B.IA.LEGAL

SCP 0010/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de febrero de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de febrero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
51052-2022-103-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; toda vez que, al ser madre de dos víctimas menores de edad dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público contra Ernesto Valencia Tango, quien fue sentenciado en primera instancia por el delito de violación a infante, niño, niña o adolescente, quien solicitó cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -cuyos miembros ahora demandados-, acto procesal celebrado el 18 de agosto de 2022, en el que el prenombrado presentó informe pericial psiquiátrico para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, y que una vez valorado por el citado Tribunal, este le otorgó la cesación de la medida impuesta mediante el Auto Interlocutorio 14/22 de la misma fecha, bajo un entendimiento sesgado, parcializado y desprotegiendo a las víctimas de violencia, incumpliendo los estándares internacionales, el bloque de constitucionalidad, sin aplicar el enfoque de género, obviando sus argumentos y fundamentos, hechos que atentan contra el citado derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 66 vta. a 68, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 14/22 de 18 de agosto de 2022, debiendo el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de dicha Capital y departamento, emitir uno nuevo en el marco de los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La reconducción o reconversión de acciones de defensa
  2. III.2. El contenido esencial mínimo del derecho a la vida
  3. III.3. Abstracción y/o flexibilización de la subsidiariedad cuando se encuentren involucrados derechos de niña, niño y adolescente
  4. III.4. Sobre la naturaleza y el alcance del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  5. III.5. La protección que brinda el Estado a las mujeres respecto al derecho a vivir una vida libre de violencia
  6. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2023-S2 Sucre, 22 de febrero de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 51052-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2022 de “06 de septiembre” -siendo lo correcto y en adelante 31 de agosto-, cursante de fs. 66 vta. a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adela Ramírez Osinaga contra Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Ismael Burgos Olmos y Lilian Zabala Zambrana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 33 a 47 vta., la accionante refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ernesto Valencia Tango, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en el cual se constituye víctima junto a sus dos hijas menores de edad, el prenombrado al ser sentenciado en primera instancia por el citado ilícito, solicitó cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -cuyos miembros ahora son demandados-, que mediante Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, le otorgó dicha cesación a la medida impuesta, que fue revocada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, por Auto de Vista de 28 de marzo de igual año; por lo que, nuevamente en audiencia de 18 de agosto del mismo año, pidió cesación de la medida extrema, en la que su defensa técnica presentó un informe psiquiátrico para desvirtuar el riesgo procesal descrito en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), consistente en el peligro efectivo para la víctima; según el cual, el sentenciado no presentaba ningún rasgo de violencia o de peligro efectivo; documento que el Tribunal demandado valoró bajo un entendimiento sesgado y parcializado, sin aplicación del enfoque de género y desprotegiendo a las víctimas, llegando a emitir el Auto Interlocutorio 14/22 de esa fecha, otorgándole la cesación de la detención preventiva, incumpliendo los estándares internacionales e inobservando el bloque de constitucionalidad, haciendo caso omiso al referido Auto de Vista que señaló: “…ese informe psicológico (…) de ninguna manera establece que el imputado no represente un riesgo para la víctima, en todo caso lo que se debería hacer sería un informe psicológico a las víctimas (…) porque aquí lo que se tiene que proteger es a los menores, la prioridad del Estado en relación a los derechos que debemos proteger como Estado…” (sic), obviando sus argumentos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida, citando al efecto los arts. 15.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El Cumplimiento de la aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, el Código Niña Niño y Adolescente; y, del bloque de constitucionalidad con enfoque de género; y, b) Se proteja a las víctimas del presente proceso penal, y se dicte nueva resolución de cesación de la detención preventiva con base en el Auto de Vista de 28 de marzo de 2022, ordenando se mantenga latente el art. 234 del CPP, y negando la cesación de dicha medida extrema a Ernesto Valencia Tango.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 64 a 66 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos añadió que: 1) El Estado a través de las instancias correspondientes tiene la obligación de actuar con la debida diligencia por tratarse de un delito de violencia contra la mujer; sin embargo, los demandados actuaron de manera parcializada a favor del agresor y no leyeron la integridad del informe psiquiátrico, pese a existir dos víctimas menores de edad, quienes deben recibir protección reforzada; 2) Hay un recurso de apelación dentro del proceso penal que el Tribunal demandado tardó una semana en enviar a la sala penal correspondiente, tiempo en el que las víctimas corrían peligro en espera del señalamiento de audiencia para la resolución del mismo; y, 3) El procesado tiene una sentencia ejecutoriada por el delito de violencia familiar o doméstica, otra por homicidio y una que está en fase de apelación, además, de que estaría siendo buscado en el país de España por narcotráfico; por cuanto, el Tribunal demandado otorgó cesación de la detención preventiva a una persona que tendría conducta delictiva reiterada y puso los derechos del sentenciado por encima de los derechos de las víctimas. Haciendo uso de la palabra, refirió que su vida se encontraba en peligro ya que fue “…sobreviviente al feminicidio por el hoy denunciado Ernesto Valencia Tango y también mis hijas han sido vejadas sexualmente (…) toda vez que vivimos al frente del domicilio del hoy acusado (…) hasta hace horas yo llevo recibiendo amenazas de muerte” (sic).

I.2.2. Informe de los demandados

Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Ismael Burgos Olmos y Lilian Zabala Zambrana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 61 a 62 vta., señalaron que: i) Emitieron sentencia condenatoria en primera instancia contra Ernesto Valencia Tango, quien interpuso apelación restringida; la cual, fue remitida a la Sala Penal correspondiente y aún no tiene calidad de cosa juzgada; y, ante la solicitud del prenombrado de cesación de la detención preventiva, programaron audiencia para el 18 del señalado mes y año; ii) La accionante cuestionó el referido verificativo, en el que por voto unánime mediante Auto Interlocutorio 14/22, dispusieron otorgar la cesación de esa medida cautelar, la cual fue objeto del recurso de apelación incidental por parte del Ministerio Público y la víctima, conforme al art. 251 del CPP; encontrándose en fase recursiva y pendiente de resolución y no puede pretenderse cuestionar una resolución que fue apelada por la misma peticionante de tutela; y, iv) El acto lesivo que denuncia la solicitante de tutela no está vinculado a la libertad, y no existe estado de indefensión; ya que, la misma presentó recurso de apelación incidental y no sería coherente el uso irracional de las acciones de defensa; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 17/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 66 vta. a 68, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Se debe tomar en cuenta que existen los medios idóneos donde se puede reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física que este ilegalmente restringida, y que deben ser utilizados previo a acudir a la justicia constitucional, como en el caso presente, se tiene al recurso de apelación incidental que puede activarse antes que la acción de libertad; sin embargo, la peticionante de tutela solicitó mediante este mecanismo de defensa que se valoren pruebas y resoluciones como si fuera un tribunal ordinario; y, b) Existen vías intraprocesales que tienen que consumarse antes de habilitarse la justicia constitucional; así como en el caso, hay un recurso de apelación pendiente de resolución y podrían haber contradicciones entre materia ordinaria y constitucional; por lo que, deben agotarse las instancias correspondientes y prevalecer el principio de subsidiariedad excepcional. La peticionante de tutela solicitó complementación y enmienda a la citada Resolución, respecto a los agravios señalados, a los que en sustanciación y resolución el Tribunal de garantías refirió que el fallo emitido es claro; por lo que, resolvió su rechazo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Informe Pericial Psiquiátrico presentado el 15 de julio de 2022, realizado a Ernesto Valencia Tango -sentenciado-, firmado por Yury Lauro Aguilera Gutiérrez, médico psiquiatra forense (fs. 12 a 19). II.2. Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 18 de agosto de igual año (fs. 2 a 4). II.3. Por Auto Interlocutorio 14/22 de la referida fecha, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, concedieron la cesación de dicha medida extrema a favor del condenado (fs. 4 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; toda vez que, al ser madre de dos víctimas menores de edad dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público contra Ernesto Valencia Tango, quien fue sentenciado en primera instancia por el delito de violación a infante, niño, niña o adolescente, quien solicitó cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -cuyos miembros ahora demandados-, acto procesal celebrado el 18 de agosto de 2022, en el que el prenombrado presentó informe pericial psiquiátrico para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, y que una vez valorado por el citado Tribunal, este le otorgó la cesación de la medida impuesta mediante el Auto Interlocutorio 14/22 de la misma fecha, bajo un entendimiento sesgado, parcializado y desprotegiendo a las víctimas de violencia, incumpliendo los estándares internacionales, el bloque de constitucionalidad, sin aplicar el enfoque de género, obviando sus argumentos y fundamentos, hechos que atentan contra el citado derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La reconducción o reconversión de acciones de defensa

La SCP 0092/2020-S3 de 18 de marzo, sostuvo que: “La SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, efectuó la reconducción procesal de una acción de libertad a una acción de amparo constitucional ante la evidente vulneración de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del accionante. Sin embargo, previamente se cumplió con la verificación de los requisitos y las causales de improcedencia para la admisión de una acción de amparo constitucional, de esa manera, se resolvió el fondo de la problemática planteada.

‘(…)

…Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales’.

De conformidad con el art. 109.I de la CPE: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’. Bajo esa prescripción, según el art. 13.I de la Norma Suprema, los derechos fundamentales son inviolables. En aplicación de las referidas normas de mandato y prohibición constitucionales, corresponde reconducir la SCP 0617/2016-S2, con relación al siguiente entendimiento: ‘Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada…’; puesto que, contiene un razonamiento limitativo y no abarca de forma íntegra y progresiva el derecho de acceso a la justicia constitucional que tiene la o el accionante; incurriendo en dilaciones innecesarias e impidiendo así el resguardo del principio de justicia material, pues no obstante de que se exigen ciertos requisitos para la admisión y tramitación de una acción de defensa para preservar su naturaleza jurídica, ello no implica que deba darse prioridad a la exigencia de formalismos jurídicos, sino que en virtud al principio pro actione, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional analizar las circunstancias especiales que se presenten en cada caso particular, otorgando, a través de la aplicación de la reconducción procesal, una tutela pronta, real y efectiva de los derechos y garantías constitucionales en pro del principio de economía procesal; siempre y cuando sea evidente e incuestionable su vulneración, lo que conllevará a conceder la tutela solicitada, mediante un pronunciamiento expreso. Por consiguiente, con base a los principios precedentemente enunciados, una vez que sea aplicada excepcionalmente la reconducción procesal por los Jueces o Tribunales de garantías y Salas Constitucionales o el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, las denuncias realizadas por la o el accionante merecerán un pronunciamiento de fondo.

Por lo expuesto, el texto constitucional citado en la SCP 0617/2016-S2, es reconducido, al entendimiento de la SCP 0210/2013 que determinó lo siguiente: “Conforme a los antecedentes jurisprudenciales (…) la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos’.

En ese orden, se complementa dicho entendimiento en sentido que la reconducción o reconversión procesal de las acciones procederá en dos situaciones: i) Cuando el accionante planteé una acción de defensa equivocada jurídicamente y corresponda denegar la tutela solicitada bajo el criterio de aplicación formalista del derecho, pero; sin embargo, ello conduzca hacia la postergación sistemática de la justicia en caso de una evidente vulneración de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales; debiendo además concurrir simultáneamente los siguientes requisitos: a) La demanda constitucional debe coincidir con la naturaleza de la acción de defensa a la que será reconducida; y, b) Los fundamentos sobre los hechos, derechos supuestamente vulnerados y petitorio deberán ser expuestos de forma clara, precisa y congruente, situación que permitirá ingresar al análisis de la problemática planteada en el caso concreto, con el fin de garantizar una justicia pronta y oportuna de los derechos y garantías constitucionales; y, ii) Por atención prioritaria, cuando las partes accionantes pertenezcan a grupos vulnerables, entre ellos, las personas de las NPIOC y afro descendientes, niña, niño y adolescente, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres en estado gestación, personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales (GLBTI) y personas con enfermedades graves o terminales; y corresponda la protección constitucional efectiva, inmediata y reforzada (las negrillas y subrayado fueron añadidos).

III.2. El contenido esencial mínimo del derecho a la vida

En cuanto al derecho a la vida a protegerse y promoverse por el Estado y las autoridades públicas, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, concluyó que: “Sobre el derecho a la vida el Tribunal Constitucional señaló en la SC 1684/2003-R de 24 de noviembre: ‘…El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000- R, es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección’. En el mismo sentido la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, señaló: ‘…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones’.

Todos los derechos fundamentales son iguales en jerarquía proclama el art. 13. III de la Constitución; sin embargo, es lógico asumir que el derecho a la vida implica ciertas situaciones particulares que deben ser consideradas a momento de tramitar su protección jurisdiccional en instancias de la jurisdicción constitucional, pues si no se cuenta con este derecho fundamental ningún otro podrá ser ejercido, además de ello, toda la sociedad políticamente organizada no tendría sentido de no ser para garantizar a los seres humanos el derecho a una vida digna.

De ahí se tiene que toda decisión administrativa, legislativa o judicial siempre deberá compulsar dos principios esenciales, que son: i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida. Estos dos principios se deducen de la estructura normativa y jurisprudencial de este derecho en el contexto internacional de los Derechos Humanos y en el contexto constitucional boliviano. (…) 2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.

3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. De estos escenarios descritos se tiene que el derecho a la vida no puede ser conceptualizado de manera unívoca; sin embargo, debe quedar claro que a la luz de un nuevo espíritu constitucional el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Abstracción y/o flexibilización de la subsidiariedad cuando se encuentren involucrados derechos de niña, niño y adolescente

Al respecto, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, estableció lo siguiente: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (el resaltado es nuestro). Así también, la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, establece al respecto: “Constituyendo la subsidiaridad una de las características esenciales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño irreparable, como son las medidas de hecho, así como de las personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad” (énfasis añadido).

III.4. Sobre la naturaleza y el alcance del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.

En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’.

En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales” (las negrillas nos corresponden). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, de 19 de mayo de 2014 señaló: “134. De lo anterior se colige que, conforme el marco normativo expuesto, en relación con la violencia contra la mujer, el deber de garantía adquiere especial intensidad en relación con niñas. Esto es así debido a que la vulnerabilidad circunstancial a la niñez puede verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer. En ese sentido, debe advertirse que las niñas son, como se ha aseverado. ‘particularmente vulnerables a la violencia’. La especial intensidad mencionada se traduce en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia”.

III.5. La protección que brinda el Estado a las mujeres respecto al derecho a vivir una vida libre de violencia

Este tópico de protección a grupos vulnerables fue desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, así la SCP 1961/2013 de 4 de noviembre, entendió: “El constituyente no se cansó de reiterar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, así el art. 8 de la CPE, sostiene que: ‘El Estado se sustenta en los valores de (…) igualdad, inclusión, dignidad, libertad (…) respeto, complementariedad (…) armonía (…) igualdad de oportunidades (…) equidad (…) de género…’; posteriormente, sostiene también en su art. 14, que: ‘El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo… u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona’ para luego referirlo expresamente en el art. 15 donde sostiene: ‘II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género… así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, en su art. 1, refiere que la discriminación contra la mujer puede expresarse como: ‘…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera’. Para este Tribunal entonces resulta claro que la violencia contra las mujeres puede generarse por la desorganización estructural del aparato estatal e institucional, por prácticas culturales que tienden a reproducirse de generación a generación aunque las mismas tengan la característica de ser inconscientes o se puedan imputar a título de negligencia, ello porque la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos refieren a los actos u omisiones den por ‘…resultado…’ a la anulación o inclusive el menoscabo del ejercicio de los derechos específicos de las mujeres.

Considerando la deuda histórica-cultural, la falta de reconocimiento a las actividades desarrollados por las mujeres (v.gr. trabajo en el hogar) el contexto de discriminación a las mujeres (v.gr. la falta de acceso de cargos de decisión o sueldos más bajos, etc.) la falta de medidas idóneas para prevenir y erradicar la referida situación de vulnerabilidad puede implicar una forma de violencia así un trato uniforme a situaciones diversas puede generar la vulneración del principio de igualdad que implica otorgar ‘…el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales…’ (DC 002/2001 de 8 de mayo). Debe recordarse por otra parte que los derechos generan obligaciones negativas o de abstención como es el de no discriminar y obligaciones positivas o afirmativas requieren que el Estado sus servidores públicos y la sociedad adopten las medidas necesarias e idóneas para satisfacer el contenido de los derechos de forma que la igualdad y el ejercicio de los derechos no sea únicamente formal sino real o material.

El art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostiene: ‘Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades’ lo que concuerda con el art. 15. III de la CPE, que establece: ‘El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género… así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado'”. La Corte IDH, en el caso I.V. Vs. Bolivia de 30 de noviembre de 2016, sostuvo: “250. En el ámbito interamericano, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ establece que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, y que este derecho incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Además, señala que los Estados deben ‘abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación’. En este sentido, la Corte recuerda que la protección a los derechos humanos, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar. Para hacer efectiva esta protección, la Corte ha considerado que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida; toda vez que, al ser madre de dos víctimas menores de edad dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público contra Ernesto Valencia Tango, quien fue sentenciado en primera instancia por el delito de violación a infante, niño, niña o adolescente, este solicitó cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -cuyos miembros ahora demandados-; acto procesal celebrado el 18 de agosto de 2022; en el que, el prenombrado presentó un informe pericial psiquiátrico para desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, y que una vez valorado por el citado Tribunal, este le otorgó la cesación de dicha medida impuesta mediante el Auto Interlocutorio 14/22 de la misma fecha, bajo un entendimiento sesgado, parcializado y desprotegiendo a las víctimas de violencia, incumpliendo los estándares internacionales, el bloque de constitucionalidad, sin aplicar el enfoque de género, obviando sus argumentos y fundamentos, hechos que atentan contra el citado derecho. De la revisión de antecedentes se tiene que, con base en un informe pericial psiquiátrico de 15 de julio de 2022, realizado al sentenciado respecto si era un peligro para la víctima (Conclusión II.1); este solicitó cesación de la detención preventiva en audiencia de 18 de agosto de 2022, ante el Tribunal demandado, verificativo que se llevó a cabo la misma fecha, donde mediante su abogado dio lectura a dicho informe; y, en el mismo acto procesal la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia refirió que “…el informe psiquiátrico no es idóneo para enervar el riesgo procesal de la víctima, y siendo que son niñas del grupo vulnerable…” (sic [Conclusión II.2]). Concluida la misma, el referido Tribunal mediante Auto Interlocutorio 14/22 de igual fecha, resolvió conceder la cesación de la citada medida extrema al sentenciado, imponiéndole las medidas consistentes en arresto domiciliario, verificación de domicilio real, arraigo, fianza económica, prohibición de acercarse a las víctimas y a la progenitora de las mismas y no consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes y/o sustancias controladas; Resolución que fue recurrida en apelación incidental (Conclusión II.3).

Es necesario considerar que en el presente caso, tanto las menores víctimas como su madre -accionante-, pertenecen a un grupo vulnerable, aspecto que se encuentra dentro de la segunda situación para la procedencia de la reconducción o reconversión procesal de las acciones, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y los principios de eficacia de los derechos fundamentales, economía procesal, pro actione y iura novit curia; lo que, permite a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; en consecuencia, proceda a realizar la reconversión de la acción de libertad a la acción de amparo constitucional a efecto de poder analizar el Auto Interlocutorio 14/22; en tal razón, corresponde revisar el cumplimiento de los requisitos expuestos por el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo); así, en el memorial de la acción de defensa planteada se consignaron los datos de los representantes de la víctima y de su abogada, se individualizó al o los demandados, realizaron una amplia relación de los hechos cuestionando el citado Auto Interlocutorio y sus fundamentos, e identificaron que el mismo lesiona sus derechos, peticionó se conceda la tutela y se disponga la aplicación de la normativa especial para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y se proteja de manera reforzada a las víctimas, ordenando se dicte una nueva resolución. Así también, cabe señalar que las cuestiones expuestas por la solicitante de tutela, se hallan referidas a la lesión al derecho a la vida de la aludida y de sus hijas menores, derecho que a decir de ello, fue vulnerado por el citado Auto Interlocutorio, impugnado mediante el recurso de apelación incidental; y que, si bien no se enmarca al ámbito de protección de la acción de libertad, es por la naturaleza del delito y su necesaria protección reforzada, así como, por lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual refiere que el derecho a la vida es el bien jurídico más importante que consagra el orden constitucional, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos, es también inalienable de la persona, que obliga al Estado a su respeto y protección a gozar de una vida digna, colaborativa y sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral, particularmente de las mujeres; así como, el entendimiento descrito en Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional referente a que los niños, niñas y adolescentes pertenecen a un grupo vulnerable y tienen amparo privilegiado por parte del Estado, siendo que deben ser protegidos de manera especial, y que todas las decisiones que tomen las autoridades en situaciones donde se puedan afectar sus intereses sean asumidas velando el interés superior de los mismos; que, en el presente caso al existir menores involucradas, quienes fueron víctimas de abuso sexual, de acuerdo a lo reclamado por la accionante, dicha Resolución al otorgar la cesación de la detención preventiva al sentenciado, le ocasionó una lesión al derecho que reclama a favor de la aludida y las menores víctimas.

Además, cabe verificar sobre la concurrencia o no de las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, establecidas en el art. 53 del CPCo; así, respecto al principio de subsidiariedad que rige al citado mecanismo de defensa, es aplicable lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo que la subsidiariedad es uno de los requisitos esenciales de la acción de amparo constitucional y dado que la peticionante de tutela apeló el Auto Interlocutorio 14/22 (Conclusión II.3), encontrándose el mismo pendiente de resolución al momento de la presentación de su acción de defensa; en ese entendido, la jurisprudencia estableció excepciones en consideración a los derechos fundamentales de las personas que requieren una protección inmediata, abstrayéndose las exigencias procesales en grupos vulnerables, como en el caso presente, al ser las víctimas menores de edad; por lo que, se encuentra bajo la protección de la referida acción tutelar; debiendo ser abstraído el principio de subsidiariedad para su análisis de fondo. Asimismo, respecto al principio de inmediatez, conforme lo manifestado en el escrito presentado ante este Tribunal, el Auto Interlocutorio que reclama fue emitido el 18 de agosto de 2022, en audiencia de cesación de la detención preventiva, fecha en la que tomó conocimiento del mismo; por lo que, está dentro del plazo para la interposición de la citada acción de libertad -29 de ese mes y año-, que va en concordancia con el art. 55 de la aludida norma procesal, para la activación de la acción de amparo constitucional establecido en el mencionado artículo. Así también, se entiende que la legitimación activa es un requisito para la activación del citado mecanismo constitucional; por lo que, la impetrante de tutela al actuar en representación de sus hijas menores de edad, señalando la transgresión a su derecho fundamental y demostrando su vinculación entre el hecho que impugna y su derecho presuntamente afectado, da cumplimiento al indicado requisito.

Es así que, habiéndose establecido la reconducción del mecanismo de defensa presentado, hacia la acción de amparo constitucional, concierne ingresar al análisis de fondo de problemática planteada.

En el presente caso, se deduce que la accionante cuestiona el Auto Interlocutorio, por el que el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, otorgó cesación de la detención preventiva a Ernesto Valencia Tango -sentenciado-, disponiendo su arresto domiciliario, verificación de domicilio real, arraigo, fianza económica, prohibición de acercarse a las víctimas y consumir bebidas alcohólicas; decisión que tomó valorando un informe pericial psiquiátrico para desvirtuar el peligro para la víctima con fundamentos grotescos, sesgados, sin aplicar perspectiva de género y parcializados a favor del condenado y desprotegiendo a las víctimas, poniendo en riesgo su integridad y amenazando su derecho a la vida, con base en los siguientes fundamentos:

“…refiere al principio de inocencia, al presente recalca este tribunal existe una sentencia, mas no esta ejecutoriada, es solo una sentencia en primera instancia. …los jueces tienen la obligación de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y una posible aplicación de la ley… ...la sala penal 2da, en la última acta de audiencia de apelación a través de la cual cuestionó la carencia de informe psiquiátrico, más concretamente el auto de vista del 28 de marzo del 2022, se tiene que al presente la defensa del acusado ha cumplido con presentación del informe psiquiátrico… Que el médico psiquia[tra] en su parte conclusiva ha dispuesto (…) que el examinado carece de indicadores específicos de agresión o impulsividad como resultado de esta prueba pericial…” (sic).

Ahora bien, analizados los fundamentos del Auto Interlocutorio 14/22 emitido por el Tribunal demandado, para determinar la modificación de la medida cautelar de detención preventiva que pesaba sobre el condenado, además de señalar los antecedentes del proceso mencionó normativa del Código de Procedimiento Penal relacionada a la modificación de medidas cautelares; así como, a extractar párrafos del informe pericial psiquiátrico y que la sentencia dentro del presente proceso aún no estaba ejecutoriada. Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, el Estado garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así también adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género, entendiendo que la violencia contra las mujeres puede generarse por la desorganización estructural del aparato estatal e institucional por prácticas culturales que tienden a reproducirse de generación, a generación aunque las mismas tengan la característica de ser inconscientes o se puedan imputar a título de negligencia, ello porque la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos refieren a los actos u omisiones den por resultado a la anulación o inclusive el menoscabo del ejercicio de los derechos específicos de las mujeres. La falta de medidas idóneas para prevenir y erradicar la referida situación de vulnerabilidad puede implicar una forma de violencia, siendo que el Estado y sus servidores públicos y la sociedad deben adoptar las medidas necesarias e idóneas para satisfacer el contenido de los derechos de forma que la igualdad y el ejercicio de los derechos no sea únicamente formal, sino real o material.

Así también, la Corte IDH en el caso I.V. Vs. Bolivia, de 30 de noviembre de 2016, concluyó: “…establece que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, y que este derecho incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Además, señala que los Estados deben ‘abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación’ (…) no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.

Con el entendimiento señalado líneas arriba, es que en relación al caso motivo de estudio, donde el Tribunal demandado mediante el Auto Interlocutorio impugnado resolvió una solicitud de cesación de detención preventiva dentro de un proceso penal instaurado por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el referido Tribunal simplemente citó los arts. 22, 221 y 239.1, del CPP, transcribiendo párrafos del informe pericial psiquiátrico, y señaló: “…debemos tomar en cuenta que la observación que hizo la sala penal 2da en aquella audiencia de apelación fue en torno expreso y especifico al informe psiquiátrico” (sic), concluyendo que el sentenciado cumplió con el requisito para solicitar la cesación a la detención preventiva, haciendo mención al principio de presunción de inocencia y que la sentencia dictada en primera instancia no esta ejecutoriada; de lo que, se evidencia que teniendo conocimiento de un caso de agresión sexual a menores de edad, omitió referirse al derecho a la mujeres a vivir una vida libre de violencia, respecto al intereses superior de la niña, niño o adolescente y la protección reforzada que debe brindarse a las mujeres que son víctimas de violencia, por pertenecer a un grupo vulnerable, al no generar certidumbre en las partes respecto de su decisión ya que únicamente tomó en cuenta los elementos que beneficiaron al sentenciado, sin tomar en cuenta a las víctimas y de la atención prioritaria y reforzada que deben tener, evidenciándose en su actuar la falta de protección y garantía hacia las víctimas, que está obligado a brindar, yendo en contraposición a lo determinado por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios suscritos en relación a la violencia contra mujeres y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Es de suma importancia señalar que el derecho a una vida libre de violencia es uno de los conceptos más relevantes a partir del cual se deberá desarrollar la labor jurisdiccional en aquellos casos de cualquier forma de violencia contra las mujeres, independientemente del resultado del proceso, los operadores de justicia deben asumir que la cuestión central es analizar si con su determinación se está vulnerando o no el derecho de la presunta víctima a vivir una vida sin violencia. Este derecho permite ampliar la comprensión de los funcionarios judiciales del fenómeno de violencia contra las mujeres, tomando conciencia de sus diversas manifestaciones, así como, de los daños producidos en la vida de las mujeres y por medio de este enfoque, lograr transitar un sistema jurídico que protege a todas las mujeres de los distintos tipos de violencia, tales como la psicológica y la sexual, a su vez, este derecho exige la protección de otros, como ser a la vida, la integridad personal, a un trato igual ante la ley y el de acceso a la justicia. Es así que, al comprender el significado y alcance de este derecho, los operadores de justicia están llamados a adoptar las medidas necesarias para la atención y protección a mujeres víctimas, así también generar un entorno en el que puedan disfrutar plenamente sus derechos, rompiendo el círculo de violencia, protegiéndola, transformando las circunstancias que la ponen en riesgo y vulnerabilidad. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en su art. 9 señala: “…los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”. De lo expuesto, se denota que el Tribunal demandado, al otorgar cesación de la detención preventiva al sentenciado, no aplicó los criterios señalados supra, beneficiando con su razonamiento únicamente al condenado, sin aplicar perspectiva de género, evidenciándose de su actuar la falta de protección y garantía; así como, poniendo en riesgo el derecho a la vida de las víctimas -Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional- además de vulnerar el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mismas; por lo que, corresponde otorgar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 66 vta. a 68, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 14/22 de 18 de agosto de 2022, debiendo el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de dicha Capital y departamento, emitir uno nuevo en el marco de los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, quien es de Voto Aclaratorio; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0010_2023-S2.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 40f5260388d41edf92f7cddd82c50810cbc6ed2868dbdef295df60a58075f6aa

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