B.IA.LEGAL

SCP 0007/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de febrero de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de febrero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
38219-2021-77-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela reclama que la Vocal accionada emitió el Auto de Vista 417/2020 carente de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que confirmó el argumento de que la presentación de la acusación no era suficiente para desvirtuar el riesgo procesal inserto en el art. 235.2 del CPP, pese a que el mismo está orientado solo a la etapa preparatoria; por otra parte, no se pronunció sobre si era conveniente modificar la medida de última ratio según dispone la segunda vertiente del art. 239.1 del citado Código y, con relación al art. 239.2 del adjetivo penal; relacionado al transcurso del tiempo debido a continuas y excesivas ampliaciones del plazo de la detención preventiva que la última vez se prolongó a cuatro meses más, solo modificó dicha ampliación por un mes, sin considerar que no existe norma legal que permita la ampliación por más de una vez, por lo que dicho fallo judicial vulnera el debido proceso en sus precitados componentes vinculados a su libertad, así como a ser juzgado en un plazo razonable, y a los principios de celeridad, legalidad e imparcialidad.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2020 de 27 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal de su similar Segundo-, ambos de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos precedentemente desarrollados; y, 2º Llamar la atención a Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal de su similar Segundo-, ambos de la Capital del departamento de La Paz por la omisión del procedimiento e incumplimiento de la norma procesal constitucional, según se precisó en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones.
  2. III.2. El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2023-S3 Sucre, 28 de febrero de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 38219-2021-77-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2020 de 27 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Eduardo Araoz Rojas contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, entonces Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2020, cursante de fs. 2 a 6, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente por Resolución 81/2019 de 28 de diciembre, se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, siendo confirmada en alzada por Auto de Vista 15/2020 de 13 de enero; es así que recién el 24 de julio de 2020, se realizó la audiencia para considerar su situación jurídica, emitiéndose la Resolución 156/2020 rechazando la cesación de dicha medida cautelar y ampliando su duración por dos meses más, es decir hasta el 24 de septiembre de ese año, fecha en la que por Resolución 230/2020 nuevamente se rechaza la cesación de la detención preventiva y se adiciona por un mes la duración de la medida de última ratio, decisión confirmada en alzada por el Auto de Vista 433/2020 de 30 de septiembre. Encontrándose la causa sustanciada en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, la vigencia de la detención preventiva se amplió por dos meses más, por lo que solicitó audiencia para dilucidar su situación jurídica, resolviéndose por Auto Interlocutorio 97/2020 de 28 de octubre, rechazando su pretensión de cesación de la detención preventiva, pero además, dicho Tribunal amplió de oficio el plazo de la medida restrictiva de libertad por cuatro meses más, motivando impugnar el fallo judicial que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- mediante Auto de Vista 417/2020 de 16 de noviembre. Precisa que en el Auto de Vista 15/2020, se consignó como concurrentes solo los riesgos procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, argumentándose la minoridad de la víctima, pese a que al presente ya tiene dieciocho años, y la relación de parentesco que tiene con la misma por ser su tío, y por estar pendientes de realizar la recepción de declaraciones de familiares de ambas partes -en calidad de testigos-. Asimismo, debe tomarse en cuenta, que la última solicitud de cesación de la detención preventiva se amparó en los presupuestos del art. 239.1 y 2 del CPP, acompañándose la resolución de acusación que acredita que los actos investigativos concluyeron, desvirtuándose el art. 235.2 del citado Código, pero el Tribunal de Sentencia señaló que resultaba insuficiente. Respecto al transcurso del tiempo contenido en la segunda norma adjetiva se adjuntó las sucesivas resoluciones de ampliaciones, pero lejos de considerar este excesivo tiempo, el referido Tribunal oficiosamente amplió por cuatro meses más el plazo de vigencia de la medida de extrema ratio. En alzada, expuso como agravios: a) La fundamentación incoherente, insuficiente, incongruente e ilógica tanto fáctica, jurídica y probatoria sobre los motivos para la cesación de la medida cautelar, ya que con relación al 235.2 del CPP sostuvo que la acusación no desvirtuaba dicho riesgo procesal, sin revisar la resolución primigenia que consignaba las razones de su concurrencia al haberse orientado a los actos de investigación, y sin tomar en cuenta que ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) ni la víctima solicitaron la ampliación de la medida extrema; b) No se pronunciaron sobre la segunda parte del art. 239.1 del adjetivo penal; y, c) Se realizaron sucesivas ampliaciones de oficio sin que las mismas se hubiesen solicitado fundadamente. Agravios que según el límite competencial previsto por el art. 398 del citado Código, obligaban a la Vocal accionada resolver cada uno de los mismos conforme dispone el art. 124 del CPP; empero, con relación al art. 235.2 del código de la materia, se limitó a ratificar el criterio del Tribunal de Sentencia referido a la insuficiencia de la acusación para desvirtuarlo, sin explicar las razones de tal afirmación, puesto que dicho riesgo procesal estaba orientado solo a la etapa preparatoria cuyos actos investigativos ya fueron cumplidos, tampoco señala por qué sería insuficiente, y menos refiere por qué debe concurrir aún. Situación similar que aconteció con la segunda parte del art. 239.1 del adjetivo penal donde se alegó ser conveniente modificar la medida cautelar por concurrir solo un riesgo procesal -art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173- y por el excesivo transcurso del tiempo, reclamándose la aberrante situación de que el Tribunal de Sentencia de oficio amplió su detención preventiva por cuatro meses más. Si bien la autoridad judicial reconoció este agravio motivando la ampliación por un mes la detención preventiva, omitió considerar el principio de imparcialidad porque la autoridad judicial no puede de oficio ampliarla, igualmente no se consideró el principio de legalidad porque el art. 233.3 del CPP es concluyente al disponer que dicha medida solo alcanza a la etapa preparatoria, además para la ampliación debe fundamentarse su razón, pero la DNA solo se limitó a impetrar la prolongación de su vigencia sin fundamentar las razones, aspecto reclamado en la complementación de la alzada solicitando a la Vocal accionada refiera la norma que posibilita la ampliación de la detención preventiva en reiteradas oportunidades. Agravios que no fueron respondidos fundadamente por la autoridad accionada, tornando el Auto de Vista 417/2020 en infundado, ilógico y omisivo.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad vinculado a la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, y congruencia, a ser juzgado en un plazo razonable, y a los principios de celeridad, legalidad e imparcialidad, citando al efecto los arts. 23, 115.II, 178.I, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada dejando sin efecto el Auto de Vista 417/2020, disponiendo que la autoridad accionada emita nueva resolución admitiendo su recurso y declarando la procedencia de los agravios, revocando el fallo judicial apelado y ordenando su libertad a través de medidas sustitutivas “…asimismo emita pronunciamiento expreso y fundamentado de mis agravios invocados, respondiendo igualmente las cuestionantes planteadas en sentido si las autoridades judiciales a-quo o ad-quem puede de oficio ordenar ampliación de plazo de detención preventiva (…) puede más de una vez ampliar el plazo de detención preventiva, consignando las razones de las mismas con respaldo legal, en su caso jurisprudencial…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de noviembre de 2020, a través de la plataforma virtual CISCO WEBEX, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34 vta., con la presencia del peticionante de tutela asistido por su abogado, y ausente la autoridad accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia virtual reiteró in extenso los argumentos de su demanda constitucional, y ampliando en audiencia manifestó que no tuvo acceso al legajo de la apelación porque no se permite el ingreso de abogados al Tribunal, encontrándose el caso en el despacho de la autoridad accionada, felizmente remitió los antecedentes del caso desde la resolución primigenia y otros “…particularmente el Acta de Audiencia Pública de 28 de octubre de 2020 y el Auto de Vista 417/2020…” (sic) de los cuales se deprende la afectación del debido proceso.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, entonces Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 32 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) Resulta falso el argumento de que la víctima tenía dieciocho años a momento de producirse el hecho; ii) De ninguna manera el Tribunal de origen dispuso la ampliación de la detención preventiva de oficio por el lapso de un mes, sino que lo hizo a pedido de la víctima representada por la DNA, al efecto el Tribunal de origen dispuso la prórroga por cuatro meses, siendo corregido el error en alzada, dada la naturaleza del hecho y el resguardo del interés superior de la menor, por lo que se estaría resolviendo la situación jurídica del impetrante de tutela el día -de mañana- 28 de noviembre de 2020, por ello se declaró procedentes las cuestiones planteadas, bajo los principios de favorabilidad y legalidad, resguardando los derechos de ambas partes; iii) Sobre el derecho a la libertad del peticionante de tutela, prevalece el deber de protección reforzada de la menor víctima por pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad; iv) No puede activarse simultáneamente dos jurisdicciones, pretendiendo utilizar esta acción de defensa como medio casacional, toda vez que -reitera- mañana -se entiende el día siguiente a la fecha en que se celebró la audiencia de la acción tutelar-, debe llevarse a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica, pudiendo disponerse su libertad si el Tribunal de origen así lo considera conveniente; si, se declara la nulidad del Auto de Vista 417/2020, se crearía un caos jurídico que incluso perjudicaría al accionante, siendo aplicable la subsidiariedad excepcional; v) No se demostró de qué manera se vulneró los derechos o garantías del imputado, por lo que se ratifica en el Auto de Vista 417/2020, que cumplió con la debida fundamentación; vi) Se le notificó con la presente acción de defensa minutos atrás; y, vii) De acuerdo con la jurisprudencia, la valoración de la prueba es facultad potestativa de la jurisdicción ordinaria, estando vedada a la jurisdicción constitucional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal de su similar Segundo-, ambos de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 17/2020 de 27 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: a) El impetrante de tutela refiere que de acuerdo con la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la ampliación de la detención preventiva no puede darse más de una vez; que existe retardación de justicia, y que el Auto de Vista 417/2020 no se halla fundamentado; b) Revisado el cuaderno de control jurisdiccional, el legajo de apelación y la precitada Resolución, se evidencia un pronunciamiento a los reclamos de las partes, señalando en su Considerando Segundo que, el Tribunal de origen estableció que no se enervaron los riesgos procesales, y que se excedieron al disponer la ampliación de la detención preventiva, toda vez que la DNA en representación de la víctima, solo impetró un mes, situación por la cual, la autoridad de alzada declaró procedente las cuestiones planteadas, confirmando en parte el Auto Interlocutorio 97/2020 que fue impugnado, rechazando la cesación de la detención preventiva y ampliando la medida cautelar solo por un mes según fue solicitado, disponiendo que el Tribunal de origen fije fecha de audiencia de consideración de la situación jurídica para el 28 de noviembre de 2020, en caso de ser día inhábil, para el siguiente día hábil; c) De lo expresado, se tiene que la Vocal accionada cumplió con su labor, emitiendo su fallo judicial debidamente fundado conforme dispone el art. 124 del CPP; d) Precisar que el peticionante de tutela se encuentra privado de libertad en virtud a una resolución judicial; e) El art. 233.3 del CPP no establece que la ampliación no sea por más de una vez; f) En el presente caso se halla involucrada una adolescente, que según el accionante tendría dieciocho años, misma que tiene determinados sus derechos en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, en el Código Niña, Niño y Adolescente; por lo que, la autoridad accionada, en su Resolución, se amparó en el interés prioritario de la menor; y, g) Bajo el principio de favorabilidad dispuso la ampliación de la detención preventiva solo por un mes, debiendo considerarse la situación jurídica del impetrante de tutela el 28 de noviembre de 2020. Solicitada la explicación y complementación sobre cuál sería la norma o jurisprudencia que permite la ampliación de la detención preventiva por más de una vez; asimismo, se pronuncie sobre el art. 235.2 del CPP respecto del cual tampoco se pronunció la Vocal accionada, pues solo manifestó que no era suficiente; y, por qué se hace mención al interés superior de los menores emitiéndose argumentos que corresponden a la jurisdicción ordinaria. En respuesta, el Juez de garantías manifestó que el art. 233 del adjetivo penal guarda silencio respecto a la ampliación de plazos, sin señalar prohibición alguna; respecto al riesgo procesal, la jurisprudencia estableció que el mismo subsiste incluso en ejecución de sentencia; y, con relación a argumentar como juez ordinario, cabe precisar que la Vocal accionada hace referencia a los principios constitucionales que consagran el interés superior de los menores.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 8 de abril de 2022 (fs. 41), se suspendió el cómputo de plazo por solicitud de documentación complementaria, reanudándose por decreto constitucional de 30 de enero de 2023, por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo de ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Víctor Eduardo Araoz Rojas

-hoy peticionante de tutela- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Auto Interlocutorio 97/2020 de 28 de octubre, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz dispuso la ampliación de la detención preventiva del prenombrado por el lapso de cuatro meses (fs. 29 a 31). II.2. Consta Auto de Vista 417/2020 de 16 de noviembre, emitido por Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, entonces Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante el cual, declaró admisible el recurso de apelación interpuesto por el accionante, y procedente en parte las cuestiones planteadas, disponiendo confirmar en parte el Auto Interlocutorio 97/2020 respecto al rechazo de la cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP; y, respecto a la situación jurídica del prenombrado dispuso la ampliación del plazo de la detención preventiva por un mes, conforme solicitó la víctima a través de la DNA, debiendo el Tribunal de Sentencia señalar audiencia para el 28 del citado mes y año, a objeto de considerar la situación jurídica del mismo (fs. 55 a 57).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela reclama que la Vocal accionada emitió el Auto de Vista 417/2020 carente de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que confirmó el argumento de que la presentación de la acusación no era suficiente para desvirtuar el riesgo procesal inserto en el art. 235.2 del CPP, pese a que el mismo está orientado solo a la etapa preparatoria; por otra parte, no se pronunció sobre si era conveniente modificar la medida de última ratio según dispone la segunda vertiente del art. 239.1 del citado Código y, con relación al art. 239.2 del adjetivo penal; relacionado al transcurso del tiempo debido a continuas y excesivas ampliaciones del plazo de la detención preventiva que la última vez se prolongó a cuatro meses más, solo modificó dicha ampliación por un mes, sin considerar que no existe norma legal que permita la ampliación por más de una vez, por lo que dicho fallo judicial vulnera el debido proceso en sus precitados componentes vinculados a su libertad, así como a ser juzgado en un plazo razonable, y a los principios de celeridad, legalidad e imparcialidad.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la fundamentación y motivación de las resoluciones.

Presupuesto inherente al debido proceso

Al respecto, la SCP 0005/2020-S3 de 2 de marzo, reiterando los intelectos jurisprudenciales de la SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, refiere: «“…el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: ‘La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’.

En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: ‘…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia…”.

Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.

Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión» (las negrillas son ilustrativas).

III.2. El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso

Sobre el particular, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, sostuvo que: «“Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…’”» (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

De los alegatos expresados por el peticionante de tutela, se advierte que los reclamos efectuados en sede constitucional radican en esencia sobre tres puntos, el primero vinculado con la presentación de la acusación que según refiere daría por desvirtuado el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP tornando aplicable el art. 239.1 y 2 del citado Código, a los fines de la cesación de la detención preventiva; el segundo, relacionado con la presunta omisión de pronunciamiento respecto a ser conveniente sustituir dicha medida cautelar por otra menos gravosa; y, tercero las constantes ampliaciones de la referida medida cautelar sin que exista una norma que posibilite su ampliación en reiteradas oportunidades; aspectos que, conllevarían a la lesión de su derecho a la libertad vinculado a la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a ser juzgado en un plazo razonable, y los principios de celeridad, legalidad e imparcialidad. Identificada la problemática constitucional, conforme la formulación argumentativa y fáctica expresada por el hoy accionante, corresponde previamente sintetizar las razones y fundamentos expresados por la Vocal accionada en el Auto de Vista 417/2020 de 16 de noviembre, a objeto de establecer si las precitadas reclamaciones resultan o no evidentes; en ese marco se tiene: Auto de Vista 417/2020:

De los riesgos procesales y su vigencia A partir de la Resolución 81/2019 de 28 de diciembre -señala la autoridad judicial accionada-, solo quedaron latentes el art. 234.7 en su vertiente peligro efectivo para la víctima, y el art. 235.2, ambos del CPP; a efectos de su consideración relacionada a la cesación de la detención preventiva, conforme prevé el art. 239.1 del adjetivo penal; de antecedentes se tiene que, el Tribunal inferior no se pronunció sobre el peligro efectivo para la víctima previsto por el art. 234.7 del CPP y tampoco fue motivo de agravio en alzada; por lo que, el mismo estaría latente. Sobre el peligro de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, se alega que tratándose de actos investigativos correspondería para la etapa preparatoria, y al haberse presentado la acusación el mismo hubiese desaparecido; al respecto, la resolución primigenia sostuvo que se trata de un delito sexual, por lo cual no existirán testigos; sin embargo, faltarían declaraciones de tíos, hermanos, hijos, “incluso descendientes” del imputado, además que la víctima tendría doce años y sería influenciable, al margen de existir amenazas previamente a la presentación de la denuncia; razonamiento confirmado en alzada y reiterado en la Resolución 81/2019, por el que se tuvo desvirtuados algunos riesgos procesales quedando vigentes el art. 234.7 y 235.2, ambos del adjetivo penal, manteniéndose subsistentes. Se tiene también la presentación del requerimiento conclusivo en contra de Víctor Eduardo Araoz Rojas -ahora impetrante de tutela- por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, sin desvirtuarse el riesgo de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, según se advierte del Auto de Vista 433/2020 de 30 de septiembre, cursando también la Resolución 230/2020 de “24 de septiembre” en la que tampoco se enervó dicho riesgo, hasta la emisión del Auto Interlocutorio 97/2020, ahora impugnado, donde se manifiesta no haberse desvirtuado este peligro; asimismo, “…en la intervención del abogado de la defensa en el acta de 28 de octubre del 2020, no hace mención a este riesgo procesal” (sic), por cuanto se mantiene latente. En cuanto a la segunda parte del art. 239.1 del CPP relacionado a tornarse conveniente una medida menos gravosa o ser sustituida por otra que sea conveniente, no se escuchó fundamentos suficientes, por lo que no corresponde otorgar la cesación de la detención preventiva bajo el citado artículo. Con relación al art. 239.2 del CPP, cesación de la detención preventiva por el transcurso del tiempo El reclamo del peticionante de tutela radica en que el Tribunal inferior en grado, de manera oficiosa, hubiese determinado la ampliación de la detención preventiva por cuatro meses más, al margen de otras ampliaciones ya existentes, vulnerando el principio de imparcialidad y legalidad, debido a que el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la detención preventiva, no correspondiendo otorgar una ampliación de oficio. Al respecto -refiere la Vocal accionada-, el art. 233 del CPP en su parte in fine, dispone que el plazo de la detención preventiva puede ser ampliado a petición fundada del Fiscal de Materia asignado al caso y solo cuando responda a la complejidad del caso, también puede ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al Fiscal de Materia sin que hayan sido respondidos por éste; en ese sentido, el accionante refiere que ya se amplió el plazo varias veces estando aquello prohibido; sin embargo, aceptaron esa situación. En cuanto al Auto Interlocutorio 97/2020, se tiene que en la misma se vuelve a suscitar la ampliación de la detención preventiva sin que el Ministerio Público lo hubiese solicitado, disponiendo el Tribunal inferior la ampliación por otros cuatro meses. Es evidente que la ampliación de la detención preventiva procede conforme lo dispuesto por el precitado art. 233 del CPP en su parte in fine, en este caso, de la lectura del acta de audiencia de 28 de octubre de 2020, el Ministerio Público no tiene consignado un pedido fundamentado de la apelación, refiriéndose solo a los riesgos procesales, cita de normas como el art. 239.1 del CPP, de jurisprudencia, y sobre el daño psicológico en violencia de género; empero, la DNA en representación de la víctima y precautelando sus derechos, impetró la ampliación de la detención preventiva por un mes más, invocando el art. 60 de la CPE referido a la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente y sobre recibir protección, según la “SSCC 01/2019”, debiendo considerarse el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra, la relación de parentesco que tiene con su agresor y demás familiares que son testigos; por lo que, se solicitó el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, pero el Tribunal inferior, de manera desmedida, amplió la duración de esta medida por cuatro meses más sin que se hubiese solicitado ese término, por lo que la actuación estaría fuera de la norma, debiendo corregirse el extremo en la parte dispositiva, al evidenciarse agravio en esa parte. De la parte dispositiva del Auto de Vista 417/2020 En base a los argumentos expuestos precedentemente, la Vocal accionada declaró procedente en parte las cuestiones planteadas, confirmando en parte el Auto Interlocutorio 97/2020 en cuanto al rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP; y, con relación a la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, dispuso la ampliación de la medida cautelar por el lapso de un mes más, conforme solicitó la víctima a través de la DNA, debiendo el Tribunal inferior señalar audiencia para el 28 de noviembre de 2020 a objeto de considerar la situación jurídica del prenombrado, y en caso de ser un día inhábil señalarla para el siguiente día hábil. La defensa técnica del peticionante de tutela, solicitó explicación y complementación señalando que, primero, sobre el art. 239.1 del CPP se hubiese mencionado que no se argumentó suficientemente, por lo que cómo podría cumplirse aquello si se limitó el tiempo de intervención para exponer los agravios; segundo, con relación al transcurso del tiempo se reconoció que ni el Ministerio Público ni la parte querellante solicitaron la ampliación de la detención preventiva, pero sí lo hizo la DNA, por lo que, se cite la norma que habilita a dicha institución solicitar la ampliación de la detención preventiva cuando ni siquiera es querellante; y “CUARTO” se explique y complemente cuál sería la norma que facultaría al Tribunal inferior y al de alzada, ampliar el plazo de la etapa preparatoria estando el caso en fase de juicio, porque las normas contenidas en los arts. 231 bis, 233, y 239.2 todos del CPP, solo hacen permisible la ampliación de la detención preventiva en etapa preparatoria para los actos de investigación. La autoridad accionada, pronunciándose con relación a los precitados argumentos, manifestó que: Con relación al tiempo para fundamentar el art. 239.1 del adjetivo penal, se le otorgó el tiempo suficiente, pero la defensa se remitió a señalar los antecedentes; la ley faculta y obliga a las autoridades judiciales a direccionar las audiencias otorgando un tiempo suficiente a todas las partes procesales que intervinieron con el debido y suficiente tiempo, sin que en ningún momento se le hubiese coartado el uso de la palabra, sino que no organizó su tiempo, pese a ello fue escuchado. Respecto al transcurso del tiempo y la solicitud de ampliación efectuada por la DNA, se tiene que el art. 11 del CPP dispone que: “La víctima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante.”; en ese sentido, en el presente caso la representación la hizo la DNA, sin haberse constituido en querellante, asimismo, el rol de la víctima fue revalorizado por la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, por ello la solicitud la hizo la víctima a través de un abogado del Estado, en el caso la institución que la protege y representa, no escuchar a la víctima sería revictimizarla, olvidando que el Estado tiene el deber de proteger a las víctimas vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la ampliación del plazo de la etapa preparatoria, ese motivo no fue escuchado en su intervención principal, por lo que debe estarse a lo resuelto. Del caso concreto Expuestos los razonamientos lógico-jurídicos del Auto de Vista 417/2020, ahora cuestionado de lesivo a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, se advierte ab initio un pronunciamiento claro y concreto en la carga argumentativa del mismo, otorgando la Vocal accionada respuestas a cada motivo de agravio alegado por la defensa técnica del prenombrado, expresados en su recurso de apelación y que resultan coincidentes con los puntos denunciados en sede constitucional, tal es así que, con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada al tenor del art. 239.1 del CPP en sus dos vertientes, razonó en sentido de que los riesgos procesales no fueron desvirtuados, primero debido a que no se efectuó en la audiencia de apelación incidental argumentación alguna reclamando haber intentado desvirtuar el riesgo de fuga inserto en el art. 234.7 del adjetivo penal en su componente peligro efectivo para la víctima, razón por la cual, la autoridad de alzada refirió que al no existir un agravio vinculado al mismo, no ameritaba pronunciamiento.

Con relación al peligro de obstaculización contemplado en el art. 235.2 del adjetivo penal, validó la fundamentación y motivación contenida en el Auto Interlocutorio 97/2020 en sentido de no haberse enervado; si bien, en el desarrollo de su motivación inicialmente la Vocal accionada efectuó una síntesis de las diferentes resoluciones emitidas vinculadas con las medidas cautelares, desde la primigenia en la que se construyeron cada uno de los riesgos procesales, hasta el fallo impugnado -97/2020- refiriendo que en la audiencia correspondiente, la defensa técnica del impetrante de tutela no hizo mención al citado riesgo procesal; argumentación que resulta a prima facie insuficiente, pero que fue aclarada y complementada posteriormente cuando la prenombrada autoridad judicial, pronunciándose respecto a la solicitud de explicación y complementación, señaló que en su intervención, la defensa del imputado -peticionante de tutela- solo se limitó a efectuar una reseña de los antecedentes del caso, otorgándosele el tiempo suficiente para fundamentar su agravio, pero que no lo hizo; y, si bien el abogado sostuvo que no se le dio el tiempo suficiente, la autoridad de alzada refirió que de acuerdo a las facultades otorgadas por ley tiene la potestad para direccionar las audiencias, otorgando el tiempo suficientes a todas las partes, lo cual resulta entendible bajo el principio de igualdad procesal donde las partes involucradas en el caso tienen el mismo derecho a ejercer su defensa y exponer sus argumentos, particular sobre el cual el legislador preveyó tal circunstancia en el art. 338 del CPP, a través del cual dispuso la facultad de “dirección de la audiencia” como competencia de jueces o Tribunales, se entiende globalizando a las autoridades jurisdiccionales, y en concordancia de tal facultad se tiene el art. 339 del citado Código que dispone: “Limitar la intervención a dos (2) abogados cuando exista pluralidad de estos de cada parte interviniente y establecer el tiempo a ser utilizado por cada uno de ellos en la audiencia bajo el principio de igualdad” (el énfasis fue añadido). Parámetros normativos bajo los cuales no resulta arbitraria la dirección de la audiencia asumida por la Vocal accionada al establecer el tiempo de intervención de las partes, por lo que, la falta de una concreta y precisa argumentación fáctica jurídica respecto de la vigencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del adjetivo penal, derivó en mantener subsistente el mismo. Al respecto, y en concordancia al argumento esbozado por la autoridad accionada, debe tenerse presente que en las solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares, tanto la carga de la prueba como la carga argumentativa para enervar o disminuir un riesgo procesal corresponden al solicitante, entonces no puede alegarse la insuficiencia de tiempo si la defensa técnica no estructura de manera pertinente y adecuada la formulación argumentativa de su pretensión, o en su defecto del presunto agravio expuesto en alzada.

En la continuidad del análisis relacionado con la solicitud de cesación de la detención preventiva al amparo de lo dispuesto en el art. 239.1 del CPP en su segunda vertiente “…tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”, la autoridad de alzada sostuvo que tal extremo no fue debida y suficientemente fundamentado, y si bien dicho razonamiento resulta escueto, no es menos evidente que fue concreto, claro y suficiente para el hoy accionante, pues incluso en su solicitud de explicación y complementación no hizo siquiera referencia a este punto en particular; por lo que, su reclamo a través de la presente acción de libertad en sentido de que su defensa alegó que resultaba conveniente modificar la medida cautelar personal por concurrir un solo riesgo procesal haciendo alusión al art. 234.7 del CPP, no es evidente, máxime si dicha afirmación no condice con los supuestos fácticos materiales del caso, puesto que en ningún momento se tuvo por desvirtuado el peligro de obstaculización inserto en el art. 235.2 del adjetivo penal, para alegar que se tornaría conveniente el cese de la detención preventiva o modificarla por otra medida menos gravosa. Sobre el reclamo de la ampliación reiterada, en cuanto al plazo de duración de la medida de extrema ratio, así como la presunta última ampliación de oficio de la misma, la autoridad de alzada señaló que la reiteración de la ampliación del plazo de vigencia de la medida extrema en anteriores oportunidades, fue aceptada por el impetrante de tutela, dando a comprender que en su momento debieron ser reclamados, pero que al presente dichas circunstancias obviamente no podían ser consideradas y menos enmendadas por la preclusión del reclamo y en especial por su convalidación, criterio que no deja de tener lógica y congruencia toda vez que los plazos ampliatorios supuestamente irregulares fueron cumplidos por el peticionante de tutela, quien en un momento debió observarlos y reclamar su presunta ilegalidad. En lo que respecta a la última ampliación de la detención preventiva por cuatro meses más dispuesta por el Tribunal inferior a través de la impugnada, la Vocal accionada, dentro de su labor de revisión, verificó el contenido del acta de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de octubre de 2020, advirtiendo que el Ministerio Público no expuso argumentos para fundar la solicitud de ampliación mencionada al haber limitado su intervención respecto de los riesgos procesales, a citar normas, jurisprudencia y fundamentos sobre la violencia de género y el daño psicológico; sin embargo, por otra parte observó que la DNA, actuando en representación de la víctima, intervino fundamentando la necesidad de la ampliación del plazo de vigencia de la medida de última ratio, misma que solo fue peticionada por el lapso de un mes, no así por cuatro meses conforme dispuso el Tribunal inferior en grado, refiriendo que en sustento de dicha pretensión, la citada institución invocó la disposición contenida en el art. 60 de la CPE, que refiere: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño o adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializada.”; así como, señaló la necesidad de considerar el estado de vulnerabilidad de la víctima de acuerdo a lo señalado por la SCP “01/2019”, asimismo, la referida institución habría hecho mención a otro factor como la subordinación de la víctima respecto de su agresor, debido a que el mismo sería su tío, y los testigos son familiares suyos, sustentos argumentativos por los que la Vocal accionada consideró permisible disponerse la ampliación de la medida cautelar de la detención preventiva, pero en el marco en el cual fue impetrado, es decir, solo por el lapso de un mes y no así de cuatro meses como determinó el Tribunal inferior, corrigiendo así el exceso en el que incurrió dicho Tribunal. Así, ante la discrepancia de criterio por parte de la defensa del accionante, en la solicitud de explicación y complementación, requirió a la autoridad de alzada establezca la norma habilitante para que la DNA pueda solicitar la ampliación de la duración del plazo de la detención preventiva, toda vez que se habría reconocido que ni el Ministerio Público ni la parte querellante impetraron fundadamente la aludida ampliación; sobre el particular, la Vocal accionada motivó que la norma que otorgaría la facultad de representación de la víctima cuando es menor de edad, se encontraría contenida en el art. 11 del CPP que dispone: “La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante.”; estableciendo que el Estado estaría actuando a través de una institución estatal, como es la DNA, lo que resulta lógico puesto que la víctima sería una menor de edad; razonamiento que, reforzó señalando que la Norma Suprema y el Código de Procedimiento Penal revalorizaron el rol de la víctima, por lo que no escuchar sus pedidos daría lugar a su revictimización, soslayando el deber del Estado de proteger un sector vulnerable como son los menores de edad; intelectos que no pueden ser cuestionados de ilógicos o irrazonables, como tampoco de ilegales, pues permitir a la víctima efectuar su defensa a través de otras instituciones creadas para precautelar sus derechos, como acertadamente refirió la autoridad de alzada, encuentra sustento jurídico en la precitada norma procesal de la materia -art. 11 del CPP-, hecho que además guarda coherencia con lo dispuesto por diferentes instrumentos internacionales que se pronunciaron sobre el deber de protección reforzada de los derechos de los menores, como ser La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que entre otros aspectos estipula en su art. 3 “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (CADH), establece en su art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En el ámbito interno, el art. 1 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente, con la finalidad de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; en igual sentido, su art. 12 inc. b) del citado Código, establece como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, prioritariamente el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, debiendo ser atendidos prioritariamente por autoridades judiciales y administrativas, normas bajo las cuales resulta evidente la vigencia plena del interés superior del niño, principio rector y básico de preeminencia del resguardo de sus derechos cuyo alcance debe ser considerado ante la existencia de medidas que puedan afectar directa o indirectamente sus derechos; consecuentemente, conlleva la necesidad de ejecutar acciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia conforme dispone el art. 60 de la CPE. En esa misma línea de análisis, y a mayor acotamiento a lo señalado precedentemente, es pertinente referir que la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, estableció: “…es menester hacer hincapié que la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 61.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además, de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belém Do Pará’, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica, conforme prevé su art. 2, indicando los entornos en los cuales puede generarse, así como las clases que comprende la violencia. De igual manera en su art. 9, expresa ciertas categorías que comprenden la situación de vulnerabilidad de la mujer en casos de violencia mencionando entre ellas la minoridad; normativa que a la vez impele a los Estados Partes, a asumir medidas de protección; sin embargo, no debe dejarse de lado que estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; en ese contexto, en un proceso penal deben identificarse plenamente los factores de vulnerabilidad cuando se trata de mujeres en situación de violencia, ello con la finalidad de contrarrestar situaciones evitables y concurrentes de inseguridad en las que se sitúan y ponen en riesgo sus derechos fundamentales, y por ende también se deben asumir medidas de protección, criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo en el que se encuentre de por medio los derechos fundamentales de una mujer en situación de violencia -enfoque interseccional-, máxime si la misma es menor de edad -grupo vulnerable y de protección reforzada-”. En el marco de los razonamientos precedentemente expuestos, se concluye que la autoridad accionada desarrolló una labor de revisión pertinente enmarcada en responder cada agravio expresado por el recurrente con la suficiente motivación al exponer las razones de la decisión asumida, estableciendo los parámetros normativos que sustentaron tales razonamientos, cumpliendo las disposiciones de los arts. 124 y 398 del CPP, a través de un análisis integral de los aspectos inherentes al caso concreto; observando las normas aplicables al régimen de medidas cautelares, así como el control de constitucionalidad relacionado a la primacía del interés superior de la víctima menor de edad, cumpliendo así con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional que se encuentran reiterados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, cumpliendo con las exigencias del debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia, evidenciándose que la autoridad de alzada resolvió cada agravio formulado por la defensa del impetrante de tutela en la dimensión en la que fueron expuestos, mereciendo un pronunciamiento con una suficiente justificación fáctica y jurídica, permitiendo a las partes comprender las razones por las que no era posible determinar la cesación de la detención preventiva, pero que por otra parte ameritaba enmendar el error en el que incurrió el Tribunal inferior al disponer la ampliación de la citada medida cautelar por el lapso de cuatro meses más, cuando solo se impetró que dicha ampliación de la detención preventiva sea solo por un mes, debido a la necesidad de protección del interés superior de una menor de edad presunta víctima de violencia sexual, sin que en momento alguno se hubiese argumentado que ello ameritaba una ampliación de la etapa preparatoria, debiendo al efecto observarse los dispuesto por los arts. 221 y 233 parte in fine, ambos del CPP, que establecen la posibilidad de mantener latente la detención preventiva en etapa de juicio e incluso de recursos; consecuentemente, los reclamos del peticionante de tutela relacionados a la falta de motivación, fundamentación y congruencia que afectarían a su derecho a la libertad, así como su derecho a ser juzgado en un plazo razonable vinculados a los principios de celeridad, legalidad e imparcialidad no resultan evidentes, deviniendo los mismos en insubsistentes, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada.

III.4. Otras consideraciones

Este Tribunal no puede soslayar la omisión en la remisión de todos los antecedentes necesarios para efectuar la labor de revisión y consecuente tutela del respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales (art. 196.I de la CPE), que se impetran a través de las acciones de defensa (art. 202.6 de la Norma Suprema); toda vez que, a momento de proceder con la revisión de la resolución acusada de lesiva, la misma no cursaba en los antecedentes del expediente constitucional, obligando a este Tribunal solicitar a la autoridad accionada remitir dicha documentación, derivando en la subsecuente suspensión del plazo para emitir la resolución correspondiente.

Bajo tal circunstancia, corresponde llamar la atención al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, que actuó como Juez de garantías, por no remitir el acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares y el Auto de Vista 417/2020, documentación ineludiblemente requerida para la emisión del fallo constitucional ecuánime y justo, con la consecuente dilación al haber existido la necesidad de requerir tal documentación por este Tribunal; advirtiéndose de ello, inobservancia e incumplimiento por parte del Juez de garantías de lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que dispone la obligatoria remisión de oficio de la resolución y antecedentes de la acción de defensa ante este Tribunal. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con distintos fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2020 de 27 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal de su similar Segundo-, ambos de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos precedentemente desarrollados; y, 2º Llamar la atención a Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero -en suplencia legal de su similar Segundo-, ambos de la Capital del departamento de La Paz por la omisión del procedimiento e incumplimiento de la norma procesal constitucional, según se precisó en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 31e2730c0dae1d823af2c9de93101ce1e6b235dd5e9fddd939735d09eca52b36

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