B.IA.LEGAL

SCP 0010/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de enero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58190-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, toda vez que, pese a que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió un mandamiento de libertad a su favor, hasta la presentación de la presente acción tutelar, la Directora del Centro Penitenciario de Palmasola no lo ejecutó, manteniéndola indebidamente privada de libertad. Por lo tanto, solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la mencionada Directora cumpla de manera inmediata el mandamiento de libertad emitido el 1 de septiembre de 2023, poniendo fin a su retención indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 16/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa respecto a Carina Cristina Gutiérrez Valeriano, Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, regimiento mujeres, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se ejecutó el mandamiento de libertad. 2º Exhortar a la Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, suma sus funciones con responsabilidad, celeridad posible, evitando la demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El deber de observar y cumplir un mandamiento de libertad en los establecimientos penitenciarios
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2026-S3 Sucre, 30 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58190-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Herland Manuel Patiño Cortés en representación sin mandato de María Fernanda Roca Arteaga contra María Lourdes Aranibar Montoya, Directora del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 4 a 6 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita, el 1 de agosto de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Palmasola. Posteriormente, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 1 de septiembre de 2023, revocó la detención preventiva, otorgándole medidas sustitutivas y ordenando su inmediata libertad, disponiéndose la emisión del respectivo mandamiento de libertad. Dicho mandamiento fue puesto en conocimiento de las autoridades de la Dirección y Gobernación del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Palmasola; sin embargo, pese a contar con una orden judicial expresa, clara y de cumplimiento inmediato, la autoridad penitenciaria ahora demandada omitió ejecutarla, rehusándose de manera injustificada a acatar la determinación del Vocal y manteniéndola indebidamente privada de libertad. Esta omisión vulnera de forma directa su derecho fundamental a la libertad personal e incumple lo previsto en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que obliga a las autoridades penitenciarias a ejecutar de manera automática e inmediata los mandamientos de libertad emitidos por la autoridad jurisdiccional competente, además de contravenir la jurisprudencia constitucional vinculante y consolidada en la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo, que estableció que ninguna autoridad penitenciaria puede revisar, cuestionar ni retardar la ejecución de un mandamiento de libertad, y que la sola demora injustificada constituye una forma de detención ilegal, susceptible de protección inmediata vía acción de libertad. Pese a contar con el mandamiento de libertad desde el 2 de septiembre de 2023, hasta la presentación de la presente acción tutelar, la autoridad penitenciaria no dio cumplimiento a la orden judicial, prolongando de manera indebida su privación de libertad y configurando un acto manifiestamente ilegal y contrario a la Constitución.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115 y 178.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Palmasola cumpla de manera inmediata el mandamiento de libertad emitido el 1 de septiembre de 2023, poniendo fin a su retención indebida.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 18 a 20, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción tutelar y, ampliándola, manifestó que: 1) Por Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2023, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Palmasola; dicha Resolución fue apelada oportunamente y, en audiencia de apelación de 1 de septiembre del citado año, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revocó la detención preventiva y dispuso la aplicación de medidas sustitutivas, ordenándose la emisión del correspondiente mandamiento de libertad; 2) El mandamiento de libertad fue oportunamente puesto en conocimiento de la Directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Palmasola; no obstante dicha notificación, la autoridad penitenciaria omitió ejecutar la orden judicial, manteniéndola privada de libertad más allá del plazo legalmente permitido; 3) Si bien la autoridad demandada remitió informe, señalando que ya se habría dado cumplimiento al mandamiento de libertad observado, en el mismo no precisó la hora en que la accionante habría sido puesta en libertad, extremo que adquiere relevancia considerando que, al momento de la audiencia de la presente acción tutelar, ya habían transcurrido más de veinticuatro horas desde la emisión del mandamiento de libertad sin que se hubiera materializado la orden; 4) Conforme al art. 39 de la LEPS, el mandamiento de libertad debe cumplirse el mismo día de su presentación ante el recinto penitenciario, sin dilaciones ni condicionamientos indebidos; además, durante la audiencia de acción de libertad, se evidenció que la accionante no se encontraba fuera del recinto penitenciario, pese a haber transcurrido un tiempo más que razonable para su egreso; y, 5) La detención de la accionante se prolongó por más de once horas adicionales, sin respaldo legal, configurando una privación de libertad indebida atribuible a-la omisión de la Directora del Centro Penitenciario de Palmasola.

I.2.2. Informe del demandado

María Lourdes Araníbar Montoya, Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, mediante informe escrito con cite Oficio 368/2023 de 2 de septiembre, cursante a fs. 14, señaló que: i) El 1 de septiembre de 2023 recepcionó el mandamiento de libertad a favor de María Fernanda Roca Arteaga ahora accionante-; sin embargo, no fue posible dar cumplimiento inmediato, debido a que, durante la tarde de esa mismo fecha, se presentaron inconvenientes administrativos, consistentes en un corte de energía eléctrica y fallas en el sistema de registro y filiación del establecimiento penitenciario, lo que ocasionó la demora en la ejecución de la orden judicial; y, ii) Se otorgó la libertad a la impetrante de tutela el día sábado 2 de septiembre de 2023, con lo cual se dio cumplimiento al mandamiento de libertad. Durante la audiencia, ante la pregunta expresa del Juez de garantías respecto a si la accionante aún se encontraba recluida en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, la autoridad demandada respondió que "...de ninguna manera..." (sic), asegurando que el mandamiento de libertad había sido ejecutado en horas de la mañana de ese mismo día y que, incluso, se adjuntó al informe presentado la respectiva boleta de salida.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los antecedentes del expediente, se evidenció que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia emitió un mandamiento de libertad a favor de María Fernanda Roca Arteaga, documento que según consta en su parte final- fue expedido el 1 de septiembre de 2023, es decir, un día antes de la celebración de la presente acción tutelar; ii) Del informe y de la documentación presentada por la autoridad accionada, se advirtió que se emitió una boleta de salida, en la que se consigna que la accionante salió del establecimiento penitenciario aproximadamente a horas 04:00, es decir, en horas de la madrugada, encontrándose actualmente en pleno ejercicio de su derecho a asumir defensa en libertad dentro del proceso penal seguido en su contra; por lo que se consideró que no correspondía acoger la pretensión de la accionante, al no concurrir los presupuestos exigidos por el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, iii) Se recomendó a la autoridad accionada que, a efectos de evitar la interposición innecesaria de acciones de libertad, una vez que la autoridad jurisdiccional emite un mandamiento de libertad -que constituye una potestad exclusiva del órgano jurisdiccional no puede, por razones administrativas o burocráticas internas del penal de Palmasola, dilatar o demorar la ejecución de dicha orden. Sin duda, si el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz Palmasola hubiera canalizado de manera inmediata el diligenciamiento del mandamiento de libertad, aplicando los principios de celeridad y eficacia, la accionante no habría visto la necesidad de activar la presente acción constitucional. Tales extremos deben ser considerados por la Dirección del Régimen Penitenciario a fin de evitar futuras vulneraciones, toda vez que este tipo de retrasos puede derivar no solo en acciones de libertad, sino incluso en responsabilidades penales. En vía de complementación, el abogado de la accionante indicó que no tuvo acceso previo a las boletas de salida adjuntadas por la autoridad accionada, por lo que solicitó que se disponga que dichas actuaciones sean puestas en su conocimiento. El Juez, atendiendo la solicitud de complementación, dispuso que, por Secretaría, una vez elaborada el acta correspondiente, se proceda a notificar a las partes procesales con la Resolución y con la documentación adjunta, incluida la boleta de salida de la accionante que cursaba en obrados y que fue incorporada al expediente, con lo cual se dio por concluida la audiencia. 1.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Mandamiento de Libertad emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de 1 de septiembre de 2023, mediante el cual se dispuso y ordenó al Director del Centro de Rehabilitación de Palmasola de Santa Cruz que proceda a la inmediata libertad de la imputada María Fernanda Roca Arteaga, siempre que no se encuentre detenida por otra causa (fs. 1). II.2. Consta el Memorándum de permiso a cuenta de vacación, por el cual se concedieron seis días de permiso a cuenta de vacación anual a María Lourdes Araníbar Montoya, Directora del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, a partir del mediodía del martes 29 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre de 2023, quedando en su reemplazo la Sargento Carina Cristina Gutiérrez Valeriano hasta la conclusión del referido permiso (fs. 13). II.3. Consta la papeleta de salida del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, de la interna María Fernanda Roca Arteaga, emitida en virtud de la orden dispuesta por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 1 de septiembre de 2023, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita de armas de fuego. En dicha papeleta se hace constar que la beneficiaria fue puesta en libertad el 2 de septiembre de 2023. El documento se encuentra suscrito por la Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres PC-2 (fs. 15). II.4. De igual forma, cursa en antecedentes el registro de huellas digitales de 2 de septiembre de 2023, correspondiente al procedimiento de egreso, que contiene las impresiones dactilares de la ahora accionante y la firma de la funcionaria responsable (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, toda vez que, pese a que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió un mandamiento de libertad a su favor, hasta la presentación de la presente acción tutelar, la Directora del Centro Penitenciario de Palmasola no lo ejecutó, manteniéndola indebidamente privada de libertad. Por lo tanto, solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la mencionada Directora cumpla de manera inmediata el mandamiento de libertad emitido el 1 de septiembre de 2023, poniendo fin a su retención indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1055/2025-S3 de 8 de septiembre, sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, señaló que: «La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2 se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que 1 El F) III.1.1, señala: "Para la procedencia del håbeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad fisica ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente ()". EFJ 111.1.2, menciona: "El habeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivarpente ()". El FJ III.1.3, determina: "El habeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegitima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplia los alcances protectivos de esta garantia, al referirse a otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas.... Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (...)". 2 EFJ. III.5, refiere que: "El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este habeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: ´…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo- (las negrillas son nuestras). Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad» (las negrillas son nuestras).

III.2. El deber de observar y cumplir un mandamiento de libertad en los establecimientos penitenciarios

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo -entre otras- desarrolló el siguiente razonamiento: «El art. 39 de la LEPS, prevé que:

Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno.

El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Asimismo, los arts. 58 y 59.9 de la LEPS, establecen que el Director del establecimiento penitenciario es el responsable del manejo y funcionamiento del mismo, por encontrarse a su carga; constituyéndose en una de sus atribuciones mantener actualizado el registro penitenciario; lo cual concuerda con lo previsto en el art. 2.8 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, aprobado por Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, que señala como una atribución de los funcionarios de la administración penitenciaria y de los administradores de justicia, la de: "Mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad, incluyendo su identidad, las razones de su privación de libertad y la autoridad responsable, y el día y hora de su admisión y puesta en libertad"; por consiguiente, recibido un mandamiento de libertad, emanado de autoridad competente, los encargados de las prisiones, están obligados a su cumplimiento inmediato, con la finalidad de evitar lesionar derechos y garantías del detenido; debiendo verificar si existen o no, otros mandamientos contra el imputado; y si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, se tiene que solicitar sin demora, toda la información que sea pertinente y revisar los registros existentes antes de dar curso al mismo3.

Así, la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.3, dejó establecido que:

Cabe aclarar igualmente que el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implicito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revise previamente los registros antes de dar curso al mandamiento (...).

Por su parte, la SC 0204/2007-R de 29 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.4, indicó:

...la funcionaria encargada de ejecutar una orden de libertad, antes de proceder a su cumplimiento, debe verificar que la persona a ser puesta en libertad no se encuentre detenida en mérito a una orden escrita y librada por autoridad competente en un proceso distinto; es decir, esa indagación debe limitarse a la constatación de la existencia o no de algún mandamiento de detención preventiva en los registros del recinto carcelario y de las reparticiones correspondientes de la Policía Nacional que hagan las veces de aquel, caso contrario, la demora o la dilatación indebida en que incurre la autoridad recurrida, implica una lesión a este derecho fundamental.

En consecuencia, los encargados de los centros penitenciarios, tienen la obligación de verificar la autenticidad del mandamiento de libertad e inexistencia de otros mandamientos pendientes, más, no llevar adelante acciones dilatorias, que no están establecidas dentro de las atribuciones conferidas, las que vulnerarían el derecho a la libertad del imputado y mantendrían su detención preventiva de forma indebida».

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1477/2025-S3 de 20 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, estableció que:

[L]a acción de libertad innovativa, radica esencialmente, en que todo acto que implica desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evite que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (...)

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad Innovadora debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional;

impidiendo de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico establece expresamente la existencia de esta figura, en el arte. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: "Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que corresponden".

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, debido a que, aunque el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió un mandamiento de libertad a su favor, hasta la presentación de la presente acción, la Directora del Centro Penitenciario de Palmasola, Recinto Mujeres del citado departamento, no procedió a su ejecución inmediata, encontrándose indebidamente privada de su libertad.

Con carácter previo, corresponde señalar que la presente acción tutelar fue formulada contra María Lourdes Araníbar Montoya, en su condición de Directora del Centro de Rehabilitación del Centro Penitenciario de Santa Cruz, Régimen de Mujeres; no obstante, conforme al informe presentado y al memorando de designación adjunto por Carina Cristina Gutiérrez Valeriano (Conclusión II.2), se evidenció que esta última ejerció funciones como Directora a.i. del citado reclusorio desde el 29 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2023; en ese marco, y conforme a la jurisprudencia contenida en la SCP 1521/2025-S3 de 20 de noviembre, que establece la posibilidad de activar la acción tutelar aun cuando únicamente se hubiera identificado el cargo de la autoridad demandada, corresponde ingresar al análisis del caso concreto, máxime cuando cursa en obrados informe escrito y se contó con la participación en audiencia de la autoridad correspondiente.

Con dicha aclaración y habiéndose identificado el acto lesivo, corresponde remitirse a los antecedentes del caso, de cuyo examen se evidencia que se inició un proceso penal contra la accionante por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita de armas de fuego. En ese contexto, la Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 824 de 1 de agosto de 2022, decisión que, en apelación, fue parcialmente revocada por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien emitió el mandamiento de libertad el 1 de septiembre de 2023, disponiendo expresamente que la Directora del Centro de Rehabilitación de Santa Cruz - Palmasola, Recinto Mujeres, lo ejecute de forma inmediata (Conclusión II.1).

En ese marco, corresponde referirse a la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal respecto a la ejecución del mandamiento de libertad por parte de los directores de los centros penitenciarios, quienes, conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, tienen el deber de ejecutarlos de manera inmediata, sin dilaciones provocadas por cuestiones administrativas, operativas o de horario. Si bien la autoridad encargada del recinto penitenciario tiene la obligación de verificar la autenticidad y vigencia del mandamiento de libertad, dicha verificación no puede convertirse en un obstáculo que retrase la libertad de la persona, pues la demora injustificada en la ejecución de este mandamiento constituye un acto lesivo del derecho a la libertad, del principio de celeridad procesal e incluso de la dignidad humana.

Asimismo, cabe señalar que justificar la demora por "horario de almuerzo", "horario administrativo", "desconexión de sistemas" o "revisión interna" constituye una vulneración al derecho a la libertad y al principio de celeridad procesal, así como al derecho a la dignidad de la persona privada de libertad, conforme lo ha entendido este Tribunal en la SCP 0313/2025-S3 de 30 de abril. Tal actuar no solo contraviene el deber de ejecutar los mandamientos de libertad de manera inmediata, sino también la obligación de garantizar un trato digno y respetuoso a la persona privada de libertad. A la luz de estos estándares jurisprudenciales debe resolverse el presente caso, en el cual se ha evidenciado que, el 1 de septiembre de 2023, la autoridad competente ordenó la libertad de la ahora accionante y que la Directora a.i. del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, no ejecutó la orden en la misma jornada, generándose un retraso injustificado que derivó en la interposición de la presente acción tutelar. Si bien la autoridad demandada, en el informe presentado, intentó justificar la demora en la ejecución del mandamiento de libertad señalando que existieron "apagones de energía", "fallas del sistema" y "problemas administrativos", y que por estas razones la accionante recién fue liberada en la madrugada del 2 de septiembre del citado año, estos argumentos contradicen la línea jurisprudencial constitucional, que ha sido clara al establecer que ninguna causa administrativa, técnica o de horario puede justificar la demora en la ejecución de un mandamiento de libertad. El único deber de la autoridad penitenciaria es verificar con diligencia y prontitud la inexistencia de otros mandamientos pendientes, siendo injustificable cualquier demora atribuible a fallas administrativas, cambios de personal, horarios o dificultades técnicas.

En consecuencia, se constata que existió una demora indebida en la ejecución del mandamiento de libertad de aproximadamente veinte horas, lo que constituye un acto lesivo del derecho a la libertad y del principio de celeridad de la ahora accionante, lo que amerita que, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, se conceda la tutela.

Ahora bien, en este caso, la Directora a.i. del Centro Penitenciario de Palmasola, Recinto Mujeres, remitió un informe indicando que, en horas de la madrugada, concretamente a las cuatro de la mañana, ya se había otorgado la libertad a la accionante, adjuntando la papeleta de salida y el registro de huellas digitales de María Fernanda Roca Arteaga (Conclusiones II.2 y II.3). No obstante, no es menos cierto que dicha liberación no se ejecutó de manera inmediata tras recibir la orden, sino que se esperó aproximadamente veinte horas para su efectivización. Este retraso constituye una vulneración al derecho a la libertad y al principio de celeridad procesal, conforme lo establece el art. 39 de la LEPS y la línea jurisprudencial de este Tribunal, que obliga a que los mandamientos de libertad se ejecuten de forma inmediata, sin dilaciones burocráticas, administrativas o técnicas.

En ese marco, aun cuando la vulneración puntual haya cesado, conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional, la acción de libertad tiene un carácter innovativo, orientado a prevenir que los actos lesivos se repitan. Es decir, esta acción tutelar no solo protege el derecho de la persona afectada, sino que posee una vocación objetiva de prevención, asegurando que las conductas que lesionan derechos fundamentales, como la libertad y la dignidad, no se reproduzcan. En este sentido, aunque la libertad de la accionante haya sido efectivamente materializada en la madrugada del 2 de septiembre de 2023, corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad de la autoridad demandada y establecer medidas que eviten futuras vulneraciones, conforme lo dispone el art. 49.6 del CPCo, que señala que, aun habiendo cesado las causas de la acción, la audiencia deberá realizarse para determinar responsabilidades y proteger la vigencia de los derechos fundamentales.

En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad innovativa respecto a la Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, pues, si bien dio cumplimiento al mandamiento de libertad, el acto lesivo existió debido a la demora injustificada incurrida en la ejecución del mencionado mandamiento. En consecuencia, el tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 16/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa respecto a Carina Cristina Gutiérrez Valeriano, Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, regimiento mujeres, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se ejecutó el mandamiento de libertad. 2º Exhortar a la Directora a.i. del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, Recinto Mujeres, que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, suma sus funciones con responsabilidad, celeridad posible, evitando la demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

Por último, se debe hacer referencia al habeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación juridica de la persona que se encuentra privada de libertad",

3 La SCP 0662/2012 de 2 de agosto, en el FJ III.2, indica: " la abundante jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional ha establecido que toda autoridad judicial tiene el deber de dar curso a la emisión del mandamiento de libertad o administrativa deberá otorgarle la celeridad necesaria en su libramiento, asimismo, es necesario hacer hincapié que dentro de las facultades que tiene todo gobernador de un centro penitenciario, antes de ejecutar cualquier mandamiento de libertad, éste deberá: a) Revisar el kårdex de la persona beneficiada con dicho mandamiento y verificar que éste no tenga mandamientos pendientes; y, b) Que el mandamiento de libertad sea auténtico y que no contenga falsedad material".

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): df01b1b1f6829ffbddeafc3dba9cca547c8f09089246ab400de0b08c02033d16

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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