B.IA.LEGAL

SCP 0010/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de enero de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de enero de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
40638-2021-82-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que la autoridad demandada mediante Auto de Vista 178/2021 de 23 de abril decidió ratificar los riesgos procesales de fuga y obstaculización bajo las siguientes ilegalidades: i) Respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP se confirmó su concurrencia; pese a que, se ofreció como prueba la resolución y acta de allanamiento emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz en el cual se evidencia que tiene un domicilio constituido, elementos que no fueron debidamente valorados, máxime si el Ministerio Público ni el querellante presentaron prueba para desvirtuar aquello; ya que si bien, en el Auto Interlocutorio apelado se fundamentó en que en su cédula de identidad no señala como domicilio establecido La Paz sino otro en Santa Cruz; así como en el registro del Servicio General de Identificación General (SEGIP), esta última documental no fue producida en la audiencia cautelar; motivo por el cual, se solicitó a la Vocal ahora demandada verifique dicho aspecto en la grabación acompañada del referido acto procesal, lo cual fue rechazado no siendo válido el argumento que su defensa técnica debió solicitar complementación y enmienda ya que este no es un recurso idóneo para corregir el fondo de ninguna resolución; y, b) Respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada; conforme los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada- por no cumplir con la remisión de la documental solicitada por la jurisdicción constitucional, bajo advertencia que de reiterarse este proceder se remitirán antecedentes a las instancias correspondientes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. El sistema de valoración probatoria en materia penal: La libre convicción o sana crítica racional.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 40638-2021-82-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Cesar Cardona Lizondo y Cesar Oswaldo Rojas Orellana en representación sin mandato de Edwin Ronal Characayo Villegas contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de abril de 2021, cursante de fs. 23 a 29, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otros, mediante Auto Interlocutorio 170/2021 de 15 de abril se ordenó su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 y 2; y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, razón por la cual interpuso apelación incidental. De este modo, la Vocal ahora demandada mediante Auto de Vista 178/2021 de 23 de abril confirmó la resolución apelada sin la debida fundamentación y motivación por los siguientes agravios: a) Respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP se confirmó su concurrencia; pese a que, se ofreció como prueba la resolución y acta de allanamiento emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz en el cual se evidencia que tiene un domicilio constituido, elementos que no fueron debidamente valorados, máxime si el Ministerio Público ni el querellante presentaron prueba para desvirtuar aquello; ya que si bien, en el Auto Interlocutorio apelado se fundamentó que en su cédula de identidad no se señala como domicilio establecido en La Paz sino en Santa Cruz y en el registro del Servicio General de Identificación General (SEGIP), esta última documental no fue producida en la audiencia cautelar; motivo por el cual, se solicitó a la Vocal ahora demandada verifique dicho aspecto en la grabación acompañada del referido acto procesal, lo cual fue rechazado no siendo válido el argumento que su defensa técnica debió solicitar complementación y enmienda ya que este no es un recurso idóneo para corregir el fondo de ninguna resolución, más aun cuando el Juez cautelar y los Tribunales de apelación no pueden suplir la falta de fundamentación y producción de prueba de parte del Ministerio Público o del querellante; b) Respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP tanto el Juez de control jurisdiccional como la Vocal ahora demandada se basaron en apreciaciones meramente subjetivas debido a que al momento de señalar que existirían actos de investigación pendientes como ser la “ITO” seguida de reconstrucción, pericias pendientes para avalar las conversaciones sostenidas vía celular con los partícipes Oscar Hormando Salvatierra Melgar y la denunciante; es decir, ni la juez ni la autoridad demandada establecieron la conducta que hubiera realizado ya sea amenazando o influyendo negativamente para que los testigos, participes, víctima y/o peritos se comporten de manera reticente, omisión que no fue subsanada en apelación empeorándose la falta de explicación cuando se señala que existe pendiente una “ITO” seguida de reconstrucción, empero, sin indicar sobre que partícipe de ese acto procesal podría influir o amenazar, tomando en cuenta que no se puede suponer que a futuro o al momento de realizar dicho acto de investigación se podría influir sobre algún partícipe de dicho acto, asimismo, al señalar que existirían pericias pendientes, mínimamente se debió señalar quien sería el perito, ya que como señala la autoridad recurrida son actos de investigación a realizarse dentro de la etapa preparatoria, esto al encontrarnos en un inicio de la investigación, es decir que fundamenta, en aspectos meramente subjetivos, ya que son actos a realizar a futuro; y, c) Por lo señalado en el punto primero y segundo, la Vocal accionada al momento de realizar la compulsa de antecedentes, no verificó si la detención preventiva se ajustó a las condiciones de necesidad en contraste con los elementos de convicción desfilados; asimismo, se debió constatar si evidentemente se presentó y produjo prueba en audiencia cautelar por parte del Ministerio Público o querellante, analizando precisamente si la Jueza de la causa motivó su resolución de manera suficiente a fin que esta no se base en suposiciones, criterios o afirmaciones abstractas que de ninguna manera describen su conducta para determinar la concurrencia de los peligros procesales en análisis.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto, los arts. 115.2 y 117.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto en parte el Auto de Vista 178/2021 de 23 de abril, en lo que respecta a la fundamentación de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1 (domicilio); 234.2 y 235.2 del CPP ordenándose que en el plazo de veinticuatro horas, la autoridad jurisdiccional demandada emita nueva resolución con una adecuada compulsa y verificación de los agravios denunciados, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 7 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 50 produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representante sin mandato ratificó in extenso la demanda tutelar presentada por escrito y ampliando los fundamentos señaló: 1) En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público alegó que el domicilio del ahora imputado (el cual conoce la autoridad jurisdiccional por el mandamiento de allanamiento que la misma expidió) no coincidiría con el consignado en la cédula de identidad y reporte del SEGIP sin presentar ningún elemento de juicio; por lo que, la Vocal ahora demandada debió ingresar a analizar este agravio, pero no lo hizo con el argumento que se debería haber pedido explicación o enmienda; 2) Si bien no actualizó el dato de su domicilio en su cédula de identidad, y se le observa aquello de manera sesgada aludiendo la Ley del Servicio General de Identificación Personal y del Servicio General de Licencias Para Conducir -Ley 145 de 27 de junio de 2011-, esta norma jurídica no estipula que la cédula de identidad acredita domicilio, no estando obligado a renovar cuando cambia de domicilio; 3) No tenía la obligación de desvirtuar nada porque no se presentó ningún indicio probatorio ni se le corrió en traslado sino más bien dicha labor era de la autoridad jurisdiccional ahora demandada; y, 4) Respecto al 235.2 del CPP la fundamentación dice que los imputados van a influir en Oscar Hormando Salvatierra Melgar y la misma denunciante pero no ha valorado si existen o no elementos para la concurrencia del riesgo y no establece la conducta que hubiera asumido respecto a ello; omisión que se repite en cuanto a las pericias a realizarse y cómo influiría en los peritos designados.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 30 de abril de 2021, cursante de fs. 32 a 35 señaló: i) En alzada sólo les corresponde verificar la coherencia, idoneidad y orden en relación a los principios de la sana critica; ii) No establece cual es precepto que se hubiera incumplido y la aplicación pretendida; iii) El accionante no explica porque en su cédula de identidad y registro del SEGIP establece distintos domicilios, pues no se tratan del mismo en el que se efectuó el allanamiento, por lo que la contradicción establecida por la Jueza no ocasiona ningún agravio; y, iv) Respecto al art. 235.2 del CPP el proceso se encuentra en etapa investigativa y se establecieron los actos de investigativos pendientes de realización comprobándose que la Jueza a quo cumplió con la debida fundamentación.

I.2.3. Resolución

Los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 51 a 54, denegaron la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad no se constituye en un nuevo recurso de alzada; así el ahora impetrante de tutela reclamó con dicho propósito sin considerar que la demanda tutelar debe referirse a derechos fundamentales vulnerados; y, b) Se observa la valoración de la prueba, y si bien la justicia constitucional puede realizar dicha tarea, estas se hallan sujetas a reglas establecidas máxime si en el caso concreto el impetrante de tutela no establece que prueba omitió valorar la autoridad demandada. A la solicitud de explicación, complementación y enmienda, el Tribunal de garantías respondió que los agravios expuestos no se justificaron con los derechos supuestamente vulnerados; asimismo, que previo a que se fundamente la acción tutelar se dio lectura al informe de la autoridad demandada, asumiendo conocimiento oportunamente; finalmente, el agravio sobre la falta de presentación de prueba carece de asidero porque el Auto Interlocutorio apelado hizo referencia a estas.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 20 de julio de 2022 (fs. 58), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 92) notificado a las partes el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial presentado por el Ministerio Público ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares contra Edwin Ronal Characayo Villegas -accionante- y otro (fs. 1 a 11). II.2. Consta Auto Interlocutorio 170/2021 de 15 de abril, por el cual la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dispone la detención preventiva de Hiper Yasmani Garcia Quecaña en el Centro Penitenciario de San Pedro y de Edwin Ronal Characayo Villegas en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por el periodo de cinco meses (fs. 17 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que la autoridad demandada mediante Auto de Vista 178/2021 de 23 de abril decidió ratificar los riesgos procesales de fuga y obstaculización bajo las siguientes ilegalidades: i) Respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP se confirmó su concurrencia; pese a que, se ofreció como prueba la resolución y acta de allanamiento emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz en el cual se evidencia que tiene un domicilio constituido, elementos que no fueron debidamente valorados, máxime si el Ministerio Público ni el querellante presentaron prueba para desvirtuar aquello; ya que si bien, en el Auto Interlocutorio apelado se fundamentó en que en su cédula de identidad no señala como domicilio establecido La Paz sino otro en Santa Cruz; así como en el registro del Servicio General de Identificación General (SEGIP), esta última documental no fue producida en la audiencia cautelar; motivo por el cual, se solicitó a la Vocal ahora demandada verifique dicho aspecto en la grabación acompañada del referido acto procesal, lo cual fue rechazado no siendo válido el argumento que su defensa técnica debió solicitar complementación y enmienda ya que este no es un recurso idóneo para corregir el fondo de ninguna resolución; y, b) Respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP tanto el Juez de control jurisdiccional como la Vocal ahora demandada se basaron en apreciaciones meramente subjetivas debido a que al momento de señalar que existirían actos pendientes de investigación como ser la “ITO” seguida de reconstrucción, pericias pendientes para avalar las conversaciones sostenidas vía celular con los partícipes Oscar Hormando Salvatierra Melgary la denunciante no establecieron la conducta que hubiera realizado ya sea amenazando o influyendo negativamente para que los testigos, participes, víctima y/o peritos se comporten de manera reticente, omisión que se extiende a la falta de identificación sobre a cuál de ellos influyó o podría influir obstaculizando la averiguación de la verdad.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;2) Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) El sistema de valoración probatoria en materia penal: La libre convicción o sana crítica racional; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 15El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 16El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 17El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 18El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga 19El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 20La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.3. El sistema de valoración probatoria en materia penal: La libre convicción o sana crítica racional.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0238/2018-S2 de 11 de junio, asumió el siguiente razonamiento: En materia penal, tradicionalmente se conoció tres sistemas de valoración probatoria: a) El sistema de la prueba legal, en el cual, la eficacia conviccional de cada prueba está prefijada por la ley procesal; b) Íntima convicción, donde el juez es libre de convencerse según su íntimo parecer, valorando las pruebas de acuerdo a su leal saber y entender sin la obligación de fundamentar sus decisiones; y, c) El sistema de libre convicción o sana crítica racional. El sistema de la libre convicción o sana crítica racional emana del principio de la verdad real. Este sistema, como señala José Cafferata Nores, establece también la plena libertad de convencimiento de los jueces; empero, la misma tiene un límite infranqueable; cual es, el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano; es decir, las normas de la lógica, psicología, de la experiencia común. Otra característica de este sistema, es la obligación impuesta a los jueces de motivar sus conclusiones; es decir, de exponer las razones de su convencimiento. Este es precisamente el sistema que rige en el proceso penal boliviano; puesto que, el art. 173 del CPP, lo consagra al señalar: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”.

La jurisprudencia constitucional en la SC 1480/2005-R de 22 de noviembre, se refirió a los tres sistemas de valoración de la prueba en materia penal -21CAFFERATA NORES, JOSÉ, La prueba en el proceso Penal, Editorial Depalma 2003, pág. 40. 22El FJ III.3 refiere: “Con relación al fundamento del Auto Supremo que motiva la presente acción tutelar y que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el representado del actor, es menester mencionar que en la aplicación de los distintos sistemas procesales penales, se han distinguido a su vez tres diferentes sistemas de valoración de prueba; conforme a lo siguiente: 1) el Sistema de la Íntima Convicción que otorga absoluta libertad al Juez para apreciar con entera libertad las pruebas, e incluso apartarse de ellas, dictando la Sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia, con la particularidad de que la autoridad judicial no está compelido a especificar las razones de que una prueba es o no efectiva; 2) el sistema de las Pruebas Legales caracterizado porque la ley indica; por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el Juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley; y 3) el sistema de la <b>Sana Crítica, que se define como el sistema que considera un conjunto de normas y de criterios de los jueces, basados en las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, de principios de la psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano.

En cuanto al ordenamiento jurídico nacional, el art. 173 del CPP establece: “El juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”. Esto supone que el Código procesal penal asume el sistema de valoración de la sana crítica; lo que implica que la autoridad judicial a tiempo de dictar Sentencia debe considerar: las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente”.

íntima convicción, prueba legal y sana crítica-, estableciendo que en nuestro ordenamiento jurídico rige el sistema de la sana crítica, puntualizando que las reglas de la experiencia, son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir de la identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente; entendimiento que fue reiterado en la citada SC 0115/2007-R. Consiguientemente, en materia penal, rige el sistema de valoración de la prueba de la libre convicción o sana crítica; en virtud de la cual, la autoridad competente, en la apreciación de todos los medios de prueba, tiene libertad de convencimiento; empero, limitado por las reglas de la lógica psicológica y experiencia común; y, con la obligación de motivar las razones de su convencimiento.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada mediante Auto de Vista 178/2021 decidió ratificar los riesgos procesales de fuga y obstaculización bajo las siguientes ilegalidades: i) Respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP se confirmó su concurrencia; pese a que, se ofreció como prueba la resolución y acta de allanamiento emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz en el cual se evidencia que tiene un domicilio constituido, elementos que no fueron debidamente valorados, máxime si el Ministerio Público ni el querellante presentaron prueba para desvirtuar aquello; ya que si bien, en el Auto Interlocutorio apelado se fundamentó en que en su cédula de identidad no señala como domicilio establecido La Paz sino otro en Santa Cruz; así como en el registro del SEGIP, esta última documental no fue producida en la audiencia cautelar; motivo por el cual, no podía ser considerada solicitándose a la Vocal ahora demandada verifique dicho aspecto en la grabación acompañada del referido acto procesal, lo cual fue rechazado no siendo válido el argumento que su defensa técnica debió solicitar complementación y enmienda ya que este no es un recurso idóneo para corregir el fondo de ninguna resolución; y, b) Respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP tanto el Juez de control jurisdiccional como la Vocal ahora demandada se basaron en apreciaciones meramente subjetivas debido a que al momento de señalar que existirían actos pendientes de investigación como ser la “ITO” seguida de reconstrucción, pericias pendientes para avalar las conversaciones sostenidas vía celular con los partícipes Oscar Hormando Salvatierra Melgar y la denunciante no establecieron la conducta que hubiera realizado ya sea amenazando o influyendo negativamente para que los testigos, participes, víctima y/o peritos se comporten de manera reticente, omisión que se extiende a la falta de identificación sobre a cuál de ellos influyó o podría influir obstaculizando la averiguación de la verdad. De la revisión de los antecedentes y conclusiones del presente fallo se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Ronal Characayo Villegas -accionante- y otro, se presentó imputación formal por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, solicitándose además la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (Conclusión II.1); de este modo, mediante Auto Interlocutorio 170/2021, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del referido departamento, dispuso la detención preventiva de Hiper Yasmani Garcia Quecaña en el Centro Penitenciario de San Pedro por un periodo de cinco meses y de Edwin Ronal Characayo Villegas en el Centro Penitenciario de Palmasola por el mismo tiempo, en el caso de este último por la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 233.1 y 2; 234. 1 y 2; y, 235.2 del CPP. Inicialmente, es preciso aclarar que, tratándose el Auto de Vista observado de un pronunciamiento emitido en apelación, la labor de la Vocal demandada se circunscribe a lo previsto en el art. 398 del CPP, debiendo conocer y resolver sobre los agravios expuestos en la apelación. Sin embrago esto no significa que el tribunal de alzada, al conocer y resolver recursos de apelación relacionados con resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, este exento de precisar las razones y elementos de convicción que justifiquen la decisión de aplicar la detención preventiva. Es necesario desarrollar de forma razonada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo justificarse la omisión de esta fundamentación con base en los límites establecidos en el art. 398 del CPP, según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. En ese entendido, a efecto del estudio que nos atañe, corresponde inicialmente desglosar tales agravios, plasmados en el Auto de Vista 178/2021 ahora confutado aclarándose que si bien no cursa en antecedentes dicho pronunciamiento; empero, la misma fue transcrita en la demanda tutelar; en ese entendido, se pasará a hacer un análisis de dicho fallo a partir de la mencionada transcripción que señala los siguientes argumentos: 1) En relación a la contradicción de la ubicación del domicilio del ahora accionante consignado en la resolución y acta de allanamiento con los datos de su cédula de identidad y el registro del SEGIP, la Jueza a quo cita al art. 17 de la Ley 145 resaltando que este documento también consigna el domicilio que tiene señalado el titular y genera obligaciones administrativas para mostrar los datos de individualización de manera cierta y precisa a fin de no generarse contradicción que en el caso particular ocurre con el acta de allanamiento que se pretendió utilizar como un elemento de convicción para acreditar que no concurre el presupuesto de fuga; más aún si se puede establecer que en la imputación formal a momento de establecer el referido riesgo procesal hizo referencia que el domicilio del mandamiento de allanamiento no es coincidente con la cédula de identidad y su respaldo del SEGIP y si bien se alega que no se presentó documentos, la imputación formal ya hace referencia a estos; a tal efecto, si bien la parte imputada no tiene la carga probatoria debió presentar elementos probatorios si consideraba pertinente para desvirtuar lo alegado por el Ministerio Público y que en todo caso si la autoridad emitió la resolución sobre elementos no presentados tenía abierta la posibilidad de solicitar complementación y enmienda respecto al pronunciamiento sobre la duda razonable de habituabilidad del domicilio invocado que en definitiva no fue cuestionado; y, 2) En relación al art. 235.2 del CPP, la Jueza a quo precisó que existirían diferentes actos investigativos que realizar y no únicamente el vinculado a un solo testigo, actuaciones que se encuentran plenamente identificados en la fundamentación desarrollada como la inspección técnica ocular seguida de una reconstrucción del hecho; además de pericias que avalen la legalidad de las conversaciones sostenidas vía celular entre las partes incluida la del testigo Oscar Hormando Salvatierra Melgar y la misma denunciante, circunstancias objetivas que resultan vinculadas al contenido de la imputación formal presentada por el Ministerio Público y lo argumentado en la audiencia desarrollada ante la autoridad a quo debiéndose tener presente que al encontrarse en plena etapa investigativa el proceso penal se deben realizar actos investigativos para la obtención de elementos de convicción que permitan al Ministerio Público establecer o emitir un requerimiento conclusivo ya sea de acusación, de sobreseimiento o en su caso solicitar una aplicación de una salida alternativa, lo cual precisamente es el objeto por el cual se entiende que se mantiene concurrente este riesgo procesal; más aún si la parte recurrente cuestionó la fundamentación desarrollada en la resolución apelada sin determinar si es normativa o intelectiva cuando claramente estos aspectos se mencionaron en el requerimiento de imputación formal, los cuales se hallan vinculados precisamente en cuanto a racionalidad y alcances de la realización de los actos investigativos destinados a la averiguación de la verdad.

En ese marco, del cotejo de lo denunciado por el solicitante de tutela y los fundamentos contenidos en el fallo de alzada, en cuanto al primer punto de la problemática planteada; se advierte que, el Tribunal de alzada demandado, en el Auto de Vista cuestionado, no omitió valorar los argumentos y documentación referida al domicilio señalado en las actuaciones investigativas realizadas en La Paz por el Ministerio Público; sino que, de manera correcta estableció que existía duda razonable sobre el domicilio real del sindicado; a partir, de la prueba idónea presentada como son aquellos consignados en su cédula de identidad y la certificación del SEGIP que acreditó que el mismo tenía más de un domicilio registrado por distintas instancias; apreciación que se estima correcta, puesto que, la prenombrada autoridad jurisdiccional al momento de solventar la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 2 del CPP, esencialmente resaltó los datos contradictorios, desactualizados o insuficientes sobre el mismo, al verificarse más de un domicilio del ahora impetrante de tutela generándose una falta de certeza sobre en cuál de ellos tiene una residencia estable o habitual, esto con anterioridad a la supuesta comisión del hecho delictivo. Así, la prenombrada autoridad jurisdiccional demandada identificó que la ubicación del domicilio del ahora accionante consignado en la resolución y acta de allanamiento eran diferente con los anotados en su cédula de identidad y el registro del SEGIP; citando al efecto, el art. 17 de la Ley del Servicio General de Identificación Personal y del Servicio General de Licencias para Conducir que establece que la cédula de identidad contendrá datos que individualicen a cada ciudadano de forma unívoca; agregando que la lectura de la imputación formal a momento de establecerse el referido riesgo procesal se hizo referencia a esta contradicción en el domicilio del imputado; razonamiento que corresponde al criterio jurisprudencial anotado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 del presente fallo constitucional; por lo que, no se tenía certeza del indicado elemento; en virtud de lo cual, en este punto, no se advierte lesión alguna a los derechos fundamentales o garantías constitucionales del solicitante de tutela; correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada sobre este agravio. Por otro lado, sobre el segundo punto de la problemática planteada, concerniente a la concurrencia del peligro procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, el Auto de Vista impugnado sostuvo que: a) La Jueza a quo estableció que existirían diferentes actos investigativos que realizar y no únicamente el vinculado en relación a un solo testigo sino que de forma objetiva y concreta se precisó la inspección técnica ocular seguida de una reconstrucción del hecho, pericias que avalen la legalidad de las conversaciones sostenidas vía celular entre las partes incluidas las desarrolladas por Oscar Hormando Salvatierra Melgar y la misma denunciante, elementos que se encuentran vinculados precisamente al contenido de la imputación formal presentada por el Ministerio Público y lo argumentado en la audiencia desarrollada el 15 abril de 2021 bajo la dirección del A quo; y, b) Al presente, el proceso penal se encuentra en plena etapa investigativa debiéndose realizar actos investigativos para la obtención de elementos de convicción que permitan al Ministerio Público establecer o emitir un requerimiento conclusivo ya sea de acusación, de sobreseimiento o en su caso de aplicación de una salida alternativa, comprendiéndose que este es el objeto por el cual se entiende que se mantiene concurrente este riesgo procesal que se encuentra relacionado al art. 221 del CPP; más aún, si la parte apelante cuestiona la falta de fundamentación pero sin precisar si se refiere respecto a la normativa, intelectiva u otra concluyéndose que la autoridad jurisdiccional no consideró de forma aislada los elementos de convicción o argumento emitidos por el Ministerio Público, sino que claramente se justificaron en la relación de hechos presentados en la imputación formal. Bajo ese marco de análisis, los argumentos que justifican el pronunciamiento de alzada de mantener la concurrencia de la indicada circunstancia del peligro de obstaculización, inicialmente identifica la cita normativa de manera suficiente y objetiva para luego desarrollar sus razonamientos bajo el fundamento de la necesidad de recibir las declaraciones de testigos presenciales; además de una inspección técnica ocular seguida de una reconstrucción del hecho, pericias que avalen la legalidad de las conversaciones sostenidas vía celular entre las partes involucradas sobre los cuáles alertó que la etapa de investigación se encontraba en su inicio, considerando que estas circunstancias permitían sostener fundamentadamente la concurrencia de este riesgo procesal, el cual solo se tendría por enervado con la acreditación del cumplimiento de estos investigativos que de forma inicial se tendrían que desarrollar, denotando de aquello la necesidad de obtener los elementos probatorios señalados; razonamiento jurisdiccional que cuenta con respaldo jurídico como fáctico al momento de abordar la revisión del Auto Interlocutorio apelado, lo cual no permite considerarlo como carente o insuficiente de fundamentación y motivación para establecer la presencia de este riesgo procesal. Consecuentemente, el desarrollo argumentativo expuesto por la Vocal demandada en el Auto de Vista denunciado no denota vulneración al debido proceso en relación a este punto de análisis, debiéndose denegar la tutela solicitada. Otras Consideraciones

De la revisión del expediente objeto de análisis se advierte que la acción de libertad fue sorteada a la Sala Penal Primera antes señalada; por lo que, la Vocal demandada, presentó su excusa, posterior en la audiencia de consideración de la acción de libertad de 30 de abril de 2021 a horas 20:16, el demandante de tutela formuló recusación contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remite los antecedentes a la Sala Penal Primera referida para la resolución de la recusación, en la cual mediante providencia de 3 de mayo de 2021 Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz convoca al Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a quien se le notifica el 7 de similar mes y año, es decir cuatro días después; se resuelve el rechazo de la recusa mediante Auto de Vista 15/2021 de 7 de mayo, y posterior se convoca a la audiencia de acción de libertad en el día; bajo ese contexto, se advierte que existió una demora en la notificación con la convocatoria al Vocal para resolver la recusación, demora atribuible a la titular de la Sala Penal Segunda antes señalada quien debió ejercer el control respecto a su personal subalterno en consideración al trámite sumarísimo de las acciones de libertad.

Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional solicitó a la demandada la presentación de las copias del cuaderno de apelación incidental, el acta de audiencia de 23 de abril de 2021 y Auto de Vista 178/2021 de la misma fecha, empero pese a su legal notificación el 11 de noviembre de 2022, omitió la remisión de dicha documental; si bien tal omisión, no repercute en la resolución del presente caso, no implica de ninguna manera, la obligación que está tenia de cumplir con la remisión ordenada, máxime en su condición de autoridad demandada incluso debió presentar la documental vinculada a la acción de libertad al momento de presentar su informe. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 7 de mayo, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada; conforme los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada- por no cumplir con la remisión de la documental solicitada por la jurisdicción constitucional, bajo advertencia que de reiterarse este proceder se remitirán antecedentes a las instancias correspondientes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

13 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

14 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

23 El FJ III.4, señala: “Aquí conviene explicar que según fue manifestado en la SC 1480/2005-R, de 22 de noviembre, la sana crítica: ʽ(…) implica que la autoridad judicial a tiempo de dictar Sentencia debe considerar: las reglas de la experiencia, que son aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente´”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2024-S1.pdf · páginas 1 a 26.

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