entonces Juez Agroambiental de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes legales mediante memoriales presentados el 21 de julio de 2022, cursante de fs. 36 a 43 vta.; y, 46 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Testimonio 340/2009 de 18 de junio, se protocolizó la transferencia de 2 de junio de 2009, del fundo rústico “San Miguelito” que suscribió su persona y también en representación de su esposa -con Poder Notarial 312/2009 de 2 de igual mes- como vendedores en favor de Patricio Enrique Deane, con una superficie de 1862,5305 ha, la misma que se desprende de un fundo mayor de 1970,6792 ha, que se reservó para constituir una servidumbre de paso. El 2 de ese mes de 2009, fecha en la que se efectuó transferencia del fundo rústico, se suscribió con Patricio Enrique Deane -su comprador- un documento privado de servidumbre de paso, con reconocimiento de firmas, ubicado en limite extremo oeste del referido fundo rústico, con una extensión de 7648,67 m lineales con un ancho de 20 m lineales, a perfeccionarse una vez que dicho fundo rústico se haya inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) en favor del nuevo propietario. El 8 de febrero de 2010, se procedió a ratificar la transferencia del fundo rústico “San Miguelito” cuyo proceso de saneamiento concluyó con la emisión del Título Ejecutorial MPA-NAL-001022 a nombre de su persona, y también se aclaró algunos datos técnicos erróneamente consignados. Presentó solicitud ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que le certifiquen si su comprador inscribió la porción transferida; empero, dicha entidad le respondió indicando que no cuenta con acreditación legal para que le extiendan el certificado solicitado, deduciéndose del mismo que su comprador no solo inscribió la parte transferida, sino, la totalidad del predio. Apersonándose a la Oficina de DD.RR., confirmó que efectivamente, su comprador había inscrito la totalidad del fundo agrario “San Miguelito”; es decir, la superficie de 1970,6792 ha, sin respetar el saldo reservado para constituir la servidumbre de paso. Obligado por esos antecedentes, interpuso demanda de resolución de contrato de compraventa del fundo rústico “San Miguelito”, ante el entonces Juez hoy coaccionado, el mismo que substanciado el proceso, emitió sentencia declarando probada dicha demanda. Sin embargo, el Tribunal Agroambiental pronunció el Auto Agroambiental Plurinacional S1-05/2021 de 26 de enero, anulando obrados hasta el auto de admisión. Habiéndose interpuesto la nueva demanda el 10 de mayo de 2011, solo sobre la resolución del contrato de compraventa del fundo rústico contra Patricio Enrique Deane -hoy tercero interesado-, retirándose en lo que atañe a la servidumbre de paso; sin embargo, al admitirse la demanda, el entonces Juez ahora coaccionado dispuso que también se ponga en conocimiento de Zurma Nataly Ardaya Vaca y Gabriel Eduardo Gutiérrez Haquim; contestada la demanda de forma negativa se opusieron las excepciones de falta de acción y derecho, porque se transfirió la superficie restante; y, prescripción, debido a que su derecho propietario se registró el 6 de junio de igual año, y la demanda fue presentada recién el 1 de agosto de 2019. El entonces Juez hoy coaccionado emitió el Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021 de 18 de noviembre, que sin más trámite y consideración, declaró probada la excepción de prescripción; por lo que, interpuso recurso de casación, el mismo que fue resuelto por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022 de 23 de febrero, declarándose infundado ese recurso y probada dicha excepción, convalidándose ilegalmente la errónea aplicación del ordenamiento jurídico agrario, ya que arbitrariamente se permitió que se aplique la mencionada excepción de materia civil en un proceso en materia agraria, en el que no se contempla ese tipo de excepción; asimismo, el art. 81 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, establece las excepciones admitidas en esa materia; si bien se reconoce la aplicación supletoria del Código Procesal Civil; empero, este solo procede cuando los actos procesales y procedimientos no se encuentran regulados por el art. 78 de la LSNRA; por lo que, al establecerse que las excepciones en dicha materia están debidamente reguladas, no es necesario recurrir supletoriamente al indicado Código. En ese sentido, las Magistradas ahora accionadas y el entonces Juez hoy coaccionado, al aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil en cuanto a la prescripción, usurparon funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Constitucional Plurinacional y se comportaron como legisladores positivos, empleándose erróneamente el ordenamiento jurídico administrativo. Asimismo, desconocieron los principios básicos del derecho agroambiental al aplicar la prescripción, que en materia civil consolida derechos de carácter patrimonial de manera absoluta, contraviniendo el mandato que solo la función social y el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición, conservación, salvaguarda y reversión de la propiedad agraria prevista por el art. 397.I de la Constitución Política del Estado (CPE); por cuanto, los derechos patrimoniales en materia agraria no son absolutos, por esa razón es que no se modificaron las excepciones o los medios de defensa previstos en el art. 81 de la LSNRA, manteniéndose subsistentes, pese a las modificaciones efectuadas en varias oportunidades. En materia agroambiental se encuentra establecida la reserva de ley prevista por el art. 155 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); puesto que, los aspectos no regulados en la jurisdicción agroambiental deben ser regulados mediante ley, fijándose dos años para su adecuación normativa; en ese entendido, la introducción de la excepción de prescripción vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, generándose inseguridad jurídica y caos. El Tribunal Agroambiental permitió que el entonces Juez ahora coaccionado no haya motivado en forma suficiente para justificar: a) Porqué decidió aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, cuando no procedía, por cuanto la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria regula las excepciones en materia agraria; b) La errónea decisión que deriva en otros errores, ya que se añadió al art. 81 de la LSNRA, de la prescripción, vulnerando las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional y los principios de seguridad jurídica y legalidad; y, c) La incorporación de la excepción de prescripción a la normativa agraria desconociendo la reserva de ley, lo cual hace nulos y arbitrarios dichos actos. De haberse observado la aplicación correcta del ordenamiento jurídico agrario, sin la aplicación supletoria, el proceso agrario de resolución de contrato se hubiera desarrollado con normalidad en todas sus etapas procesales y no interrumpirlo abruptamente como sucedió, vulnerando el debido proceso.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de principio de seguridad jurídica y legalidad vinculada a la reserva legal; citando al efecto el art. 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Declararse nulo y sin valor legal el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022, ordenándose al Juez ahora coaccionado que emita un nuevo auto interlocutorio, que se enmarque dentro de los parámetros entendimientos y fundamentos del fallo constitucional a dictarse; y, 2) La calificación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 20 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 237 a 249 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) En el proceso agrario existe documentación que data de hace cincuenta años atrás, pudiéndose evidenciar que existe una compraventa de 5 de diciembre de 1992 y otra transferencia de “2005”, entonces si se asume la aplicación de la prescripción en el ámbito agrario, simplemente esos actos estarían prescritos; por lo que, se afectaría la seguridad jurídica de todos los procesos de saneamiento que se vienen tramitando en el Estado plurinacional; ii) El Tribunal Agroambiental al introducir la prescripción justificada por la incorporación de las acciones personales y mixtas en su competencia, la aplicación de los principios de favorabilidad y pro actione, más bien estaría vulnerando el derecho a la defensa; iii) La misma Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria en su art. 40, establece que los procesos agrarios en trámite sustanciados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria que data de 1994 y el Instituto de Colonización que es de 1967, serán reconocidos como válidos para el proceso de saneamiento, cuando cuenten con antecedentes en los registros oficiales del Servicio de Reforma Agraria; por lo que, la prescripción no forma parte del derecho positivo en materia agraria; iv) El sistema normativo en dicha materia, a pesar de que tuvo modificaciones dejó subsistente el régimen de la excepciones sin incluir la prescripción; por consiguiente, no es evidente que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya omitido ese extremo; y, v) Se hizo llegar un informe respecto a la compraventa objeto de la acción de amparo constitucional, que establece como nula la compraventa por vulnerarse los arts. 400 de la CPE, 48 de la LSNRA; y, 31 de la “ley 6424”; puesto que, el Tribunal Agroambiental no analizó el fondo de la vulneración de la normativa mencionada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, a través de su representante legal y abogados, en audiencia presentaron su informe oral, manifestando que: a) Revisado el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022, se puede evidenciar con claridad que el accionante en ninguna parte de sus agravios cuestionó la aplicación errónea de la norma respecto a la prescripción; por lo que, no se tuvo la oportunidad de pronunciarse y corregir el error, debido a que dicha pretensión no formó parte de su impugnación; b) En el recurso de casación, el nombrado cuestiona aspectos relacionados al inicio del cómputo de la prescripción, a cómo debe comportarse el término, a verificarse si prescribía o no la acción, aceptando la aplicación de la prescripción en el proceso agrario, por cuanto se inobservó con el principio de subsidiariedad; c) En ese entendido, lo que pretende el accionante es que la jurisdicción agroambiental actúe como una instancia más de impugnación, lo que es inconcebible; puesto que, no puede ser mal utilizada la acción tutelar, cuando dicho extremo no fue discutido en el mencionado recurso, correspondiendo su denegatoria; d) Al no reclamarse en el señalado recurso la aplicación errónea de la norma, el accionante incurrió en actos consentidos, convalidándose así los actos presuntamente vulneratorios; y, e) El Tribunal Agroambiental solo podía conocer las excepciones previstas por el art. 81.I de la LSNRA, en las que no se encuentra contemplada la prescripción; asimismo, esa Ley de 1996, determinaba como competencia para el ámbito agrario, de acuerdo al art. 39.I.8 de dicha Ley, solamente se podían conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria, norma que fue modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, estableciendo en su art. 23, lo siguiente “…conocer otras acciones reales mixtas derivadas de la propiedad o posesion o de las actividades agrarias…” (sic), aumentándose las competencias de la jurisdicción agroambiental -en temas de agua, medio ambiente, biodiversidad-, en ese marco se planteó la resolución de contrato, aplicándose la prescripción supletoriamente, en el marco del respeto al derecho a la defensa del que no se puede privar a las personas. Por lo expuesto, pidieron se deniegue la tutela solicitada. Jhonny Teodoro Canaviri Quispe, entonces Juez Agroambiental de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 144 a 145, manifestó que las excepciones son un medio de defensa, siendo aplicable la norma procesal civil por supletoriedad, prevista por el art. 78 de la LSNRA, en ese marco se emitió el Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021, declarándose probada la excepción de prescripción; asimismo, en etapa de impugnación, el recurso de casación del demandante -hoy accionante- fue declarado infundado. Por lo expuesto solicitó se rechace la acción de defensa por ser incongruentes sus peticiones. Evelin Ortega Vallejos, Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, en audiencia manifestó que: 1) Se ratifica conforme a lo expresado por el entonces Juez ahora coaccionado mediante el informe que el mismo presentó; 2) En el recurso de casación, el accionante alude a cuestiones relacionadas con el cómputo del término de la prescripción; empero, en la acción de amparo constitucional, cuestionó la aplicación supletoria de la excepción de prescripción, la cual no fue parte de ese recurso; 3) Las excepciones fijadas en la norma procesal agroambiental son nominativas; por lo que, los jueces agroambientales no pueden estar sujetos a las excepciones fijadas en dicha norma, por cuanto tienen la facultad de aplicar supletoriamente la indicada excepción en la norma procesal civil, para dar respuesta a los justiciables; por consiguiente, el derecho a la acción no puede estar condicionado al libre albedrio de las partes, y los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción, para respuesta a los justiciables; y, 4) Se adhiere a los términos del informe de los Magistrados hoy accionados.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Renata Cristina Mazetto Scolaro a través de su abogado en audiencia manifestó que: i) Es ex esposa del accionante y mediante el Poder Notarial 312/201 otorgó al nombrado facultades solo para la transferencia del predio en cuestión; por lo que, el accionante no tiene facultades para las acciones legales que planteó en la jurisdicción agroambiental, menos para la acción de amparo constitucional; por ello, carece de legitimación activa para la interposición de la acción de defensa; y, ii) No tenía conocimiento que el proceso se encontraba desarrollando a su nombre por su ex esposo -hoy accionante-; puesto que, no concedió esas facultades y “…todas las cosas que tenía que hablar ha sido hablado por mi abogado…” (sic). Patricio Enrique Deane, a través de su abogado en audiencia manifestó que: a) El accionante, en el recurso de casación se limitó en realizar la observación de aspectos relacionados con el cómputo del término de la prescripción, sobre cuya base se pronunció el Tribunal Agroambiental -mediante Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022- declarando infundado ese recurso; empero no realizó cuestionamientos sobre la errónea aplicación del ordenamiento jurídico agrario en cuanto a la aplicación supletoria de la excepción de prescripción establecida en materia civil al proceso agroambiental, decayendo en un acto consentido por consiguiente en una causal de improcedencia; b) En la abundante jurisprudencia producida por el Tribunal Agroambiental fue reconocida la aplicación de la excepción como medio de defensa en los procesos agrarios; c) Al tratarse de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, la jurisdicción constitucional ha establecido la teoría de las autorestricciones, salvo casos excepcionales, por lo que en esta acción tutelar no se puede ingresar a esta revisión sin el cumplimiento de estos requisitos de los casos excepcionales; y, d) Me adhiero a los fundamentos expuestos de mis antecesores. Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA, en audiencia a través de su representante legal, reprodujo el informe escrito presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 167 a 169 vta., manifestando que la Unidad de Catastro Rural dependiente de la Dirección General de Catastro Rural del INRA, incurrió en error al no observar que la documentación de transferencia y aclaratorio correspondiente al predio “San Miguelito” suscrito por el accionante en favor de Patricio Enrique Dean -ahora tercero interesado-objeto del proceso de resolución de contrato-, solo transfería la superficie de 1862,5305 ha de una superficie de 1970,6792 ha, porque no advirtió que dicha transferencia está dividiendo un predio en una superficie menor al máximo de la pequeña propiedad ganadera, infringiendo los arts. 400 de la CPE, 21 del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, y 48 de la LSNRA, que prohíbe la división en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad, registrándose en Derechos Reales con las mencionadas irregularidades. Solicitando se dicte resolución apegado a la CPE y la normativa agraria vigente.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 249 vta. a 254, concedió la tutela solicitada, en cuyo mérito dispuso declarar nulo el Auto Agroambiental Plurinacional 14/2022, emitido por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, debiendo emitir un nuevo auto agroambiental respetando los derechos de las partes; asimismo, se exhorta a esa Sala lo expuesto por el Director a.i. del INRA -hoy tercero interesado- con referencia a la propiedad agraria objeto de la acción de amparo constitucional, que determina que bajo ningún título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El INRA también es parte de un proceso donde hay conflictos de tierras, tiene competencia y puede sugerir; por lo que, no se lo debe dejar a un lado, por eso es que se lo notificó; 2) Para llenar los vacíos normativos están la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, y al encontrarnos en un Estado de derecho, el límite es el respecto a la Norma Suprema; 3) El citado Auto Agroambiental Plurinacional, impugnado en la acción tutelar, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico; y, 4) El Tribunal Agroambiental conoce el sistema normativo que le rige y tiene el deber de examinar los antecedentes incluso el proceso de saneamiento, es de su exclusiva responsabilidad; por consiguiente, no puede inducir a actuar de determinada manera.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021 de 18 de

noviembre, Jhonny Teodoro Canaviri Quispe, Juez Agroambiental de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -hoy coaccionado-, declaró probada la excepción de prescripción opuesta por Patricio Enrique Deane -ahora tercero interesado-, en cuya síntesis de los argumentos de la contestación a esa excepción expuestos por el demandante Osias Wagner Greve -ahora accionante-, expresó que: “…el presente caso no se ajusta al citado auto Agroambiental, siendo que su patrocinado recién toma conocimiento cuando le impiden usa el camino de paso a su propiedad, advertido de la ilegalidad, recurre al INRA y Derechos Reales, obteniendo certificaciones en el mes de febrero de 2017 (…) y en suma justifica que se debía tomar en cuenta a partir de la fecha que ha tomado conocimiento , osea desde febrero de 2017. y pide que bajo esos argumentos SEA DECLARADA IMPROBADA LA PRESCRIPCION” (sic [fs. 132 a 134 vta.]).

II.2. Por Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022 de 23 de

febrero, Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental -ahora accionadas-, se declaró infundado el recurso de casación contra el Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021, presentado por el accionante, cuyos argumentos se desarrollaron, en razón a los siguientes temas: Casación en el fondo: i) Del momento en que se puede hacer valer los derechos, “…el momento para hacer valer sus derechos se habría iniciado desde el momento en que su persona acudió al INRA a solicitar información si el comprador Patricio Enrique Deane habría realizado el registro de transferencias de la superficie de 1862.5305 ha; cursando a fs. 18 de obrados, el informe del INRA de 08 de febrero de 2017, que da cuenta que el dueño de la totalidad del predio (1970.6792 ha), es el ahora demandado Patricio Enrique Deane y que su persona ya no tendría derechos sobre el predio; extremo confirmado también al recabar información del Registro de Derechos Reales (fs. 16); por lo que el término de la prescripción, infiere que legalmente debió correr desde el 08 de febrero de 2017” (sic); y, ii) De la buena fe en el actuar y plena certeza de la fecha para hacer valer su derecho, “…en el caso de autos su persona habría probado: 1) La fecha en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato (08 de febrero de 2017); 2) la mala fe con la actuó el comprador” (sic); y en los fundamentos que sustentan esa decisión y respondiendo al agravio previamente precisado, se expresó que: “…verificándose que desde el momento de la emisión del Título Ejecutorial que fue el 10 de junio de 2009 hasta el informe emitido por el INRA (08 de febrero de 2017), transcurrieron más de siete años, y hasta el momento de la presentación de la demanda de Resolución de Contrato que fue el 01 de agosto de 2019, transcurrieron casi diez años; aspectos que acreditan que no existe ninguna errónea interpretación del art. 1493 del Código Civil, en lo que respecta al cómputo del momento en que debe correr la prescripción establecido en el citado artículo” (sic [fs. 135 a 141]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de los principios de seguridad jurídica y legalidad vinculada a la reserva legal; puesto que, en el proceso agroambiental sobre resolución de contrato: a) El entonces Juez ahora coaccionado, incurrió en incorrecta aplicación supletoria de la norma procesal civil en cuanto a la excepción de prescripción en el ámbito del proceso agroambiental, en cuya norma no se encuentra prevista esta excepción, además de estar sujeta a la reserva de ley; y, b) El Tribunal Agroambiental, convalidó dicha incorrecta aplicación supletoria, declarando infundado su recurso de casación, manteniendo subsistente la resolución recurrida.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y subsidiariedad en cuestiones no impugnadas en la etapa recursiva

La acción de amparo constitucional prevista en el art. 128 de la CPE, es una de las acciones de defensa para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares que restrinjan o supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese marco la jurisprudencia constitucional razonando sobre su naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional expresó que esta acción de defensa se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima para la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales o garantías constitucionales cuando están restringidos, suprimidos o amenazados por servidores públicos o personas físicas o jurídicas; en otros términos, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, busca el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Constituye la acción de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta acción de defensa se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez prevista implícitamente en el art. 129.I y II de la CPE. Respecto a la subsidiariedad, expresa que podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; en lo que atañe a la inmediatez prescribe que podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, desde el hecho vulneratorio que se denuncia o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial presuntamente lesivo. En cuanto al principio de subsidiariedad, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece expresamente: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.” (las negrillas nos corresponden). En ese marco la jurisprudencia constitucional concluyo que la acción de amparo constitucional es subsidiaria porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, en todo caso implica el agotamiento previo de los medios, 3 La SCP 0132/2012 de 4 de mayo, expresa que la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son añadidas). 4 La SCP 0046/2012 de 26 de marzo, establece respecto al objeto de protección de la acción de amparo constitucional: “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas son añadidas). 5 Respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez, el Código Procesal Constitucional, en su art. 129 establece:

“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. (las negrillas son nuestras). 6 Respecto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional la SC 1337/2003 R de 15 de septiembre, expresa textualmente: “…el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria” (las negrillas son añadidas).

mecanismos y recursos intraprocesales que la ley le franquea al accionante; de persistir las vulneraciones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, podrá acudir a la justicia constitucional para su protección y restablecimiento. En caso de existencia de otros medios o recursos que la ley establece, para la protección inmediata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, el caso decae en uno de los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional previstas por el Código Procesal Constitucional. En sintonía con la norma procesal, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional fue diseñando los supuestos de subsidiariedad. A ese efecto es preciso citar la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, se establecieron reglas y subreglas de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, en los siguientes términos: “…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son añadidas). La citada jurisprudencia concluyó enfatizando en la improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad en cuestiones no planteadas en impugnación; por lo que se puede concluir señalando que cuando se trata de cuestiones derivadas de proceso judiciales o administrativas en las que se cuestiona resoluciones con la pretensión de restituir derechos fundamentales o garantías constitucionales, deben agotarse los medios o recursos intraprocesales, estableciendo en los mismos, asuntos o cuestiones puntuales plasmados en la fundamentación de agravios, sometiéndolos a debate, observando los principios de contradicción y bilateralidad, para que a su turno la autoridad judicial o administrativa superior tenga la oportunidad de pronunciarse sobre los mencionados asuntos o cuestiones puntuales, para agotar de esta manera los mencionados medios o recursos intraprocesales.

III.1.1. La fundamentación de agravios como elemento esencial en los recursos

Es necesario precisar por una parte, que uno de los principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, es el principio de impugnación en procesos judiciales; por otra, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que por mandato constitucional se encuentra integrado al bloque de constitucionalidad, ha consagrado el derecho de recurrir un fallo ante juez o tribunal superior, 9 Jurisprudencia confirmada por la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, SCP 0135/2015-S1 de 26 de febrero de 2015, entre otras. 10 Respecto al principio de impugnación, el art. 180 de la CPE, expresa textualmente: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales” (las negrillas nos corresponden). 11 El art. 410.II de la CPE, consagra el bloque de constitucionalidad en los siguientes términos: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país…” (las negrillas fueron añadidas). 12 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las garantías judiciales ha reconocido en el art. 8.2.h)

el derecho a recurrir en los siguientes términos: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

cuyo alcance fue consolidado por la misma Convención señalando que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes, contra actos que vulneren sus derechos fundamentales o garantías cometidas por personas en el ejercicio de sus funciones oficiales. En esa comprensión, los razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que el derecho a un recurso contra una resolución debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona, busca proteger el derecho de defensa en fase de impugnación de un proceso. En ese ámbito, la fundamentación de agravios cobra esencial importancia; puesto que ese elemento, expresa asuntos o cuestiones puntuales de la resolución impugnada; es decir, debe traducirse en una crítica concreta, razonada y puntual del impugnante o recurrente, respecto a los errores, omisiones o deficiencias de la resolución apelada, características de cardinal importancia porque marcan la competencia de la autoridad o tribunal de apelación, fija el límite de la f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (…).” (las negrillas nos corresponden). 13 Respecto al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 25. Protección judicial, expresa textualmente: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…” (las negrillas fueron agregadas). 14 El alcance del derecho a recurrir fue razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de 2 de julio de 2004 del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, en los siguientes términos: “158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona” (las negrillas son nuestras). 15 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 1510/2011-R de 11 de octubre, estableció que la expresión de agravios sufridos por el apelante es la “… condición, que presupone la precisión de los actos o defectos de la resolución cuestionada que ocasiona indebidamente perjuicios a la parte impugnante, exponiendo las razones en que se sustenta, así como las normas jurídicas omitidas o erróneamente aplicadas. Dicha argumentación, no debe ser necesariamente extensa; al contrario, el indicar de manera específica los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, por los que se considera que la misma es agraviante, no requiere de una redacción ampulosa, sino más bien, de precisión y claridad en su exposición, que naturalmente guardarán relación con lo resuelto por el juez de primera instancia” (las negrillas fueron añadidas).

resolución de apelación o impugnación, en cumplimiento al principio de pertinencia en cuyo mérito, la resolución de apelación o impugnación debe circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de cuestionamiento, de manera que la instancia de impugnación no puede ignorar u omitir pronunciarse respecto a los puntos apelados, tampoco ir más allá de lo pedido, salvo la existencia de vicios de nulidad que importen vulneración a derecho y garantías constitucionales (SSCC 0670/2004-R de 4 de mayo, 0816/2010-R de 2 de agosto, SC 1335/2010-R de 20 de septiembre, entre otros); lo resuelto en la impugnación debe guardar la correspondencia con la impugnado. Bajo ese razonamiento la impugnación no es simplemente una manifestación de inconformidad, descontento o desacuerdo general con la resolución apelada, extremo que daría lugar a su desestimación o rechazo por el juez o tribunal superior o autoridad jerárquica superior.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de los principios de seguridad jurídica y legalidad vinculada a la reserva legal; puesto que, en el proceso agroambiental sobre resolución de contrato: 1) El entonces Juez ahora coaccionado, incurrió en incorrecta aplicación supletoria de la norma procesal civil en cuanto a la excepción de prescripción en el ámbito del proceso agroambiental, en cuya norma no se encuentra prevista esta excepción, además de estar sujeta a la reserva de ley; y, 2) El Tribunal Agroambiental, convalidó dicha 16 La SC 0670/2004-R de 4 de mayo, expreso respecto a la competencia de la instancia de apelación vinculada a la fundamentación de agravios, que la resolución de apelación “… deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley…” (las negrillas nos corresponden), jurisprudencia citada por la SC 0816/2010-R de 2 de agosto. 17 Respecto al principio de pertinencia, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0863/2003-R, de 25 de junio, ha señalado: “... el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, fallo que fue ratificado en la SSCC 0670/2004-R de 4 de mayo, 0816/2010-R de 2 de agosto, 1335/2010-R de 20 de septiembre, entre otros; ésta última expresa: “En ese contexto, el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada, a momento de conocer y resolver las causas sometidas a su competencia, circunscribirán su Resolución a los aspectos cuestionados por el apelante en su recurso; obviamente, estos guardan relación con lo resuelto en la decisión impugnada; normativa concordante con el art. 236 del CPC, al referir a la pertinencia de la Resolución emitida por el Juez o Tribunal de apelación; así, el pronunciamiento en segunda instancia, estará circunscrito a lo resuelto en la primera y que hubiese merecido la motivación y fundamentación de oposición pertinente por el apelante.” (las negrillas son nuestras).

incorrecta aplicación supletoria, declarando infundado su recurso de casación, manteniendo subsistente la resolución recurrida. De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece que en el proceso agroambiental sobre resolución de contrato seguido por el accionante contra Patricio Enrique Deane -ahora tercero interesado-, el mismo presentó excepción de prescripción, cuestión que fue resuelta por el entonces Juez hoy coaccionado, mediante Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021 de 18 de noviembre, que declaró probada dicha excepción (Conclusión II.1.). En etapa de impugnación promovida por el accionante, por Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022 de 23 de febrero, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, declaró infundado el recurso de casación contra el referido Auto Interlocutorio Definitivo (Conclusión II.2.). En ese contexto, se precisan los presuntos actos vulneratorios representados por las dos resoluciones judiciales de la jurisdicción agroambiental, emitidos dentro el proceso sobre resolución de contrato, incurriendo en incorrecta aplicación supletoria de la norma procesal civil en cuanto a la excepción de prescripción en el ámbito del proceso agroambiental, en cuya norma no se encuentra prevista esa excepción, además de estar sujeta a la reserva de ley, según la denuncia formulada en la acción de amparo constitucional. Sin embargo, antes de ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada, es necesario efectuar algunas consideraciones concernientes a cuestiones procesales como la subsidiariedad por temas no formulados en la impugnación contra el Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021 que resolvió la excepción de prescripción y confirmado en instancia de impugnación, cuestión incorporada por las autoridades ahora accionadas, al momento de presentar su informe en la acción tutelar. Si bien la acción de amparo constitucional tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, mediante un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito; sin embargo, la acción tutelar se encuentra regida por el principio de subsidiariedad prevista por la ley procesal y ampliada en su contenido por la jurisprudencia constitucional, entendida básicamente en el agotamiento de los medios y recurso intraprocesales para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en ese entendido, la jurisprudencia también determinó como uno de los supuestos de subsidiariedad al caso de las cuestiones no impugnadas en la etapa recursiva, cobrando especial relevancia en esta etapa procesal, la fundamentación de agravios contenido en la impugnación, porque delimita la competencia el Tribunal de apelación, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional.

En esa comprensión, se puede advertir que, ante la excepción de prescripción planteada por el demandado –ahora tercero interesado- en el proceso de resolución de contrato, el demandante -hoy accionante-contestó a la misma, expresando textualmente “…el presente caso no se ajusta al citado auto Agroambiental, siendo que su patrocinado recién toma conocimiento cuando le impiden usa el camino de paso a su propiedad, advertido de la ilegalidad, recurre al INRA y Derechos Reales, obteniendo certificaciones en el mes de febrero de 2017 (…) y en suma justifica que se debía tomar en cuenta a partir de la fecha que ha tomado conocimiento , osea desde febrero de 2017. y pide que bajo esos argumentos SEA DECLARADA IMPROBADA LA PRESCRIPCION” (sic), citas textuales extraídas del Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021, emitida por el entonces Juez hoy coaccionado. Asimismo, se puede advertir que, en el recurso de casación contra el Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021, promovido por el accionante, expresa textualmente en su carga argumentativa -fundamentación de agravios- respecto al inicio del cómputo de la prescripción “…el momento para hacer valer sus derechos se habría iniciado desde el momento en que su persona acudió al INRA a solicitar información si el comprador Patricio Enrique Deane habría realizado el registro de transferencias de la superficie de 1862.5305 ha; cursando a fs. 18 de obrados, el informe del INRA de 08 de febrero de 2017, que da cuenta que el dueño de la totalidad del predio (1970.6792 ha), es el ahora demandado Patricio Enrique Deane y que su persona ya no tendría derechos sobre el predio; extremo confirmado también al recabar información del Registro de Derechos Reales (fs. 16); por lo que el término de la prescripción, infiere que legalmente debió correr desde el 08 de febrero de 2017” (sic) por lo que el término de la prescripción, infiere que legalmente debió correr desde el 08 de febrero de 2017” (sic); y, 2) De la buena fe en el actuar y plena certeza de la fecha para hacer valer su derecho, “…en el caso de autos su persona habría probado: 1) La fecha en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato (08 de febrero de 2017); 2) la mala fe con la actuó el comprador” (sic), cita textual extraída del Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022, emitida por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. En lo que atañe al inicio del cómputo de la prescripción, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental al emitir el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022, respondieron al recurrente -a su expresión de agravios- expresando textualmente “…verificándose que desde el momento de la emisión del Título Ejecutorial que fue el 10 de junio de 2009 hasta el informe emitido por el INRA (08 de febrero de 2017), transcurrieron más de siete años, y hasta el momento de la presentación de la demanda de Resolución de Contrato que fue el 01 de agosto de 2019, transcurrieron casi diez años; aspectos que acreditan que no existe ninguna errónea interpretación del art. 1493 del Código Civil, en lo que respecta al cómputo del momento en que debe correr la prescripción establecido en el citado artículo” (sic). De las citas textuales incluidas en líneas precedentes, puede concluirse con claridad incontrastable que el tema en controversia incorporado y debatido por las partes y resuelto por las autoridades ahora accionadas, fue el inicio del cómputo de la prescripción y no precisamente la incorrecta aplicación supletoria de la norma procesal civil, en cuanto a la excepción de prescripción en el ámbito del proceso agroambiental, en cuya norma no se encuentra prevista esa excepción, además de estar sujeta a la reserva de ley; entonces, en los términos mencionados, el accionante aceptó implícitamente la incorporación de dicha excepción en el proceso agroambiental sobre resolución de contrato, sometiendo al contradictorio cuestiones relativas al inicio del cómputo del término de dicha prescripción. Consiguientemente, al no incorporarse en el proceso agroambiental de resolución de contrato -en primera instancia y en etapa de impugnación- cuestiones relativas a la incorrecta aplicación supletoria de la norma procesal civil en cuanto a la excepción de prescripción en el ámbito del proceso agroambiental, en cuya norma no se encuentra prevista esa excepción, además de estar sujeta a la reserva de ley, las Magistradas hoy accionadas, se encontraron en la imposibilidad de desplegar la carga argumentativa pertinente para dilucidar precisamente el tema en cuestión. Tomando en cuenta que la expresión de agravios es un elemento importante de la impugnación; puesto que, delimita la competencia del Tribunal superior, en el presente caso del Tribunal Agroambiental, configurando el objeto de su pronunciamiento, aspecto que se omitió por parte del accionante no solo en el recurso de casación, sino, en el proceso en primera instancia, al momento de contestar la referida excepción, dando mérito para su denegatoria por subsidiariedad al no incorporarse dichas cuestiones en el proceso agroambiental. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 249 vta. a 254; pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 128 de la CPE, expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

2 Respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, expreso textualmente: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección” (las negrillas son añadidas), confirmada por la SCP 0415/2013 de 3 de junio, mediante su cita textual.

7 En torno a la subsidiariedad la SCP 0196/2014-S2 de 24 de noviembre, expresa: “Esta acción de defensa, instituida para la protección y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que se denuncian como lesionados, exige para su procedencia, el agotamiento previo por parte de quien la plantea, de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales, que la ley le franquea, los que utilizados y en caso de persistir la lesión, podrá acudirse a la justicia constitucional” (las negrillas son agregadas).

8 Respecto a los casos de improcedencia el art. 53 del CPCo., establece: “1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0012_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3ee0091aa022fd7eac85c3c0352b6f36369e49b6416372c39d69d32678f592a6

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