Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 16 de enero de 2026
Deniega la tutela
La entidad accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, así como la interpretación de la legalidad ordinaria; en razón a que la Resolución 180/2022 de 7 de octubre, emitida por los Vocales ahora accionados, con motivo del recurso de apelación generaron los siguientes agravios: a) Carece de “CONGRUENCIA EXTERNA”; ya que, no respondieron de forma consistente, congruente y adecuada al reclamo planteado en el recurso de apelación respecto a la errónea aplicación del art. 324 de la CPE, así como omitieron pronunciarse sobre los arts. 128 del CPC y 1497 del CC, que permiten la prescripción en cualquier etapa del proceso; b) Carece de “CONGRUENCIA INTERNA” porque primero determinaron que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda coactiva, luego afirmaron que sería imprescriptible; y, c) Contiene una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico al aseverar que la multa impuesta a YPFB, sería imprescriptible en aplicación de la SCP 0790/2012 de 20 de agosto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 207/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 154 a 161, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2026-S1 Sucre, 16 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58750-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 207/2023 de 27 de septiembre, cursante de 154 a 161, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Helen Lourdes Gutiérrez Miranda y Daniel Alejandro Aguilar Lara en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Celia Brígida Quisbert Díaz e Iván Ramiro Campero Villalba, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La entidad accionante a través de sus representantes legales por memoriales presentados el 4 y 17 de agosto de 2023, cursantes de fs. 42 a 47 y 50 a 52, manifestaron lo siguiente:
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías -hoy tercero interesado- mediante Resolución Ministerial (RM) 082-11 de 21 de febrero de 2011, impuso a YPFB la sanción de multa de $us11 000.- (once mil dólares estadounidenses) por incumplimiento de los arts. 15 y19 del Reglamento para la Liquidación de Regalías y la Participación de Tesoro General de la Nació (TGN) por la Producción de Hidrocarburos. Ante ello, a través de la Nota “PRS-DLG-422/2011”, formuló recurso de revocatoria que fue resuelto mediante RM 152-2011 de 11 de abril, rechazando el mencionado recurso, y debido a una secuencia de feriados no pudieron plantear el recurso jerárquico, adquiriendo asi ejecutoria la citada Resolución Ministerial; por lo que, la sanción impuesta podía ser efectivizada a través del procedimiento judicial. En ese contexto, el 4 de julio de 2019, YPFB fue notificada con la demanda de ejecución de cobro coactivo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías ahora tercero interesado, admitida mediante la Resolución 27/2019 de 15 de marzo, por el Juez Coactivo Fiscal Tributario y Administrativo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, después de transcurrir ocho años desde la ejecutoria de la RM 082-11; razón por la cual, interpusieron el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; además, de oponer la excepción de incompetencia. Posteriormente, el 28 de junio de 2021, interpusieron la excepción de prescripción de la sanción impuesta bajo la premisa de que desde el 14 de abril de 2011 hasta el 13 de marzo de 2019, el ejecutante se mantuvo en una inactividad absoluta; por lo que, el plazo de un año previsto por el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril-, se encontraba vencido desde el 3 de mayo de 2012; por lo tanto, prescrita la potestad de la entidad ejecutora para activar el cobro de la sanción pecuniaria; a pesar de ello, el Juez de la causa mediante la Resolución A.I. 40/2021 de 12 de agosto, rechazó la referida excepción con el argumento de que el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), determina la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado y que la SCP 0790/2012 de 20 de agosto, derogó el art. 40 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-. Ante esa determinación, interpusieron el recurso de apelación, argumentando que: a) Las acreencias entre entidades públicas por cobro de multas no constituyen deudas por daño económico del Estado, no siendo aplicable el art. 324 de la CPE; b) Entre el 14 de abril de 2011 hasta el 13 de marzo de 2019, transcurrieron más de ocho años, en los que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ahora tercero interesado incurrió en una absoluta inacción; y, c) La prescripción constituye un mecanismo de defensa sobreviniente que puede ser planteado en cualquier momento del proceso de acuerdo a los arts. 128.III del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-; y, 1497 de Código Civil (CC). Dicho recurso fue resuelto por los Vocales ahora accionados mediante la Resolución 180/2022 de 7 de octubre, determinando de forma arbitraria que YPFB no ejerció su derecho a la prescripción extintiva o liberatoria ante la autoridad competente conforme lo dispuesto por el art. 1499 del CC; que tanto la prescripción así como la caducidad quedaron interrumpidas con la demanda de ejecución de cobro coactivo de 13 de marzo de 2019, sin que exista abandono por la parte ejecutante y considerando que el proceso se encuentra en etapa de ejecución el instituto de la prescripción fue adecuadamente fundamentada conforme la SC 0790/2012. Refieren que en ningún momento YPFB invocó el art. 40 de la Ley 1178, en la excepción de prescripción ni en el recurso de apelación, más bien se reclamó la errónea aplicación del art. 324 de la CPE, considerando que la imposición de multas según las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo, no podría asumirse como una deuda por daño económico al Estado; por lo que, no sería imprescriptible, siendo en ese sentido la multa impuesta a YPFB una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico. Aparte de ello, los Vocales ahora accionadas, en la Resolución 180/2022, no se pronunciaron respecto al agravio referido a que la prescripción puede plantearse en cualquier momento del proceso conforme los arts. 128.III del CPC y 1497 del CC, incurriendo en incongruencia externa al emitir un fallo citra petita, en definitiva la citada Resolución Carece de: 1) “CONGRUENCIA EXTERNA”; ya que, no respondieron de forma consistente, congruente y adecuada al reclamo planteado en el recurso de apelación respecto a la errónea aplicación del art. 324 de la CPE, así como omitieron pronunciarse sobre los arts. 128 del CPC y 1497 del CC; 2) “CONGRUENCIA INTERNA” porque primero determinaron que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda coactiva, luego afirmaron que sería imprescriptible; y, 3) Contiene una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico al aseverarse que la multa impuesta a YPFB, sería imprescriptible en aplicación de la SC 0790/2012. Asimismo, el accionante en su memorial de subsanación de 17 de agosto de 2023, precisó que el acto restrictivo a sus derechos y garantías constituciones es la Resolución 180/2022, emitida por los Vocales ahora accionados en virtud al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de primera instancia; posteriormente, mediante Auto A.I. 69/23 SSCVCA-III de 30 de enero de 2023, se declaró la ejecutoria de la citada Resolución; que fue notificada a YPFB el 7 de febrero de 2023; consiguientemente, el plazo de seis meses de caducidad fenecía el 7 de agosto de 2023; por lo que, la acción de amparo constitucional fue presentada dentro del plazo establecido por la Ley.
La entidad accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, así como la interpretación de la legalidad ordinaria; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la CPE.
Solicita se conceda tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución 180/2022 de 7 de octubre, disponiendo que los Vocales hoy accionados emitan nueva resolución absolviendo de forma coherente los agravios expresados en el recurso de apelación, respetando la normativa aplicable al caso.
Celebrada la audiencia pública el 27 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 148 a 153, se produjeron los siguientes actuados:
La entidad accionante a través de su representante legal en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: i) La Resolución 180/2022 hoy cuestionada sería contraria a los principio de seguridad jurídica establecido por el art. 3.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y de reserva legal previsto por el art. 14.IV de la CPE; y, ii) Tampoco se respetó la regla de interpretación de que la ley especial deroga a la ley general; toda vez que, el art. 79 de la LPA, establece que la sanción impuesta prescribe en un año; por lo que, sería especial frente a la norma general del art. 324 de la CPE, que no guarda relación; ya que, este haría mención a la responsabilidad por la función pública y la otra refiere a las multas impuestas dentro de un procedimiento administrativo.
Celia Brígida Quisbert Díaz e Iván Ramiro Campero Villalba, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 126 a 129 vta., manifestaron que: a) Existen actos consentidos; por cuanto, se pretende la tutela de derechos presuntamente vulnerados con la Resolución 180/2022, sin considerar que los actos administrativos adquirieron fuerza coactiva dentro del proceso administrativo sancionatorio en el que no fueron objeto de impugnación; b) El proceso coactivo fiscal deviene de un proceso administrativo previo en el que la entidad accionante fue impuesta con una sanción económica de montos líquidos y exigibles; es decir, con una multa pecuniaria, la cual goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad, conforme al art. 55.I de la LPA, que señala: “Las resoluciones definitivas de la Administración Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso”; por lo que, estos se constituyen en títulos ejecutivos, pudiendo acudirse a la vía judicial por disposición del art. 50 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, que reglamenta el art. 111 inc. d) de la LPA, que establece la ejecución coactiva judicial; c) En cuanto a la carencia de la congruencia externa, referido a la aplicación del art. 324 de la CPE, sobre las multas que imponen las entidades públicas a sus unidades dependientes y la presunta omisión de los arts. 128 del CPC y 1497 del CC. Al respecto se determinó que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías hoy tercero interesado mediante RM 082-11, declaró probada los cargos contra la entidad accionante por infracción del art. 15 del Reglamento para la Liquidación de Regalías y la Participación del TGN, sancionando con una multa de $us11 000.-, la cual siendo objeto del recurso de revocatoria, fue confirmado mediante la RM 153-2011 de 11 de abril, respecto al cual la entidad accionante no interpuso el recurso jerárquico ni acudió a la vía contenciosa administrativa incumpliendo asi con el principio de subsidiariedad; d) Con relación a la carencia de la congruencia interna, al indicar que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda coactiva, luego aseverar que sería imprescriptible; además, de la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico. En la Resolución 180/2022, no se consideró la imprescriptibilidad ni se derogó la normativa de orden público como el art. 79 de la LPA, más bien se planteó el recurso de apelación contra la Resolución 40/2021, considerando las reglas de la prescripción, cuando comienza, en qué casos se suspende y cómo se inicia con un nuevo periodo conforme los arts. 351, 1492, 1493, 1499, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 y 1506 del CC; puesto que, el accionante conforme al art. 1499 del CC, que señala: “La prescripción puede oponerse o invocarse por los acreedores y cualesquiera otros interesados en ella, cuando la parte a quien favorece no lo hace valer o ha renunciado a ella”, no lo planteó en la vía administrativa, según se tiene previsto por el art. 79 de la LPA, que determina: “Las infracciones prescribirán en el término de dos (2) años. Las sanciones impuestas se extinguirán en el término de un (1) año. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento de cobro, conforme a reglamentación especial para los órganos de la Administración Pública”; y, e) Asimismo, la Sala Constitucional debe considerar el art. 178.I de la CPE, vinculado al principio de legalidad, así como las Sentencia Constitucionales 0676/2010-R de 19 de julio y 0258/2011-R de 16 de marzo.
Franklin Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energías a través de sus representantes legales, mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 139 a 142 vta. así como en audiencia, manifestó que: 1) La jurisprudencia constitucional estableció que por regla, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a revisar la legalidad ordinaria; no obstante, la SCP 0815/2015-S3 de 10 de agosto, definió excepciones a dicha regla en tres casos: “a) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal interpretación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo, lesiona derechos y garantías constitucionales”. Asimismo, la SCP 1762/2013 de 23 de octubre, estableció requisitos para ingresar a la revisión de la legalidad ordinaria, siendo las siguientes: “1) Explique porque la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificado en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete con dicha interpretación y, 3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando si el resultado, cual la relevancia constitucional”. En ese orden, la entidad accionante debió cumplir con los citados requisitos para ingresar a la revisión de la legalidad ordinaria, lo cual no aconteció, si bien alegó la presunta vulneración de sus derechos con la errónea interpretación de la legalidad ordinaria; empero, omitió exponer qué criterios interpretativos no fueron cumplidos o fueron desconocidos por los Vocales hoy accionados, que principios o valores supremos no se tomaron en cuenta o se vulneraron con dicha interpretación y los resultados a los que se hubiese arribado con la interpretación que considera correcta, las cuales impiden revisar la legalidad ordinaria; 2) Con relación al debido proceso, a la impugnación presentada debe ser analizada en apego a la normativa vigente, debiendo el recurrente sustentar mínimamente los agravios traducidos en la vulneración de derechos que denuncia y su vinculación con la resolución emitida conforme estableció la SCP 102/2017-S2 de 25 de septiembre; ya que, la Resolución 180/2022, en los numerales 1 y 2 del Considerando Primero enuncia las peticiones de la entidad accionante y en el Segundo Considerando se realizó la motivación y fundamentación amplia de las pretensiones alegadas, definiendo la prescripción según la Ley del órgano Judicial y el Código Civil, concluyendo que la sanción impuesta a través de la RM 082-11, no fue impugnada por YPFB; además, la prescripción fue interrumpida con la demanda coactiva el 13 de marzo de 2019; existiendo en ese sentido, una motivación y fundamentación basada en los arts. 17.II de la LOJ; y, 351.7, 1499, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 y 1506 del CC, que establecen los principios rectores respecto a la preclusión en derecho y la SC 0790/2012; dando de esa manera respuesta a cada uno de los agravios del recurso de apelación; 3) Respecto a la multa impuesta a la entidad accionante corresponde señalar que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías en la vía administrativa emitió la RM 082-11, aplicando a YPFB la multa de $us11 000.-, por incumplimiento de los arts. 15 y 19 del Reglamento Para la Liquidación de Regalías y la Participación de TGN por la producción de hidrocarburos, la cual fue objeto de recurso de revocatoria se emitió la RM 153-2021 de 11 de abril, siendo notificada a la entidad accionante el 14 de abril de 2011, al no haberse interpuesto el recurso jerárquico, permitiendo adquirir la fuerza ejecutiva dicha Resolución Ministerial conforme lo dispuesto por el art. 55.I de la LPA; y, 4) A parte de ello, siendo YPFB una empresa con patrimonio del Estado, todos sus empleados públicos según la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021, se encuentran sujetos a la responsabilidad por la función pública; por lo que, su incumplimiento a una disposición reglamentaria, conllevó a una multa de la empresa estatal por afectar el patrimonio del Estado, en ese contexto constituye un daño económico al Estado, siendo la misma imprescriptible.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 207/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 154 a 161, denegó la tutela solicitada, sin establecer costas ni costos, bajo los siguientes fundamentos: i) En cuanto al principio de subsidiariedad, que exige agotar todos los medios de defensa y recursos existentes en la vía ordinaria, en el caso presente el acto lesivo emerge de un proceso coactivo planteado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías luego de obtener en la vía administrativa una sanción de multa económica, activando para ello la vía judicial, en la que el coactivado -entidad accionante- interpuso la excepción de prescripción de la sanción impuesta, la misma que fue rechazado por la autoridad judicial de primera instancia, dicha determinación fue objeto del recurso de apelación, siendo resuelta por los Vocales hoy accionados a través de la Resolución 180/2022, confirmando el rechazo de la prescripción, contra esa decisión de acuerdo al procedimiento coactivo fiscal no existe otro recurso o instancia para reparar la presunta vulneración de derechos alegados, no siendo aplicable la SCP 0107/2018-S2, que delinea el procedimiento administrativo; por lo que, se tiene por cumplido con el principio de subsidiariedad; y, ii) Emitida la Resolución 180/2022, la entidad accionante solicitó aclaración y complementación, que fue resuelto mediante Auto 612/2022 de 18 de noviembre, la misma que fue notificada a las partes procesales el 6 de enero de 2023, a partir del cual debe computarse el plazo de la inmediatez y no desde la fecha de la ejecutoria como refirió la parte accionante; en ese sentido, al plantearse la acción de amparo constitucional el 4 de agosto de 2023, se hizo después de haber vencido el plazo de seis meses, siendo la misma causal de improcedencia.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 28 de junio de 2021, YPFB -ahora accionante-dentro del proceso de cobro coactivo que le sigue el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, interpuso la excepción de prescripción de la sanción de multa económica establecida en la RM 082-11 de 21 de febrero, conforme al art. 79 de la LPA, alegando que la RM 153-2011 de 11 de abril, que rechazó el recurso de revocatoria, le fue notificada el 4 de abril de igual año; por lo que, al no plantearse el recurso jerárquico, correspondía desde esa fecha hacer efectiva el cobro coactivo en la vía judicial; empero, la entidad ejecutante -hoy tercero interesado- guardó inactividad absoluta desde el 14 de abril de 2011 hasta el 13 de marzo de 2019, operando el 3 de marzo de 2012, la prescripción de ese derecho; por lo que, solicitó se declare probada la citada excepción (fs. 102 a 103), el cual fue resuelto mediante Resolución A.I. 40/2021 de 12 de agosto, emitida por el Juez Tercero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital del departamento de La Paz, rechazando la excepción de prescripción opuesta por YPFB -entidad accionante- (fs. 107 a 111). II.2. Por memorial de 20 de agosto de 2021, la entidad accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución A.I. 40/2021, solicitando se revoque y se declare probada la excepción de prescripción (fs. 112 a 113). El mismo que fue resuelto mediante Resolución 180/2022 de 7 de octubre, emitida por la Sala Social y Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando la Resolución A.I. 40/2021 (fs. 118 a 119). Por memorial de 16 de noviembre de 2022, la entidad accionante solicitó aclaración y complementación a la Resolución 180/2022, con relación al agravio de que las acreencias entre entidades públicas por cobro de multas no se constituyen en deudas por daño económico del Estado, no siendo aplicable el art. 324 de la CPE (fs. 121vta.). Cursa el Auto 612/2022 de 18 de noviembre, pronunciado por la Sala Social Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declarando “NO HA LUGAR” a la solicitud de aclaración y complementación presentada por la entidad accionante (fs. 122). Existe la diligencia de notificación practicada a dicha entidad con el Auto 612/2022, el 6 de enero de 2023 (fs. 123). II.3. Cursa Auto A.I. 69/23 SSCYCA-III de 30 de enero de 2023, emitido por Celia Brígida Quisbert Díaz e Iván Ramiro Campero Villalba, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -ahora accionados-, declarando la ejecutoria de la Resolución 180/2022 (fs. 124). Consta la diligencia de notificación practicado con el Auto A.I. 69/23 SSCYCA-III a la entidad accionante, de 7 de febrero de 2023 (fs. 125).
La entidad accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, así como la interpretación de la legalidad ordinaria; en razón a que la Resolución 180/2022 de 7 de octubre, emitida por los Vocales ahora accionados, con motivo del recurso de apelación generaron los siguientes agravios: a) Carece de “CONGRUENCIA EXTERNA”; ya que, no respondieron de forma consistente, congruente y adecuada al reclamo planteado en el recurso de apelación respecto a la errónea aplicación del art. 324 de la CPE, así como omitieron pronunciarse sobre los arts. 128 del CPC y 1497 del CC, que permiten la prescripción en cualquier etapa del proceso; b) Carece de “CONGRUENCIA INTERNA” porque primero determinaron que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda coactiva, luego afirmaron que sería imprescriptible; y, c) Contiene una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico al aseverar que la multa impuesta a YPFB, sería imprescriptible en aplicación de la SCP 0790/2012 de 20 de agosto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0687/2024-S3 de 20 de agosto, citando la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, señala que: “El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como ‘intrascendentes’. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia” (las negrillas son nuestras).
La entidad accionante a través de sus representantes legales denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, así como la interpretación de la legalidad ordinaria; en razón a que la Resolución 180/2022 de 7 de octubre, emitida por los Vocales ahora accionados, con motivo del recurso de apelación generaron los siguientes agravios: i) Carece de “CONGRUENCIA EXTERNA”; ya que, no respondieron de forma consistente, congruente y adecuada al reclamo planteado en el recurso de apelación respecto a la errónea aplicación del art. 324 de la CPE, así como omitieron pronunciarse sobre los arts. 128 del CPC y 1497 del CC, que permiten la prescripción en cualquier etapa del proceso; ii) Carece de “CONGRUENCIA INTERNA” porque primero determinaron que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda coactiva, luego afirmaron que sería imprescriptible; y, iii) Contiene una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico al aseverar que la multa impuesta a YPFB, sería imprescriptible en aplicación de la SCP 0790/2012 de 20 de agosto.
De la revisión de antecedentes, se tiene que la entidad accionante dentro del proceso de cobro coactivo que le sigue el Ministerio de Hidrocarburos y Energías interpuso la excepción de prescripción de la sanción de multa económica establecida en la RM 082-11 conforme al art. 79 de la LPA, alegando que la RM 153-2011, que rechazó el recurso de revocatoria, le fue notificada el 4 de abril de igual año; por lo que al no plantearse el recurso jerárquico, correspondía desde esa fecha hacer efectiva el cobro coactivo en la vía judicial; empero, la entidad ejecutante incurrió en inactividad absoluta desde el 14 de abril de 2021 hasta el 13 de marzo de 2019, operando el 3 de marzo de 2012, la prescripción del derecho de cobro coactivo; por lo que solicitó se declare probada la citada excepción, siendo resuelta por el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución A.I. 40/2021, rechazando la excepción de prescripción opuesta (Conclusión II.1). Contra la referida determinación, la entidad accionante- interpuso recurso de apelación, solicitando sea revocada y se declare probada la excepción de prescripción, que fue resuelta por los Vocales ahora accionados a través de la Resolución 180/2022, confirmando la Resolución A.I 40/2021, respecto del cual la referida entidad solicitó aclaración y complementación con relación al agravio de que las acreencias entre entidades públicas por cobro de multas no se constituyen en deudas por daño económico del Estado, no siendo aplicable el art. 324 de la CPE; la cual fue absuelta por los Vocales ahora accionados mediante Auto 612/2022, declarando “NO HA LUGAR”, siendo notificada la entidad accionante con el citado Auto, el 6 de enero de 2023 (Conclusión II.2.). Posteriormente, fue emitido el Auto A.I. 69/23 SSCYCA-III por los Vocales ahora accionados, declarando ejecutoriada de la Resolución 180/2022, con el que finalmente, la entidad accionante fue notificada el 7 de febrero de 2023 (Conclusión II.3.). En ese contexto procesal descrito, la entidad accionante en su demanda de la acción de defensa identificó como el acto lesivo a sus derechos y garantías constitucionales a la Resolución 180/2022, emitida por los Vocales ahora accionados, la misma que fue objeto de la solicitud de aclaración y complementación, emitiéndose el Auto 612/2022, con el cual fue notificado el 6 de enero de 2023, fecha a partir de la cual correspondía computarse el plazo de la inmediatez; ya que, ese Auto y su notificación forman parte de la Resolución 180/2022; sin embargo, la entidad accionante en su memorial de subsanación de 17 de agosto de 2023, con respecto al principio de inmediatez, señaló: “…mediante Auto A.I. No 69/23 SSCVCA-III de fecha 30 de enero de 2023, se declaró la EJECUTORIA de la Resolución N° 180/2022; que fue NOTIFICADA A YPFB EL 7 DE FEBRERO DE 2023; consecuentemente, el plazo de 6 meses establecido en el parágrafo segundo del artículo 129 de la Constitución Política del Estado y 55 de la Ley N° 254 fenecería el 7 de agosto de 2023, por lo que la presente Acción de Amparo Constitucional fue presentada dentro del plazo establecido por la Ley superando de esta forma cualquier observación respecto a la inmediatez” (sic). Argumento que corresponde sea revisado previamente para determinar si la acción de amparo constitucional venida en revisión fue planteada dentro del plazo de seis meses, a objeto de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, establece que en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda; para el cómputo del plazo de seis meses, se tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto 612/2022 de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace; por lo que, el plazo de la inmediatez correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la aclaración o complementación; y solamente en el caso en que esa solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y rechazada por ese motivo, no podría tomarse en cuenta para el cómputo del plazo de inmediatez, siendo esta línea jurisprudencial la más favorable para materializar el derecho de acceso a la jurisdicción constitucional. En efecto, conforme se advirtió de la Conclusión II.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la entidad accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución A.I 40/2021, que rechazó en primera instancia la excepción de prescripción de la sanción de multa económica que le impuso el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ahora tercero interesado dentro del proceso administrativo sancionatorio; la cual fue resuelta por los Vocales hoy accionados a través de la Resolución 180/2022, confirmando la Resolución A.I 40/2021 impugnada, respecto del cual la entidad accionante solicitó aclaración y complementación; que fue absuelta por los Vocales ahora accionados mediante el Auto 612/2022, declarando “NO HA LUGAR” a la solicitud de aclaración y complementación, siendo notificado a YPFB -entidad accionante- con el citado Auto, el 6 de enero de 2023, fecha a partir del cual debe computarse el plazo de caducidad de seis meses, y no asi desde la fecha de notificación con el Auto de ejecutoria de la Resolución 180/2022, practicado el 7 de febrero de 2023, como erradamente entendió la entidad accionante. Por consiguiente, en el caso concreto computando el plazo de seis meses de caducidad desde el 6 de enero de 2023, dicho plazo vencía el 6 de julio de igual año; sin embargo, la presente acción de amparo constitucional Plurinacional fue presentada el 4 de agosto del señalado año, fuera del plazo de inmediatez, después de veintiocho días de encontrarse vencido el citado plazo, incumpliéndose de ese manera con el principio de inmediatez, lo cual amerita que sea denegada la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 207/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 154 a 161, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4ae5d572efb18966757ac86ed625baf9e2b694d1b9ade3a73e6f8901d9a21220
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