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SCP 0009/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58193-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a ser oído, a la libertad, al trabajo, a la vida, al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; así como, al principio de verdad material; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Simón Quispe Núñez en su contra: 1) El Fiscal de Materia codemandado lo imputó inicialmente por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, sustentando su imputación en meras presunciones y sin la presencia de la presunta víctima; 2) Mediante Auto Interlocutorio 108/2021, el Juez demandado dispuso su detención preventiva por el plazo de sesenta días, pese a que no cursa en obrados prueba alguna que acredite la supuesta violencia física o psicológica ejercida contra la víctima; asimismo, al momento de evaluar la concurrencia de los riesgos procesales, desconoció que cuenta con domicilio -en el cual incluso se realizaron actos investigativos-; omitió valorar las entrevistas psicológicas practicadas a sus hijos y el informe emitido por personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, elementos que demuestran su arraigo natural; y, 3) Fue imputado por los delitos de aborto y feminicidio; respecto de este último, se utilizó la misma prueba recabada en el proceso por violencia familiar o doméstica; y, se determinó la medida extrema por el plazo de seis meses en cada uno de los supuestos delitos. Al respecto, no cursa en antecedentes informe escrito alguno emitido por el …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 461 vta. a 464, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. El control jurisdiccional dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58193-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 461 vta. a 464, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Evaristo Moreira contra José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero, en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero, ambos de Pailón del departamento de Santa Cruz; y, Camilo José Velásquez Arciénega, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 7, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de diciembre de 2021 desapareció Jacinta Núñez -madre de sus hijos-; en consecuencia, “al día siguiente” intentó denunciar el hecho ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Pailón del departamento de Santa Cruz, instancias que no le dieron curso a su denuncia. En dicho contexto, Simón Quispe Núñez -hermano de la prenombrada-, el 17 de diciembre de 2021, lo denunció ante la indicada FELCV, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; luego de realizadas las investigaciones consistentes en declaraciones testificales; allanamiento, registro, requisa y secuestro, efectuado en su domicilio -acto que consintió de forma voluntaria-; y, prestada su declaración -se entiende informativa- el 23 de igual mes y año, Camilo José Velásquez Arciénega, Fiscal de Materia asignado al caso -ahora codemandado- lo imputó formalmente, con base en presunciones y sin la presencia de la víctima; en consecuencia, por Auto Interlocutorio 108/2021 de 24 de diciembre, José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal ambos Primero de Pailón del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva por el lapso de sesenta días a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de dicho departamento; sin que, cursen en obrados prueba respecto a la violencia física y psicológica ejercida a la víctima; es decir, certificado médico forense y entrevista psicológica; asimismo, los demandados al momento de evaluar la concurrencia de los riesgos procesales, desconocieron que tiene domicilio -pese a que en el mismo se realizaron actos investigativos como la requisa, las declaraciones de sus inquilinos que acreditan su derecho propietario y muestrario fotográfico-, quebrantando el principio de verdad material y seguridad jurídica y, su derecho a la propiedad; de igual modo, no analizaron las entrevistas psicológicas efectuadas a sus hijos; y, el informe realizado por el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El 22 de febrero -se entiende de 2022-, el Fiscal de Materia codemandado solicitó la ampliación de la medida extrema a ciento veinte días, alegando que se encontraban pendientes múltiples actos investigativos; por memorial presentado el 30 de mayo de igual año, informó la ampliación de delito; y, mediante escrito de 20 de junio del señalado año, lo imputó por la supuesta comisión del delito de aborto -cuando su persona hizo todo lo posible para asegurar el bienestar de su esposa y del bebé que estaba esperando-; razón por la cual, el 29 de junio de ese año, se ordenó su detención preventiva por el término de seis meses, fijando “audiencia de cesación” para el 29 de diciembre de ese año, imputación que se basó en hechos no probados, sin analizar que tiene familia, provocándole absoluta indefensión. Por otra parte, el 6 de diciembre de 2022, fue imputado por la presunta comisión del delito de feminicidio, para ello, se utilizaron las mismas pruebas presentadas en su imputación formal por el delito de violencia familiar o doméstica; por lo que, dicho acto carece de los principios de pertinencia, autenticidad y razonabilidad.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a ser oído, a la libertad, al trabajo, a la vida, al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; así como, al principio de verdad material citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se determine la existencia de responsabilidad civil y penal de los demandados; b) Se anule la detención preventiva impuesta por Auto Interlocutorio 108/2021 ordenando su libertad inmediata; y, c) Se disponga el saneamiento procesal restituyendo todas las omisiones a derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 457 a 461, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia señaló que: 1) Al haberse determinado su detención preventiva alegando que no tiene domicilio ni familia, se desconoció los actos investigativos que se realizaron -se entiende por parte del investigador asignado al caso-, en su propiedad; asimismo, respecto a la existencia de sus hijos; 2) La privación de libertad pone en riesgo su vida; y, 3) Está ilegalmente perseguido e indebidamente procesado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Si bien la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías informó que José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Pailón del departamento de Santa Cruz, remitió informe escrito, este no cursa en antecedentes; por otra parte, el nombrado no asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 11. Camilo José Velásquez Arciénega, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que: i) Las declaraciones testificales prestadas en la etapa de investigación muestran que el accionante agredía constantemente a Jacinta Núñez -su esposa-; por lo que, ante su desaparición, inicialmente aperturó un proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, lo imputó y solicitó su detención preventiva, medida extrema que le fue impuesta porque no acreditó tener domicilio; dado que, los hechos se suscitaron donde vivía, encontrándose el inmueble precintado; iii) La finalidad de presentar familia para acreditar un arraigo natural es el vínculo de amor y fraternidad; sin embargo, el impetrante de tutela tiene una familia que no protege; por ello, incluso en la ampliación de la investigación lo imputó por la supuesta comisión del delito de aborto; y, una vez que se encontraron los restos de la víctima, por el delito de feminicidio; iv) En la etapa procesal en la que se encuentra la causa penal -acusación formal presentada el 26 de junio de 2023-, existe suficiente prueba respecto a que el peticionante de tutela habría cometido los referidos ilícitos; razón por la cual, no es evidente que se encuentra ilegalmente detenido; y, v) Los actos vulneratorios denunciados, debieron ser reclamados en su oportunidad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 23/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 461 vta. a 464, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, sostiene que, se debe fundamentar de manera precisa los hechos que se consideran lesivos; asimismo, la justicia constitucional queda expedita una vez agotada la vía ordinaria; y, b) Los aspectos denunciados fueron de conocimiento en la etapa preparatoria del proceso penal; por lo que, debieron ser reclamados en la misma, no pudiendo alegar desconocimiento; del mismo modo, el accionante debió apelar el Auto Interlocutorio 108/2021 y no activar de manera directa la acción de libertad para pedir su nulidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante requerimiento de imputación formal de 23 de diciembre de 2021, presentada el 24 de igual mes y año, Camilo José Velásquez Arciénega, Fiscal de Materia -ahora codemandado-, imputó formalmente a Evaristo Moreira -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272 bis del Código Penal (CP [fs. 40 a 41 vta.]). II.2. Por Auto Interlocutorio 108/2021 de 24 de diciembre, José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero, en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero, ambos de Pailón del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, alegando la concurrencia de los arts. 233.1 y 2, 234.1 y 2; y, 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de sesenta días a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento; determinación que, fue apelada por el prenombrado; quien por memorial presentado el 12 de mayo de 2022 solicitó la remisión del medio de impugnación (fs. 52 vta. a 55 vta.; y, 87 y vta.). II.3. A través del Auto de Vista 269 de 22 de junio de 2022, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon admisible la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 108/2021 y lo revocaron en parte; al efecto, tuvieron por enervado el art. 234.1 del CPP -en su componente familia-; y, subsistentes los arts. 233.1 y 2; 234.1 -en su elemento domicilio-; y, 235.1 del mismo Código (fs. 222 a 225 vta.). II.4. Cursan requerimientos de imputación formal de 20 de junio y 6 de diciembre, ambos de 2022, por medio de los cuales, el Fiscal de Materia codemandado imputó formalmente al peticionante de tutela por la presunta comisión de los delitos de aborto; y, feminicidio, respectivamente; en consecuencia, por Autos Interlocutorios 67 de 29 de junio; y, “186” de 29 de diciembre, los dos del indicado año, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Pailón del departamento de Santa Cruz, en ambos casos, determinó la detención preventiva del accionante por el lapso de seis meses fijando “audiencia de cesación” para el 29 de diciembre de 2022 y 29 de junio de 2023, respectivamente, no consta que contra los referidos fallos las partes interpusieron apelación incidental -a diferencia del Auto Interlocutorio 108/2021, que cuestionan a través de esta acción de libertad- u otro medio recursivo (fs. 115 a 117 vta.; 129 vta. a 130 vta.; 276 vta. a 279 vta.; y, 294 a 296 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a ser oído, a la libertad, al trabajo, a la vida, al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; así como, al principio de verdad material; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Simón Quispe Núñez en su contra: 1) El Fiscal de Materia codemandado lo imputó inicialmente por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, sustentando su imputación en meras presunciones y sin la presencia de la presunta víctima; 2) Mediante Auto Interlocutorio 108/2021, el Juez demandado dispuso su detención preventiva por el plazo de sesenta días, pese a que no cursa en obrados prueba alguna que acredite la supuesta violencia física o psicológica ejercida contra la víctima; asimismo, al momento de evaluar la concurrencia de los riesgos procesales, desconoció que cuenta con domicilio -en el cual incluso se realizaron actos investigativos-; omitió valorar las entrevistas psicológicas practicadas a sus hijos y el informe emitido por personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, elementos que demuestran su arraigo natural; y, 3) Fue imputado por los delitos de aborto y feminicidio; respecto de este último, se utilizó la misma prueba recabada en el proceso por violencia familiar o doméstica; y, se determinó la medida extrema por el plazo de seis meses en cada uno de los supuestos delitos. Al respecto, no cursa en antecedentes informe escrito alguno emitido por el Juez demandado; por su parte, el Fiscal de Materia codemandado sostuvo que el accionante no acreditó contar con familia ni con domicilio, ni demostró encontrarse ilegalmente detenido; asimismo, la prueba colectada en la etapa investigativa fue suficiente para sustentar la presentación de la acusación formal por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, aborto y feminicidio; en ese entendido, los supuestos actos vulneratorios denunciados debieron ser reclamados oportunamente a través de los mecanismos procesales ordinarios previstos por la normativa vigente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad

Al respecto, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma.

Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante” (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, la SCP 0153/2017-S1 de 9 de marzo, en relación a la legitimación pasiva en supuestos que devienen de procesos judiciales, puntualizó: “En este sentido, la acción de libertad debe ser planteada de manera ineludible contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, asimismo, contra la autoridad que impartió y la que ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales tal cual se expresó en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, correspondía que el impetrante de tutela interponga dicha acción en contra de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; quienes fueron los que emitieron en última instancia el Auto de Vista de 18 de agosto de 2016, al haber recurrido en apelación, a pesar de haberse interpuesto negligentemente de manera extemporánea; toda vez que, incumbe a este Tribunal la revisión de la última resolución que se pronuncia respecto a los derechos reclamados por el accionante” (énfasis añadido). En tal sentido, la acción de libertad debe dirigirse contra la autoridad que emitió el acto ilegal u omisión indebida que afecta el derecho fundamental invocado; es decir, debe existir correspondencia entre la autoridad demandada y quien produjo la lesión denunciada; así, cuando la resolución cuestionada fue objeto de apelación y resuelta mediante auto de vista, la legitimación pasiva recae en la autoridad que emitió dicha resolución de alzada, por constituir ésta la decisión que define y mantiene la situación jurídica del accionante. La falta de integración correcta de la legitimación pasiva impide el análisis de fondo respecto al acto que actualmente mantiene la restricción del derecho a la libertad.

III.2. El control jurisdiccional dentro de un proceso penal, se encuentra a cargo del Juez cautelar

La SCP 0559/2015-S3 de 26 de mayo, citando la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, concluyó que: “...es el juez de instrucción en lo penal, conforme a lo señalado en los arts. 54 y 279 del CPP, la autoridad encargada de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y de los actos del Ministerio Público y de los funcionarios policiales, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere su derecho a la libertad dentro de la investigación, debe acudir ante el juez cautelar, quien se pronunciará sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de los funcionarios intervinientes en la investigación del caso; una vez agotada la vía ordinaria, y en el caso de no ser reparada la lesión en esa instancia, recién se podrá acudir a la jurisdicción constitucional” (resaltado y subrayado propio).

III.3. Análisis del caso concreto

Conforme se tiene de lo expuesto por el accionante y los antecedentes adjuntos a la presente causa; a raíz de la desaparición de Jacinta Núñez -esposa y madre de sus hijos-; Simón Quispe Núñez -hermano de la nombrada-, lo denunció por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en consecuencia, mediante requerimiento de imputación formal presentado el 24 de diciembre de 2021, el Fiscal de Materia codemandado, lo imputó formalmente y solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (conclusión II.1). Al respecto, el impetrante de tutela alega que la referida imputación se sustentó en presunciones y ausencia de la víctima; no obstante, por Auto Interlocutorio 108/2021, el Juez demandado determinó su detención preventiva por el lapso de sesenta días (Conclusión II.2); medida que fue tomada sin prueba inherente a la violencia física y psicológica ejercida a la víctima -desaparecida-; por otra parte, al momento de evaluar la concurrencia de los riesgos procesales, desconoció la existencia de su domicilio pese a que en el mismo se realizaron los actos investigativos del caso, tampoco tomó en cuenta que acreditó tener familia, no obstante a que, sus hijos fueron sometidos a entrevistas psicológicas, cursando informe realizado por el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; posteriormente, fue imputado por los delitos de aborto y feminicidio, en este último, se usó la misma prueba colectada para el caso de violencia familiar o doméstica; y, se determinó la medida extrema por el plazo de seis meses en cada supuesto. En dicho contexto, el peticionante de tutela cuestiona: i) La imputación formal emitida por el Fiscal de Materia codemandado; ii) La imposición de la medida de detención preventiva dispuesta mediante Auto Interlocutorio 108/2021; y, iii) Las posteriores determinaciones cautelares adoptadas como consecuencia de la imputación por la presunta comisión de los delitos de aborto y feminicidio. Ahora bien, de los antecedentes referidos se advierte que, el Auto Interlocutorio 108/2021, fue objeto de apelación incidental por el accionante, en la audiencia de 24 de diciembre de 2021; quien incluso por memorial presentado el 12 de mayo de 2022 insistió en su remisión a la instancia superior para su sustanciación; y, habiéndose dado curso a su solicitud, el medio de impugnación fue remitido a los Vocales la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; quienes resolvieron por Auto de Vista 269 de 22 de junio de 2022, revocando en parte el señalado Auto Interlocutorio; en dicha determinación, tuvieron por enervado el art. 234.1 del CPP -en su componente familia-; y, subsistentes los arts. 233.1 y 2; 234.1 -en su elemento domicilio-; y, 235.1 del mismo Código (Conclusión II.3). En consecuencia, la resolución que actualmente define y mantiene la situación jurídica del impetrante de tutela, no es el Auto Interlocutorio 108/2021 dictado por el Juez demandado, sino el Auto de Vista 269 pronunciado por el Tribunal de alzada; no obstante, la presente acción de libertad fue dirigida únicamente contra el Juez de primera instancia y el Fiscal de Materia, sin haberse demandado a los Vocales que emitieron el Auto de Vista que resolvió la apelación incidental y que constituye la decisión que mantiene la restricción del derecho a la libertad. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al no haberse integrado correctamente la legitimación pasiva respecto a las autoridades que emitieron la resolución que actualmente incide en la libertad del peticionante de tutela, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo sobre la supuesta indebida valoración probatoria o defectuosa fundamentación de los riesgos procesales. Por otra parte, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en lo que atinge a los cuestionamientos dirigidos contra el Fiscal de Materia codemandado, se advierte que tales actuaciones se desarrollaron en el marco de la etapa preparatoria del proceso penal, la misma que se encuentra sometida al control jurisdiccional, no constando que el accionante hubiera activado los mecanismos intraprocesales idóneos para cuestionar dichas determinaciones ante dicha autoridad no corresponde su análisis.

Sumado a ello, cabe señalar que por requerimientos de imputación formal de 20 de junio y 6 de diciembre, ambos de 2022, el Fiscal de Materia codemandado imputó formalmente al impetrante de tutela por la presunta comisión de los delitos de aborto y feminicidio, respectivamente; en consecuencia, por Autos Interlocutorios 67 de 29 de junio; y, “186” de 29 de diciembre, los dos del indicado año, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Pailón del departamento de Santa Cruz, en ambos casos determinó la detención preventiva del prenombrado por el lapso de seis meses fijando “audiencia de cesación” para el 29 de diciembre de 2022 y 29 de junio de 2023, respectivamente (Conclusión II.4); actuados que el peticionante de tutela refiere de manera ilustrativa, sin exponer cargos específicos contra los demandados; además, no consta que contra los citados Autos Interlocutorios se activaron recursos de apelación incidental u otro medio recursivo; por lo que, tampoco resulta pertinente su análisis de fondo. Finalmente, el accionante denuncia como lesionado su derecho a la vida; empero, la privación de libertad dispuesta por autoridad competente y en el marco de un proceso penal, no constituye por sí misma amenaza al derecho a la vida, salvo acreditación objetiva de circunstancias concretas que evidencien riesgo real e inminente; empero, a más de sostener el nombrado que su privación de libertad pone en riesgo su vida, no demostró tal lesión. En tal orden, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 461 vta. a 464, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0009_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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