Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de febrero de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo apelado incidentalmente el Auto Interlocutorio 224/2021 de 29 de octubre; por la que, se determinó cumplir la extrema medida de detención preventiva, el Juez demandado no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, hasta el momento de la interposición de la acción tutelar y pese a haber transcurrido ciento treinta y dos horas, de haberse efectuado la audiencia de consideración de medidas cautelares en su contra. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2023-S2 Sucre, 22 de febrero de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 43928-2021-88-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Saúl Villarpando Ballesteros y Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Denilson Aldo Vargas Choque contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 4 de noviembre de 2021, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante a través de sus representantes, expresó lo siguiente:
Emergente de un injusto proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual, por Auto Interlocutorio 244/2021 de 29 de octubre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva; por lo que, en audiencia de consideración de medidas cautelares, interpuso apelación incidental a dicha determinación; sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción tutelar, transcurrieron ciento treinta y dos horas sin que se haya remitido el citado recurso ante el superior jerárquico, lo que impidió pueda ejercer su derecho a la libertad, además de vulnerar los principios de celeridad, honestidad, eficiencia y eficacia contemplados en la Ley del Órgano Judicial, al dejarlo en incertidumbre sobre la petición que se pretendió realizar en cuanto a su derecho a la libertad.
Señaló como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que en el día remita el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal superior en grado, a afectos que se pueda resolver su recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia pública el 5 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando la misma señaló que respecto a derechos fundamentales, lo señalado en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), implica que la autoridad judicial debe hacer todas las gestiones para que el derecho a la libertad no quede lesionado por la dilación que se ha generado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, con relación al tratamiento de su apelación.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remitió informe escrito de 5 de noviembre de 2021, cursante a fs. 18 a 19 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) Los abogados que representan al accionante, no fueron quienes llevaron la defensa técnica de éste, sino fue la abogada “María Delgadillo”; quien, “…en el marco de complementación solicito, se eleve obrados en grado de apelación, al instante superior para la correspondiente apelación” (sic [las negrillas son nuestras]); por lo que, lo reclamado por los abogados, no cuenta con fundamento o asidero legal, toda vez que no se puede pretender que no se hubiera remitido antecedentes al superior en grado; ya que la defensa técnica del impetrante de tutela, pidió complementación “…para la correspondiente apelación” (sic); empero, no interpuso apelación incidental conforme a procedimiento establecido en el art. 251 del CPP y al Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal “…art. 33 (IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE MEDIDAS CAUTELARES EN AUDIENCIA).- i. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considere agraviada con la resolución apelara la resolución en el acta a los efectos del plazo establecido por el art. 252 de la Ley 1173...” (sic); b) La tutela debe ser “rechazada”; primero, porque no tiene fundamento o asidero legal alguno; segundo, por no agotarse la vía legal, es decir no se agotó la subsidiariedad e inmediatez, ya que se presentó la acción de libertad sin que se revisen antecedentes; tercero, no se señaló qué derecho se estuviera vulnerando y en qué forma, pues simplemente se pide se conceda la tutela y se remitan obrados ante el Tribunal de alzada; y, c) Al no existir lesión a ningún derecho o garantía constitucional, tanto el accionante como sus abogados deben revisar el cuaderno de control jurisdiccional y escuchar el acta de la audiencia antes de interponer alguna demanda tutelar.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 39/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado en el día remita los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesta el 29 de octubre de 2021 a efectos que sea el Tribunal de alzada quien considere si concurren o no los elementos para su admisibilidad, expresando los siguientes fundamentos: 1) Se evidenció que concurren todos los elementos para dar curso a la presente acción de libertad, siendo que, conforme la propia transcripción de Auto Interlocutorio 224/2021, que en su última parte refiere que fue interpuesta por la abogada “María Delgadillo”, vía complementación, de forma textual puntualizó: “…se eleve obrados al grado de apelación al inmediato superior para la correspondiente apelación” (sic) de lo que se logra establecer que la entonces defensa del accionante si bien interpuso complementación, no es menos cierto que lo que formuló es un recurso de apelación, el cual fue aceptado por la autoridad hoy demandada, quien señaló que: “…se tiene presente la vía de complementación” (sic); no obstante, que la forma de interponer el recurso de apelación incidental no fue adecuada, se anunció la apelación con la solicitud de remisión al superior en grado; la cual fue oportunamente planteada; y, 2) En relación al informe del Juez demandado, al señalar que serían otros abogados quienes presentaron esta demanda tutelar, no implica que todas las acciones producidas por la anterior abogada, vayan a ser anuladas por una nueva participación; por lo que, resulta incongruente; en cuanto a lo referido que no se habría cumplido con la invocación del precepto por el que se estaría interponiendo una apelación y que la demanda carecería de fundamentación exigida por el art. 251 del CPP, no es un aspecto que debe ser valorado por el citado Juez, dado que se apeló el Auto Interlocutorio 244/2021 que él emitió, por lo cual no puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso según el art. 396.4 de la Ley Adjetiva Penal.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Denilson Aldo Vargas Choque -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, dictó el Auto Interlocutorio 244/2021 de 29 de octubre, determinando que el impetrante de tutela, cumpla la medida extrema de detención preventiva en el Centro de Custodia de Patacamaya del departamento de La Paz; asimismo, en la parte final de dicho fallo se consignó el siguiente texto: ”ABOGADO DEL IMPUTADO.- Abogada María Delgadillo, abogado de los sindicados Señor juez en el marco de la complementación solicito, se eleve obrados al grado de apelación al instante superior para la correspondiente apelación. JUEZ.- Se tiene presente en la vía de complementación” (sic [fs. 13 a 16]).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo apelado incidentalmente el Auto Interlocutorio 224/2021 de 29 de octubre; por la que, se determinó cumplir la extrema medida de detención preventiva, el Juez demandado no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, hasta el momento de la interposición de la acción tutelar y pese a haber transcurrido ciento treinta y dos horas, de haberse efectuado la audiencia de consideración de medidas cautelares en su contra. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el tema, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas y subrayado son nuestros). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La SCP 0572/2022-S2 de 22 de junio, haciendo cita de la SCP 0748/2021-S2 de 8 de noviembre, determina que: “…Con relación a la tramitación de recurso de apelación el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, establece que: ‘Artículo 251 (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’ Sobre el tema, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, sostuvo que: ‘…el trámite del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es sumario, pues una vez interpuesto, el cuaderno procesal correspondiente debe ser remitido ante la Sala Penal de turno de la entonces Corte Superior de Justicia en el término perentorio de veinticuatro horas, siendo obligación del Tribunal de alzada, resolver la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; constituyéndose este recurso en un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa previsto por el procedimiento penal que permite a las partes reclamar las lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal ad quem en grado, corrija los errores en los que hubiera incurrido el juez o tribunal a quo y que motivaron el recurso de alzada, obligando dicha norma procesal, que el Juez, remita la apelación planteada dentro de las veinticuatro horas de presentada. En tal sentido, el trámite de concesión, remisión y resolución del recurso de apelación contra las resoluciones que determinen, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, debe ser inmediato y de ninguna manera, ser objeto de dilaciones indebidas que demoren la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, respetarse los plazos perentorios establecidos por la norma adjetiva penal señalada, pues las dilaciones indebidas en que pudieran incurrir los juzgadores o el personal de apoyo jurisdiccional, vulneraría el derecho a la libertad’.
Asimismo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, refirió que: ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de sus representantes, activa la presente garantía constitucional en su modalidad traslativa o de pronto despacho, denunciando que el Juez demandado, vulneró su derecho a la libertad; habida cuenta que; no obstante, de haber pasado ciento treinta y dos horas de la audiencia en la que se dispuso aplicarle la medida cautelar de detención preventiva y haber apelado incidentalmente dicha determinación, no remitió el legajo de apelación ante el superior en grado a afecto que su situación jurídica pueda mejorar. Conforme los antecedentes que dan a conocer la problemática en examen, se tiene el Auto Interlocutorio 244/2021 de 29 de octubre, emitida por el Juez demandado, por la que determinó que el accionante, cumpla la medida extrema de detención preventiva en el Centro de Custodia de Patacamaya del departamento de La Paz; por otra parte, se evidencia que, en la parte final de dicho fallo, expresamente se imprime el siguiente tenor: “ABOGADO DEL IMPUTADO.- Abogada María Delgadillo, abogado de los sindicados Señor juez en el marco de la complementación solicito, se eleve obrados al grado de apelación al instante superior para la correspondiente apelación. JUEZ.- Se tiene presente en la vía de complementación” (sic [Conclusión II.1]). Al respecto, el Juez ahora demandado, en su informe escrito indica que la abogada que patrocinó al ahora accionante en la audiencia de medidas cautelares, no interpuso recurso de apelación incidental sino solamente solicitó complementación; empero, del tenor descrito en el punto precedente, se pudo percibir que evidentemente el impetrante de tutela a través de su entonces defensa técnica hizo uso de su derecho a impugnar la decisión que determinó imponerle la extrema medida de detención preventiva; por lo que, no tiene ningún sustento jurídico lo señalado por la autoridad demandada, quien por el contrario tenía la obligación de evitar actuaciones que involucren la posibilidad de una futura restricción a la libertad por dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, tal como es el caso de alegar un error o defecto de procedimiento que podría provocar indefensión material a la parte procesal ahora accionante. En ese orden de ideas, mal podría afirmarse que la defensa del impetrante de tutela no interpuso apelación incidental. En cuanto al plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y despachado inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas, lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el Tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación. En tal sentido, del actuar negligente y dilatorio de la autoridad judicial demandada, se evidencia la vulneración del derecho a la libertad del accionante, al retardar y evitar resolver su situación jurídica, dejando en incertidumbre a éste; en tal razón, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0012_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8d035b82da51ba857ec91e15b7956e6b404e896df1070a384190808acd972e31
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