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SCP 0007/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58187-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, pese a que el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento a su favor y comunicó que ninguna de las partes, pese a su notificación impugnó la misma, la Jueza demandada dispuso que la Fiscalía informe si existe querellante y, de no existir, se cumpla con lo previsto en el art. 324 del CPP, prolongando de esa manera su detención preventiva, sin considerar que lleva recluido más de once meses, sobrepasando los ciento ochenta días dispuestos inicialmente en audiencia cautelar. Ante ello, la Jueza demandada no presentó informe alguno ni se hizo presente a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58187-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Alejandro Román Coimbra en representación sin mandato de Walter Gustavo Muñoz Soleto contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 19 a 25 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se dispuso su reclusión por ciento ochenta días; no obstante, habiendo transcurrido más de once meses desde su detención, el 29 de junio de 2023, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva con base en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -referido al vencimiento del plazo respecto al cumplimiento de la detención preventiva-, el cual reiteró el 3 de julio de ese año, sin merecer respuesta; en tal razón, interpuso una acción de libertad, en la que se le concedió la tutela impetrada, derivando en que Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, lleve adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva el 26 del mismo mes y año, en el que, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, dispuso otorgarle medidas diferentes a la de extrema ratio, consistentes en detención domiciliaria, arraigo y fianza económica entre otros. En ese mismo actuado, al finalizar la audiencia de cesación a la detención preventiva, el Ministerio Público presentó Resolución de Sobreseimiento a su favor, en cumplimiento de una conminatoria previa. Ante esta situación, mediante memorial de 28 de julio de 2023, hizo conocer a la Jueza demandada su renuncia al recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 26 de igual mes y año y, de manera alternativa, solicitó que se libre mandamiento de libertad en mérito a la emisión de la Resolución de Sobreseimiento en su favor, sin merecer respuesta alguna. Asimismo, el 17 de agosto de 2023, el Ministerio Público puso en conocimiento de la Jueza demandada la Resolución de Sobreseimiento de 26 de julio del mismo año, la misma que no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes; no obstante, la autoridad demandada, mediante providencia de 18 de agosto de igual año, dispuso que el Ministerio Público informe si existe querellante y, de no existir, cumpla con lo previsto en el art. 324 del CPP. De esta manera, la Jueza demandada prolongó de forma ilegal su detención preventiva, sin considerar la Resolución de Sobreseimiento emitida en su favor ni que el plazo de detención preventiva de ciento ochenta días ya se encontraba vencido; toda vez que, a la fecha -se comprende de interposición de la acción de libertad- lleva más de once meses recluido de manera indebida.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso y del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se emita mandamiento de libertad a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 60, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, su representante sin mandato o abogado defensor, no ingresaron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 27.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni ingresó a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 31.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 13/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 60 a 61 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de setenta y dos horas, la Jueza demandada aplique el procedimiento establecido en el art. 324 del CPP, tomando en cuenta que la víctima del proceso penal sería la única que podría constituirse como querellante, quien además, conjuntamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Warnes del departamento de Santa Cruz, fueron debidamente notificados con la Resolución de Sobreseimiento; con base en los siguientes fundamentos: a) Se observa que el 1 de agosto de 2023, el Ministerio Público notificó con la Resolución de Sobreseimiento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del aludido municipio, y el 2 de igual mes y año a la madre de la víctima, conforme prevé el art. 324 del indicado Código. La madre de la menor era la única quien podía constituirse como querellante; no obstante, ni ella o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia referido municipio, interpusieron recurso de impugnación contra la citada resolución; b) El Ministerio Público, mediante memorial de 17 de agosto de 2023, remitió ante la Jueza demandada las notificaciones practicadas a las partes con la Resolución de Sobreseimiento, mismo que fue providenciado el 18 de ese mes y año, disponiendo que: ‘“…previamente informe si existe querellante y de no existir dese cumplimiento a lo previsto en el Art. 324 del CPP y a lo previsto en el artículo 40 numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público…”’ (sic). El art. 40.19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) señala que la autoridad jurisdiccional, en lo absoluto se refiere al caso de autos, siendo una disposición legal que no aplica al caso de autos; y, c) El art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece que el órgano jurisdiccional se sustenta entre otros en el principio de eficiencia, lo que implica que una administración pronta, con respeto de las reglas y garantías establecidas por ley, evitando la demora procesal; en virtud de dicho principio, la Jueza demandada debió reconducir su accionar. Siendo que la madre de la víctima y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del citado municipio fueron debidamente notificados con la Resolución de Sobreseimiento, corresponde a la Jueza demandada aplique el procedimiento. En vía de enmienda, complementación y aclaración, mediante memorial cursante de fs. 66 a 67 vta., la Jueza demandada solicitó: 1) Se aclare cuál es el procedimiento que tiene que aplicar, ya que la Resolución 13/23 no explica de manera concreta el proceder; 2) Siendo que la Resolución de Sobreseimiento no se encuentra ratificada, el Fiscal de Materia asignado al caso no informó, si en aplicación del art. 324 del CPP, remitió el cuaderno de investigaciones ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz, a efecto de que, en el plazo de diez días resuelva conforme a procedimiento; y, 3) La SCP “0064/2018-S2” obliga a toda autoridad aplicar perspectiva de género, considerando que en el presente caso de abuso sexual, la víctima del hecho resulta ser una mujer menor de edad. En respuesta, el Tribunal de garantías, mediante Auto de 5 de septiembre de 2023, cursante a fs. 112 y vta., declaró no ha lugar a la solicitud de la Jueza demandada, refiriendo que fue debidamente notificada vía WhatsApp, y que fueron claros al momento de resolver la acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2023, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en aplicación del art. 239.2 del CPP, dispuso la cesación de la detención preventiva de Walter Gustavo Muñoz Soleto -hoy accionante-, aplicándole las siguientes medidas cautelares: detención domiciliaria, fianza juratoria, arraigo y fianza económica, entre otras (fs. 33 a 34). II.2. Cursa Resolución de Sobreseimiento presentada el 26 de julio de 2023, por la cual, Ramón Loayza Barrionuevo, Fiscal de Materia, en aplicación del art. 323.3 del CPP, dispuso el sobreseimiento en favor impetrante de tutela por el delito de abuso sexual (fs. 35 a 38 vta.). Mediante decreto de 27 de igual mes y año, la Jueza demandada dispuso que: “…a los fines de conclusión de la Etapa Preparatoria, conforme dispone el art. 323 y 324 del C.P.P., el Fiscal deberá dar cumplimiento al Art. 324 del CPP., cumpliendo con estas formalidades legales y debe remitirse la resolución debidamente ejecutoriada” (sic [fs. 39]). II.3. Mediante memorial de 28 de julio de 2023, el impetrante de tutela renunció al recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 26 de igual mes y año, solicitando se libre mandamiento de libertad, en razón de la Resolución de Sobreseimiento emitido en su favor. En respuesta, por providencia de 2 de agosto del mismo año, la Jueza demandada dio curso a su solicitud, multándolo en aplicación del art. 396.2 del CPP (fs. 40 a 41). II.4. Por memorial de 17 de agosto de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso, informó a la Jueza demandada que se notificó a las partes procesales con la Resolución de Sobreseimiento y que nadie impugnó el mismo conforme prevé el art. 324 del CPP; además le remitió las referidas notificaciones y solicitó el archivo de obrados (fs. 47). Mediante proveído de 18 de ese mes y año, la autoridad demandada señaló que: “…previamente informe si existe querellante y no existir dese cumplimiento a lo previsto en el Art. 324 del CPP, y a lo previsto en el artículo 40 numeral 19 de la ley orgánica del Ministerio Público…” (sic [48]). II.5. Cursa memorial de 18 de agosto de 2023, por el que, el peticionante de tutela solicitó a la Jueza demandada se libre mandamiento de libertad en su favor ante la ejecutoria de la Resolución de Sobreseimiento (fs. 49). En respuesta, la autoridad demandada señaló: “Estese a la providencia de fecha 18 de agosto de 2023” (sic [fs. 49 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, pese a que el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento a su favor y comunicó que ninguna de las partes, pese a su notificación impugnó la misma, la Jueza demandada dispuso que la Fiscalía informe si existe querellante y, de no existir, se cumpla con lo previsto en el art. 324 del CPP, prolongando de esa manera su detención preventiva, sin considerar que lleva recluido más de once meses, sobrepasando los ciento ochenta días dispuestos inicialmente en audiencia cautelar. Ante ello, la Jueza demandada no presentó informe alguno ni se hizo presente a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional.

(…)

Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad únicamente es viable cuando la inobservancia denunciada constituye causa directa e inmediata de restricción o supresión de la libertad personal, siempre que concurran de manera conjunta los dos presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional reiterada: i) que el acto denunciado se encuentre directamente vinculado con la libertad personal; y, ii) que exista un absoluto estado de indefensión. Bajo ese entendimiento, corresponde analizar el caso concreto. Con relación al primer presupuesto, se tiene que, para que proceda la acción de libertad en casos de procesamiento ilegal o indebido, el acto lesivo -esto es, las acciones ilegales, omisiones indebidas o amenazas de autoridad pública denunciadas- debe estar vinculado directamente con la libertad personal, operando como causa directa de su restricción o supresión; en el caso presente, el impetrante de tutela denuncia que el Ministerio Público, el 26 de julio de 2023, presentó Resolución de Sobreseimiento en su favor y que, previo requerimiento, la Fiscalía informó a la Jueza demandada que las partes procesales (entre ellas, la madre de la víctima y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Warnes del departamento de Santa Cruz) fueron debidamente notificadas, y que ninguno impugnó dicha resolución fiscal; ante ello, por providencia de 18 de agosto de igual año, la autoridad demandada dispuso que la Fiscalía informe si existe querellante y, de no existir, dé cumplimiento a lo establecido en el art. 324 del CPP. De lo referido, se extrae que la actuación de la autoridad judicial demandada no operó como causa directa de restricción o supresión de la libertad personal del impetrante de tutela en la medida en la que la parte accionante se encuentra privada de libertad debido a una resolución de medida cautelar personal y no por el trámite observado a través de la presente acción constitucional, siendo inviable por tanto la procedencia de esta acción de tutela, al no cumplir con el primer presupuesto. Respecto al segundo presupuesto, tampoco se evidencia un absoluto estado de indefensión; por el contrario, existe evidencia de que el impetrante de tutela tuvo pleno conocimiento y activa participación en el trámite posterior a la emisión de la Resolución de Sobreseimiento, renunciando incluso al recurso de apelación que había interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2023, que le otorgó medidas alternativas a la detención preventiva, y solicitando posteriormente la emisión del mandamiento de libertad. De esta manera, si el accionante consideraba que la actuación de la autoridad jurisdiccional vulneraba sus derechos correspondía agotada la instancia acudir a la acción de amparo constitucional, que constituye el mecanismo idóneo para la tutela de las garantías del debido proceso cuando no existe una vinculación directa e inmediata con la libertad personal, como acontece en el presente caso. En consecuencia, al no concurrir de manera conjunta los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional -vinculación directa del acto denunciado con la libertad personal y absoluto estado de indefensión-, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática denunciada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/23 de 2 de septiembre de 2023, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2cfc052bd59128c1a4b54f29fe785c14de0c095415a0f573bd483feba8e27a7b

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