B.IA.LEGAL

SCP 0009/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
69443-2024-139-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia y al debido proceso, debido a que el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario, efectuó: 1) Errónea valoración de la prueba; dado que el Informe Social establece que la adolescente víctima, de 16 años, mantenía una relación sentimental con el imputado, Genaro Ugarte Araca, desde los trece años, cuando él tenía treinta y tres años siendo su padrastro, como resultado de esta relación, tuvieron un hijo que cuenta con dos años de edad y luego la menor nuevamente se encontró con seis meses de gestación dando a luz prematuramente con el resultado del fallecimiento del recién nacido siendo trasladada al Hospital Alegría y posteriormente al Hospital Santa Bárbara, donde ingresó a terapia intensiva en estado crítico y con riesgo para su vida, a pesar de la existencia de estos elementos probatorios en el cuaderno de investigación, la autoridad jurisdiccional no valoró adecuadamente dichos indicios de probabilidad de autoría; 2) Errónea aplicación de la ley, esto en razón a la ausencia de valoración de la prueba referida precedentemente conllevó a que el Vocal demandado ratifique la resolución de la Jueza de control jurisdiccional, otorgando libertad irrestricta al imputado, decisión que vulneró el principio de legalidad, pues el delito de estupro agravado quedó demostrado y, dada la gravedad del hecho, correspondía aplicar una medida cautelar de detención preventiva, además, no aplico perspectiva de género y la normativa…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución 0206/2024 de 5 de diciembre de 2024, cursante de fs. 56 a 61, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca con relación al derecho de acceso a la justicia, a no sufrir violencia y al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario, emitido por José Humberto Flores Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, b) Que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dentro el plazo de 48 horas de notificado con este fallo constitucional, emita una nueva resolución de conformidad con los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Edwin Vásquez Rivera y Julia Jimena Andrade Rendón, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, por lo argumentado en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales
  3. III.3. Las normas de la Ley 348 aplicables a los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia
  4. III.4. Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.10 del CPP
  5. III.5. Sobre el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art.
  6. III.6. Análisis del caso concreto
  7. III.7. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2025-S1 Sucre, 5 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 69443-2024-139-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0206/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 56 a 61, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por Juan Carlos Vásquez Alba, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo de Sucre (GAMS) en representación de AA contra José Humberto Flores Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2024, cursante de fs. 30 a 34 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Genaro Ugarte Araca por la presunta comisión del delito de estupro agravado, se presentó imputación formal por concurrir los riesgos procesales contenidos en los arts. 233.2, 234.7 y 235.2 del CPP, toda vez que la víctima adolescente fue ingresada de emergencia en el hospital Santa Bárbara en terapia intensiva por pérdida del bebe que dio luz prematuramente, sin ninguna atención médica en el cuarto donde vivía con el imputado y se encuentra muy delicada de salud. Además, al momento del arresto del imputado en el centro médico se advirtió que llevaba un niño en brazos que tuvo con la accionante. En la audiencia de medidas cautelares de 11 de septiembre de 2024, la Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió Auto Interlocutorio que dispuso la libertad pura y simple del imputado, argumentando que no concurre el elemento autoría previsto en el art. 233.1 del CPP debido a que el imputado es concubino de la adolescente víctima y tienen un niño de 2 años con la misma, apoyándose en el art. 139.II del Código de las Familias argumentando que el concubinato de la adolescente con el imputado está reconocido por el Estado y respecto a los riesgos procesales señaló que no correspondía analizarlos al no concurrir el art. 233.1 del CPP, vulnerando flagrantemente los derechos de la menor víctima normalizando la conducta del imputado. Ante tal determinación, formuló recurso de apelación alegando los siguientes agravios: a) Mala valoración del informe social que acreditaba que la adolescente hace tres años atrás, es decir cuando tenía 13 años ya se encontraba en relación sentimental con el imputado de 33 años de edad, eran concubinos y a consecuencia de su relación tienen un niño de dos años, así como que la adolescente se encontraba nuevamente en gestación de cinco meses; y, b) Errónea aplicación de la ley, toda vez que el delito de estupro agravado fue demostrado, sin embargo no se dispuso la detención preventiva. Una vez radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el Vocal demandado celebro la audiencia de apelación el 26 septiembre de 2024 donde además de los agravios se fundamentó que se dejó en completo estado de indefensión a la adolescente quien vivió un martirio y sufrimiento, dado que en complicidad con su madre y cuando el imputado era padrastro de la víctima, la agredió sexualmente y le hizo tener un hijo. Sin embargo, en el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre, el Vocal demandado señaló que en el informe social se estableció que habría una relación familiar entre el imputado y la víctima, que el menor de 2 años que sería hijo de ambos, tendría otro apellido que existiría una duda razonable al respecto por lo que no habría sido necesario considerar los riesgos procesales; también refirió que conforme al art. 139.II de la Ley 603 estaría permitido el concubinato, olvidando que se requiere autorización de los padres o de quien tiene la guarda o a falta de estos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que en el caso no se cumplió, por lo que basándose erróneamente en el señalado art. normalizo el comportamiento del imputado, resolviendo declarar improcedente el recurso de apelación así como la solicitud de complementación, ratificándose en la resolución emitida. La víctima fue doblemente agredida, dado que, en los antecedentes de la acción, se tiene otro proceso de violación agravada que fue aperturado en la gestión 2021 y que se encuentra con acusación formal en etapa de juicio, donde el accionante fue declarado rebelde, por lo que son dos hechos criminosos en los cuales está involucrado el mismo. Bajo ese entendido, el Vocal ahora accionado mediante el Auto de Vista 449/2024 y su complementario 450/2024 ambos de 26 de septiembre, cometió las siguientes arbitrariedades: 1) Errónea valoración de la prueba; dado que el Informe Social establece que la adolescente víctima, de 16 años, mantenía una relación sentimental con el imputado, Genaro Ugarte Araca, desde los 13 años, cuando él tenía 33 y era su padrastro, como resultado de esta relación, tuvieron un hijo que cuenta con dos años de edad y luego la menor nuevamente se encontró con seis meses de gestación dando a luz prematuramente con el resultado del fallecimiento del recién nacido siendo trasladada al Hospital Alegría y posteriormente al Hospital Santa Bárbara, donde ingresó a terapia intensiva en estado crítico y con riesgo para su vida, a pesar de la existencia de estos elementos probatorios en el cuaderno de investigación, ninguna de las autoridades jurisdiccionales valoraron adecuadamente dichos indicios de probabilidad de autoría; 2) Errónea aplicación de la ley, esto en razón a la ausencia de valoración de la prueba referida precedentemente conllevó a que el Vocal ahora accionado ratifique la resolución de la Jueza de control jurisdiccional, otorgando libertad irrestricta al imputado, decisión que vulneró el principio de legalidad, pues el delito de estupro agravado quedó demostrado y, dada la gravedad del hecho, correspondía aplicar una medida cautelar de detención preventiva, además, se transgredieron los derechos de la víctima, quien, por su condición de menor de edad y mujer goza de doble protección del Estado conforme a la perspectiva de género y la normativa sobre delitos contra la libertad sexual, considerados delitos de lesa humanidad; y, 3) Se vulneró el derecho de acceso a la justicia de la víctima, puesto que con el Auto de Vista 449/2024 y su complementario 450/2024; se permitió que una adolescente de 16 años, quien sufrió abusos reiterados por parte de su padrastro desde los 13 años, fuera tratada como si fuera una mujer adulta en una relación consentida, así la víctima fue obligada a vivir en condiciones infrahumanas, bajo el control de su agresor, quien la sometió en reiteradas ocasiones; sin embargo, la decisión judicial normalizó la conducta del imputado, ignorando que un hombre de 38 años sostuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años, lo cual constituye un delito.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia y al debido proceso citando los arts. 15, 115.I, 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario 450/2024 de la misma fecha y año, ordenando se emita nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual de la presente acción de amparo constitucional, el 5 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 41 a 55 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado reiteró los fundamentos de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Humberto Flores Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito ni asistió a audiencia de la presente acción de defensa; no obstante a su legal notificación cursante a fs. 38.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Genaro Ugarte Araca, a través de su abogado en audiencia señaló: i) El Vocal recurrido realizo una correcta fundamentación y valoración de la prueba porque el accionante manifestó que existió probablemente el delito de estupro no obstante surgió la duda razonable, dado que la carga de la prueba corresponde a los acusadores lo que no sucedió en el caso; asimismo se demostró a través del informe social que existe una relación de concubinato entre estas dos personas y también se ha establecido que existe un hijo de dos años, sin embargo, en la audiencia cautelar y de apelación no se tuvo certeza que este hijo fuera del imputado, no se presentó ningún indicio probatorio, tampoco estudio, lo que ha generado duda en cuanto a la participación del procesado; y, ii) De la misma forma se manifestó por la autoridad demandada que el art. 139 del Código de las Familias permite a partir de los 16 años mantener una relación de concubinato y lo cual precisamente generaría una autorización espontánea en cuanto a este tipo de relación por personas que pertenecen al área rural, lo que ha generado la inexistencia del primer requisito para la aplicación de la detención preventiva, por lo que no había necesidad de ingresar a los riesgos procesales, así no existe una errónea valoración de la prueba y tampoco una errónea aplicación de la ley respecto a la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva, por lo que ante esta falencia, correspondía determinar libertad pura y simple a favor de su defendido, por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 0206/2024 de 5 de diciembre, cursante de fs. 56 a 61, denegó la tutela solicitada con base a los siguientes fundamentos: a) Circunstancias ajenas a la relación procesal que no versan sobre el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario, como la referencia a la existencia de otro proceso penal contra el tercero interesado por el delito de violación, no corresponden ser analizados o ponderados por la Sala Constitucional; b) Conforme al CITE 601/2024 se entregó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la solicitud de remisión de antecedentes dirigidos hacia el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca donde se encontraría el expediente, empero el mismo no ha sido remitido por lo que los antecedentes que se describen para su valoración no pueden ser considerados por los mismos y tampoco se ha aclarado por la referida institución si es que hubo un óbice, demora maliciosa o alguna circunstancia por las cuales no se pudo dar cumplimiento a la remisión solicitada; c) Es obligación de toda autoridad judicial o administrativa ingresar a realizar un análisis del caso concreto desde el punto de vista del enfoque de género o con perspectiva de género a fin de determinar la situación de vulnerabilidad con protección reforzada respecto a la persona que se encuentra enmarcada en caso de violencia sexual vinculado al delito de estupro precautelando precisamente que las mujeres deben vivir en un ambiente libre de violencia; d) Analizados los argumentos establecidos en el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre, se observa que el mismo basa su decisión en lo ya resuelto por la autoridad judicial de primera instancia así respecto a la probabilidad de autoría el Vocal demandado refiere que existe duda razonable en relación a la comisión del delito de estupro y su agravante porque no se llegó a determinar si el hijo que se alegaba habrían tenido con la víctima, producto de esa relación de concubinato, fuera efectivamente del imputado, tomando en cuenta que estaría registrado con un apellido diferente por lo que existe una duda razonable. Así también las circunstancias en las que habría sido internada al Hospital, en el informe social se estableció que el imputado otorgó el debido cuidado y atención a la víctima y que no se pudo determinar que existió una situación de violencia. De igual forma se llegó a establecer por el Vocal demandado que el delito previsto por el art. 309 del CP establece la concurrencia de seducción o engaño a objeto de mantener una relación sexual y en el informe social se determinó que estos eran concubinos, entonces no solo existió una relación sexual sino una relación concubinaria que sería posible con menores de edad y por ello se generaría esa duda razonable en cuanto a la probabilidad de autoría respecto a la concurrencia de los presupuestos que hacen al tipo penal, siendo evidente que en esa función de interpretación no se puede establecer que efectivamente hubiese existido una errónea aplicación de la norma o errónea interpretación, siendo que la Fiscalía no pudo sustentar la concurrencia de los presupuestos del art. 309 del CP, porque se entiende que no existió solamente ese fin de mantener una relación sexual sino se constituyó una relación de concubinato, si bien no se encontraría acreditada la circunstancia de que esta hubiera sido aprobada por los padres de la adolescente empero, ello tampoco es un elemento que pueda ser atribuido para determinar la existencia de una actividad delictiva porque la falta de consentimiento de los padres de una menor para constituir matrimonio o una unión libre repercute en una causal de nulidad pero no incide para determinar la existencia de la comisión delictiva, entonces son aspectos que si bien resultan relativos a la naturaleza de la relación conyugal que se ha evidenciado que mantenía el imputado con la víctima, y la duda razonable lógicamente aplica en favor del imputado; e) En cuanto a los riesgos procesales la autoridad demandada respecto al art. 234.7 del CPP estableció que si existe esta relación concubinaria, que no se pudo determinar que el imputado sea un peligro efectivo para la victima dado que prestaba la debida atención a la víctima que se encontraba en el hospital, por lo que no es concurrente. En relación al art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado refirió que no se acredito que el imputado este influyendo negativamente en los partícipes, victima, testigos o peritos concluyendo que es correcto haberse aplicado la duda razonable; f) La perspectiva de género no puede ser introducida de manera simple y llana, sino, que debe responder a un análisis porcentual de las relaciones de poder entre mujeres y hombres a efectos de determinar si existió un nivel de desproporcionalidad que encarezca la situación de vulnerabilidad de la mujer con protección reforzada a efecto de determinar si se encontraba en una situación de violencia sexual, dadas las circunstancias de constitución del concubinato que conlleva la existencia de esa situación de familiaridad en la que se encontraban viviendo en su domicilio, que se pudo establecer en base a la entrevista realizada a la testigo Sandra Ugarte y la inspección, por ello no se estableció la concurrencia de los presupuestos del delito de estupro. Entonces al no acreditarse tal extremo es lógico que se aplique la duda razonable, lo que no implica que se hubiese extinguido el proceso, sino que en aplicación de la debida diligencia el Ministerio Publico y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia impulsen la investigación; y, g) Es evidente que concurren también hechos controvertidos que tienen que ser esclarecidos y dilucidados a efectos de poder determinar si efectivamente es posible la responsabilidad penal del imputado, bajo esos términos no se encuentra que existiría una desproporcionalidad dado la carencia de elementos suficientes que no han llegado a determinar que se estuviese ante una comisión propiamente de un hecho delictivo. Esas circunstancias limitan se pueda ingresar a analizar con mayor detenimiento los antecedentes y las propias situaciones que dieron lugar a la acción penal pública.

I.3. Trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de ese Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta imputación formal y solicitud de medida cautelar contra Genaro Ugarte Araca -ahora tercero interesado- por la presunta comisión del delito de estupro con agravante, que en el acápite de descripción del hecho refiere:

“De los datos del informe policial se tiene que la adolescente de iniciales CV de 16 años a la fecha se encuentra hospitalizada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Santa Bárbara al haber ingresado con un cuadro de infección en la matriz a raíz de no haber expulsado completamente la placenta ya que la misma se encontraba embarazada de 6 meses aproximadamente, habiendo dado a luz el domingo 8 de septiembre en su cuarto sin recibir atención médica. De los hechos se tiene que CV mantiene relaciona sentimental desde sus 13 años con Genaro Ugarte de 38 años a raíz de esa relación sentimental tiene un hijo de 2 años de edad. Es decir, tuvo a su hijo a los 14 años de edad, lo que significa que desde los 13 años de edad la menor mantuvo relación con Genaro Ugarte de 38 años de edad hasta embarazarle por dos veces consecutivas” (sic [fs. 2 a 6 vta.]).

II.2. Cursa Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2024 en el que la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca refiere:

Con relación a la probabilidad de autoría cabe señalar los siguiente: El Código de las Familias reconoce la edad para contraer un matrimonio de 16 años que esta descrito en el Art. 139.II del Código de las Familias, donde establece 16 años para poder contraer nupcias, también desde luego va ser una edad que el Código de las Familias las reconoce para un concubinato, una unión conyugal libre, judicialmente también puede ser reconocida.

Que el hecho que se está investigando, es la relación sexual que tenía un varón mayor de edad con una adolescente de 16 años, que en el Informe Social se establece que existiría que son concubinos.

Que el bien jurídico protegido en el delito de Estupro es la libertad sexual, mas no refiere que el bien jurídico protegido seria la constitución de una familia o de un concubinato entre dos personas con esa diferencia de edad, es decir que la seducción o el engaño debe estar dirigida siempre a tener relación sexuales, que no está dirigida a constituir una familia, un concubinato, una unión conyugal libre o de hecho como describe el Informe Social, además es evidente que en el Informe Policial se establece que el señor imputado estaría al pendiente o revisando como esta su concubina, en ese entendido la suscrita juzgadora considera que lo observado por la defensa tiene el asidero legal descrito por el Código de las Familias.

También en relación a la idiosincrasia, las costumbres del Municipio de donde son oriundos ambos de Poroma, donde evidentemente está consolidada el sinpiñaco que se llama o la unión conyugal libre o el concubinato que lo describe claramente categóricamente el Informe Social establece que existe una familia constituida, que existe un concubinato.”

En cuanto a los riesgos procesal es refiere “Con relación al Art. 234 num.7 del CPP, peligro para la víctima, la suscrita juzgadora considera que al existir una duda razonable en la probabilidad de autoría sería incongruente referirse a que la víctima se encuentra con este riesgo procesal, un riesgo efectivo, toda vez que se ha demostrado en audiencia que son concubinos, que forma parte de una familia y que estaba atento el señor imputado a cualquier requerimiento que se solicitaría en el Hospital, en ese entendido este riesgo procesal no se encuentra en la conducta del señor imputado. Con relación al Art. 235 núm. 2 del CPP, en el que presuntamente el señor imputado podría influir negativamente en la victima, no se tiene ningún elemento objetivo por el se hubiera señalado que la víctima o algún otro testigo se encontrarían presionando para poder obstaculizar la averiguación de la verdad, en ese entendido este riesgo proceso no se encuentra en la conducta del señor imputado. Con relación a la familia que se ha constituido, el que se ha señalado, evidentemente el menor de 2 años lleva otros apellidos, que de acuerdo al informe Social es la abuela materna que habría dado su apellido de “Puma” por eso es que se le habría inscrito con esos apellidos, en ese entendido la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la defensa y el Ministerio Público han señalado que se van a regularizar toda la documentación con relación a ese niño, para que a través de un examen científico se determine la paternidad, se proceda a depurar la partida de nacimiento y la cedula de identidad que ese menor de 2 años, que también manifiesta dentro del Informe Social que fuera hijo del señor imputado con la víctima (fs. 11 a 16). II.3. A través del Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre de 2024 José Humberto Flores Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -autoridad judicial demandada-dispuso declarar improcedente el recurso de apelación interpuesta por la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra del Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2024, manteniendo incólume la resolución apelada argumentando que:

“El recurrente alega una mala interpretación de las normas, sin embargo, no ha establecido qué norma o artículo especifico habría sido incumplido o erróneamente interpretado por la Autoridad Judicial de grado, no obstante, para ser un poco más amplios, vamos a señalar que la Autoridad Judicial de grado, al momento de establecer la probabilidad de autoría, ha señalado que para la concurrencia del delito que se está endilgando, esto es Estupro, considerado como delito en el art. 309 del CP, cuyo requisito fundamental seria la seducción o engaño a objeto de mantener una relación sexual y que se había señalado en el Informe Social que son concubinos, ahora bien, a efectos de la carga probatoria de la Imputación Formal, saben muy bien los abogados que la carga de la prueba le corresponde al acusador, en este caso al Ministerio Público y así también a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Haciendo un análisis integral de los antecedentes del presente caso, se ha presentado como elementos de prueba un Informe Social, la denuncia, extracto del SEGIP y un informe Policial, en ese sentido en relación al Informe Social, se ha establecido la identificación de un domicilio, se ha establecido que mantendrían una relación familiar entre el imputado y la víctima y también se establece la presencia de un hijo de 2 años, sin embargo, y en la misma audiencia se ha discutido, que el apellido no tendría coherencia con el apellido del ahora imputado, siendo un menor que aparentemente seria de otro padre biológico y no así del ahora imputado, ese es un extremo que no sido dilucidado por parte del Ministerio Público y no puede pretender en esta audiencia, ni en audiencia de consideración de medidas cautelares, de que sea el imputado quien acredite esa circunstancia, y a criterio del suscrito, este es un elemento que genera duda razonable en relación al elemento de la probabilidad de autoría”(…), “La Autoridad Judicial de grado también ha señalado que conforme establece el art. 139 del Código de las Familias, las personas, en este caso mujeres a partir de los 16 años, si se les estaría permitido mantener una relación de concubinato y lo que se ha exigido en la presente por parte de la Defensoría es que no existía una autorización escrita por parte del imputado, nuevamente señalamos de que este es un elemento que debe ser acreditado por el acusador, por cuanto la carga de la prueba le corresponde al acusador y no así al imputado (…)”.

En relación a los riesgos procesales previstos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP, el Vocal demandado después de referir lo señalado por la Jueza de instancia, señaló:

“Entonces, estos son elementos que son objetivos y es el mismo apelante quien en la audiencia ha reconocido que el imputado estaría atento y estaría al lado de la víctima en el Hospital, a objeto de poderle brindar cualquier ayuda a la víctima y no así que este en una circunstancia contraria, lo que hace entrever de que el imputado evidentemente está asistiendo a la víctima, lo que no demuestra de ninguna manera que la víctima se encuentre vulnerable en relación al imputado, o que el imputado estaría en un riesgo de fuga y que habría descuidado a la suerte a una menor de edad, en ese sentido, ante tal circunstancia, este riesgo procesal tampoco se encuentra activado.

7° En relación al artículo 235 numeral 2 del CPP, debemos tomar en cuenta que este riesgo procesal, puede ser activado cuando se acredite fundadamente de que el imputado amenace o influya negativamente sobre participes, la víctima, testigos o peritos, circunstancia que no acontece en el presente caso, y como lo ha señalado la Juez A quo no se tiene ningún elemento o indicio objetivo a efectos de acreditar este riesgo procesal, por lo que no es valedero el argumento vertido por parte de recurrente”. (fs. 17 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia y al debido proceso, debido a que el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario, efectuó: 1) Errónea valoración de la prueba; dado que el Informe Social establece que la adolescente víctima, de 16 años, mantenía una relación sentimental con el imputado, Genaro Ugarte Araca, desde los trece años, cuando él tenía treinta y tres años siendo su padrastro, como resultado de esta relación, tuvieron un hijo que cuenta con dos años de edad y luego la menor nuevamente se encontró con seis meses de gestación dando a luz prematuramente con el resultado del fallecimiento del recién nacido siendo trasladada al Hospital Alegría y posteriormente al Hospital Santa Bárbara, donde ingresó a terapia intensiva en estado crítico y con riesgo para su vida, a pesar de la existencia de estos elementos probatorios en el cuaderno de investigación, la autoridad jurisdiccional no valoró adecuadamente dichos indicios de probabilidad de autoría; 2) Errónea aplicación de la ley, esto en razón a la ausencia de valoración de la prueba referida precedentemente conllevó a que el Vocal demandado ratifique la resolución de la Jueza de control jurisdiccional, otorgando libertad irrestricta al imputado, decisión que vulneró el principio de legalidad, pues el delito de estupro agravado quedó demostrado y, dada la gravedad del hecho, correspondía aplicar una medida cautelar de detención preventiva, además, no aplico perspectiva de género y la normativa sobre delitos contra la libertad sexual, considerados delitos de lesa humanidad; y, 3) Se vulneró el derecho de acceso a la justicia de la víctima, puesto que se permitió que una adolescente de dieciséis años, quien sufrió abusos reiterados por parte de su padrastro desde los trece años, fuera tratada como si fuera una mujer adulta en una relación consentida, así la víctima fue obligada a vivir en condiciones infrahumanas, bajo el control de su agresor, quien la sometió en reiteradas ocasiones; sin embargo, la decisión judicial normalizó la conducta del imputado, ignorando que constituye un delito que un hombre de treinta y ocho años sostenga relaciones sexuales con una menor de dieciséis años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; i.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; ii) La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales; ii.1.1) El enfoque interseccional ii.1.2) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; iii) Las normas de la Ley 348 aplicables a los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia; iv) Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante- en delitos relacionados a violencia contra la mujer; v) Sobre el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 235 del Código de Procedimiento Penal- y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:

III.2.1. El enfoque interseccional

El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:

La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:

408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.

409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:

139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.

140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.

El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.

III.2.2. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:

…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.

En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas).

El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:

La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)

10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;

11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.

Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.

III.3. Las normas de la Ley 348 aplicables a los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género y el derecho de acceso a la justicia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0466/2021-S1 de 20 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:

El derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, fue precisado en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, cuando indicó:

…la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no sólo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados.

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no sólo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: “3) El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas”. Por otra parte, en el Título V, Legislación penal, en el Capítulo III, la citada Ley 348 establece los principios procesales (art. 86) que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: “2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento”. De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia.

III.4. Sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.10 del CPP

-peligro efectivo para la víctima o el denunciante- en delitos relacionados a violencia contra la mujer

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0617/2020-S1 de 14 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:

Conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, modifica el Título II del Libro Quinto de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, entre otros, el peligro de fuga antes establecido en el numeral 10 del art. 234 del CPP, ahora numeral 7; mismo que mantiene la misma redacción. Sobre la concurrencia del riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima, contemplado en el artículo 234.10 del CPP, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, con base en lo desarrollado en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló que:

“Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.

Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización…”.

En esta línea, la SCP 0394/2018-S2, estableció que en los casos de violencia contra las mujeres y/o en razón de género, corresponderá a la autoridad judicial, no solo considerar la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, sino la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, en función a las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; así como las circunstancias concurrentes al caso concreto; entre ellas, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, en el caso que pueden ser de muy variada índole, como ejemplos, amenazas de muerte, cuadró sistemático de violencia, etc., para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración sus derechos; es decir, que los elementos a valorarse no son concluyentes, dada la diferencia de los bienes jurídicos tutelados en la clasificación de los distintos tipos de violencia, pues los factores que convergen en la violencia familiar o doméstica tendrán sus propias peculiaridades y requerirá además abordarse con la complejidad y multicausalidad de este hecho; de las que también dependerá el estándar probatorio. Con relación a ello Marina Gascón Abellan, indica que el estándar de prueba, muestra “el nivel de suficiencia que requiere el grado de probabilidad para tenerse como probado”; probabilidad de alcanzar elementos materialmente CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la existencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido (El subrayado y las negrillas nos corresponde). 31Marina Gascón Abellán, “Cuestiones probatorias”. Editorial Universidad Externado de Colombia, serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. Primera edición, Bogotá D.C. 2012, p. 76.

verificables u objetivos, que en algunos casos como la violencia de tipo psicológico o la violencia de tipo sexual consumada en la clandestinidad, se torna menos exigente, más aun cuando el proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que dicho estándar probatorio variará también en función a la etapa del proceso, incluida la valoración de la existencia de riesgo objetivo para la víctima de violencia, a tiempo de disponer una medida de cautelar; entre ellos, un pronóstico de peligro futuro de que la persona investigada atentará contra bienes jurídicos de la víctima, que es un presupuesto básico de la adopción de las medidas de protección y medidas cautelares en hechos de violencia. A este fin, en los casos de violencia contra las mujeres, debe considerarse las particularidades propias del delito de violencia doméstica, y entre ellos varios aspectos a valorarse, como la existencia o no de violencia sistemática; perfil psicológico del agresor, a partir de la conducta exteriorizada por el presunto agresor antes y con posterioridad de la presunta comisión del delito, la valoración policial del riesgo, que se realiza conforme al Protocolo Policial Para la Valoración del Riesgo y Protección Policial de la Violencia contra las Mujeres “Genoveva Ríos” para la atención de casos en el marco de la Ley 348, aprobada por Resolución Administrativa de 3 de diciembre de 2014, constituye una herramienta útil para que la autoridad judicial, determine el grado de seguridad o riesgo que tiene la víctima de sufrir violencia en el futuro, y en el caso de que hubiera de sus dependientes; tomando en cuenta, la alta probabilidad de que quien fuere agresor se reintegre al seno familiar y otros elementos de prueba recabados, testifical, documental, pericial, sin sesgos de género, identificando la existencia de una relación de asimetría y situación de vulnerabilidad en la que se halle inmersa la víctima, a efecto de determinar el peligro latente contra su integridad, utilizando como técnica el test de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, en delitos de violencia de género, las medidas cautelares no se constriñen únicamente a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, sino también la aplicación de la ley -art. 221 del CPP-, por lo que conforme a las disposiciones de la Ley 348, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos numeral 8, la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia -art. 45-, concordante con los principios establecidos en la primera parte de esta Ley, de aplicación preferente que cualquier otra norma jurídica, que señala en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, art. 86 de la Ley 348, que establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: “(…)

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas”.

Por lo que, además la valoración de la prueba para determinar la conveniencia de imposición de medidas cautelares como la detención preventiva, debe efectuarse de acuerdo a la pauta hermenéutica establecida por el legislador en la imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación hasta la acusación formal, de dar preminencia a la protección y seguridad de la mujer inmersa en un cuadro de violencia y conforme al enfoque instrumental de las medidas cautelares en delitos de violencia contra la mujer referido a la prevención de la reiteración de los actos de violencia.

III.5. Sobre el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art.

235 del Código de Procedimiento Penal-

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0222/2020-S1 de 31 de julio, asumió el siguiente razonamiento: Con relación al peligro de obstaculización, el art. 235 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, dispone que: “Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentran:

1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba;

2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;

3. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia;

4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo;

5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad. La parte final del referido artículo, también señala que: “El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad”. Con relación al peligro de obstaculización de la verdad, la SC 0225/2004-R de 14 de febrero -reiterada entre otras por la SC 0301/2011-R de 29 de marzo y la SCP 0711/2012 de 13 de agosto- señala que, la finalización de la etapa investigativa no es un argumento jurídico ni racional que permita desvirtuar el peligro de obstaculización de la verdad; toda vez que, la verdad de los hechos, saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso penal sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiere calidad de cosa juzgada material; entendimiento que se encuentra corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos establecidos en el art. 235 del CPP; pues no solo hacen referencia a los fiscales, sino también, a las autoridades judiciales, a otros funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia, que están obligados a colaborar con la averiguación de la verdad material; en consecuencia, el peligro de obstaculización de la verdad, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, sino, que puede generarse desde el inicio con la citación de la imputación formal hasta la ejecutoria de la sentencia emitida dentro del proceso penal; es decir, hasta su conclusión, cuando se agoten todas las circunstancias a través de los recursos pertinentes.

Considerando que las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, se constituyen en un peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad; el mismo se encuentra relacionado con la actividad investigativa del Ministerio Público, la cual, está sometida a estándares nacionales e internacionales para la protección de las víctimas de violencia sexual; y, con la materialización de dicha actividad en juicio oral, hasta la conclusión del proceso penal con una sentencia ejecutoriada; es por esta razón, que los fiscales y autoridades judiciales al momento de analizar estas circunstancias, están obligados a adoptar medidas de acción positivas, específicas y reforzadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como el deber de tomar en cuenta la condición de persona en desarrollo en caso de niñas, niños o adolescentes, tal como lo estableció la Corte IDH en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua; en ese marco, desde una perspectiva de género y sobre la base de lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar lo siguiente:

1) En casos de violencia contra la mujer emerge la obligación de actuar con la debida diligencia, adoptando los mecanismos de investigación necesarios a efectos de sancionarla;

2) El deber de garantizar los derechos de una mujer víctima de violencia, adquiere especial intensidad en relación con las niñas y adolescentes; pues a la condición de mujer, la vulnerabilidad consustancial a la niñez se encuentra mayormente enmarcada y potenciada; de donde se tiene, que las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia; lo cual se traduce, en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de sus derechos frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia; surgiendo de esta forma, el deber estatal de actuar con estricta diligencia en la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes;

3) El deber de la debida diligencia en la actuación del Ministerio Público, implica que las autoridades a cargo de la investigación, la lleven delante de oficio y sin dilaciones, con determinación, eficacia y de manera seria, imparcial y efectiva, brindando confianza a las víctimas de violencia, para su protección; y,

4) El Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña; para la cual, las obligaciones de la debida diligencia y la adopción de medidas de protección deben extremarse, además, las investigaciones y proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la misma; pues, de lo que se trata es de proteger sus derechos de forma integral, salvaguardando su posterior desarrollo, velando por su interés superior y evitando su revictimización; De donde se tiene que, el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en los casos de violencia contra la mujer deben reforzar sus garantías de protección durante la investigación y el proceso penal; lo cual implica, actuar con la debida diligencia, garantizando: el acceso a la justicia de la víctima; la protección judicial efectiva por parte de sus operadores; el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilite y promueva la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, al tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta los siguientes presupuestos: i) En casos de violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia; y, de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante; y, ii) El Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia deben evitar que se presenten cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso; para lo cual, deben considerar lo siguiente:

ii.a) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia sexual -u otro tipo- por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emocional; más aún, la minoridad de edad de la víctima, que en ambos casos, las hace más influenciables y manipulables a cualquier tipo de declaración; ii.b) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contenga elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quiso darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-;

ii.c) Evitar la revictimización, tomando como ejemplo: los supuestos en los que el imputado busque a la víctima o a su familia para proponer o realizar cualquier tipo de transacción, y de esta forma, logre algún contacto que la revictimice, y al mismo tiempo, pueda influir en los mismos, generando incertidumbre, inseguridad o temor en ellos; ii.d) Si bien, el Ministerio Público debe fundar la existencia de estos riesgos procesales a través de elementos probatorios precisos y circunstanciados que otorguen razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, al tiempo de justificarlos no siempre resulta clara su argumentación, ante lo cual, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima de violencia, sobre la base del estándar de la debida diligencia, la autoridad judicial puede reforzar dicha argumentación en base a los antecedentes cursantes en el expediente; lo que de ninguna manera, puede ser considerado como una reforma en perjuicio; ii.e) Existen elementos objetivos y necesarios que deben ser analizados por las autoridades judiciales, a pesar que el Ministerio Público no los hubiera expuesto, para sostener la existencia de estos riesgos procesales, que de ninguna manera se consideran en presunciones abstractas, sino, tan objetivas, que la autoridad judicial pudo percatarse, a efectos de evitar la obstaculización de la investigación, como por ejemplo: el entorno social, la minoridad de edad, el grado de instrucción de la víctima y familiares, su situación económica, los copartícipes en el hecho, el lugar de los hechos, la forma en la que se encontró a la víctima, los nexos que vinculaban al agresor con la víctima, que el agresor resultó ser familiar, amistad o vecino de la misma y otros elementos que resultan necesarios para el administrador de justicia, para establecer la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad; así como también, la existencia de actividades investigativas pendientes; y, ii.f) Los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados, no debiendo limitarse a considerar que cada riesgo procesal tenga un determinado elemento de prueba; toda vez que, debe considerarse que los delitos de índole sexual son delitos que en su generalidad se consuman en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima o con escasos elementos de convicción que puedan acreditar la perpetración del delito de violencia contra la mujer -más cuando se trata de una violencia sexual-, los mismos pueden ser usados de forma integral, para sustentar una o más circunstancias que constituyen un riesgo procesal, en consideración a la protección integral que debe darse a la mujer víctima de violencia.

III.6. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia y al debido proceso, toda vez que el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario, incurrió en las siguientes irregularidades: a) Errónea valoración de la prueba, dado que el Informe Social establece que la adolescente víctima, de 16 años, mantenía una relación sentimental con el imputado, Genaro Ugarte Araca, desde los trece años, cuando él tenía treinta y tres años siendo su padrastro, como resultado de esta relación, tuvieron un hijo que cuenta con dos años de edad y luego la menor nuevamente se encontró con seis meses de gestación dando a luz prematuramente con el resultado del fallecimiento del recién nacido siendo trasladada al Hospital Alegría y posteriormente al Hospital Santa Bárbara, donde ingresó a terapia intensiva en estado crítico y con riesgo para su vida, a pesar de la existencia de estos elementos probatorios en el cuaderno de investigación, la autoridad jurisdiccional no valoró adecuadamente dichos indicios de probabilidad de autoría; b) Errónea aplicación de la ley, esto en razón a la ausencia de valoración de la prueba referida precedentemente conllevó a que el Vocal ahora accionado ratifique la resolución de la Jueza de control jurisdiccional, otorgando libertad irrestricta al imputado, decisión que vulneró el principio de legalidad, pues el delito de estupro agravado quedó demostrado y, dada la gravedad del hecho, correspondía aplicar una medida cautelar de detención preventiva, además, no aplico perspectiva de género y la normativa sobre delitos contra la libertad sexual; y, c) Se vulneró el derecho de acceso a la justicia de la víctima, puesto que se permitió que una adolescente de dieciséis años, quien sufrió abusos reiterados por parte de su padrastro desde los trece años, fuera tratada como si fuera una mujer adulta en una relación consentida, así la víctima fue obligada a vivir en condiciones infrahumanas, bajo el control de su agresor, quien la sometió en reiteradas ocasiones; sin embargo, la decisión judicial normalizó la conducta del imputado, ignorando que constituye un delito que un hombre de 38 años sostenga relaciones sexuales con una menor de dieciséis años. En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes contenidos en el expediente, se evidencia que el delito endilgado al procesado es por la presunta comisión del delito de estupro con agravante, proceso penal en el que consta imputación formal y solicitud de medida cautelar, así en el acápite de la descripción del hecho, refiere:

“De los datos del informe policial se tiene que la adolescente de iniciales CV de 16 años a la fecha se encuentra hospitalizada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Santa Bárbara al haber ingresado con un cuadro de infección en la matriz a raíz de no haber expulsado completamente la placenta ya que la misma se encontraba embarazada de 6 meses aproximadamente, habiendo dado a luz el domingo 8 de septiembre en su cuarto sin recibir atención médica. De los hechos se tiene que CV mantiene relaciona sentimental desde sus 13 años con Genaro Ugarte de 38 años a raíz de esa relación sentimental tiene un hijo de 2 años de edad. Es decir tuvo a su hijo a los 14 años de edad, lo que significa que desde los 13 años de edad la menor mantuvo relación con Genaro Ugarte de 38 años de edad hasta embarazarle por dos veces consecutivas” (Conclusión II.1). Una vez señalado el actuado procesal en audiencia de medida cautelar la juzgadora emitió el Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de 2024 en que dispuso la libertad pura y simple del imputado por considerar que no concurre el presupuesto de autoría ni tampoco riesgos procesales bajo los argumentos: 1) El Código de las Familias reconoce la posibilidad de matrimonio y concubinato a partir de los 16 años, lo que también puede ser judicialmente reconocido, en el caso concreto, se investiga una relación entre un varón mayor de edad y una adolescente de 16 años, estableciéndose en el Informe Social que serían concubinos, destacándose que, en el municipio de Poroma, existe la costumbre del "sinpiñaco", que hace referencia a la unión conyugal libre o concubinato, lo que refuerza la existencia de una relación consolidada; 2) El delito de estupro protege la libertad sexual y no la constitución de una familia, por lo que la defensa argumenta que la relación no se basó en seducción o engaño, sino en un concubinato legítimo reconocido tanto social como legalmente, de este modo, el Informe Social establece que la adolescente es considerada concubina y que junto al imputado han conformado una familia con un niño de dos años a su cargo; y, 3) En cuanto a los riesgos procesales, la juzgadora considera que no existe peligro efectivo para la víctima, ya que conviven como familia y el imputado estuvo atento a sus necesidades; asimismo, no se hallaron indicios de que el imputado pudiera influir negativamente en la víctima o testigos; por otro lado, sobre la filiación del hijo de dos años, el Informe Social indica que fue inscrito con el apellido de la abuela materna, y se acordó regularizar la documentación para determinar científicamente la paternidad (Conclusión II.2).

Ante tal determinación el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto a través del Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre, por el Vocal demandado quien declaró improcedente dicha impugnación manteniendo incólume la resolución apelada, básicamente con los mismos argumentos que la Jueza de instancia (Conclusión II.3).

Ahora bien, en relación a la primera denuncia se tiene que la accionante refiere que el Vocal demandado efectuó una errónea valoración de la prueba; dado que el Informe Social establece que la adolescente víctima, de 16 años, mantenía una relación sentimental con el imputado, Genaro Ugarte Araca, desde los 13 años, cuando él tenía 33 y era su padrastro, como resultado de esta relación, tuvieron un hijo que cuenta con dos años de edad y luego la menor nuevamente se encontró con seis meses de gestación dando a luz prematuramente con el resultado del fallecimiento del recién nacido siendo trasladada al Hospital Alegría y posteriormente al Hospital Santa Bárbara, donde ingresó a terapia intensiva en estado crítico y con riesgo para su vida, a pesar de la existencia de estos elementos probatorios en el cuaderno de investigación, la autoridad jurisdiccional no valoró adecuadamente dichos indicios de probabilidad de autoría. Al respecto, analizado el Auto de Vista cuestionado y su complementario, se advierte que el Vocal demandado al momento de resolver la probabilidad de autoría señaló esencialmente que del análisis integral de los antecedentes del caso se revela que se presentaron como elementos de prueba un Informe Social, la denuncia, un extracto del SEGIP y un informe policial, así en relación al Informe Social, se estableció la identificación de un domicilio, la existencia de una relación familiar entre el imputado y la víctima, la presencia de un hijo de dos años, discutiéndose en audiencia que el menor no llevaba el apellido del imputado, lo que generó dudas sobre su paternidad, circunstancia que no fue esclarecida por el Ministerio Público y que no puede pretenderse que sea el imputado quien la acredite, extremos que generan una duda razonable sobre este presupuesto cautelar. Sobre esta base, el Vocal demandado consideró que existía una duda razonable sobre la autoría y, citando el art. 139 del Código de las Familias y Procedimiento Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, concluyó de manera errónea que a partir de los 16 años las mujeres pueden mantener una relación de concubinato. Este razonamiento, además de arbitrario y con un evidente sesgo de género, justifica la necesidad de que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la denuncia formulada en la presente acción de defensa. En esa línea con la finalidad de analizar esta denuncia, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido a expresar cuál el fundamento legal de la decisión, citando todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su determinación; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos así como los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Bajo ese marco, de un análisis integral de los antecedentes se tiene que efectivamente el Vocal demandado incurrió en indebida fundamentación y motivación al valorar la prueba presentada a tiempo de analizar el elemento autoría, toda vez, únicamente y en forma errónea se basó en el art. 139 del Código de las Familias y Procedimiento Familiar concluyendo que no concurría este elemento por considerar que el informe social acreditaría la existencia de una relación de concubinato entre el imputado y la víctima, a pesar de que del mismo informe social emergen elementos probatorios claros que sustentan su existencia como la edad de ambos, la edad de los hijos, la situación de salud de la víctima que se encontraba en terapia intensiva a causa de la pérdida del segundo hijo en gestación, y otros elementos como el extracto del SEGIP e informe policial, etc.

En un caso de esta naturaleza, en el que la víctima es una adolescente de 16 años, que desde los 13 años se encontraba en una relación de sometimiento al imputado -quien además era su padrastro y con quien tuvo un hijo que cuenta con dos años- resultaba imprescindible que la autoridad judicial analizara la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la menor; sin embargo, el Vocal accionado no realizó una valoración adecuada del contexto en el que ocurrieron los hechos, omitiendo su deber de garantizar una decisión ajustada a los principios de protección reforzada de niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia conforme establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dado que cuando se trata de hechos de violencia sexual contra adolescentes en la que además convergen factores de vulnerabilidad como en el caso concreto, donde la víctima es mujer, adolescente, madre de un niño de dos (2) años, de escasos recursos económicos y que fue internada con riesgo de perder la vida en la Unidad de Terapia Intensiva a causa de la pérdida de un segundo hijo que nació prematuro, cuando es imperativo para la autoridad judicial la aplicación del enfoque interseccional entre género y niñez que juntamente con el principio derecho y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente, tiene la preeminencia de sus derechos, prioridad en recibir socorro y atención de los servicios públicos y privados; además, del acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con debida diligencia al momento de adoptar decisiones judiciales que garanticen los derechos de la víctima, aspectos que fueron omitidos por la autoridad demandada quien no ha garantizado una protección reforzada de los derechos de la víctima en situación de violencia. El Vocal demandado, no aplicó el enfoque de género que se requiere el presente caso al que estaba obligado por mandato de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano para erradicar la violencia contra las niñas y adolescentes, toda vez que no tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad y las condiciones personales de la víctima que siendo aún una adolescente a sus 13 años tuvo un hijo dentro de la relación con el imputado, tampoco considero las relaciones de asimetría existente entre el imputado que es un hombre adulto de 33 años tuvo relaciones con la víctima que al momento de los hechos conforme señala la imputación formal contaba con 13 años de edad, la subordinación de la víctima al imputado a partir de una relación de poder existente que es absolutamente desigual al ser el imputado además su padrastro, omisión de la autoridad demandada que permitió confirmar la decisión de la jueza de grado para quienes no existe la autoría, determinación que es absolutamente contraria a los mandatos de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Por otro lado, al validar las prácticas arraigadas en una determinada comunidad que implican una situación de violencia sexual ejercida contra mujeres menores de edad, como lo señala la Jueza A quo que en su criterio ocurría en Poroma del departamento de Chuquisaca, constituye un razonamiento judicial sesgado con estereotipo de género que no puede ser normalizado, ni tolerado por el Estado, el Vocal demandado en vez de validar tal comportamiento reprochable, estaba en la obligación de identificar y corregir esos criterios arbitrarios porque razonamientos de esa naturaleza como en los que sustenta la decisión impugnada pueden contribuir a su naturalización incluso legitimación, perpetuando ese estereotipo, y así crear un ambiente propicio para el ejercicio de dicha práctica lesiva a los derechos de las mujeres con total impunidad, tal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado en el caso Campo Algodonero vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, al establecer que: “…es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades...”, lo que no puede ser tolerado en un Estado Constitucional de Derecho este tipo prácticas de violencia sexual contra mujeres menores de edad que incentivan la impunidad de los perpetradores, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada. Respecto a la segunda denuncia sobre la errónea aplicación de la ley por la ausencia de valoración del informe social conllevó que el Vocal demandado ratifique la resolución inferior que otorga libertad irrestricta al imputado, vulnerando el principio de legalidad, pues el delito de estupro agravado quedó demostrado y, dada la gravedad del hecho, correspondía aplicar una medida cautelar de detención preventiva; además, no aplico perspectiva de género y la normativa sobre delitos contra la libertad sexual.

Tal como se ha referido a momento de resolver la primera denuncia, efectivamente el Vocal demandado incurrió en una indebida valoración del informe social y otros elementos de convicción que acreditan el elemento autoría del imputado; ahora bien, revisado el Auto de Vista confutado se advierte que la autoridad demandada, señala:

“El recurrente alega una mala interpretación de las normas, sin embargo, no ha establecido qué norma o artículo especifico habría sido incumplido o erróneamente interpretado por la Autoridad Judicial de grado, no obstante, para ser un poco más amplios, vamos a señalar que la Autoridad Judicial de grado, al momento de establecer la probabilidad de autoría, ha señalado que para la concurrencia del delito que se está endilgando, esto es Estupro, considerado como delito en el art. 309 del CP, cuyo requisito fundamental seria la seducción o engaño a objeto de mantener una relación sexual y que se había señalado en el Informe Social que son concubinos, ahora bien, a efectos de la carga probatoria de la Imputación Formal, saben muy bien los abogados que la carga de la prueba le corresponde al acusador, en este caso al Ministerio Público y así también a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (…)” Al respecto, se advierte que con criterio formalista el Vocal demandado se remitió a los argumentos de la Jueza de grado, sin exponer sus propios argumentos que debió efectuar como tribunal de alzada, no fundamentó ni motivó con relación al tipo penal previsto en el art. 309 del CP desde el contexto de los hechos, incurriendo en una errónea aplicación de la ley que vulnera el principio de legalidad, toda vez que el citado precepto, señala: “Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), será sancionado con privación de libertad de tres a seis años”, el que contrastado con los elementos de convicción presentados en audiencia de la medida cautelar relacionados al hecho, claramente demuestran que el imputado que es un hombre adulto de 33 años tuvo acceso carnal con la víctima que al momento de la imputación tenía 16 años y dos años antes probablemente ya había procreado un hijo con la víctima que tiene 2 años de edad, lo que vulnera claramente el principio de legalidad como elemento del debido proceso.

En cuanto a los riesgos procesales previstos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP, el Vocal demandado, se limitó a señalar lo siguiente:

“Entonces, estos son elementos que son objetivos y es el mismo apelante quien en la audiencia ha reconocido que el imputado estaría atento y estaría al lado de la víctima en el Hospital, a objeto de poderle brindar cualquier ayuda a la víctima y no así que este en una circunstancia contraria, lo que hace entrever de que el imputado evidentemente está asistiendo a la víctima, lo que no demuestra de ninguna manera que la víctima se encuentre vulnerable en relación al imputado, o que el imputado estaría en un riesgo de fuga y que habría descuidado a la suerte a una menor de edad, en ese sentido, ante tal circunstancia, este riesgo procesal tampoco se encuentra activado.

7° En relación al artículo 235 numeral 2 del CPP, debemos tomar en cuenta que este riesgo procesal, puede ser activado cuando se acredite fundadamente de que el imputado amenace o influya negativamente sobre participes, la víctima, testigos o peritos, circunstancia que no acontece en el presente caso, y como lo ha señalado la Juez A quo no se tiene ningún elemento o indicio objetivo a efectos de acreditar este riesgo procesal, por lo que no es valedero el argumento vertido por parte de recurrente”. Como se advierte, existe una omisión en la que incurre por parte del Vocal demandado de analizar adecuadamente cada uno de los riesgos procesales concurrentes en el caso que ha derivado en una decisión que no solo ignora la gravedad del delito denunciado, sino que también omite considerar los riesgos procesales desde una perspectiva de género.

En ese sentido, esta ausencia de valoración sobre los riesgos procesales constituye una vulneración adicional a los derechos de la víctima, ya que no se consideraron elementos como la posibilidad de intimidación a la víctima, la afectación emocional y psicológica de la adolescente y las circunstancias que podrían obstaculizar el desarrollo del proceso penal; el Vocal debió abordar su decisión con un enfoque de debida diligencia, garantizando la tutela judicial efectiva y aplicando el bloque de constitucionalidad que establece la protección reforzada de las víctimas de delitos sexuales conforme lo establecido en los fundamentos jurídicos III.4 y III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Así, respecto al riesgo procesal de fuga del art. 234.7 del CPP este debió ser concebido en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, considerando la relación de asimetría y situación de vulnerabilidad en la que se halla inmersa la víctima frente al agresor a efecto de determinar el peligro latente contra su integridad, respecto a quien el Estado no solo debe actuar con la debida diligencia para evitar su revictimización, sino debe impedir cualquier acercamiento con su presunto agresor que en este caso es un adulto de 38 años, extremo que se advierte no fue efectivizado por la autoridad judicial demandada en favor de la accionante menor de edad, lo que obviamente afecta en su integridad. Lo mismo sucede con el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, dado que en el marco de la debida diligencia se debe evitar que se presenten cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso debiendo considerar como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta la situación de vulnerabilidad de la adolescente; la declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, evitando la revictimización, los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados porque en los delitos de índole sexual en su generalidad se consuman en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima. En el presente caso, el Vocal demandado al convalidar la decisión de la jueza de instancia con el argumento de que no concurre el elemento autoría ni riesgos procesales, incumplió con el deber de garantía, toda vez, los actos que se investiga están vinculados a hechos de violencia sexual donde la víctima es una adolescente, lo que adquiere una especial relevancia a ser considerado por la autoridad demandada quien estaba en la obligación de proteger los derechos de la víctima de manera reforzada, lo que no ocurrió al pronunciar el Auto de Vista y su complementario que dejó en absoluta desprotección a una víctima de violencia sexual que se encuentra en situación de grave vulnerabilidad, hecho que configura también una violencia institucional que deviene de la propias autoridades jurisdiccionales que emergen de decisiones como la pronunciada en el Auto de Vista 449/2024 y su complementario invisibiliza la violencia sexual contra niñas adolescentes como ocurre en el presente caso. De lo que se concluye que efectivamente el Vocal demandado no aplicó un enfoque de género en el análisis de los hechos ni en la determinación de los riesgos procesales, lo que resulta incompatible con el deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas en casos de violencia sexual. Sobre la tercera denuncia referido a que se vulneró el derecho de acceso a la justicia de la víctima, puesto que se permitió que una adolescente de 16 años, quien sufrió abusos reiterados por parte de su padrastro desde los 13 años, fuera tratada como si fuera una mujer adulta en una relación consentida, así la víctima fue obligada a vivir en condiciones infrahumanas, bajo el control de su agresor, quien la sometió en reiteradas ocasiones; sin embargo, la decisión judicial normalizó la conducta del imputado, ignorando que constituye un delito que un hombre de 38 años sostenga relaciones sexuales con una menor de 16 años.

Conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no sólo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados.

Además, implica que en este tipo de casos se debe actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, más en los supuestos en que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia. Ahora bien, revisado el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario se advierte que el Vocal demandado no actuó con la debida diligencia que implicaba en el caso concreto la aplicación del enfoque interseccional y perspectiva de género al haber declarado improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre negó de manera evidente el acceso a la justicia a la víctima que es una adolescente que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad por las circunstancias que rodean al hecho, dado que el imputado como padrastro tenía la obligación de cuidar y proteger a la adolescente. De esa manera, se concluye que el Vocal demandado al declarar improcedente el recurso llegó a vulnerar el derecho de acceso a la justicia, a no sufrir violencia y al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad por errónea valoración de las pruebas en las que ha incurrido, razón por el que corresponde conceder la tutela solicitada para que, observando los mandatos de la normativa legal, la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, emita nuevo Auto de Vista con enfoque de género e interseccionalizado acorde a los estándares de protección señalados.

III.7. Otras consideraciones

Finalmente, corresponde llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca por cuanto en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Boliviano en la lucha contra la violencia hacia la mujer, se encuentran con el deber de adoptar acciones afirmativas a efectos de resolver las causas como se requería en la presente acción de amparo constitucional, exige que de manera célere deben diligenciar la solicitud de remisión de proceso de origen para la audiencia de amparo, no siendo justificable haber cargado esa obligación a la accionante que en este caso en una adolescente de 16 años en situación de vulnerabilidad, advirtiéndose además que desde la admisión de la acción a la audiencia tutelar existían más de 15 días donde esta Sala Constitucional estaba en la obligación de pedir directamente al Juzgado remitan los antecedentes del proceso para la audiencia, omisión que denota una evidente falta de sensibilidad y debida diligencia de los Vocales constitucionales, más aún, si consideramos que el Juzgado de origen donde se encuentra el expediente del proceso penal y la Sala Constitucional se encuentran en el mismo edificio del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por lo que corresponde llamar la atención al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución 0206/2024 de 5 de diciembre de 2024, cursante de fs. 56 a 61, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca con relación al derecho de acceso a la justicia, a no sufrir violencia y al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 449/2024 de 26 de septiembre y su complementario, emitido por José Humberto Flores Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, b) Que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dentro el plazo de 48 horas de notificado con este fallo constitucional, emita una nueva resolución de conformidad con los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Edwin Vásquez Rivera y Julia Jimena Andrade Rendón, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, por lo argumentado en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

14 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de la Unión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534 15Ibídem.

16 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

17 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 18Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 19Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 21Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.

22 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

23 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.

24 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 25Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf

26 FJ.III.1., de la referida Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo.

27 FJ. III.1.1., de la mencionada SCP 1478/2012 de 24 de septiembre.

28 En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, por ende, asume la norma de la debida diligencia y, en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer.

29 La Corte IDH, por primera vez utiliza el concepto de “interseccionalidad de la discriminación” en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador -Sentencia de 1 de Septiembre de 2015 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-; en los siguientes términos: “290. La Corte nota que en el caso Talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento desarrollado en la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero. 30La SCP 0056/2014 de 3 de enero, en su FJ.III.5.3, señaló que: “En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del

32 Ante la incapacidad de alcanzar verdades absolutas, el concepto de probabilidad constituye el criterio o método racional del conocimiento empírico o de los hechos. GASCÓN ABELLÁN, ob. cit., p. 49.

33 En el FJ III.3, señala: “Respecto a que ya no se puede alegar obstaculización del proceso para negar la cesación de la detención, porque ya finalizó la investigación, este argumento no tiene sustento jurídico ni racional, puesto que lo que estipulan las normas previstas en el art. 233.2 CPP, para disponer una detención, es que se tenga demostrada `La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculice la averiguación de la verdad´. De las citas legales, se colige que la obstaculización prevista por el legislador, no se reduce a la etapa preparatoria, cuyo plazo es de seis meses en un principio, pues a lo que se refiere el precepto es a la obstaculización de la verdad; y éste no está comprendido únicamente por esa etapa sino que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del proceso por una parte, por otra la averiguación de la verdad; no puede establecerse según el sistema procesal actual en la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinentes, por consiguiente, la verdad saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiera calidad de cosa juzgada material, razonamiento que se encuentra en su totalidad corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos prescritos en las normas previstas en el art. 235 citado, pues en ellas, se refiere a los jueces ciudadanos y empleados del sistema de administración de justicia. Considerar o aseverar que la verdad se la establece en la etapa de investigación, significaría desconocer el proceso penal actual y mutilarlo, de manera que reconocer lo que entienden los recurrentes, importaría que la etapa del proceso oral ante un tribunal jurisdiccional no tendría sentido, pues directamente el Ministerio Público tendría que decidir sobre la verdad, por consiguiente, definiendo si los procesados cometieron o no el delito que se les imputó, pero esta facultad no ha sido atribuida a esta autoridad”.

34 En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 350. Párrafo 289. 35Criterio asumido del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 287. 36Criterio asumido del Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala; a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 134 y 173. 37Criterio asumido de los Casos J vs. Perú, a través de la Sentencia de 27 de noviembre de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 350; y, Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 185. 38Criterio asumido en el Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, a través de la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 292 y 294.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0009_2025-S1.pdf · páginas 1 a 53.

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