B.IA.LEGAL

SCP 0006/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de enero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58168-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la seguridad personal; toda vez que, ante su inconcurrencia a la audiencia de 14 de julio del 2023 de aplicación de medidas cautelares, el Juez demandado dispuso que se libre mandamiento de aprehensión en su contra y el abandono malicioso de su abogado; y, no obstante haber comparecido y purgado la rebeldía, el Juez y la Secretaria demandados extendieron la orden de aprehensión en su contra y entregaron el mandamiento al Fiscal de Materia para que ejecute el mismo; ante lo cual, mediante escrito de 18 de agosto del 2023, a horas 16:03, reiteró su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión en su contra; el cual no ha sido respondido hasta la fecha de la presentación de esta acción de tutela, a pesar de haber transcurrido doce días desde su presentación, incurriendo de esta manera en una dilación indebida; por lo que pide que: i) los demandados se pronuncien conforme a derecho sobre su solicitud de dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación verbal en la audiencia a desarrollarse; y, ii) Se remitan antecedentes de los funcionarios judiciales demandados al Consejo de la Magistratura.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 67 a 69 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer, que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, en el día de la notificación con el presente fallo constitucional, se pronuncie sobre el pedido efectuado por el accionante mediante memorial presentado el 18 de agosto del 2023, siempre y cuando no lo haya hecho aún. 3° DENEGAR la tutela solicita, con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2026-S3 Sucre, 29 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58168-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 67 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Germán Cornejo Condori contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez; y, Genoveva Limachi Copa, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Desideria Zuleta Quispe y Juana Quispe Ticona en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022210150; explicó que el 14 de julio de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, instaló audiencia pública de consideración de medidas cautelares, al que el peticionante de tutela y su abogado no asistieron, ya que no fueron debidamente notificados para dicho actuado; por lo que, se dispuso mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, mandamiento de aprehensión en su contra y abandono malicioso a su defensa técnica, esto en virtud a la solicitud realizada por el Ministerio Público conforme al art.113 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el mismo día horas más tarde, presentó memorial compareciendo ante el Juez que dispuso su aprehensión, adjuntando comprobante de pago por rebeldía, y haciendo conocer el motivo de su incomparecencia a la audiencia, mereciendo decreto de 19 de julio de 2023, por el que la autoridad judicial demanda responde, “esté al acta que cursa en antecedentes”, a pesar de su comparecencia, la Secretaria -ahora codemandada- del referido juzgado, extiende y remite mandamiento de aprehensión el 21 de julio de 2023, ante la representación fiscal. El 28 de julio de 2023, presento memorial de recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio de 14 de julio igual año, alegando existencia de lesión del derecho a la defensa y al trabajo, esto en relación al abandono malicioso por su parte. Asimismo, el 18 de agosto de similar año, ante el mencionado juzgado presentó memorial por el que reitera se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión; no obstante, el referido memorial durante doce días calendario no fue respondido, por otra parte, la unidad policial de lucha contra la violencia de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, solicitó que se tramite el mandamiento de allanamiento de domicilio, para hacer efectivo el mandamiento de aprehensión, encontrándose en grave peligro por ser ilegalmente perseguido por el accionar y omisiones de los demandados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y seguridad personal, citando al efecto el art. 23.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene; a) Los demandados se pronuncien conforme a derecho sobre su solicitud de dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación verbal en la audiencia a desarrollarse; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de iniciar proceso disciplinario en contra de los funcionarios judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 65 a 66 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, el 14 de julio de 2023, en audiencia virtual de consideración de medidas cautelares, ante su inasistencia la autoridad judicial demandada, seguidamente dispuso mediante Auto Interlocutorio mandamiento de aprehensión y abandono malicioso por parte de defensa técnica; 2) En la misma fecha a horas 17:45, presentó memorial compareciendo ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, señalando el motivo por el que no asistió a la audiencia, adjuntando boleta de pago de multa por rebeldía y solicitando además, se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión; 3) Asimismo, por providencia de 19 de julio de 2023, el Juez demandado respondió, “estese al acta que antecede” y el 21 del mismo mes y año, los funcionarios demandados, entregan el mandamiento de aprehensión a la autoridad fiscal, aun sabiendo que ya había comparecido ante dichos funcionarios; y, 4) Por memorial de 18 de agosto del mismo año, reitera su solicitud de que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión, por lo que al haber transcurrido ya nueve días sin pronunciamiento y ante una persecución ilegal, activa la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 25 vta., y en audiencia señaló que; i) El 5 de julio de 2023, las víctimas dentro del proceso penal que siguen en contra del accionante, presentaron memorial solicitando la aplicación de medidas cautelares; por lo que, se señaló audiencia para 14 de mismo mes y año a horas 11:00, actuado con el que fueron legalmente notificados por la Oficina Gestora de Procesos el peticionante de tutela como su abogado; ii) Por acta de audiencia de 14 de julio de 2023, se tiene que el prenombrado, no asistió a la audiencia programada ni su abogado, menos presentaron memorial justificando su inasistencia, en consecuencia se dispuso el mandamiento de aprehensión, conforme al art. 113 del CPP, no siendo evidente una declaratoria de rebeldía; iii) El 22 de agosto de 2023, mediante decreto dispuso que por secretaría se proceda a la remisión de antecedentes ante sala penal, esto en mérito al recurso de apelación incidental presentada; y, iv) Conforme al informe de la Secretaria, el abogado del accionante no se apersono por despacho judicial a efectos de viabilizar la referida apelación, por lo que, solicitó se declare improcedente la acción de libertad. Genoveva Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 22 y vta., refirió que: a) El 22 de agosto de 2023, la autoridad judicial del referido juzgado, acepta mediante decreto el recurso interpuesto por el abogado del impetrante de tutela, quien fue notificado con dicho decreto; sin embargo, no se apersono por el juzgado a proporcionar las fotocopias que eran necesarias para el armado del legajo de apelación; y, b) Se otorgó al mencionado despacho judicial quinientos vales para fotocopias , las cuales se designan con prioridad a procesos de suma importancia, y en algunas oportunidades es ampliada a otros procesos, en esta oportunidad el mismo no abasteció lo suficiente, por lo que, al no haber vulnerado ningún derecho solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 29/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 67 a 69 vta., denegó la tutela solicitada, decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) El accionante fue incongruente en su petitorio de la presente acción de libertad; toda vez que, aplicó erróneamente el instituto de la rebeldía regulada por los arts. 87 y 89 CPP; la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173- ha realizado modificaciones con la finalidad de dar respuestas efectivas a las partes del proceso, debido que al declarar la rebeldía del imputado ante su incomparecencia, el mismo purga dicha rebeldía y para la siguiente audiencia vuelve a ser declarado rebelde, situación que se convierte en un círculo vicioso; 2) Sin embargo, en el presente caso el peticionante de tutela no fue declarado rebelde, únicamente se dispuso su mandamiento de aprehensión aplicando el art. 113 del CPP, con la finalidad de que el mismo comparezca; 3) El impetrante de tutela al purgar su rebeldía, está equivocando la vía, debiendo presentar memorial solicitando señalamiento de día y hora de audiencia, y en efecto pedir se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión; y, 4) Al equivocar los presupuestos procesales, al no haberse dispuesto su rebeldía, corresponde denegar la tutela solicitada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 14 de julio de 2023, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, ante la incomparecencia del peticionante de tutela, dispuso mandamiento de aprehensión conforme al art. 113 del CPP., y declaró en contra de su defensa técnica el abandono malicioso (fs. 3 a 4).

II.2. Según memorial de 14 de julio de 2023 a horas 17:45, el demandante de tutela, presentado ante al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, solicitó se deje sin efecto la rebeldía y sus medidas impuestas, a la que adjunta comprobante de caja como constancia de pago de rebeldía, mereciendo decreto de 19 de julio de la misma data (fs. 6 vta.).

II.3. Cursa memorial de 28 de julio de 2023, de recurso de apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio de 14 de julio del mismo año, presentado por el abogado del peticionante de tutela, quien alega vulneración a su derecho a la defensa y al trabajo (fs.8 vta.); y, memorial de 18 de agosto del mismo año, por el que el accionante solicita nuevamente se deje sin efecto mandamiento de aprehensión en su contra, bajo alternativa de acción de libertad (fs.13 vta.). II.4. Consta fotocopia de registro de fecha 21 de agosto del 2023, donde consta el registro 1502022210150, donde figura el nombre de Roberto German Cornejo Condori, la “Solicitud de dejar sin efecto” y sin dato en la siguiente casilla, que se asuma es de la constancia de la fecha en la que el expediente sale de despacho (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la seguridad personal; toda vez que, ante su inconcurrencia a la audiencia de 14 de julio del 2023 de aplicación de medidas cautelares, el Juez demandado dispuso que se libre mandamiento de aprehensión en su contra y el abandono malicioso de su abogado; y, no obstante haber comparecido y purgado la rebeldía, el Juez y la Secretaria demandados extendieron la orden de aprehensión en su contra y entregaron el mandamiento al Fiscal de Materia para que ejecute el mismo; ante lo cual, mediante escrito de 18 de agosto del 2023, a horas 16:03, reiteró su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión en su contra; el cual no ha sido respondido hasta la fecha de la presentación de esta acción de tutela, a pesar de haber transcurrido doce días desde su presentación, incurriendo de esta manera en una dilación indebida; por lo que pide que: i) los demandados se pronuncien conforme a derecho sobre su solicitud de dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación verbal en la audiencia a desarrollarse; y, ii) Se remitan antecedentes de los funcionarios judiciales demandados al Consejo de la Magistratura.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, refirió que:

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.

III.2. Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva, así como de los presupuestos de legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial:

«Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril8, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas].

III.3. Análisis del caso concreto

convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

El accionante denuncia que habiendo reiterado su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión en su contra mediante escrito de 18 de agosto del 2023, a pesar de haber transcurrido doce días calendario hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela, no ha habido pronunciamiento sobre su pedido. Antes de ingresar al análisis de fondo corresponde precisar que la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio, ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, señalando “no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados”. En el caso que se examina la dilación que se denuncia tiene una incidencia directa sobre el derecho a la libertad del accionante puesto que se trata del pedido de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra; precisamente, lo cual pone en peligro cierto e inminente la lesión de su derecho a su libertad personal, razón por la cual, corresponde examinar el fondo de la denuncia. Con relación al Juez demandado De la revisión de antecedentes, se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, al no haber asistido al señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares, el 14 de julio de 2023, el Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio dictado en dicha audiencia, invocando el art. 113 del CPP, dispuso que se libre mandamiento aprehensión únicamente para garantizar su presencia en la audiencia; asimismo, declaró el abandono malicioso en contra de su abogado (Conclusión II.1.); ante tal determinación, por memorial de la misma fecha, justificó su inasistencia, adjuntando el pago de la multa por rebeldía (Conclusión II.2), el cual fue respondido por la citada autoridad judicial a través de la providencia de 19 de julio del mismo año, disponiendo que se “…este al acta y lo dispuesto por esta autoridad…” (sic) (Conclusiones II.2); posteriormente, el peticionante de tutela mediante memorial presentado el 18 de agosto del mismo año, solicitó nuevamente que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra y que ya fue entregado al Fiscal de Materia el 21 de julio del 2023 a horas 15:43, anunciando la presentación de acción de libertad (Conclusiones III.3); finalmente, de acuerdo a la fotocopia -se entiende de libro diario- se advierte que dicha solicitud, habría ingresado a despacho el lunes 21 de agosto del 2023, sin constar la fecha de su salida del despacho -en la casilla correspondiente-; es decir, que hasta la fecha de la interposición de esta acción de tutela ese pedido hubiera sido despachado, aspecto no negado y menos desvirtuado por el Juez demandado en el informe presentado en esta acción de defensa. Ahora bien, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho procede por la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud referida a la definición de su situación jurídica de quien se halle privado del ejercicio de su libertad física, o cuando el acto u omisión dilatorio incida directa o indirectamente con su libertad. En el caso examinado, la autoridad judicial demandada, no ha respondido al pedido de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, librado en contra del accionante no obstante haber trascurrido ocho días hábiles desde su presentación efectuado el 18 de agosto del 2023, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar que data del 31 del mismo mes y año; es decir, ha dejado transcurrir no solo el plazo de veinticuatro horas para emitir providencias sino inclusive el de cinco días para dictar auto interlocutorio que prevé el art.132 incs. 1) y 2) del CPP, incurriendo de esa manera en dilación indebida que prolonga indebidamente la decisión de mantener la vigencia del mandamiento de aprehensión que ha sido entregado al Fiscal de Materia para su ejecución o dejarlo sin efecto, razón por la cual, corresponde conceder la tutela respecto de la autoridad judicial demandada. Con relación a la Secretaria codemandada La jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, ha establecido que el personal judicial subalterno adquiere legitimación pasiva en las acciones de tutela cundo el acto lesivo denunciado emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el caso que se examina, la demora en el pronunciamiento respeto al pedido de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión efectuado a través del memorial presentado el 18 de agosto del 2023, no es atribución del Secretaria demandada, puesto que dicho pedido excede la atribución que le confiere el art. 53.3 del CPP, puesto que la decisión de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión ordenada por el Juez de la causa, no es una cuestión de mero trámite a las que alude la citada norma legal; consiguientemente, en el marco del entendimento jurisprudencial citado, el Secretaria demandada carece de legitimación pasiva respecto al acto lesivo denunciado; razón por la cual, corresponde denegar la tutela sobre la denuncia formulada en su contra.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 29/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 67 a 69 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer, que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, en el día de la notificación con el presente fallo constitucional, se pronuncie sobre el pedido efectuado por el accionante mediante memorial presentado el 18 de agosto del 2023, siempre y cuando no lo haya hecho aún. 3° DENEGAR la tutela solicita, con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

4 El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f05a3aa9b8819554f893ba0879662aa414249c6158c75b3afb835aad9d56ed6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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