B.IA.LEGAL

SCP 0007/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 15 de enero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
15 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58182-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna, así como los principios pro homine y pro actione; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se encuentra con detención preventiva por más de veinte meses, por lo que, al presentarse la acusación formal y radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, el Fiscal de Materia hoy coaccionado solicitó dejar sin efecto dicho actuado para devolver el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos de dicho departamento; sin embargo, después de ser devuelto dicho cuaderno al referido juzgado, su situación procesal no fue resuelta; por lo que, pide se ordene que dicha autoridad remita el cuaderno de control jurisdiccional al mencionado Tribunal de Sentencia y que la Jueza ahora accionada ordene el señalamiento de una audiencia de cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; ii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el Juez Público en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo subsistentes los posibles actos realizados en cumplimiento a la orden de sustanciación de una audiencia de cesación de la detención preventiva efectuada por el Juez Público en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
  3. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58182-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Peter Janzen Driedger contra Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos; y, Juan Carlos Crispín Pereira, Fiscal de Materia ambos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 18 a 20 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), el 22 de febrero de 2021, el Fiscal de Materia hoy coaccionado, inició de oficio una investigación por el presunto delito de rapto, la cual fue posteriormente ampliada en cuanto a su persona y tipo penal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, siendo la presunta víctima su hija AA, de trece años de edad; por lo que, en virtud de un mandamiento de aprehensión librado el 23 del mismo mes y año, fue detenido e imputado formalmente el 9 de agosto de ese año, encontrándose desde esa fecha privado de libertad, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad se defina su situación jurídica, a pesar de transcurrir veinte meses. Asimismo, fue acusado formalmente el 5 de abril de 2022, radicándose el proceso ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz; sin embargo, mediante memorial de 9 de mayo de igual año, el Fiscal de Materia ahora coaccionado solicitó dejar sin efecto el auto de radicatoria de 16 de ese mes y año, bajo el argumento de la existencia de una ampliación de la investigación contra otros ciudadanos por el delito de encubrimiento habiéndose dispuesto por los Jueces Técnicos de dicho Tribunal de Sentencia dejar sin efecto la radicatoria y la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, como Juzgado de origen; sin embargo, hasta la fecha no se ha remitido nuevamente el cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del mencionado departamento, tomando en cuenta que ningún Fiscal de turno debió realizar diligencias de investigaciones al perder competencia.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; así como los principios pro homine y pro actione; citando al efecto los arts. 13.IV, 14.III y V, 22, 115.II, 116.I, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Ordenar que el Fiscal de Materia ahora coaccionado remita “…OBRADOS en forma inmediata, correcta, eficaz y eficiente al Tribunal de Sentencia de Puerto Suárez…” (sic); con la finalidad de reparar sus derechos; y, b) Se señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva para poder defenderse en libertad, al transcurrir más de veinte meses desde su detención sin tener acceso a una justicia sin dilaciones.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 43 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Se encuentra privado de libertad desde hace veinte meses, superando con exceso el plazo de ciento ochenta días solicitado inicialmente por el Ministerio Público para la investigación, sin que a la fecha se defina su situación jurídica debido a que el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra “escondido” tras haber sido devuelto al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, hace un año sin que retorne al Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del mencionado departamento, para el inicio del juicio oral público y contradictorio; 2) Las alegaciones de la Jueza ahora accionada sobre la falta de notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) constituyen meras trabas procesales y dilaciones indebidas; ya que, dicha institución no acreditó personería, ni es parte formal en el proceso penal, pretendiendo utilizar este argumento para no resolver su situación jurídica; y, 3) Ante la existencia de una acusación fiscal y la evidente paralización del proceso penal por más de un año en la etapa de remisión de obrados, se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a una justicia pronta y oportuna; por lo que, solicita se ordene el señalamiento inmediato de audiencia de cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa; empero, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 36 a 39, manifestó que: i) El accionante cuenta con acusación formal presentada el 5 de abril de 2022 por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravantes; ii) En esa fecha se ordenó la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz; sin embargo, el 23 de mayo de igual año, se recepcionó la devolución del cuaderno de control jurisdiccional en virtud a una solicitud fiscal para investigar a otros ciudadanos por el supuesto delito de encubrimiento; iii) Una vez devuelto el proceso penal, el accionante solicitó cesación de su detención preventiva, cuya audiencia se instaló el 15 de junio del referido año, donde se le negó la solicitud por no desvirtuarse los riesgos procesales, decisión que no fue objeto de recurso de apelación incidental alguno; iv) La detención del hoy accionado no es indebida; puesto que, responde a una resolución motivada y a la necesidad de resguardar los derechos de las víctimas, quienes al ser menores de edad gozan de tutela especial; v) El accionante no realizó ninguna solicitud al juzgado a su cargo ni al Tribunal de Sentencia de Puerto Suárez de dicho departamento, para que el cuaderno de control jurisdiccional sea remitido; y, vi) El accionante tiene conocimiento de los incidentes, planteados por los otros imputados siendo notificado y partícipe en las audiencias junto con su actual abogado. Juan Raúl Rivero Saucedo, Fiscal de Materia de la localidad de Roboré de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, en representación del Fiscal coaccionado Juan Carlos Crispín Pereyra, en audiencia manifestó que: a) La investigación se aperturó el 22 de febrero de 2021, presentándose la imputación formal el “2” siendo -lo correcto el 10- de agosto de ese año y la acusación formal el 5 de abril de 2022; b) El 10 de mayo de igual año, el Fiscal de Materia Juan Carlos Crispín Pereira solicitó dejar sin efecto la radicatoria ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del mencionado departamento, debido a una ampliación de investigación contra cuatro ciudadanos por el delito de encubrimiento, cuya situación jurídica aún no estaba definida; c) Luego de la devolución del cuaderno de control jurisdicional, el accionante solicitó la aplicación de medidas sustitutivas, la cual fue denegada por la Jueza ahora accionada en audiencia de 15 de junio de 2022; d) El accionante ya interpuso anteriormente una acción de libertad con los mismos argumentos ante el Juez de garantías, la cual fue debidamente atendida; y, e) De acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0273/2022-S4 de 11 de mayo y 0017/2019-S2 de 13 de marzo, no procede la cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazos en casos de violación a niños, niñas y adolescentes; por lo que, al no vulnerarse el debido proceso ni la seguridad jurídica, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 44 a 47, ordenó que la Jueza hoy accionada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva del accionante, bajo los siguientes fundamentos: 1) Por memorial de acción de libertad, se tiene que la misma no se adecua a las formalidades establecidas por el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, el accionante no se encuentra ilegalmente perseguido -al existir un proceso penal y una acusación en su contra- ni indebidamente privado de su libertad, al disponerse su detención preventiva mediante una audiencia de medidas cautelares; 2) El Fiscal de Materia -ahora coaccionado- solicitó dejar sin efecto la radicatoria ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de dar cumplimiento al art. 45 del Código de Procedimiento Penal (CPP) sobre la indivisibilidad de juzgamiento, debiendo concluir la investigación contra los otros cuatro coimputados por el delito de encubrimiento a la brevedad posible; 3) Se evidencia que el cuaderno de control jurisdiccional fue devuelto al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del mencionado departamento, el 20 de marzo de 2022, encontrándose más de un año en conocimiento de la Jueza hoy accionada; y, 4) Si bien existe una audiencia de cesación a la detención preventiva, eso no es óbice para que el ahora accionante pueda solicitar dicho acto procesal las veces que sean necesarias para demostrar que su situación jurídica ha mejorado; ya que, al ser la presente acción de carácter restaurador de derechos, corresponde que la Jueza hoy accionada señale día y hora de audiencia para escuchar la solicitud del accionante.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Imputación Formal de 10 de agosto de 2021, presentada por Carlos Crispín Pereira, Fiscal de Materia contra Peter Janzen Driedger -hoy accionante-; y, consta acusación formal de 5 de abril de 2022, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante. (fs. 4 a 6; y, fs. 7 a 14 y vta.) II.2. Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, el -coaccionado-; solicitó dejar sin efecto la radicatoria de la causa; mereciendo en respuesta, el Auto de 16 de mayo de 2022, que dispone: “…dejar sin efecto la radicatoria de causa y devolver actuados a la Juez de Instrucción penal dónde provino para que el señor Fiscal subsane la omisión indicada” (sic) (fs. 16 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 14 de junio de 2022, ante Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, el accionante solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva; mereciendo en respuesta el decreto de la misma fecha, por el cual se señaló audiencia para el 15 de igual mes y año (fs. 25 a 27). II.4. Consta Resolución 37/22 de 15 de junio de 2022, emitida por la Jueza hoy accionada; por la cual, determinó mantener firme la Resolución 59/21 de 10 de agosto de 2021, denegando la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por el accionante (fs. 31 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna, así como los principios pro homine y pro actione; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se encuentra con detención preventiva por más de veinte meses, por lo que, al presentarse la acusación formal y radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, el Fiscal de Materia hoy coaccionado solicitó dejar sin efecto dicho actuado para devolver el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos de dicho departamento; sin embargo, después de ser devuelto dicho cuaderno al referido juzgado, su situación procesal no fue resuelta; por lo que, pide se ordene que dicha autoridad remita el cuaderno de control jurisdiccional al mencionado Tribunal de Sentencia y que la Jueza ahora accionada ordene el señalamiento de una audiencia de cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; ii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0499/2025-S1 de 20 de mayo, haciendo referencia a jurisprudencia anterior, señala que: "...las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. (...) en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas" (las negrillas son nuestras)

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana

La SCP 1021/2025-S1 de 28 de agosto, establece que: "...en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional... Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional".

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna, así como los principios pro homine y pro actione; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se encuentra con detención preventiva por más de veinte meses, por lo que, al presentarse la acusación formal y radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, el Fiscal de Materia hoy coaccionado solicitó dejar sin efecto dicho actuado para devolver el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos de dicho departamento; sin embargo, después de ser devuelto dicho cuaderno al referido juzgado, su situación procesal no fue resuelta; por lo que, pide se ordene que dicha autoridad remita el cuaderno de control jurisdiccional al mencionado Tribunal de Sentencia y que la Jueza ahora accionada ordene el señalamiento de una audiencia de cesación de su detención preventiva.

De la revisión de los antecedentes y las conclusiones arribadas, se establece que el accionante fue imputado el 10 de agosto de 2021 y se encuentra privado de libertad. Si bien se presentó acusación formal el 5 de abril de 2022 (Conclusión II.1), el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, atendiendo una solicitud fiscal, dispuso el 16 de mayo de 2022 devolver el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del mencionado departamento (Conclusión II.2). Asimismo, cursa memorial de 14 de junio de 2022, presentado por el accionante solicitando a la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del referido departamento, ahora accionada, la cesación de la detención preventiva que fue denegada por la misma a través de la Resolución 37/22 de 15 del mismo mes y año (Conclusión II.3 y 4), actuación que no fue objeto de recurso alguno. Planteada así la problemática, corresponde analizar las actuaciones de las autoridades accionadas. En cuanto a la actuación de la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos El accionante solicita que, mediante la presente acción tutelar, se ordene a dicha autoridad el señalamiento de una audiencia de cesación a la detención preventiva por haber estado privado de su libertad más de veinte meses. No obstante, de la revisión de los antecedentes, se establece que la última solicitud de cesación formulada por el accionante data 14 de junio de 2022, la cual fue resuelta y denegada mediante la Resolución 37/22 de 15 de igual mes y año; que no fue objeto de impugnación, sin que conste en obrados una nueva solicitud posterior presentada ante la autoridad jurisdiccional que haya sido resuelta o se encuentre pendiente de resolución. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1. de la presente sentencia constitucional es claro al señalar que las lesiones a la libertad dentro de procesos judiciales deben ser restauradas prioritariamente por la misma jurisdicción ordinaria a través de los medios idóneos, eficaces y oportunos; en el caso de autos, el accionante omitió activar el mecanismo procesal idóneo para lograr el restablecimiento de sus derechos, consistente en solicitar formalmente la cesación de la detención preventiva ante la Jueza de la causa; es decir, ante la Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, ahora accionada, conforme lo establece el art. 239 del CPP. En ese sentido, al no haber efectuado una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva que motive un pronunciamiento previo, no existe un acto u omisión que pueda ser revisado por esta jurisdicción, operando la subsidiariedad excepcional; toda vez que, la acción de libertad no puede ser utilizada para exigir señalamientos de audiencias que no fueron solicitadas en la vía correspondiente y de manera oportuna. Por lo que, no se evidencia vulneración de derecho alguno en cuanto a este reclamo, debiendo denegarse la tutela contra la Jueza hoy accionada. Respecto a la actuación del Fiscal de Materia coaccionado, Juan Carlos Crispín Pereira El reclamo se centra en la falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz. Sobre este punto, es imperativo precisar de manera previa que, de acuerdo con el diseño del proceso penal boliviano, el Fiscal de Materia carece de competencia y facultades jurisdiccionales para realizar la remisión de cuadernos procesales entre juzgados, siendo esta una atribución exclusiva de la actividad jurisdiccional. No obstante, conforme al Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cualquier acto ilegal u omisión indebida en que pudieran incurrir los Fiscales durante la etapa preparatoria debe ser denunciado ante el Juez de Instrucción Penal, quien ejerce el control jurisdiccional de la investigación. En el caso concreto, si el accionante consideraba que el representante del Ministerio Público, Juan Carlos Crispín Pereira, estaría obstaculizando el trámite o reteniendo indebidamente el cuaderno de control jurisdiccional, debió acudir ante la Jueza de Instrucción, hoy accionada, para que, en ejercicio de su rol de controladora de la investigación, conmine o corrija dicha actuación. Por lo que, al haber acudido directamente ante la justicia constitucional con su reclamo respecto a la falta de remisión del mencionado cuaderno por parte del Fiscal de Materia, ahora accionado, sin agotar el reclamo ante el control jurisdiccional, el accionante ha inobservado los lineamientos sobre la subsidiariedad establecida en el Fundamento Jurídico III.2., lo que impide un pronunciamiento de fondo sobre el particular. En definitiva y por todo lo expuesto, al constatarse que el accionante no agotó los medios idóneos y eficaces dentro del proceso penal -tanto para solicitar la cesación de la detención preventiva como para cuestionar la conducta Fiscal de Materia hoy accionado-, corresponde denegar la tutela solicitada en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada por la accionante Dimensionamiento del fallo No obstante la denegatoria, considerando la probable sustanciación de la audiencia dispuesta por el Juez de garantías, acto que pudo generar efectos respecto a la situación jurídica del ahora accionante, corresponde en aplicación del principio de seguridad jurídica previsto en el art. 178.I de la CPE, dimensionar los efectos del presente fallo conforme a los lineamientos de las SSCC 0070/2010-R y 0595/2010-R. En ese sentido, con la finalidad de no invalidar los posibles actos procesales que emergieron del cumplimiento de la orden de sustanciación de audiencia emitida por la instancia de garantías, se determina que, si bien este fallo constitucional deniega la tutela solicitada, esto de ninguna manera debe entenderse como la nulidad de los actos que se hubiesen realizado como emergencia de la misma; en aplicación del citado principio, los mismos que deberán subsistir en sus efectos con la finalidad de no ocasionar perjuicios a consecuencia de la denegatoria de tutela dispuesta en la presente acción de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías al no pronunciarse sobre la concesión o denegatoria de la tutela y ordenar la sustanciación de una audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el Juez Público en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo subsistentes los posibles actos realizados en cumplimiento a la orden de sustanciación de una audiencia de cesación de la detención preventiva efectuada por el Juez Público en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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