Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 3 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La accionante considera lesionados sus derechos sus derechos a la defensa, el debido proceso, la igualdad de oportunidades y a la libertad; toda vez que, el Juez demandado no consideró y resolvió de manera previa en la audiencia de medidas cautelares, los incidentes de nulidad de su declaración y de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación en la imputación formal, pretensiones ante las que necesariamente correspondía se suspenda la referida audiencia para precautelar que su persona tenga el tiempo y los medios adecuados para asumir defensa, incumpliendo de esta forma el Juez demandado su deber de aplicar la Constitución Política del Estado; puesto que, la consideración de dichos incidentes tenían directa vinculación con la determinación de detención preventiva asumida en su contra por el Juez demandado, en razón a que, por efecto de dichos incidentes, tal determinación podía quedar sin efecto. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 185/2021 de 24 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2023-S4 Sucre, 3 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 43930-2021-88-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 185/2021 de 24 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Goyzueta Morón contra Andrés Franz Zabaleta Calisaya, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de octubre de 2021, cursante de fs. 60 a 62 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Se instauró proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones; caso en el cual, a consecuencia de haber sido notificada con el inicio de investigación y la imputación formal menos de veinticuatro horas antes de la audiencia de medidas cautelares, solicitó se disponga la suspensión de la referida audiencia a objeto de ejercer su derecho a la defensa. Añadió que sus abogadas formularon excepciones e incidentes de actividad procesal defectuosa y falta de fundamentación en la imputación formal, pidiendo la nulidad de la misma, que fueron reiteradas en la audiencia de medidas cautelares atacando la validez de su declaración informativa, no obstante, el Juez hoy demandado negó su petición y el uso de la palabra a sus abogadas para interponer el recurso de reposición.
Manifestó que los incidentes debieron ser considerados y resueltos de manera previa en la audiencia de consideración de medidas cautelares en la que se dictó resolución disponiendo su detención preventiva por seis meses, cuyo mandamiento podía ejecutarse en cualquier momento; puesto que, en el caso del incidente de nulidad de su declaración, podría generar que todos los actuados posteriores a dicho acto, como la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares queden sin efecto, de igual manera, en cuanto a la de falta de fundamentación, hubiese derivado en la nulidad de la imputación formal; por los que, necesariamente correspondía se suspenda la referida audiencia para cuidar que su persona tenga el tiempo y los medios adecuados para asumir defensa, incumpliendo de esta forma el la autoridad jurisdiccional demandada su deber de aplicar la Constitución Política del Estado (CPE); puesto que no le importó viciar el proceso cuando tenía el deber de controlar el mismo, tampoco hizo posible que su persona goce de igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos, existiendo en consecuencia, vínculo entre la decisión de no suspender la audiencia para previamente considerar sus incidentes y la amenaza de restricción a su derecho a la libertad.
La impetrante de tutela impetrada, denunció como lesionados sus derechos a la defensa, el debido proceso, a la igualdad de oportunidades y a la libertad; citando al efecto los arts. 115 y 119.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela demandada; y, en consecuencia, se disponga la suspensión de la detención preventiva hasta que los incidentes opuestos por su persona sean tramitados y su resolución quede firme.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 78, presente la solicitante de tutela y la tercera interesada, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante por intermedio de sus abogadas, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad, reiterando los mismos en la audiencia de consideración de referida acción tutelar; y, ampliando los mismos, señaló que el recurso de apelación interpuesto por su parte en forma inmediata a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares que dispuso su detención preventiva, ataca la falta de fundamentación de la resolución impugnada y otros elementos que no están ligados con la suspensión de la audiencia, por lo que, no resulta aplicable a este caso ningún criterio de subsidiariedad, puesto que, en este caso se reclama por la negativa del Juez demandado a suspender la audiencia de consideración de medidas cautelares.
Andrés Franz Zabaleta Calisaya, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 24 de octubre de 2021, cursante de fs. 67 a 70; señaló que: a) En la audiencia de medidas cautelares, se dictó la Resolución 168/2021 de 22 de octubre, y, a la conclusión de la referida audiencia, las abogadas de la ahora impetrante de tutela, interpusieron recurso de apelación incidental utilizando el mismo tenor como agravio transcrito en la presente acción de libertad; impugnación que debe ser resuelta mediante Auto de Vista, deviniendo en consecuencia la subsidiariedad; b) La solicitante de tutela interpuso incidentes por escrito de conformidad a lo previsto por los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ameritando ser corridos en traslado y considerados dentro de tercero día, no pudiendo confundirse el procedimiento ya que la interposición de incidentes y excepciones está prevista por la Ley de Abreviación procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, c) La aplicación de medidas cautelares es accesoria a lo principal del proceso, en tal entendido, el plazo de los diez días para interposición de incidentes se restringe a dichos actos, no así la para celebración de la audiencia de medidas cautelares.
Claudia Marcela Castro Dorado, en la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, señaló que: 1) En la presente acción de defensa no se invocó la conculcación del art. 125 de la CPE, en concordancia con los arts. 46 y 47 del Condigo Procesal Constitucional (CPCo), no habiendo explicado sobre el presunto indebido procesamiento o indebida persecución, que no fueron fundamentados por la solicitante de tutela con relación al Juez demandado; 2) La accionante formuló un recurso de apelación donde ampliamente fundamentó los mismos agravios que acusa en la presente acción de libertad, hecho que evidencia que el presente caso se encontraría dentro los parámetros de la subsidiariedad por cuyo efecto la vía constitucional no puede subrogarse la competencia de la justicia ordinaria; 3) En la audiencia de consideración de las medidas cautelares, efectivamente se hizo mención a la suspensión de la audiencia de medidas cautelares; empero, el Juez ahora demandado dispuso se acuda al procedimiento establecido en el art. 314 de la Ley 1173, que prevé sobre la tramitación de los incidentes y excepciones, que no se constituyen en causales de suspensión de una audiencia cautelar; y, 4) La impetrante de tutela señaló que hubiese sido demandada por ilícitos que no contemplados en la ley porque estuviesen abrogados; sin embargo, estos se encuentran debidamente estatuidos en la norma sustantiva penal y son punitivos, más aun el uso indebido de influencias que acarrea la posibilidad de detención preventiva precisamente por su calificación.
El Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 185/2021 de 24 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, “declaró improcedente” la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En relación a los incidentes presentados por la parte accionante, estos deben ser tramitados conforme lo previsto por el art. 314 del CPP, y, según el parágrafo primero y párrafo cuarto de dicha norma, no implican suspensión de los actos investigativos o procesales; empero, en el caso presente, estos incidentes conforme refirió la propia impetrante de tutela, recibieron respuesta por parte del Juez demandado, quien estableció que los mismos serían sustanciados conforme el art. 314 de la norma adjetiva penal; ii) Con relación a la detención preventiva que se impuso a la accionante, conforme manifestó la misma y quienes intervinieron en la audiencia de consideración de la acción de libertad, se interpuso el recurso de apelación incidental correspondiente, siendo los plazos previstos por la norma procesal penal cortos a objeto de que tal situación sea conocida por el Tribunal de alzada de manera rápida; y, iii) No se advierte lesión del debido proceso vinculada al derecho a la defensa o al de libertad; por el contrario, se verificó que existe una apelación incidental en curso, respecto a la situación denunciada, extremo que acredita el incumplimiento del principio de subsidiariedad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de imputación formal presentada el 15 de octubre de 2021, por la Fiscal de Materia asignada al caso, dentro el proceso penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, instaurado a denuncia de Claudia Marcela Castro Dorado contra Patricia Goyzueta Morón, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, consistentes en la detención preventiva de la ahora accionante (fs. 10 a 24). II.2. A través del Proveído de 19 de octubre de 2021, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 22 de igual mes y año (fs. 37). II.3. Por memorial presentado el 22 de octubre de 2021, la ahora solicitante de tutela denunció violación del derecho a la defensa y solicitó la suspensión de la audiencia de medidas cautelares (fs. 51 a 52). II.4. Mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2021, la accionante presentó excepciones de prejudicialidad e incidentes de nulidad por incumplimiento del art. 92 del CPP, que atenta el derecho a la defensa y el debido proceso, así como de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación de la imputación formal (fs. 53 a 59).
La accionante considera lesionados sus derechos sus derechos a la defensa, el debido proceso, la igualdad de oportunidades y a la libertad; toda vez que, el Juez demandado no consideró y resolvió de manera previa en la audiencia de medidas cautelares, los incidentes de nulidad de su declaración y de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación en la imputación formal, pretensiones ante las que necesariamente correspondía se suspenda la referida audiencia para precautelar que su persona tenga el tiempo y los medios adecuados para asumir defensa, incumpliendo de esta forma el Juez demandado su deber de aplicar la Constitución Política del Estado; puesto que, la consideración de dichos incidentes tenían directa vinculación con la determinación de detención preventiva asumida en su contra por el Juez demandado, en razón a que, por efecto de dichos incidentes, tal determinación podía quedar sin efecto. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.
1173 de 3 de mayo de 2019
Conforme prevén los arts. 314 y 315 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– las excepciones e incidentes, tienen el siguiente trámite:
“ARTÍCULO 314. (TRÁMITES).
I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.
Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.
Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.
II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código. ARTÍCULO 315. (RESOLUCIÓN). I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda. II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio. IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos”. Precepto normativo que establece el plazo y tramitación para la interposición de excepciones e incidentes; en tal contexto, la jurisprudencia contenida en la SCP 0513/2017-S2 de 22 de mayo, inicialmente estableció que el plazo de diez días previsto en el art. 314.I del CPP, era aplicable únicamente a las excepciones previstas por el art. 308 del mismo cuerpo legal, estableciendo que un razonamiento distinto, generaba un estado de indefensión a las partes durante la tramitación de la causa, pues vencido el término de los diez días, no era viable denunciar cualquier tipo de actividad procesal defectuosa. Sin embargo, dicho entendimiento, fue modulado a través de la SCP 0007/2018-S1 de 27 de febrero, que tras una interpretación sistemática del art. 314 de la norma adjetiva penal, estableció que: “La oportunidad procesal para promover un incidente dentro de un proceso penal debe ser a partir de la notificación con el acto impugnado, sea en etapa preparatoria o en fase de juicio, es decir que, el cómputo de los diez días establecidos para la interposición del o de los incidentes será computable desde la notificación con la actuación procesal que genera el incidente” (el resaltado es nuestro). Adicionalmente a ello y en armonía con las normas y jurisprudencia previamente citadas, la SCP 1876/2013 de 29 de octubre, estableció que: “…la tramitación de las excepciones y sus efectos en la etapa preparatoria, se rige por las siguientes reglas: a) La interposición de excepciones, de cualquier naturaleza, incluida la excepción de incompetencia, no suspende la investigación, y tampoco la competencia del juez para el ejercicio del control jurisdiccional de la investigación, incluido el conocimiento y resolución de la consideración de medidas cautelares; b) Una vez resueltas las excepciones, incluida la de incompetencia, el juez cautelar mantiene su competencia para el control de la investigación mientras su resolución se encuentre apelada y la misma no quede ejecutoriada; y, c) Las excepciones deben ser resueltas por el juez cautelar sin dilaciones, en los plazos y conforme al procedimiento previsto por el Código de Procedimiento Penal, con independencia de las solicitudes vinculadas a la aplicación, modificación o cesación de las medidas cautelares, cuyo trámite no depende de la resolución de las excepciones formuladas…” (las negrillas nos pertenecen). Consiguientemente, tomando en cuenta que una de las características principales inherentes a las medidas cautelares, es su naturaleza accesoria; toda vez que, son otorgadas siempre en razón de una pretensión principal que se quiere salvaguardar, la interposición de excepciones e incidentes y su impugnación no inciden en la competencia de los Jueces o Tribunales de primera instancia para conocer y resolver solicitudes concernientes a medidas cautelares, en razón a que estas, no dependen de la resolución de los incidentes y excepciones que las partes pudiesen formular; dicho de otra forma, cada una de estas situaciones –imposición de medidas cautelares o de carácter personal y tramitación de excepciones e incidentes–, se tramitan por cuerda separada y no influyen una sobre la otra.
En el caso en análisis, la impetrante de tutela acusa la lesión de sus derechos sus derechos a la defensa, el debido proceso, la igualdad de oportunidades y a la libertad; toda vez que, el Juez demandado no consideró y resolvió de manera previa en la audiencia de medidas cautelares, los incidentes de nulidad de su declaración y de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación en la imputación formal, pretensiones ante las que necesariamente correspondía se suspenda la referida audiencia para cuidar que su persona tenga el tiempo y los medios adecuados para asumir defensa, incumpliendo de esta forma el Juez demandado su deber de aplicar la Constitución Política del Estado; puesto que, la consideración de dichos incidentes tenían directa vinculación con la determinación de detención preventiva asumida en su contra por el Juez demandado, en razón a que, por efectos de dichos incidentes, tal determinación podía quedar sin efecto.
En este marco el planteamiento abordado en la acción de libertad objeto de análisis, se enfoca en la supuesta negativa de suspensión de la audiencia de medidas de carácter personal (antes medidas cautelares) previa tramitación de los incidentes de nulidad y actividad procesal defectuosa formuladas contra la declaración informativa y la imputación formal emitida por el Ministerio Público, a cuya consecuencia, la accionante refiere se le hubiese impuesto la medida de detención preventiva. Consiguientemente, de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción de libertad y de lo alegado por la propia accionante; se tiene que, dentro del proceso penal seguido el Ministerio Público a denuncia de Claudia Marcela Castro Dorado, contra Patricia Goyzueta Morón, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó Resolución de imputación formal, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, consistentes en la detención preventiva de la justiciable; en tal consecuencia, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, a través del proveído de 19 de octubre de 2021, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 22 de igual mes y año; sin embargo, la accionante, mediante memoriales presentados en igual data, vale decir, el mismo día de la referida audiencia, denunció violación del derecho a la defensa y solicitó la suspensión de la audiencia de medidas cautelares y presentó excepción de prejudicialidad e incidentes de nulidad por incumplimiento del art. 92 del CPP, y de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación de la imputación formal. Ahora bien, de los antecedentes antes expuestos, claramente se advierte que la ahora impetrante de tutela opuso en forma escrita incidentes de nulidad y actividad procesal defectuosa al amparo del art. 314 del CPP, vale decir, de forma posterior al señalamiento de la audiencia de consideración de medidas cautelares, ahora si bien la accionante hizo referencia a que la negativa a suspender la mencionada audiencia para considera y resolver dichos incidentes hubiese decantado en la prosecución de la misma para asumirse la determinación de su detención preventiva; se debe tener en cuenta que la parte solicitante de tutela en la audiencia de consideración de la acción de libertad, ante la pregunta del Juez de garantías, respecto a cuál hubiese sido la respuesta que el Juez demandado les otorgó, señaló que este, refirió que los incidentes se tramitarían conforme prevé el art. 314 del CPP, por cuerda separada, manifestando la solicitante de tutela que, con tal respuesta negó su solicitud sin fundamento y luego no les permitió interponer reposición ante tal negativa. Sin embargo, en tal respuesta no se observa una negativa a resolver los referidos incidentes, sino que por el contrario, el Juez demandado, establece e indica el trámite que debe sustanciarse para la resolución de los incidentes en cuestión; respuesta que resulta correcta, puesto que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los arts. 314 y 315 del CPP, regulan el plazo y la tramitación para la interposición de excepciones e incidentes; trámite en la que la jurisprudencia constitucional, estableció que la interposición de excepciones e incidentes cualquier sea su naturaleza, no suspende la investigación ni la competencia del Juez para el ejercicio del control jurisdiccional de la investigación, incluido el conocimiento y resolución de la consideración de medidas cautelares. Bajo este entendimiento, que valida y evidencia que la respuesta otorgada por el Juez demandado, fue correcta, no se advierte lesión alguna a los derechos invocados por la ahora impetrante de tutela, menos que estos estén vinculados a una posible restricción o privación del derecho a la libertad, o una indebida persecución; puesto que, tomando en cuenta que una de las características de las medidas cautelares, es su naturaleza accesoria; toda vez que, son otorgadas siempre en razón de una pretensión principal que se quiere salvaguardar; la interposición de excepciones e incidentes y su impugnación no incide en la competencia de los Jueces o Tribunales de primera instancia para conocer y resolver solicitudes concernientes a medidas cautelares, en razón a que estas, no dependen de la resolución de los incidentes y excepciones que las partes pudiesen formular.
Consiguientemente, por la naturaleza accesoria de las medidas cautelares, cuyo fin es distinto al perseguido por los incidentes de nulidad y de actividad procesal defectuosa, que conforme se expuso ut supra no suspenden la competencia del Juez para sustanciar y decidir sobre medidas cautelares en etapa preparatoria, no se advierte la lesión de derechos argüidos por la accionante, siendo que, al margen de lo antes referido y en virtud precisamente a la temporalidad de la medidas de carácter personal, la detención preventiva que le fue impuesta a la impetrante de tutela, en ejercicio pleno del derecho a la defensa, fue recurrida en apelación, encontrándose al momento de interposición de la presente acción tutelar, pendiente de revisión por la instancia superior jerárquica. En consecuencia, el Juez de garantías al “declarar improcedente” la tutela impetrada, aunque con otros términos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 185/2021 de 24 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 87ac41802a8e3e383ad7a8ab8d08c625aaf166cc9d707cb822eaaa4bcdf650b0
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