B.IA.LEGAL

SCP 0007/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de febrero de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de febrero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
41104-2021-83-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la transgresión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de seguridad jurídica, motivación y errónea interpretación de la ley; así como, del principio de publicidad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tentativa de abuso sexual; por disposición del Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021, Yesika Maura Daga Prielet, Jueza Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital- del departamento de Oruro -codemandada-, amplió su detención preventiva por un mes más -el que tenía cumplido-, y habiendo formulado apelación incidental los agravios no fueron tomados en cuenta por Henry Conrado Laime Villca, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandado-, quien a través del Auto de Vista 158/2021 de 17 de junio, confirmó el señalado Auto Interlocutorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 25, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

2° Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se remita una copia legalizada del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura a efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad de William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La falta de prueba en la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la remisión de la prueba al Tribunal Constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2023-S2 Sucre, 22 de febrero de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 41104-2021-83-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 10/2021 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Canaviri Condori en representación sin mandato de Melquiades Reynaga Carrasco contra Henry Conrado Laime Villca, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital- del aludido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de junio de 2021, cursante de fs. 2 a 6 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tentativa de abuso sexual, por Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021, la Jueza codemandada determinó ampliar su detención preventiva, por un mes más; a tal efecto, no tomó en cuenta que se encontraba cumpliendo dicha medida extrema durante seis meses; asimismo, tampoco consideró que en la “resolución primigenia” de 10 de diciembre de 2020, se estipuló realizar actos investigativos que no fueron impetrados por la víctima, quien demostró dejadez en el caso y obstrucción en la investigación para llegar a la averiguación de la verdad histórica de los hechos; que, la nombrada inobservó LA parte in fine del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), acudiendo con su pedido directamente a dicha autoridad judicial y no al Fiscal de Materia asignado al caso como manda el indicado precepto legal; por otro lado, no consideró que su persona solicitó en tres oportunidades la realización de una inspección ocular y presentó escritos “…más requerimientos fiscales…” (sic) impetrando que se lleven a cabo pericias psicológicas y de credibilidad de testimonio de la afectada ante el Ministerio Público, peticiones a las que no se dio curso; que no se trataría de un delito en grado de tentativa; por lo que, jamás fue consumado; en consecuencia, formuló recurso de apelación incidental. En dicho contexto, en audiencia de sustanciación de esa impugnación, celebrada el 17 de junio de 2021, expuso sus agravios, los que no fueron tomados en cuenta; por el contrario, el Vocal Suplente demandado, en el Auto de Vista 158/2021 de la indicada fecha, aseveró que debía resguardar el derecho de la víctima menor de edad, más aun cuando existiría riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, los cuales su persona enervó; no obstante, se confirmó el señalado Auto Interlocutorio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de seguridad jurídica, motivación y errónea interpretación de la ley; y, del principio de publicidad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo anular el Auto de Vista 158/2021.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de junio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 12 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 10.

I.2.2. Informe de los demandados

Henry Conrado Laime Villca, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de garantías refirió que: a) A través del Auto de Vista 158/2021, atendió todos los agravios expuestos por el impetrante de tutela, conforme a la problemática planteada y el precepto legal aplicable al caso; además, señaló la reconstrucción normativa inherente; b) Interpretó el caso desde y conforme a la Ley Fundamental, el bloque de constitucionalidad y los derechos humanos, realizando un balance entre los derechos de la víctima y los del peticionante de tutela, siguiendo asimismo el análisis contenido en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo; c) Tomó en cuenta la minoridad de la afectada y la perspectiva de género, buscando garantizar su interés superior y la protección reforzada que merecía; d) En la última parte del art. 233 del CPP, se establece que la ampliación de la detención preventiva también puede ser impetrada por el querellante, cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente a la autoridad fiscal y no fueron respondidos; siendo que la víctima pidió una prolongación de sesenta días, analizó el caso y dispuso que sea por treinta días, tiempo que le pareció razonable; y, e) Se encontraba latente el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; por lo que, solicitó que la tutela sea denegada. Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital- del departamento de Oruro, en audiencia de garantías señaló que: 1) El 10 de junio -se entiende de 2021-, culminaron los seis meses de detención preventiva impuesta al impetrante de tutela; si bien, el Fiscal de Materia asignado al caso no solicitó la ampliación de dicha medida extrema, sí lo hizo la víctima ante la autoridad jurisdiccional como corresponde, aspecto que fue puesto a conocimiento del nombrado; 2) La parte dispositiva del Auto Interlocutorio de la fecha precitada, estableció la presencia de los peligros procesales vigentes contenidos en el art. 234.7 del CPP; 3) En el fallo que emitió, tomó en cuenta la condición de minoridad de la afectada y que el solicitante de tutela pertenecía a su círculo familiar; en ese sentido, se remitió al “…código niño, niña adolescente, donde establece también alternativamente de las observaciones emitidas por el comité de derechos de niño niña y adolescente, en sus puntos 4 y 17, que define (…) la obligación que tiene toda autoridad judicial, administrativa a establecer protecciones responsable por favor del menor que se encuentra en estado de vulnerabilidad, encontrándose en el caso de autos en condición de mujer, en condición de menor de edad…” (sic), concluyendo con base en ello, que la víctima era acreedora a una protección reforzada; y, 4) En calidad de Jueza de control jurisdiccional, no podía establecer bajo ninguna circunstancia si se consumó o no el hecho, y en qué grado fue -como pretendió el accionante-.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 10/2021 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 25, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Con relación a la temporalidad de las medidas cautelares la última parte del art. 233 del CPP, indica que: “…‘el plazo de duración a la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, la ampliación también podrá ser solicitada por el querellante, cuando existan actos pendientes de investigación, solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este’. Aspecto por el cual se determina que no se ha vulnerado el principio a la publicidad…" (sic); ii) Los casos de violencia contra las mujeres -al pertenecer estas a un sector vulnerable-, deben juzgarse con perspectiva de género y protección reforzada; en dicho contexto, el art. 4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 marzo de 2013- establece que rige el principio de informalidad; por lo cual, la presentación del memorial a través del cual la víctima solicitó la ampliación de la detención preventiva del impetrante de tutela fue legal; tomando en cuenta además que, por medio del escrito de 8 de junio de 2020, requirió pericias, existiendo otros actuados a realizarse; iii) Los actos de investigación recaen sobre el Fiscal de Materia; por lo que, la valoración de los hechos y adecuación al tipo penal son determinados por esa autoridad para su compulsa en juicio; iv) “…de la revisión de antecedentes (…) en ningún momento se estaría indicando de forma objetiva cuales serían los actos investigativos que se tendrían que realizar por el Ministerio Público a objeto de que se pueda demostrar la complejidad del caso como primer requisito aspecto no observado, más allá que simplemente se hace relación a un memorial que hubiese presentado la parte víctima donde se estaría vulnerando el principio de publicidad…” (sic); y, v) Manifestó que no existiría el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP “…mismo que tampoco fue desvirtuado…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 21 de julio de 2022, cursante a fs. 34, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; no habiendo sido esta obtenida, para evitar mayor dilación se reanudó el cómputo del mismo, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 1 de febrero de 2023 (fs. 68 a 70); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por decreto constitucional de 21 de julio de 2022, se suspendió plazo para emitir sentencia constitucional plurinacional; toda vez que, se solicitó al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, remita: Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021, dictado por Yesika Maura Daga Prielet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó del citado departamento, quien pronunció dicho fallo en suplencia legal de la nombrada autoridad judicial -demandada-, a través del cual, amplió la detención preventiva de Melquiades Reynaga Carrasco -accionante-; así como, acta de audiencia de apelación incidental -que contenga los agravios expuestos- contra el citado Auto Interlocutorio impetrado por el peticionante de tutela, y Auto de Vista 158/2021 de 17 de junio, pronunciado por Henry Conrado Laime Villca, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -demandado-, quien confirmó la Resolución impugnada (fs. 34); toda vez que, el aludido Juez no envió la literal solicitada, se emitió una primera conminatoria a través del proveído de 8 de septiembre de 2022 (fs. 42); y, una segunda orden el 25 de octubre del indicado año -ampliada al mencionado Vocal-; no obstante aquello, la documentación no fue enviada por el Juzgado en el que radicó la causa; asimismo, la prenombrada autoridad de alzada indicó que: “…ya no se encuentra en vocalía suplente (…), por lo tanto ya no tengo acceso a los expedientes[s]” (sic [fs. 52 a 53 y 63]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la transgresión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de seguridad jurídica, motivación y errónea interpretación de la ley; así como, del principio de publicidad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tentativa de abuso sexual; por disposición del Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021, Yesika Maura Daga Prielet, Jueza Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital- del departamento de Oruro -codemandada-, amplió su detención preventiva por un mes más -el que tenía cumplido-, y habiendo formulado apelación incidental los agravios no fueron tomados en cuenta por Henry Conrado Laime Villca, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandado-, quien a través del Auto de Vista 158/2021 de 17 de junio, confirmó el señalado Auto Interlocutorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La falta de prueba en la acción de libertad

Al respecto, la misma SCP 0816/2022-S2 de 13 de julio, citando a su vez a la SCP 0239/2020-S4 de 23 de julio, señaló que: «…el principio de informalismo no implica que el impetrante de tutela carezca de la obligación de presentar prueba a efectos de demostrar los hechos alegados en la acción de libertad, más aún si existen hechos controvertidos que la jurisdicción constitucional se ve impedida de resolver por las limitadas atribuciones con las que cuenta. En ese marco, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló lo siguiente: “Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: ‘Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: ‘…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”’’. En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en números casos con dicha problemática concluyó que: “…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…” (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: “…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Sobre la remisión de la prueba al Tribunal Constitucional

Plurinacional por jueces y tribunales de acción de libertad

La SCP 0087/2012 de 19 de abril, en cuanto al tema señaló que: “La Constitución Política del Estado, en lo concerniente a la acción de libertad, en su art. 125, acentuando el carácter informal de esta acción, indica que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal…’. Por otro lado, el art. 126.IV de la referida norma, establece: ‘el fallo judicial se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes de la emisión de dicho fallo’, concordante con el art. 64 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que establece: ‘En las acciones de Libertad… las resoluciones serán elevadas en revisión de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo sin que por ello se suspenda su ejecución’. Por su parte, el art. 68.2 de la LTCP, refiriéndose al trámite de la acción de libertad señala que la jueza, juez o tribunal de garantías después de admitir la demanda ‘…dispondrá la citación personal o por cédula a la autoridad o persona denunciada… con el objeto de que presente informe sobre los hechos denunciados, si corresponde la prueba que tuviera en su poder u ordenará a quien tenga en su poder la remisión de actuados concernientes al hecho denunciado’. De ahí que, conforme reza el art. 69.I de la LTC ‘La resolución se pronunciará de manera fundamentada en la misma audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, se lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante’. Del contenido de las normas constitucionales y legales citadas, respecto al manejo de la prueba en un proceso constitucional, como es la acción de libertad, se tiene que en base al principio de informalismo y el principio de verdad material que rige también en la justicia constitucional, traducido en la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, debe diferenciarse ‘…entre la labor revisora del Tribunal Constitucional y la labor de los jueces y tribunales de garantías, cuya decisión debe regirse por el principio de inmediación -contacto directo entre el juez, las pruebas y las partes-…(que exige)…al juez o tribunal de garantías…’ (Arias López, Boris Wilson. El informalismo en la acción de libertad); es decir, que por el principio de inmediación y la posibilidad de los jueces y tribunales de garantía de acudir a los centros de detención, el deber de diligencia que deben tener en la recolección de elementos probatorios resulta mucho más intenso que la del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por el transcurso del tiempo únicamente puede requerir prueba indispensable para la resolución de un caso en el marco de la facultad conferida por el art. 41 de la LTCP, pese a ello, corresponde aclarar que el deber de diligencia de los jueces y tribunales de acciones de libertad debe desarrollarse en el marco de su naturaleza, es decir, que al no constituirse la esta acción en un proceso de conocimiento carece de etapa probatoria y debe regirse necesariamente por la celeridad. Asimismo, la diligencia del juez o tribunal de garantías tampoco excluye la posibilidad de que la parte accionante aporte elementos de convicción que le permitan obtener una resolución favorable a sus pretensiones máxime, cuando en ciertas circunstancias es la única que conoce y puede presentar dicha prueba. Finalmente, la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE que establece que las y los servidores públicos deben ‘cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública’ y el art. 113.II que refiere: ‘En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño’. Es decir, en estos últimos casos en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones. De lo anteriormente explicado se establece que todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional:

a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática. En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma. Debe aclararse que el entendimiento asumido en la remisión de elementos de convicción a este Tribunal, no menoscaba la facultad conferida por el art. 41 de la LTCP e incluso independientemente a la responsabilidad funcionaria que pueda evidenciarse, ante la inobservancia de lo anteriormente referido por parte de los jueces y tribunales de acción de libertad, bajo el principio de informalismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede resolver la causa sin requerir la remisión de prueba omitida cuando de las circunstancias del caso pueda conformarse convicción, conforme a la naturaleza sumaria de esta acción de defensa. En el caso concreto de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la Resolución del Juez de garantías, refiere como fundamentos: ‘…del cuaderno procesal se evidencia que existen varios imputados, así Aníbal Martínez solicita la cesación el 5 de enero de 2012, y mediante resolución cursante a fs. 362, se le señala audiencia para 15 días después, el día viernes 20 de enero de 2012; por otra parte el coimputado Roberto Rojas Ríos, también pide audiencia de cesación a la detención preventiva, en fecha 12 de enero de 2012 y extrañamente se le fija audiencia para el día jueves 19 de enero del mismo año, siete días después, en consecuencia se constata y evidencia que el juez, no otorga los mismos plazos a personas que están siendo juzgados dentro del mismo proceso, vulnerándose así también lo que establece el art. 12 de la Ley 1970, cuál es el principio de igualdad’; situación de la cual puede deducirse que el Juez de garantías, tuvo acceso a las pruebas, porque fundamentó su Resolución en ellas pero no las remitió, obligando a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional a requerir mayor información; motivo por el cual a través del AC 007/2012-CA/S de 27 de febrero, se tuvo que suspender el cómputo del plazo por solicitud de documentación, provocando dilación involuntaria de diez días, puesto que el plazo fue reanudado el 13 de marzo de 2012; razón por la cual, corresponde llamar la atención al Juez de garantías que conoció la presente acción” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante denuncia la transgresión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de seguridad jurídica, motivación y errónea interpretación de la ley; y, del principio de publicidad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tentativa de abuso sexual, por disposición del Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021, Yesika Maura Daga Prielet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital- del departamento de Oruro -codemandada-, amplió su detención preventiva por un mes adicional, y habiendo formulado apelación incidental, los agravios no fueron tomados en cuenta por Henry Conrado Laime Villca, Vocal Suplente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, a través del Auto de Vista 158/2021 de 17 de junio, confirmó el fallo de la autoridad a quo. Ahora bien, conforme se tiene de antecedentes, el impetrante de tutela no adjuntó ninguna prueba al momento de formular la presente acción tutelar -cursando únicamente el escrito de fs. 2 a 6 vta. de obrados-; dejando de lado la obligación que tenía de presentarla para así acreditar los hechos lesivos que denunció en la emisión del Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021 y el Auto de Vista 158/2021, más aun tomando en cuenta que a través del presente mecanismo de defensa pretende que se analice la fundamentación de dichas Resoluciones -entre otros derechos-; para lo cual, a este Tribunal le resulta imprescindible contar con esos actuados y así poder contrastar los supuestos agravios que expuso al momento de formular la apelación incidental y los fundamentos en los que se dictó el aludido Auto de Vista, lo cual sin las aludidas piezas procesales resulta imposible, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo, reiterando que la razón es la falta de prueba imprescindible que permita compulsar si existió la denuncia lesión de derechos.

III.4. Otras consideraciones

Buscando resolver la problemática traída en revisión, por decreto constitucional de 21 de julio de 2022, se solicitó al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, remita el Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021 y el Auto de Vista 158/2021; petición que fue notificada a dicha autoridad el 3 de agosto de 2022; empero, no envió tal literal; por lo que, se emitió una primera conminatoria a través del proveído de 8 de septiembre de igual año, y pese a que fue puesta a su conocimiento el 13 de ese mes y año, tampoco remitió la documental requerida; y, efectuada una segunda conminatoria el 25 de octubre del citado año -en la que también se requirió remisión de antecedentes al Vocal Suplente demandado-; no se concretó su envió. En dicho contexto, de acuerdo a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el manejo de la prueba en la acción de libertad, se realiza con base en el principio de informalismo, verdad material e inmediación, este último más exigible en la labor de los jueces y tribunales de garantías, quienes en comparación con el Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen mayores posibilidades de recolectar elementos probatorios; lo que, no excluye que tanto la parte accionante como la demandada -por su propio interés- puedan presentarla. Ahora bien, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, genera a este Tribunal la necesidad de su solicitud -como ocurrió en el presente caso-, que no solo implica un costo adicional a la administración de justicia constitucional, sino repercute en su dilación; pues, de acuerdo a lo explicado no obstante de haberse emitido dos conminatorias, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, pese a su notificación no remitió la documentación solicitada; aspecto que, sin lugar a dudas retrasó el tiempo en el que debió ser emitido el fallo correspondiente, causando a su vez responsabilidad; por lo que, amerita enviar antecedentes al Consejo de la Magistratura para que a través de esa instancia se inicie el respectivo proceso disciplinario. En ese orden, la jurisdicción constitucional debe analizar las causas puestas a su conocimiento y arribar a una decisión con base en pruebas objetivas que conlleven dicha determinación; en el caso, conforme se indicó, fue imposible acceder al Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2021 y al Auto de Vista 158/2021 -observados por el accionante-; pues se reitera que, el impetrante de tutela, así como, los demandados no arrimaron prueba a esta acción de libertad, y pese a los requerimientos que este Tribunal realizó tampoco lo hizo el Juez de garantías; en consecuencia, si bien el presente mecanismo constitucional tiene como principio el informalismo; sin embargo, no significa dejar de lado prueba imprescindible que asegure la pretensión.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 19 de junio, cursante de fs. 16 a 25, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

2° Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se remita una copia legalizada del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura a efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad de William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7e6158ec762d3b0f997b9bda648d64cc4d4c629693eefb589bcd6b90f8ddbff1

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