B.IA.LEGAL

SCP 0007/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de enero de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de enero de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
59896-2023-120-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de petición y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, ante la denuncia de maltrato físico y psicológico -refiriéndose con adjetivos calificativos despectivos- del menor de edad AA, en la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, por parte de la Directora y Profesora de tercero de primaria de dicho establecimiento, el Director Distrital hoy accionado no dio una respuesta escrita y formal de manera fundamentada y motivada que solucione lo denunciado en reiteradas oportunidades, de forma verbal, por teléfono celular, por mensajería y llamadas por WhatsApp y en el memorial de 17 de mayo de 2023, que resguarde el interés superior del niño, que merece una atención pronta y oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 205/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 78 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; disponiendo:

a) Que las respuestas emitidas por el Director Distrital de Educación La Paz-3, la Resolución DDELP - 3 023/2023 de 22 de mayo, DDELP - 3 050/2023 de 18 de octubre y D.D.E.LP-3/TD 68/2023 de 22 de mayo, pronunciada por el Tribunal Disciplinario de la citada Dirección Distrital, sean notificadas de forma inmediata a la parte accionante en el domicilio señalado en el memorial presentado el 5 de octubre de 2023, con la finalidad de materializar su notificación, siempre que las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto por la mencionada Sala Constitucional, no hubiesen sido ya notificadas, cumpliendo los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional señalada en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de subsidiariedad
  2. III.2. El derecho de petición
  3. III.3. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2024-S3 Sucre, 26 de enero de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 59896-2023-120-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 205/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 78 a 84, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Boris Gustavo Arias Pizarro en representación sin mandato del menor de edad AA contra Bernardo Yapita Calle, Director Distrital de Educación La Paz-3.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memoriales presentados el 11 y 17 de octubre de 2023, cursantes de fs. 22 a 30; y, 33 a 34 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de padre del menor de edad AA, de ocho años de edad, presentó denuncias verbales, vía teléfono celular de manera escrita en reiteradas ocasiones a través de llamadas y mensajes enviados por WhatsApp al Director Distrital ahora accionado; por cuanto, solicitó que se le otorgue una respuesta motivada y fundamentada, que solucione lo denunciado de manera escrita y formal, en virtud al interés superior del niño. Dicha denuncia se realizó contra Rosario Maldonado Guarachi y Valentina Victoria Pando Quispe, Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, quienes maltrataron física y psicológicamente al menor de edad AA, exponiéndolo constantemente a gritos y a malos tratos, incluso refiriéndose con adjetivos calificativos despectivos, dejando que miccionara en el aula en la gestión 2022 y en la gestión 2023 dejaron que el mencionado menor de edad defecara en su pantalón, ante ello el mismo se sintió atemorizado y no quiso asistir a esa Unidad Educativa, por lo que, velando por su seguridad, la primera quincena de mayo del año indicado lo retiró de dicho establecimiento. Bajo esas circunstancias, en reiteradas oportunidades intentó reunirse con el Director Distrital hoy accionado; empero, este demostró su parcialización hacia la Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra” dejando pasar el tiempo y la impunidad de dichos tratos despectivos y crueles a los niños; así también, quiso realizar un careo entre el menor edad AA con sus educadoras; sin embargo, el Director Distrital ahora accionado, no permitió que se realice una investigación imparcial de acuerdo a las normas que regulan el Protocolo de denuncias contra los niños al interior de esa Unidad Educativa, ni una valoración puntual de la rotación y abandonos de niños, las cuales son permanentes. El 16 de mayo de 2023, solicitó al Director Distrital hoy accionado mediante mensajes de celular y llamada personal, que reciba su denuncia y las de otros tres papás y mamás, con la reserva de identidades para evitar represalias. Al efecto, se negó su petición y se le indicó que confrontaría en una reunión la versión del menor de edad AA y de las denunciadas, por cuanto, con esa determinación se atemorizó a los padres de los niños, permitiendo que sigan siendo sometidos a malos tratos psicológicos por negligencia del Director Distrital ahora accionado, quien ignoró el Protocolo de denuncias de malos tratos a los mismos y su reserva de identidad por ser parte de los grupos vulnerables. El 2 de agosto de 2023, reiteró su solicitud al Director Distrital hoy accionado, mediante mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas; empero, nunca fueron atendidas sus denuncias, en consecuencia, por memorial presentado el 5 de octubre del citado año a las 11:50 horas, reiteró su solicitud, requiriendo una respuesta formal, documentada, motivada y fundamentada conforme a lo establecido por el art 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), y que se solucionen los actos denunciados el 17 de mayo de igual año e indique cuáles son las medidas preventivas y correctivas, que el Director Distrital hoy accionado ordenó para que cese la violencia física y psicológica y el buen trato de las denunciadas. Además solicitó una respuesta formal respecto a cuáles son las cantidades de las causas de retiros, cambios de la Unidad Educativa, la baja cantidad de estudiantes, abandonos durante estas dos últimas gestiones 2022 y 2023 de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”; y, cuáles son las medidas preventivas o correctivas que asumió, ante la falta de seguridad de personas en el patio de esa Unidad Educativa en horario de clases; por lo que, pidió una copia en Disco Compacto (CD) de las cámaras de seguridad de la primera quincena de mayo del referido año, registros e imágenes de las personas de la junta escolar y otras reunidas en el patio a diario, en desmedro y seguridad de los niños.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de petición y a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 24, 58, 59, 60 y 61 de la CPE; XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH);

y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que el Director Distrital hoy accionado: a) Responda de manera formal, documentada, motivada y fundamentada, a su denuncia formal presentada el 17 de mayo de 2023 a las 17:00 horas; b) Dé solución a lo denunciado consistente en: 1) Señale cuáles son las medidas preventivas y correctivas que ordenó para el cese de la violencia física y psicológica, el buen trato de las dos denunciadas Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”; 2) Identifique las causas de retiros, cambios de Unidad Educativa, la baja cantidad de estudiantes, abandonos durante las dos últimas gestiones 2022 y 2023; y, 3) A la denuncia referente a que la junta escolar y otras personas, grupos de choque de la Directora, están dentro de la citada Unidad Educativa a diario en total desmedro de la seguridad de los niños, observando las cámaras de seguridad, y al efecto, cuáles son las medidas preventivas y correctivas que asumió ante la falta de seguridad de personas en el patio de dicho establecimiento educativo en horario de clases; c) Entregue copia de CD de la primera quincena del mes de mayo del referido año, registros e imágenes de las personas de la junta escolar y otras reunidas en el patio diario, en total desmedro a la seguridad de los niños; y, d) Dé una respuesta formal, documentada, fundamentada, motivada que dé solución a su denuncia, con memorial recibido el 5 de octubre del indicado año, a las 11:50 horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 77 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Bernardo Yapita Calle, Director Distrital de Educación La Paz-3, por informe presentado el 26 de octubre de 2023, cursante de fs. 66 a 71; así como en audiencia, manifestó que: i) En el presente caso no se cumplió con el principio de subsidiariedad; puesto que, no se agotaron las instancias pertinentes, acudiendo a otras instancias como ser la Dirección Departamental de Educación de La Paz, el “Ministerio de Educación” y otras instancias; ii) No se notificó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debido a que el caso deriva de las Notas recibidas con relación al maltrato de un niño; iii) Respecto al memorial de 17 de mayo del mismo año, que aduce la parte accionante, no existe un memorial de esa fecha, solamente se tiene una Nota donde solicitó que se tomen medidas preventivas, correctivas ante el maltrato psicológico, gritos, amedrentamiento de “esas dos señoras” hacia el menor de edad AA, indicando ambas que es agresivo, problemático, que no puede, no sabe, y no entiende. En dicha Nota también se solicitó que se ordene la entrega de manera inmediata de la libreta del primer trimestre del mencionado menor de edad; por cuanto, esa Nota fue respondida dentro del término previsto por ley, mediante Nota con CITE: DDELP-3 023/2023 de 22 de mayo; empero la parte accionante no realizó ningún seguimiento, ni apareció en la señalada Dirección Distrital desde el momento que dejó la citada Nota; además que, nunca tuvo contacto con la parte accionante; iv) Respecto a que el menor de edad AA hubiese sido maltratado por la Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra” el 17 del indicado mes y año, el mismo ya no era estudiante de dicho establecimiento; puesto que, se solicitó la transferencia a otra Unidad Educativa; v) El 19 del referido mes y año, se entregó la libreta electrónica del mencionado menor de edad AA a su padre, firmando en constancia la recepción de la misma; vi) Después de recibir la nota de 5 de octubre de 2023 presentada por el accionante, se remitió al Tribunal Disciplinario de dicha Dirección Distrital, conforme a procedimiento, para el inicio del proceso disciplinario, tanto a la Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la citada Unidad Educativa antes mencionada, con la finalidad de que en esa instancia se determine lo que corresponda, según a lo establecido por la Resolución Suprema (RS) 212414, Reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo de 21 de abril de 1993. Al efecto adjuntó el Auto Inicial de Proceso Disciplinario Resolución D.D.E. LP-3/TD 68/2023 de 22 de mayo; vii) No existe ninguna nota o denuncia alguna en la gestión 2022 contra las maestras denunciadas; viii) Con relación al memorial de 4 de octubre de 2023, a través del cual se solicitó respuesta por denuncias presentadas por maltrato infantil, psicológico, físico al menor de edad AA, mediante Nota con CITE: DDELP-3 050/2023 de 18 de octubre, se respondió a su memorial a cada uno de los puntos solicitados; sin embargo, tampoco realizó el seguimiento correspondiente y no volvió a aparecer; ix) No recibió ninguna llamada por celular o vía WhatsApp para realizar el seguimiento y en las dos únicas llamadas que recibió, la parte accionante le informó que formalizaría su denuncia en forma escrita o verbal de acuerdo a procedimiento; y, x) La parte accionante en la denuncia que presentó en “mayo” no señaló un domicilio para ser notificado, por ello solo se notificó a las partes denunciadas como corresponde; es decir, que no se notificó con la respuesta a la parte accionante, ni con la citada Resolución. Por lo todo lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas

Rosario Maldonado Guarachi, Directora de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: a) Su ingreso a la mencionada Unidad Educativa fue en tiempo de pandemia, razón por la cual, no conocía al menor de edad AA y al retorno a clases presenciales, la parte accionante demostró su negativa y a partir de ello empezó a mostrar su antipatía por su persona; b) En los hechos suscitados, el maestro de educación musical informó que el menor de edad AA nunca pidió permiso para ir al baño y por ello se orino en su pantalón. Ante esa situación, tuvo que pasar el caso a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia”; asimismo, la parte accionante también presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, donde fue convocada para que informe lo ocurrido; por lo que, en su informe demostró que se impuso una sanción al maestro, a pesar que este nunca negó el permiso, razón por la cual dicho caso se cerró. Con relación al caso presentado ante la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” hasta el momento no se presentaron a esa Unidad Educativa para hacerle conocer si hubo algún maltrato sobre violencia psicológica o física, y de no existir, supuso que también ese caso debió ser cerrado; y, c) El 14 de febrero de 2023, al momento de sus clases, la Maestra Valentina Victoria Pando Quispe, se percató que el menor de edad AA se encontraba indispuesto de salud, por ello se comunicó con su padre insistentemente, quien tardó un buen tiempo en llegar, mientras que la regente lo conducía hacia la Secretaría sintió que dicho menor de edad, defecó; es decir que el mismo en ningún momento pidió ir al baño; por cuanto, esa situación no deriva de algún maltrato que se ejerció contra el menor de edad AA, es más, se observó la imprudencia del padre, porque encontrándose enfermo el referido menor de edad, no podía llevarlo a clases. Valentina Victoria Pando Quispe, Profesora del Tercero de Primaria de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2023, cursante a fs. 55 y vta., manifestó que: 1) Adjuntó los informes relevantes con relación al menor de edad AA, de 9 de agosto de 2022; y, de 6 de marzo, 2 de abril, y 6 de octubre de 2023. Asimismo el registro de Docente Administrativo 230401 con registro de 1994, de años de servicio, de Registro de Antecedentes Penales (REJAP) y el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE) ambos de 25 del mismo mes de 2023, del Macrodistrito La Paz-3 Periferica RED 303 de noviembre de 2015, Diploma de reconocimiento de la citada Unidad Educativa de 6 de junio de 2011, de agradecimiento de la Junta de Padres y Madres de Familia de dicho Macrodistrito de 26 de noviembre de 2012; y, reconocimiento de la mencionada Unidad Educativa; 2) Los términos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional son falsos, y por la documentación que adjuntó, evidencia que nunca ejerció violencia, física, psicológica u otro tipo de violencia contra sus alumnos; y, 3) No tiene ningún antecedente referido a su conducta y al desempeño laboral, pues los hechos denunciados por la parte accionante, no ocurrieron cuando estaba en tuición de su aula y menos aún realizó un trato despectivo o un maltrato psicológico o físico del niño, ni de los demás niños pues es tutora de varios y tiene el deber de educarlos. Por todo lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 205/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 78 a 84, concedió la tutela solicitada, con relación al derecho de petición, indicando que si bien estaría en trámite lo solicitado por la parte accionante; empero, según la jurisprudencia constitucional, la parte tiene que tener conocimiento de esas respuestas, por cuanto, debe existir la notificación correspondiente y en caso de que no tenga conocimiento de las mismas, por ello desconoce el trámite que se efectuó; por lo que, dispuso conceder el plazo de setenta y dos horas, en razón a que la parte accionante no señaló un domicilio; en consecuencia, el Director Distrital hoy accionado a través del Departamento Jurídico, debe proceder a entregar las respuestas que adjuntó, entre ellas, la respuesta otorgada por Nota con CITE: DDELP-3 023/2023, nota con CITE:DDELP-3 050/2023, así como el Auto Inicial de Proceso Disciplinario Resolución DDELP-3/TD 68/2023; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Según el cargo, la Nota presentada por la parte accionante, no fue recepcionada el 17 de mayo de 2023 sino el 22 de igual mes y año, y a efectos de dar curso a la misma, la mencionada autoridad emitió la el Auto Inicial de Proceso Disciplinario Resolución D.D.E. LP-3/TD 68/2023; es decir que, el Director Distrital hoy accionado, junto al Fiscal Promotor y a la Secretaria Actuaria, ambos del Tribunal Disciplinario de la mencionada Dirección Distrital, resolvieron iniciar un proceso disciplinario contra las denunciadas, por la comisión establecida por el art. 10 inc. II) -tipificación de faltas graves- referente a la ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación; ii) Se entendió que dicha Nota fue respondida y al efecto se dispuso un proceso disciplinario para establecer sobre la veracidad de la denuncia; sin embargo, solamente se notificó a las otras partes del proceso y no así a la parte accionante, porque no se apersonó a la señalada Dirección Distrital a efectos de notificarse y que se remita de inmediato para instaurar el proceso disciplinario, ello implica que la denuncia realizada por la parte accionante se encuentra en curso y no fue denegada y en la instancia mencionada se establecerá la existencia o no de responsabilidades contra las denunciadas; y, iii) Se cumplió en parte con lo solicitado por la parte accionante, quedando únicamente la ejecución de su notificación con el apersonamiento que debe realizar a dicha institución; y en consecuencia, se prosiga con los pasos procedimentales del trámite correspondiente. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante señaló que se indica la inexistencia de un lugar para su notificación, ya que el 2, 4, 5, 8, 11 y 16 de mayo; y 2 de agosto de 2023, mediante mensajes por WhatsApp se comunicó directamente con el Director Distrital hoy accionado. De igual forma, en el momento de la transferencia de la unidad educativa del menor de edad AA, manifestó y llenó un formulario en el cual señaló la unidad educativa donde iría; asimismo, en la Unidad Educativa “Genaro Gamarra” tienen la documentación de su domicilio, de su certificado de nacimiento y de todos los otros registros de cédula de identidad de su persona, esposa e hijo, por ello tienen conocimiento perfecto de su vivienda. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional señaló que se concedió la tutela solicitada, justamente porque no se cumplió con la notificación, ya sea con notas, cartas, memoriales y cuál es el trámite que se fue dando. Se aclaró que la audiencia de consideración de la acción tutelar no se cuestiona si existía o no domicilio, si se proporcionó el domicilio real o laboral. Sobre la petición de reserva en cuanto a la acción de amparo constitucional, a esa audiencia de plataforma virtual no ingresa ninguna persona, si no tiene autorización.

En vía de complementación y enmienda, el Director Distrital hoy accionado a través de su abogado, señaló que no tiene problema con las dos primeras notas de respuestas sino con la notificación personal del Auto Inicial de Proceso Disciplinario Resolución D.D.E. LP-3/TD 68/2023, razón por la cual, pidió a la Sala Constitucional, conmine a la parte accionante a que se apersone en el plazo fijado ante la Dirección Distrital de Educación La Paz-3 para que se realice la respectiva notificación, con la finalidad de no vulnerar con el procedimiento administrativo. Ante esa solicitud, la Sala Constitucional señaló que al efecto se concedió el plazo de setenta y dos horas, y que le pondrán un horario para que en ninguna situación no haya excusa de ninguna de las partes, ni de la autoridad, tampoco de la parte accionante, por ello se dispuso el plazo de quince horas para constituirse al Departamento Jurídico del Director Distrital, con el objeto de hacerle entrega de las notas y del Auto Inicial de Proceso Disciplinario.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En mérito al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2024 de 17 de enero, emitido por Sala Plena de este Tribunal, que dispuso la Reconformación Transitoria de Salas; se emite la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota presentada el 17 de mayo de 2023, Boris Gustavo Arias Arias Pizarro -hoy accionante- dirigida al Director Distrital de La Paz-3, Bernardo Yapita Calle -ahora accionado-, solicitó se tomen medidas preventivas, correctivas ante el maltrato psicológico, gritos, amedrentamientos de “estas dos señoras” -Valentina Victoria Pando Quispe y Rosario Maldonado Guarachi, Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”- hacia el menor de edad AA -hoy accionante-, ordenando que se le entregue inmediatamente la libreta del primer trimestre del mencionado menor de edad. Asimismo, en la parte final señaló su número de celular 76741943 (fs. 5 a 7). II.2. Por Carta presentada el 17 de mayo de 2023, la parte accionante solicitó al Director Distrital hoy accionado que ordene a la Directora de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra” se le entregue inmediatamente la libreta del primer trimestre del menor de edad AA. Asimismo, en la parte final se señaló su número de celular 76741943 (fs. 8). II.3. Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2023, la parte accionante, ante las denuncias presentadas por maltrato infantil, psicológico, físico al menor de edad AA, en reiteradas oportunidades vía celular al Director Distrital hoy accionado, y de manera formal el 17 de mayo de ese año, solicitó respuesta documentada, citando el art. 24 de la CPE, señalando en el otrosí primero, el contenido de violencia contra el referido menor de edad, y en el otrosí segundo, Edificio Hansa, sin número, piso 12, oficina 3, “Estudio jurídico Arias Pizarro y Asociados” en plena Av. Mariscal Santa Cruz y Yanacocha de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz-Bolivia, correo electrónico kkongboris@hotmail.com, más celular 76741943, y ciudadanía digital 3492219 (fs. 9 a 10 vta.). II.4. Por Nota con CITE: DDELP - 3 023/2023 de 22 de mayo, dirigida a la parte accionante, el Director Distrital hoy accionado, respondió a la Nota de 17 de igual mes de 2023 (fs. 57 y 58). II.5. Mediante Nota con CITE: DDELP - 3 050/2023 de 18 de octubre, el Director Distrital hoy accionado, respondió al memorial de 5 de igual mes de 2023 (fs. 59 y 60). II.6. A través de la Resolución D.D.E.LP-3/TD 68/2023 de 22 de mayo, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de La Paz-3, resolvió instaurar el proceso disciplinario contra Valentina Victoria Pando Quispe, Profesora de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, por la supuesta contravención y/o comisión cometida, establecida por el art. 10 inc. e) de la RS 212414 -tipificación de faltas graves- referente al hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia; y, por el art. 11 inc. m) de la citada Resolución Suprema -tipificación de faltas graves- respecto a la invitación al uso de substancia indebidas y peligrosa, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales. Asimismo, se instauró proceso disciplinario contra Rosario Maldonado Guarachi, Directora de dicha Unidad Educativa por la supuesta contravención y/o comisión cometida, establecida por el art. 10 inc. ll) de esa Resolución Suprema -tipificación de faltas graves- en cuanto a la ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación (fs. 61 a 62 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de petición y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, ante la denuncia de maltrato físico y psicológico -refiriéndose con adjetivos calificativos despectivos- del menor de edad AA, en la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, por parte de la Directora y Profesora de tercero de primaria de dicho establecimiento, el Director Distrital hoy accionado no dio una respuesta escrita y formal de manera fundamentada y motivada que solucione lo denunciado en reiteradas oportunidades, de forma verbal, por teléfono celular, por mensajería y llamadas por WhatsApp y en el memorial de 17 de mayo de 2023, que resguarde el interés superior del niño, que merece una atención pronta y oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, al analizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, reconoció lo siguiente: “…a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. El derecho de petición

La SCP 0810/2012 de 20 de agosto, entre otras, refirió que el derecho de petición debe entenderse como: “…esa facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener a una pronta Resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho”. En ese sentido, la SCP 0044/2021-S3 de 29 de marzo indicó que: «La SCP 0820/2019-S2 determinó que: “El art. 24 de la CPE, establece que: ‘Toda persona tiene derecho de petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando que: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición”» (las negrillas fueron agregadas).

III.2.1. Contenido esencial del derecho de petición

La SCP 0044/2021-S3 refiriéndose al entendimiento de la SCP 0820/2019-S2 de 17 de septiembre, estableció que: “‘…el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos’ (las negrillas son nuestras). La SCP 1103/2019-S2 de 18 de diciembre, señaló que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando el derecho de petición. De manera complementaria al entendimiento anterior, se tiene que la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que también se considera como vulnerado el derecho de petición, cuando se presenta la negativa de recibir la solicitud o se obstaculiza su presentación; en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-236/05 de 14 de marzo de 2005), señaló que el núcleo esencial del derecho de petición incluye la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas” (las negrillas son añadidas). Con relación a la notificación o comunicación de la respuesta, la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-369/13 de 27 de junio de 2013 señaló que: “…la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma. Es por esto, que en sentencia T- 249 de 2001 esta Corporación precisó: ‘Cabe recordar que en relación con el derecho de petición, no basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que ésta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que solo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”’ (las negrillas fueron añadidas). Además, sobre la notificación de la respuesta como componente del derecho de petición, David Cienfuegos Salgado refirió que: “…es claro y evidente que quien contesta debe buscar la forma de que su contestación llegue a conocimiento del interesado, máxime tratándose de una autoridad que debe guardar constancia de que fue recibida la respuesta que la ley ordena ya sea que se remita por correo o se entregue personalmente. Y como además en el juicio de garantías todo hecho está sujeto a prueba y la carga de esta incumbe a quien afirma (…) para satisfacer el mandato constitucional (…) dicha autoridad debe acreditar que la contestación que dio, llego al conocimiento del interesado pues de otra suerte resultaría nugatoria la garantía aludida”. El mismo autor refiere que queda abierta la posibilidad de explorar opciones que ofrezcan certidumbre; es decir, que permitan la demostración fehaciente de la notificación. Conforme a lo expuesto, es evidente que no es solo la respuesta la que da cumplimiento a los términos del derecho de petición sino que es necesario que la misma sea efectivamente conocida por el peticionario; asimismo, la constancia de entrega de la respuesta puede ser escrita mediante la recepción o notificación que conste en papel. No obstante, ante la imposibilidad de esa forma de comunicación, es válida la notificación por cualquier medio de comunicación electrónica que permita tener constancia o certeza de la recepción, teniendo el obligado la carga de demostrar que el peticionante tuvo conocimiento de la respuesta emitida a su solicitud. Además, la comunicación verbal que no permita tener constancia de la recepción de la respuesta por el solicitante, también vulnera el derecho de petición.

III.2.2. Requisitos de procedencia para que sea viable la tutela del derecho de petición

La SCP 0044/2021-S3 citando nuevamente el entendimiento de la SCP 0820/2019-S2, señaló respecto al derecho de petición que: “‘…a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito’. Vinculado a lo anterior, corresponde complementar que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0249/2017-S3 de 27 de marzo y 0124/2018-S4 de 16 de abril, entre otras, establecieron que no corresponde la tutela del referido derecho cuando la petición se encuentre vinculada a la pretensión contenida en una demanda o un recurso de impugnación dentro de un proceso judicial o administrativo”.

III.3. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

Por disposición del art. 58 de la CPE: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”.

Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de sus derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas fueron agregadas), prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos tanto en la familia como en la sociedad, a través del art. 61.I de la Norma Suprema.

En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (sic [las negrillas fueron añadidas]); es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres.

Los lineamientos de esos instrumentos internacionales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Conforme a la normativa señalada, así como a la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual se constituye en el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños y adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos.

Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en el art. 12 literal b del citado Código, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo además, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas.

En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”.

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.

En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’.

En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de petición y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, ante la denuncia de maltrato físico y psicológico -refiriéndose con adjetivos calificativos despectivos- del menor de edad AA, en la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, por parte de la Directora y Profesora de tercero de primaria de dicho establecimiento, el Director Distrital hoy accionado no dio una respuesta escrita y formal de manera fundamentada y motivada que solucione lo denunciado en reiteradas oportunidades, de forma verbal, por teléfono celular, por mensajería y llamadas por WhatsApp y en el memorial de 17 de mayo de 2023, que resguarde el interés superior del niño, que merece una atención pronta y oportuna. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se advierte que la parte accionante mediante Nota presentada el 17 de mayo de 2023, solicitó al Director Distrital ahora accionado, que se tomen medidas preventivas, correctivas ante el maltrato psicológico, gritos, amedrentamientos de “estas dos señoras” -Valentina Victoria Pando Quispe y Rosario Maldonado Guarachi, Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra” hacia el menor de edad AA, ordenando que se le entregue inmediatamente la libreta del primer trimestre del mencionado menor de edad (Conclusión II.1.). En consecuencia, por Nota presentada en la fecha indicada, la parte accionante solicitó al Director Distrital hoy accionado, que ordene a la Directora de esa Unidad Educativa le entregue inmediatamente la libreta del primer trimestre del referido menor de edad (Conclusión II.2.).

Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2023, la parte accionante ante las denuncias presentadas por maltrato infantil, psicológico, físico al menor de edad AA, en reiteradas oportunidades vía celular a su autoridad y de manera formal el 17 de mayo del indicado año, solicitó respuesta documentada al Director Distrital ahora accionado, citando el art. 24 de la CPE, señalando en el otrosí primero, su contenido de violencia contra el mencionado menor de edad; y en el otrosí segundo, indicó domicilio procesal, Edificio Hansa, sin número, piso 12, oficina 3, “Estudio jurídico Arias Pizarro y Asociados” en plena Av. Mariscal Santa Cruz y Yanacocha de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz-Bolivia, correo electrónico kkongboris@hotmail.com, más celular 76741943, y ciudadanía digital 3492219 (Conclusión II.3.).

Mediante Nota con CITE: DDELP - 3 023/2023 de 22 de mayo, dirigida a la parte accionante, el Director Distrital hoy accionado, respondió a la Nota de 17 de igual mes de 2023 (Conclusión II.4.).

Por Nota con CITE: DDELP - 3 050/2023 de 18 de octubre, el Director Distrital hoy accionado, respondió al memorial de 5 de igual mes de 2023 (Conclusión II.5.).

Conforme a la Resolución D.D.E.LP-3/TD 68/2023 de 22 de mayo, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de La Paz-3, resolvió instaurar el proceso disciplinario contra Valentina Victoria Pando Quispe, Profesora de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, por la supuesta contravención y/o comisión cometida, establecida por el art. 10 inc. e) de la RS 212414 -tipificación de faltas graves- referente al hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia; y, por el art. 11 inc. m) de la citada Resolución Suprema -tipificación de faltas graves- respecto a la invitación al uso de substancia indebidas y peligrosa, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales. Asimismo, se instauró proceso disciplinario contra Rosario Maldonado Guarachi, Directora de dicha Unidad Educativa por la supuesta contravención y/o comisión cometida, establecida por el art. 10 inc. ll) de esa Resolución Suprema -tipificación de faltas graves- en cuanto a la ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación (Conclusión II.6.). Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario precisar que en el caso concreto el padre del menor de edad AA interpone la acción de defensa en calidad de su representante y abogado, alegando la vulneración de los derechos de de petición y a una justicia pronta y oportuna, de dicho menor de edad; puesto que, se denunció ante el Director Distrital hoy accionado, que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de la Directora y Profesora de tercero de primaria, ambas de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, sin embargo, esas denuncias no fueron respondidas de manera formal y oportuna; por lo que, frente a esa situación; no obstante, que para la procedencia de la tutela del derecho de petición se exige el agotamiento de medios de impugnación siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el cumplimiento de ese derecho, sin vincularlo al desarrollo de un proceso administrativo ni judicial, en el presente caso es posible la aplicación de la subsidiariedad excepcional, conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.3. de este fallo constitucional, que se encuentra relacionada con el interés superior del niño, que goza de una atención prioritaria por pertenecer a grupos de vulnerabilidad. Bajo esas circunstancias, se tiene que ante la nota presentada por la parte accionante el 17 de mayo de 2023 y el memorial recepcionado el 5 de octubre del citado año, el Director Distrital ahora accionado, respondió ambas solicitudes; sin embargo, se evidencia que el mismo, en la audiencia de consideración de la acción tutelar, señaló expresamente que las respuestas se encuentran emitidas; empero, que no se realizó la respectiva notificación a la parte accionante; es decir, que no se puso a su conocimiento, a pesar que en las Notas presentadas se señaló su número de celular 76741943, y en el memorial presentado el 5 de igual mes y año, se reflejó en el otrosí segundo, su domicilio procesal, como así también el correo electrónico y el número de celular, lo cual implica que no se cumplió de ninguna manera con la finalidad de la notificación, de tal forma que la parte accionante hasta la interposición de la acción de amparo constitucional, tampoco pudo tener conocimiento de las determinaciones que asumió el Director Distrital hoy accionado a efectos de proseguir con los procesos correspondientes de las denuncias realizadas, como ser la Resolución D.D.E.LP-3/TD 68/2023, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de La Paz-3, a través de la cual se resolvió instaurar el proceso disciplinario contra Valentina Victoria Pando Quispe, Profesora de la Unidad Educativa “Genaro Gamarra”, y Rosario Maldonado Guarachi, Directora de la citada Unidad Educativa.

En ese sentido, se evidencia que el Director Distrital ahora accionado no solo tenía la obligación de otorgar una respuesta a la parte accionante de forma pronta, oportuna, formal debidamente fundamentada y motivada que resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo, sino también de comunicar la misma de manera formal a la parte accionante, más aún si se evidencia que se puso en conocimiento su domicilio procesal y número de celular, pues se tenían los medios para conseguir una comunicación efectiva y oportuna, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, al no hacerlo, vulneró los derechos alegados en la acción tutelar, con relación a la falta de notificación de sus respuestas a las notas presentadas por la parte accionante, por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 205/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 78 a 84, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; disponiendo:

a) Que las respuestas emitidas por el Director Distrital de Educación La Paz-3, la Resolución DDELP - 3 023/2023 de 22 de mayo, DDELP - 3 050/2023 de 18 de octubre y D.D.E.LP-3/TD 68/2023 de 22 de mayo, pronunciada por el Tribunal Disciplinario de la citada Dirección Distrital, sean notificadas de forma inmediata a la parte accionante en el domicilio señalado en el memorial presentado el 5 de octubre de 2023, con la finalidad de materializar su notificación, siempre que las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto por la mencionada Sala Constitucional, no hubiesen sido ya notificadas, cumpliendo los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional señalada en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Corte Constitucional, jurisprudencia: Sentencia de Tutela 369/13 de 27 de Junio; https://vlex.com.co/vid/-514046966.

2 Cienfuegos Salgado, David: “El derecho de petición en México”; año 2004, pág. 208.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2024-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 220a899ed9b5d9679a49bec9a18496504f51ed85d6c6761f1cd7ca2e55cba9a5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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