B.IA.LEGAL

SCP 0008/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de febrero de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de febrero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
40992-2021-82-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia que la autoridad demandada desconoció sus derechos a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, solicitó al Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, la cesación a su detención preventiva; empero, su petición fue rechazada, desconociendo los fallos primigenios sobre los riesgos procesales introduciendo nuevos elementos, agravando su situación y estableciendo requisitos que pueden convertir dicha medida extrema en indefinida; razón por la cual, formuló recurso de apelación incidental, sin que el Vocal demandado hubiera considerado los agravios planteados de manera congruente y fundamentada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 164/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 123 a 127, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. La valoración de la prueba en sede constitucional.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2023-S2 Sucre, 22 de febrero de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 40992-2021-82-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 164/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 123 a 127, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Andrade Mamani contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de mayo de 2021, cursante de fs. 111 a 115 vta., el accionante expuso que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Auto Interlocutorio 19/2021 de 29 de enero, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en el referido fallo, se estableció que no acreditó la existencia de trabajo -actividad lícita-, domicilio y familia, además, que existió la posibilidad de obstaculizar la investigación; en ese sentido, podía influir a terceras personas que puedan resultar copartícipes del hecho imputado; decisión que, fue apelada emitiéndose el Auto de Vista 115/2021 de 11 de febrero, confirmando el indicado fallo; por lo que, superadas las observaciones realizadas, solicitó la cesación de la medida extrema, misma negada por Auto Interlocutorio 82/2021 de 12 de marzo; siendo impugnada dicha determinación mereció el Auto de Vista 115/2021 de 16 de igual mes, que confirmó la citada Resolución; en razón de ello, nuevamente pidió la cesación de la medida impuesta, dictándose el Auto Interlocutorio 081/2021 de 8 de abril, que estableció nuevas observaciones en cuanto al domicilio y la actividad lícita, cuando esos elementos no se encontraban consignados en los anteriores fallos; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación, dando lugar al Auto de Vista 154/2021 de 13 de abril, pronunciado por el Vocal demandado, quien no se manifestó sobre los agravios planteados y confirmó el Auto Interlocutorio impugnado, permitiendo de esa manera la existencia de reforma en perjuicio, agravando su situación jurídica e impidiendo que pueda solicitar una nueva cesación a la aludida medida extrema; debido a que, se impuso un riesgo procesal perpetuo, fuera de los criterios otorgados en las decisiones citadas previamente. El Auto de Vista cuestionado, a su parecer, realizó una incorrecta valoración de los elementos probatorios, los cuales demostraron la existencia de residencia y familia, concluyendo que no era posible validar la verificación notarial del domicilio, desconociendo la jurisprudencia constitucional que limita el deber de establecer donde reside el núcleo familiar; y, al referirse a la actividad desplegada por el Juez de primera instancia, únicamente señaló que a su criterio era acorde, sin ningún otro fundamento. Con relación a la acreditación de trabajo -actividad lícita-, presentó un contrato de trabajo futuro con reconocimiento de firmas; empero, exigió que el Sindicato Mixto de Transporte Innovación Caranavi certifique que desempeñará funciones como chofer, desconociendo que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el contrato de trabajo es suficiente para acreditar la existencia de dicha actividad laboral. El Auto Interlocutorio 19/2021 -a objeto de establecer la concurrencia del peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, sustentó su decisión en que, el delito imputado requiere la participación de varias personas, y que el día en que ocurrieron los hechos se encontraba una tercera persona, quien se dio a la fuga, concluyendo que podía afectar la investigación al existir la posibilidad de influenciar en otras personas; no obstante, el citado riesgo procesal ya no existía en atención a que el requerimiento conclusivo solamente fue presentado en su contra; sin embargo, se alegó la presencia de pruebas testificales ampliando, el criterio para configurar el peligro, opinión que no fue establecida en el fallo primigenio; y que por ello, podía mantenerse incluso hasta la ejecutoria de la sentencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo anular el Auto de Vista 154/2021, y se emita uno nuevo conforme a los lineamientos jurisprudenciales, con base en los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, y aplique medidas menos gravosas a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 119 a 122, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de defensa y ampliándolos manifestó que: a) Al encontrarse con detención preventiva, solicitó la cesación de la misma, enervando los riesgos procesales y quedando vigentes los establecidos en los arts. 234.1 y 235.2 del CPP; el primero, referido al elemento familia, domicilio y actividad lícita; y, el segundo, relacionado al peligro de obstaculización vinculado a la posibilidad de influir negativamente en los partícipes; momento hasta que no exista pliego acusatorio; b) Emitida la acusación fiscal y remitido el proceso al Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, solicitó el cese de la medida extrema, tomando en cuenta que, el requisito observado con anterioridad se circunscribía a acreditar la residencia del núcleo familiar; por lo que, se adjuntó prueba para demostrar ese hecho; no obstante, se rechazó su petición, estableciendo nuevos elementos, distintos a los identificados en el Auto Interlocutorio 19/2021, antes del requerimiento conclusivo; c) Interpuso recurso de apelación, expresando como agravio esos hechos, sin que el Vocal demandado los hubiera valorado; d) Si bien no es labor de la justicia constitucional realizar una valoración de la prueba, aquello es posible excepcionalmente cuando concurra un apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad o se haya omitido arbitrariamente su consideración; en el caso analizado, restaba acreditar el domicilio del núcleo familiar, hecho que se demostró a través de las cédulas de identidad de su pareja e hijas, facturas por el pago del servicio de energía eléctrica y agua potable, certificaciones de la junta de vecinos y verificación notarial que acreditó que su domicilio era también donde residía su familia; e) Se desconoció sin fundamento alguno dicha verificación y el contrato de trabajo futuro, ignorando que la jurisprudencia constitucional, determinó que los aludidos documentos eran suficientes para acreditarlo; f) Como riesgo procesal primigenio se identificó la participación de una tercera persona en el hecho, la cual se dio a la fuga, considerando que si se otorgaba su libertad podía influir en ella; por ende, a tiempo de interponer su apelación, hizo conocer que el requerimiento conclusivo únicamente fue presentado en su contra, cesando el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del mencionado Código; no obstante, se modificó el indicado peligro procesal, dicho aspecto no fue consignado en el Auto Interlocutorio 19/2021; lo que, constituía un apartamiento de los antecedentes y las pruebas cursantes en el proceso; y, g) Consecuentemente, al existir una vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y congruencia, que podían ser conocidas mediante el presente mecanismo de tutela, al encontrarse vinculados a la libertad correspondía conceder la tutela solicitada.

I.2.2. Informe del demandado

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 2 de mayo de 2021, cursante a fs. 118, manifestó que: 1) Los motivos de su apelación incidental fueron los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1 y 235.2 del CPP -domicilio, actividad lícita y peligro de obstaculización-; 2) Se emitió el Auto de Vista 115/2021 de forma congruente y motivado; 3) En lo sustancial, el hecho radicó en la acusación fiscal y la prueba remitida al “…Tribunal Octavo de Sentencia…” (sic) -lo correcto es Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del mismo departamento-; lo que, no implicaría que los medios de prueba recibidos en secretaría del mencionado Juzgado, sean las únicas que se produjeron en juicio; toda vez que, en la etapa preparatoria se acumularon indicios para que a criterio del Fiscal de Materia, los mismos puedan producirse en calidad de prueba; y, 4) La SCP 1225/2014 de 16 de junio, sostuvo cuáles son los requisitos para que un fallo constitucional sea vinculante; consecuentemente, no toda sentencia tiene esa característica.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 164/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 123 a 127, concedió la tutela solicitada, ordenando que el Vocal demandado, en el plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación, emita un nuevo fallo resolviendo la apelación planteada; con base a los siguientes fundamentos: i) Se extrañó el desconocimiento de la línea jurisprudencial establecida por la “SCP 134/2018”, la cual entendió que se debió considerar que no todos los seres humanos tienen la capacidad económica para obtener una propiedad y muchas veces se acepta la verificación del domicilio por el investigador asignado al caso, o por el secretario del despacho judicial, pudiendo en esos casos los Notarios de Fe Pública dar fe no solo del domicilio, sino también de las personas vinculadas al interesado; ii) En relación al primer agravio, el Vocal demandado debió verificar los presupuestos de la línea jurisprudencial vigente y no solamente la de data antigua, que consignaban que el domicilio de la familia se consideró la residencia del accionante, realizando una compulsa congruente con los elementos de convicción generados ante las autoridades jurisdiccionales; iii) Con relación al segundo agravio, el desconocimiento del contrato de trabajo futuro implicó una vulneración al principio de legalidad que son parte del debido proceso en su componente de motivación y fundamentación adecuada; iv) En cuanto al tercer agravio, el art. 235.2 del CPP y la jurisprudencia constitucional estableció que ningún riesgo puede resultar eterno, sin que se encuentre permitido ofrecer más pruebas de las que ya fueron propuestas en juicio oral, salvo que sean de reciente obtención; por tanto, se debió mostrar al peticionante de tutela por qué pese al ofrecimiento de prueba el prenombrado pudo causar un entorpecimiento en la producción probatoria; v) Existió un error en la aplicación de la medida cautelar, como desconocimiento de las aludidas líneas; y, vi) En consecuencia, el Auto de Vista 154/2021 dictado en apelación era nulo y anulable.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 143, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 1 de febrero de 2023 (fs. 169 a 171); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 081/2021 de 8 de abril, emitido por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz -dentro de la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el peticionante de tutela-, declarando improcedente la aludida pretensión (fs. 35 a 37 vta.). II.2. Consta Auto de Vista 154/2021 de 13 de abril, dictado por la autoridad demandada, quien declaró admisible el recurso de apelación planteado, la improcedencia del mismo, y en el fondo confirmó el precitado fallo (fs. 161 a 163 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que la autoridad demandada desconoció sus derechos a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, solicitó al Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, la cesación a su detención preventiva; empero, su petición fue rechazada, desconociendo los fallos primigenios sobre los riesgos procesales introduciendo nuevos elementos, agravando su situación y estableciendo requisitos que pueden convertir dicha medida extrema en indefinida; razón por la cual, formuló recurso de apelación incidental, sin que el Vocal demandado hubiera considerado los agravios planteados de manera congruente y fundamentada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la jurisprudencia de este Tribunal es uniforme al señalar que la decisión de una autoridad judicial que determine aplicar una medida cautelar de carácter personal, debe encontrarse motivada; es decir, mostrar los argumentos de hecho y de derecho en que se sustenta la decisión, así la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada

La congruencia como un elemento del debido proceso comprende que la obligación de las autoridades que ejercen jurisdicción deben pronunciarse de forma puntual y concreta sobre las pretensiones que realizan las partes; en una apelación, por ejemplo, responder a los agravios planteados; por otra parte, la congruencia también implica que la decisión guarde logicidad entre la parte considerativa y resolutiva; así, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, sostuvo que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos corresponde). Por su parte, bajo el mismo razonamiento, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia como: “…característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).

III.3. La valoración de la prueba en sede constitucional.

Jurisprudencia reiterada

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido uniforme en señalar que la valoración de la prueba es una labor de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria; empero, sí es posible una revisión de la misma de forma excepcional, sin que ello signifique una revalorización de ella, cuando se cumplan ciertos presupuestos, en ese sentido la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, determinó que: “…debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos y garantías fundamentales, en consecuencia debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional’. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales” (énfasis añadido).

III.4. Análisis del caso concreto

A la vista de los antecedentes del proceso, corresponde en la presente acción de defensa, resolver si la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 154/2021 de 13 de abril, que declara admisible el recurso de apelación incidental y la improcedencia del mismo, y en el fondo confirma el Auto Interlocutorio 081/2021 de 8 de igual mes (Conclusión II.2); vulneró el debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, afectando el derecho a la libertad del peticionante de tutela; aspecto al que se circunscribe el debate; dado que, el prenombrado no estableció elementos suficientes para examinar las supuestas lesiones de los derechos a la dignidad, a una respuesta pronta, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Consecuentemente, de los datos que informan la causa, se puede advertir que el impetrante de tutela se encuentra detenido de forma preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, y que en reiteradas oportunidades solicitó la cesación de la detención preventiva; razón por la cual, considerando que desvirtuó los peligros procesales que quedaban vigentes, adjuntando prueba que en su criterio acredita su domicilio y familia; y, que desempeña una actividad lícita, no existen riesgos de obstaculización; pues, al concurrir el pliego acusatorio planteado únicamente en su contra, no es posible que pueda influir en los partícipes; por lo cual, solicita la cesación de la medida extrema; pedido que fue rechazado por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, incorporando elementos distintos a los establecidos de manera preliminar en las decisiones y realizando una incorrecta valoración de los componentes previos; razón por la que, interpuso recurso de apelación, determinando la autoridad demandada confirmar el Auto Interlocutorio confutado, sin pronunciarse de forma congruente sobre los agravios formulados y tampoco mostrando una fundamentación y motivación suficiente. Bajo ese razonamiento, se puede advertir que el Auto Interlocutorio 081/2021, emitido por el referido Juez, declara improcedente la señalada solicitud de cesación de la medida extrema impetrada por el accionante, a partir de los siguientes argumentos:

a) Con relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, referido al domicilio, el contrato de alquiler no fue presentado de forma completa por el impetrante de tutela; dado que, en su cláusula tercera se hace referencia a un contrato de anticrético, existiendo una contradicción de acuerdo a la naturaleza de dicho documento. Respecto a la certificación de la junta de vecinos, se certifica que el prenombrado vive en la ciudad de Caranavi del departamento de La Paz desde hace quince años; empero, el contrato de alquiler o anticrético fue suscrito el 5 de octubre de 2020; por lo que, no hubo certeza a qué domicilio se refiere la aludida junta. En cuanto a la verificación notarial, existe una contradicción; ya que, en dicho documento, si bien se afirma que tiene su residencia en la mencionada ciudad, ese hecho no consta; debido a que, el solicitante de tutela tiene como domicilio el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; b) En relación al elemento de trabajo -actividad lícita-, cursa el contrato laboral y el certificado del Sindicato Mixto de Transporte Innovación Caranavi, acreditando que el peticionante de tutela desempeña sus funciones como chofer; empero, dicho documento se encuentra firmado por dos personas no identificadas; no existe seguridad de quienes son los aludidos; por ende, se mantiene latente el riesgo previsto en el art. 234.1 del CPP; y, c) Con referencia al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del aludido Código, en cuanto a que el mismo desapareció por la existencia del pliego acusatorio que no identifica a otras personas, no puede dar lugar a entender que la única etapa donde se presenten riesgos de fuga y obstaculización es en la investigativa.

No existe norma alguna que haya sido incorporada en la Ley de Abreviación Procesal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres ni en alguna línea jurisprudencial constitucional, la cual haga entender que ante la existencia de la acusación fiscal, desaparezca automáticamente el riesgo procesal de obstaculización previsto en el citado artículo. Ahora bien, conforme consta del Auto de Vista 154/2021, dictado por el Vocal demandado, a tiempo de resolver la apelación incidental interpuesta, dicha autoridad identificó los agravios planteados, confirmando el Auto Interlocutorio 081/2021, bajo los siguientes fundamentos:

1) Los argumentos de la impugnación se circunscriben a denunciar que la Resolución apelada no está debidamente fundamentada ni motivada, porque el accionante presentó la documentación exigida en anteriores fallos, para acreditar que su domicilio se encuentra en la localidad Caranavi del departamento de La Paz, en el cual vive junto a su familia; a tal efecto, presentó una factura de luz, carnets de identidad de él y sus hijas menores de edad, y contrato de alquiler que por un error consignaba anticrético. En relación a la actividad lícita se presentó un contrato laboral con reconocimiento de firmas -como chofer-, exigiéndose la presentación de la certificación del Sindicato Mixto de Transporte Innovación Caranavi que autorice su trabajo; empero, dicho documento fue observado al no identificarse a las personas que lo suscribieron. Finalmente, sobre el peligro de obstaculización pese a que existe un pliego acusatorio, mismo que a criterio del señalado Juez puede permanecer incluso hasta la ejecutoria de la sentencia, entendiendo que va en contra del precedente constitucional establecido en la “SCP 276/2018”; 2) El Vocal demandado confirmó la decisión de primera instancia, expresando que el argumento de la defensa referido a que el error en la identificación del contrato como de anticrético o arrendamiento, es uno de "tipeo" no es correcto; pues, se pretende que se dé valor a los argumentos de la defensa y no al documento presentado, precisamente para enervar el indicado riesgo; razonamiento que a criterio de la señalada autoridad es incongruente con los mismos fundamentos de la defensa, concluyendo que el referido Juez de primera instancia, verificó y analizó la literal bajo las reglas de la sana crítica, la lógica y las de la experiencia; 3) Es acertada la observación que se realizó en cuanto a la señalada certificación notarial sobre la residencia; debido a que, no distinguió entre la habitabilidad y habitualidad en el domicilio; toda vez que, al encontrarse el accionante con detención preventiva, es incongruente la certificación de habitabilidad;

4) Con relación a la actividad lícita, estableció que dicha observación es correcta; puesto que, el contrato de trabajo presentado, en su contenido denota las firmas de personas del Sindicato Mixto de Transporte Innovación Caranavi; empero, las mismas son ilegibles, observación que consideró correcta; dado que, no desvirtúan el indicado riesgo; y, 5) En relación al peligro de obstaculización, el referido Juez al mantener el indicado peligro, consideró que al encontrarse el proceso penal en etapa de juicio existen peritos y testigos, hechos objetivos y no presunciones que conservan latente el riesgo, concluyendo que son elementos materiales y no suposiciones; por lo que, no se evidencia el agravio.

Ahora bien, de lo detallado precedentemente, se puede concluir que el Vocal de alzada absolvió los agravios planteados en apelación, sin que sea evidente que dicha autoridad no hubiera considerado las observaciones realizadas; toda vez que, de forma puntual se pronunció sobre los mismos, considerando que el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, de manera correcta, determinó que: i) En relación al error en el contrato de arrendamiento que consigna también la palabra anticrético, no se trata de un simple error de “tipeo” y que dicha apreciación responde a las reglas de la sana crítica, que constituyen una facultad del Juez de instancia; ii) Respecto al acuerdo laboral, concluyó que bajo el mismo sistema de valoración de prueba, su observación versada en las personas que suscriben el contrato de trabajo futuro y la ilegibilidad de las personas que firman el señalado documento es verídico; y, iii) En referencia al peligro de obstaculización señaló que al ingresar a la etapa de juicio, no es evidente que desaparezca dicho riesgo; y que por el contrario, en la misma al ingresarse a la producción de prueba y conocerse a los peritos y testigos, el riesgo se mantiene latente.

Consecuentemente, este Tribunal puede advertir que la autoridad demandada se pronunció de manera puntual, fundada y motivadamente sobre los agravios planteados en apelación, sin que sea evidente lo afirmado por el accionante en su demanda tutelar; motivo por el cual, no es posible conceder la tutela planteada. Ahora bien, la demanda tutelar argumenta de igual forma, que el Vocal demandado no consideró que el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, hubiera incorporado elementos distintos a los establecidos de manera preliminar, en las anteriores decisiones; por lo que, realizó una incorrecta valoración de los elementos de prueba; sin embargo, como se tiene detallado ut supra, la autoridad demandada, a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental planteado, consideró correctas las observaciones que el aludido realizó a los elementos de prueba, presentados por el accionante para desvirtuar los riesgos procesales, sin que este Tribunal advierta en dicho análisis, que dicho Vocal hubiera omitido valorar los aspectos descritos o que su estimación se encuentre fuera de los marcos de razonabilidad y equidad, como se manifiesta en la acción tutelar en examen; en razón a ello, atañe denegar la tutela. Consecuentemente, al no advertirse que las denuncias planteadas contra el Auto de Vista 154/2021, dictado por la autoridad demandada, sean ciertas, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a la lesión de los derechos a la dignidad y defensa, al no existir argumentos en la acción de libertad que muestren cómo se configuró tal transgresión, no corresponde emitir pronunciamiento alguno. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 164/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 123 a 127, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0008_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1054302775be2f1256e5566bc28a76858567d2a08caeba8e69067bc27f886f35

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