Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de enero de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal; puesto que, en conocimiento de la Resolución de sobreseimiento emitida a su favor, la Jueza hoy demandada, no dispuso su libertad inmediata, a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas en su despacho; permitiendo que transcurran más de veintiún días de detención indebida; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada emita mandamiento de libertad de manera inmediata. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 74 vta. a 75, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en su modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Llamar la atención a Ismael Burgos Olmos, Any Milenka Kruscaiha Guillén Zabala y Lilian Zabala Zambrana, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituidos en Tribunal de garantías, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2026-S3 Sucre, 30 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58185-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/23 de 2 de septiembre de “2022” -siendo lo correcto 2023-, cursante de fs. 74 vta. a 75, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gilberto Salvatierra Camacho en representación sin mandato de José Elías Saavedra Palavecino contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 21 a 23 vta., el accionante a través de su representante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; transcurrida la etapa preparatoria, el Ministerio Público emitió Resolución Conclusiva de Sobreseimiento el 31 de julio de 2023, determinación que fue notificada a las partes y no mereció impugnación alguna. En cumplimiento del art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 1 de agosto del mismo año, la Fiscalía comunicó a la Jueza de control jurisdiccional, la existencia del requerimiento conclusivo y la ausencia de impugnaciones; y el 16 del mismo mes y año, solicitó se libre mandamiento de libertad a su favor; solicitud reiterada a través de memorial de 17 de igual mes y año. El 21 de agosto de 2023, al efectuar el seguimiento a su proceso, en ventanilla del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, donde radicaba el mismo, le informaron que su solicitud seguía en despacho;
provocando que permanezca detenido preventivamente, dejando transcurrir más de veintiún días, en los que estuvo peregrinando por su libertad; no obstante, que el sobreseimiento se encontraba ejecutoriado.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad personal, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada, librar el correspondiente mandamiento de libertad a su favor.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 73 a 75, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: a) Fue imputado el 6 de enero de 2023, y al vencer la etapa preparatoria, previa conminatoria al Fiscal Departamental, el Ministerio Público presentó el 31 de agosto del mencionado año una Resolución Conclusiva de Sobreseimiento ante la Jueza ahora demandada, haciendo conocer que se practicaron las diligencias de notificación a todas las partes procesales, conforme a procedimiento, en estricta aplicación de la previsión del art. 324 del CPP; b) La Autoridad demanda, para librar mandamiento de libertad, ordenó se dé cumplimiento a la Resolución de 16 de agosto del mencionado año; y en cumplimiento a tal disposición, el Fiscal de Materia, presentó el informe requerido, manifestando que todas las partes fueron legamente notificadas y que ninguna de ellas formuló recurso de impugnación contra dicha resolución; c) El último memorial presentado en Formato de Documento Portátil (PDF), a la Secretaria del Tribunal de garantías, demuestra de manera clara, que se dio cumplimiento a la normativa procesal antes citada; sin embargo, desde entonces continuaron vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, obligándole a acudir a la vía constitucional, al permanecer injustamente detenido; y, d) En la última resolución judicial, la autoridad demandada, exigió que se debía dar cumplimiento a lo establecido en el art. 56.3 de la Ley adjetiva penal, y pese a haberse cumplido por la Oficial de diligencias, no hubo respuesta alguna de dicha autoridad a la solicitud de mandamiento de libertad.
María Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación, según consta en el Informe cursante a fs. 52.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Resolución 12/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs.74 vta. a 75, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, libre mandamiento de libertad de manera inmediata, a favor del accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional, fue unánime al establecer que en virtud del principio de veracidad, cuando la autoridad demandada no hubiere presentado ningún informe, ni remitido el cuaderno procesal; y, al no contar con ninguna documentación, se debe entender que lo que afirma el peticionante de tutela es cierto; 2) La doctrina entiende que el sobreseimiento debía ser considerado como una sentencia, y en caso de ser notificado a las partes y no haberlo impugnado, adquirió la calidad de cosa juzgada; consiguientemente, se debía atender la solicitud de mandamiento de libertad; puesto que, el Fiscal de Materia, como director de la investigación, no encontró los elementos suficientes para imputar al sindicado, o demostrar su participación en el hecho; y, 3) No se puede justificar que una persona que fue sobreseída, cuyas notificaciones fueron realizadas y que esté plenamente ejecutoriada, continúe detenida preventivamente; consecuentemente, la autoridad demandada no dio cumplimiento exacto a lo establecido en el procedimiento. En vía de aclaración, complementación y enmienda la Jueza demandada mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2023 cursante a fs. 79 a 80 vta., señaló que: i) A causa de la notificación tardía efectuada por parte de la Oficina Gestora de Procesos (OGP), cuando ya no se encontraba en su fuente laboral, le resultó imposible remitir el cuaderno de control jurisdiccional requerido y emitir su respectivo informe; ii) La Resolución de concesión de tutela, no consideró el procedimiento establecido por el art. 324 del CPP, que establece que recibida la imputación formal o de oficio, en caso de no existir querellante, sin mayor formalidad, el Fiscal de Materia comunicará al control jurisdiccional y remitirá los antecedentes dentro del plazo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para que se pronuncie en el plazo de diez días, bajo responsabilidad. Si la mencionada Autoridad revoca el sobreseimiento, intimará al Fiscal inferior o a cualquier otro, para que dentro del plazo de diez días presente requerimiento conclusivo de acusación formal, si lo ratifica dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado; consecuentemente, el procedimiento a cumplir cuando se presenta este tipo de resoluciones, exige que esté ratificado y ejecutoriado para emitir el mandamiento de libertad; iii) Determinaron otorgar mandamiento de libertad de manera inmediata, sin tomar en cuenta que al ser un Tribunal de garantías no estaba autorizado para ordenar la realización de un acto jurídico propio de la jurisdicción ordinaria; lo contrario implicaría vulnerar el principio de independencia;
vi) Si bien es cierto que en el cuaderno de control jurisdiccional cursaba un sobreseimiento a favor del imputado -ahora accionante-, éste no se encontraba ratificado y mucho menos ejecutoriado; puesto que, del Informe elevado por el Fiscal de Materia, se pudo advertir que el cuaderno de investigaciones fue remitido al superior jerárquico, el 23 de agosto de 2023; cuando, en cumplimiento del art. 324 del CPP, correspondía ser remitido de oficio al no existir querellante en el proceso; consecuentemente, al ser remitido recién en esa fecha, el Fiscal Departamental tenía diez días para resolver, plazo que vencería el 6 de septiembre del mismo año; razón por la cual no podría emitir el mandamiento de libertad, como dispone la resolución; y, v) Respecto al sobreseimiento en casos relacionados con delitos que implican violencia de género, la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, constituye el estándar más alto; y, el presente caso se investigaba un delito de abuso sexual, cuya víctima era una niña de once años de edad, a quien el Estado debía otorgar protección reforzada, por tratarse de una menor en situación de violencia sexual, conforme lo determinan los arts. 15 y 60 de la norma fundamental. A través de Resolución de 5 de septiembre de 2023, el Tribunal de garantías, declaró no ha lugar a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, planteada por la Jueza demandada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución Conclusiva de Sobreseimiento de 31 de julio de 2023, Julio César Canaza Soliz, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Maribel Palavecino Palavecino, contra José Elías Saavedra Palavecino -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, hizo conocer a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, el sobreseimiento emitido a favor del imputado, conforme a lo establecido en el art. 323.3 del CPP, alegando que los elementos de prueba son insuficientes para fundar y sustentar una acusación (fs. 13 a 20 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2023, el Fiscal de Materia, presentó notificaciones con la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento, a las partes del proceso, aclarando que no cursaba impugnación contra la misma (fs. 8 a 12). II.3. A través de los memoriales presentados el 16, 17, 24, 28 y 30 de agosto de 2023, el impetrante de tutela, solicitó y reiteró a la Jueza demandada, la emisión de mandamiento de libertad, a su favor, afirmando que el Requerimiento de Sobreseimiento se encontraba ejecutoriado (fs. 3 a 7). II.4. Por Proveídos judiciales de 18 de agosto de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, respondió al memorial del 17 del mismo mes y año, señalando que debía estar a la Providencia de 16 del citado año, y conminó a la Oficial de diligencias a cumplir sus funciones (fs. 62 a 69). II.5. Por memorial de 24 de agosto de 2023, dirigido a la Jueza demandada, el Fiscal asignado al caso, en atención a la determinación asumida en el Decreto judicial de 16 del mismo mes y año, hizo conocer que remitió el cuaderno de investigaciones al Fiscal Departamental para su revisión, de conformidad a la previsión del art. 324 del CPP; mereciendo el Proveído de 25 del mismo mes y año, que dispuso que la Oficial de diligencias habilitada, dé cumplimiento a lo establecido en el art. 56.3 del adjetivo penal, y sea en el día, bajo prevención de llamada de atención (fs. 57 a 58).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal; puesto que, en conocimiento de la Resolución de sobreseimiento emitida a su favor, la Jueza hoy demandada, no dispuso su libertad inmediata, a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas en su despacho; permitiendo que transcurran más de veintiún días de detención indebida; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada emita mandamiento de libertad de manera inmediata. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.
La SCP 1141/2019-S2 de 27 de diciembre, señaló que: «Al respecto y con relación al procedimiento que debe ser observado por las autoridades judiciales y por el Ministerio Público; el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, establece las siguientes subreglas: ‘…1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril’. Dicho entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2495/2012, 0493/2013, 1955/2013 y 0725/2014, entre otras. Posteriormente, la SCP 1095/2017-S3 de 18 de octubre, reiterando los entendimientos jurisprudenciales asumidos en la SCP 1625/2014 de 19 de agosto, señaló que: ‘Ahora bien, corresponde aclarar que la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, tuvo el siguiente entendimiento; cumplido el plazo que, tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de un imputado, corresponde la libertad inmediata del detenido preventivo; pero previo señalamiento de audiencia, ello en atención a la interpretación sistemática de la jurisprudencia y la normativa vigente. En efecto, la posibilidad de imponer medidas cautelares existe hasta la ejecutoria de la sentencia, en este sentido corresponde recordar que la naturaleza de las medidas cautelares, es instrumental al proceso penal; razón por la cual, se aplican de manera restrictiva pero a la vez de acuerdo a la necesidad del proceso penal; de ahí que, la orden de libertad no impide la imposición de medidas sustitutivas. Por otra parte, el debido proceso exige en las audiencias cautelares la aplicación del principio de contradicción, para que la parte querellante y el propio Ministerio Público, puedan controvertir el transcurso del término referido en la SCP 1206/2012, o en su caso los elementos de convicción que existan a tiempo de imponerse las medidas sustitutivas, por ello corresponde recordar que la imposición, modificación, y levantamiento de medidas cautelares debe realizarse en audiencia.» Con relación a la primera subregla establecida en la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, cabe aclarar que el plazo en que debe emitirse la resolución jerárquica es de diez días por mandato del art. 12 de la ley 1173 que modificó el art. 324 del CPP.
El solicitante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal; puesto que, en conocimiento de la resolución de sobreseimiento emitida a su favor, la Jueza hoy demandada, no dispuso su libertad inmediata, a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas en su despacho; permitiendo que transcurran más de veintiún días de detención indebida; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada emita mandamiento de libertad de manera inmediata.
De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; mediante Requerimiento Conclusivo de 31 de julio de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso, resolvió el sobreseimiento a favor del imputado, afirmando que los elementos de prueba eran insuficientes para sustentar una acusación formal (Conclusión II.1); haciendo conocer de su determinación, a la Jueza demandada, e igualmente sobre la notificación personal realizada a los sujetos procesales, aclarando que ninguno de ellos había impugnado el referido requerimiento (Conclusión II.2).
Por memoriales presentados el 16, 17, 24, 28 y 30 de agosto de 2023, el impetrante de tutela, solicitó y reiteró a la Jueza demandada, la emisión de mandamiento de libertad, a su favor, afirmando que el Requerimiento de Sobreseimiento se encontraba ejecutoriado (Conclusión II.3.); que merecieron los Proveídos judiciales de 18 de agosto de 2023, ordenando que debía estar a la Providencia de 16 del mismo mes y año, y conminando a la Oficial de diligencias a cumplir sus funciones (Conclusión II.4.); asimismo, el 24 de agosto de 2023, el Fiscal asignado al caso, en atención a la determinación asumida en el Decreto judicial de 16 de agosto de 2023, hizo conocer la remisión el cuaderno de investigaciones ante el Fiscal Departamental para su revisión, de conformidad a la previsión del art. 324 del CPP; mereciendo el Decreto de 25 del mismo mes y año, disponiendo que la Oficial de diligencias habilitada, dé cumplimiento a lo establecido en el art. 56.3 del adjetivo penal, y sea en el día, bajo prevención de llamada de atención (Conclusión II.5).
En ese contexto, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita.
Ahora bien; con carácter previo, corresponde señalar que la Resolución de Sobreseimiento a favor del imputado, constituye un acto conclusivo de la etapa preparatoria, mediante la cual el Fiscal de Materia, de acuerdo a la norma, cesa la persecución penal iniciada contra el presunto autor.
De acuerdo a lo citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en cuanto a los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento sobre la detención preventiva del accionante, la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, establece dos subreglas; la primera que señala que ese sobreseimiento debe ser remitido en revisión ante el Fiscal Departamental, quien debe ratificar o revocar esa determinación en el plazo de diez días; de acuerdo a lo que prevé el art. 324 del CPP; y, la segunda, que transcurrido ese plazo sin que exista pronunciamiento del Fiscal Departamental, el Juez de oficio o a petición de parte dispondrá la libertad inmediata; determinación que debe ser asumida previa audiencia conforme señaló la SCP 1625/2014 de 19 de agosto.
Ahora bien, en el caso en análisis, de antecedentes se advierte que una vez emitida la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 31 de julio de 2023, en favor del accionante, y al no ser impugnada por ninguna de las partes; en cumplimiento al art. 324 del CPP, el Fiscal de Materia, tenía el plazo de veinticuatro horas para poner en conocimiento del control jurisdiccional y para remitir de oficio ante la ausencia de parte querellante, los antecedentes ante Fiscal Departamental a efecto de que esa autoridad sea la que la confirme o revoque el sobreseimiento en el plazo de diez días, lo que no ocurrió de forma completa; toda vez que, que de acuerdo con lo informado por la Jueza ahora demandada y lo afirmado por el propio accionante, si bien los antecedentes fueron remitidos en el plazo establecido a la autoridad jurisdiccional, no fueron enviados de manera inmediata ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz, sino recién hasta el 24 de agosto de 2023; ello, ante la exigencia y observación efectuada por la autoridad judicial demandada; consecuentemente, resulta evidente que el requerimiento conclusivo de sobreseimiento aún no había sido revisado por el superior jerárquico, cuando el accionante presentó los memoriales solicitando la emisión del mandamiento de libertad a su favor; por ello, no era posible señalar audiencia de oficio para resolver su situación procesal, y menos aún extender de manera directa el mandamiento de libertad solicitado. En mérito a lo expuesto, no es posible reprochar que la Jueza demandada, no hubiese señalado audiencia de oficio cuando se le puso en conocimiento el requerimiento conclusivo de sobreseimiento; en razón a que, en un primer momento, no se hallaba acreditado que dicho requerimiento conclusivo había sido remitido ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz para su revisión y cuando fue remitido, tampoco que hubiera vencido el plazo para la emisión de la resolución jerárquica hasta la presentación de la presente acción tutelar; es más en el momento de la primera solicitud tampoco se encontraba acreditada la notificación a todas las partes, cuyo diligenciamiento era de responsabilidad del Ministerio Público; por lo que, respecto a esa denuncia no se advierte que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz hubiese incurrido en dilación indebida; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, corresponde señalar que, la actuación del Tribunal de garantías en la Resolución de la presente acción tutelar fue incorrecta; ello debido a que, concedió la tutela solicitada, determinando que la autoridad demandada libre mandamiento de libertad de manera inmediata a favor del accionante, sin esperar el resultado de la revisión del requerimiento conclusivo de sobreseimiento por parte del Fiscal Departamental; motivo por el cual, no corresponde mantener los efectos de dicha determinación, toda vez que implicaría convalidar una actuación al margen del procedimiento establecido en el art. 324 del CPP. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 74 vta. a 75, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, en su modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Llamar la atención a Ismael Burgos Olmos, Any Milenka Kruscaiha Guillén Zabala y Lilian Zabala Zambrana, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituidos en Tribunal de garantías, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0008_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 32dffd40c554260d9818cd061421a4c3242a0957504ff63e6ebb9a6937a725b6
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