Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 24 de febrero de 2025
Deniega la tutela
El solicitante de tutela AA, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento a la defensa, ilegal persecución e indebido procesamiento, vinculado con el derecho a la vida en cuanto a la integridad física, psicológica de un menor de edad; toda vez que: a) Mediante Nota de 8 de noviembre de 2024, el Director demandado, en abuso excesivo de sus atribuciones administrativas, y en contra de sus derechos como menor, dispuso que pase clases virtuales, estableciéndole medidas de prohibición, la suspensión en todas las actividades de su promoción, y el acto de graduación, cuando en las medidas cautelares personales que se le impuso mediante el Auto Interlocutorio 156/2024, no existiría la prohibición de poder participar en las actividades académicas estudiantiles y los actos propios de su promoción; b) Asimismo, pese que reclamó de que se respete su presunción de inocencia por ser una garantía constitucional, su situación de ser un menor de edad en conflicto con la ley, y el cumplimento de la referida Resolución; empero, dicho demandado, ratificó su decisión por Oficio 354/24, al realizar solamente un análisis y revalorización de las resoluciones emitidas en su contra, como si tratase de una autoridad judicial, y contrario a lo determinado en el Auto Interlocutorio 156/2024; c) Estaría ante una ilegal persecución o indebido procesamiento por parte de los demandados; puesto que, la Psicóloga codemandada, lesionando su derecho a la integridad física, y psicológica, organizó una reunión el 11 de noviembre de 2024 con su promoción, para ser…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 33/2024 de 15 de noviembre, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Décimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; sin embargo, conforme a las consideraciones de Fundamento Jurídico III.3.3., se mantiene subsistente la determinación del Juez de garantías únicamente respecto de la protección a los derechos del menor.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2025-S4 Sucre, 24 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 69006-2024-139-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2024 de 15 de noviembre, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Luis Franco Nogales en representación sin mandato de AA contra Juan Pablo Escalante Coro, Director; y, Sandra Carvajal, Psicóloga ambos de la Unidad Educativa “San Ignacio” del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2024, cursante de fs. 1; y, 69 a 75 vta.; la parte accionante, expuso los siguientes argumentos:
Teniéndose como antecedente un proceso penal seguido por Ministerio Público en su contra y de otros; estando cursando el último año en la Unidad Educativa “San Ignacio”, y al estar involucrado en la presunta comisión de un ilícito penal contra una compañera de curso, mediante Resolución 43/2024 de 29 de junio, fue imputado formalmente; y posteriormente por Auto Interlocutorio 156/2024 de 30 de junio, se le dispuso la aplicación de medidas cautelares personales, establecidas en el art. 288 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA). Con base a dicho antecedente, la precitada Unidad Educativa, tuvo conocimiento tanto de las referidas Resoluciones como de los hechos suscitados, a través de Sandra Adelaida Castillo Saenz, quien valiéndose de su envestidura de autoridad judicial de otro distrito, al entrevistarse con el Director y Psicóloga de la Unidad Educativa “San Ignacio” –ahora demandados–, influenció para que sea perjudicado en contra de sus derechos y garantías constitucionales, al solicitar que pase clases virtuales, y que no pueda participar en los actos propios de su promoción; situación que llevo, a emitirse la Nota de 8 de noviembre de 2024, que en su referencia señala: “Modalidad Virtual a partir de la fecha y suspensión de actividades de la Promoción 2024” (sic); empero, a través de la misma, como medidas de protección, se dispuso entre otras, las prohibiciones de comunicarse directa o indirectamente con la víctima, y de acercarse a la misma; cuando mediante el Auto Interlocutorio 156/2024, ya se le estableció las siguientes medidas cautelares personales, como: a) La obligación de presentarse ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz, cada lunes en la mañana de 08:30 hasta las 12:00, y firmar el libro de control de asistencia; b) La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedentes penales; c) Los progenitores tienen que comprometerse ante el precitado Juzgado, de presentar a su hijo las veces que sea requerido, tanto por la Fiscal de Materia, como la autoridad del aludido Juzgado, y acompañar un certificado de antecedentes penales otorgado por el REJAP; y, d) Abstenerse o evitar en lo posible, el contacto de los dos adolescentes con la víctima, debiendo la unidad educativa ver ese aspecto de que no exista un acercamiento entre los mismos y la víctima; y, los adolescentes deberán presentar la libreta de calificaciones del segundo trimestre de esta gestión, para acreditar que efectivamente están cursando estudios en la Unidad Educativa “San Ignacio”, y en virtud a ello se les concederá la salida a dicha unidad, para que realicen sus actividades educativas; de igual manera, en la precitada misiva de 8 de noviembre de 2024, al indicar que: “…se comunica que suspende su participación en todas las actividades correspondientes a la promoción 2024. Las cuales incluyen el almuerzo, el acto de graduación y cualquier otro evento que se realice dentro de las instalaciones del colegio” (sic), no solo se estaría ante una lesión de sus derechos como menor de edad, sino un abuso excesivo de las atribuciones administrativas que tiene el Director demandado. Asimismo alegó que, a través de la Nota de 11 de noviembre de 2024, su progenitor solicitó al Director demandado, que se respete la presunción de inocencia por ser una garantía constitucional, y por tratarse de ser un menor de edad en conflicto con la ley penal; y, también el cumplimento del Auto Interlocutorio 156/2024, mismo que establece que no existe elementos indiciarios para manejar ni siquiera una probabilidad de autoría, y peor aún habría la prohibición de poder realizar las actividades académicas estudiantiles y que de estas puedan derivar los actos propios de la promoción; sin embargo, mediante Nota 354/24 de la citada fecha, el precitado demandado, solo realizó un análisis y revalorización de la imputación formal, y como si tratase de una autoridad judicial, señaló que existiría un requerimiento de medidas de protección y habría una víctima dentro del caso, cuando contrariamente lo determinado en el Auto Interlocutorio 156/2024, fue porque no se probó la probabilidad de su autoría. También manifestó que, el 11 de noviembre de 2024, los demandados y el Coordinador del Quinto Ciclo, organizaron una reunión con su promoción, para hacer conocer y ventilar los hechos ocurridos que se encontrarían en investigación, y que en mérito a ello, refirieron que no iba a participar de la cena ni de los actos propios de la promoción, aspecto que se constituye en una acción de hecho que debería ser tutelado por esta instancia constitucional; puesto que, estaría ilegalmente o indebidamente en una persecución, ya que la Psicóloga codemandada, en franco conocimiento del campo de la psicología, organizó la referida reunión para que se les expusiera, y el Director demandado, además de permitir la realización de dicha reunión, no dejó que abandonen los estudiantes que no querían escuchar lo manifestado en la misma, inclusive llegando a amenazar a uno de ellos. Por último indicó que, no obstante que ante su solicitud de participar de las actividades de fin de gestión de su promoción 2024, la autoridad del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz, mediante decreto de 13 de noviembre de 2024, de manera clara dispuso que: “En mérito a la solicitud que antecede, se autoriza al adolescente en conflicto con la ley penal (…) asistir a las actividades de Confraternización de la Promoción del Colegio San Ignacio y al Acto de Graduación (…) programados para los días 14 y 15 de noviembre del presente año, asimismo se ordena al Director y a la Unidad Educativa San Ignacio evite el contacto de los adolescentes con la menor sujeto de protección ello en cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Nº 156/2024…” (sic); sin embargo, el 14 de igual mes y año, al asistir a la precitada Unidad Educativa, además de hacerle esperar veinte minutos en la puerta, le indicaron que por orden del Director demandado, no podría entrar ni participar de la actividad programada; hecho que no solo vulnera la orden de la autoridad judicial, sino que sería una actitud reprochable que afectaría su integridad física y emocional como menor.
La impetrante de tutela alegó como lesionado el debido proceso en su elemento a la defensa, ilegal persecución e indebido procesamiento, vinculado con el derecho a la vida en cuanto a la integridad física, psicológica de un menor de edad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se ordene al Director demandado, el cese de toda determinación administrativa que impida su participación en las actividades educativas, y en el acto de graduación, cena y cualquier otro evento desarrollado por la unidad educativa o la directiva de padres de familia; 2) Se remita al Ministerio Público, los hechos de violencia realizados en su contra, por parte de los demandados, con el fin de que inicie una investigación y calificación del tipo penal que corresponda; 3) Se envié al Colegio de Psicólogos de La Paz, los antecedentes de los extremos suscitados en su contra, por parte de la Psicóloga codemandada; 4) Se suspenda toda persecución indebida por parte de los demandados; 5) Se remita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y SEDUCA, los antecedentes del hecho acaecido en la Unidad Educativa “San Ignacio”, por parte de los demandados, sobre la violencia perpetrado en su contra; y, 6) El pago por cada uno de los demandados, de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos).
Celebrada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 96 a 101 vta., presente la parte solicitante de tutela, asistido de su abogado, los demandados, y la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela, a través de su abogado defensor, en audiencia, se ratificó íntegramente en su demanda de acción tutelar, y manifestó los mismos argumentos de su acción de defensa. En su derecho a la réplica, indico que, el decreto de 13 de noviembre de 2024, que dispuso pueda asistir a los actos de confraternización y de graduación, fue notificado a los demandados el 14 de igual mes y año a las 14:00.
Juan Pablo Escalante Coro, Director; y, Sandra Carvajal, Psicóloga ambos de la Unidad Educativa “San Ignacio”, a través de su abogado, en audiencia, expresaron que: a) La institución educativa, no estaría en contra del accionante hoy en conflicto con la justicia penal, ya que durante el tiempo del proceso, se le apoyó, mantuvo y garantizó de toda forma su derecho a la educación; b) En el proceso penal de referencia, el establecimiento educativo, no estaría como parte denunciante, ni parte imputada, menos defendiendo a los adolescentes menores en conflicto, ni asesorando a la parte que figura como víctima; sino que conforme al art. 155 del CNNA, anotició de un hecho que sucedió en la precitada Unidad Educativa, como la viralización de un video de pornografía dentro de un grupo de estudiantes; c) Si bien dicho hecho no le incumbe a la aludida institución investigar, y menos juzgar; empero, dentro del indicado proceso se emitió las Medidas de Protección de 17 de junio de 2024, por parte de la Fiscal de Materia, que en otras ordena prácticamente a la parte accionante, la: i) Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; ii) Prohibición de intimar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; iii) Prohibición de acercarse en el radio de distancia que determine la jueza o el juez al lugar de la residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima; iv) Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, v) Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima; es decir, pese que el impetrante de tutela fue notificado el 29 de junio de 2024, con la citada Medidas de Protección, y tenía el deber de cumplir con la misma; sin embargo, este no las cumplió desde la precitada fecha, además la Unidad Educativa a simple conocimiento no podía intervenir y vulnerar su derecho a la educación, más al contrario la madre de la víctima, haciendo conocer la resolución de medidas cautelares y medidas de protección, solicitó que su hija pase clases virtuales, a lo cual se le dio curso; d) Si bien la autoridad judicial, en el punto cuatro del Auto Interlocutorio 156/2024, dentro de las medidas cautelares personales dispuestas a la parte solicitante de tutela, estableció de: “Abstenerse o evitar en lo posible, el contacto de los dos adolescentes con la víctima, debiendo la unidad educativa ver ese aspecto de que no exista un acercamiento entre los mismos y la víctima” (sic); empero, en virtud a ello, no se le estaría prohibiendo al accionante de pasar clases, sino que conforme fue dispuesto y en cumplimiento de la referida Resolución, para que no se tenga contacto con la víctima, ya que la madre de la misma solicitó el cambio de clases presenciales, fue que se dispuso que el impetrante de tutela pase clases virtuales; e) Asimismo, si bien la autoridad judicial, mediante decreto de 13 de noviembre de 2024, y el Auto Interlocutorio de igual fecha, de corrección de datos, dispuso y autorizó que el accionante asistir a las actividades de confraternización y el acto de graduación, programados para los días 14 y 15 de noviembre de 2024; sin embargo, dicha autoridad, a través de las merituadas Resoluciones no autorizó ningún horario, pero si se le ordenó que evite el contacto de los adolescentes con la menor sujeta de protección; por lo que, además de ser notificado con la última resolución el 14 de igual mes y año, en horas de la mañana, y al encontrase en conflicto para que no estén en contacto tanto el solicitante con la presunta víctima en el mismo acto, emitió un comunicado para que el primero este en el horario de la tarde y la segunda en el horario de la mañana; en ese entendido, conforme a lo precitado, jamás se restringió el derecho a la educación al impetrante de tutela, ni mucho menos la autorización que pronunció la autoridad judicial; y, f) Si mediante Nota de 8 de noviembre de 2024, Carlos Tapia, Coordinador del Quinto Ciclo de la Unidad Educativa “San Ignacio”, fue quien firmó y dispuso que el accionante pase clases virtuales; entonces porqué en la presente acción tutelar fue demandado como también a la Psicóloga, y no así al nombrado; por lo que, carecerían de legitimación pasiva en el referido acto; y, conforme a todo lo precitado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
Patricia Franco, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada en Penales, en audiencia, manifestó que, al encontrarse como defensa de la víctima dentro del proceso penal de referencia, no podría alegar sobre esta situación, y estaría a la espera de la determinación que se emita y corresponda por la “ley civil”.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Décimo Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 33/2024 de 15 de noviembre, cursante de fs. 102 a 108 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo y ordenando que: 1) Los demandados, se inhiban de realizar cualquier reunión o inducción relacionada a la causa penal que se sigue en contra del solicitante AA, y también precautelando por los derechos de la menor víctima; 2) La remisión de antecedentes a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de que se establezca las consecuencias generadas contra el impetrante de tutela AA, sobre los actuados realizados en la reunión de 11 de noviembre de 2024, y en caso de que corresponda, se haga conocer a las instancias respectivas para que se asuman también las acciones que correspondan; y, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, deberá realizar el acompañamiento psicológico al referido accionante; y, 3) Los demandados, no asuman ninguna acción de represalias en contra del solicitante AA, como tampoco contra sus progenitores, debiendo más al contrario garantizarles todos los derechos y garantías que les asiste, como también a la parte víctima, conforme a las previsiones establecidas en el proceso penal; ello conforme a los siguientes fundamentos: i) Respecto al entendimiento que tendría la parte impetrante de tutela, que estaría siendo perseguido ilegalmente, sosteniendo que en la reunión organizada por los demandados, hubiera sido expuesto, y las determinaciones que habría asumido la Unidad Educativa “San Ignacio”, implicó restricciones de asistir a distintos actos; y, también se encontraría ante indebido procesamiento, ya que no tendría la oportunidad de presentar ninguna objeción, ni justificación a las determinaciones que se habría asumido las Notas de 8 y 11 de noviembre de 2024, porque no tendrían los mecanismos oportunos y eficaces para establecer la protección de sus derechos y garantías; sin embargo, de la revisión de la documentación presentada por la parte impetrante de tutela, no se evidenciaría las causales previstas en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para establecer o dar viabilidad de conceder la tutela impetrada; puesto que, existiría un proceso penal en el cual sería parte el solicitante AA, y además de haber resoluciones emitidas en su contra, se encontraría bajo la jurisdicción del Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz, quien además de conocer la causa penal referencia, emitió el Auto Interlocutorio 156/2024, y asumiendo previsiones conforme establece el art. 288 del CNNA, dispuso las medidas cautelares personales a la parte accionante; ii) Referente a la controversia generada en la presente acción tutelar, del punto cuatro del Auto Interlocutorio 156/2024; independientemente de la forma que fue puesta en conocimiento a las partes procesales de dicha determinación judicial; la parte demandada, presentó documentaciones en esta acción de defensa, respecto a las actuaciones que hubiera asumido, no solo por la solicitud de la madre de la víctima de cambiar la modalidad de clases presenciales a virtuales, con el fin de evitar una revictimización de la misma, sino que ante otro requerimiento en forma viceversa por parte de la víctima, y con el objeto de cumplir con las Medidas de Protección emitidas por parte del Ministerio Público, mediante Nota de 8 de noviembre de 2024, comunicó y dispuso las clases virtuales al solicitante AA; asimismo, si la parte impetrante de tutela, no estaba de acuerdo con las medidas de protección que fueron dispuestas en el Auto Interlocutorio 156/2024, respecto al punto cuatro, además que debió de haber impugnado dicha determinación, la misma implica una protección reforzada que tendría la víctima por ser mujer, y por su situación estaría reforzada en las Medidas de Protección de 17 de junio de 2024; por lo que, conforme a ello, no se advierte que se existiría vulneración a ningún derecho, o impliquen una persecución ilegal o indebido procesamiento contra la parte impetrante de tutela; toda vez que, las determinaciones asumidas por la Unidad Educativa “San Ignacio”, en su comunicado tendrían sustento por la solicitud de la madre de la víctima; iii) El decreto de 13 de noviembre de 2024, en el cual la autoridad judicial autorizó a la parte accionante, de asistir a las actividades de confraternización de la promoción y el acto de graduación, programados para el 14 y 15 de igual mes y año, y también determinó a la parte demandada, evite el contacto entre los adolescentes involucrados con la víctima; este extremo hubiera sido cumplido por el Director demandado, ya que mediante Nota de 14 del citado mes y año, comunicó a la parte solicitante, en cumplimiento del Auto Interlocutorio de 13 de igual fecha, podría participar en la confraternización de la actividad de 15 de noviembre de 2024, entre las 11:45 a 13:30, y una vez que concluya la misma, debía de retirarse del recinto; y, iv) De los audios presentados en esta acción de defensa, se denota que en la reunión de 11 de noviembre de 2024, la Psicóloga codemandada expresó y ventilo las determinaciones que asumió la autoridad judicial y la Fiscal de Materia, por incumplimiento de los adolescentes involucrados en las medidas de protección dentro del proceso penal, cuando son extremos que merecen confidencialidad, no solo a la parte accionante sino a la víctima; toda vez que, se debió de precautelar los derechos a la dignidad, a la imagen, y a la identidad de los mismos, aspectos que debió hacer cumplir el Director demandado en dicha reunión realizada como autoridad máxima de la Unidad Educativa “San Ignacio”.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de AA (diecisiete años de edad) –ahora parte accionante–, y otros, por la presunta comisión del delito de pornografía; la Fiscal de Materia emitió las Medidas de Protección de 17 de junio de 2024, a favor de la víctima, y cumplidas por el nombrado, consistentes en: a) Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; b) Prohibición de intimar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; c) Prohibición de acercarse en el radio de distancia que determine la jueza o el juez al lugar de la residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima; d) Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, e) Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima; actuado procesal notificado a la parte impetrante de tutela el 29 de junio de 2024 (fs. 15). II.2. Mediante Resolución 43/2024 de 29 de junio, la Fiscal de Materia, imputó formalmente al solicitante de tutela, y otros, por la presunta comisión del delito de pornografía, solicitando al efecto medidas cautelares personales de detención preventiva contra el nombrado (fs. 5 a 13). II.3. Por Auto Interlocutorio 156/2024 de 30 de junio, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto del departamento de la Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, dispuso las medidas cautelares personales al accionante conforme al art. 288 del CNNA, estableciendo: 1) La obligación de presentarse ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz, cada lunes en la mañana de 08:30 hasta las 12:00, y firmar el libro de control de asistencia; 2) La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedente penales; 3) Los progenitores tienen que comprometerse ante el precitado Juzgado, de presentar a su hijo las veces que sea requerido, tanto por la Fiscal de Materia, como la autoridad del aludido juzgado, y acompañar un certificado de antecedentes penales otorgado por el REJAP; y, 4) Abstenerse o evitar en lo posible, el contacto de los dos adolescentes con la víctima, debiendo la unidad educativa ver ese aspecto de que no exista un acercamiento entre los mismos y la víctima; y, los adolescentes deberán presentar la libreta de calificaciones del segundo trimestre de esta gestión, para acreditar que efectivamente están cursando estudios en la Unidad Educativa “San Ignacio”, y en virtud a ello se les concederá la salida a dicha unidad, para que realicen sus actividades educativas; asimismo, ordenó que, se oficiará a la Unidad Educativa “San Ignacio”, para que, por medio de su Director, se evite el contacto entre solicitante de tutela y la víctima, respecto a los horarios de clases entre los mismos (fs. 16 a 23 vta.). II.4. A través de la Nota de 8 de noviembre de 2024, Carlos Tapia, Coordinador de Quinto Ciclo de la Unidad Educativa “San Ignacio”, informó a los padres del impetrante de tutela, que en cumplimiento de las medidas de protección emitidas a favor de la víctima, y con el fin de evitar cualquier forma de revictimización contra la misma; dicho establecimiento decidió que el accionante pase clases de forma virtual a partir de la precitada fecha, y que se encuentra suspendido de participar en todas las actividades de la promoción 2024, incluyendo el almuerzo, el acto de graduación, y cualquier otro evento que se realice dentro de las instalaciones de la referida Unidad Educativa (fs. 26). II.5. Por Misiva de 11 de noviembre de 2024, el padre del solicitante de tutela, solicitó al Director de la Unidad Educativa “San Ignacio” –hoy demandado– , fundamente la decisión tomada, y bajo que instrucciones de autoridad educativa o judicial, se asumió una medida tan injusta y arbitraria, para que su hijo pase clases virtuales; además, respecto a una reunión realizada, en el cual se hubiera mencionado la identidad del referido menor, solicitó que no esté dañando la identidad del mismo, cuya confidencialidad de nombre debería mantenerse de acuerdo a lo que dispone la ley (fs. 25). II.6. Mediante Oficio 354/24 de 11 de noviembre, el Director demandado, dando respuesta a la nota de la parte accionante; señalando que en cumplimiento de las medidas de protección emitidas por la Fiscal de Materia, las medidas cautelares personales del Auto Interlocutorio 156/2024, respecto al punto cuatro, y la orden de que la Unidad Educativa “San Ignacio”, por medio de su Director, evite el contacto entre impetrante de tutela y la víctima, respecto a los horarios de clases entre los mismos; tomó la decisión de que accionante de tutela, pase clases virtuales, y que de ninguna manera se estaría vulnerando su derecho a la educación, sino estaría garantizando el mismo con una educación a distancia por medios virtuales; y, sobre la reunión realizada en el cual se hubiera expuesto la identidad del solicitante, no sería cierto, ya que en la misma, fue una sesión de inducción dirigida a todos y no a alguien en específico, donde se puso en conocimiento los valores que pregona la referida institución educativa, y temas de prevención de ilícitos en razón de género y otros (fs. 27 a 30). II.7. A través de memorial presentado el 11 de noviembre de 2024, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz; la parte impetrante de tutela, solicitó autorización judicial, para asistir a la actividad de confraternización de la promoción de la Unidad Educativa “San Ignacio”, programada para el 14 y 15 de igual mes y año, a partir de las 08:30; y, al acto de graduación fijada para el 13 de diciembre del citado año en horario a definir por dicha Unidad Educativa (fs. 4 y vta.). II.8. Por decreto de 13 de noviembre de 2024, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, señalo que: “En mérito a la solicitud que antecede, se autoriza al adolescente en conflicto con la ley penal Eddy Luis Franco Nogales asistir a las actividades de Confraternización de la Promoción del Colegio San Ignacio y el Acto de Graduación (…) programados para los días 14 y 15 de noviembre del presente año, asimismo se ordena al Director y a la Unidad Educativa San Ignacio evite el contacto de los adolescentes con la menor sujeto de protección ello en cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Nº 156/2024…” (sic); y, por Auto Interlocutorio de la precitada fecha, corrigió los datos del nombre del accionante, manteniendo incólume dicha disposición (fs. 83 vta.; y, 68). II.9. Mediante Nota de 14 de noviembre de 2024, el Director demandado, comunicó al padre del impetrante de tutela que, con el fin de cumplir con la autorización emanada por autoridad jurisdiccional competente, y evitar el contacto con la víctima; se dispuso que podrá participar el solicitante en la actividad programada para el 15 del mencionado mes y año, desde las 11:45 a 13:30, y con las siguientes recomendaciones: i) Evitar por cualquier medio tomar contacto con la menor S.M.M.C.; ii) Evitar hablar con cualquier compañero del colegio de la menor S.M.M.C.; y, iii) Respetar el lugar que será asignado (fs. 85 vta.).
El solicitante de tutela AA, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento a la defensa, ilegal persecución e indebido procesamiento, vinculado con el derecho a la vida en cuanto a la integridad física, psicológica de un menor de edad; toda vez que: a) Mediante Nota de 8 de noviembre de 2024, el Director demandado, en abuso excesivo de sus atribuciones administrativas, y en contra de sus derechos como menor, dispuso que pase clases virtuales, estableciéndole medidas de prohibición, la suspensión en todas las actividades de su promoción, y el acto de graduación, cuando en las medidas cautelares personales que se le impuso mediante el Auto Interlocutorio 156/2024, no existiría la prohibición de poder participar en las actividades académicas estudiantiles y los actos propios de su promoción; b) Asimismo, pese que reclamó de que se respete su presunción de inocencia por ser una garantía constitucional, su situación de ser un menor de edad en conflicto con la ley, y el cumplimento de la referida Resolución; empero, dicho demandado, ratificó su decisión por Oficio 354/24, al realizar solamente un análisis y revalorización de las resoluciones emitidas en su contra, como si tratase de una autoridad judicial, y contrario a lo determinado en el Auto Interlocutorio 156/2024; c) Estaría ante una ilegal persecución o indebido procesamiento por parte de los demandados; puesto que, la Psicóloga codemandada, lesionando su derecho a la integridad física, y psicológica, organizó una reunión el 11 de noviembre de 2024 con su promoción, para ser expuesto al ventilar los hechos ocurridos que se encontrarían en investigación, y señalar que por ello no iba a participar en los actos propios de su promoción; y, el Director demandado por permitir dicha reunión; y, d) Pese que la autoridad judicial, mediante decreto, y Auto Interlocutorio ambos de 13 de igual mes y año, autorizó para que asista a las actividades de confraternización de su promoción, y el acto de graduación, programados para el 14 y 15 del indicado mes y año; sin embargo, estando presente en la actividad de la primera citada fecha, además de hacerle esperar veinte minutos en la puerta, le indicaron que por orden del Director demandado, no podría entrar participar de dicha actividad, hecho que a más de omitir la orden de una autoridad judicial, se constituye en una actitud reprochable que afectaría su integridad física y emocional como menor. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0399/2018-S4 de 13 de agosto, haciendo referencia a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.
Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras”. En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, sostuvo que: “Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad” (las negrillas pertenecen al texto original).
Al respecto, la SCP 0784/2020-S4 de 1 de diciembre, estableció lo siguiente: “…De acuerdo al nuevo diseño constitucional, previsto en la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, la acción de libertad, por expreso reconocimiento constitucional, extendió el ámbito de su protección al derecho a la vida e integridad personal, sin previa exigencia de vinculación alguna con los derechos de libertad personal o de locomoción del agraviado.
Esta nueva configuración otorgada a la acción de libertad, se encuentra explicada y desarrollada en la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, de la siguiente manera: ʽ…el habeas corpus, en nuestro caso acción de libertad, es la garantía jurisdiccional idónea para controlar el respeto a la vida e integridad del detenido, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, y para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ámbito de protección que; sin embargo, en el caso boliviano, no abarca únicamente a los supuestos de detención, sino también en los casos en los cuales exista amenaza al derecho a la vida, conforme lo establece el art. 125 de la CPE, que asume, en este punto un criterio más favorable para la efectiva protección de este derecho que, conforme se tiene señalado es considerado por la jurisprudencia constitucional como el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional.
En ese sentido, debe mencionarse a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, que reflexionó sobre el nuevo alcance de la acción de libertad con relación al derecho a la vida, al señalar:
«…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona 'que considere que su vida está en peligro', sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que 'su vida está en peligro».
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’.
Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas por la justicia constitucional, a través de este mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado’.
(…)
Conforme a los razonamientos expuestos, se tiene que la acción de libertad tiene un amplio ámbito de protección que incluye el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción. Asimismo, protege de manera directa el fundamentalísimo derecho a la vida e integridad personal, circunstancia en la cual, el deterioro o la afectación en la salud del impetrante de tutela podría poner en riesgo real e inminente su vida o integridad personal; en consecuencia, a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente” (las negrillas son nuestras).
En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela AA, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento a la defensa, ilegal persecución e indebido procesamiento, vinculado con el derecho a la vida en cuanto a la integridad física, psicológica de un menor de edad; toda vez que: 1) Mediante Nota de 8 de noviembre de 2024, el Director demandado, en abuso excesivo de sus atribuciones administrativas, y en contra de sus derechos como menor, dispuso que pase clases virtuales, estableciéndole medidas de prohibición, la suspensión en todas las actividades de su promoción, y el acto de graduación, cuando en las medidas cautelares personales que se le impuso mediante el Auto Interlocutorio 156/2024, no existiría la prohibición de poder participar en las actividades académicas estudiantiles y los actos propios de su promoción; 2) Asimismo, pese que reclamó de que se respete su presunción de inocencia por ser una garantía constitucional, su situación de ser un menor de edad en conflicto con la ley, y el cumplimento de la referida Resolución; empero, dicho demandado, ratificó su decisión por Oficio 354/24, al realizar solamente un análisis y revalorización de las resoluciones emitidas en su contra, como si tratase de una autoridad judicial, y contrario a lo determinado en el Auto Interlocutorio 156/2024; 3) Estaría ante una ilegal persecución o indebido procesamiento por parte de los demandados; puesto que, la Psicóloga codemandada, lesionando su derecho en cuanto a la integridad física, y psicológica, organizó una reunión el 11 de noviembre de 2024 con su promoción, para ser expuesto al ventilar los hechos ocurridos que se encontrarían en investigación, y señalar que por ello no iba a participar en los actos propios de su promoción; y, el Director demandado por permitir dicha reunión; y, 4) Pese que la autoridad judicial, mediante decreto, y Auto Interlocutorio ambos de 13 de igual mes y año, autorizó para que asista a las actividades de confraternización de su promoción, y el acto de graduación, programados para el 14 y 15 del indicado mes y año; sin embargo, estando presente en la actividad de la primera citada fecha, además de hacerle esperar veinte minutos en la puerta, le indicaron que por orden del Director demandado, no podría entrar ni participar de dicha actividad, hecho que a más de omitir la orden de una autoridad judicial, se constituye en una actitud reprochable que afectaría su integridad física y emocional como menor. Identificada las problemáticas planteadas y la pretensión de la parte accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen y los actos administrativos; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; es así que, de los antecedentes, se tiene que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de AA (diecisiete años de edad) –ahora parte impetrante de tutela–, y otros, por la presunta comisión del delito de pornografía; la Fiscal de Materia, además de emitir las Medidas de Protección de 17 de junio de 2024, a favor de la víctima, y ser cumplidas por el solicitante, como la: i) Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; ii) Prohibición de intimar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; iii) Prohibición de acercarse en el radio de distancia que determine la jueza o el juez al lugar de la residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima; iv) Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, v) Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima; la merituada autoridad, ante la presentación de su imputación formal mediante Resolución 43/2024 de 29 de junio, contra el solicitante de tutela y otros, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, por Auto Interlocutorio 156/2024 de 30 de junio, dispuso las medidas cautelares personales al accionante, conforme al art. 288 del CNNA, estableciéndole: a) La obligación de presentarse ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz, cada lunes en la mañana de 08:30 hasta las 12:00, y firmar el libro de control de asistencia; b) La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedente penales; c) Los progenitores tienen que comprometerse ante el precitado Juzgado, de presenta a su hijo las veces que sea requerido, tanto por la Fiscal de Materia, como la autoridad del aludido Juzgado, y acompañar un certificado de antecedentes penales otorgado por el REJAP; y, d) Abstenerse o evitar en lo posible, el contacto de los dos adolescentes con la víctima, debiendo la unidad educativa ver ese aspecto de que no exista un acercamiento entre los mismos y la víctima; y, los adolescentes deberán presentar la libreta de calificaciones del segundo trimestre de esta gestión, para acreditar que efectivamente están cursando estudios en la Unidad Educativa “San Ignacio”, y en virtud a ello se les concederá la salida a dicha unidad, para que realicen sus actividades educativas; asimismo, ordenó que se oficiará a la Unidad Educativa “San Ignacio”, para que por medio de su Director, se evite el contacto entre solicitante de tutela y la víctima, respecto a los horarios de clases entre los mismos (Conclusiones II.1, II.2, y II.3). Posterior a ello, a través de Nota de 8 de noviembre de 2024, el Coordinador de Quinto Ciclo de la Unidad Educativa “San Ignacio”, al informarle a los padres del impetrante de tutela, que en cumplimiento de las medidas de protección emitidas a favor de la víctima, y con el fin de evitar cualquier forma de revictimización contra la misma; el establecimiento decidió que el accionante pase clases de forma virtual a partir de la precitada fecha, y que se encuentra suspendido de participar en todas las actividades de la promoción 2024, incluyendo el almuerzo, el acto de graduación, y cualquier otro evento que se realice dentro de las instalaciones de la referida Unidad Educativa; ante ello, por misiva de 11 de igual mes y año, el progenitor del solicitante de tutela, requirió al Director de la Unidad Educativa “San Ignacio” –hoy demandado–, fundamente la decisión tomada, y bajo que instrucciones de autoridad educativa o judicial, se asumió una medida tan injusta y arbitraria, para que su hijo pase clases virtuales; además, respecto a una reunión realizada, en el cual se hubiera mencionado la identidad del referido menor, solicitó que no esté dañando la identidad del mismo, cuya confidencialidad de nombre debería mantenerse de acuerdo a lo que dispone la ley; en respuesta, el Director demandado, mediante Oficio 354/24, señaló que en cumplimiento de las medidas de protección emitidas por la Fiscal de Materia, las medidas cautelares personales del Auto Interlocutorio 156/2024, respecto al punto cuatro, y la orden de que la Unidad Educativa “San Ignacio”, por medio de su Director, evite el contacto entre solicitante de tutela y la víctima, respecto a los horarios de clases entre los mismos; tomó la decisión de que solicitante de tutela, pase clases virtuales, y que de ninguna manera se estaría vulnerando su derecho a la educación, sino estaría garantizando el mismo con una educación a distancia por medios virtuales; y, sobre la reunión realizada en el cual se hubiera expuesto la identidad del accionante, no sería cierto, ya que en la misma, fue una sesión de inducción dirigida a todos y no a alguien en específico, donde se puso en conocimiento los valores que pregona la referida institución educativa, y temas de prevención de ilícitos en razón de género y otros (Conclusiones II.4, II.5, y II.6). Por último se tiene que, la parte impetrante de tutela, al solicitar mediante memorial de 11 de noviembre de 2024, autorización judicial, para asistir a la actividad de confraternización de la promoción 2024 de la Unidad Educativa “San Ignacio”, programada para el 14 y 15 de igual mes y año, a partir de las 08:30; y, al acto de graduación fijada para el 13 de diciembre del citado año en horario a definir por dicha Unidad Educativa; el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, mediante decreto de 13 de noviembre de 2024, señalo que: “En mérito a la solicitud que antecede, se autoriza al adolescente en conflicto con la ley penal Eddy Luis Franco Nogales asistir a las actividades de Confraternización de la Promoción del Colegio San Ignacio y el Acto de Graduación (…) programados para los días 14 y 15 de noviembre del presente año, asimismo se ordena al Director y a la Unidad Educativa San Ignacio evite el contacto de los adolescentes con la menor sujeto de protección ello en cumplimiento a lo dispuesto por Resolución Nº 156/2024…” (sic); y, por Auto Interlocutorio de la precitada fecha, al corregir los datos del nombre del accionante, mantuvo incólume dicha disposición; y, en cumplimiento de dicha determinación, el Director demandado, por Nota de 14 de noviembre de 2024, comunicó al padre del impetrante de tutela que, con el fin de cumplir con la autorización emanada por autoridad jurisdiccional competente, y evitar el contacto con la víctima; se dispuso que podrá participar el solicitante en la actividad programada para el 15 del mencionado mes y año, desde las 11:45 a 13:30, y con las siguientes recomendaciones: 1) Evitar por cualquier medio tomar contacto con la menor S.M.M.C.; 2) Evitar hablar con cualquier compañero del colegio de la menor S.M.M.C.; y, 3) Respetar el lugar que será asignado (Conclusiones II.7, II.8, y II.9).
Ahora bien, en el marco jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, con carácter previo resulta necesario establecer si las problemáticas traídas en revisión, a través de la presente acción de tutela, en la cual se denuncian supuestas vulneraciones del debido proceso en su elemento a la defensa, ilegal persecución e indebido procesamiento, puede ser conocida y resuelta a través de esta acción de libertad; puesto que, corresponde evaluar al efecto, los dos presupuestos que la jurisprudencia constitucional exige de manera concurrente para pronunciarse en el fondo, respecto de las presuntas lesiones al debido proceso; es decir: 1) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, que deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debería existir absoluto estado de indefensión. En ese entendido, conforme a todos los antecedentes expuestos, y la jurisprudencia constitucional señalada; debe tenerse en cuenta primeramente que, tanto la nota de 8 de noviembre de 2024, por el cual se dispuso que el accionante, pase clases virtuales, se le estableció medidas de prohibición, la suspensión en todas las actividades de su promoción, y el acto de graduación; y, de la misma forma el Oficio 354/24, mediante el cual, el Director demandado, ratificó dicha decisión, realizando solamente un análisis y revalorización de las resoluciones emitidas en contra del impetrante de tutela, como si tratase de una autoridad judicial, y contrario a lo determinado en el Auto Interlocutorio 156/2024; los merituados documentos además de constituirse en actuados propios de una actividad administrativa, porque fueron emitidos por una autoridad educativa pública, y no así por una autoridad judicial dentro del proceso penal de referencia; las decisiones o determinaciones que hubiera asumido mediante los mismos el Director demandado, en contra del accionante, no tienen ninguna vinculación, ni se constituirían en una afectación o amenaza directa del derecho a la libertad del mismo, y sobre el cual conforme a su naturaleza, esta acción de defensa debe de presentarse ante una eventual vulneración de dicho derecho; es decir, el primer presupuesto exigido por el precitado Fundamento Jurídico señalado precedentemente, no estaría cumplido; puesto que, además de estar el impetrante de tutela ejerciendo su defensa en plena libertad, de ninguna manera las decisiones o disposiciones de la nota de 8 de noviembre de 2024, y Oficio 354/24 –actuados administrativos–, definieron o definirían su situación jurídica en cuanto a su libertad; ya que, como se mencionó anteriormente, los citados extremos al no tener vinculación directa con dicho derecho, ni esté en riesgo el mismo por alguna disposición judicial dentro del proceso penal, no se podría constituir de ninguna forma en una vulneración del merituado derecho; ya que, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados; sin perjuicio de lo señalado, se tiene presente que conforme a lo expuesto en los antecedentes referentes a la presente causa, se tiene que la parte impetrante hubiera logrado el fin impetrado mediante esta acción de defensa, puesto que al solicitar mediante memorial de 11 de noviembre de 2024, autorización judicial, para asistir a la actividad de confraternización de la promoción de la Unidad Educativa “San Ignacio”, programada para el 14 y 15 de igual mes y año, a partir de las 08:30; y, al acto de graduación fijada para el 13 de diciembre del citado año en horario a definir por dicha Unidad Educativa; la autoridad jurisdiccional, mediante decreto y Auto Interlocutorio ambos de 13 de noviembre de 2024, autorizó dicho requerimiento por lo que en su caso correspondía solicitar a dicha autoridad el cumplimiento de su disposición.
Y, en cuanto al segundo presupuesto, respecto al absoluto estado de indefensión, tampoco se tiene por acreditado; toda vez que, el padre del solicitante, mediante misiva de 11 de noviembre de 2024, al solicitar al Director demandado, fundamente la decisión tomada, y bajo que instrucciones de autoridad educativa o judicial, se asumió una medida tan injusta y arbitraria, para que su hijo pase clases virtuales; y, requerir al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de La Paz, por memorial de igual fecha, autorización judicial, para asistir a la actividad de confraternización de la promoción, programada para el 14 y 15 del citado mes y año, y al acto de graduación; y, los referidos actuados tendrían respuestas por dichas autoridades; se denotaría que la parte impetrante de tutela, estaría ejerciendo su derecho a la defensa conforme a los procedimientos administrativos y judiciales; por lo tanto, al no cumplir con los dos presupuestos exigidos para la procedibilidad de las lesiones al debido proceso, vía esta acción de defensa; dado que: “el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción”; conforme a todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela impetrada, respecto a las referidas problemáticas planteadas. Ahora bien, respecto que el accionante señala que estaría ante una ilegal persecución o indebido procesamiento por parte de los demandados; toda vez que, la Psicóloga codemandada, lesionando su derecho en cuanto a la integridad física, y psicológica, organizó una reunión el 11 de noviembre de 2024 con su promoción, para ser expuesto al ventilar los hechos ocurridos que se encontrarían en investigación, y señalar que por ello no iba a participar en los actos propios de su promoción; y, el Director demandado por permitir dicha reunión; y, asimismo, denunció que pese que, la autoridad judicial, mediante decreto, y Auto Interlocutorio ambos de 13 de igual mes y año, autorizó para que asista a las actividades de confraternización de su promoción, y el acto de graduación, programados para el 14 y 15 del indicado mes y año; sin embargo, estando presente en la actividad de la primera citada fecha, además de hacerle esperar veinte minutos en la puerta, le indicaron que por orden del Director demandado, no podría entrar ni participar de dicha actividad, hecho que a más de omitir la orden de una autoridad judicial, se constituye en una actitud reprochable que afectaría su integridad física y emocional como menor; estableciendo la parte accionante en la primera problemática lesión al debido proceso, y ambas problemáticas, vinculando con la vulneración de su derecho a la vida en cuanto a la integridad física, psicológica como menor de edad. En ese contexto, referente a la ilegal persecución o indebido procesamiento denunciada en la primera problemática, estos ya se encontrarían superados y analizados, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente; y, respecto a la lesión de su derecho a la vida en cuanto a su integridad física, y psicológica, debemos tomar en cuenta lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al establecer que a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente, ya que la acción de libertad residiría en la protección del derecho a la vida, cuando esté vinculado con el derecho a la libertad, o cuando la misma se encuentre en un inminente riesgo o peligro; situación que no acontece en el presente caso; toda vez que, si bien en la reunión del 11 de noviembre de 2024, el solicitante hubiera sido expuesto su proceso por parte de los demandados, y el 14 de igual mes y año, se le restringió de participar en dicha actividad por orden del Director demandado, denunciando con ello, la lesión de su derecho a la vida en cuanto a su integridad física, y psicológica; sin embargo, dichos extremos son solo enunciaciones, y que no estarían respaldadas con certificaciones que respalden de manera objetiva que por estos hechos, la vida del impetrante de tutela se encuentre en un riesgo o peligro inminente; es decir, aspectos que no se constituye en elementos suficientes que permita a esta jurisdicción constitucional, otorgar la tutela impetrada, pues no se encuentra suficientemente respaldado por documental idónea; por consiguiente, al no haberse cumplido con los requisitos necesarios para la tutela del debido proceso o de los derechos a la vida vía acción de libertad; corresponde denegar la tutela solicitada, respecto a las referidas problemáticas planteadas.
Pese a la denegatoria establecida, este Tribunal no puede soslayar el hecho de que, ante el equivocado planteamiento de esta acción de defensa; la parte accionante, al ser un menor parte de un grupo vulnerable por tanto merece una protección reforzada, y a partir de lo cual, el Estado en todas sus instancias, debe plasmar en toda decisión, la primordial consideración del interés superior del niño, niña o adolescente, cuando de por medio se pueda comprometer el goce pleno de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; obligación que debe ser observada por toda autoridad judicial o administrativa; por lo que, conforme al principio de favorabilidad, se mantiene subsistente la determinación del Juez de garantías, únicamente en cuanto a los actos que pudieran generar lesiones a los derechos del menor impetrante de tutela.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 33/2024 de 15 de noviembre, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Décimo Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; sin embargo, conforme a las consideraciones de Fundamento Jurídico III.3.3., se mantiene subsistente la determinación del Juez de garantías únicamente respecto de la protección a los derechos del menor. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0008_2025-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): a18af1e85a1946f85dbded8c80d0978db5cecebddd28ec874f5802db03acebc8
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