Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de enero de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a la seguridad personal; toda vez que, no obstante haber solicitado a la Jueza demandada el 1 de septiembre de 2023, mediante buzón judicial la emisión del mandamiento de libertad en su favor, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no emitió pronunciamiento alguno a su solicitud, superando el plazo de veinticuatro horas que prevé la normativa; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La autoridad demandada extienda, en el día, el mandamiento de libertad a su favor; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional; en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 156 de 5 de septiembre de 2023, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2026-S3 Sucre, 30 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58181-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 156 de 5 de septiembre de 2023, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tolay e Ider Fernando Balanta González en representación sin mandato de José Luis Tiquisara Rosales contra Vivian Balcázar Melgar, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2023, cursante de fs. 17 a 19, el accionante, a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de violencia sexual comercial y proxenetismo; por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, vía buzón judicial, extienda mandamiento de libertad a su favor; toda vez que, mediante Auto de Vista 300 de 25 de agosto del mismo año, emitido por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva; sin embargo, la nombrada autoridad judicial, no respondió a su solicitud hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a la seguridad personal, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que la autoridad demandada extienda, en el día, el mandamiento de libertad a su favor; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 27, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que la autoridad demandada se encontraba en su asiento jurisdiccional el día sábado -2 de septiembre de 2023-, llevando a cabo otra audiencia de medidas cautelares; por lo que, pudo haber resuelto su petición, efectivizándola mediante la Oficina Gestora de Procesos (OGP) Octava del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que se encontraba de turno la indicada fecha, a la que pudo haber ordenado la notificación con el mandamiento de libertad al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento.
Vivian Balcázar Melgar, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexta de la Capital del Departamento de Santa Cruz, por informe oral en audiencia tutelar solicitó se deniegue la tutela e informó: 1) El 25 de agosto de 2023 a horas 15:40, asumió conocimiento del Auto de Vista 300, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; en el que, se aplicaron al accionante medidas cautelares personales como la detención domiciliaria, fianza económica, arraigo, obligación de presentarse ante el Ministerio Público, prohibición de comunicarse con la víctima ni concurrir a su domicilio; que debían ser cumplidas antes de emitir el correspondiente mandamiento de libertad; 2) El abogado del impetrante de tutela no mencionó en ningún momento que presentó el 1 de septiembre del citado año, memorial de solicitud de mandamiento de libertad por el buzón judicial; el cual, debía completar su trámite, presentándolo de forma física ante la o del referido Tribunal, conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, tomando en cuenta además, que el 2 de igual mes y año, se encontraba en su despacho, celebrando una audiencia de control de plazos de otra detenida con el mismo abogado; 3) Tampoco tuvo conocimiento de la solicitud efectuada, debido a que el personal de su despacho se encontraba con permiso, encontrándose otra funcionaria suplente, quien no mencionó en su informe que hubiera ingresado dicho memorial; y, 4) El 4 del mismo mes y año aproximadamente a horas 08:00, recibió de la OGP, el memorial y documentación por los cuales, el peticionante de tutela solicitaba se extienda mandamiento de libertad a su favor, que fue decretado el mismo día, disponiendo se libre mandamiento de detención domiciliaria, que fue diligenciado y cumplido la misma fecha; por lo que, no se vulneró ningún derecho; en todo caso, debió haber presentado su solicitud ante la OGP o juez de turno habilitado para fin de semana, o señalar su petición en la audiencia referida de control de plazo; extremos que no fueron ejercidos oportunamente.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 156 de 5 de septiembre de 2023, cursante de fs. 27 a 28 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La solicitud de mandamiento de libertad fue realizada el 1 de septiembre de 2023, a horas 17:18, fuera del horario laboral presentado vía buzón judicial, siendo materializada mediante la presentación física a través de la OGP el 4 de igual mes y año; ii) La Jueza demandada tenía la obligación de dictar providencia dentro de las veinticuatro horas o antes, por estar vinculado el derecho a la libertad del impetrante de tutela, conforme lo establecido por el art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iii) El mandamiento de libertad, fue remitido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, el mismo día que se recibió la solicitud; y, iv) No advirtió cuál sería la dilación en la que incurrió la autoridad judicial demandada que haya repercutido en la libertad del accionante; puesto que, se constató que el memorial que se encontraba en el expediente se presentó por buzón judicial; siendo ésta, una herramienta que sólo se utiliza cuando es día inhábil o por vencimiento de plazo, hecho que debe ser materializado el primer día hábil; por lo que, no evidenció dilación en el accionar de la demandada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Tiquisara Rosales -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de violencia sexual comercial y proxenetismo, en audiencia de apelación incidental de cesación a la detención preventiva de 25 de agosto de 2023, por Auto de Vista 300, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela, revocando en consecuencia, el Auto Interlocutorio 318/23 de 14 de igual mes y año, emitido por la Vivian Balcázar Melgar, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, -hoy demandada- la demandada, determinando la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas distintas a la detención preventiva (fs. 5 vta. a 11).
II.2. Según certificado de envío a través del buzón judicial de 1 de septiembre de 2023, el demandante de tutela presentó a horas 17:18, la solicitud de mandamiento de libertad al despacho de la autoridad demandada; petición que regularizó de manera física, el 4 del mismo mes y año a horas 08:00 aproximadamente, ante la OGP Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tal como consta en el respectivo timbre electrónico (fs.15 a 16).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a la seguridad personal; toda vez que, no obstante haber solicitado a la Jueza demandada el 1 de septiembre de 2023, mediante buzón judicial la emisión del mandamiento de libertad en su favor, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no emitió pronunciamiento alguno a su solicitud, superando el plazo de veinticuatro horas que prevé la normativa; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La autoridad demandada extienda, en el día, el mandamiento de libertad a su favor; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el precedente constitucional que será citado a continuación ha sido glosado en la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, aplicado en otros casos similares:
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.
Respecto al cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad, el precedente constitucional que será citado a continuación, ha sido desarrollado por la SCP 0384/2018-S2 que señala lo siguiente:
La SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, señaló que: “para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado…” ; entendimiento reiterado en las SCC 0550/2010-R de 12 de julio y 1468/2011-R de 10 de octubre; y, confirmado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, entre otras. La SCP 0745/2013 de 7 de junio fijó además que el único requisito para materializar la libertad del imputado, es el cumplimiento de las medidas 4El FJ III.1, expresa: “Este Tribunal en problemáticas como la planteada, haciendo una interpretación desde y conforme a la Constitución de las normas previstas por el art. 245 del CPP, ha dejado establecido que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva”. 5El FJ III.5, señala: “De la normativa y jurisprudencia glosadas, se concluye que para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá resolverlo de inmediato, o en su caso, dadas las circunstancias, dentro de un plazo razonable y la libertad en caso de concesión de una medida sustitutiva, se hará efectiva sólo cuando se hubieran cumplido los requisitos impuestos por la autoridad judicial competente, pues de lo contrario el rechazo se torna injustificado, convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”. 6El FJ III.2, indica: “En ese sentido la SC 0044/2010-R de 20 de abril, igualmente ha señalado:`… la regla general es que luego de la audiencia de medidas sustitutivas a la detención preventiva, en la que se debe observar el art. 246 del CPP, y una vez cumplidos los requisitos señalados por el juez, se disponga la libertad del imputado, salvo que la naturaleza de las medidas sustitutivas impuestas y la necesidad de escuchar a la otra parte, obliguen al juzgador, excepcionalmente, a fijar una posterior audiencia´”. 7El FJ III.2, refiere: “La SC 1194/2011-R de 6 de septiembre, expresó que: `Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: «...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva» (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre)…´”. 8El FJ III.2, manifiesta: “Teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar no tiene efecto suspensivo, entonces se entiende que la misma provocará la inmediata ejecución de la decisión adoptada sin perjuicio de aguardar los resultados de parte del Tribunal de alzada. En consecuencia, siguiendo ese razonamiento, cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las impuestas, diferenciando las que deben ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, la fianza, el arraigo y garantía real o personal, con cuyo cumplimiento, ya se efectiviza la libertad del detenido; y por otro lado, están las posteriores, como las presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales; las cuales, por su naturaleza, no son un requisito previo para efectivizar la libertad. De la jurisprudencia desarrollada, se evidencia que la efectivización de la libertad de la persona detenida preventivamente, en casos en los que se dispone la cesación de dicha medida cautelar, solo depende del cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; por lo que, una vez que el imputado cumplió con ellas, se materializa el derecho a exigir su libertad.
El peticionante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente; y, a la seguridad personal; debido a que, no obstante haber solicitado a la autoridad demandada mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, a través de buzón judicial, la emisión del mandamiento de libertad en su favor, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, ésta no emitió pronunciamiento alguno a su solicitud, superando el plazo de veinticuatro horas que prevé la normativa.
En ese marco, conforme a los datos consignados en conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el solicitante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de violencia sexual comercial y proxenetismo, el 25 de agosto de 2023, en audiencia de consideración de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 318/2023 de 14 de agosto, que rechazó la cesación a su detención preventiva, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 300 de igual fecha, declaró admisible la impugnación planteada, revocando en consecuencia el referido Auto Interlocutorio , disponiendo la aplicación de medidas cautelares personales a favor del accionante como la detención domiciliaria, fianza económica y arraigo, entre otras (Conclusión II.1). Posteriormente, el día viernes 1 de septiembre del citado año, a horas 17:18, el peticionante de tutela, fuera del horario laboral presentó memorial vía buzón judicial, solicitando a la Jueza demandada que emita mandamiento de libertad; petición que regularizó con la presentación física del mismo ante la OGP Tercero del mencionado Tribunal Departamental, el 4 de igual mes y año a horas 08:00 aproximadamente (Conclusión II.2). En dicho orden, y siguiendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad personal, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud, a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición, dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad traslativa no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida. En ese contexto, acorde la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe tener en cuenta que la efectivización de la libertad de las personas detenidas preventivamente, en casos en los que se dispone la cesación de dicha medida cautelar, sólo depende del cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; por lo que, una vez que el imputado cumplió con ellas, se materializa el derecho a exigir su libertad, debiendo ser de manera inmediata. Ahora bien, conforme los antecedentes expuestos, se advierte que la autoridad demandada, habiendo tomado conocimiento de la solicitud de mandamiento de libertad y del cumplimiento de las medidas impuestas para la cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, refirió haber recibido de la OGP el memorial de solicitud el 4 de septiembre de 2023 a horas 08:00 aproximadamente, y haber resuelto la mencionada petición el mismo día aproximadamente a horas 15:40, disponiendo se emita mandamiento de detención domiciliaria, inclusive remitiendo el mismo al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; actuación que fue corroborada por la Sala Constitucional, bajo el principio de inmediación, al tener acceso al cuaderno procesal, instancia que verificó que el centro penitenciario referido recibió dicho mandamiento el mismo día. En consecuencia, la autoridad demandada, desde el ingreso efectivo del memorial del accionante al despacho judicial, atendió la solicitud conforme a lo previsto en el art. 132.1 del CPP, que establece que la autoridad jurisdiccional dictará las providencias de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que las motivan.
Por lo expuesto, al no existir una dilación injustificada ni el incumplimiento de plazos legales, la actuación de la autoridad demandada no constituye una lesión a los derechos fundamentales invocados; por el contrario, la atención fue oportuna y dentro del plazo de veinticuatro horas. Por consecuencia, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional; en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 156 de 5 de septiembre de 2023, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por la La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): d904ab9df455d016b50a58215b07b2136b9c51f6f68b0bb1241581587988f6d0
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