B.IA.LEGAL

SCP 0011/2019-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de febrero de 2019

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de febrero de 2019
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
25049-2018-51-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denunció que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la “seguridad jurídica”, a la vida, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, al emitir el Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, determinaron revocar en parte la resolución de primera instancia y mantener latentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 235.1 y 2 del CPP, sin la explicación y fundamentación que debe contener una resolución, debido a que no realizaron una valoración clara y precisa de las pruebas presentadas para acreditar trabajo y domicilio.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 13 de 31 julio de 2018, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de Santa Cruz; y, en consecuencia,

1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a objeto de que emitan un nuevo fallo cumpliendo los parámetros desarrollados en el presente fallo constitucional.

2° Denegar, la tutela, respecto al art. 235.1 y 2 del CPP y los derechos a la vida, a la defensa, a la presunción de inocencia y al principio de seguridad jurídica.

3° Llamar la atención a Tribunal de Sentencia Penal Sexto de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2019-S1 Sucre, 27 de febrero de 2019 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 25049-2018-51-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13 de 31 de julio de 2018, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana en representación sin mandato de Venerable Huanca Gutiérrez contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 30 de julio de 2018, cursante de fs. 28 a 31 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de tierras, el 23 de marzo de 2017, el Juez de Instrucción Penal Decimocuarto del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por existir los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2, 10; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posterior a ello el 27 de mayo del mismo año, los Fiscales de Materia asignados al caso, presentaron acusación formal ante el Juez de control jurisdiccional, autoridad que remitió en el día los actuados pertinentes ante el Tribunal de Sentencia de turno.

El 19 de abril de 2018, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, para lo cual adjuntó la documentación necesaria y pertinente para desvirtuar los riesgos por los cuales se ordenó su detención preventiva, la misma se sustanció el 27 de similar mes y año; y, como resultado de ello se desvirtuaron los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1 y 2 del CPP; toda vez que, acreditó tener domicilio y trabajo licito, siendo valorado correctamente por el Tribunal referido.

Sin embargo, en lo que respecta a los riesgos procesales señalados en el art. 235.1 y 2 del CPP, dicho Tribunal estableció que los mismos siguen latentes, motivo por el cual se interpuso apelación incidental conforme a lo dispuesto por art. 251 del adjetivo penal.

En ese sentido el 3 de julio de igual año, se llevó a cabo la audiencia de apelación a la medida cautelar en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el cual los Vocales -ahora demandados- de manera incorrecta resolvieron que: a) Respecto al trabajo este no se consideró porque no existiría una orden u oficio en la cual se autorice realizar la verificación laboral; b) Con relación al domicilio indicaron que no existe el requerimiento o autorización judicial para realizar la verificación domiciliaria; y, c) Respecto al art. 235.1 y 2 del CPP, establecieron que el peligro de obstaculización persiste hasta que concluya la misma mediante sentencia firme, con calidad de cosa juzgada, lesionando así el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad; toda vez que, con esa resolución no podía acceder a su libertad mediante la cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la “seguridad jurídica”, a la vida, a la defensa y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 116, 117, 119, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que: 1) Se anule el Auto de Vista “No. 183” y se dicte una nueva resolución cumpliendo con los parámetros de fundamentación y motivación; y, 2) Respecto a la obstaculización se considere lo establecido por el art. 7 y 221 del CPP; toda vez que, las medidas cautelares son temporales y variables.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 31 de julio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 41., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó su memorial de acción de libertad y ampliándola en audiencia señaló que: i) La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió un Auto de Vista carente de fundamentación y motivación; asimismo, no valoraron la prueba tal como lo establecen los arts. 123 y 173 del CPP; en una anterior audiencia -se entiende de cesación de la detención preventiva- el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de Santa Cruz, no desvirtuó los riesgos procesales del “art. 235” motivo por el cual se interpuso recurso de apelación; empero, en dicha audiencia los Vocales demandados, anularon en parte la resolución del Tribunal a quo, y dejaron sin efecto o no convalidaron “el trabajo”, refiriendo simplemente que no se hubiera presentado de oficio o a requerimiento una verificación por un Notario de Fe Pública; ii) El Tribunal de Sentencia Penal Octavo antes citado, consideró que tiene un trabajo lícito; toda vez que, presentó incluso al empleador en audiencia y se le hizo algunas preguntas; sin embargo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señaló que no se hubiese requerido mediante autoridad judicial la respectiva verificación laboral; empero, aceptó que existe contrato de trabajo, verificación y licencia de funcionamiento; es decir, que cumplió con las formalidades legales pero contradictoriamente señalaron que no se considerará el “trabajo” porque simplemente no existía requerimiento para hacer la verificación, sin explicar si el contrato de trabajo estaba bien o si faltaba algún tipo de documentación; iii) La SCP 1214/2014 de 16 de julio, establece que la valoración de prueba no puede valerse solo por la numeración, sino que, debe tener una “valoración Clara y precisa” (sic), pero en el caso presente los Vocales hoy demandados no dieron el valor necesario a la documentación presentada respecto al trabajo, pese a habérselo tramitado mediante oficio para que el investigador asignado al caso lo realice junto al Tribunal de Sentencia Penal Octavo anteriormente señalado; no obstante, de manera contradictoria indicaron que no había oficio y tampoco la verificación domiciliaria, motivo por el cual se interpuso la presente acción tutelar, con la finalidad de que las autoridades demandadas resuelvan el caso con la debida fundamentación y motivación respecto al domicilio del trabajo; y, iv) La Sala Penal Primera antes mencionada, también determinó la existencia latente del art. 235.1 y 2 del adjetivo penal, sosteniendo que el peligro de obstaculización en el presente proceso persiste hasta que concluya el proceso con sentencia firme, lesionando así el principio de presunción de inocencia, sin tomar en cuenta que existe una acusación formal en su contra “…los conocedores investigativos terminaron el inciso primero se encuentra desvirtuado porque establece que los elementos de prueba ya fueron colectados Durante la etapa investigativa de los 6 meses pero sin embargo la sala penal primera dice que no es tan desvirtuado…” (sic), motivo por el cual se siente agraviado por esa resolución, porque no es posible que las autoridades ahora demandadas, primero respecto al trabajo señalen que no existía el oficio pero no indican si está bien o mal, si es lícito o no, tampoco mencionan si el contrato está vigente o no; sin embargo, reconocen que cumple con las formalidades legales; y, respecto al domicilio también sostiene que no fue mediante oficio; empero, sí fue requerido por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; bajo esos parámetros al observar que las autoridades demandadas no emitieron una resolución debidamente fundamentada y una valoración integral de todos los elementos, vulneraron el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a sus legales citaciones de fs. 44 y 45, no elevaron informe alguno ni tampoco se hicieron presentes en audiencia.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 13 de 31 de julio de 2018, cursante de fs. 41 a 43 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la nulidad en parte del Auto de Vista 183 de “3” de julio del citado año, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, “…solo en lo concerniente a la valoración del Numeral 1) del Art. 234 del C.P.P. con relación a valoración de la verificación policial del domicilio del acusado debiendo expresar en sus fundamentos el por qué no se consideró la orden judicial de verificación del mismo…” (sic), sea sin constas por ser excusable, bajo los siguientes fundamentos: a) De un análisis de la documentación adjunta a la presente acción así como del expediente original, del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, signado como “NUREJ: N° 70164999” (sic); se advierte que el acta de apelación de rechazo de cesación de la detención preventiva de 10 de igual mes y año, se emitió con una evidente falta de pronunciamiento y valoración de la orden de verificación domiciliaria que dispuso el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, el 16 de marzo del citado año, mediante oficio y ordenado a través de la Resolución de 19 de febrero de similar año, actuados que no fueron mencionados en los argumentos expuestos en el indicado Auto de Vista, vulnerando así el derecho al debido proceso, por falta de fundamentación ya que de forma contradictoria e incongruente señalaron en el Auto referido que dicha orden judicial no existía; b) No corresponde conceder la tutela con relación al reclamo que realizó sobre la falta de fundamentación respecto a la verificación laboral siendo que los arts. 70, 74, 136, 279 y 297 del CPP, establecen que tanto la Fiscalía como el Órgano Jurisdiccional tienen la facultad para ordenar o disponer los oficios de solicitud de información en el ámbito penal; por lo que, el Tribunal de alzada fundamentó de forma correcta; toda vez que, consideró que la defensa incumplió con presentar un elemento de convicción válido para desvirtuar el riesgo de fuga al no tener un trabajo legalmente asentado en el país; c) En cuanto al art. 235.1 y 2 del citado Código, la fundamentación realizada por las autoridades demandadas, es válida; puesto que, la misma se ampara en jurisprudencia constitucional vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional (SC 0711/2012); por cuanto, el riesgo de obstaculización solamente desaparecerá en función a que este sea desvirtuado objetivamente, a través de nuevos elementos de juicio presentados por el detenido preventivo, conforme a la carga de la prueba prevista en el art. 239.1 del señalado cuerpo legal, de lo que se infiere que en el caso presente la defensa técnica del accionante, no presentó ninguno de estos elementos objetivos, como ser certificaciones acreditando que la prueba de cargo se encuentra en segura custodia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

La Comisión de Admisión a solicitud de la Magistrada Relatora, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción para la emisión de la correspondiente resolución, en aplicación del art. 5.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), mediante decreto constitucional de 22 de octubre de 2018, dispuso la suspensión de plazo. A partir de la notificación con el decreto constitucional de 25 de febrero de 2019, se reanudó el cómputo del plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene imputación formal presentada el 18 de marzo de 2016, emitida por el Fiscal de Materia José Fernando Rioja Núñez contra Venerable Huanca Gutiérrez y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de tierras, extorsión, amenaza, asociación delictuosa y estafa (fs. 3 a 4 vta.).

II.2. Consta Acta y Resolución de aplicación de medidas cautelares de 29 de marzo de 2017, mediante el cual se dispuso la detención preventiva del imputado -hoy accionante- en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 2; 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP (fs. 6 a 15).

II.3. El 27 de abril de 2018, se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, misma que mereció Resolución emitida por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de Santa Cruz, mediante el cual se declaró improbado el incidente de cesación de la detención preventiva, habiéndose enervado el art. 234.1 del CPP, bajo el argumento de que, el domicilio presentado hubiese sido corroborado por la verificación domiciliaria realizada por la policía como autoridad competente, contando con la respectiva orden firmada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo señalado; y, manteniendo latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.2 y 10; y, 235.2 del citado Código; ante ello, el imputado -hoy accionante- interpuso recurso de apelación incidental contra la misma (fs. 21 a 23).

II.4. El “03” de julio de 2018, se realizó la audiencia de apelación incidental contra la resolución de aplicación de cesación de la detención preventiva, en la que el imputado -ahora accionante- a través de su abogado, indicó lo siguiente: 1) Respecto al art. 234.2 del CPP, no se manifestará ya que para la celebración de la audiencia de medida cautelar no contaba con elementos de prueba, suficientes para desvirtuar o en su caso enervar dicho presupuesto procesal; 2) Con relación al art. 235.2 del mismo cuerpo adjetivo, refiere que se encuentra detenido por más de un año en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz y que durante ese tiempo no obstaculizó en ningún testigo y/o perito “…como se puede evidenciar en obrados…” (sic); 3) La Resolución 64/“2017” de primera instancia de forma expresa refiere: “…revisado el domicilio, tenemos que hay una declaración voluntaria que hace la señora Yeni Chambi Poma y dice mayor de edad, hábil por derecho, ocupación labores de casa, con domicilio en esta ciudad, a la fecha declaro ser concubina del señor Venerable Huanca Gutiérrez, y que también tenemos dos hijos, Charly Alejandro Huanca Chambi, Matías Rodrigo Huanca Chambi, vivimos hace 20 años juntos y a la fecha estamos en posesión pacifica de un inmueble, a más de 7 años, ubicado en el Barrio Libertad, Mz. 17-A, distrito 6, lote No. 1213, el mismo que es de conocimiento del presidente de la junta de vecinos. Declara también de que su concubino, una vez esté en libertad, seguirá viviendo en ese lugar con su persona y sus hijos. Dicha situación ha sido corroborada por la verificación domiciliaria por parte de la policía que es autoridad competente y además como habrá observado la parte civil decía que algunas solicitudes se habrían hecho sin requerimiento fiscal u orden judicial, en este caso está la orden firmada por mi persona, en la cual ordena se haga verificación domiciliaria…” (sic), dicha afirmación cursa en “fs. 175 y vta.” del expediente original, admitiendo el Juez a quo que, el registro que hizo mención la parte contraria se habría realizado mediante requerimiento fiscal emanado de autoridad competente; es decir, por el presidente y miembros del Tribunal inferior remitieron la presente causa al Tribunal de alzada. Existe en obrados muestrario fotográfico de la vivienda en interiores, los testigos, fotos del medidor de agua y luz, también hay una certificación de la Junta Vecinal del Barrio Libertad, afiliada a la Federación Departamental de Juntas Vecinales, siendo presidente Omar Rivera Estrada, en cuyo contenido indica: “…que revisado el libro de afiliados el vecino del barrio Libertad, con domicilio ubicado, Uv. 313, Mz. 17, Lote 1213, el señor Venerable Huanca vive pacíficamente hace 8 años, junto a su familia; se certifica en honor a la verdad para los fines que convenga el interesado…” (sic); es decir que, cuenta con una certificación que corrobora que “vivía y vivirá” (sic) en la mencionada vivienda; eso referente al domicilio; y, 4) Con relación al presupuesto trabajo señaló que, se cumplió con las formalidades de Ley; el día de la audiencia se hizo presente en Sala la persona que contratará sus servicios, en ese sentido el Presidente del Tribunal indicó que dicho presupuesto se cumplió conforme al procedimiento, puesto que guarda los requisitos necesarios, incluso se realizó el interrogatorio correspondiente al empleador de Venerable Huanca Gutiérrez -hoy accionante-, así también se acompañó la documentación de la empresa como ser el NIT, registro de comercio, licencia de funcionamiento, plano del domicilio laboral, croquis del lugar de trabajo y las correspondientes facturas de luz, fotografías del lugar y del medidor de agua, al respecto el Tribunal inferior manifestó: “…este contrato de trabajo a futuro con los requisitos establecidos por la norma, por lo que se habría desvirtuado el art. 234 inc. 1…” (sic), señalando que bajo estos argumentos esgrimidos se considera que se realizó una compulsa pulcra de los antecedentes cursantes en obrados por parte del presidente del Tribunal que emitió la presente resolución (fs. 24 a 26).

II.5. Los Vocales hoy demandados, por Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, declararon admisible e improcedente la apelación incidental interpuesto por Venerable Huanca Gutiérrez -hoy accionante- y admisible y procedente la apelación de la parte civil Milton Rosado Cuellar, Víctor Pérez y Severino García, a ese efecto se revocó en parte el Auto de 27 de abril de 2018, manteniendo latente el art. 234.1 vertiente trabajo y domicilio y el art. 235.1 y 2 del CPP y demás extremos del Auto recurrido, bajo los siguientes argumentos: i) El art. 398 del CPP, señala que: “…los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución…” (sic), el Tribunal de alzada se circunscribirá únicamente a la resolución apelada y la exposición de agravios que se plantean en contra de la misma; como los fundamentos de apelación expuestos por el abogado del imputado, la parte civil y el Ministerio Público; ii) De la revisión y análisis del cuaderno procesal se tiene documentación donde se da por cierto la existencia de la verificación domiciliaria por el policía, el NIT, el contrato de trabajo, en la misma que establece “…que una estando en libertad…” (sic) va a trabajar en la empresa cuya documentación se adjunta para tal efecto. Referente al domicilio se dijo que el ahora impetrante de tutela no contaba con el derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.) y en aplicación de la verdad material se tiene que en su mayoría los habitantes tienen posesión del terreno -lote- y no así el derecho de propiedad, para tal efecto se creó la Ley de Regularización del Derecho Propietario Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-, a fin de que se regularice el derecho propietario; sin embargo, este extremo vertido por el Ministerio Público no es aplicable para establecer que el imputado -hoy accionante- no tenga domicilio, siendo que no siempre el derecho propietario acredita el domicilio sino la habitabilidad, pero para la cesación de la detención preventiva se debe cumplir ciertos requisitos que establece la ley; siendo que toda verificación tiene que estar solicitado y ordenado por el fiscal o el juez, estos son los únicos que autorizan a efecto de valorar. Si bien la parte imputada manifestó con relación a este tema “verificación de domicilio” (sic) que se realizó por autoridad competente, y fue corroborada por la verificación domiciliaria por parte de la “…policía que es la autoridad competente, sí, es cierto que la policía es autoridad competente como también el secretario y el notario, pero cuando se trata de cesación, necesariamente el juez o el fiscal debe de autorizar tal actuación, pues no puede la policía actuar de oficio -excepto cuando es inicio de investigación-…” (sic); iii) Referente a la actividad laboral, el ahora accionante manifestó que el sueldo que percibe en el contrato de trabajo -presentado- no cumple con lo que establece el Decreto Supremo (DS) 3166 que en su art. 8 por el cual se fija un sueldo mínimo de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) y el DS 3544 establece el salario de Bs2 060.- (dos mil sesenta bolivianos), no siendo evidente lo expresado por la parte civil en el entendido de que el contrato de trabajo a futuro de “fs. 112”, que claramente dice: “(Del Horario y Remuneración) el horario para el cumplimiento de trabajo a desarrollar será de lunes a viernes de horas 08:00 am. A 12:00 del medio día, y por las tardes de 14:00 a 18:00, y los sábados de 08:00 am. a 12:00 del medio día (…) teniendo el trabajador un haber básico mensual en la suma de Bs.- 2400.- (Dos Mil Cuatrocientos 00/100 Bolivianos), entonces, no es así como dice la parte civil, pues este contrato cumple con el Decreto Supremo emitido, pero el tribunal lo que observa, es el tema de la falta de autorización de la verificación, siendo quien debía de autorizar es el Misterio Público o el juez -tribunal-, no puede actuar la policía de oficio” (sic); y, iv) Sobre el art. 235.1 -del CPP- es cierto que el Tribunal reconoce que al inicio de la intervención de los sujetos procesales, si bien el Tribunal en el por tanto de la resolución no establece con relación a ese riesgo procesal pero en la parte considerativa hace alusión de que persiste ese riesgo, “…si bien el sumo de la resolución es el por tanto -la decisión-…” (sic), pero existe la verdad material y ese principio establece que si persiste el art. 235.1 como el 235.2 del CPP- que fue a viva voz reconocido por las partes, además se tiene la jurisprudencia sentada en la “Sentencia Constitucional N° 0711/2012” (sic) que establece claramente que “Respecto al riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 301/2011-R de 29 de marzo, ha establecido que este riesgo, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, donde el plazo es de seis meses, sino que el mismo persiste desde que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del proceso por una parte; por otra la averiguación de la verdad, no solo puede establecerse en la etapa de la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se dicte la sentencia y ésta adquiera la calidad de cosa juzgada; es decir, cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinente...” (sic), en ese sentido se entiende que el peligro de obstaculización en el presente proceso persiste hasta que concluya el mismo mediante sentencia firme con calidad de cosa juzgada (fs. 26 a 27 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denunció que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la “seguridad jurídica”, a la vida, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, al emitir el Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, determinaron revocar en parte la resolución de primera instancia y mantener latentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 235.1 y 2 del CPP, sin la explicación y fundamentación que debe contener una resolución, debido a que no realizaron una valoración clara y precisa de las pruebas presentadas para acreditar trabajo y domicilio.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Respecto a la obligación que tienen los jueces y tribunales de fundamentar las resoluciones que dicten, como elemento constitutivo del debido proceso, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0106/2018-S1 de 10 de abril, reiterando el entendimiento de la SCP 0106/2015-S2 de 20 de febrero, señaló que: “‘La SCP 0017/2014 de 3 de enero, plasmó el debido proceso según la fuente de su aplicación, de la siguiente manera: «Normativamente, el debido proceso está constitucionalmente reconocido en sus tres dimensiones básicas: i) Como derecho humano (arts. 115.II de la CPE, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos parte del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental); ii) Como garantía jurisdiccional (arts. 117.I de la CPE); y, iii) Como principio procesal (Art. 180.I de la CPE).

(…)

La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.

(…) Derecho a la motivación, fundamentación y congruencia en las resoluciones

En lo referente al derecho a la motivación o congruencia en las resoluciones (judiciales o administrativas) se constituye en un elemento constitutivo del debido proceso que exige ‘…que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’ (SC 0752/2002-R de 25 de junio).

Esto significa que las resoluciones deben ser ante todo claras e inteligibles, más que abundantes, pues tienen la finalidad de informar de manera efectiva a las partes sobre los aspectos más relevantes de la resolución, permitiéndole asumir un conocimiento cabal y suficiente acerca de las razones que sustentan la decisión. Es en este sentido la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, ha determinado: ‘…que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’.

Así también la SCP 1539/2014 de 16 de julio, sobre el debido proceso en su vertiente de motivación, en cuanto a sus finalidades, establece que: ‘La Constitución Política del Estado, menciona en su art. 115.II, que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones»; (…).

Al respecto la SCP 1052/2014 de 9 de junio, refiriéndose al debido proceso en su vertiente a la motivación ha señalado que: «La motivación, es una exigencia constitucional de las resoluciones judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en un fallo en general, (sentencia, auto, etc.). El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.

Así las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: ‘1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

(…) que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…’.

Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando que: ‘…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una decisión sin motivación, o extiendo esta es b.2) una motivación arbitraria; o en su caso, b.3) una motivación insuficiente’; desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.

‘b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una decisión sin motivación, debido a que decidir no es motivar. La justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub índice (asunto pendiente de decisión).

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una motivación arbitraria. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales.

En efecto, un supuesto de motivación arbitraria es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión’»’” (las negrillas nos pertenecen).

La fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denunció que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la “seguridad jurídica”, a la vida, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, al emitir el Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, determinaron revocar en parte la resolución de primera instancia y mantener latentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 235.1 y 2 del CPP, sin la explicación y fundamentación que debe contener una resolución debido a que no realizaron una valoración clara y precisa de las pruebas presentadas para acreditar trabajo y domicilio.

De los antecedentes conocidos por esta jurisdicción constitucional y de aquellos que se encuentran descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante, el Fiscal de Materia, presentó imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de tierras, extorsión, amenaza, asociación delictuosa y estafa (Conclusión II.1); ante ello, el 29 de marzo de 2017, en audiencia de aplicación de medidas cautelares se resolvió disponer la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP, medida a cumplir en el Centro Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2); en ese sentido, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, misma que mereció Resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de Santa Cruz, por el cual se declaró improbado el incidente de cesación de la detención preventiva, enervando únicamente el riesgo procesal del art. 234.1 y manteniendo latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.2 y 10 y 235.2 del citado Código; ante ello, interpuso recurso de apelación incidental contra la misma por declarar improbado el incidente interpuesto (Conclusión II.3); en conocimiento de dicha apelación los Vocales de Sala Penal Primera del referido Tribunal Departamental, emitieron el Auto de Vista 183, mediante el cual declararon admisible e improcedente su recurso de apelación incidental, conservando vigentes y latentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1 -vertiente trabajo y domicilio- y 235.1.2 del señalado Código (Conclusiones II.4 y II.5).

Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que la parte accionante en el presente caso, cuestiona el Auto de Vista referido, emitido por las autoridades ahora demandadas, alegando principalmente que el mismo conculca su derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación.

Ahora bien, con la finalidad de resolver adecuadamente la presente problemática, es necesario referirnos al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que desarrolla la debida fundamentación y motivación de las Resoluciones, como elemento del debido proceso; siendo que, toda autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma; es decir, que cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también, toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión; debiéndose considerar que respecto a medidas cautelares resulta necesario efectuar una valoración integral a fin de determinar la concurrencia o no del art. 233 del CPP, exigencia que también alcanza al Tribunal de apelación.

En ese contexto y del análisis del acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar desarrollados en las Conclusiones II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el imputado ahora accionante con la finalidad de revertir la decisión asumida por el Tribunal a quo quien declaró improbado el incidente de cesación de la detención preventiva interpuso recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

“De la compulsa de los antecedentes, tenemos la resolución de instancia pronunciada dentro de la causa 64/‘2017’, (…) ‘revisado el domicilio tenemos que hay una declaración voluntaria que hace la señora Yeni Chambi Poma y dice mayor de edad, hábil por derecho, ocupación labores de casa, con domicilio en esta ciudad, a la fecha declaro ser concubina del señor Venerable Huanca Gutiérrez, y que también tenemos dos hijos, Charly Alejandro Huanca Chambi, Matías Rodrigo Huanca Chambi, vivimos hace 20 años juntos y a la fecha estamos en posesión pacífica de un inmueble, a más de 7 años, ubicado en el Barrio Libertad, Mz. 17-A, distrito 6, lote No. 1213, el mismo que es de conocimiento del presidente de la junta de vecinos. Declara también de que su concubino, una vez esté en libertad, seguirá viviendo en ese lugar con su persona y sus hijos. Dicha situación ha sido corroborada por la verificación domiciliaria por parte de la policía que es autoridad competente y además como habrá observado la parte civil decía que algunas solicitudes se habría hecho sin requerimiento fiscal u orden judicial, en este caso está la orden firmada por mi persona, en el cual ordena se haga verificación domiciliaria” (sic); asimismo refirió “…no lo decimos nosotros señor presidente, está a fs. 175 del legajo que cursa en manos del presente tribunal, remitimos en grado de apelación; me estoy remitiendo además a fs. 175 vlta. Evidentemente el juez indica que el registro que hace referencia la parte contraria se habría realizado mediante requerimiento fiscal emanado por autoridad competente, por el presidente y miembro del tribunal que remite la presente causa –me estoy remitiendo a la fs 175 vlta…” (sic).

Por otro lado señalo también que: “…existe en obrados muestrario fotográfico de la vivienda en sus interiores, los testigos, fotos del medidor de agua y luz, también hay una certificación de la junta vecinal del Barrio Libertad, afiliada a la Federación Departamental de las juntas vecinales, cuyo presidente es el señor Omar Rivera Estrada. Nos dice ‘que revisado el libro de afiliados el vecino del barrio Libertad, con domicilio ubicado, Uv. 313, Mz. 17, Lote 1213, el señor Venerable Huanca vive pacíficamente hace 8 años, junto a su familia; se certifica en honor a la verdad para los fines que convenga el interesado’, o sea tiene una certificación de la junta vecinal que corrobora que dicho señor vivía y vivirá en el mencionado domicilio; eso es con respecto al presupuesto domicilio señor presidente” (sic).

Con respecto al presupuesto trabajo señalo “…se ha cumplido con las formalidades de Ley señor presidente, es más el día de la audiencia se ha hecho presente en sala el señor que va a contratar a Venerable Huanca Gutiérrez, a fs. 176 el presidente del Tribunal nos indicia que dicho presupuesto se ha cumplido conforme al procedimiento, guarda los requisitos necesarios, se ha hecho el interrogatorio correspondiente a la persona que va a emplear al señor Venerable Huanca Gutiérrez, se ha acompañado la documentación de la empresa como ser el NIT, registro de comercio, la licencia de funcionamiento, se cuenta con un plano del domicilio laboral, un croquis que se ha hecho del lugar del trabajo y también se acompaña las correspondientes facturas de luz, fotografías del lugar y del medidos de agua, el Tribuna nos dice ‘este contrato de trabajo a futuro con los requisitos establecidos por la norma, por lo que se habría desvirtuado el art. 234 inc.1)’; bajo los argumentos esgrimidos consideramos, que se ha realizado una compulsa pulcra de todos los antecedentes cursantes en obrados por parte del presidente del Tribunal que ha emitido la presente resolución y, solicitamos se declare inadmisible e improcedente los fundamentos o agravios vertidos por la parte contraria, gracias” (sic).

En tal sentido, por Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, las autoridades demandadas resolviendo dicho recurso, declararon admisible e improcedente la apelación interpuesta por el imputado -hoy accionante- y revocaron en parte el Auto recurrido en apelación, manteniendo vigente y latente los arts. 234.1 “vertiente trabajo y domicilio” y 235.1 y 2 del CPP, manifestando en su Considerando II, que: a) El art. 398 del CPP, señala que: “los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (sic), el Tribunal de alzada se circunscribirá únicamente a la resolución apelada y la exposición de agravios que se plantean en la misma; en tal sentido con los fundamentos de apelación expuestos por el abogado del imputado la parte civil y el Ministerio Público; b) Considerando III.- De la revisión y análisis del cuaderno procesal se tiene documentación existente, siendo cierta la existencia de la verificación por el policía, el NIT, el contrato de trabajo, en la misma que establece “…que una estando en libertad…” (sic) va a trabajar en la empresa cuya documentación adjunta para tal efecto. Se ha escuchado referente al domicilio que no tiene el derecho de propiedad debidamente registrado en DD.RR. y en aplicación de la verdad material se tiene que en su mayoría los habitantes tienen posesión del terreno -lote- y no así el derecho de propiedad, para tal efecto se creó la Ley 247 para que se regularice el derecho propietario; sin embargo, este extremo vertido por el Ministerio Público no es aplicable para establecer que el imputado -hoy accionante- no tiene domicilio, siendo que no siempre el derecho propietario acredita el domicilio sino la habitabilidad, pero para la cesación de la detención preventiva se debe de cumplir ciertos requisitos que establece la ley; siendo que toda verificación tiene que estar solicitado y ordenado por el fiscal o el juez, estos son los únicos que pueden autorizar a efecto de valorar. Si bien la parte imputada manifestó con relación a este tema “verificación de domicilio” (sic) que se realizó por autoridad competente, y fue corroborada por la verificación domiciliaria por parte de la “…policía que es la autoridad competente, como también el secretario y el notario, pero cuando se trata de cesación, necesariamente el juez o el fiscal debe de autorizar tal actuación, pues no puede el policía actuar de oficio, excepto cuando es inicio de investigación…” (sic); c) Referente a la actividad laboral, el accionante manifestó que el sueldo que percibe en el contrato de trabajo -presentado- no cumple con lo que establece el DS 3166 que en su art. 8 fija un sueldo mínimo de Bs2 000.- y el DS 3544 establece el salario de Bs2 060.-, no siendo evidente lo expresado por la parte civil en el entendido de que el contrato de trabajo a futuro de “fs. 112”, que claramente dice: “(Del Horario y Remuneración) el horario para el cumplimiento de trabajo a desarrollar será de lunes a viernes de horas 08:00 am. A 12:00 del medio día y por las tardes de 14:00 a 18:00, y los sábados de 08:00 am. a 12:00 del medio día, teniendo el trabajador un haber básico mensual en la suma de Bs.-2400 (Dos Mil Cuatrocientos 00/100 Bolivianos) entonces, no es así como dice la parte civil, pues este contrato cumple con el Decreto Supremo emitido; empero, el tribunal lo que observa, es el tema de la falta de autorización de la verificación, siendo quien debía de autorizar es el Misterio Público o el juez -tribunal-, no puede actuar la policía de oficio” (sic); y, d) Sobre el art. 235.1 -del CPP- es cierto que ese Tribunal reconoce que al inicio de la intervención de los sujetos procesales, si bien el tribunal en el por tanto de la resolución no establece con relación a ese riesgo procesal pero en la parte considerativa hace alusión de que persiste ese riesgo, “…si bien el sumo de la resolución es el por tanto -la decisión-…” (sic), pero existe la verdad material y ese principio establece que si persiste el art. 235.1 como el 235.2 del CPP- que fue a viva voz reconocido por las partes, además se tiene la jurisprudencia sentada en la “Sentencia Constitucional N° 0711/2012” que establece claramente que “Respecto al riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 301/2011-R de 29 de marzo, ha establecido que este riesgo, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, donde el plazo es de seis meses, sino que el mismo persiste desde que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del proceso por una parte; por otra, la averiguación de la verdad, no solo puede establecerse en la etapa de la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se dicte la sentencia y ésta adquiera la calidad de cosa juzgada; es decir, cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinente...” (sic), en ese sentido se entiende que el peligro de obstaculización en el presente proceso persiste hasta que concluya el mismo mediante sentencia firme con calidad de cosa juzgada.

Teniendo en cuenta toda la descripción realizada respecto a la interposición del recurso de apelación incidental, como del Auto de Vista ahora cuestionado, corresponde referirnos a los aspectos denunciados en esta acción tutelar, contrastándolos con los planteamientos referidos, así como, con la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada ahora demandado, a través de la Resolución cuestionada, verificando en consecuencia la vulneración o no de los derechos fundamentales invocados.

En ese entendido respecto al domicilio, se tiene que las autoridades demandadas mencionaron que: no tiene el derecho de propiedad debidamente registrado en DD.RR. y en aplicación de la verdad material se tiene que la mayoría de los habitantes tienen posesión del terreno -lote- pero no así el derecho de propiedad, para tal efecto se creó la Ley 247 para que se regularice el derecho propietario; sin embargo, este extremo vertido por el Ministerio Público no es aplicable para establecer que el imputado -hoy accionante- no tiene domicilio, siendo que no siempre el derecho propietario acredita el domicilio sino la habitabilidad, pero para la cesación a la detención preventiva se debe cumplir ciertos requisitos que establece la ley; siendo que toda verificación tiene que estar solicitada y ordenada por el fiscal o el juez, estas son las únicas autoridades que pueden autorizar a efecto de valorar el domicilio. Si bien la parte imputada manifestó que se realizó dicha verificación por parte de la “…policía que es la autoridad competente, también el secretario y el notario, pero cuando se trata de cesación, necesariamente el juez o el fiscal debe autorizar tal actuación, pues no puede el policía actuar de oficio -excepto cuando es de inicio de investigación-…” (sic).

Ahora bien, respecto al mismo artículo penal relacionado con el trabajo los Vocales ahora demandados manifestaron lo siguiente: referente a la actividad laboral, se ha escuchado también manifestar que el sueldo que percibe en el contrato de trabajo -presentado- no cumple con lo que establece el DS 3166 que en su art. 8 fija un sueldo mínimo de Bs2 000.- y el DS 3544 establece el salario de Bs2 060.-, no siendo evidente lo expresado por la parte civil en el entendido de que el contrato de trabajo a futuro de “fs. 112”, que claramente dice: “(Del Horario y Remuneración) el horario para el cumplimiento de trabajo a desarrollar será de lunes a viernes de horas 08:00 am. A 12:00 del medio día y por las tardes de 14:00 a 18:00, y los sábados de 08:00 am. a 12:00 del medio día, teniendo el trabajador un haber básico mensual en la suma de Bs.- 2400 (Dos Mil Cuatrocientos 00/100 Bolivianos)” (sic), entonces, no es así como dice la parte civil, pues este contrato cumple con el Decreto Supremo emitido, el tribunal lo que observa, es el tema de la falta de autorización de la verificación, siendo quien debía de autorizar es el Misterio Público o el juez -o tribunal-, no puede actuar la policía de oficio, excepto cuando es inicio de investigación.

Conforme los presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; relacionado con la exigencia que tiene toda autoridad judicial de pronunciar una resolución fundamentada y motivada y con la necesaria valoración integral, y teniendo en cuenta las aseveraciones expuestas por los Vocales demandados, se advierte que en relación a la concurrencia del art. 234.1 del CPP; relacionado al domicilio el cual no fue enervado bajo el argumento de que para la verificación del mismo no existió una autorización del Fiscal o Juez; las autoridades demandadas no fundamentaron la norma que establece tal obligación, tampoco explicaron por qué es exigible dicha autorización para ser considerada y cumplida por el hoy accionante, máxime si de la revisión de la Resolución apelada se advierte de manera clara y precisa que, la verificación realizada al domicilio se la realizó a través de una autorización emitida por el Juez del Tribunal y no así como aseveran los Vocales ahora demandados que dicha verificación no contaba con la citada orden del juez o fiscal, sino simplemente fue realizada por un policía; advirtiéndose que las autoridades demandadas arribaron a tal conclusión (que en solicitudes de cesación es necesaria la orden del fiscal o juez para la verificación de domicilio), sin explicar los fundamentos y motivos en los que basaron dicha afirmación y consecuente determinación, incurriendo en una falta de fundamentación y motivación del fallo cuestionado; máxime cuando dicha orden de verificación fue autorizado por el Juez del Tribunal a quo.

Respecto al trabajo establecido en el art. 234.1 del CPP, se tiene que los Vocales hoy demandados en relación al contrato de trabajo señalaron que cumple con los parámetros del DS 3544, limitándose nuevamente a referir que dicha prueba fue obtenida sin la autorización del fiscal o juez sin vertir explicación razonable alguna y mucho menos fundamentar con normativa legal vigente tal decisión o explicar en qué medida correspondía la autorización del fiscal o juez, pero considerando todos los elementos que presentó o produjo la parte accionante a efecto de acreditar su situación laboral; por lo que, se tiene que las autoridades demandadas incurrieron en una falta de fundamentación y motivación; por consiguiente, corresponde otorgar la tutela solicitada.

Con relación al art. 235.1 y 2 del CPP, el accionante en audiencia de apelación no esgrimió agravio alguno; haciendo únicamente mención del art. 235.2 del citado Código; y, solamente circunscribió sus reclamaciones a los dos argumentos anteriormente citados; consecuentemente, aquellos aspectos no acusados en la vía ordinaria no pueden traerse de manera directa a esta acción tutelar; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada, en relación a este punto.

En cuanto al derecho a la defensa y presunción de inocencia a partir del sustento argumentativo expuesto en la presente acción de libertad no se evidencia la necesaria vinculación con alguno de los derechos tutelados por esta vía de protección constitucional; situación que imposibilita efectuar el análisis pretendido; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

Respecto al derecho a la vida el accionante no hace más que una simple referencia a ese derecho, sin explicar, ni fundamentar como es que se estaría afectando el mismo, como tampoco lo vincula con los hechos denunciados ni se evidencia de forma real y objetiva dicha alegación de lesión; por lo que, respecto a dicho derecho corresponde denegar la tutela.

Finalmente, al no tutelar principios la presente acción de libertad, no corresponde esbozar un pronunciamiento expreso respecto al principio de seguridad jurídica, denunciado por la parte accionante.

III.3. Otras consideraciones

De acuerdo a la revisión de los datos del presente proceso, corresponde señalar que la Resolución 13 que resolvió esta acción de libertad constitucional fue emitida el 31 de julio de 2018, por Tribunal de Sentencia Penal Sexto de Santa Cruz; en ese entendido, su remisión a Tribunal Constitucional Plurinacional recién se efectuó el 9 de agosto de similar año, conforme se tiene a partir de la guía de despacho 1009207, cursante a fs. 47 de obrados, esto es en forma posterior al plazo establecido en los arts. 126.IV de la CPE y el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual dispone que: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución”; por consiguiente, se advierte inobservancia a la norma procedimental en cuanto a la remisión oportuna de esta acción de defensa al Tribunal Constitucional Plurinacional; consecuentemente, se llama la atención a la Jueza de garantías, para que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento, observe los plazos que rigen a este mecanismo de defensa.

En consecuencia el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 13 de 31 julio de 2018, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de Santa Cruz; y, en consecuencia,

1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 183 de “10” de julio de 2018, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a objeto de que emitan un nuevo fallo cumpliendo los parámetros desarrollados en el presente fallo constitucional.

2° Denegar, la tutela, respecto al art. 235.1 y 2 del CPP y los derechos a la vida, a la defensa, a la presunción de inocencia y al principio de seguridad jurídica.

3° Llamar la atención a Tribunal de Sentencia Penal Sexto de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo TomoItrim12019.pdf · páginas 144 a 158.

Huella digital del PDF (SHA-256): 39fff52e4aad55ac2f40c4b44d338703c43f081a08e5a666a156f511a324bbb0

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