Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La parte solicitante de tutela, señaló como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, relacionado a su derecho a la libertad y proporcionalidad; toda vez que, solicitó la modificación de su medida cautelar personal de detención domiciliaria, la cual fue rechazada por el Tribunal en primera instancia; por lo que, apeló tal decisión; sin embargo, la autoridad ahora demandada confirmó dicha decisión, sin fundamentar ni motivar su Resolución de segunda instancia, en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación, que tenía por objeto definir su situación jurídica relativo a esta medida. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 25 de marzo de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Sala Civil Social, Familia, Niñez, Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2023-S4 Sucre, 14 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 39265-2021-79-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 25 de marzo de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zárate y Vladimir Lascano Barrancos en representación sin mandato de Erick Ernesto Florido Rivero contra David Zeballos Burgoa, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 25 de marzo de 2021, cursante de fs. 1; y, 3 a 5; el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó que:
El 4 de enero de 2021, solicitó modificación a su medida cautelar, de la detención domiciliaria, la cual fue suspendida en varias oportunidades, por el Tribunal de Sentencia Penal “Segundo” del departamento de Pando; es así que, el 2 de febrero del citado año, dicho Tribunal llevó a cabo la audiencia para su consideración, siendo rechazada la misma, sin ningún argumento jurídico; además, de no tomar en cuenta el tiempo que estuvo recluido en el Centro Penitenciario de Villa Bush, por una condena en primera instancia de tres años, cuando se debió aplicar los principios de proporcionalidad y no una detención indefinida. Contra tal determinación, interpuso Recurso de apelación, conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, a efectos de que el Tribunal de alzada corrija la determinación de conformidad al art. 124 de la norma adjetiva penal, ante los agravios sufridos por falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba de acuerdo al art. 173 de dicho Código; conforme a los siguientes agravios, expresados en audiencia de fundamentación del recurso de apelación: a) Dentro del proceso penal se benefició con modificación de medidas personales de la detención domiciliaria y otros establecidos en el art. 231 Bis, del CPP, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y otro supuesto hecho antijurídico; y, b) El Tribunal de Sentencia Penal “Segundo” del departamento de Pando, en audiencia de modificación de medidas cautelares de la detención domiciliaria, mediante Resolución de 2 de febrero de 2021, en su parte resolutiva señaló incluso “‘…que son los mismos elementos probatorios que se habría pedido se analicen y hubiesen sido analizado en anterior audiencia se concluye que al no existir nuevos elementos que demuestre que el imputado son insuficientes para modificar la detención domiciliaria′” (sic). Al respecto, el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista 15/2021, emitido por la autoridad ahora demandada, razonó de la siguiente manera: 1) “‘En la parte de los antecedentes señala que la recurrente… «Así expuesto se tiene que el Tribunal valoró los elementos adjuntados llegando a concluir la insuficiencia de los mismos tendientes a que dicha medida cumpla con el alcance y finalidad de la ley, en el legajo incidental remitido no se encuentra el auto que se dispuesto la detención domiciliaria, esta solamente la resolución y antecedentes de lo imputado; y, 2) Otro aspecto cuestionado por la parte es no se había tomado en cuenta el principios fundamentales como la proporcionalidad, racionalidad de la aplicación de la medida cautelares, en este punto señalar que la proporcional es en cierta medida la comprobación o medición entre el riesgo y la medida cautelar dispuesta que debe establecer a la luz del principio de razonabilidad, en el caso determinar cuál sería la otra medida cautelar supone afectación del derecho a la libertad en el caso se habla detención domiciliar, empero también se debe tomar en cuenta la finalidad procesal de la misma…′” (sic), lo que demuestra que evidentemente el Vocal demandado, no resuelve el fondo sobre los agravios recurridos, más al contrario únicamente se refieren; de forma escueta lo siguiente: “‘a los fundamentos que valoro los elementos de adjuntados expresados por el Tribunal de Sentencia N° 2′” (sic), con relación al otro punto, establece parámetros de en qué consiste el principio de proporcionalidad, de forma sesgada, temeraria y no expone de forma clara y congruente con los argumentos esgrimidos en el hecho presentado sin desarrollar el análisis y fundamentación de fondo que resuelvan sobre los agravios que se indicó y el realizar una mera relación descriptiva de los argumentos de las partes y el Tribunal de Sentencia Penal “Segundo” del citado departamento, no puede ser considerado como suficiente motivación para tomar una decisión y tenerse por cumplida con el debido proceso; en razón a que, el fallo carente de análisis en el fondo genera incertidumbre en el justiciable con una decisión de alzada que no es clara. Asimismo, refirió respecto a la inobservancia del principio de congruencia, misma que observa en dos acepciones, una externa; por el que, toda la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su decisión debe responder de marera pertinente a todos los aspectos peticionados como pretensión de lo solicitado; y, una interna; por la que, toda resolución debe estar estructurada de manera coherente en sus partes; en este caso, se puede advertir que, en el proceso penal centra como agravio en su impugnación contra el Auto de 2 de febrero de 2021, la inobservancia del principio de igualdad procesal, que se traduce en el trato igualitario por parte de la autoridad judicial a todas las partes dentro del proceso, asentando su pretensión en el segundo presupuesto, establecido en el art. 239.1 del CPP; sin embargo, no fue respondido por el Vocal demandado menos existe motivación del porqué la decisión de no considerar lo central del recurso; consecuentemente, al no existir relación entre lo peticionado por el recurrente y lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales de alzada, se soslayó el principio de congruencia externa que debe observar toda resolución judicial. Denunció como agravio en su impugnación penal contra el Auto de 2 de febrero de 2021, la inobservancia del principio de igualdad procesal, que se traduce en el trato igualitario por parte de la autoridad judicial a todas las partes dentro del proceso, asentando su pretensión en el segundo supuesto establecido en el art. 239.1 del CPP; aspecto que no fue respondido por el Vocal demandado menos existe motivación del porqué la decisión de no considerar lo central del recurso; por lo que, al no existir relación entre lo peticionado por el recurrente hoy accionante.
La parte solicitante de tutela, señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, relacionado a su derecho a la libertad y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista –ahora cuestionado–, emitiéndose una nueva resolución justa y debidamente fundamentada; asimismo se establezcan daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de marzo de 2021, conforme consta en el acta cursante a fs. 12 y vta., ausentes las partes procesales; se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, no se conectó a la audiencia virtual de consideración de la presente acción de defensa.
David Zeballos Burgoa, Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, tampoco presento informe escrito alguno, pese a su citación, cursante a fs. 11.
La Sala Civil Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 25 de marzo de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De antecedentes, la autoridad hoy demandada, conoció y resolvió en segunda instancia el recurso de apelación, interpuesto por el –ahora accionante– contra la Resolución del Tribunal de la causa que rechazó la modificación de la medida cautelar de detención preventiva; ii) Por lo que, interpuso la presente acción de libertad, denunciando vulneración al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia; sin embargo, no establece con precisión las razones por las cuales su derecho al debido proceso se encuentra directamente vinculados con su libertad personal, tampoco señaló que su vida esté en peligro que este ilegalmente perseguido o que está indebidamente procesado o privado de su libertad personal; iii) De la lectura de su demanda se puede entender que está siendo procesado en la vía penal; situación por la que, se le impuso medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva y domiciliaria; iv) Luego de solicitar la modificación a su detención domiciliaria, el Tribunal de la causa rechazó la misma; motivo por el cual, interpuso el recurso de apelación que resolvió en segunda instancia la autoridad –ahora demandada–, quien conformó la Resolución del Tribunal a quo; v) Por lo que, los agravios que dice haber alegado en audiencia incidental de fundamentación del Recurso de apelación son dos: a) Dentro del proceso penal se benefició con modificación de medidas personales de la detención domiciliaria y otros establecidos en el art. 231 Bis, del CPP, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y otro aparente hecho antijurídico; y, b) El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, en audiencia de modificación de medidas cautelares de la detención domiciliaria, mediante Resolución de 2 de febrero de 2021, en su parte resolutiva señaló: “‘…que son los mismos elementos probatorios que se habría pedido se analicen y hubiesen sido analizado en anterior audiencia se concluye que al no existir nuevos elementos que demuestre que el imputado son insuficientes para modificar la detención domiciliaria′” (sic); vi) Los agravios descritos por el impetrante de tutela que supuestamente no fueron fundamentados ni motivados por la autoridad demandada, no tienen relación con su derecho a la libertad; toda vez que, no demuestran que está indebidamente procesado o privado de su libertad; al contrario, se constata que está siendo sometido a un proceso legal en el que ha dispuesto medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva y la acción de libertad no es el medio idóneo para denunciar la vulneración del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales como elemento del derecho fundamental al debido proceso, sino la acción de amparo constitucional; dado que, guardan vinculación con el derecho a la libertad; y, vii) Más aún si se toma en cuenta que el accionante no identifica en forma clara qué hechos, no fundamentó ni motivó el demandado que restrinja su derecho a la libertad; pues, la vulneración de esos derechos deben ser denunciados por la vía de acción de amparo constitucional y no de libertad o caso contrario y dado el carácter provisional de las medidas cautelares solicitar nuevamente modificación a su situación jurídica.
Por Decreto Constitucional de 6 de julio de 2022 (fs. 18), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo con la finalidad de obtener informe y recabar documentación complementaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando, necesarios para la emisión de un fallo correcto e imparcial; recibida la documentación solicitada, se dispuso su reanudación del plazo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 7 de marzo de 2023 (fs. 51); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo estipulado por ley.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia del Municipio de Santos Mercados contra Erick Ernesto Florido Rivero –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, malversación y conducta antieconómica, se llevó a cabo su audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares personales, relativa a la detención domiciliaria; en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, mediante Auto interlocutorio de 2 de febrero de 2021, dispuso rechazar la solicitud de modificación de su medida cautelar personal; además de que, el acusado hoy impetrante de tutela, en el plazo de diez días; es decir, a partir de esa fecha pueda salir del domicilio real donde guarda detención domiciliaria, a fin de buscar un empleo lícito y sea en el horario de 08:00 a 12:00, una vez que consiga el trabajo, deberá solicitar a ese Tribunal lo que en derecho corresponda; asimismo, conforme establece el art. 251 del CPP, dicha resolución fue objeto de apelación; por lo que, se determinó la remisión de los antecedentes a la respectiva Sala (fs. 27 a 35 vta.). II.2. Cursa acta de Audiencia de apelación a la medida cautelar; en la cual, se dictó el Auto de Vista 15/2021 de 17 de febrero, por David Zeballos Burgoa, Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando –ahora demandado–, quien confirmó la Resolución dispuesta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento (fs. 36 a 38).
La parte solicitante de tutela, señaló como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, relacionado a su derecho a la libertad y proporcionalidad; toda vez que, solicitó la modificación de su medida cautelar personal de detención domiciliaria, la cual fue rechazada por el Tribunal en primera instancia; por lo que, apeló tal decisión; sin embargo, la autoridad ahora demandada confirmó dicha decisión, sin fundamentar ni motivar su Resolución de segunda instancia, en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación, que tenía por objeto definir su situación jurídica relativo a esta medida. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio, concluyó que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.
En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’
(…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre).
Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas son nuestras).
Con relación a la temática citada al exordio, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; señaló que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…). En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas fueron añadidas).
La parte impetrante de tutela, señaló como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, relacionado a su derecho a la libertad, proporcionalidad; toda vez que, solicitó la modificación de su medida cautelar personal de detención domiciliaria, la cual fue rechazada por el Tribunal en primera instancia; por lo que, apeló tal decisión; sin embargo, la autoridad –ahora demandada–, confirmó dicha decisión, sin fundamentar ni motivar su Resolución de segunda instancia, en cuanto a los agravios expuestos en su recurso de apelación, que tenía por objeto definir su situación jurídica relativo a esta medida.
Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes adjuntos al expediente, de donde se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia del Municipio de Santos Mercados contra el –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, malversación y conducta antieconómica, se llevó a cabo su audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares personales, relativa a la detención domiciliaria; en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, mediante Auto interlocutorio de 2 de febrero de 2021, dispuso rechazar la solicitud de modificación de su medida cautelar personal; además de que, el acusado hoy impetrante de tutela, en el plazo de diez días; es decir, a partir de esa fecha pueda salir del domicilio real donde guarda detención domiciliaria, a fin de buscar un empleo lícito y sea en el horario de 08:00 a 12:00, una vez que consiga el trabajo, deberá solicitar a ese Tribunal lo que en derecho corresponda; asimismo, conforme establece el art. 251 del CPP, dicha resolución fue objeto de apelación; por lo que, se determinó la remisión de los antecedentes a la respectiva sala competente (Conclusión II.1).
Es así que, a través de la audiencia de apelación a la medida cautelar, la autoridad –ahora demandada– emitió el Auto de Vista 15/2021 de 17 de febrero, confirmando la Resolución dispuesta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del mismo departamento (Conclusión II.2). Al respecto, en la audiencia de apelación, se reclamaron en lo esencial, los siguientes agravios: a) Dentro del proceso penal se benefició con modificación de medidas personales de la detención domiciliaria y otros, establecidos en el art. 231 bis del CPP, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y otro supuesto hecho antijurídico; y, b) El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Pando, en audiencia de modificación de medidas cautelares de la detención domiciliaria, mediante Resolución de 2 de febrero de 2021, en su resolutiva señaló que: “‘son los mismos elementos probatorios que se habría pedido se analicen y hubiesen sido analizado en anterior audiencia se concluye que al no existir nuevos elementos que demuestren que el imputado son insuficientes para modificar la detención domiciliaria′” (sic); por lo que, no se habría tomado en cuenta el principio de proporcionalidad y racionalidad en la aplicación de la medida cautelar. Establecidos los antecedentes de esta acción tutelar y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; corresponde manifestar que, la autoridad jurisdiccional a cargo de resolver como en el presente caso, una solicitud de modificación de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional le exige que toda resolución sea debidamente fundamentada desde la exposición de los hechos, hasta la fundamentación legal, citando normas que sustenten una determinada disposición. Ahora bien, conforme se tiene del Auto de Vista ahora cuestionado, en cuanto al primer agravio, respecto a la solicitud de modificación de medidas personales de la detención domiciliaria, la autoridad hoy demandada, basó su decisión en los elementos probatorios como: 1) El informe socioeconómico y familiar, consistente en un Informe Social emitido por la Trabajadora Social dependiente de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario; mismo que, solo permitió demostrar y evidenciar que el acusado sentenciado se encontraba cumpliendo la detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, que prestaba trabajo, que los ingresos económicos le permite subsistir y cubrir sus necesidades básicas; 2) En cuanto al Informe del custodio; éste indicó que, a la fecha el accionante venia cumpliendo a cabalidad su detención domiciliaria, mismo que no logró acreditar de forma clara y objetiva, la necesidad de dejar sin efecto la detención domiciliaria; y 3) Respecto al Informe socio-económico y familiar, suscrito por Gladys Mamani Larico, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES –Pando, estableció que el mismo ponía en relieve gastos para la subsistencia de su familia, y advirtió que dicho informe no era suficiente como para dejar sin efecto la medida cautelar personal de detención domiciliaria, si bien reflejo que el acusado no contaba con trabajo; sin embargo, considero que ya contaba con sentencia condenatoria y las medidas cautelares personales impuestas como la detención domiciliaria con escolta, resulta necesaria conforme el art. 221 del CPP. En cuanto a este punto, la autoridad demandada; además, estableció que el Tribunal de primera instancia, valoró los elementos probatorios referidos, llegando a concluir la insuficiencia de dichas pruebas tendiente a que tal medida cumpla con el alcance y finalidad de ley; refiriendo además, que en el legajo incidental remitido no se encontraba el auto que ha dispuso la detención domiciliaria, contando solamente con la resolución y antecedentes de lo impugnado. Respecto al segundo agravio; por el cual, el Tribunal a quo, no habría tomado en cuenta los principios fundamentales de proporcionalidad y racionalidad en la aplicación de la medida cautelar. Refirió que, la proporcionalidad es en cierta medida la comprobación o medición entre el riesgo y la medida cautelar dispuesta que debe establecerse a la luz del principio de razonabilidad; además de que, el ahora accionante se encontraba en el cumplimiento de una sentencia y que en un principio fue beneficiado con una medida sustitutiva, misma que fue revocada para su detención preventiva y que posterior a ello, cesó dicha detención, imponiéndole la detención domiciliaria; así, sumado a ello y continuando con un análisis integral de elementos y circunstancias, persiste la decisión de dicha medida sustitutiva a la detención preventiva, aspectos estos que hacen a un correcto discernimiento al no existir más elementos probatorios que contradigan tal situación jurídica del ahora impetrante de tutela. Ahora bien, conforme se tiene del Auto de Vista emitido por la autoridad demandada, se advierte que, atendió a cada uno de los agravios manifestados por el ahora impetrante de tutela; inicialmente, haciendo mención al análisis de que el Tribunal de primera instancia, efectuó las puntualizaciones de los Informe Social emitido por la Trabajadora Social dependiente de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario; Informe del custodio; y, Respecto al Informe socioeconómico y familiar, suscrito por Gladys Mamani Larico, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES – Pando; y previa valoración estableció que dicho elementos probatorios no resultaban suficientes para una modificación a la detención domiciliaria ya otorgada pues, las merituadas documentales no resultaban suficientes para la aplicación de una medida menos gravosa que la detención domiciliaria, esta última que resultaba necesaria para la aseguración de la presencia del imputado tomando en cuenta además los antecedentes anteriores de incumplimientos a sus medidas cautelares lo que tornaba necesaria la misma, de conformidad a lo establecido en el art. 221 de CPP.
De lo precedentemente señalado y en el marco de lo analizado en relación a los agravios supuestamente sufridos por el solicitante de tutela en el Auto de Vista cuestionado, se advierte que el Vocal demandado, pronunció una decisión con la debida exposición motivada, justificando razonablemente dicho fallo, basándose en los elementos fácticos y probatorios vinculados al caso concreto cumpliendo así con los presupuestos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, pero así también no se advierte una falta de pronunciamiento a los puntos apelados –congruencia externa– pues en contrario se advierte la respuesta todos los aspectos puestos a su consideración de manera coherente y ordenada, conforme el alcance señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cumpliendo cabalmente con lo dispuestos en el art. 398 del CPP; en tal sentido, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 25 de marzo de 2021, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Sala Civil Social, Familia, Niñez, Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0011_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 73229906284d082139f609b49415fcab75592e7e0300f91a93f65b7dd009ddd3
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