B.IA.LEGAL

SCP 0010/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
39925-2021-80-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pamela Dennise Rosso Alba contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitó la consideración de cesación de su detención preventiva, que mereció el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021 de 13 de abril, mediante el cual el Juez de primera instancia rechazó su solicitud, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, frente a ello, formuló recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista 163/2021 de 16 de igual mes, emitido por el Vocal ahora accionado, a través del cual se declaró improcedente el mencionado recurso, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, en sentido que: 1) Repitió los argumentos del Juez de primera instancia; 2) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2021 de 21 de abril, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2023-S3 Sucre, 6 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 39925-2021-80-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2021 de 21 de abril, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Sanjinés Argandoña en representación sin mandato de Eric René Cárdenas Patzi contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 20 de abril de 2021, cursante de fs. 47 a 50 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pamela Dennise Rosso Alba contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Aplicación de Medidas Cautelares 096/2021 de 24 de marzo, dispuso su detención preventiva, por la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1,2 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ambos modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Frente a esa determinación, formuló recurso de apelación incidental, que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 193/2021 del mismo mes, que declaró procedente en parte ese recurso, manteniendo su detención preventiva, considerando que se enervaron los riesgos procesales de fuga respecto al art. 234.1 y 2 del CCP y en lo demás, manteniéndose subsistente. En consecuencia, a través de memorial presentado el 7 de abril de 2021, pidió la cesación de su detención preventiva y la sustitución por otra medida menos gravosa, adjuntando nuevos elementos de prueba; por lo que, el Juez de la causa, mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021 de 13 de igual mes, rechazó su solicitud sin ninguna fundamentación ni motivación; tampoco dio valor alguno a la prueba presentada, consistente en los informes de 30 de marzo y de 5 de abril del indicado año, los cuales refieren que su persona se presentó voluntariamente para que se ejecute el mandamiento de detención preventiva de 24 de marzo de ese año; los cuales evidencian que no obstaculizó la investigación, cumpliendo las garantías unilaterales y las medidas de protección. Por ello, formuló recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Vocal ahora accionado, quien a través del Auto de Vista 163/2021 de 16 de abril, declaró improcedente el mismo y confirmó el señalado Auto Interlocutorio apelado. Sin embargo, el Auto de Vista 163/2021 carece de motivación y fundamentación; puesto que, repitió los argumentos del Juez de primera instancia; en sentido que “Objetivamente la juez a-quo ha considerado que las garantías son anteriores a la audiencia de cautelares…” (sic) y con relación al riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, no prestaron su declaración testifical las personas que se mencionan en el indicado Auto de Vista, tampoco hizo referencia a las pruebas que fueron omitidas por el Juez de la causa, ni los agravios que denunció respecto al Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021. De igual manera, el Vocal hoy accionado, emitió una resolución ultrapetita al referirse en el que se encuentran pendientes las declaraciones en Cámara Gesell, así como la declaración ampliatoria de la denunciante; por lo que, no se circunscribió a los agravios denunciados en el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021, y en ninguna parte de ese recurso refirió que se tenían que cumplir esos actos procesales. Asimismo, se vulneró el derecho a la igualdad de las partes, ya que el nombrado fundamentó extremos que nunca señalaron el Ministerio Público ni la denunciante. Finalmente, el Vocal ahora accionado, no fundamentó ni motivó otro agravio descrito en el memorial del recurso de apelación incidental, sobre la necesidad de aplicar una medida menos gravosa que la detención preventiva. Con esa omisión se vulneraron sus derechos a la libertad y de acceso a la justicia, al no repararse los derechos vulnerados por el Juez de primera instancia.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 115.II y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 163/2021 de 16 de abril; y, b) Su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 60, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Juez de primera instancia emitió el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021, basándose únicamente en la existencia de un informe emitido por el investigador asignado al caso, en el cual se estableció que posterior a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares -tres días después-pretendieron ejecutar el mandamiento de detención preventiva de 24 de marzo de 2021, y que no pudieron ubicarlo en su domicilio; 2) En la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, fundamentó todos los agravios sufridos; empero, el Vocal ahora accionado cometió el mismo error que el Juez de primera instancia, ya que, no otorgó ningún valor a los nuevos elementos de convicción presentados en cuarenta fojas, entre los que adjuntó la orden de citación, el acta de notificación con las medidas de protección, así como las garantías unilaterales, debido a que, para la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva persistía el peligro para la víctima -art. 234.7 del CPP-; de igual manera, presentó informe de 5 de abril del mismo año, emitido por el investigador asignado al caso, el cual indicó: i) En el primer punto, que su persona se presentó de manera voluntaria en la oficina “DP 4” para que se ejecute el referido mandamiento, sometiéndose a lo dispuesto por la autoridad judicial, más allá de no estar de acuerdo; ii) Como segundo punto, que en cuatro meses no se amplió la denuncia; iii) En el tercer punto, que existen informes de 29 y 30 de marzo del citado año, emitidos por el investigador asignado al caso, donde refiere que se presentó de forma voluntaria en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por cuanto no está obstaculizando la investigación; iv) En el cuarto punto, que el 12 de febrero de dicho año, se le notificó con las medidas de protección que fueron cumplidas, ya que no existe queja por la denunciante y en tres meses no se demostró ningún acto de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad; sin embargo, le impusieron la medida cautelar de detención preventiva; y, v) En el quinto punto, que su persona otorgó garantías unilaterales en favor de la víctima y extensibles a sus familiares en la unidad de la FELCC zona Sur; 3) El segundo agravio formulado en el recurso de apelación incidental no fue mencionado en el Auto de Vista 163/2021; puesto que, no solamente se presentó el informe mencionado sino que también se adjuntó el acta de verificación del lugar de su trabajo, el acta de verificación de su domicilio, la autorización de los propietarios del mismo, y todas las declaraciones de los testigos tanto de cargo como de descargo desde el inicio de la investigación hasta después de la imposición de dicha medida cautelar, y con esos nuevos elementos de convicción pretendió enervar el riesgo procesal previsto por el art. 234.2 del CPP, respecto a que si está en libertad podría influir negativamente en la declaración de los testigos; 4) Señaló como tercer agravio de ese recurso, el hecho de que el Juez de primera instancia determinó que debe permanecer detenido preventivamente por la probabilidad de que la denunciante o la víctima quieran ampliar su declaración, siendo que esa situación no es un fundamento sólido para imponer la referida medida cautelar de carácter personal; empero, es un aspecto que no fue respondido por el Vocal hoy accionado; 5) No se refirió a ninguno de los agravios citados en dicho recurso; debido a que el Vocal ahora accionado únicamente se copió el argumento del Juez de primera instancia, quien fundó su resolución -Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021- en un solo informe emitido por el investigador asignado al caso y no así en el informe de 5 de abril de 2021, al cual el Vocal hoy accionado tampoco le dio valor alguno; y, 6) Vía complementación y enmienda mediante su abogado preguntó al Vocal ahora accionado el valor que se le dio a dicho informe al que el nombrado respondió señalando que los fundamentos son claros; y con relación a que los testigos de cargo y de descargo hubiesen sido objeto de presión psicológica, amenazas, u otros aspectos tampoco se valoró, por tanto su resolución -Auto de Vista 163/2021- carece de fundamentación y motivación, por lo que resulta ser ilegal.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 53.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2021 de 21 de abril, cursante de fs. 61 a 63, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva y la confirmación por parte del Vocal ahora accionado, no es arbitraria ni indebida; puesto que, no existió vulneración de los derechos alegados por el accionante; b) Con relación al riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP referido al peligro para la víctima, el Juez de primera instancia a tiempo de denegar la cesación de la detención preventiva, sostuvo que la documentación presentada como ser el acta de notificación, las medidas de protección y las actas de garantías, son anteriores a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de marzo de 2021, existiendo contradicción al presentarse medios probatorios, es decir, la citación, donde el propio investigador asignado al caso refirió que el imputado, ahora accionante, no fue encontrado en su domicilio, razón por la cual se mantuvo ese riesgo procesal; c) De igual manera, persiste el riesgo procesal de obstaculización, previsto por el art. 325.2 del CPP, debido a la falta de declaración testifical de otras personas que no presentó el accionante para la cesación de la detención preventiva; d) Respecto al peligro para la víctima, el Tribunal de alzada, reiteró los fundamentos del Juez de primera instancia de forma razonable, señalando que ese riesgo procesal se le impuso, ya que en los hechos imputados, se encuentran las amenazas, el maltrato psicológico además del chantaje contra la misma y la imposición de medidas cautelares estableció que se debe garantizar y reforzar aquellas medidas destinadas a la protección de la víctima, y con relación a las garantías unilaterales en favor de la misma, el Juez de primera instancia refirió que efectivamente son de fecha anterior a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, lo que sería contradictorio a objeto de desvirtuar dicho riesgo procesal, extremo que se considera razonable y objetivo. Con la sola presentación de garantías unilaterales en favor de la víctima no se desvirtuó ese riesgo procesal, y no existe otra documentación que sea esencial y que por su omisión en las resoluciones de cesación de la detención preventiva, así como en el citado Auto de Vista hubiera podido generar el cambio de criterio en las autoridades judiciales, sobre todo si existen elementos que demostraron la necesidad de proteger la integridad de la víctima que cuenta con 18 años de edad, tomando en cuenta los hechos sometidos a investigación, debido a que, de la lectura del Acta de buena conducta y garantías, únicamente se establece que el infractor en caso de que el imputado ejerza algún tipo de violencia o no cumpla, será pasible a las sanciones de ley, sin establecerse cuales serían esas sanciones y en todo caso que se le imponga una sanción al incumplimiento de esa Acta, como una multa pecuniaria de ninguna manera precautela y garantiza que no se ejerza nuevamente violencia contra la víctima; e) Tanto el Juez de primera instancia como el Vocal hoy accionado, quien confirmó Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021, entre sus argumentos estableció que debe existir una reforzada protección a las víctimas de violencia en ese caso de mujeres, tomando en cuenta la Constitución Política del Estado, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, así como el bloque de constitucionalidad con normas y tratados internacionales en materia de protección hacia la mujer; f) Sobre los nuevos elementos presentados por el accionante, tanto el Juez de primera instancia y el Tribunal de alzada, señalaron que existen documentos referentes a la otorgación de garantías unilaterales en favor de la víctima; sin embargo, son de fecha anterior al indicado Auto Interlocutorio y también por supuesto a la referida audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares donde pudo presentarse esos elementos de forma oportuna; g) En cuanto al riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, en el razonamiento del Juez de primera instancia, como del Vocal ahora accionado, hacen referencia a otras dos personas; empero, no tienen conocimiento ni se demostró que no hubieran sufrido algún tipo de presión para que puedan efectuar su declaración testifical en otro sentido, por ello, se constató que esa prueba fue valorada por parte de las autoridades mencionadas; y, h) El resto de la documentación presentada por el accionante, se refiere a la imputación formal y a la “notificación de medidas cautelares”, que no tienen mayor relevancia e incidencia para que las mencionadas autoridades judiciales modifiquen su determinación en caso de considerarlas o valorado al momento de emitir sus respectivas resoluciones.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 29 de junio de 2022 cursante a fs. 68, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria. A partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 27 de febrero de 2023, cursante a fs. 97, se reanudó el cómputo de plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 7 de abril de 2021, Eric René Cárdenas Patzi -ahora accionante- ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, solicitó la cesación de su detención preventiva, por existir nuevos elementos que demostraron que no concurren los motivos que la fundaron, siendo conveniente que sea sustituida por otra medida; por cuanto, pidió se disponga la cesación de su detención preventiva y se le impongan medidas menos gravosas (fs. 37 a 41 vta.) II.2. Por Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021 de 13 de abril, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, rechazó la petición formulada por el accionante; en consecuencia, al finalizar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el nombrado a través de su abogado presentó recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio, argumentando la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva, y a la valoración de la prueba (fs. 43 a 46). II.3. A través del Auto de Vista 163/2021 de 16 de abril, emitido por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionado-, se declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, y en el fondo se confirmó el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva 120/2021, con la aclaración que las medidas cautelares conforme a lo establecido por el art. 250 del CPP, son modificables en cualquier momento del proceso (fs. 90 a 92 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pamela Dennise Rosso Alba contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitó la consideración de cesación de su detención preventiva, que mereció el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021 de 13 de abril, mediante el cual el Juez de primera instancia rechazó su solicitud, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, frente a ello, formuló recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista 163/2021 de 16 de igual mes, emitido por el Vocal ahora accionado, a través del cual se declaró improcedente el mencionado recurso, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, en sentido que: 1) Repitió los argumentos del Juez de primera instancia; 2) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, no declararon las personas que se mencionan en el Auto de Vista indicado y no señaló ninguna prueba que fue omitida por el Juez de primera instancia, ni los agravios que denunció respecto al Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021; 3) Se emitió una resolución ultrapetita al referirse que se encontrarían pendiente las declaraciones en Cámara Gesell y la declaración ampliatoria de la denunciante; y, 4) No realizó ninguna fundamentación en cuanto al agravio referido a la necesidad de aplicar una medida menos gravosa que la detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto 15 que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

La SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, señaló que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas fueron añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la igualdad de partes y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pamela Dennise Rosso Alba contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitó la consideración de cesación de su detención preventiva, que mereció el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021 de 13 de abril, mediante el cual el Juez de primera instancia rechazó su solicitud, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, frente a ello, formuló recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista 163/2021 de 16 de igual mes, emitido por el Vocal ahora accionado, a través del cual se declaró improcedente el mencionado recurso, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, en sentido que: i) Repitió los argumentos del Juez de primera instancia; ii) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, no declararon las personas que se mencionan en el Auto de Vista indicado y no señaló ninguna prueba que fue omitida por el Juez de primera instancia, ni los agravios que denunció respecto al Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021; iii) Se emitió una resolución ultrapetita al referirse que se encontrarían pendiente las declaraciones en Cámara Gesell y la declaración ampliatoria de la denunciante; y, iv) No realizó ninguna fundamentación en cuanto al agravio referido a la necesidad de aplicar una medida menos gravosa que la detención preventiva. Previamente a ingresar al fondo de la problemática planteada, es necesario precisar que, la revisión a la decisión asumida en sede judicial, se efectuará a partir de la última Resolución pronunciada en la jurisdicción ordinaria, en observancia de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo; en razón a que la misma, tuvo la posibilidad de corregir y enmendar la determinación dispuesta por el Juez de primera instancia; por lo que, corresponde analizar únicamente el Auto de Vista 163/2021, emitido por el Vocal ahora accionado. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que mediante memorial presentado el 7 de abril de 2021, el accionante solicitó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del Departamento de La Paz, la cesación de su detención preventiva, por existir nuevos elementos que demuestran que no concurren los motivos que la fundaron y porque torna conveniente que sea sustituida por otra medida, en consecuencia disponga la cesación de su detención preventiva y se le impongan medidas menos gravosas (Conclusión II.1.); por lo que, mediante Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021, la mencionada autoridad judicial, rechazó la petición formulada por el accionante y al finalizar la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, el nombrado a través de su abogado formuló recurso de apelación incidental contra el indicado Auto, argumentando la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva y a la valoración de la prueba (Conclusión II.2.). En virtud a ello, por Auto de Vista 163/2021 el Vocal hoy accionado, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021, aclarando que las medidas cautelares, conforme establece el art. 250 del CPP, son modificables en cualquier momento del proceso (Conclusión II.3.). Ahora bien, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones vinculadas al régimen de medidas cautelares deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho y de derecho en los que basan sus decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo reemplazar esa labor con la simple relación de los documentos o requerimientos. Dentro de esa lógica, dicha exigencia tiene mayor incidencia en la emisión de una resolución que disponga o ratifique la aplicación de la detención preventiva, en la que se debe establecer el cumplimiento de los requisitos de validez para el efecto, alcanzando esa obligación tanto al Juez de primera instancia como al Tribunal de alzada que conozca en grado de apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. Bajo ese marco, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los aspectos denunciados por el accionante en esta acción tutelar son evidentes o no. Por consiguiente, si bien no se tiene memorial alguno donde se expongan los agravios denunciados contra el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021, es necesario remitirnos a los agravios expuestos en el Auto de Vista 163/2021, el cual establece que el accionante denunció ante el Juez de primera instancia: a) Solicitó la cesación de la detención preventiva en aplicación del art. 239.1 de la “Ley N° 1173” tomando en cuenta la “Resolución” 96/2021 de 24 de marzo, por el que se dispuso la detención preventiva del accionante por la concurrencia de riesgos procesales previstos por los “artículos 1, 7 y 235 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal…” (sic), que conoció la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación, en la que se enervaron los riesgos procesales establecidos por el art. 234.1 y 2 del CPP, sosteniendo que presentó como nuevos elementos de prueba la Resolución “193” y no demostró que no tenga arraigo natural, existiendo falta de valoración de la prueba por parte del Juez de primera instancia y ante la orden de citación de 12 de febrero de 2021 se presentó voluntariamente. b) Respecto al peligro de obstaculización, presentó el acta de garantías, el acta de medidas de protección para la víctima, las garantías unilaterales, la declaración de testigos de cargo, asimismo el informe de 30 de marzo de 2021, emitido por el investigador asignado al caso, en el que se estableció que su persona se presentó de manera voluntaria a dependencias de la FELCC para que se ejecute el mandamiento de detención preventiva de 24 del citado mes y año; de igual manera, en cuanto su conducta se tiene que no obstaculizó la etapa de investigación, por ello no existió la necesidad de su detención preventiva; sin embargo, no se consideró lo señalado por los arts. 7 de la CADH; 7, 221 y 222 del CPP; por lo que solicitó se revoque la resolución apelada -Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la detención Preventiva 120/2021- y se disponga una medida menos gravosa como ser la detención domiciliaria. En respuesta, el Ministerio Público señaló que se dispuso la detención preventiva del accionante por dos meses tomando en cuenta la certificación de la víctima en la que se señala que la misma tiene siete días de incapacidad por lesiones gravísimas y el nombrado debe presentarse en todos los actos investigativos, asimismo, la documentación que presentó no fue pertinente. Por su parte, el abogado de la víctima sostuvo que faltó que se realice un acto investigativo, como la declaración en Cámara Gesell, la valoración psicológica y además de determinarse la personalidad del accionante, persistiendo el peligro para la víctima, en cuanto a los dos meses de plazo para que se concluya la investigación, tomando en cuenta que el accionante no se sometió voluntariamente al proceso, ya que fue buscado en “Achumani” y se negó a dar referencias del lugar donde podría ser encontrado; a pesar que desvirtuó el riesgo procesal de domicilio; por lo que, solicitó que se confirme el Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021. En consideración al recurso de apelación incidental planteado por el accionante, los argumentos del Ministerio Público y del abogado de la víctima, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 163/2021, señaló que:

1) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, se estableció que persiste ese peligro procesal porque la víctima es una mujer de 18 años de edad, quien sufrió amenazas psicológicas y físicas, y siente temor, y en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares -de 24 de marzo de 2021- manifestó que merece una doble y reforzada protección por parte de todo operador de justicia. En ese sentido, realizando un contraste con el razonamiento del Juez de primera instancia y la “…resolución de imputación que cursa a fojas 5, sostiene que el 25 de enero de 2021, el ciudadano Eric René Cárdenas Patzi le contactó a la víctima por Instagram el año 2020 señalando que logra una respuesta de su hija dice según la madre de la víctima…” (sic), se hablaron por varios meses y notó cambios de comportamiento en la misma, como alejarse de amistades, por cuanto “llevó a su hija” al psicólogo quien determinó la existencia de maltrato psicológico, amenazas y chantajes, por ello la defensa del accionante presentó garantías unilaterales; empero, empero el Juez de primera instancia mediante un razonamiento objetivo, determinó que esas garantías fueron anteriores a dicha audiencia; es decir, que datan de 1, 4 y 12 de febrero -se entiende de 2021-, por cuanto los elementos son contradictorios para desvirtuar el señalado riesgo procesal. 2) Respecto al art. 235.2 del CPP, el accionante sostuvo que faltan testigos para declarar; sin embargo, en audiencia señaló que declararon testigos; empero, no los testigos propuestos para desvirtuar ese riesgo procesal -Pamela Denisse Rosso Alba y Keythlyn Nicole Molina Rosso- y también a “fojas 63 vuelta” de la resolución apelada -Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021- se destaca el mismo análisis del Juez de primera instancia; en sentido que, declararon más personas como como Diva Ardiles, Delma Patzi Ardiles y respecto a Pamela Denisse Rosso Alba y Keythlyn Nicole Molina Rosso, las cuales se entiende que el accionante influenció de forma negativa; no obstante, son testigos de cargo que no tienen ninguna relación con el riesgo procesal que analizó el Juez de la causa, por ello no se evidenció agravio. El abogado del accionante, en la vía de aclaración, complementación y enmienda, señaló que: i) El Juez de primera instancia ingresó en una incongruencia omisiva vinculada a la vulneración del derecho al debido proceso por falta de motivación, ya que no valoró el informe de 13 de abril de 2021, emitido por el investigador asignado al caso y tampoco fue mencionado por el Vocal ahora accionado, ni explicó todos los agravios expuestos el recurso de apelación incidental; ii) El Vocal hoy accionado afirmó que el Juez de la causa consideró que las garantías son anteriores a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; extremo que nunca fue mencionado por dicho Juez; iii) Existió contradicción sobre la declaración de la denunciante, ya que el Auto Interlocutorio de Consideración de Aplicación de Medidas Cautelares 096/2021 señaló que no declaró; empero se evidencia que presentó su declaración testifical y podía ampliar la misma, por ello cuestionó el hecho que se encuentre detenido preventivamente hasta que a la parte denunciante “le plazca” presentar esa posible ampliación de declaración; y, iv) En el Auto de Vista 163/2021 se establecieron únicamente dos fundamentos; a pesar que, presentaron múltiples elementos nuevos de convicción; es decir, el valor que se le otorgó a la Resolución “193” porque uno de los fundamentos para la detención preventiva era que tenía el arraigo social y natural. En mérito a esas peticiones, el Vocal ahora accionado, señaló que: a) Respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, vinculado al informe del investigador asignado al caso, se conoció los agravios del Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva 120/2021 y se apartó de los razonamientos del Juez de primera instancia, y tomó en cuenta las amenazas psicológicas y físicas, contrastando con la “resolución de imputación”, incluso mencionando fojas; b) Sobre las garantías que no se encuentran en dicho Auto Interlocutorio y que se estaría transcribiendo argumentos que no coinciden con la realidad. Al respecto, se evidenció que el accionante señaló textualmente que en esa audiencia -de consideración de cesación a la detención preventiva- se presentaron elementos probatorios que pretenden desvirtuar esos extremos y más adelante se indica que se presentaron actas de garantía que son del “12 de febrero” todas aquellas anteriores a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de marzo de 2021; c) Con relación a que el nombrado debe permanecer detenido hasta que declaren, si el Juez de la causa otorgó dos meses para que se realice la etapa de investigación, el accionante no puede constreñir al Ministerio Público a que realice los actos investigativos de acuerdo a los intereses de la parte imputada, porque es autónomo; y, d) Respecto al valor que se le dio a la “resolución”, refirió que las autoridades judiciales no valoran resoluciones sino analizan. En ese sentido, tomando en cuenta los agravios expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental, así como los hechos denunciados en la acción tutelar, en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, el accionante señaló que el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 163/2021 repitiendo los argumentos del Juez de primera instancia; sin embargo, se evidencia que realizó la debida fundamentación, motivación y valoración integral de la prueba; puesto que si bien tomó en cuenta las pruebas referidas por el Juez de la causa, también explicó de manera clara y precisa todas las razones que le permitieron asumir esa determinación e incluso hizo referencia de manera puntual a los elementos que analizó, señalando que persiste el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, resaltando al efecto que las garantías que ofreció el accionante a la víctima son anteriores a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de marzo de 2021, por lo que dicha documentación no es pertinente para desvirtuar ese riesgo procesal, y que la víctima de 18 años de edad sufrió amenazas psicológicas y físicas; razón por la cual, mereció una atención prioritaria por encontrarse dentro de los grupos de vulnerabilidad; pues con ello, basándose en pruebas objetivas y en aplicación a la Ley 348, realizó una ponderación respecto a la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima con relación al accionante -conforme el tipo de delito-, y el resguardo efectivo del Estado hacia la misma, teniendo en cuenta que el peligro para la víctima debe ser comprendido desde una protección amplia en delitos de violencia sexual y familiar, entendimiento acogido además por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, por tanto no existe omisión alguna de valoración de prueba, correspondiendo denegar la tutela solicitada sobre este punto. En ese marco, es necesario precisar que la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), contiene diversas normas inherentes a los derechos de las mujeres y la tutela de los mismos que deben otorgar los Estados parte, regulaciones entre las que se tiene el derecho a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, derechos que entre otros comprende el derecho a que se respete su vida; que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; y el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; siendo deber de los Estados partes, entre muchos, adoptar medidas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, así como establecer medidas de protección. Es con base en esos lineamientos y directrices normativas que Bolivia promulgó Ley 348, que a su vez inspiró en parte la modificación del Código de Procedimiento Penal a través de la Ley 1173, incluyendo normas vinculadas a la aplicación de medidas cautelares, y de protección para las mujeres observando justamente su vulnerabilidad, previniendo su resguardo de forma oportuna; por lo que, el Estado tiene la obligación de aplicar adecuada, oportuna y diligentemente, no solo las normas relacionadas con los derechos de las mujeres, sino los diversos instrumentos internacionales que tiendan a su protección; aspecto considerado por la jurisprudencia constitucional, sin que la observancia y aplicación de sus entendimientos pueda alegarse como arbitraria o irracional. Respecto al riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, el Vocal hoy accionado señaló de manera puntual que los testigos de cargo que faltan declarar, no tienen relación con dicho riesgo procesal; es decir, que con esa prueba no se desvirtúa por más que existan declaraciones pendientes; por lo que, el Vocal ahora accionado realizó una fundamentación razonable y una efectiva valoración integral de todas las pruebas presentadas sobre este punto, por tanto, no se evidencia vulneración alguna al debido proceso en los elementos alegados en la acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada. De igual forma se evidencia que el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista 163/2021, hizo referencia a las declaraciones pendientes en Cámara Gesell, si bien no es un argumento que planteó el accionante en su recurso de apelación incidental, no es menos evidente que se pronunció sobre ese aspecto en respuesta a la intervención del abogado de la víctima, evidenciándose con ello la valoración integral de todos los elementos presentados en audiencia por cuanto no emitió una resolución ultrapetita. Respecto a la necesidad de aplicar una medida menos gravosa a su detención preventiva, el accionante alegó que el Vocal ahora accionado no realizó ninguna fundamentación; sin embargo, se evidencia que ante la solicitud de complementación, explicación y enmienda formulada al finalizar la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, la mencionada autoridad judicial señaló respecto a que el accionante debe permanecer detenido hasta que declaren, si el Juez otorgó dos meses para que se realice la etapa de la investigación, la parte imputada no puede constreñir al Ministerio Público a que éste realice los actos investigativos de acuerdo a los sus intereses, ya que es autónomo, advirtiendo con ello, que se respondió a su petición no existiendo omisión alguna por parte del Vocal hoy accionado, así como tampoco se vulneró los derechos del accionante; por cuanto, corresponde denegar la tutela solicitada. En ese sentido, es necesario precisar que el Vocal hoy accionado no puede determinar una medida menos gravosa, si es que persisten los motivos que dieron lugar a la detención preventiva del accionante y que no fueron desvirtuados con prueba idónea por el mismo. Conforme a lo expuesto, se advierte que el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 163/2021, con la debida fundamentación y motivación, efectuando una valoración integral de la prueba presentada, por lo que no existe vulneración de los derechos alegados por el accionante en la acción de defensa, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2021 de 21 de abril, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 902f77c730d5047729d67c60ea245d290b39866e1058e7344745a5a3068abe9f

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