Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 30 de enero de 2024
Concede la tutela
La peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación de arbitraria- y congruencia -en la dimensión de incongruencia interna-; toda vez que, al emitir el Auto de Vista de 19 de enero de 2021, las autoridades accionadas: 1) Incurrieron en los mismos fundamentos y consideraciones retóricas y arbitrarias que carecen de todo sustento jurídico y probatorio que realizó el Juez inferior jerárquico, citando de manera general los presupuestos legales inherentes al instituto de la prescripción que se hallan establecidos en el Código Civil, omitiendo efectuar el análisis jurídico conforme al caso concreto en función a la ley especial que regula el trámite de los procesos ejecutivos, es decir, los arts. 507 y 509 del CPCabrg aplicables, los cuales generan el concepto de que las excepciones son mecanismos de defensa que la ley otorga al ejecutado o demandado, también asumido en el art. 381 del CPC, el cual establece que, la parte ejecutada tendrá el plazo de diez días para formular excepciones; es decir que, ambas normas adjetivas limitan la interposición de excepciones, en las que se encuentra la de prescripción, por lo que, no correspondía que apliquen el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, conforme el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 068/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 141 a 147, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación de insuficiente y arbitraria- y congruencia -en su dimensión interna-de la accionante, conforme a los fundamentos desarrollados supra.
2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de enero de 2021, debiendo los actuales integrantes de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de forma inmediata a la notificación y conocimiento de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emitir uno nuevo subsanando los defectos procesales advertidos, y pronunciando un auto de vista que responda a los elementos constitutivos del debido proceso identificados en el análisis del caso concreto del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2024-S2 Sucre, 30 de enero de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49714-2022-100-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 068/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 141 a 147, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Magda Rosario Quiroga de Solares contra Janeth Rivas Solís y Gualberto Terrazas Ibañez, actual y ex Vocal, respectivamente, de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 19 y 25 de julio, ambos de 2022, cursantes de fs. 3 a 9; y, 107, la accionante manifiesta lo siguiente:
Su persona, más allá de ser víctima de un fallo totalmente arbitrario -Auto de Vista de 19 de enero de 2021, ahora cuestionado en esta acción de defensa-, sufrió mora procesal, refiriendo como antecedentes de ello que, el 9 de agosto de 1999, interpuso demanda ejecutiva contra Héctor Javier Mosqueira Johannessen -hoy tercero interesado-, como deudor; y, José Carlos Rodríguez Johannessen, en condición de garante, con base en el documento transaccional definitivo, en el cual reconocían la obligación de $us45 000.- (cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses); indica que, desde la señalada fecha tropezó con una serie de estereotipos legales, los cuales ocasionaron que no logre cobrar el monto que se le adeudaba, pese a tener una garantía anotada sobre el lote de terreno ubicado en Zona Chilimarca, Tiquipaya del departamento de Cochabamba de propiedad del antes referido deudor, ahora tercero interesado. Así también, cuando se encontraba en ejecución del remate del aludido bien -inmueble-, se apersonaron a la causa
-ejecutiva- dos personas ajenas a la misma, quienes se identificaron como Ángel Verduguez Vargas y Lidia Pinto de Verduguez, a fin de presentar tercería de dominio excluyente bajo el argumento que, según Certificación emitida por la “Alcaldía de Tiquipaya”, el predio objeto del remate, se hallaría sobrepuesto a otras propiedades, de las cuales los referidos terceristas serían supuestamente dueños; ante ello, el Juez de dicha causa por Resolución de 7 de agosto de 2003, declaró improbada la señalada tercería, siendo recurrida en apelación y posteriormente confirmada mediante Auto de Vista de 29 de julio de 2006.
Manifiesta que, de los aspectos referidos se extrae una primera verdad irrefutable, que los indicados individuos en ningún momento demostraron su legitimidad para actuar en la referida causa -ejecutiva-, no formando parte de dicho proceso, bajo esa óptica continuó con la tramitación del mismo; sin embargo, debido a su avanzada edad no se le permitió realizar un correcto seguimiento en igualdad de condiciones, por lo que, contrató los servicios de un profesional abogado; empero, se vio sorprendida con la presentación del memorial de 21 de diciembre de 2017 interpuesto por Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -hoy terceros interesados-, quienes sin formar parte de la indicada causa solicitaron extinción de la obligación por prescripción, bajo el argumento que son propietarios de uno de los bienes inmuebles que se estaría a punto de rematar, de manera específica, el ubicado en la Zona Uspa Uspa, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo el folio real con matrícula computarizada 3.01.1.01.0001457; que, en su momento hubiesen vendido al ejecutado Héctor Javier Mosqueira Johannessen -ahora tercero interesado-; sin embargo, luego cancelaron la venta mediante acuerdo transaccional plasmado en la Escritura Pública de Acuerdo Transaccional 1156/2006 de 2 de junio, reconociendo los gravámenes que pesaban en el registro, entre ellos, el inscrito dentro de la causa -ejecutiva- que se encontraba sustancianda; no obstante, en ningún momento de su fundamentación citaron los presupuestos legales inherentes al catálogo de excepciones que establece la ley especial que regula el proceso monitorio ejecutivo, limitándose a consignar normas legales generales contenidas en el Código Civil.
Afirma que, a pesar del infundado memorial de -extinción de la obligación por prescripción-, la autoridad judicial de primera instancia, de manera retórica, arbitraria e incongruente, emitió la Resolución de 30 de mayo de 2019, declarando probada dicha excepción, siguiendo el conducto irracional e ilógico de la cita general de presupuestos legales no aplicables al caso, sin establecer un mínimo de análisis y adecuación de los preceptos legales en sintonía al caso concreto, omitiendo pronunciarse sobre el memorial de respuesta -se entiende a la solicitud de prescripción- presentado el 6 de abril de 2018, adecuando su actuar a una incongruencia omisiva externa y sin mencionar el margen legal aplicable y especial al proceso ejecutivo; siendo que, si el Juez de la causa concentraba su atención en la norma especial que regula el referido proceso, hubiese advertido que la excepción de prescripción se encuentra dentro del catálogo establecido en el art. 507.6 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), normativa aplicable en ese momento procesal; no obstante, su naturaleza y esencia no mutó con relación al actual Código Procesal Civil -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, pues ambas normas procesales parten del concepto que las excepciones son un mecanismo de defensa que la ley concede al demandado o ejecutado, criterio que subyace en la legitimidad, debidamente desarrollado en el art. 50 del CPCabrg, el cual establece que: “‘Las personas que intervienen en el proceso son esencialmente el demandante, el demandado y el juez’” (sic).
Ante esa determinación, por memorial de 27 de junio de 2019, formuló recurso de apelación argumentando que, existió una errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, en razón a que la autoridad judicial a quo no realizó una correcta aplicación de los institutos que regulan el trámite ejecutivo, que existe una clara y evidente incongruencia omisiva externa; toda vez que, no se pronunció sobre el memorial de respuesta al “incidente” -solicitud de extinción de la obligación por prescripción-, el cual de manera clara sostiene que, la parte solicitante no tiene la debida legitimidad; sin embargo, las autoridades de alzada -Janeth Rivas Solís y Gualberto Terrazas Ibañez, actual y ex Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hoy accionados- tropezaron en los mismos fundamentos y consideraciones retóricas y arbitrarias que carecen de todo sustento jurídico y probatorio, tal como lo hizo el Juez inferior, incurriendo en citar de manera general los presupuestos legales inherentes al instituto de la prescripción que se hallan establecidos en el Código Civil, omitiendo efectuar el análisis jurídico conforme al caso concreto en función a la ley especial que regula el trámite de los procesos ejecutivos, es decir, los arts. 507 y 509 del CPCabrg, que eran aplicables, los cuales generan el concepto que las excepciones son mecanismos de defensa que la ley otorga al ejecutado o demandado, también asumido en el art. 381 del CPC, el cual establece que, la parte ejecutada tendrá el plazo de diez días para formular excepciones, es decir, ambas normas adjetivas limitan la interposición de excepciones, entre las que se encuentra la de prescripción, al ejecutado o demandado; por lo que, mal se podría aplicar, como aconteció en el presente caso, el art. 1499 del Código Civil (CC) el cual prevé que, la prescripción puede oponerse e invocarse por los acreedores o cualquier otro interesado en ella; consecuentemente, este argumento se aleja de la sumisión a la ley y a la SCP 0278/2019-S4 de 29 de mayo, al no haber aplicado con preferencia la ley especial en la aparente confrontación entre los preceptos legales contenidos en Código Civil, que en cierto modo otorga la posibilidad de presentar prescripción a cualquier persona con interés; y, por otro lado, la ley especial que regula el trámite ejecutivo, que circunscribe su interposición únicamente al ejecutado; de igual manera, tampoco citaron los preceptos legales inherentes al trámite ejecutivo, apartándose de manera arbitraria de los presupuestos legales aplicables al caso concreto, ya que de existir un contexto de antinomia debe primar la ley especial.
Así también, con relación a la incongruencia omisiva externa -se comprende expuesta como punto de agravio-, en el punto 3) -del Auto de Vista de 19 de enero de 2021-, refiere que la falta de consideración a la contestación a una excepción o incidente no constituye motivo suficiente para anular una resolución ni implica que adolezca de incoherencia, citando de manera errónea a la SCP 1083/2014 de 10 de junio, la cual, dentro de sus fundamentos realizó un análisis pormenorizado al señalar que la congruencia es la estricta correspondencia entre la demanda, contestación y reconvención; de tal manera que, las autoridades accionadas incurrieron en incongruencia interna al contrariar sus propios fundamentos, realizando un análisis sesgado de la citada jurisprudencia e ingresando en un escenario de motivación arbitraria, al limitar la igualdad, contradicción y debate en la contienda judicial, desmereciendo el correr en traslado una pretensión.
La accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación de arbitraria- y congruencia -en la dimensión de incongruencia interna-; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista de 19 de enero de 2021 pronunciado por las autoridades accionadas, al advertirse que su persona, como mujer de la tercera edad perteneciente a un grupo de protección reforzada, fue afectada en sus derechos; y, se ordene la emisión de un nuevo auto de vista con base a los fundamentos legales establecidos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 139 a 140 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela por intermedio su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de amparo constitucional; y, ampliándolos en audiencia señaló que: a) Las autoridades accionadas asumieron una determinación arbitraria, con argumentos retóricos y sin fundamentación; y, b) Invocó el Auto Supremo (AS) 115 de 7 de abril de 1992.
Janeth Rivas Solís y Gualberto Terrazas Ibañez, actual y ex Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 131 a 134, refirieron que: 1) A través del Auto de Vista de 19 de enero de 2021, resolvieron el recurso de apelación interpuesto por la accionante, confirmando la Resolución de 30 de mayo de 2019; 2) Se debe considerar sobre la interpretación de la legalidad ordinaria, los presupuestos mínimos para su revisión por la justicia constitucional, teniéndose en este sentido la SCP 1631/2013 de 4 de octubre; 3) No es evidente que hubiese omitido fundamentar el referido Auto de Vista, al contrario, se encuentra debidamente fundamentado y motivado fáctica, normativa y jurisprudencialmente; toda vez que, al resolver los puntos de impugnación además de narrar los antecedentes, se hizo una relación de estos con el régimen legal vigente, explicándose de manera razonada en derecho el por qué de la decisión asumida, citando la normativa pertinente sobre la excepción de prescripción extintiva prevista en los arts. 351.7, 1492, 1493 y 1497 del CC, respecto a la procedencia de la misma, haciéndose referencia a que, en mérito a lo establecido por el art. 1499 del citado Código, Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -hoy terceros interesados- en su condición de propietarios del inmueble inscrito en DD.RR. con matrícula computarizada 3.01.1.01.0001457, Asiento A-4 de 23 de enero de 2008, el cual se encuentra restringido por una hipoteca judicial, dentro de un proceso civil -del cual deviene esta acción de defensa-, tienen interés en la prescripción alegada; 4) La ejecución de la Sentencia está sometida al principio dispositivo, puesto que, el Juez de la causa no podrá determinar de oficio el cumplimiento de lo condenado en ella, al tratarse de derechos patrimoniales, por lo que, corresponde al titular de los mismos proseguir la tramitación de la causa en que se la pronunció a fin de que se efectivice lo determinado; empero, ese derecho resulta de contenido netamente patrimonial, no pudiendo dejarse latente de forma indefinida en el tiempo, y por ello también está sujeto al régimen de la prescripción; en tal razón, el Código Civil estableció que la prescripción también podrá ser opuesta en ejecución de sentencia conforme establece el art. 1497 de dicho Código, no resultando evidente lo afirmado por la impetrante de tutela, en sentido que la prescripción solo podrá oponerse como excepción en el plazo de diez días previsto en el art. 509 del CPCabrg; 5) El punto 2° del acápite “Análisis del Caso” del Auto -de Vista- cuestionado, resalta que, de la revisión al cuadernillo de apelación, se colige que el memorial y proveído de 29 y 30 de marzo de 2010 respectivamente, fueron los últimos actuados procesales efectuados por la parte ejecutante antes de la solicitud de prescripción; en consecuencia, tomando en cuenta los fundamentos esgrimidos en el apartado II.1. del Auto de Vista emitido, se evidencia que, la titular de la obligación motivo de ejecución, incurrió en la falta de ejercicio de su derecho, y ante ello operó la prescripción extintiva del mismo; por cuanto, hasta la interposición del memorial de prescripción de 21 de diciembre de 2017, transcurrieron más de siete años, permitiendo que la misma sea consolidada en mérito a lo normado por los arts. 1492 y 1507 del CC; 6) Cuando a través de una acción de amparo constitucional se denuncia la lesión al debido proceso emergente de la carente fundamentación de las resoluciones judiciales, que estas hubiesen sido proferidas sin la correcta valoración de los elementos probatorios, o que se aparten de forma ostensible de la jurisprudencia vinculante sin ofrecer motivación suficiente, evidentemente se activa la tutela constitucional; toda vez que, del fondo de una decisión podría depender no solo el debido proceso sino también otros derechos conexos como a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la valoración integral de la prueba, entre otros, los cuales se hallan insertos en el núcleo duro del debido proceso y se encuentran vinculados entre sí; no obstante, para que en la vía constitucional se determine la existencia de su lesión en los elementos de fundamentación, motivación y congruencia, la parte accionante debe demostrar la relevancia constitucional del análisis pretendido; 7) De esta manera, siendo que el Auto de Vista cuestionado se encuentra debidamente fundamentado y motivado al citar de manera clara y precisa los preceptos legales en que se apoya la determinación asumida, así como los razonamientos lógico jurídicos los cuales permiten entender que el caso se ajusta a la hipótesis normativa en debate y, expuestas las razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables, realizando para ello una valoración adecuada, por lo que, no existe vulneración al debido proceso en su componente de fundamentación y tampoco una motivación arbitraria o incongruente como alega la peticionante de tutela; y, 8) El Auto de Vista impugnado tiene coherencia en sus fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la parte resolutiva, lo que permite inferir que no se vulneró ningún derecho o garantía -constitucional- reclamado por la impetrante de tutela; más aún, si no se sustenta la pretensión tutelar en ninguna circunstancia reglada por la jurisprudencia constitucional que pudiera viabilizar la revisión de la actuación desplegada. En base a lo expuesto, solicitaron se deniegue la tutela pedida.
Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez, por memoriales cursantes de fs. 114 a 118 vta.; y, 138, ratificados y ampliados en audiencia, con la intervención de la última nombrada, señalaron que: i) La accionante no expresó de manera adecuada los fundamentos jurídicos que sustentan su pretensión, es decir, no identificó con claridad y precisión los criterios interpretativos que no fueron aplicados o desconocidos por el Tribunal ad quem, más bien intenta confundir o tergiversar los argumentos del Auto de Vista cuestionado, incumpliendo con la carga argumentativa especial que haga expresa invocación de principios constitucionales para viabilizar que la justicia constitucional revise la interpretación legal efectuada por la jurisdicción ordinaria, citando a la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre; ii) La impetrante de tutela -entonces apelante-, en cuanto al agravio denominado errónea aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, y atentado al debido proceso, incurrió en un grave error con relación a la nominación de sus personas; no obstante ello, en el Auto de Vista observado se absolvió de forma debidamente fundamentada y motivada; iii) Respecto al agravio de la falta de fundamentación y motivación, la peticionante de tutela se limitó a citar el art. 188.1 del CPCabrg, y de manera ilustrativa la “…S.C. No 12/02-R de 9 de enero y S.C. No. 905/06” (sic); iv) En cuanto al agravio de incongruencia omisiva, la parte accionada respondió de forma categórica, clara y precisa al mismo; v) El Tribunal superior justificó la determinación del Juez a quo expresando su propio criterio argumentativo puntual y fundado sobre lo solicitado por la accionante, teniendo presente el elemento estructural que hace a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, si bien no hizo una ampulosa exposición de consideraciones y citas legales, porque el tema de la prescripción solo toma en cuenta el tiempo transcurrido, en su estructura de forma y fondo el Auto de Vista cuestionado es conciso y satisface todos los puntos demandados -recurridos-, cumpliendo con la exigencia de la debida fundamentación y motivación, exponiendo un razonamiento preciso que sustenta la decisión asumida, respondiendo además a los argumentos de las partes de forma concreta y puntual, sin incurrir en arbitrariedad; vi) Sobre la incongruencia interna, la impetrante de tutela no explicó de qué manera tiene lugar la misma en el Auto de Vista -impugnado-; vii) Sobre el agravio de que no son parte del proceso -ejecutivo-, y no tienen interés legítimo para plantear la prescripción, aquel aspecto quedó justificado porque no tiene lógica el hecho que su bien inmueble este gravado, y para un supuesto remate sí sean parte y para plantear dicho instituto no; aspecto sobre el cual, la peticionante de tutela evitó expresar razonamiento; viii) La presente acción de defensa incurre en omisiones insalvables porque no se consideró adecuadamente quiénes formularon la prescripción, citando a personas extrañas; es más, mencionan a Héctor Javier Mosqueira -Johannessen, tercero interesado- y -José- Carlos Rodríguez Johannessen, de los cuales, el primero se encuentra en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, purgando condena por la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, estafa y estelionato con la agravante de víctimas múltiples; y, al parecer, están en una concusión con los supuestos acreedores, puesto que, teniendo bienes que rematar persiguen el suyo; ix) La accionante ingresó en una acción ultra petita; toda vez que, hace mención a la ley especial referida al proceso ejecutivo, aspecto que no planteó en el recurso -de apelación-, como agravio y mal podrían pronunciarse las autoridades accionadas sobre puntos que no fueron esgrimidos; x) La acción tutelar tiene un alto contenido “esotérico” pues no establece la vinculatoriedad entre los agravios presuntamente omitidos y los no absueltos; xi) Cabe realizar la explicación sobre el cambio de derecho propiedad del predio ubicado en la zona de “…USPHA USPHA, LOMAS DE SANTA BARBARA…” (sic); así, el referido bien inmueble era de propiedad de sus personas y Héctor Javier Mosqueira Johannessen -ahora tercero interesado-, y recurriendo a falsificaciones, puso el mismo a su nombre, ilícito ante el cual iniciaron acciones legales en su contra, razón por la que el nombrado se vio obligado a devolverles la propiedad a través de Escritura Pública de Acuerdo Transaccional 1156/2006; xii) Ante esta situación, tuvieron que reconocer varios gravámenes, entre ellos, la hipoteca de la impetrante de tutela, tal cual se establece en la cláusula tercera del referido documento transaccional, aquello con el fin de evitar mayores problemas sobre el aludido inmueble, dado que, el antes mencionado tercero interesado contaba con muchas acreencias en su contra y procesos penales; xiii) La peticionante de tutela no obedeció los presupuestos que deben cumplirse a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria en la vía constitucional, incluido establecer el nexo de causalidad entre los hechos y derechos vulnerados y fundamentalmente en cuanto a la relevancia constitucional; xiv) Si bien sus personas no se constituirían en parte del proceso -ejecutivo-; sin embargo, fueron “objeto” del accionar del también hoy tercero interesado, quien por medios ilícitos hubiese logrado registrar un gravamen respecto a su propiedad; xv) El Auto de Vista cuestionado no es arbitrario, por cuanto realizó el análisis del caso concreto, considerando que los procesos no pueden estar sujetos a la eternidad; xvi) Conforme el art. 1499 del CC, tienen legitimación en el proceso -ejecutivo-; xvii) La impetrante de tutela no estableció el nexo de causalidad, cuando además reconoció que contrató un abogado que no hubiese efectuado el seguimiento respectivo al proceso ejecutivo, dejando trascurrir más de siete años, tiempo reconocido por la aludida; xviii) El AS 1067/2017 determina que solo ante el transcurso del tiempo procede la prescripción; xix) El planteamiento de esta acción tutelar no fue formulado en el recurso de apelación, por ello, no se podría emitir pronunciamiento en cuanto a esos aspectos; xx) La accionante confunde los antecedentes de un anterior memorial de tercería -de dominio excluyente- interpuesto por Ángel Verduguez -Vargas- y otra, por lo que, no existe determinación que hubiese rechazado su apersonamiento; xxi) En cuanto a la alegada incongruencia, no se acreditó la existencia de este vicio en la determinación asumida por los Vocales accionados; xxii) La prescripción fue planteada a objeto de que el inmueble vuelva a sus personas quienes también son adultos mayores; y, xxiii) Solicitaron tener presente la aclaración efectuada a objeto que se tome en cuenta su situación de víctimas y se deniegue la tutela impetrada. Héctor Javier Mosqueira Johannessen, no remitió memorial alguno ni se hizo presente en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 112 y vta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la convocatoria del Vocal integrante de su similar Tercera-, por Resolución 068/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 141 a 147, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La accionante en el memorial de recurso de apelación que formuló, cuestionó tres aspectos de la Resolución de 30 de mayo de 2019 emitida por la autoridad judicial a quo; por una parte, que los “incidentistas” Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -ahora terceros interesados- son ajenos al proceso -ejecutivo- de conformidad con el art. 50 del CPCabrg, porque el “incidente” correspondía ser interpuesto por los ejecutados; que, el Juez inferior no enmarcó sus actos a la citada norma legal incurriendo en errónea interpretación y aplicación de la norma sustantiva y adjetiva civil, desnaturalizando el art. 335 del citado Código; consecuentemente, el Auto de Vista de 19 de enero de 2021 -apelado- carecería de fundamentación y motivación debiendo ser anulado; y, en cuanto a la incongruencia omisiva no se pronunció sobre los hechos alegados en su respuesta a la solicitud de prescripción limitándose a fundar la decisión en los preceptos transcritos en la misma; b) En función a estos elementos -de agravio-, de la revisión al Auto de Vista -hoy cuestionado-, se tiene que el mismo contiene la debida estructura de forma que corresponde a una resolución judicial, al dirigirse inicialmente a puntualizar el marco que origina dicha determinación; en su acápite I, remitiéndose a los antecedentes procesales vinculados al recurso de alzada interpuesto, precisó el contenido de la Resolución de 30 de mayo de 2019 emitida por el Juez inferior; asimismo, en el punto I.3 hizo énfasis sobre la impugnación; en el acápite II, se remitió a detallar los fundamentos jurídicos que justifican la resolución de alzada; en el punto III, realizó el análisis del caso en concreto; y, finalmente, arribó al “Por Tanto”; c) En el contenido de fondo de lo resuelto del Auto de Vista impugnado, se tiene que la parte accionada se remitió a establecer la normativa en cuanto al instituto de prescripción en materia civil, precisando aquella que otorga elementos sobre la misma en el caso en particular; de igual manera, referirse a la exigencia de motivación de las resoluciones; e, ingresando al análisis del caso concreto, las autoridades accionadas resolvieron la falta de legitimidad alegada por la entonces recurrente -hoy accionante- con relación a las personas que invocaron la prescripción, pasando a precisar lo establecido en el art. 1499 del CC, indicando que puede oponerse por los acreedores o cualquier otro interesado en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace valer o renunció a la misma, concluyendo con criterio propio que no solo las partes pueden invocar dicho instituto, sino cualquier interesado que se favorezca con aquella, que además acredite interés legítimo que le asiste en el derecho, o bien cuya prescripción se pretende; remitiéndose de manera seguida a establecer conforme a los elementos probatorios presentados por los “incidentistas” respecto de ese interés legítimo relacionado con el bien inmueble que fuera de su propiedad, el cual estuviera afectado con una medida cautelar dispuesta mediante orden judicial; de lo que, los Vocales accionados infieren el interés con el que cuentan los nombrados, que la obligación motivo de controversia, se declare prescrita, pues con ello lograrían desgravar dicho inmueble y, de esa manera, ejercer de forma total su derecho a la propiedad en los parámetros establecidos por los arts. 56 de la CPE y 105 del sustantivo civil; consecuentemente, afirmaron que Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -hoy terceros interesados-, contarían con legitimación para formular la excepción -sobreviniente- de prescripción extintiva, llegando a la conclusión de que se encuentran legitimados para formularla; d) Remitiéndose al segundo agravio, en cuanto a que el Auto de Vista recurrido adolecería de falta de motivación, de la revisión que realizaron al cuadernillo de apelación, las autoridades judiciales accionadas verificaron que lo determinado y la normativa precisada por el Juez inferior, fue correctamente fundamentado para justificar la decisión del fallo apelado, lo que les impidió considerar que el fallo recurrido carecería de fundamentación y motivación, máxime si no es necesaria una exposición ampulosa de consideraciones al momento de pronunciarse respecto a las pretensiones a resolver, sino que basta una argumentación concisa, clara y que satisfaga todos los puntos demandados; y, en cuanto al tercer punto de agravio, relacionado con que se hubiese acusado que el Auto impugnado es incongruente al no haber tomado en cuenta los argumentos de contestación a la solicitud de prescripción, en el Auto de Vista cuestionado se señaló que, ello no constituiría motivo suficiente para anular el fallo recurrido ni implica que carezca de congruencia, citando al efecto a la SCP 1083/2014; e) Las autoridades accionadas refieren que, el Juez de primera instancia declaró probada la prescripción por el tiempo transcurrido previsto por ley y por la inacción de la acreedora ejecutante de efectivizar el cumplimiento del documento base de ejecución; en ese orden, refirieron no evidenciar ninguna incongruencia externa en la Resolución apelada; y, en cuanto a la -congruencia- interna, señalaron que no existe incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva del fallo impugnado, siendo los fundamentos jurídicos del inferior en grado que llevan a la convicción de que el “incidente” interpuesto resulta procedente, ya que, tanto la valoración y las consideraciones de los hechos suscitados tanto en la litis como el análisis de los actos desarrollados en la etapa de ejecución se realizaron en el sentido de verificar la viabilidad del mismo; por lo que, no detectaron incongruencia en el fallo apelado y en contrario sensu comprobaron que la reclamación realizada por la apelante no se enmarca a lo orientado por la jurisprudencia constitucional vinculada a la garantía del debido proceso; consecuentemente, en función a esos razonamientos en la parte resolutiva arribaron a la decisión de confirmar el Auto impugnado; f) Se evidencia que, en el Auto de Vista cuestionado se resolvieron los fundamentos de agravio expuestos por la recurrente, ahora peticionante de tutela, con la respectiva fundamentación y motivación; y, consecuentemente respondió de manera razonable a los mismos, sustentada en los antecedentes de hecho y fundada en derecho, lo que conlleva a establecer que no resulta cierto lo alegado en esta acción de defensa; por cuanto, si bien la formulación del “incidente” -de prescripción- fue realizada por personas que no resultarían ser parte del proceso ejecutivo como demandados en función al art. 50 del CPC, citado por la prenombrada, de esta norma procesal civil contenida en el Título Tercero, respecto a las partes del proceso, Capítulo IV, Sección I, se extrae de contrario en sus acápites I y II, que se admite la intervención de terceros cuando estos asumen la calidad de parte en el proceso, quedando vinculados a la Sentencia, salvo que la ley establezca lo contrario y “‘La intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados, procede mientras se encuentre pendiente el proceso para quien acredite tener interés legítimo en el resultado y en los efectos del litigio’” (sic), debiéndose asimismo considerar el art. 27 del CPC, el cual establece que: “‘son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el demandado, y terceros en los casos previstos por ley’.” (sic); normativa que tiene correspondencia con lo precisado tanto por el Juez a quo como por los Vocales accionados con relación al art. 1499 del CC, preceptos que se consideran en función a lo establecido en la Disposición -Transitoria- Quinta parágrafo II del actual CPC, el cual prevé que: “‘En los procesos ejecutivos y coactivos civiles, que tuvieran auto intimatorio o sentencia, se regirán por el Código de Procedimiento Civil, en lo demás se estará al presente Código. La ejecución de la sentencia se regirá por la nueva norma’” (sic); ello, en razón a que, el proceso ejecutivo hubiese tenido inicio en 1999 y el momento de la formulación de la prescripción fue en ejecución de sentencia, encontrándose en estado de remate de los bienes; es decir, en vigencia del actual adjetivo civil; y, g) No se advierte que los Vocales accionados hubieren incurrido en falta de motivación, fundamentación e incongruencia, menos que el Auto de Vista emitido -hoy cuestionado- resulte arbitrario; por cuanto, conlleva motivación clara respecto a los puntos demandados -recurridos-, conteniendo convicciones que de manera razonada justifican la decisión asumida; consecuentemente, no se verifica la vulneración del debido proceso en los elementos alegados por la accionante, ni tampoco se evidenció lesión a derecho o garantía constitucional alguna que amerite identificar una posible relevancia constitucional en función a la petición de tutela realizada.
En vía de explicación y aclaración, la impetrante de tutela solicitó se aclare por qué no se pronunciaron respecto a la incongruencia interna, que estaría intrínsecamente vinculada a lo manifestado sobre que la Sala -de alzada- citó un fallo constitucional en el que sustentó el rechazo al agravio de incoherencia planteado en la apelación, indicando que, no es motivo suficiente para anular una determinación el no pronunciarse a la respuesta de la parte a la excepción planteada, cuando tal fallo respalda lo contrario.
Ante lo cual, los Vocales de la Sala Constitucional, determinaron no ha lugar a la petición de aclaración y explicación, manteniendo incólume la Resolución -constitucional- emitida, señalando que, se remitieron a los argumentos de la acción tutelar interpuesta, a lo informado por los Vocales accionados y los terceros interesados, efectuando en función a los mismos la revisión del Auto de Vista cuestionado y sus antecedentes, extremos que fueron claramente expuestos en el fallo constitucional dictado; consiguientemente, no se advierte elemento alguno que amerite la explicación y aclaración impetrada, conllevando el mismo la debida fundamentación, motivación y congruencia con los elementos que fueron puestos a consideración en la demanda tutelar y que responde a los lineamientos jurisprudenciales que fueron precisados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso ejecutivo seguido por Magda Rosario Quiroga de Solares
-entonces ejecutante, hoy accionante- contra Héctor Javier Mosqueira Johannessen -ahora tercero interesado- y José Carlos Rodríguez Johannessen, por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -hoy terceros interesados-, se apersonaron y solicitaron extinción de la obligación por prescripción (fs. 68 a 70 vta.), que fue respondido por la peticionante de tutela mediante escrito interpuesto el 6 de abril de 2018 (fs. 72 a 73); siendo resuelto por Resolución de 30 de mayo de 2019, por el que se declaró “…PROBADA la excepción sobreviniente de prescripción formulada por LUIS ALBERTO VERDUGUEZ ORRUEL e IVANA GLORIA ROJAS DE VERDUGUEZ, en su mérito y como efecto de la inacción de la parte demandante, se declara prescrita la obligación contraída por HECTOR JAVIER MOSQUEIRA JOHANNESSEN y JOSE CARLOS RODRIGUEZ JOHANESSEN con MAGDA ROSARIO QUIROGA DE SOLARES…” (sic [fs. 78 a 79 vta.]).
II.2. A través de memorial presentado el 27 de junio de 2019, la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra la Resolución señalada en el punto precedente (fs. 81 a 83 vta.); impugnación que fue resuelta por Janeth Rivas Solís y Gualberto Terrazas Ibañez, actual y ex Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionados- mediante Auto de Vista de 19 de enero de 2021, determinando CONFIRMAR el fallo recurrido (fs. 93 a 95); decisión judicial notificada a la accionante -entonces apelante-, el 22 de abril de 2022 (fs. 96).
La peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación de arbitraria- y congruencia -en la dimensión de incongruencia interna-; toda vez que, al emitir el Auto de Vista de 19 de enero de 2021, las autoridades accionadas: 1) Incurrieron en los mismos fundamentos y consideraciones retóricas y arbitrarias que carecen de todo sustento jurídico y probatorio que realizó el Juez inferior jerárquico, citando de manera general los presupuestos legales inherentes al instituto de la prescripción que se hallan establecidos en el Código Civil, omitiendo efectuar el análisis jurídico conforme al caso concreto en función a la ley especial que regula el trámite de los procesos ejecutivos, es decir, los arts. 507 y 509 del CPCabrg aplicables, los cuales generan el concepto de que las excepciones son mecanismos de defensa que la ley otorga al ejecutado o demandado, también asumido en el art. 381 del CPC, el cual establece que, la parte ejecutada tendrá el plazo de diez días para formular excepciones; es decir que, ambas normas adjetivas limitan la interposición de excepciones, en las que se encuentra la de prescripción, por lo que, no correspondía que apliquen el art. 1499 del sustantivo civil, alejándose de esta manera en la sumisión a la ley y a la SCP 0278/2019-S4, al no haber, en la aparente confrontación o antinomia entre preceptos legales, primado la aplicación de la ley especial que regula el trámite ejecutivo sobre el Código Civil; tampoco citaron los preceptos legales inherentes al trámite de dicho proceso civil, apartándose de manera arbitraria de los presupuestos legales aplicables al caso concreto; y, 2) Con relación al agravio de incongruencia omisiva externa en la Resolución apelada indebidamente sostuvieron que, la falta de consideración a la contestación a una excepción o incidente no constituye motivo suficiente para anular una resolución ni implica que adolezca de incoherencia, citando de manera errónea la SCP 1083/2014, que dentro de sus fundamentos realizó un análisis pormenorizado respecto a que, congruencia es la estricta correspondencia entre la demanda, contestación y reconvención; por lo que, incidieron en incongruencia interna al contrariar sus propios fundamentos, realizando un análisis sesgado de la citada jurisprudencia e ingresando en un escenario de motivación arbitraria, al limitar la igualdad, contradicción y debate en la contienda judicial, desmereciendo el correr en traslado una pretensión.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, invocando a la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostuvo que: [La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: «la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) una “motivación insuficiente”, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente»]. Bajo este mismo tópico constitucional relacionado con la fundamentación y motivación, debe considerarse que estos son elementos que forman parte del derecho al debido proceso anteriormente referido, sobre cuyos componentes la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, acogió los siguientes fundamentos: «La SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, refiriéndose a la debida fundamentación que debe cumplir toda resolución judicial o administrativa, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.
Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales”». En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: «La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita. Por ser de interés al presente caso nos referiremos a la incongruencia por citra petita, llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial. Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)»] (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Identificado el objeto procesal que motivó la activación de esta acción de defensa, corresponde precisar, con fines de entendimiento contextualizador, los antecedentes procesales y jurisdiccionales inherentes al mismo, así se tiene que, dentro del proceso ejecutivo seguido por la accionante contra Héctor Javier Mosqueira Johannessen -tercero interesado- y José Carlos Rodríguez Johannessen, por memorial presentado el 26 de diciembre de 2017, Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -terceros interesados- se apersonaron y solicitaron extinción de la obligación por prescripción, petición que fue respondida por la prenombrada -entonces ejecutante- mediante escrito presentado el 6 de abril de 2018; que mereció la Resolución de 30 de mayo de 2019, por el que se declaró “…PROBADA la excepción sobreviniente de prescripción formulada por LUIS ALBERTO VERDUGUEZ ORRUEL e IVANA GLORIA ROJAS DE VERDUGUEZ, en su mérito y como efecto de la inacción de la parte demandante, se declara prescrita la obligación contraída por HECTOR JAVIER MOSQUEIRA JOHANNESSEN y JOSE CARLOS RODRIGUEZ JOHANESSEN con MAGDA ROSARIO QUIROGA DE SOLARES...” (sic [Conclusión II.1.]); como consecuencia de ello, a través de memorial interpuesto el 27 de junio de igual año, la impetrante de tutela presentó recurso de apelación, que fue resuelto por Janeth Rivas Solís y Gualberto Terrazas Ibañez, actual y ex Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionados- a través del Auto de Vista de 19 de enero de 2021, determinando CONFIRMAR el fallo recurrido, decisión jurisdiccional notificada a la peticionante de tutela -entonces apelante- el 22 de abril de 2022 (Conclusión II.2.). Precisados los antecedentes, y en consideración al componente de la denuncia constitucional formulada vinculada a la presunta lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación de arbitraria- y congruencia -en la dimensión de incongruencia interna-, es pertinente, a fin de su resolución, conocer los argumentos que sostienen el fallo de alzada impugnado en esta vía constitucional, siendo estos los siguientes: i) En el acápite “I. ANTECEDENTES PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO” (sic), haciendo mención al Auto apelado -I.1.-, se remitió en el punto I.3 al contenido del recurso de apelación -formulado por la entonces ejecutante, hoy impetrante de tutela- precisando los argumentos expuestos, en sentido que: a) El Juez a quo al momento de resolver la prescripción no tomó en cuenta que Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -ahora terceros interesados- son ajenos al proceso conforme lo establecido en el art. 50 del CPCabrg, disposición que delimita las partes intervinientes dentro del proceso y que, en todo caso, la referida prescripción solo puede ser opuesta por Héctor Javier Mosqueira Johannessen y José Carlos Rodríguez Johannessen -entonces ejecutados-, por lo que, al no haber enmarcado su fallo a lo previsto por la citada norma legal, incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la norma sustantiva y adjetiva civil, desnaturalizando lo establecido por el art. 335 del CPCabrg; b) La Resolución apelada carece de fundamentación y motivación, puesto que, en aplicación del art. 188 del CPC -abrg- un auto interlocutorio debe contener fundamentos que generen convencimiento a las partes de lo decidido; en el presente caso, el Juez de primera instancia emitió una determinación citando una serie de preceptos legales; sin embargo, omitió señalar de manera clara y precisa los elementos que estructuren el fallo impugnado, lo cual merece ser sancionado con nulidad; y, c) Acusa incongruencia omisiva en la Resolución apelada, en virtud a que en el memorial de respuesta -a la solicitud de prescripción-, se señalaron los parámetros que hacen inviable un planteamiento de prescripción cuando es formalizada por ajenos; empero, el juzgador no se pronunció respecto a los hechos alegados, limitándose a fundar su determinación únicamente en los preceptos transcritos por los excepcionistas. ii) En el acápite “II. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAN LA RESOLUCION DE ALZADA” (sic), la parte accionada sostuvo en el punto II.1. que, de manera previa, es importante resaltar el significado de patrimonio, definición que Manuel Ossorio en su diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, lo define como: “‘La universalidad constituida por el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a una persona y que pueden ser apreciables en dinero’” (sic); en este entendido, el art. 1507 del CC establece que: “‘Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, a menos que la ley disponga otra cosa’” (sic), este derecho se extingue no solo por el transcurso del plazo citado sino por la falta de ejercicio del mismo; al respecto, el art. 1492.I -del sustantivo civil- prevé: “‘Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece’” (sic).
Por otra parte, el art. 351.7 del CC, reconoce la prescripción como un modo de extinción de las obligaciones; en cuanto al comienzo de su cómputo, el art. 1493 del citado Código establece que: “‘La prescripción comienza a correr desde que el derecho se ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de hacerlo’” (sic); dentro del mismo marco, debe considerarse lo previsto por el art. 1497 de la indicada normativa, la cual señala que: “‘La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si ésta probada’” (sic). En mérito a lo anterior, se tiene que los requisitos o elementos del instituto de la prescripción están vinculados a dos aspectos: primero, el transcurso de un periodo temporal previsto legalmente; y, segundo, el relativo a la inactividad, dejadez o falta de ejercicio del titular del derecho, en este sentido, el legislador a través del art. 1507 y ss. del CC estableció el tiempo necesario para prescribir y con relación al requisito de inactividad el art. 1492 del mismo Código hace referencia a la falta de ejercicio del derecho por el titular. A continuación -II.2.-, la parte accionada en el fallo ahora cuestionado, citó textualmente la SCP 0669/2012 de 2 de agosto, relacionada con la motivación de las decisiones. iii) En el punto “II.3. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO” (sic), los Vocales ..accionados argumentaron que:
1) La parte recurrente alega la falta de legitimación para invocar la prescripción, sobre el particular cabe precisar que, el art. 1499 del CC establece de manera expresa que: “‘La prescripción puede oponerse o invocarse por los acreedores o cualesquiera otros interesados en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace valer o ha renunciado a ella’” (sic); de la norma transcrita se infiere que, el legislador además de prever la facultad conferida a las partes intervinientes en el proceso de oponer la excepción de prescripción, otorga también esta facultad a cualquier otro interesado que se favorezca con ella, siempre y cuando de forma previa acredite el interés legítimo que le asiste en el derecho o bien cuya prescripción se pretende.
En el sub lite de la compulsa realizada se evidencia que, Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -terceros interesados- cuentan con derecho propietario debidamente publicitado sobre el inmueble registrado en DD.RR. con matrícula computarizada 3.01.1.01.0001457, Asiento A-4 de 23 de enero de 2008, conforme se tiene de la Escritura Pública de Acuerdo Transaccional 1156/2006 y de los folios -reales- referidos al mismo; derecho propietario que, según informa el asiento B-11 de 17 de noviembre de 2005, se encuentra restringido por una hipoteca judicial ordenada dentro del proceso de origen; es decir, que el ejercicio pleno de los prenombrados se encuentra afectado por una medida cautelar dispuesta mediante orden judicial, situación que permite inferir el interés con el que cuentan que la obligación motivo de controversia se declare prescrita, pues con ello, lograrán desgravar el bien inmueble de su propiedad y de esta manera ejercer de forma total su derecho a la propiedad dentro de los parámetros establecidos en los arts. 56 de la CPE; y, 105 del sustantivo civil. Bajo esta línea de razonamiento, mal se podría afirmar que los antes nombrados no cuentan con legitimidad para formular la excepción de prescripción extintiva; por lo que, llegó a la convicción de que se encuentran legitimados para plantear la misma;
2) En cuanto a la -alegada- falta de motivación del Auto de vista impugnado, se debe precisar que, de la revisión al cuadernillo de apelación se colige que el memorial y proveído de 29 y 30 de marzo de 2010, respectivamente, fueron los últimos actuados procesales efectuados por la accionante -entonces ejecutante-, antes de la solicitud de prescripción; en consecuencia, tomando en cuenta los fundamentos esgrimidos en el apartado II.1, se evidencia que la titular de la obligación motivo de ejecución incurrió en la falta de ejercicio de su derecho; es decir, dejó de ejercerlo, y ante esta falta, operó la prescripción extintiva del mismo; por cuanto, hasta la presentación del memorial de prescripción de “21” -siendo lo correcto 26- de diciembre de 2017, transcurrieron más de siete años, permitiendo que aquella pueda llegar a ser consolidada en mérito a lo normado por los arts. 1492 y 1507 del CC y a lo orientado por la SCP 1413/2012 de 19 de septiembre, fundamento que fue correctamente utilizado por el Juez inferior -jerárquico- para justificar su decisión; razón por la cual, se puede concluir que se pronunció respecto a la prescripción formulada, lo cual impide considerar que la Resolución recurrida adolezca de -falta- de fundamentación y motivación, máxime si de la cita jurisprudencial contenida en el punto II.2 queda claro que no es necesaria una exposición ampulosa de consideraciones al momento de pronunciarse respecto a las pretensiones a resolver, sino que basta una fundamentación concisa y clara, que satisfaga todos los puntos demandados; y, 3) Finalmente, en lo atinente al tercer agravio por el que se acusa de incongruente la Resolución apelada debido a que no tomó en cuenta los argumentos expuestos en la respuesta de 6 de abril de 2018, se debe señalar que, la falta de consideración a la contestación a una excepción o incidente no constituye motivo suficiente para anular una resolución ni implica que esta adolezca de congruencia; por cuanto, conforme orientó la SCP 1083/2014 para que un fallo judicial se pueda considerar congruente debe contener: una congruencia externa, por la cual se exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; y, una congruencia interna, por la que se pretende evitar que en una misma resolución no exista consideraciones contradictorias entre sí o con la decisión.
En el presente caso se tiene que, “…el incidente planteado por los apelantes…” (sic) es de prescripción sobreviniente, que al momento de ser resuelto por la autoridad de primera instancia se declaró probado por el tiempo transcurrido previsto por ley y por la inacción de la acreedora ejecutante de efectivizar el cumplimento del documento base de ejecución; en ese orden, no se evidencia ninguna incongruencia externa del Auto apelado; y, en lo que atañe a la parte interna, cabe expresar que, no existe inconcurrencia entre la parte considerativa y dispositiva del fallo impugnado, siendo que los fundamentos jurídicos empleados llevan a la convicción de que el “incidente” interpuesto resulta procedente, ya que tanto la valoración y consideración de los hechos suscitados en la litis como el análisis de los actos procesales desarrollados en etapa de ejecución de sentencia, se realizaron en sentido de verificar la viabilidad del mismo. En mérito a lo expuesto, no se detecta incongruencia alguna en la Resolución apelada, en contrario sensu se verifica que la acusación -agravio- realizada por la apelante no se enmarca en lo orientado por la jurisprudencia constitucional vinculada a la garantía del debido proceso.
Conocido el contenido del Auto de Vista cuestionado, corresponde ingresar a resolver cada una de las problemáticas delimitadas en el objeto procesal de esta acción de defensa, expuesto precedentemente, según corresponda. Respecto a la alegada carencia de fundamentación y motivación en el Auto de Vista cuestionado -punto 1) de la delimitación procesal- La impetrante de tutela alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación -en su afectación de arbitraria-, en razón a que, las autoridades accionadas, incurrieron en los mismos fundamentos y consideraciones retóricas y arbitrarias que carecen de todo sustento jurídico y probatorio que fueron utilizadas por el Juez inferior, citando de manera general los presupuestos legales inherentes al instituto de la prescripción que se hallan establecidos en el Código Civil, omitiendo efectuar el análisis jurídico conforme al caso concreto en función a la Ley especial que regula el trámite de los procesos ejecutivos, es decir, los arts. 507 y 509 del CPCabrg aplicables, los cuales generan el concepto de que las excepciones son mecanismos de defensa que la ley otorga al ejecutado o demandado, también asumido en el art. 381 del CPC, el cual establece que, la parte ejecutada tendrá el plazo de diez días para formular excepciones, es decir que, ambas normas adjetivas limitan la interposición de excepciones, en las que se encuentra la de prescripción, por lo que, no correspondía que apliquen el art. 1499 del sustantivo civil, alejándose de esta manera en la sumisión a la ley y a la SCP 0278/2019-S4, al no haber en la aparente confrontación o antinomia entre preceptos legales primado la aplicación de la ley especial que regula el trámite ejecutivo sobre el Código Civil; tampoco citaron los preceptos legales inherentes al trámite de dicho proceso civil, apartándose de manera arbitraria de los presupuestos legales aplicables al caso concreto.
Al respecto, de la revisión a los argumentos -antes precisados-, que sobre el particular fueron asumidos por las autoridades accionadas, se advierte que los mismos a tiempo de analizar el agravio sobre la falta de legitimación para invocar la prescripción -sobre la cual versa el cuestionamiento constitucional-, estuvieron enfocados únicamente a un inicial respaldo normativo vinculado al instituto de la prescripción circunscrito a los arts. 351.7, 1492.I, 1493 y 1507 del CC, concatenado con menciones doctrinales sobre la definición de patrimonio y la delimitación de sus requisitos o elementos vinculados al transcurso de un periodo temporal previsto legalmente; y, el relativo a la inactividad, dejadez o falta de ejercicio del titular del derecho, para bajo este marco preliminar, en el análisis del caso concreto, respaldándose en el art. 1499 del citado Código, resaltar que, dicho precepto procesal además de prever la facultad conferida a las partes intervinientes en el proceso de oponer la excepción de prescripción, otorgó también esta facultad a cualquier otro interesado que se favorezca con ella, siempre y cuando, de forma previa, acredite el interés legítimo que le asiste en el derecho o bien cuya prescripción se pretende; y, que en el caso, Luis Alberto Verduguez Orruel e Ivana Gloria Rojas de Verduguez -terceros interesados- cuentan con derecho propietario debidamente publicitado, el cual se encuentra restringido por una hipoteca judicial ordenada dentro del proceso ejecutivo del cual deviene esta acción de defensa; por lo que, el ejercicio pleno del derecho de propiedad de los prenombrados se encuentra afectado por una medida cautelar dispuesta mediante orden judicial, situación que -concluyen los Vocales accionados-permite inferir el interés que tienen, respecto a que la obligación motivo de controversia, se declare prescrita; por cuanto, con ello lograrán desgravar el bien inmueble del cual son dueños y de esta manera ejercer de forma total su derecho a la propiedad dentro de los parámetros establecidos en los arts. 56 de la CPE; y, 105 del sustantivo civil, no pudiéndose afirmar que no cuentan con legitimidad para formular la excepción de prescripción extintiva, encontrándose legitimados para formular la misma. En este contexto, no se evidencia que la parte accionada dentro de la exposición normativa hubiese efectuado mención alguna -como en efecto alega la accionante- a componentes regulatorios procesales especiales vinculados con la naturaleza del proceso sustanciado y, mucho menos, abordado suficientemente dentro del paraguas legal el motivo central de la reclamación de agravio plasmada en el memorial de interposición de la apelación que fue además sintetizada ab initio del examen en alzada, cuando en el punto I.3 precisaron que el fundamento del mismo estaba relacionado con la consideración de personas ajenas al proceso ejecutivo de los solicitantes de la extinción de la obligación por prescripción conforme establece el art. 50 del CPCabrg, correlacionado con el art. 335 del indicado compendio procesal, lineamientos normativos que no fueron asumidos en ninguna connotación dentro de la hipótesis normativa a ser dilucidada; lo que generó a su vez, que los componentes de explicación fáctica y de hecho sean también limitados y encasillados a esa aplicación restringida del sustantivo civil, implicando una insuficiencia de motivos la afirmación y reconocimiento de legitimación procesal para promover el instituto de la prescripción; por cuanto, a fin de llegar a este convencimiento resultaba imperativo que dentro del andamiaje normativo-legal y argumentativo realicen una interpretación en su integralidad de las connotaciones y alcances legales y consecuente aplicación de las normativas que resulte pertinente; empero -se reitera-, emergente del despliegue de la labor jurisdiccional ordinaria enfocada a denotar que la decisión de reconocimiento o no de la facultad de activación de la prescripción por los terceros interesados emerge de la dinámica interpretativa-aplicativa, misma que, como se tiene constatado, resulta inexistente en el Auto de Vista cuestionado, derivando en que el convencimiento al cual arribaron las autoridades accionadas de reconocer la legitimación -observada-, incurra en insuficiencia de armazón normativo y motivacional, que le permita a la ejecutante, hoy accionante, -cuya posibilidad de materialización y prosecución de la ejecución de la obligación judicialmente dispuesta a su favor se asume hubiese prescrito-, desconozca y se abstraiga del convencimiento de las necesarias y respaldadas razones de derecho y hecho que respondan al agravio deducido en instancia de alzada. En ese sentido, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial a tiempo de emitir un fallo debe cumplir con la debida y suficiente fundamentación y motivación, elementos estos del debido proceso que se tienen por observados cuando una resolución efectúa la justificación normativa en un alcance de compresión integral de su aplicación, explica por qué el caso se enmarca o no en la hipótesis de los preceptos legales sustantivos y procesales; y, de manera clara y concreta expone los motivos de hecho y razones de derecho por los cuales llegó a la conclusión y se asumió la determinación respectiva, sin que sea necesaria una exposición abundante de consideraciones, sino más bien precisa, suficiente y concreta satisfaciendo todos los puntos demandados, debiendo sustentar sus convicciones determinativas que justifican razonablemente la decisión, a fin de no incurrir en una decisión sin motivación o que esta sea arbitraria o insuficiente que surge cuando una resolución “…no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes…” (SCP 0133/2020-S3); en el caso de análisis, como se tiene denotado, las autoridades judiciales accionadas incidieron en la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación -aclarándose que su afectación irradia a la dimensión de insuficiencia- vinculados con la carencia de criterios jurisdiccionales interpretativos y aplicativos -a la cual se encontraban impelidos- de la normativa sustantiva y procesal pertinente, debiéndose en consecuencia conceder la tutela impetrada en este componente de demanda constitucional examinada.
Sobre la denunciada incongruencia interna y motivación arbitraria del fallo de alzada impugnado -punto 2) del objeto procesal- La impetrante de tutela, alega con relación al agravio de incongruencia omisiva externa en el Auto de Vista apelado, que las autoridades accionadas indebidamente sostuvieron que, la falta de consideración a la contestación a una excepción o incidente no constituye motivo suficiente para anular una resolución ni implica que adolezca de incoherencia, citando de manera errónea la SCP 1083/2014, que dentro de sus fundamentos realizó un análisis pormenorizado respecto a que, congruencia es la estricta correspondencia entre la demanda, contestación y reconvención; por lo que, incidieron en incongruencia interna al contrariar sus propios fundamentos, realizando un análisis sesgado de la citada jurisprudencia e ingresando en un escenario de motivación arbitraria, al limitar la igualdad, contradicción y debate en la contienda judicial, desmereciendo el correr en traslado una pretensión. Sobre el tema, cabe señalar que el Auto de Vista -objeto de examen- en el contenido glosado en su apartado II.3.3., en lo esencial, con relación al tercer agravio formulado por la apelante, hoy peticionante de tutela, relacionado con la observada incongruencia del Auto de Vista apelado, al no tomar en cuenta los argumentos de su respuesta -se entiende a la solicitud de extinción de la obligación prescripción-, sostuvo que, la falta de consideración a la contestación a una excepción o incidente no constituye motivo suficiente para anular una resolución ni implica que esta adolezca de congruencia; por cuanto, conforme orientó la SCP 1083/2014 para que un fallo judicial se pueda considerar congruente, debe contener: una congruencia externa, por la cual se exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; y, una congruencia interna, por la que se pretende evitar que en una misma resolución no exista consideraciones contradictorias entre sí o con la decisión; y que, en el presente caso, la autoridad de primera instancia declaró probada la prescripción por el tiempo transcurrido previsto por ley y por la inacción de la acreedora ejecutante de efectivizar el cumplimento del documento base de ejecución; no evidenciando ninguna incongruencia externa del Auto de Vista apelado; y, en lo que atañe a la parte interna, no existe inconcurrencia entre la parte considerativa y dispositiva del fallo impugnado; por lo que, no se detecta incongruencia alguna, al contrario, se verificó que la acusación -agravio-realizado por la apelante, ahora accionante, no se enmarca en lo orientado por la jurisprudencia constitucional vinculada a la garantía del debido proceso.
De esta necesaria reiteración de los argumentos que sostienen la respuesta al identificado agravio, se puede afirmar que, evidentemente las autoridades accionadas, a tiempo de responder al mismo, incurrieron en una incongruencia interna en el Auto de Vista emitido, puesto que, pese a citar la SCP 1083/2014 respaldando -en su criterio- en el marco de su alcance la inhibición de consideración a la contestación formulada por la hoy impetrante de tutela ante la solicitud de extinción de la obligación de la prescripción planteada por los terceros interesados, cercenaron y tergiversaron el entendimiento jurisprudencial contenido en dicho fallo constitucional; por cuanto, el mismo claramente sostiene que: “Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…” (negrilla añadida); a partir de cuya afirmación, se puede sostener que el mecanismo de actividad procesal emergente de la contestación a cualesquier pretensión puesta a conocimiento de los sujetos procesales, no tiene una finalidad de formalismos, sino que el mismo debe ser considerado y valorado en su pertinencia a tiempo de asumir una decisión; por lo que, al comprender equivocadamente una premisa de falta de necesidad de constatación y atención a los argumentos y contenido de la respuesta a la solicitud de extinción de la obligación por prescripción formulada por los terceros interesados -y extrañada por la peticionante de tutela- en un entendimiento jurisprudencial que respalda un criterio diametralmente opuesto, ciertamente se derivó en un incoherencia entre los argumentos asumidos, debiéndose considerar al respecto el citado Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual refuerza que la congruencia que deben contener las resoluciones judiciales implica no solo la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, sino también que esta coherencia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos.
En esta misma línea de verificación constitucional, se advierte que, al sostenerse enfáticamente en el Auto de Vista observado que, la falta de consideración a la contestación a una excepción o incidente no constituye motivo suficiente para anular una resolución ni implica que esta adolezca de incongruencia, sucumbe en una explicación de motivo y razón que precisamente bajo el alcance del fallo constitucional invocado incide en una motivación arbitraria, dado que, esta dimensión de afectación involucra una decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución Política del Estado y la ley. En tal sentido, se puede concluir que en este punto de lesividad denunciada, las autoridades accionadas vulneraron el debido proceso en sus elementos de congruencia -en su dimensión interna- y motivación -en su afectación de arbitraria-, deviniendo este defecto jurisdiccional a que este Tribunal abra el ámbito de protección de la presente acción de defensa, y en su efecto, conceda la tutela impetrada. Finalmente, en el contexto de análisis de las problemáticas planteadas, y a partir de la situación fáctica, corresponde señalar en un tópico de consideración de importancia, que los defectos jurisdiccionales advertidos deben ser subsanados con la emisión de un nuevo Auto de Vista que se sustente de forma suficiente y coherente en los hechos fácticos y la normativa legal aplicable, ello en razón -a su vez- a que resulta imperativo denotar que conforme a lo alegado por la accionante y los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, el proceso ejecutivo -del cual emerge esta acción tutelar- fue iniciado hace aproximadamente veintitrés años, lo cual impele a que el pronunciamiento sobre la viabilidad o no de la intencionalidad de prescripción de la obligación reconocida en pago a favor de la nombrada, según corresponda en derecho y sea o no favorable a la misma, se encuentre debidamente justificada y respaldada en un acto justo; lo que, se ahonda aún más cuando la referida es una persona adulta mayor de noventa años de edad (fs. 1); por lo cual, prima facie repercutiría en un participación menos activa en la causa, razón por la que la definición del requerimiento procesal que involucra la pretensión de extinción de la obligación pecuniaria, obliga a que sea asumida de forma suficientemente fundamentada, motivada con incidencia en la interpretación y aplicación normativa, así como con la debida congruencia a fin de no solo la impetrante de tutela, sino que también todos los justiciables involucrados en el proceso ejecutivo adquieran convencimiento de la determinación asumida, más aún si se considera también que los terceros interesados -solicitantes de la prescripción- conforme a lo aducido dentro de esta acción de defensa de igual manera serían adultos mayores.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, adoptó una decisión incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, conforme el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 068/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 141 a 147, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación -en su afectación de insuficiente y arbitraria- y congruencia -en su dimensión interna-de la accionante, conforme a los fundamentos desarrollados supra.
2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de enero de 2021, debiendo los actuales integrantes de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de forma inmediata a la notificación y conocimiento de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emitir uno nuevo subsanando los defectos procesales advertidos, y pronunciando un auto de vista que responda a los elementos constitutivos del debido proceso identificados en el análisis del caso concreto del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2024-S2.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): f8a84e222965ea18e8fe6745dd00466e00ca7bad80112780ae299570f549e5df
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