Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de febrero de 2024
Deniega la tutela
La parte accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculado al debido proceso y a la defensa; toda vez que, en su audiencia de consideración de medida cautelar, el Ministerio Público en plena fundamentación de la imputación formal, modificó la tipicidad del delito de violencia familiar o domestica por el de feminicidio en grado de tentativa en su contra, sin ninguna ampliación previa de dicha imputación; sin embargo, la autoridad ahora demandada avalando tal irregularidad; sin motivación ni fundamento, emite Resolución disponiendo su detención preventiva en el CENVICRUZ, por el plazo de cuarenta y cinco días, además de no tomar en cuenta su condición de menor de edad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución 24 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme al Fundamento expuesto en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2024-S4 Sucre, 12 de febrero de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 59004-2023-119-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 24 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Alejandra Saravia Huanca, Defensora Publica del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de NN contra Evelin Pai Garrado, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 a 14 vta., la parte accionante, manifestó que:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra NN de catorce años de edad, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP); como así, consta en la Imputación Formal de 22 de agosto de 2023, presentada por Luis Alberto Hurtado Garamendi, Fiscal de Materia, en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 23 de ese mes y año. Denunció que, en dicho acto procesal durante la fundamentación oral de la imputación, esta autoridad fiscal de manera sorpresiva “REFORMULA LA ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA A FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA” (sic), con el argumento que el adolescente habría atentado contra su propia integridad física ocasionándose cortes en el brazo izquierdo y otra en la frente, para finalmente fundamentar los riesgos procesales y solicitar la detención preventiva en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ); por lo que, se solicitó no se considere esa nueva tipificación del hecho planteado por el Ministerio Público; es decir, de reformular la adecuación de la conducta a feminicidio en grado de tentativa y se mantenga la clasificación de violencia familiar, pidiendo la remisión del adolescente a un Centro hogar; sin embargo, la autoridad ahora demandada, después de escuchar a ambas partes, admite la modificación del tipo penal, sin que previamente a esa audiencia, hubiera existido una ampliación de la imputación formal y declaración en calidad de sindicado por el delito de feminicidio en grado de tentativa; aun así, la Jueza hoy demandada emitió Resolución en la cual justificó y aprobó arbitraria e ilegalmente dicha modificación de delito, sin analizar los fundamentos fácticos, ni sustento legal alguno; además de no verificar el cuaderno procesal, efectuando un resumen de lo fundamentado, cuestionando al adolescente de manera ilegal; finalmente, resolvió que éste sea detenido preventivamente por el plazo de cuarenta y cinco días en el citado CENVICRUZ, sin ninguna motivación o fundamentación legal, inobservado lo que en derecho corresponde en su condición de menor de edad. Asimismo, el 24 de agosto de 2023, solicitaron se les extienda fotocopias legalizadas del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y de la referida Resolución, sin que a la fecha esta hubiera sido atendida.
La parte accionante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad, vinculado al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (DADH); 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, la revocatoria del Auto interlocutorio de 23 de agosto de 2023, disponiendo medidas cautelares personales considerando la aplicación del art. 288 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), excepto la detención preventiva.
Consta acta de 25 de agosto de 2023 (fs 47) la audiencia pública fue suspendida. Celebrada la audiencia pública el 26 de igual mes y año, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 56, presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad.
Evelin Pai Garrado, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación, cursante a fs. 22 y 23.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 24 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 56 a 59 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada tenía todas las facultades para aplicar las medidas que en su criterio considera pertinente de acuerdo a la imputación formal o a los hechos que están contenidos en ella, en este caso la parte accionante indicó que se vulneraron sus derechos de defensa; toda vez que, no se le habría tomado la declaración de NN por el delito por el cual está siendo imputado por el Ministerio Público, al respecto, se debe tomar en cuenta en este caso de una persona denunciada o sindicada en un medio de defensa por el cual puede hacer uso del mismo o puede pertenecer a criterio propio o según accesoriamente de su defensa técnica, debe considerarse que la declaración se le va hacer sobre los hechos que están siendo denunciados y no así sobre figuras penales, por los que posteriormente sean imputados formalmente, pese a que la imputación es provisional; en tal sentido, se debe entender que la declaración que presta el imputado en la etapa que corresponde es ante la imputación formal en base a los hechos que están siendo investigado; b) Se tiene conocimiento que NN prestó su declaración y fue el Ministerio Público como director funcional de las investigaciones en primera instancia formuló su imputación por el delito de violencia familiar, establecido en el art. 272 Bis del CP; empero, en audiencia habría indicado que los hechos por los cuales habría prestado su declaración el acusado se subsumen en la figura penal de tentativa de feminicidio, entendiendo que la autoridad fiscal habría basado su fundamento justamente en la entrevista psicológica que se ha realizado a la madre del adolescente y las dos víctimas de nueve y quince años, quien ésta última era su ex enamorado desde enero y contra quien se realizó los actos de violencia a quien le había terminado tras descubrir que consumía bebidas alcohólicas y drogas, desde entonces la acosaba, cierto día cuando iba a la "campana" la agarro del cabello y la arrastro hasta su casa, deschapando su puerta y fue cuando intervino la madre de él a defenderla ya que quería agarrar un “cuchillo”, siendo parte del relato de la víctima directa, quien teme por su vida y pidió lo recluyan a un Centro de rehabilitación; y, c) La autoridad jurisdiccional actúo conforme al petitorio del Fiscal de Materia y de la víctima, que también debe considerase su minoría de edad, y; el Ministerio Público es quien presenta la imputación formal y no se encuentra como demandado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Imputación Formal de 22 de agosto de 2023, Luis Alberto Hurtado Garamendy, Fiscal de Materia, informa inicio de investigación contra NN, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado por el art. 272 Bis del CP, teniendo como víctima a su madre, hermana de nueve años y a su ex enamorada de quince años; por lo que, se solicitó la aplicación de medidas cautelares (fs. 5 a 8).
La parte accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculado al debido proceso y a la defensa; toda vez que, en su audiencia de consideración de medida cautelar, el Ministerio Público en plena fundamentación de la imputación formal, modificó la tipicidad del delito de violencia familiar o domestica por el de feminicidio en grado de tentativa en su contra, sin ninguna ampliación previa de dicha imputación; sin embargo, la autoridad ahora demandada avalando tal irregularidad; sin motivación ni fundamento, emite Resolución disponiendo su detención preventiva en el CENVICRUZ, por el plazo de cuarenta y cinco días, además de no tomar en cuenta su condición de menor de edad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0052/2023-S4 de 23 de marzo, al respecto, señaló que: “… Conforme estableció la SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio: 'Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010 - R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: ‘…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004 - R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: « Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión»’.
En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan de hechos controvertidos, pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende, la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en numerosos casos con dicha problemática, concluyó que: '…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…' (SCP 0046/2015 - S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: '…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre los sostenidos por el accionante y codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda'” (las negrillas nos corresponden).
La problemática jurídica, radica en el hecho de que el accionante NN, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculado al debido proceso y a la defensa; toda vez que, en su audiencia de consideración de medida cautelar, el Ministerio Público en plena fundamentación de la imputación formal, modificó la tipicidad del delito de violencia familiar o domestica por el de feminicidio en grado de tentativa en su contra, sin ninguna ampliación previa de dicha imputación; sin embargo, la autoridad ahora demandada avalando tal irregularidad; sin motivación ni fundamento, emite Resolución disponiendo su detención preventiva en el CENVICRUZ por el plazo de cuarenta y cinco días, además de no tomar en cuenta su condición de menor de edad.
Al respecto, previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, de antecedentes y conclusiones, cursa únicamente la Imputación Formal de 22 de agosto de 2023, por la que, Luis Alberto Hurtado Garamendy, Fiscal de Materia, informa inicio de investigación contra NN, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del CP, teniéndose como víctimas a la madre del accionante a su hermana de nueve años y a su ex enamorada de quince años–quien habría sido la directamente afectada–, solicitándose la aplicación de medidas cautelares; por lo que, se indica que una vez instalada la audiencia de medidas cautelares contra el impetrante de tutela el 23 de agosto de 2023, en medio de la fundamentación oral de la imputación, el Fiscal de Materia “REFORMULA LA ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA A FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA” (sic), con el argumento de que el adolescente habría atentado contra su propia integridad física ocasionándose cortes en el brazo izquierdo y otra en la frente, para finalmente fundamentar los riesgos procesales y solicitar la detención preventiva de NN; alegación última que solicitó no sea considera; es decir, no se dé curso a la reformulación de la adecuación de su conducta a la de feminicidio en grado de tentativa y se mantenga la tipificación de violencia familiar o doméstica, pidiendo en su caso su remisión a un Centro de rehabilitación; sin embargo, aun así la Jueza hoy demandada emitió Resolución justificando y aprobando arbitrariamente este acto ilegal de la reformulación de delitos, sin analizar los fundamentos facticos, ni sustento legal alguno; resolviendo, que sea detenido preventivamente por el plazo de cuarenta y cinco días en el citado CENVICRUZ, sin ninguna motivación o fundamentación legal, inobservado lo que en derecho corresponde en su condición de menor de edad.
Ahora bien, como establece el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; si bien, es evidente que el derecho a la libertad personal debe ser protegido de manera amplia y directa; en particular mediante la acción de libertad por su informalidad, sumariedad, en un escenario preventivo; ésta se activa ante la existencia de una amenaza cierta y evidente que requiere certidumbre sobre la lesión del derecho invocado y cuya tutela se solicita; es decir, que debe ser posible contrastar los hechos denunciados, con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida; los cuales, no han sido presentados en esta acción tutelar venida en revisión; impidiendo, emitir pronunciamiento sobre la denunciada vulneración del derecho a la libertad, al debido proceso y a la defensa del accionante, quien se limitó a señalar que en la audiencia de medida cautelar de 23 de agosto de 2023 el Fiscal de Materia hubiera cambiado el tipo penal de violencia familiar o doméstica por feminicidio en grado de tentativa; y que, la Jueza ahora demandada a través de la Resolución de la misma fecha hubiera dispuesto la detención preventiva del menor por cuarenta y cinco días, enviando al menor al CENVICRUZ, alegando que dicho fallo carecería de toda motivación y fundamentación; sin embargo, en el presente legajo constitucional no constan tanto el acta como la Resolución de aplicación de medidas cautelares; pues si bien es cierto, que la parte accionante menciona haber solicitado copias legalizadas de la referida información; empero, tampoco cursa documental que acredite tal petición, considerando que la carga de la prueba le corresponde a la parte impetrante de tutela.
En ese contexto, tomando en cuenta la citada jurisprudencia, este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ve impedido de ingresar al fondo de la problemática planteada; toda vez que, no se cuenta con los elementos mínimos para su contrastación y análisis, en el caso en particular el acta y resolución emitida por la autoridad hoy demandada; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática expuesta. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución 24 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme al Fundamento expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0011_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): dd4bf7e50b643ec0546245bbfc95ddf0e41d02dc5c8f371a0e3c42b8fc83e5c6
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