Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de febrero de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a la presunción de inocencia, a ser juzgado sin dilaciones y a los principios de seguridad jurídica, legalidad y celeridad; por cuanto, la Vocal demandada, al resolver el recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público, a través del Auto de Vista 292 de 25 de julio de 2022, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 644/22 de 27 de junio de igual año, declarando subsistentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 ambos del CPP, determinando que su persona era un peligro para la víctima y que podría obstaculizar el proceso de investigación al influir en los testigos del caso, al existir los actos investigativos pendientes; lo que, implica que la merituada resolución resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia; ya que, no valoró las pruebas presentadas de su parte que demuestran que no es un peligro para la víctima (informe psicológico) enervando precisamente tales riesgos procesales; motivos por los cuales, solicita la nulidad del Auto de Vista cuestionado; y se mantenga el Auto Interlocutorio 644/22, emitido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11 de 28 de julio de 2022, cursante de fs. 28 vta.
a 31 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2025-S3 Sucre, 19 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 49817-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11 de 28 de julio de 2022, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Iver Ávila Flores, en representación sin mandato de Luis Miguel Rioja Camacho contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de julio de 2022, cursante de fs. 2 a 6, el accionante a través de su representante sin mandato, refirió lo siguiente:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP) en relación a los arts. 23 y 310.h) y l) del citado Código, la Jueza Decimosexta de Instrucción en lo Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 644/22 de “21” -siendo lo correcto 27 de junio de 2022-, dispuso la cesación de su detención preventiva, sustituyéndola por arresto domiciliario -entre otras-. Posteriormente, ante la presentación de una apelación incidental por parte de la presunta víctima y del Ministerio Público, la Vocal ahora demandada, que tenía atribuciones para ver y analizar el agravio que se pretendía probar, emitió el Auto de Vista 292 de 25 de julio de 2022; en el cual, sin efectuar una adecuada fundamentación y motivación de su decisión, así como tampoco realizar una valoración objetiva de la documental presentada que desvirtuaba el peligro de obstaculización, se limitó únicamente a señalar que era un peligro para la víctima, llegando al extremo de revocar parcialmente el Auto Interlocutorio 644/22 de 27 de junio de 2022, manteniendo subsistentes los peligros procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Sostiene que, la aludida autoridad no cumplió con sus funciones de sanear el proceso emitiendo una resolución incongruente, siendo evidente en su caso un indebido procesamiento que afecta de manera directa a su derecho a la libertad de locomoción, celeridad, seguridad jurídica y legalidad; ya que, la Vocal demandada tomó las atribuciones de un “juez de instrucción cautelar”, cuando como Tribunal de alzada, sus facultades eran únicamente de puro derecho y no podía emitir criterio ni análisis de hechos, los cuales son atribuciones exclusivas de un “Juez de instrucción”; por ello, sostiene que no existe una exposición clara del agravio o cual era la norma inobservada o erróneamente aplicada por parte de la Jueza de primera instancia; por lo que, actuó de manera ultrapetita al revocar la cesación a la detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad, a la presunción de inocencia, a ser juzgado sin dilaciones y los principios de seguridad jurídica, legalidad y celeridad, citando al efecto los arts. 17, 23, 24, 115, 117, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó la nulidad del Auto de Vista 292 de 25 de julio de 2022, emitido por la Vocal demandada; y se mantenga el Auto Interlocutorio 644/22 de 27 de junio de 2022, emitido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia pública el 28 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 26 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El imperante de tutela, a través de su abogado, en la audiencia de garantías ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) La Vocal demandada no realizó una valoración íntegra de la documentación y pruebas presentadas conforme a lo establecido por los arts. 171 y 173 del CPP, omitiendo la valoración psicológica en la que refiere efectivamente que su persona no es un peligro para la víctima ni para la sociedad, elementos que fueron correctamente evaluados por la “Jueza de Instrucción Cautelar”, en conjunto con sus certificados de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de No Violencia (CENVI), en los que se establece que no tiene antecedentes penales; y, b) La aludida autoridad, al afirmar que su persona era un peligro para la víctima se tomó atribuciones de “juez de primera instancia”, vulnerando de esa manera el debido proceso, su derecho a la libertad y la presunción de inocencia; ya que, el representante del Ministerio Público no demostró de qué forma podía influir, amenazar o amedrentar a la víctima.
Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 28 de julio de 2022, cursante a fs. 21 a 25 vta., manifestó que: 1) El hecho que se investiga es una agresión sexual en estado de inconciencia -delito de violación agravada-, donde se tomó en cuenta el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el Protocolo para la Investigación, Sanción y Reparación Integral de los Daños en Violencia en Razón de Género y La Convención Belém do Pará, actuando al efecto con la debida diligencia en el marco de lo establecido por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; 2) En aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, tratados y convenios internacionales en derechos humanos y protocolos para juzgar con perspectiva de género, analizó de manera integral la motivación manifestada por la Jueza a quo en su resolución; 3) Al considerarse un hecho de relevancia social dado que se trata de un delito de agresión sexual de dos hombres con superioridad de edad a una víctima mujer y joven que se encontraba en un estado de inconciencia, por la vulnerabilidad de la misma, la autoridad de instancia manifestó que no era suficiente la presentación de un informe psicológico y los certificados del REJAP y CENVI para desvirtuar los riesgos procesales; ya que, la víctima debía gozar de protección reforzada; 4) “La utilidad procesal de la detención preventiva conforme a la Ley 1137, ha establecido que no es suficiente que exista el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, sino la Ley 1173, establece la nueva estructura para la aplicación de la detención preventiva, condicionando al Ministerio Público a realizar actos de investigación para justificar la imposición de esta medida, misma que debe cumplir un fin específico y únicamente debe ser impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho” (sic); 5) Con relación a la situación jurídica del imputado, resuelve habilitar los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP por existir actos de investigación pendientes de realizar; y, 6) Respecto a los fundamentos del Auto de Vista 644/22 de 25 de julio de 2022, advirtió que todos los argumentos expuestos fueron respondidos de manera congruente, ordenada y sobre todo fundamentada; asimismo, la decisión de revocar la resolución de la Jueza de primera instancia, respetó las garantías del debido proceso del accionante, enmarcando su fallo conforme al principio de congruencia y verdad material.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 11 de 28 de julio de 2022, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista dictado por la Vocal demandada, en el que se dispuso la detención preventiva del ahora accionante, se lo realizó en función de que fue más allá de lo que señala el art. 398 del CPP, pero en función de lo establecido por el art. 13.I de la CPE, que prevé que los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, y es deber del Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos, siendo una obligación de las autoridades jurisdiccionales, en casos en los que se investiguen presuntos hechos de violencia en contra de las mujeres, el aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el Protocolo para la Investigación, Sanción y Reparación Integral de los Daños en Violencia en Razón de Género, mismo que es una herramienta jurídica para garantizar el derecho a la igualdad para que el acceso a la justicia sea un derecho al alcance de todas las personas; ii) La autoridad demandada manifestó que por la naturaleza del caso, por la problemática planteada y la relevancia social del mismo, aplicó “la perspectiva de género”, al encontrarse la víctima dentro de un grupo de protección vulnerable; y, iii) El accionante denunció que la citada Vocal no valoró de manera correcta las pruebas, al respecto corresponde establecer que el Tribunal de garantías no tiene competencia para la valoración de la prueba por el principio de auto restricciones al cual se encuentra obligado a aplicar; ya que, ello es competencia de la jurisdicción ordinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 292 de 25 de julio de 2022, emitido por Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridad demandada-; por el que, se declaró admisible y procedente la apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público; en consecuencia, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 644/22 de 27 de junio de 2022, quedando latentes los arts. 234.7 y 235.2 del CPP en todas sus partes; dicha determinación se basó, en los siguientes fundamentos: a) De acuerdo al análisis integral realizado, pudo verificar que el caso era de un hecho de relevancia social, dado que se trataba de una agresión sexual, en el cual dos hombres con una superioridad de años agredieron a la víctima menor de edad, cuando esta se encontraba en estado inconsciente, datos que se encuentran en el informe de entrevista psicológica de la víctima; b) El imputado no presentó un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sino adjuntó el informe psicológico de 14 de junio de 2022, emitido por Glenda Eliana Dávalos Mejía, Psicóloga de la citada entidad, para verse la peligrosidad; sin embargo, se debe dar la protección reforzada y la debida diligencia a la víctima, dado que es mujer y se encuentra dentro de un sector vulnerable; por lo que, la prueba desplegada por el imputado no es pertinente para enervar el peligro para la víctima; puesto que, no cumple con las exigencias del art. 239.1 del CPP, con relación a los arts. 314.I y 315 del referido Código, consiguientemente se dejó latente el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal; y, c) Respecto al riesgo procesal del peligro de obstaculización; en cuanto, a la declaración de los testigos, se tiene que la principal testigo resulta ser la víctima, misma que aún no declaró; por lo que, al existir actos de investigación pendientes, se considera que el riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP no fue desvirtuado; en virtud de lo cual continua latente (fs. 13 vta. a 20 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a la presunción de inocencia, a ser juzgado sin dilaciones y a los principios de seguridad jurídica, legalidad y celeridad; por cuanto, la Vocal demandada, al resolver el recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público, a través del Auto de Vista 292 de 25 de julio de 2022, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 644/22 de 27 de junio de igual año, declarando subsistentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 ambos del CPP, determinando que su persona era un peligro para la víctima y que podría obstaculizar el proceso de investigación al influir en los testigos del caso, al existir los actos investigativos pendientes; lo que, implica que la merituada resolución resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia; ya que, no valoró las pruebas presentadas de su parte que demuestran que no es un peligro para la víctima (informe psicológico) enervando precisamente tales riesgos procesales; motivos por los cuales, solicita la nulidad del Auto de Vista cuestionado; y se mantenga el Auto Interlocutorio 644/22, emitido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.
En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto 15 que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.
Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).
Con relación al tópico de referencia, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, se tiene que la SC 0486/2010-R de 5 de julio, indicó que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (énfasis añadido). Razonamiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’.
En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas fueron agregadas).
Respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: “…en el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348). Ahora bien, a fin de establecer cuál es el objeto de las medidas de protección, nuestra legislación doméstica, mediante la Ley 348 determinó que: ARTÍCULO 32. (FINALIDAD). I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes.
Asimismo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó: Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia, resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales” (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).
La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, al referirse al derecho de acceso a la justicia sostiene lo siguiente:
[E]l derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En síntesis el derecho de acceso a la justicia conlleva a la posibilidad de la reparación a la vulneración de otros derechos, como son el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, el derecho a la no violencia, entre otros; dicho derecho fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional, y al ser tan amplio se encuentra íntimamente vinculado a distintos estándares que fueron creados por distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos, entre ellos el estándar de la debida diligencia, citada en la parte introductoria de este artículo, que tiene como objeto la investigación, protección y reparación en los casos en que se denuncie violencia de género. La debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. La Convención de Belém do Para, de 9 de junio de 1994, a su vez determina como un deber inherente de los Estados signatarios el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994. Por tal motivo, la erradicación de la violencia en contra de la mujer es un asunto que compromete a nuestro Estado, mismo que se encuentra constreñido a realizar acciones positivas, de naturaleza legislativa, administrativa y judicial con el objeto de prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos en contra de la mujer en cualquier ámbito, mediante acciones positivas, que sirvan para transformar una sociedad anclada en valores patriarcales y lograr la ansiada equidad de trato y la eliminación de la constante discriminación hacia las mujeres. La debida diligencia es un estándar que obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género, por lo que en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, a la presunción de inocencia, a ser juzgado sin dilaciones y a los principios de seguridad jurídica, legalidad y celeridad; por cuanto, la Vocal demandada, al resolver el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, a través del Auto de Vista 292 de 25 de julio de 2022, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 644/22 de 27 de junio de igual año, declarando subsistentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 en todas sus partes y el 235.2, ambos del CPP, determinando que su persona resulta ser un peligro para la víctima y que podría obstaculizar el proceso de investigación al influir en los testigos del caso al existir los actos investigativos pendientes; lo que, implica que la merituada resolución resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia; ya que, no valoró las pruebas presentadas de su parte que demuestran que este no es un peligro para la víctima (informe psicológico) enervando precisamente tales riesgos procesales; por esos motivos, solicitó la nulidad del Auto de Vista 292, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, se mantenga el Auto Interlocutorio 644/22, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta del mismo departamento. De los antecedentes que constan en el expediente, se encuentra el Auto de Vista 292, emitido por la Vocal ahora demandada; por el cual, dicha autoridad revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 644/22; en consecuencia, determinó la subsistencia de los arts. 234.7 del CPP, respecto del peligro de obstaculización y 235.2 del citado Código, con relación a la existencia de actos investigativos pendientes de cumplimiento y que el imputado podía influenciar negativamente en la víctima como en los testigos (Conclusión II.1). 1) Con relación al art. 234.7 del CPP, concerniente al peligro para la víctima, refirió que de la lectura del Auto Interlocutorio de 27 de junio de 2022, se evidencia que la concurrencia de ese peligro procesal se impuso precisamente por la situación de vulnerabilidad de la víctima, que no solo se aplica por su minoridad, sino también por su condición de mujer, situación que también se fundamentó en la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; por lo que, para desvirtuar dicho peligro procesal, no es suficiente la presentación de los certificados REJAP y CENVI, manifestando además que la autoridad de instancia, en audiencia de cesación a la detención preventiva de 5 de mayo del citado año en su resolución manifestó que estos dos certificados no son suficientes “…porque la S.C.P. 001/2019 establece que se tiene que proteger la vulnerabilidad de la víctima, es decir que ratifica la vulnerabilidad de la víctima con todo lo que trae la S.C.P. antes mencionada, por lo que señala que el imputado tendrá que presentar un informe psicológico del IDIF. Ya que en la audiencia de fecha 27 de junio de 2022 motivo de la presente audiencia, el imputado no presenta ese informe del IDIF lo que presenta es un informe psicológico de fecha 14 de junio de 2022 emitido por la Lic. Glenda Eliana Dávalos Mejía…” (sic). “…no se puede decir que la Juez Ad quo en la audiencia de fecha 5 de mayo del año 2022 de una línea para poder establecer que con ese certificado del IDIF el imputado iba a salir libre, eso no fue lo que dijo la Juez porque se pudo verificar en el análisis minucioso que este Tribunal ha realizado, dado que la juez Ad quo incluso señala la S.C.P. 001/2019 el que establece que este riesgo procesal se valora desde una perspectiva de género y de la vulnerabilidad de la víctima, por lo tanto este Tribunal deja latente en toda su parte el Art. 234.7) del C.P.P.” (sic). La Vocal ahora demandada manifestó que no resulta cierta la afirmación de que no se fundamentó con relación al peligro para la víctima; puesto que, la Jueza de instancia, realizó un análisis pormenorizado de la prueba presentada, concluyendo que solamente se trata sobre la personalidad del accionante, pero no respecto a la naturaleza del hecho o la situación de la víctima; de acuerdo a ese criterio, se dispuso dejar latente ese riesgo procesal. Con ello, se demostró una valoración correcta y que no merece mayor fundamentación; por lo que, no se encontró ninguna razón para denunciar la falta de fundamentación, motivación y congruencia; y, 2) En cuanto al art. 235.2 del CPP, manifestó que lo que se quiere es llegar a la averiguación de la verdad histórica de los hechos, para que además de dar una respuesta a la víctima en su pretensión de justicia, el imputado pueda tener una respuesta a su pretensión de inocencia, pues tratándose de delitos de carácter sexual, el Estado entre sus políticas tiene la de acabar y erradicar la violencia hacia las mujeres, “…en ese entendido se considera que este peligro de obstaculización es esa circunstancia objetiva demostrada por parte del imputado y que se tiene la certeza conforme exige la S.C.P. 276/2018, de que el imputado en libertad va obstaculizar la averiguación de la verdad…” (sic). Asimismo, refirió que la principal testigo sería la víctima que a su vez tiene calidad de denunciante, quien no habría prestado su declaración informativa como tampoco los testigos y otros actos investigativos pendientes, “…por tal razón es que este Tribunal considera que el riesgo procesal de obstaculización no está desvirtuado, continúa latente, así como lo señala la S.C.P. 456/2018-S1 del 12 de mayo del 2015…” (sic). De la contrastación realizada entre los reclamos del accionante en la audiencia de apelación de medidas cautelares de 25 de julio de 2022 y las determinaciones asumidas por la Vocal hoy demandada, se tiene que: Respecto al primer agravio, el accionante denunció que el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, concerniente al peligro para la víctima y la sociedad, no se encuentra latente porque se demostró con el informe de valoración psicológica, no tener una conducta violenta y mediante los certificados REJAP y CENVI, no ser reincidente; por lo que, no podría poner en riesgo a los mismos. Al respecto, la Vocal demandada, refirió que se evidenció que el informe psicológico presentado por el imputado de 14 de junio de 2022, no es el requerido por la Juez a quo y que en su lugar, se debió presentar el informe emitido por el IDIF; sin embargo, también manifiesta que no solo la presentación de dicho certificado sería suficiente para enervar el riesgo procesal, situación que también se fundamentó en la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Por lo expuesto, se evidencia que la Vocal accionada, efectuó una adecuada fundamentación, motivación y valoración de la prueba, sobre este punto; puesto que, explicó de forma clara y precisa, e incluso señaló las pruebas pertinentes para asumir su decisión; es decir que, la sola presentación de la valoración psicológica y los certificados REJAP y CENVI, no desvirtúan el peligro procesal del art. 234.7 del CPP, porque la situación de vulnerabilidad de la víctima con relación al supuesto hecho cometido por el accionante, concurre también por su condición de mujer, tomando en cuenta la aplicación preferente de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que protege a la mujer y efectiviza la obligación internacional del Estado de sancionar la violencia contra las mujeres, ya sea física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; por lo que, su objetivo y finalidad, conforme el art. 2 de la citada norma, es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizarles una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Por esa razón, la autoridad demandada, con la finalidad de brindar protección a la víctima, y bajo la herramienta del enfoque interseccional asumió su determinación de manera fundamentada y motivada respecto al agravio denunciado, conteniendo un razonamiento suficiente y justificado para determinar que existe ese peligro latente para la víctima, aplicando de esa manera las medidas de protección desarrolladas por este Tribunal, citadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, así como el principio de la debida diligencia, glosado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional; en tal sentido, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este punto.
Con relación al segundo agravio referente al art. 235.2 del CPP, el accionante señaló que la víctima cuenta con medidas de protección, consiguientemente, tiene la prohibición de acercarse a la víctima, a testigos y terceras personas. Asimismo, por las medidas cautelares que se le impusieron -arresto domiciliario- no puede salir de su domicilio de horas 20:00 a 07:00, contando con autorización únicamente para ir a trabajar, no pudiendo ejercer influencia alguna en la víctima y que la Vocal demandada se limitó a manifestar que el imputado es un peligro para la víctima.
Realizando el análisis del argumento señalado por la nombrada autoridad judicial, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional constata que existe una adecuada fundamentación y motivación sobre este punto, porque al ser un delito del carácter sexual contra una mujer en estado de inconciencia, la investigación debe estar precautelada con el objetivo de llegar a la verdad histórica de los hechos, es así que conforme exige la SCP 276/2018, se tiene la certeza de que el imputado en libertad podría obstaculizar la investigación, máxime si la principal testigo es la víctima que también tiene calidad de denunciante y faltarían otros actos investigativos por realizarse. Consecuentemente, el razonamiento de la Vocal demandada, tomando en cuenta las características del caso y su relevancia social, al tener en cuenta la minoridad de la víctima, como su grado de vulnerabilidad, lo determinado resulta acorde a los antecedentes que brinda el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, e incluso citando jurisprudencia constitucional aplicable al caso, asumió la determinación de que permanezca latente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. Finalmente, en lo concerniente a la transgresión de los derechos a la libertad, presunción de inocencia, a ser juzgado sin dilaciones y a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad y celeridad; este Tribunal no evidencia la forma en la que los mismos fueron vulnerados. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11 de 28 de julio de 2022, cursante de fs. 28 vta.
a 31 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 SCP 1478/2012 de 24 de septiembre; FJ.III.1.1
2 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c). 3Convención de Belém do Para, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): bc94795912817bff1250718258083afeeba039f7821eec40f22db17102e55f6e
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